Dictamen de Consello Consultivo de Galicia 469 de 18 de enero de 2023

Cuestión

Reclamación de responsabilidade patrimonial

Resumen

Reclamación de responsabilidade patrimonial interposta por H. en nome e representación de C., por mor dos danos sufridos como consecuencia do tratamento dun parto a termo non complicado no Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro.

Organismo:

Consellería de Sanidade (Xunta de Galicia)

Letrado:

Oreiro Romar

Propuesta:

Desestimatoria

Conclusion:

Favorable

Relator:

Martínez Yáñez

Contestacion

ANTECEDENTES

1.- Con data 28.8.2020, C. remitiu burofax á Consellería de Sanidade co seguinte teor literal:

?Por la presente, la abajo firmante, Dª. C., provista del DNI X, acompañado del letrado que suscribe, procede a comunicarles

reclamación por todos los daños y perjuicios sufridos a consecuencia de las deficientes y continuas asistencias sanitarias

llevadas a cabo en el COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE VIGO (SERGAS), iniciados con su ingreso hospitalario el 26 de

julio de 2019 con motivo de parto, y continuadas en diversas fechas posteriores.

Como consecuencia de la mala praxis derivada de las diferentes asistencias médicas a las que fue sometida, se produjeron daños/perjuicios

y secuelas, las cuales aún se encuentran pendiente de curación, de valoración y cuantificación.

Al amparo del artículo 1973 del Código Civil sirva la presente para interrumpir prescripción de cuantas acciones legales le

correspondan para reclamar la indemnización a que en Derecho le correspondiere por los hechos relatados.

Aprovechando la presente, y dada las continuas e injustificadas negativas a la entrega del expediente médico completo que

obra en su poder, de la paciente Dª. C., volvemos a requerirles para que de manera inmediata y sin mayor dilación procedan

a hacer entrega de la totalidad del mismo. En concreto la documentación no entregada es:

? Curso clínico

? Ordenes de tratamiento

? Hojas de cuidado de enfermería?.

2.- Con data 6.8.2021, H. remitiu novo burofax co seguinte teor literal:

?Por la presente, como mandatarios de nuestra cliente, Dª. C., provista del DNI X procedemos a comunicarles que en las próximas

fechas dispondremos de sendos informes periciales relativos a la mala praxis llevada a cabo en el COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO

DE VIGO (SERGAS), iniciadas con el ingreso hospitalario de mi cliente el 26 de julio de 2019 con motivo de parto y continuadas

en diversas fechas posteriores, así como de los daños y perjuicios padecidos por la misma que quedarán reflejados en un informe

de valoración del daño corporal.

Dado que los citados informes están pendientes de emisión, al amparo del artículo 1973 del Código Civil, sirva la presente

para interrumpir la prescripción de cuantas acciones legales amparen a mi cliente para reclamar la indemnización que en Derecho

le correspondiere por los hechos relatados.

Aprovechamos la presente para comunicarles que, si estuvieran en disposición de alcanzar una solución extrajudicial a la situación

descrita, estamos a su entera disposición en la dirección y teléfono obrante al pie de la presente?.

O escrito non viña acompañado de poder de representación.

3.- Con data 19.8.2021 o xefe do Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios dirixiu requirimento de emenda e mellora da solicitude

á interesada, solicitando a especificación dos seguintes aspectos:

?Las lesiones producidas y la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del Servicio Público.

El momento en que la lesión efectivamente se produjo.

Cuantificación económica o indicación de si la cuantía de lo reclamado es superior a 30.000 euros euros a los efectos de lo

dispuesto en el artículo 12.j) de la Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consello Consultivo de Galicia.

Así mismo se le indica que en el caso de que la interesada quiera actuar por medio de representante, dicha representación

deberá acreditarse mediante el correspondiente poder notarial o apoderamiento "apud acta" según lo previsto en el artículo

5.4 de la Ley 39/2015l? (sic.).

4.- Con data 6.9.2021, H., invocando a representación de C., presentou escrito por rexistro electrónico no que manifesta:

?Que habiendo sido requerido por la Consellería de Sanidad para proceder a especificar las lesiones padecidas y su relación

de causalidad, así como a identificar el momento de la lesión y su cuantificación, por medio del presente escrito venimos

a indicar que como se ponía de manifiesto en el burofax remitido a día de hoy, se está a la espera de la emisión de los correspondientes

informes periciales que identifiquen el alcance de las lesiones y determinen las secuelas padecidas; es por ello que en la

presente fecha no se puede identificar las lesiones padecidas, ni el montante económico de la reclamación que, en principio,

si debería de ser superior a 30.000?.

Por lo que respecta al momento en el que comienza la actuación d administración productora de las lesiones, el mismo se puede

establecer en fecha 26 de julio de 2019 cuando Doña C. ingresa en el Complejo hospitalario Universitario de Vigo con motivo

de su estado de gestación y posible situación de parto? (sic.).

O escrito non viña acompañado de poder de representación.

5.- Con data 25.10.2021, o xefe do Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios dirixiu un segundo requirimento de emenda e mellora

da solicitude á interesada, reiterando a anterior petición, por canto que ?no se han identificado las secuelas/lesiones derivadas de la asistencia sanitaria prestada a la reclamante, no se ha establecido

una relación de causalidad entre asistencia y daño alegado y no se ha acreditado la representación?.

6.- Con data 10.11.2021 H. presentou vía rexistro electrónico escrito manifestando o seguinte:

?- Subsanamos la falta de acreditación de poder de representación mediante la aportación de apoderamiento electrónico efectuado

en la sede electrónica de la Xunta.

- Subsanamos la falta de identificación de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y las lesiones

padecidas mediante la aportación de informe pericial en relación a la atención médica prestada a la Sra. C., así como historial

clínico de la paciente.

- Las lesiones se derivan de la atención médica dispensada en la fecha que la Sra C. es ingresada para la práctica de una

inducción al parto (26/7/19) y los sucesivos días en los que la misma es atendida en el cetro como consecuencia de las complicaciones

derivadas del parto.

- Las lesiones exactas, secuelas, días de curación y cuantificación de la reclamación no pueden ser subsanadas por cuanto

se ha efectuado el encargo de un informe de valoración del daño corporal que a la presente fecha está pendiente de emisión,

si bien próximamente será aportado? (sic.).

Xunto ás alegacións, achega xustificante de apoderamento electrónico e informe pericial elaborado o 1.4.2021 por unha médico

especialista en Obstetricia e Xinecoloxía.

7.- Con data 3.1.2022 o xefe do Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios, considerando a posible existencia de prescrición da acción, outorga

un trámite de audiencia á interesada para que manifeste o seu parecer sobre esta cuestión.

8.- Con data 25.1.2022 a representación da parte denunciante formula as seguintes alegacións:

?se efectúan alegaciones frente la posible existencia de prescripción alegada por la Administración, prescripción que no se

ha producido en el presente supuesto por cuanto se interrumpió la misma mediante el envío de burofax con acuse de recibo y

certificado de contenido de fecha 28.8.2022 cuya copia se adjunta?.

9.- Na instrución do expediente incorporouse:

Copia da historia clínica.

Informe do Servizo de Obstetricia do Hospital Álvaro Cunqueiro de data 8.4.2022.

Informe de Servizo de Medicina Interna (unidade infecciosa) do mesmo hospital de data 15.7.2022.

10.- Con data 5.9.2022 concedeuse trámite de audiencia á parte interesada, quen formula alegacións o 27.9.2022, facendo constar fundamentalmente que pola demora na resolución desta reclamación se interpuxo o correspondente recurso contencioso-administrativo.

11.- O 6.10.2022 a instrutora dirixe á parte interesada requirimento para emenda de trámites no que pon de manifesto que, ao seu xuízo, a

reclamación foi presentada de forma extemporánea e se concede un prazo de dez días para cumprimentar o requirimento. O 7.10.2022 o representante legal da Sra. C. formula as seguintes alegacións:

?(...) como ya se les indicó en trámites anteriores y se les justificó documentalmente, mi mandante les remitió burofax en

fecha 27 de agosto de 2020 por el que, entre otras cuestiones, se interrumpía el plazo de prescripción. Les aportamos de nuevo

los burofaxes remitidos tanto a la Consellería como al propio Hospital?.

12.- Con data 21.11.2022 ditouse unha proposta de resolución en sentido desestimatorio da reclamación presentada.

13.- O expediente de razón foi remitido, para preceptivo ditame deste Consello Consultivo de Galicia, polo señor conselleiro de

Sanidade tendo entrada neste organismo con data 19.12.2022.

14.- Os demais antecedentes dedúcense do contido do ditame.

CONSIDERACIÓNS

Primeira.

O Consello Consultivo de Galicia é competente para coñecer do expediente de razón, en virtude do disposto no artigo 12.j)

da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, e 17.a) do Decreto 91/2015, do 18 de xuño, polo que se aproba

o seu Regulamento de organización e funcionamento, por tratarse dunha reclamación de responsabilidade patrimonial interposta

contra a Administración autonómica por contía superior a 30.000,00 ?.

Segunda.

O expediente sobre o que se solicita a emisión de ditame suscita un caso de responsabilidade patrimonial das administracións

públicas que, como tal suposto, vén regulado basicamente polo artigo 106.2 da Constitución española, polos artigos 32 a 37

da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (en diante, LRXSP); e, no que atinxe aos aspectos procedementais,

pola Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (en diante, LPAC).

Así, no que ao presente expediente se refire, cómpre dicir que as esixencias de orde procedemental, en xeral, foron cumpridas,

sobre todo o esencial trámite de audiencia que permite aos interesados exercitar as súas posibilidades de defensa no procedemento

administrativo.

Terceira.

Durante a tramitación do expediente suscitouse a cuestión da posible prescrición do dereito a reclamar. Como vai dito nos

antecedentes, esta circunstancia púxose de manifesto ata en dúas ocasións á Sra. C., cuxo representante se opuxo, invocando

a interrupción do prazo do exercicio da acción mediante o burofax enviado o 27.8.2020. Na proposta de resolución a instrutora

acepta as devanditas alegacións, considerando que a acción non está prescrita, ?salvo mejor criterio del Consello Consultivo?.

Pois ben, procede analizar en primeiro lugar este extremo xa que, de apreciarse a extemporaneidade, non será necesario abordar

o fondo do asunto (así, entre outros, ditames CCG 235/2018, CCG 346/2018, CCG 4/2019 ou CCG 49/2021). En efecto, en materia

de responsabilidade patrimonial resulta preciso analizar os requisitos procesuais mínimos que condicionan a viabilidade da

reclamación presentada e, concretamente, o da súa interposición en tempo hábil, consonte o disposto no artigo 67.1 da LPAC:

?1. Os interesados soamente poderán solicitar o inicio dun procedemento de responsabilidade patrimonial cando non prescribise

o seu dereito a reclamar. O dereito a reclamar prescribirá ao ano de producido o feito ou o acto que motive a indemnización

ou se manifeste o seu efecto lesivo. En caso de danos de carácter físico ou psíquico ás persoas, o prazo comezarase a computar

desde a curación ou a determinación do alcance das secuelas?.

Polo que se refire ao dies a quo do prazo de prescrición no presente expediente, o xefe do Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios, no seu requirimento

do 3.1.2022, o sitúa o día 12.6.2020, ?fecha del diagnóstico y primera histeroscopia quirúrgica para el tratamiento de las adherencias (Síndrome de Asherman) diagnosticadas

a la interesada?, baseándose nos datos que constan no informe pericial aportado pola Sra. C. No entanto, a instrutora do expediente sitúa

o dies a quo o día 21.10.2019, data da ultima consulta en Xinecoloxía logo do parto, pois ?Ni en la historia clínica del Sergas, ni en la documentación aportada por la reclamante o por su perito hay ninguna referencia

a un Síndrome de Asherman ni a la realización tras el alta hospitalaria de Agosto de 2019 de ecografía ginecológica, histeroscopia,

adhesiolisis ni tratamiento de Estrógenos?.

Pola súa banda, a representación da Sra. C. non se manifesta sobre o dies a quo en ningún dos escritos presentados durante a tramitación do procedemento, invocando unicamente a interrupción do prazo de

prescrición mediante o envío do burofax do 27.8.2020.

Así as cousas, a cuestión que procede agora dilucidar é se o devandito burofax tivo, como pretende a representación da interesada,

eficacia para interromper o prazo de prescrición da acción de responsabilidade patrimonial.

Para a resolución desta cuestión, que precisa unha análise da normativa aplicable e da xurisprudencia da Sala Terceira do

Tribunal Supremo, é preciso partir do contido do documento remitido pola Sra. C.

Así, nel poden distinguirse tres manifestacións: a primeira, relativa á xenérica intención de reclamar danos e prexuízos pola

asistencia médica prestada polo Sergas con ocasión do seu parto; a segunda, que atribúe á anterior comunicación a capacidade

de interromper o prazo de prescrición da acción de responsabilidade patrimonial, consonte ao artigo 1973 do Código Civil;

e a terceira, que consiste nunha solicitude de documentación clínica. A continuación se procederá a examinar os eventuais

efectos xurídicos das citadas manifestacións sobre o prazo de prescrición e o inicio do procedemento de responsabilidade patrimonial.

En canto á declaración xenérica da intención de reclamar á Administración danos e prexuízos, é preciso subliñar que non se

trata dunha solicitude de iniciación do procedemento, pois non cumpre os requisitos dispostos no artigo 66 da LPAC, entre

os que se atopan os feitos e as razóns, mais sobre todo, a ?petición en que se concrete, con toda claridade, a solicitude?. Certamente, o burofax remitido pola Sra. C. o 27.8.2020 non inclúe nin de forma explícita nin implícita unha solicitude

de inicio dun procedemento e, como é obvio, tampouco reúne os requisitos adicionais do artigo 67.2 da LPAC que, cómpre subliñar,

se refiren a unha solicitude acorde co disposto no artigo 66 da LPAC e non a un mero anuncio ou comunicación da intención

de reclamar nun momento indeterminado. Neste suposto a manifestación da intención de reclamar ten a principal finalidade de

interromper o prazo de prescrición e a finalidade secundaria de solicitar documentación clínica relacionada coa atención sanitaria.

O feito de que non se trate dunha solicitude é transcendente respecto da prescrición da acción, pois a solicitude que cumpre

os requisitos dos artigos 66 e 67.2 da LPAC produce o inicio do procedemento e evita a perda do dereito a reclamar. Incluso

a solicitude de iniciación do procedemento que conteña defectos ou eivas emendables interrompe a prescrición e obriga á Administración

a requirir ao interesado para que, nun prazo de dez días, emende as eivas ou axunte a documentación preceptiva, coa advertencia

de que, en caso contrario, se lle terá por desistido da súa petición -artigo 68.1 da LPAC-. Mais, polas razóns expostas, nada

disto resulta aplicable no presente suposto.

O Tribunal Supremo é claro ao excluír a virtualidade interruptiva da prescrición deste tipo de manifestacións. Así, na STS

do 24.4.2018, rec. 4707/2016 indica o seguinte:

?(...) la sola comunicación de la intención de plantear una reclamación sin acompañar explicaciones atendibles y suficientemente

consistentes que pudieran justificar una dilación en su presentación, no resulta idónea de por sí para poseer la virtualidad

interruptiva que se le pretende asignar.

Y la sola manifestación de la voluntad de reclamar, y del fundamento sobre el que descansa la reclamación, no sirve a los

efectos pretendidos, por la sencilla razón de que en tal caso de manera artificial podía alargarse sin remedio el plazo legalmente

establecido y volver a tener que proceder al inicio de su cómputo. Incluso, de admitirse así, tampoco se atisba por qué no

cabría, llegado el caso, tratar de reincidir en el intento -interrumpir el plazo de prescripción- en más de una ocasión con

la sola manifestación de la indicada voluntad se vendría, en suma, a sustituir de este modo y a defraudar la voluntad legal

en la determinación del plazo de prescripción.

Entendemos, pues, que la sola declaración de la intención de formular una reclamación con el objeto de interrumpir la prescripción

no puede producir dicho efecto interruptivo?.

En realidade esta xurisprudencia conecta coa que vén mantendo dende tempo atrás o Tribunal Supremo verbo do efecto interruptivo

da prescrición de telegramas ou burofaxes en supostos de responsabilidade patrimonial da Administración Pública. Unha das

razóns polas que se negou o devandito efecto nestes supostos, en caso de dirixirse á Administración competente, radica no

?contenido mismo de tales comunicaciones, en las que falta una identificación mínima de los datos esenciales acerca de los

hechos que ocasionaron el accidente y los daños que de éste derivan, toda vez que cuando se ha admitido, excepcionalmente,

un efecto interruptivo de la prescripción en supuestos de envío de telegramas (así, las sentencias de otras Secciones de este

Tribunal de 9[sic] de enero y 16 de mayo de 2002), ha sido por asignar a la comunicación telegráfica la consideración de

reclamación cuando en ella se contienen los elementos precisos para propiciar una reacción de la Administración, es decir,

cuando se informe del lugar, momento y circunstancias en que se produjo el daño, así como la identidad del perjudicado y la

entidad y alcance de los daños, informaciones todas ellas que aquí brillan por su ausencia? (por todas, STS de 22.1.2013, rec. 563/2011).

En segundo lugar, como xa se indicou, o documento enviado pola Sra. C. manifesta a intención de que o mesmo sirva para a interromper

o prazo de prescrición, por aplicación do artigo 1973 do Código Civil.

A este respecto, cómpre partir da tallante afirmación feita na STS do 2.3.2011, rec. 1860/2009, de que: ?La invocación del Art. 1973 del Código Civil es superflua y carece de virtualidad en este proceso porque la responsabilidad

patrimonial de las Administraciones Públicas es exigible exclusivamente de acuerdo con la Ley 30/1992, que regula tanto sus

aspectos sustantivos como procesales, en el título X, capítulo primero, y en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo?. Certamente, ningunha daquelas disposicións, e tampouco as actuais da LPAC e da LRXSP, fan referencia á interrupción do

prazo de prescrición.

Esta tese foi obxecto de fixación de doutrina pola recente STS do 30.6.2022, rec. 5031/2021, que indica que ?la presentación de un escrito limitado a comunicar la intención de interrumpir la prescripción mediante su presentación al

amparo del artículo 1973 del Código Civil no puede determinar dicha interrupción en el ámbito del responsabilidad patrimonial

de la Administración Pública por daños derivados de la asistencia sanitaria, al no ser acción idónea para ello?.

Con todo, a inaplicación do artigo 1973 do Código Civil ao procedemento de responsabilidade patrimonial e o silencio sobre

esta cuestión das normas que o regulan, non exclúe a posibilidade de interrupción do prazo de prescrición do artigo 67.2 da

LPAC, mais esta só terá lugar polas causas recoñecidas por unha moi reiterada xurisprudencia. Causas que son, dunha banda,

a presentación da reclamación ante un órgano administrativo incompetente e, doutra banda, a súa formulación nunha sede en

que non resulte manifestamente inidónea ou improcedente (en concreto, ha de tratarse de ?cualquier reclamación que manifiestamente no aparezca como no idónea o improcedente encaminada a lograr el resarcimiento del

daño o perjuicio frente a la Administración responsable, siempre que comporte una manifestación de la voluntad de hacer efectiva

la responsabilidad patrimonial de la Administración por alguna de las vías posibles para ello?, como manifestan, entre moitas outras as SSTS de 21.3.2000, rec. 427/1996; de 2.3.2011, rec. 1860/2009 ou de 24.4.2018,

rec. 4707/2016). Como xa puxemos de manifesto en precedentes ditames, o exemplo paradigmático deste último suposto é a iniciación

dun proceso penal que verse sobre a posible comisión de feitos delitivos aos que poida estar ligada a apreciación de responsabilidade

civil da Administración dimanante da infracción penal (por todos, CCG 336/2020).

É evidente que o burofax enviado pola Sra. C. o 27.8.2020 non se corresponde con ningunha das causas ás que a xurisprudencia

recoñece eficacia interruptora da prescrición da acción de responsabilidade patrimonial, tratándose ademais dun escrito limitado

a comunicar la intención de interromper a prescrición ao amparo do artigo 1973 do Código Civil, polo que cabe confirmar unha

vez máis a súa carencia de efectos interruptores sobre o prazo de prescrición da acción.

En terceiro e último lugar, o documento enviado pola Sra. C. solicita a remisión do expediente médico da paciente, no contexto

da inicial manifestación da intención de reclamar os danos e prexuízos causados. Cómpre, polo tanto, verificar se a solicitude

de documentos ou probas relativos ao obxecto dunha futura e eventual reclamación modula en algún modo o cómputo do prazo de

prescrición.

Neste sentido, o Tribunal Supremo ten manifestado que o exercicio de dilixencias preliminares para a obtención da historia

clínica ou o tempo empregado na elaboración de informes periciais solicitados pola parte reclamante non alteran o inicio do

cómputo do prazo de prescrición da acción, que é o momento en que se coñece o alcance das lesións. Así, o Tribunal Supremo

aclara que a dilixencia preliminar para a obtención da historia clínica ?carece de necesidad en lo que nos ocupa, donde la reclamación del interesado se inicia mediante instancia en la que procede

especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre estas y el funcionamiento del servicio público

y la evaluación económica de la responsabilidad si fuera posible, siendo durante la instrucción del expediente temporáneamente

iniciado cuando puede obtenerse la prueba oportuna, cual es la historia clínica cuando la reclamación dimana del funcionamiento

de los servicios públicos sanitarios y los informes periciales consecuentes? (STS do 16.12.2011, rec. 2599/2007. No mesmo sentido en relación coa solicitude de ditame pericial, STS do 18.10.2011, rec.

5097/2007).

A postura do Supremo completouse coa recente STS do 30.6.2022, rec. 5031/2021, que fixa a seguinte doutrina: ?La interposición de una diligencia preliminar para la obtención de la historia clínica no constituye una acción idónea a los

efectos de interrumpir el plazo de prescripción de un año para reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración

Pública por daños derivados de la actuación sanitaria?.

Por conseguinte, a solicitude da remisión do expediente médico da Sra. C. mediante o burofax do 27.8.2020 non ten ningún efecto

sobre a determinación do dies a quo do cómputo do prazo de prescrición da acción de responsabilidade patrimonial, nin produce a interrupción do mesmo.

A conclusión que se extrae de todo iso é que a acción de reclamación de responsabilidade patrimonial prescribiu o día 21.10.2020,

se se acepta a tese da instrutora do procedemento, que sitúa o dies a quo o 21.10.2019; ou ben, o 12.6.2021, se se atende ao criterio do xefe do Servizo de Inspección, que tomou como dies a quo o 12.6.2020.

Cuarta.

Tendo en conta a conclusión alcanzada na consideración anterior, cómpre facer as seguintes precisións en torno ao burofax

remitido polo representante legal da Sra. C. o 6.8.2021, e os trámites levados a cabo a continuación.

O segundo burofax remitido a piques de cumprirse un ano dende o envío do primeiro, e cuxo tenor literal consta nos antecedentes,

tiña dúas finalidades. A primeira e principal era interromper novamente o prazo de prescrición da acción -práctica que, no

eido da responsabilidade patrimonial da Administración, a STS do 24.4.2018, rec. 4707/2016 non só considera ineficaz senón

tamén fraudulenta-, baixo o argumento de que se estaba á espera da emisión de senllos informes periciais relativos á mala

praxe do Sergas e á valoración dos danos corporais. Porén, consta no expediente que o 7.9.2020 o Xerente da Área Sanitaria

de Vigo remitiu copia da historia clínica da Sra. C., e o informe pericial aportado posteriormente ten data do 1.4.2021. A

segunda finalidade do escrito, de carácter accesorio, era amosar a disposición de negociar un acordo extraxudicial coa Administración

sanitaria para o resarcimento da Sra. C.

Por conseguinte, ao igual que o primeiro burofax remitido o 27.8.2020, o burofax do 6.8.2021 non manifestaba de forma implícita

ou explícita a intención de iniciar nese momento o procedemento de responsabilidade patrimonial, nin incluía por tanto pretensión

algunha en tal sentido, carecendo en absoluto dos requisitos dos artigos 66 e 67.2 da LPAC, imprescindibles para a determinación

do obxecto das reclamacións de responsabilidade patrimonial.

Pese a que en tales circunstancias non é esixible o disposto no artigo 68 da LPAC, relativo á emenda e mellora das solicitudes

de inicio do procedemento, precisamente porque non se trataba deste tipo de solicitude, o xefe do Servizo de Inspección de

Servizos Sanitarios dirixiu dous requerimentos de emenda e mellora da solicitude á parte interesada, detallando os aspectos

que debían ser emendados, sen que esta procedese á devandita emenda nin achegase dunha sola vez ou en conxunto nas súas sucesivas

alegacións os elementos legais delimitadores dunha pretensión indemnizatoria que nunca chegou a formular.

Nestas circunstancias a Administración iniciou a instrución do procedemento logo da acreditación da representación e a achega

dun informe pericial de parte.

Este modo de proceder só se explica á luz do principio pro actione e o principio antiformalista que, como consecuencia do primeiro, rexe no procedemento administrativo, como vén sostendo a

xurisprudencia. A este respecto, é ilustrativa a seguinte cita da doutrina constitucional que, se ben se refire ao proceso

xudicial, tamén é de aplicación no procedemento administrativo: ?Si el órgano judicial no hace posible la subsanación del defecto procesal que pudiera considerarse como subsanable o impone

un rigor en las exigencias formales más allá de la finalidad a que las mismas responden, la resolución judicial que cierre

la vía del proceso e impida el acceso al mismo será incompatible con la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva,

ya que los presupuestos y requisitos formales no son valores autónomos que tengan sustantividad propia, sino que son instrumentos

para conseguir una finalidad legítima, con la consecuencia de que si aquella finalidad puede ser lograda, sin detrimento de

otros bienes o derechos dignos de tutela, debe procederse a la subsanación del defecto? (STC 285/2000, do 27 novembro). Con todo, o Tribunal matiza que ?aunque pudiera sugerirlo su ambigua denominación, el principio «pro actione» no debe entenderse como «la forzosa selección

de la interpretación más favorable a la admisión (...) Lo que en realidad implica este principio es «la interdicción de aquellas

decisiones de inadmisión ?o de no pronunciamiento? que por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón

revelen una clara desproporción entre los fines que aquellas causas de inadmisión ?o no pronunciamiento sobre el fondo? preservan y los intereses que sacrifican? (por todas, STC 113/2003, do 16 xuño).

Nun sentido similar, o Tribunal Supremo ten manifestado que o antiformalismo ?no supone desprecio de las formas procesales sino preocupación por evitar que algo que está pensado para garantizar que la

tutela judicial sea verdaderamente eficaz se transforme en valladar irracional e irrazonable que impida alcanzarla? (STS do 9.4.2007, rec. 3202/2004).

Tendo en conta, pois, o alcance dos principios pro actione e antiformalista e a súa aplicación ao suposto que se está a examinar, cómpre subliñar que un informe pericial non pode suplir

as eivas dunha reclamación -ou, como sucede neste suposto, a falta absoluta de reclamación-, máxime logo de dous requirimentos

de emenda, impulsando o inicio do procedemento.

En efecto, o artigo 67.2 da LPAC permite á parte reclamante presentar, xunto coa reclamación que dá inicio ao procedemento,

cantas alegacións, documentos e informacións se estimen oportunos. O teor literal do precepto deixa claro que a presentación

de tales documentos, entre os que podería estar un informe pericial, non é preceptiva para a admisión da solicitude e non

substitúe os requisitos que debe reunir a propia reclamación.

Doutra banda, o artigo 77.1 da LPAC, relativo aos medios e período de proba no procedemento administrativo, indica que ?Os feitos relevantes para a decisión dun procedemento poderanse acreditar por calquera medio de proba admisible en dereito,

cuxa valoración se realizará de acordo cos criterios establecidos na Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de axuizamento civil?.

A este respecto, o artigo 335 da Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de axuizamento civil (en diante, LAC) contempla entre os medios

de proba o ditame de peritos, indicando o parágrafo primeiro que ?Cando sexan necesarios coñecementos científicos, artísticos, técnicos ou prácticos para valorar feitos ou circunstancias relevantes

no asunto ou adquirir certeza sobre eles, as partes poderán achegar ó proceso o dictame de peritos que posúan os coñecementos

correspondentes ou solicitar, nos casos previstos nesta lei, que sexa emitido dictame por un perito designado polo tribunal?.

En consecuencia, o informe pericial de parte é un medio de proba cuxa finalidade é aportar un criterio técnico sobre a cuestión

controvertida que contribúa a formar convicción xurídica sobre a pretensión articulada por esa parte. Pese a todo, o artigo

335.2 da LAC impón por encima de todo o deber de obxectividade do perito, que ?deberá manifestar, baixo xuramento ou promesa de dicir verdade, que actuou e, se é o caso, actuará coa maior obxectividade

posible, tomando en consideración tanto o que poida favorecer como o que sexa susceptible de causar prexuízo a calquera das

partes?.

Todo o anterior amosa que o informe pericial non pode delimitar o obxecto do proceso nin definir a pretensión da parte, e

tampouco pode suplir a total omisión dos elementos configuradores da reclamación ou mesmo substituíla. O informe pericial

non ten capacidade para iniciar o procedemento, pois insírese na fase probatoria, por máis que poida ser achegado conxuntamente

coa reclamación. E, por último, o apoderamento realizado a favor dun avogado, como sucede neste caso, non se estende a un

perito para que sexa este quen cumpra a función daquel.

Pese a que a Administración procedeu con xenerosidade, outorgando sucesivos prazos de emenda para que a parte interesada puidese

presentar unha reclamación capaz de iniciar o procedemento, ante a ausencia desta debe entenderse que a iniciación do procedemento

tivo lugar por propia iniciativa da Administración, derivada do coñecemento directo ou indirecto de circunstancias que puidesen

dar lugar a responsabilidade patrimonial (artigos 58 e 59 da LPAC).

En todo caso, dado que os primeiros actos de instrución do procedemento se levaron a cabo en febreiro do 2022, é dicir, transcorridas as dúas posibles datas de prescrición da acción -21.10.2020 ou 12.6.2021-, cabe apreciar a súa extemporaneidade,

pois o prazo dun ano de prescrición da acción de responsabilidade patrimonial tamén rexe nos supostos nos que o procedemento

é iniciado de oficio, como sinala o artigo 65.1 da LPAC.

Por último, aínda que a prescrición da reclamación é propiamente unha causa de inadmisión da solicitude, segundo dispón o

artigo 21 da LPAC, neste suposto procede emitir un parecer favorable á desestimación da reclamación por prescrición, ao terse

apreciado a súa existencia logo de instruído o procedemento (por todos, CCG 360/2020), sen que sexa por tanto necesario que

a resolución leve a cabo unha análise de fondo sobre a responsabilidade patrimonial da Administración.

En consecuencia, procede a desestimación da reclamación, sendo conforme a dereito o sentido da proposta de resolución sometida

a ditame, aínda que non polas razóns de fondo indicadas na mesma, senón polas razóns que se veñen de expoñer.

CONCLUSIÓN

Por todo o anteriormente exposto, a Sección de Ditames do Consello Consultivo de Galicia, por unanimidade dos seus membros,

ditamina:

?Que polas razóns expostas no corpo do presente ditame, informa favorablemente a proposta de desestimación á que o presente

expediente se refire?.