Última revisión
21/05/2025
Reconocimiento de incapacidad absoluta a docente con trastornos psicológicos
La STSJ de la Rioja n.º 41/2025, de 3 de abril de 2025, ECLI:ES:TSJLR:2025:133, concede la incapacidad absoluta a una docente de 44 años, afectada por un trastorno ansioso-depresivo de larga duración que imposibilita su desempeño laboral. La decisión ha sido recibida con alivio por sectores de la comunidad educativa y de salud mental, evidenciando la necesidad de una mayor atención a estas patologías en el ámbito laboral.
La actora, cuyo nombre se omite por razones de privacidad, enfrenta una situación severa de deterioro psíquico, complicado por su trayectoria laboral fluctuante como docente y periodista hasta el año 2020. A través de su demanda, presentada ante el Juzgado de lo Social número 2 de Logroño, la mujer buscaba el reconocimiento de su incapacidad permanente, tras recibir inicialmente una negativa por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en mayo de 2023.
La sentencia del 3 de abril establece que la docente requiere tratamientos continuos, lo cual incluye asistencia al hospital de día para psiquiatría, lo que no solamente es crucial para su recuperación profesional, sino también para su vida cotidiana. La valoración médica ha sido determinante para la decisión judicial, reflejando un cuadro clínico complejo que incluye síntomas de ansiedad generalizada, trastorno bipolar y una inestabilidad emocional persistente.
El informe médico respaldó la decisión, sugiriendo que la actora presenta síntomas tales como "sintomatología depresiva, inactividad, rumiaciones ansiosas, deseos de muerte y quejas cognitivas”. Además, el tribunal subrayó que la incapacidad de la demandante para llevar a cabo tareas laborales, independientemente de su dificultad, denota una falta de la estabilidad emocional necesaria para desempeñar cualquier tipo de trabajo.
Los jueces de la Sala de lo Social argumentaron que la continuidad de sus tratamientos psiquiátricos y la inestabilidad emocional de la mujer son obstáculos insalvables que le impiden ejercer cualquier actividad laboral con las exigencias de rendimiento y disciplina exigidas en el entorno laboral, apuntaron los magistrados en la resolución donde se concede una pensión con base reguladora de 2.023,10 euros.
La evolución clínica de la docente ha sido monitoreada de cerca, evidenciando que desde su primer contacto con la unidad de salud mental a los 18 años, ha enfrentado múltiples crisis que han requerido hospitalización en diversas ocasiones. En su situación actual, se suma el contexto de varios factores estresantes, que culminarían en un empeoramiento de su salud mental.
La sentencia también lanza un llamado a la reflexión sobre la salud mental en el ámbito laboral, resaltando la importancia de considerar los trastornos psicológicos no solo como cuestiones individuales, sino también como problemas sociales que afectan a muchos trabajadores en la actualidad.
Es importante mencionar que la sentencia no es definitiva, y se contempla la posibilidad de un recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, abriendo la puerta a futuros litigios sobre el reconocimiento de la incapacidad por trastornos psicológicos.
Fuente: Poder judicial.