Resolución No Vinculante de Dirección General de Tributos, 0002-20 de 15 de Enero de 2020

Normativa

Ley 37/1992 art. 25. RIVA RD 1624/1992 art. 13

Normativa

Ley 37/1992 art. 25. RIVA RD 1624/1992 art. 13

Cuestión

Si el sistema descrito puede ser considerado como prueba suficiente de la salida de los bienes hacia otro Estado miembro a efectos de aplicar la exención del artículo 25 de la Ley 37/1992.

Descripción

La consultante, con sede en el territorio de aplicación del impuesto, expide bienes al territorio de otros Estados miembros con destino al adquirente, empresario o profesional, en el marco de operaciones de venta internacionales, ha implantado un sistema de confirmación de la recepción de los bienes por el destinatario basado en el envío de un correo electrónico con los datos relativos a la operación de venta y a la expedición de los bienes, que es contestado por el adquirente de los mismos, confirmando la recepción y los demás detalles de la operación.

Esa confirmación es recibida asimismo también por la consultante vía correo electrónico.

Contestación

1.- De conformidad con el artículo 25 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE del 29 de diciembre):

“Estarán exentas del Impuesto las siguientes operaciones:

Uno. Las entregas de bienes definidas en el artículo 8 de esta Ley, expedidos o transportados, por el vendedor, por el adquirente o por un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera de los anteriores, al territorio de otro Estado miembro, siempre que el adquirente sea:

a) Un empresario o profesional identificado a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido en un Estado miembro distinto del Reino de España.

b) Una persona jurídica que no actúe como empresario o profesional, pero que esté identificada a efectos del Impuesto en un Estado miembro distinto del Reino de España.

La exención descrita en este apartado no se aplicará a las entregas de bienes efectuadas para aquellas personas cuyas adquisiciones intracomunitarias de bienes no estén sujetas al Impuesto en el Estado miembro de destino en virtud de los criterios contenidos en el artículo 14, apartados uno y dos de esta Ley.

Tampoco se aplicará esta exención a las entregas de bienes acogidas al régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección regulado en el Capítulo IV del Título IX de esta Ley.

(…)'.

2.- En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley del impuesto, el artículo 13 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre ( Boletín Oficial del Estado del 31), dispone:

'1. Están exentas del Impuesto las entregas de bienes efectuadas por un empresario o profesional con destino a otro Estado miembro, cuando se cumplan las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 25 de la Ley del Impuesto.

2. La expedición o transporte de los bienes al Estado miembro de destino se justificará por cualquier medio de prueba admitido en derecho y, en particular, de la siguiente forma:

1º. Si se realiza por el vendedor o por su cuenta, mediante los correspondientes contratos de transporte o facturas expedidas por el transportista.

2º. Si se realiza por el comprador o por su cuenta, mediante el acuse de recibo del adquirente, el duplicado de la factura con el estampillado del adquirente, copias de los documentos de transporte o cualquier otro justificante de la operación.

3. La condición del adquirente se acreditará mediante el número de identificación fiscal que suministre al vendedor.

(…)'.

Por otra parte, los artículos 105 y 106 de la Ley 57/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del 18 de diciembre) establecen lo siguiente:

“Artículo 105. Carga de la prueba.

1. En los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo.

2. Los obligados tributarios cumplirán su deber de probar si designan de modo concreto los elementos de prueba en poder de la Administración tributaria.

Artículo 106. Normas sobre medios y valoración de la prueba.

1. En los procedimientos tributarios serán de aplicación las normas que sobre medios y valoración de prueba se contienen en el Código Civil y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, salvo que la ley establezca otra cosa.

(…)”.

Tal y como reiteradamente ha sentado este Centro Directivo (por todas, véase la contestación vinculante dada a la consulta de 19 de mayo, número V1509-15), en cuanto a la valoración de las pruebas, hay que señalar que en nuestro ordenamiento jurídico rige el principio general de valoración libre y conjunta de todas las pruebas aportadas, quedando descartado como principio general el sistema de prueba legal o tasada.

Los números 1º y 2º del apartado 2 del artículo 13 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido anteriormente transcritos contienen únicamente una relación, a título de ejemplo, de algunos de los medios de prueba que, teniendo en cuenta las circunstancias que normalmente se presentan en los supuestos de hecho a que se refiere, pueden ser utilizados al fin que en dicho precepto se menciona, tal y como se desprende con claridad del principio general de admisión de 'cualquier medio de prueba admitido en derecho' que dicho precepto recoge y de las expresiones 'en particular' y 'cualquier otro justificante de la operación' contenidas en el mismo.

Podrán también por tanto ser utilizados a tales efectos otros medios de prueba admitidos en derecho, distintos de los expresamente mencionados en dicho precepto.

Tal y como se dispuso en la referida contestación vinculante, consulta nº V1509-15, puede considerarse con carácter general probado el hecho de la existencia del referido transporte por la mera presentación por el sujeto pasivo de alguno o de varios de los medios de prueba a que se refieren el apartado 2 del artículo 13 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin perjuicio de que, en cada caso concreto, la Administración tributaria pueda estimar que tales medios de prueba u otros admitidos en Derecho, distintos de los mismos, por sí solos o valorados conjuntamente caso de existir varios, prueban suficientemente el referido hecho.”.

Aplicando lo anterior al sistema implantado por la consultante consistente en el envío de un correo electrónico a sus clientes que, por la misma vía, vienen a confirmar los términos de la operación así como a declarar la recepción de los bienes objeto de la compraventa, debe concluirse que no puede valorarse apriorísticamente por este Centro directivo el efecto probatorio de dicho sistema correspondiente, en cualquier caso, a los órganos con competencias comprobatorias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria determinar su valor probatorio analizando, caso por caso, las circunstancias concurrentes en dichas operaciones.

3.- Lo que comunico a Vd. con los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin que esta contestación tenga efectos vinculantes, por plantearse en el escrito de consulta cuestiones relacionadas con el objeto o tramitación de un procedimiento, recurso o reclamación iniciado con anterioridad.