Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V1601-17 de 21 de Junio de 2017
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Resolución Vinculante de ...io de 2017

Última revisión
10/08/2017

Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V1601-17 de 21 de Junio de 2017

Tiempo de lectura: 7 min

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Órgano: SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas

Fecha: 21/06/2017

Num. Resolución: V1601-17


Normativa

Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, arts: 76 y 89.

Normativa

Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, arts: 76 y 89.

Cuestión

Si la operación propuesta de escisión total resulta susceptible de acogimiento al régimen especial del capítulo VII del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, entendiéndose cumplido el requisito de motivos económicos válidos establecido en el artículo 89 de la LIS.

Descripción

El consultante persona física, titula un 98,89% del capital social de la mercantil A, constituida en el año 1980, y que tiene por objeto la compraventa, alquiler y transporte de toda clase de vehículos y de sus piezas de recambio y accesorios, la representación en este sector del comercio, de firmas o marcas nacionales o extranjeras así como la explotación de talleres de reparación y mantenimiento de cualesquiera de los vehículos referidos.

A su vez, la sociedad dispone de tres inmuebles en propiedad, dos de los cuales, se destinan a sus sedes e instalaciones, y es propietaria además de un local que actualmente se encuentra arrendado a un tercero.

El resto del accionariado, se reparte a partes iguales entre los tres hijos de la parte consultante.

La sociedad cuenta con los medios materiales y personales para la realización de su actividad principal de compraventa y reparación de vehículos, pero no cuenta con una estructura independiente en la gestión del patrimonio inmobiliario.

Con el objeto de racionalizar las actividades, adaptar la estructura empresarial a diferente consideración del patrimonio escindido, compartimentar riesgos empresariales, fortalecer y expandir las actividades, proteger el patrimonio inmobiliario y evitar que la identidad e imagen de la consultante como empresa comercial se vea perjudicada por la actividad inmobiliaria, se pretenden desvincular los activos comerciales de los inmobiliarios.

Por ello, se quiere proceder a realizar una operación de escisión total de tal manera que la sociedad escindida dividirá en dos partes la totalidad de su patrimonio social y las transmitirá en bloque a dos entidades nuevas, como consecuencia de su disolución sin liquidación.

Los inmuebles se aportarán a una sociedad limitada de nueva creación y la actividad de compraventa y reparación de vehículos con todos sus activos y pasivos a otra sociedad limitada de nueva creación, recibiendo los socios de la sociedad escindida, participaciones en las entidades beneficiarias de la escisión de manera proporcional a su participación en aquella.

La nueva sociedad arrendadora de los inmuebles, formalizará un contrato de arrendamiento por los inmuebles en los que se ejerce la actividad, con la nueva sociedad comercial de la escisión.

Contestación

El capítulo VII del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, regula el régimen fiscal especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea.

Al respecto, el artículo 76.2 de la Ley establece que:

‘’2. 1.º Tendrá la consideración de escisión la operación por la cual:

a) Una entidad divide en dos o más partes la totalidad de su patrimonio social y los transmite en bloque a dos o más entidades ya existentes o nuevas, como consecuencia de su disolución sin liquidación, mediante la atribución a sus socios, con arreglo a una norma proporcional, de valores representativos del capital social de las entidades adquirentes de la aportación y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10 por ciento del valor nominal o, a falta de valor nominal, de un valor equivalente al nominal de dichos valores deducido de su contabilidad.’’

En este sentido, los artículos 69, 73 y siguientes de la Ley 3/2009 establecen, desde un punto de vista mercantil, el concepto y los requisitos de las operaciones de escisión total. En concreto, el artículo 69 define la escisión total como “la extinción de una sociedad, con división de todo su patrimonio en dos o más partes, cada una de las cuales se transmite en bloque por sucesión universal a una sociedad de nueva creación o es absorbida por una sociedad ya existente, recibiendo los socios un número de acciones, participaciones o cuotas de las sociedades beneficiarias proporcional a su respectiva participación en la sociedad que se escinde”.

En consecuencia, si el supuesto de hecho al que se refiere la consulta, se realiza en el ámbito mercantil al amparo de lo dispuesto en los citados artículos de la normativa mercantil, cumplirá, en principio, las condiciones establecidas en la LIS para ser considerada como una operación de escisión total a que se refiere el artículo 76 de la LIS.

No obstante, el apartado 2.2º del artículo 76 de la LIS, señala que “en los casos en que existan dos o más entidades adquirentes, la atribución a los socios de la entidad que se escinde de valores representativos del capital de alguna de las entidades adquirentes en proporción distinta a la que tenían en la que se escinde requerirá que los patrimonios adquiridos por aquellas constituyan ramas de actividad”.

Por lo tanto, siempre que se trate de una escisión total proporcional no será necesario que los patrimonios segregados constituyan ramas de actividad, por lo que a la operación de escisión total proyectada podrá aplicarse el régimen especial del capítulo VII del título VII de la LIS.

Adicionalmente, la aplicación del régimen especial exige analizar lo dispuesto en el artículo 89.2 de la LIS según el cual:

“2. No se aplicará el régimen establecido en el presente capítulo cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal.”

Este precepto recoge de forma expresa la razón de ser del régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, que justifica que a las mismas les sea de aplicación dicho régimen en lugar del régimen general establecido para esas mismas operaciones en el artículo 17 de la LIS. El fundamento del régimen especial reside en que la fiscalidad no debe ser un freno ni un estímulo en las tomas de decisiones de las empresas sobre operaciones de reorganización, cuando la causa que impulsa su realización se sustenta en motivos económicos válidos, en cuyo caso la fiscalidad quiere tener un papel neutral en esas operaciones.

Por el contrario, cuando la causa que motiva la realización de dichas operaciones es meramente fiscal, esto es, su finalidad es conseguir una ventaja fiscal al margen de cualquier razón económica diferente, no es de aplicación el régimen especial.

En el escrito de consulta se indica que la operación de reestructuración se realiza con la finalidad de racionalizar las actividades, adaptar la estructura empresarial a diferente consideración del patrimonio escindido, compartimentar riesgos empresariales, fortalecer y expandir las actividades, proteger el patrimonio inmobiliario y evitar que la identidad e imagen de la consultante como empresa comercial se vea perjudicada por la actividad inmobiliaria, se pretenden desvincular los activos comerciales de los inmobiliarios. Estos motivos pueden considerarse válidos a efectos del cumplimiento de lo previsto en el artículo 89.2 de la LIS.

La presente contestación se realiza conforme a la información proporcionada por el consultante, sin tener en cuenta otras circunstancias no mencionadas, que pudieran tener relevancia en la determinación del propósito principal de la operación proyectada, de tal modo que podría alterar el juicio de la misma, lo que podrá ser objeto de comprobación administrativa a la vista de la totalidad de las circunstancias previas, simultáneas y posteriores concurrentes en la operación realizada.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

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