A través de los órganos correspondientes de la Unión Europea, se detectó la existencia de un cártel o agrupación de empresas fabricantes y vendedoras de cabezas tractoras de camiones, en concreto los fabricantes, Daf, Daimler- Mercedes, Iveco, Man, Renault-Volvo y Scania que tenían como finalidad el establecer un acuerdo unificado de precios, lo que fue sancionado por la Unión Europea, en Resolución de 19 de julio de 2016, por la que declaro que las empresas indicadas, entre ellas la demandada ha llevado a cabo conductas de colusión contrarias a las normas de la libertad de competencia, imponiendo determinadas sanciones y abriendo la vía al ejercicio por parte de cada uno de los consumidores, y en razón a cada uno de los contratos suscritos, de la pertinente acción de reclamación de daños y perjuicios.
Las compañías citadas fueron multadas por la Comisión Europea con 2.924.000 de euros en 2016 por formar un cártel que pactó los precios de los camiones vendidos en Europa entre 1997 y 2011.
Tras conocerse la decisión de Bruselas, en todo Europa se presentaron miles de demandas reclamando a los fabricantes condenados una indemnización por daños y perjuicios, existiendo dos puntos controvertidos: la legitimación pasiva, es decir, era necesario dilucidad si las filiales de los fabricantes de camiones resultaban responsables de los actos de sus matrices y el posible derecho a resarcimiento por daños y perjuicios derivados de la infracción.
Primera condena en España por el cártel de los camiones y actual aluvión de demandas
En la actualidad, un aluvión de demandas por el cartel de camiones esperan resolución en distintos Juzgados de Primera Instancia de lo Mercantil de toda España, no solo provenientes del sector del transporte, sino también del sector de la construcción.
La
Sentencia CIVIL Nº 288/2018, Juzgados de lo Mercantil - Murcia, Sección 1, Rec 143/2018 de 15 de Octubre de 2018, condenaba a Volvo Group España a 128.757 euros más los intereses de demora por el sobreprecio pagado en la compra de cinco camiones en octubre del 2012. Siguiendo ese fallo, el Juzgado de Primera Instancia número 8 de León (Mercantil) ha condenado a una compañía fabricante de camiones a devolver cerca de 165.000 euros a tres empresarios leoneses por haber sido víctima de un pacto entre las firmas del sector para fijar precios y evitar la competencia.
Las Sentencias de la Sala leonesa, de la que ha sido ponente el Magistrado Pablo Arraiza, desestima la falta de legitimación activa y pasiva alegada por las empresas demandadas y fija responsabilidades civiles por la cuantía citada, lo que genera una doctrina a la que podrán acogerse futuras reclamaciones de todos aquellos posibles afectados que hubiesen adquirido algún vehículo nuevo de transporte de mercancías de masa máxima superior a seis toneladas de las marcas DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Volvo-Renault y MAN entre los años 1997 y 2011, independientemente de si se encuentra o no en activo.
Dada la posibilidad de que se produzcan sentencias de sentido contradictorio que necesiten ser sometidas a casación, en este momento, no se descarta que el caso llegue al Tribunal Supremo tras los recursos presentados ante la Audiencia de La Rioja, Barcelona o Pontevedra, entre otras.
