Las enmiendas presentadas por el grupo parlamentario del PP sobre la justicia gratuita, incorporan los contenidos fundamentales y esenciales del proyecto de ley de Justicia Gratuita, que finalmente no se tramitará como una ley independiente.

La Comisión de Justicia aprobó, el pasado 17 de junio, el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, que pasa al Senado para seguir su tramitación. Entre las novedades destacadas, existe una enmienda que permite a los Graduados Sociales intervenir como defensores jurídicos en la rama social, en el marco de la justicia gratuita.

Se establece la obligación de que las comunicaciones entre los profesionales del Derecho y los tribunales se realicen por medios electrónicos. Además, para agilizar los trámites procesales y reducir la carga de trabajo de los órganos judiciales, se elimina la obligación de la existencia de dos testigos para que una notificación sea válida, y se atribuye a los procuradores la función de realizar los actos de comunicación al resto de partes, testigos, peritos y otras personas que, sin ser parte en el juicio, deban participar en él.

En coherencia con el nuevo régimen de Segunda Oportunidad para las personas físicas establecido por el RD-Ley 1/2015 de 27 de Feb, se reduce el plazo de prescripción de acciones personales que no tengan establecido un plazo de prescripción específico. El plazo será de cinco años, en vez de quince, así pues, su exposición de motivos dice expresamente: “Se acorta el plazo general de las acciones personales del , estableciendo un plazo general de cinco años. Además, se modifica el , sobre el régimen de interrupción de la prescripción, con la finalidad que las reclamaciones extrajudiciales sucesivas no puedan demorar el plazo legal de prescripción. Con ello se obtiene un equilibrio entre los intereses del acreedor en la conservación de su pretensión y la necesidad de asegurar un plazo máximo. La disposición transitoria relativa a esta materia permite la aplicación a las acciones personales nacidas antes de la entrada en vigor de esta ley, de un régimen también más equilibrado, surtiendo efecto el nuevo plazo de cinco años.”