Subvenciones

Fomentar la actividad de las startups gallegas, o con un centro de trabajo en Galicia, subvencionando los gastos e inversiones en los que incurran desde el 1 de enero de 2026 hasta la fecha de la solicitud de ayuda.

Incentivar el uso de servicios para el desarrollo tecnológico y la innovación, especialmente en pymes de sectores tradicionales no intensivos en innovación

Regular el marco de apoyo al acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre el Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), las sociedades de garantía recíproca (SGR) y las entidades de crédito adheridas (financiación Igape-pymes), que se desglosa en las líneas de financiación específicas detalladas en el anexo I.

Personas físicas propietarias o usufructuarias de viviendas situadas en ayuntamientos gallegos de menos de 5.000 habitantes, que acrediten ingresos no superiores a 6,5 veces el IPREM (excepto si se destina al alquiler, en cuyo caso no se aplica dicho límite); máximo de 3 ayudas por solicitante si la vivienda se destina a alquiler. No pueden ser beneficiarias personas incursas en los supuestos del art. 10.2 de la Ley 9/2007.

Las sociedades mercantiles estatales según la definición del artículo 111 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, que realicen alguna actividad industrial, y las sociedades mercantiles privadas con personalidad jurídica propia, legalmente constituidas en España y debidamente inscritas en el registro correspondiente, con cualquier forma jurídica y tamaño, que realicen alguna actividad industrial según se define en el anexo IV de esta orden, con independencia de la actividad principal definida en sus estatutos.

Ayudas para la adaptación de infraestructuras portuarias en puertos de interés general para renovables marinas dentro del PRTR. Subvención hasta el 100%.

Apoyar proyectos de refuerzo de la cadena de valor industrial de tecnologías limpias y sus componentes clave, impulsar la autonomía estratégica y la descarbonización industrial en España, conforme a las directrices europeas del Pacto por una Industria Limpia y el PRTR.