Capacidad y prohibiciones para ser administrador de la sociedad de capital

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Mercantil
  • Fecha última revisión: 26/01/2016

El Art. 212 ,Ley de Sociedades de Capital nos dice que para ser nombrado administrador no se requiere la cualidad de accionista, salvo que los estatutos dispongan lo contrario y pueden serlo tanto una persona física como una persona jurídica, a su vez se impone el deber del administrador persona jurídica de designar una persona natural para el ejercicio permanente de estas funciones.

 

La revocación de este representante no producirá efecto hasta que no se designe una persona que la sustituya. Se reconoce de manera expresa la posibilidad de que se designe administrador a una persona jurídica, pero en este caso no puede inscribirse su nombramiento en el Registro Mercantil en tanto no conste la identidad de la persona física que haya designado como representante suyo para el ejercicio del cargo.

Los administradores que incurran en incapacidad o se encuentren sometidos a alguna prohibición, deben de ser destituidos de manera inmediata a petición de cualquier accionista. También deben cesar, previo acuerdo de la Junta General y a petición de cualquier socio, los administradores que lo fueran de otra sociedad competidora o que bajo cualquier forma tengan intereses opuestos a los de la sociedad.

Por disposición del Art. 213 ,Ley de Sociedades de Capital, no podrán ser administradores:

- Los menores de edad no emancipados.

- Los judicialmente incapacitados

- Las personas inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras no concluya el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

- Los condenados por delitos contra la libertad, patrimonio , orden socioeconómico, seguridad colectiva, Administración de Justicia o por cualquier clase de falsedad.

- Los que por razón de su cargo no puedan ejercer el comercio.

- Los funcionarios al servicio de la Administración pública con funciones a su cargo que se relacionen con las actividades propias de las sociedades de que se trate, los jueces o magistrados y demás personas afectadas por una incompatibilidad legal.

 

 

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