Subvenciones

Ayudas para la financiación de proyectos de inversión empresarial.

Incentivar la realización de acciones de promoción exterior generadoras de ventajas competitivas que incidan en la proyección y posicionamiento de las empresas gallegas en los mercados internacionales.

Impulsar el desarrollo de proyectos de internacionalización promovidos por organismos intermedios, para reforzar la proyección exterior, visibilidad y posicionamiento competitivo de las empresas gallegas en los mercados internacionales. Favorece la realización conjunta de acciones de promoción y cooperación empresarial.

Concesión de préstamos para cuatro líneas: proyectos de inversión, concentración empresarial y sucesión de empresas, proyectos de desarrollo tecnológico e innovación, y financiación operativa.

Fomentar la actividad de las startups gallegas, o con un centro de trabajo en Galicia, subvencionando los gastos e inversiones en los que incurran desde el 1 de enero de 2026 hasta la fecha de la solicitud de ayuda.

Incentivar el uso de servicios para el desarrollo tecnológico y la innovación, especialmente en pymes de sectores tradicionales no intensivos en innovación

Regular el marco de apoyo al acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre el Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), las sociedades de garantía recíproca (SGR) y las entidades de crédito adheridas (financiación Igape-pymes), que se desglosa en las líneas de financiación específicas detalladas en el anexo I.

Personas físicas propietarias o usufructuarias de viviendas situadas en ayuntamientos gallegos de menos de 5.000 habitantes, que acrediten ingresos no superiores a 6,5 veces el IPREM (excepto si se destina al alquiler, en cuyo caso no se aplica dicho límite); máximo de 3 ayudas por solicitante si la vivienda se destina a alquiler. No pueden ser beneficiarias personas incursas en los supuestos del art. 10.2 de la Ley 9/2007.

Las sociedades mercantiles estatales según la definición del artículo 111 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, que realicen alguna actividad industrial, y las sociedades mercantiles privadas con personalidad jurídica propia, legalmente constituidas en España y debidamente inscritas en el registro correspondiente, con cualquier forma jurídica y tamaño, que realicen alguna actividad industrial según se define en el anexo IV de esta orden, con independencia de la actividad principal definida en sus estatutos.