Tributos recuerda que las aportaciones a patrimonios protegidos deben hacerse mediante documento público notarial

La Dirección General de Tributos en su consulta vinculante (V0364-25), de 20 de marzo, recuerda la importancia de que cuando se realicen aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad se lleven a cabo mediante documento público autorizado por notario o mediante resolución judicial.

En el ámbito de la protección social y fiscal a las personas con discapacidad, uno de los mecanismos legales de mayor relevancia en España es el del patrimonio protegido. Este instrumento jurídico, recogido en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, tiene por finalidad garantizar la seguridad económica y la mejora de calidad de vida de las personas con discapacidad mediante la constitución y dotación de un patrimonio específico que, además, goza de ciertos beneficios fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Sin embargo, para que las aportaciones realizadas a este patrimonio generen dichos beneficios fiscales, es imprescindible cumplir con unos requisitos formales concretos y exigentes, tal y como ha aclarado una reciente consulta administrativa.

De acuerdo con la normativa vigente Tributos aclara que la posibilidad de aplicar los beneficios fiscales previstos en la normativa del IRPF para las aportaciones al patrimonio protegido de una persona con discapacidad no depende únicamente de cumplir los límites fiscales establecidos. Un aspecto fundamental es la necesidad de realizar las aportaciones mediante documento público autorizado por notario o, en su defecto, por resolución judicial.

Así lo establece de manera inequívoca el artículo 3 de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, que exige la constitución del patrimonio protegido en documento público notarial o mediante resolución judicial. Además, el artículo 4.1 de la misma norma extiende dicha exigencia a las aportaciones sucesivas, es decir, a aquellas que tengan lugar después de la constitución inicial del patrimonio. De este modo, se exige que todas las aportaciones de bienes y derechos a favor de la persona con discapacidad consten en la referida documentación pública, sin distinción del tipo de bien o derecho aportado ni de la condición del aportante.

El cumplimiento de los requisitos documentales tiene importantes consecuencias en la práctica. Sólo aquellas aportaciones realizadas de esta manera otorgan derecho a los incentivos fiscales recogidos en el artículo 54 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, siempre que también se respeten los demás requisitos materiales y límites a las aportaciones previstos por la ley. En otras palabras, si una persona realiza una donación a favor del patrimonio protegido de un familiar con discapacidad, pero lo hace en documento privado (por ejemplo, mediante transferencia o contrato privado sin intervención de notario ni declaración judicial), dicha aportación no generará derecho a la reducción fiscal aplicable en el IRPF, perdiéndose así la ventaja tributaria que pretendía alcanzarse.