Delito de malversación de caudales públicos

TIEMPO DE LECTURA:

  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 31/10/2019

 El Capítulo VII "De la malversación" del Título XIX del Libro II del Código penal (CP), está compuesto por los artículos 432 a 435 del CP.  

Se castiga

  • La administración desleal (art. 252 CP ) y la apropiación indebida  (art. 253 CP) sobre el patrimonio público
  • Falsear la contabilidad, los documentos que deban reflejar la situación económica o la información contenida en los mismos, de la entidad pública de que dependa para causar un perjuicio económico 
  • facilitar a terceros información mendaz relativa a la situación económica de la entidad pública de que dependa o alguno de los documentos o informaciones a que se refiere el apartado anterior para causar un perjuicio económico a esta.

El bien jurídico protegido por este delito son los intereses económicos del Estado, las Comunidades Autónomas y entes locales.

Autoría

  • Autoridad o funcionario
  • se extiende el tipo (Art. 435 CP):
    • A los que se hallen encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las Administraciones públicas.
    • A los particulares legalmente designados como depositarios de caudales o efectos públicos.
    • A los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares.
    • A los administradores concursales, con relación a la masa concursal o los intereses económicos de los acreedores. En particular, se considerarán afectados los intereses de los acreedores cuando de manera dolosa se alterara el orden de pagos de los créditos establecido en la ley.

El delito de malversación, regulado en el artículo 432 del Código Penal, castiga a la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público, imponiendo una pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años.

Se impondrá la misma pena a la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 253 sobre el patrimonio público.

Se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si en los hechos a que se refieren los dos números anteriores hubiere concurrido alguna de las circunstancias siguientes:

  1. Se hubiera causado un grave daño o entorpecimiento al servicio público, o
  2. El valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 50.000 euros.

Si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.

El bien jurídico protegido por este delito son los intereses económicos del Estado, las Comunidades Autónomas y entes locales.

La Ley Orgánica 1/2015, modifica el art. 432 del Código Penal, en su primer apartado castiga la conducta del art. 252 del Código Penal que regula la administración desleal, con la prisión de 2 a 6 años e inhabilitación.

El siguiente apartado impone la misma pena si la conducta es la del Art. 253 Código Penal, es decir de la apropiación indebida. El apartado 3, impone la pena de prisión de 4 a 8 años e inhabilitación absoluta de 10 a 20 años si ha concurrido grave entorpecimiento al servicio público o si el perjuicio excede 50.000. Si excediera de 250.000 se impondrá la pena en la mitad superior (prisión 6 años y 1 día a 8 años y la inhabilitación de 15 años y 1 día a 20 años), pudiendo llegarse a la superior en grado.

La acción del sujeto activo recae en todas las modalidades de malversación sobre un objeto material concreto: el patrimonio público, que sustituye a partir de la reforma operada por la LO 1/2015 en el Código Penal a la referencia a los caudales y efectos públicos.

Se entendía por tales, todo capital, patrimonio, fondo, cosa o cualquier bien, de cualquier condición, fungible o no, susceptible de estimación económica, así se consideró utilizar a un empleado público en horas en que debe prestar sus servicios a la administración, el dinero procedente de cobro de multas, adquiriendo el caudal, naturaleza pública por incorporación a la administración o por destino a sus fines.

El artículo 3.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, define el mismo, estableciendo que el patrimonio de las Administraciones públicas está constituido por el conjunto de bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de adquisición o aquel en virtud del cual les hayan sido atribuidos, y se clasifican en bienes de dominio público o demaniales, y de dominio privado o patrimoniales, según se encuentren afectados al uso general o al servicio público, o expresamente se determine, o no tengan tal carácter demanial, aun siendo de titularidad pública.

Por consiguiente, el patrimonio público como conjunto de bienes y derechos de cualquier clase de naturaleza o titularidad pública, es un concepto mucho más amplio que el de caudales públicos, del texto anterior, que siguen incluyéndose dentro del ámbito de protección penal, pese a las previsiones del artículo 3.2 de la Ley 33/2003.

El artículo 433 del C.P. regula un tipo atenuado del delito de malversación, al decir que los hechos a que se refiere el artículo anterior serán castigados con una pena de prisión de uno a dos años y multa de tres meses y un día a doce meses, y en todo caso inhabilitación especial para cargo o empleo público y derecho de sufragio pasivo por tiempo de uno a cinco años, cuando el perjuicio causado o el valor de los bienes o valores apropiados sea inferior a 4.000 euros.

Según lo dispuesto en el artículo 433 bis del C.P., la autoridad o funcionario público que, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, y fuera de los supuestos previstos en el artículo 390, falseare su contabilidad, los documentos que deban reflejar su situación económica o la información contenida en los mismos, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a diez años y multa de doce a veinticuatro meses.

Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público, que de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, facilite a terceros información mendaz relativa a la situación económica de la misma o alguno de los documentos o informaciones a que se refiere el apartado anterior.

Si se llegare a causar el perjuicio económico a la entidad, se impondrán las penas de prisión de uno a cuatro años, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a diez años y multa de doce a veinticuatro meses.

Por otra parte, el artículo 434 del Código Penal dice que si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en este Capítulo hubiere reparado de modo efectivo e íntegro el perjuicio causado al patrimonio público, o hubiera colaborado activamente con las autoridades o sus agentes para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos, los jueces y tribunales impondrán al responsable de este delito la pena inferior en uno o dos grados.

El artículo 435 del Código Penal dice que las disposiciones de este Capítulo son extensivas:

  1. A los que se hallen encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las Administraciones públicas.
  2. A los particulares legalmente designados como depositarios de caudales o efectos públicos.
  3. A los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares.
  4. A los administradores concursales, con relación a la masa concursal o los intereses económicos de los acreedores. En particular, se considerarán afectados los intereses de los acreedores cuando de manera dolosa se alterará el orden de pagos de los créditos establecido en la ley.
  5. A las personas jurídicas que de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis sean responsables de los delitos recogidos en este Capítulo.

En este último caso, se impondrán las siguientes penas:

  1. Multa de dos a cinco años, o del triple al quíntuple del valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
  2. Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad no incluida en el anterior inciso.
  3. Multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados si la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

No hay versiones para este comentario

Daños y perjuicios
Malversación
Perjuicios económicos
Perjuicio económico
Patrimonio Público
Delito de malversación
Funcionarios públicos
Depositario
Administración desleal
Apropiación indebida
Inhabilitación especial
Administración local
Inhabilitación absoluta
Derecho de sufragio pasivo
Embargo de bien
Administrador concursal
Masa concursal
Patrimonio de las Administraciones Públicas
Cargos públicos
Empleados de la Administración Pública
Bienes de dominio público
Caudales públicos
Valor de los bienes
Persona física
Hecho delictivo
Persona jurídica
Documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
  • Delitos contra la Administración pública

    Orden: Penal Fecha última revisión: 13/11/2019

    Los delitos contra la administración pública aparecen regulados en el Título XIX del Libro II del Código Penal (CP).A este respecto, se regulan los delitos dePrevaricación y comportamientos injustos de los funcionarios públicos. (Arts. 404 a 40...

  • Delito de administración desleal

    Orden: Penal Fecha última revisión: 14/09/2020

    El delito de administración desleal se encuentra tipificado en el artículo 252 del Código Penal. Este precepto castiga penalmente a los que, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autorid...

  • Criterios de graduación de las sanciones tributarias

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 13/04/2020

    Los criterios de graduación de las sanciones tributarias dependerán del tipo de sanción, es decir, si es pecuniaria o no pecuniaria.1.- Sanciones pecuniariasLas sanciones tributarias pecuniarias pueden ser de cuantía fija (si no causan perjuicio ...

  • Infracciones tributarias que no causan perjuicio económico

    Orden: Fiscal Fecha última revisión: 06/04/2020

    Constituye infracción tributaria no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones, así como los documentos relacionados con las obligaciones aduaneras, siempre que no se haya producido o no se pueda producir perjuicio económico a la Haciend...

  • La responsabilidad civil derivada de delito perpetrado por el abogado

    Orden: Civil Fecha última revisión: 22/11/2019

    Los abogados están sujetos a responsabilidad penal por los delitos y faltas que cometan en el ejercicio de su profesión.La responsabilidad civil derivada del delito tiene su fundamento en el artículo 116.1 del Código Penal al disponer que:"Toda p...

Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados

Libros y cursos relacionados