La ejecución de la pena de prisión: sustitución y suspensión

Suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad

Casos del apartado primero del artículo 80 del Código Penal

«1. Los jueces o tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos.

Para adoptar esta resolución el juez o tribunal valorará las circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas».

En síntesis, los jueces y tribunales, a través de resolución motivada, podrán suspender la ejecución de:

• Penas privativas de libertad (no superiores a dos años).
• La ejecución de la pena no es necesaria para evitar la comisión futura de nuevos delitos por el condenado.

Así, nuestro más alto tribunal en su sentencia n.º 229/2016, de 17 de marzo, ECLI:ES:TS:2016:1184 declara que la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad es una decisión facultativa del juez o tribunal teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

• Las circunstancias del delito cometido.
• Las circunstancias personales del penado.
• Los antecedentes del condenado.
• La conducta posterior al hecho del penado, en concreto, su esfuerzo para reparar el daño causado.
• Las circunstancias familiares y sociales del condenado.
• Los efectos esperados de la suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas impuestas.

En este sentido, el apartado cuarto del preámbulo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, expone lo siguiente:

«(...) la reforma incorpora también una revisión de la regulación de la suspensión de la ejecución de la pena, que tiene como finalidad esencial dotarla de una mayor flexibilidad y facilitar una tramitación más rápida de esta fase inicial de la ejecución de las penas de prisión. La experiencia venía poniendo de manifiesto que la existencia de antecedentes penales no justificaba en todos los casos la denegación de la suspensión, y que era por ello preferible la introducción de un régimen que permitiera a los jueces y tribunales valorar si los antecedentes penales del condenado tienen, por su naturaleza y circunstancias, relevancia para valorar su posible peligrosidad y, en consecuencia, si puede concedérsele o no el beneficio de la suspensión; y que el mismo criterio debía ser aplicado en la regulación de la revocación de la suspensión».

Ahora bien, tal y como dispone la Audiencia Provincial de Madrid en su auto n.º 655/2021, de 6 de mayo, ECLI:ES:APM:2021:2229A, la suspensión de la ejecución de la pena se constituye «como una modalidad alternativa de cumplimiento material de la pena privativa de libertad (STC n.º 81/2014, de 28/05), cuyo fin es lograr la reinserción social del penado (...), siendo que su finalidad última reside en evitar los efectos perjudiciales que conlleva la entrada en prisión, no sólo desde el punto de vista de la afección personal y familiar, sino también atendiendo a la evolución desfavorable que puede suponer la convivencia con otros reos y la estigmatización social que puede suponer haber permanecido en un establecimiento penitenciario».

A título ilustrativo, podemos destacar un caso de estafa intentada en concurso con un delito de daños en el que concurren las condiciones exigidas en los artículos 80 y 81 del Código Penal para la suspensión de la pena privativa de libertad, puesto que la pena no es superior a dos años y, en consecuencia, «se acuerda la suspensión de la pena privativa de libertad desde esta fecha por plazo de dos años y siete meses al penado (...), condicionada a que durante un periodo de dos años no delinca, que comienza a correr desde el día de hoy, y asimismo condicionada al pago de la responsabilidad civil en plazos mensuales de 400». Sentencia del Juzgado de lo Penal de Pamplona/Iruña n.º 263/2016, de 5 de octubre, ECLI:ES:JP:2016:117.

CUESTIÓN 

¿Qué es una resolución motivada?

Según el apartado tercero del artículo 120 de la Constitución Española, «las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública».

En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo n.º 156/2010, de 3 de febrero, ECLI:ES:TS:2010:972, señala que dicha necesidad de motivación dimana de la interacción entre:

a. La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

b. El derecho a la tutela judicial efectiva.

c. El derecho a la presunción de inocencia.

d. El derecho a los recursos.

Además, la jurisprudencia concreta que hay 3 aspectos que debe abarcar la motivación de la sentencia penal:

• Relato de hechos probados.
• Subsunción de los hechos en el tipo penal aplicado (los elementos descriptivos y normativos, tipo objetivo y subjetivo, circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal).
• Consecuencias punitivas y civiles en el supuesto de condena.

Requisitos del apartado segundo del artículo 80 del Código Penal

«2. Serán condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena, las siguientes:

1.ª Que el condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136. Tampoco se tendrán en cuenta los antecedentes penales correspondientes a delitos que, por su naturaleza o circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros.

2.ª Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años, sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa.

3.ª Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia conforme al artículo 127.

Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el decomiso acordado, y sea razonable esperar que el mismo será cumplido en el plazo prudencial que el juez o tribunal determine. El juez o tribunal, en atención al alcance de la responsabilidad civil y al impacto social del delito, podrá solicitar las garantías que considere convenientes para asegurar su cumplimiento».

En suma, para dejar en suspenso la ejecución de la pena es necesario que se den las siguientes circunstancias:

• El condenado haya delinquido por primera vez (no condenas por delitos imprudentes, delitos leves, antecedentes penales cancelados, o debieren serlo, ni delitos que por su naturaleza o circunstancias, sean irrelevantes para analizar la probabilidad de comisión de delitos futuros).
• La pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años (sin incluir el impago de multa).
• Satisfacción de las responsabilidades civiles originadas.
• Efectividad del decomiso acordado.

Si bien, este último requisito se estimará cumplido cuando el condenado se comprometa a satisfacer la responsabilidad civil conforme a su capacidad económica y a facilitar el decomiso resuelto, y se entienda que el mismo se cumplirá en el plazo determinado por el juez o tribunal.

Asimismo, el juez o tribunal podrá solicitar las garantías que considere oportunas para asegurar su cumplimiento, tomando en consideración:

• El alcance de la responsabilidad civil.
• El impacto social del delito.

Sin perjuicio de lo anterior, aunque no concurran las condiciones (1.ª y 2.ª) del apartado segundo del artículo de referencia, el juez o tribunal podrá acordar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a cinco años de los penados que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia de las sustancias referidas en el numeral 2.º del artículo 20 del Código Penal —es decir, bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, u otras que produzcan efectos análogos—, siempre que se certifique suficientemente (por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado) que el condenado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de resolver sobre la suspensión. En este caso, el juez o tribunal podrá determinar que se efectúen las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de los anteriores requisitos.

No obstante, en el supuesto de que el condenado se encuentre sometido a tratamiento de deshabituación, también se condicionará la referida suspensión a que no abandone el tratamiento hasta su finalización (no se entenderán abandono las recaídas en el tratamiento si no evidencian un abandono definitivo de dicho tratamiento).

CUESTIONES

1. ¿Qué dispone el artículo 136 del Código Penal en relación a la cancelación de los antecedentes penales?

Según el apartado primero del artículo 136 del antedicho texto legal, los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia (de oficio o a instancia de parte) la cancelación de sus antecedentes penales cuando hayan transcurrido, sin haber vuelto a delinquir, los siguientes plazos:

• Seis meses (penas leves).
• Dos años (penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes).
• Tres años (restantes penas menos graves inferiores a tres años).
• Cinco años (restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años).
• Diez años (penas graves).

2. ¿Qué establece el artículo 127 de la norma penal con respecto al decomiso?

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 127 del Código Penal, toda pena impuesta por un delito doloso conllevará la pérdida de:

• Los efectos que de él provengan.
• Los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado.
• Las ganancias provenientes del delito (cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar).

Además, el juez o tribunal podrá acordar lo anterior en los supuestos en los que legalmente se establezca una pena privativa de libertad superior a un año por la comisión de un delito de imprudente.

Ahora bien, si no fuese posible el decomiso de dichos bienes, se acordará el decomiso de otros bienes por una cantidad que corresponda a,

• El valor económico de los bienes.
• Las ganancias que se obtuvieran con los bienes.

De igual manera, se actuará cuando se acuerde el decomiso de bienes, efectos o ganancias determinados, cuyo valor sea inferior al que tenían en el momento de su adquisición.

Excepción del apartado tercero del artículo 80 del Código Penal

«3. Excepcionalmente, aunque no concurran las condiciones 1.ª y 2.ª del apartado anterior, y siempre que no se trate de reos habituales, podrá acordarse la suspensión de las penas de prisión que individualmente no excedan de dos años cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen.

En estos casos, la suspensión se condicionará siempre a la reparación efectiva del daño o la indemnización del perjuicio causado conforme a sus posibilidades físicas y económicas, o al cumplimiento del acuerdo a que se refiere la medida 1.ª del artículo 84. Asimismo, se impondrá siempre una de las medidas a que se refieren los numerales 2.ª o 3.ª del mismo precepto, con una extensión que no podrá ser inferior a la que resulte de aplicar los criterios de conversión fijados en el mismo sobre un quinto de la pena impuesta».

Como excepción, los jueces o tribunales podrán acordar la suspensión de las penas de prisión que individualmente no excedan de dos años, aunque no concurran las condiciones (1.ª y 2.ª) del apartado segundo del artículo de referencia del Código Penal, cuando no se trate de reos habituales y así lo aconsejen las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en concreto, el esfuerzo para reparar el daño causado.

En dichos supuestos la suspensión de la ejecución de la pena se supeditará a la reparación efectiva del daño, indemnización del perjuicio causado de acuerdo a sus posibilidades físicas y económicas, o al cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación (artículo 84.1.1.ª del CP). Igualmente, se impondrá siempre, con una extensión que no podrá ser inferior a la que resulte de aplicar los criterios de conversión fijados en el mismo sobre un quinto de la pena impuesta, una de las siguientes medidas:

• El pago de una multa (artículo 84.1.2.ª del CP).
• La realización de trabajos en beneficio de la comunidad (artículo 84.1.3.ª del CP).

A TENER EN CUENTA. En el caso de delitos que solo pueden ser perseguidos previa denuncia o querella del ofendido, los jueces y tribunales oirán a este y, en su caso, a quien le represente, antes de conceder los beneficios de la suspensión de la ejecución de la pena. Artículo 80.6 del CP.

CUESTIONES

1. ¿En qué consiste el TBC? ¿ Y la imposición de una multa?

El Diccionario del Español Jurídico de la RAE define:

a. El TBC como «trabajo consistente en una cooperación no retribuida que ha de prestar el penado en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas, así como en la participación del penado en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares».

b. La multa como «pena pecuniaria que supone la obligación de pago de una cantidad de dinero por parte del condenado por la comisión de una infracción penal, impuesta según el sistema de días multa o con un carácter proporcional».

Además, el trabajo en beneficio de la comunidad es una pena privativa de derechos que viene recogida en la sección 3.ª, capítulo I, título III, libro I del Código Penal, en concreto, en su artículo 49. Y, por otro lado, la pena multa se encuentra regulada en la sección 4.ª, capítulo I, título III, libro I del Código Penal, en particular, en los artículos 50 y siguientes de la misma normal penal.

2. ¿Podrán los tribunales conceder la referida suspensión sin sujeción a requisitos?

A tenor de lo dispuesto en el apartado cuarto del artículo 80 del CP: «los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo».

Plazo de suspensión del artículo 81 del Código Penal

Cumplimiento de prohibiciones y deberes de los artículos 83 y 84 del Código Penal

1. Prohibiciones y deberes

Artículo 83.1 del Código Penal

2. Prestaciones o medidas

Artículo 84 del Código Penal