Se tramita, por el procedimiento de urgencia, la aprobación del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público para adaptar la legislación a las Directivas Comunitarias

Comienza en el Congreso la tramitación del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, después de haber sido aprobada su remisión por el Consejo de Ministros celebrado el 25-11-2016. Dicho Proyecto, que seguirá el procedimiento de urgencia, responde a la necesidad de transposición a la legislación comunitaria de varias Directivas de 2014. Dentro de los objetivos perseguidos con la nueva norma se encuentran, según el Gobierno, el  de "reducir las cargas administrativas y agilizar los procedimientos de contratación pública" (destacando la generalización del uso de las llamadas "declaraciones responsables" en las que el empresario manifiesta que cumple los requisitos para acceder a la licitación, sin necesidad de presentar documentación justificativa hasta el que resulte adjudicatario del contrato), "aumentar la competencia y permitir un mayor acceso de las PYMEs a la contratación pública" (incentivando que los contratos se dividan en lotes, restringiendo la utilización de los llamados "medios propios" y posibilitando que el órgano de contratación exija, como criterio de solvencia, que el periodo medio de pago a sus proveedores no supere los límites que se establezcan) o "mejorar la publicidad y transparencia y luchar contra la corrupción en los contratos públicos" (aprobando una nueva regulación más rigurosa de las prohibiciones de contratar e incluyendo en el ámbito de aplicación de la Ley a los partidos políticos, organizaciones sindicales y asociaciones empresariales cuando se financien mayoritariamente con fondos públicos, lo que les obligará, en determinados supuestos, a adjudicar sus contratos siguiendo un procedimiento público).

Junto al anterior, se tramita igualmente por el procedimiento de urgencia el Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales por la que se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.