Caso práctico: Calificación de la relación entre director musical de un espectáculo y la productora como laboral especial de artista o mercantil

PLANTEAMIENTO

Un profesional del sector musical, dado de alta en el RETA desde el 1 de noviembre de 2021 y que presenta autoliquidaciones de IVA mediante modelo 303, venía prestando servicios en una producción musical promovida por una productora. Con fecha 3 de enero de 2024 se había suscrito un contrato de prestación de servicios entre la productora y una sociedad cooperativa de la que dicho profesional era cofundador, pactándose expresamente que la prestación se realizaría con total autonomía e independencia respecto del cliente y declarando las partes el carácter exclusivamente mercantil de la relación.

Aunque el objeto contractual inicial comprendía tareas como casting, selección del elenco, diseño de cartel, dossier profesional, gabinete de prensa y gestión de redes sociales hasta el estreno, en la práctica el profesional actuó como director de la obra musical, organizando ensayos, asignando personajes, planificando trabajo, comunicando desplazamientos y fechas de representación y coordinando al elenco a través de un grupo de WhatsApp creado por él mismo. La obra llegó a representarse en distintas ciudades.

Durante la ejecución de la prestación, la productora no le dio de alta en Seguridad Social como trabajador por cuenta ajena. El profesional no tenía horario prefijado, utilizaba un ordenador propio, aportó incluso una nave propiedad de su padre para ensayos y almacenamiento de vestuario, emitía facturas a la productora por "dirección musical" a razón de 300 euros por función, 555 euros por dos funciones y 750 euros en otra factura, repercutiendo en todos los casos el 21 % de IVA. Además, decidía si aceptaba determinadas funciones, si tenía disponibilidad y, en caso de imposibilidad por agenda o salud, escogía personalmente a la persona que le sustituía.

Consta también que desarrollaba paralelamente actividades de dirección y actuación en otros espectáculos ajenos a la productora, en distintas localidades. El 2 de enero de 2026 la productora le comunicó telefónicamente la cancelación de las funciones programadas. El profesional reaccionó afirmando que tenía fechas reservadas hasta el 4 de febrero, reclamando el abono de 3.120 euros más IVA por funciones ya reservadas y sosteniendo que las fechas debían pagarse se hicieran o no las actuaciones.

Tras intentar conciliación administrativa y presentar demanda por despido, sostuvo que la relación debía calificarse como relación laboral especial de las personas artistas en espectáculos públicos. La productora, por el contrario, defendió que se trataba de una relación mercantil propia de trabajador autónomo.

• ¿Debe calificarse esta prestación de servicios como relación laboral especial de las personas artistas del Real Decreto 1435/1985, con posibilidad de accionar por despido ante la jurisdicción social, o como relación mercantil/autónoma, quedando la controversia fuera del ámbito laboral?

RESPUESTA

No. Con los hechos declarados probados, la relación no queda encuadrada en la relación laboral especial de las personas artistas, sino en una prestación de servicios de naturaleza mercantil o autónoma, por faltar las notas de dependencia y ajenidad exigidas tanto por el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores como por el artículo 1.2 del Real Decreto 1435/1985. En consecuencia, la cancelación de funciones no puede calificarse como despido laboral.

El punto de partida normativo se encuentra en el artículo 1.1 del ET,  que define la relación laboral común por la prestación voluntaria de servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona. En el ámbito especial artístico, el artículo 2.1.e) del ET remite a la relación laboral especial de las personas artistas, desarrollada por el Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto.

En concreto, el artículo 1.2 del Real Decreto 1435/1985 exige que la actividad artística o técnica se preste por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección del empleador que organiza o produce la actividad artística, a cambio de una retribución. Es decir, no basta con que la actividad desarrollada sea artísticamente encuadrable —como puede ocurrir con la dirección artística o musical, expresamente mencionada en el precepto—, sino que además deben concurrir los presupuestos laborales de subordinación y ajenidad.

Ese es precisamente el criterio aplicado por la STSJ de Andalucía n.º 463/2026, de 19 de febrero, ECLI:ES:TSJAND:2026:2730, que desestima la pretensión de despido y confirma que la relación examinada no era laboral especial artística.

La Sala parte de varios datos especialmente relevantes:

• el profesional estaba de alta en el RETA y actuaba fiscalmente como autónomo, presentando IVA;
• la facturación se realizaba con repercusión de IVA por función o servicio prestado;
• existía un contrato mercantil previo suscrito con una sociedad cooperativa de la que era cofundador, con cláusula expresa de autonomía e independencia;
• no había alta en Seguridad Social como trabajador por cuenta ajena;
• no existía horario de trabajo establecido;
• el profesional decidía si aceptaba o no cada espectáculo según su disponibilidad;
• podía designar libremente a la persona sustituta cuando no acudía;
• utilizaba medios propios, como ordenador propio y una nave para ensayos y almacenamiento;
• simultaneaba esta actividad con otros espectáculos ajenos a la productora.

Con base en esos hechos, la sentencia concluye que no concurren las notas características de la relación laboral. La dependencia se debilita decisivamente porque no existe sometimiento efectivo al poder de dirección empresarial en la forma propia del contrato de trabajo: no hay jornada prefijada, ni obligación de aceptación de cada función, ni prestación estrictamente personal e infungible, ya que el propio interesado podía nombrar sustituto. Tampoco aprecia la Sala ajenidad bastante, pues la relación económica se articula mediante facturación por función, con reserva de fechas y asunción de una lógica propia de mercado, coherente con una relación entre profesionales autónomos.

La propia reclamación efectuada tras la cancelación de funciones refuerza esa conclusión. El interesado no reclamó inicialmente salarios, sino el pago de las fechas reservadas y no ejecutadas, cuantificadas en 3.120 euros más IVA, afirmando además que "una vez que se reserva una fecha, se tiene que pagar, se haga o no se haga". Ese planteamiento es más propio de un incumplimiento contractual civil o mercantil que de una extinción laboral.

Desde un punto de vista práctico, resulta especialmente relevante distinguir entre actividad artística y relación laboral artística. El Real Decreto 1435/1985 incluye entre las actividades comprendidas la dirección artística, de escena, musical o de obra, pero solo cuando la prestación se realiza por cuenta ajena y bajo organización y dirección del productor o empresario. Si el profesional conserva autonomía real en la aceptación de encargos, organización de su trabajo, aportación de medios y posibilidad de sustitución, la calificación laboral decae aunque el contenido material del trabajo sea artístico.

En ese sentido, la resolución analizada se alinea con la doctrina general que exige atender a la realidad efectiva de la prestación y no solo a la denominación contractual. Ahora bien, en este caso la realidad probada no desmiente el carácter mercantil formalmente pactado, sino que lo confirma.

La consecuencia jurídica es clara: si no existe relación laboral, no puede hablarse de despido ni de competencia del orden social para conocer de la extinción como tal. Así lo declara expresamente la STSJ de Andalucía n.º 463/2026, al señalar que la extinción del vínculo, en su caso, habrá de ventilarse en la jurisdicción civil o mercantil, pero no en la social.

Por tanto, ante un supuesto como el descrito, la respuesta práctica es que la mera inclusión funcional de la dirección musical o artística dentro del ámbito del Real Decreto 1435/1985 no transforma automáticamente la relación en laboral especial. Para ello es imprescindible acreditar prestación personal por cuenta ajena, inserción en la organización empresarial y sometimiento efectivo al poder de dirección del productor. Si, por el contrario, concurren alta en RETA, facturación con IVA, autonomía en la aceptación de servicios, capacidad de sustitución, medios propios y actividad simultánea para terceros, prevalecerá la naturaleza mercantil de la relación.

Ámbito de aplicación de la relación laboral de los artistas en espectáculos públicos.