En trámite de consulta pública la futura regulación de los incentivos a la contratación laboral

De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se sustancia, con carácter previo a la elaboración de un proyecto normativo sobre el asunto de referencia, una consulta pública al objeto de recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas, potencialmente afectados por la futura norma.

La consulta pública estará abierta desde el día 16 de septiembre hasta el día 7 de octubre de 2021, inclusive. Los eventuales interesados podrán participar remitiendo sus aportaciones a través del portal web del Ministerio de Trabajo y Economía Social, «Participación pública en proyectos normativos», subsección «Consulta pública previa» conforme a lo establecido en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 30 de septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa, a través de los portales web de los departamentos ministeriales, publicado por la Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre. 

Objetivo de la norma

Se trata de proporcionar una regulación suficiente para asegurar políticas adecuadas de integración laboral dirigidas a aquellos colectivos que presenten mayores dificultades de inserción laboral, especialmente jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y personas en paro de larga duración, mayores de 45 años. 

La consulta pública mantiene que en la normativa actual (Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre —garantizar la efectiva igualdad de oportunidades y la no discriminación en el acceso al empleo—; Ley de Empleo —impulso a la utilización de la contratación indefinida inicial—; y, Ley 20/2007, de 11 de julio—fomento del autoempleo—) no contiene un marco jurídico único para la regulación de las medidas para el impulso y mantenimiento del empleo que se consistentes en bonificaciones con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, sino que por el contrario se encuentran en un conjunto normativo enormemente disperso.

• Crear un marco jurídico único en el que se integren, ordenen y actualicen todos los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable financiadas con bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social.
• Establecer, al mismo tiempo, un tronco común de disposiciones generales aplicables a todas las medidas incentivadas.
• Simplificar los incentivos y homogeneizar los requisitos de las empresas beneficiarias.
• Asegurar una mayor coordinación entre todas las Administraciones públicas con competencias en la materia y con las demás políticas activas de empleo.
• Realizar un seguimiento y evaluación continuos de incentivos, a fin de que puedan mejorarse a partir de la evidencia empírica.
• Focalizar los incentivos en la empleabilidad de las personas desempleadas y para contratos indefinidos. En particular, dirigir los incentivos a colectivos muy específicos de baja empleabilidad.
• Por último, en cuanto a las personas con discapacidad, que suponen el mayor gasto en bonificaciones, rediseñar los objetivos para su contratación poniendo el foco principalmente en los colectivos con especiales dificultades.