El título ejecutivo judicial en la LEC
Temas
El título ejecutivo judicial en la LEC
Ver Indice
»

Última revisión
12/03/2024

El título ejecutivo judicial en la LEC

Tiempo de lectura: 12 min

Tiempo de lectura: 12 min

Relacionados:

Orden: civil

Fecha última revisión: 12/03/2024


La acción ejecutiva deberá fundarse en un título que tenga aparejada ejecución.

Regulación del título ejecutivo judicial en la LEC

Tal y como puede observarse, el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil contiene dos categorías de títulos a los que la ley otorga fuerza suficiente para obtener de los tribunales el cumplimiento de la obligación. De todos ellos, obedecen a la categoría de título ejecutivo judicial la sentencia de condena firme, los laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación, las resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales y los acuerdos logrados en el proceso, el auto que establezca la cantidad máxima reclamable en concepto de indemnización y las demás resoluciones procesales que por disposición legal lleven aparejada ejecución.

Títulos ejecutivos judiciales

 1. Sentencia de condena firme

La sentencia de condena firme se constituye como el título ejecutivo por naturaleza. Para su efectiva ejecución, será necesario que contra la misma no quepan recursos ordinarios o extraordinarios, habiéndose alcanzado, por lo tanto, su firmeza.

Cabe advertir que, tal y como se indica en el artículo 521 de la LEC, por su naturaleza, no serán susceptibles de ejecución las siguientes sentencias: 

a) Sentencias meramente declarativas. Son aquellas sentencias que se limitan a reconocer la existencia o inexistencia de un concreto derecho subjetivo o relación jurídica.

b) Sentencias constitutivas. Las que se limitan a declarar el derecho y a constituir una nueva situación jurídica entre las partes, o modifican o extinguen la existente. En este sentido y en relación con las sentencias constitutivas firmes, el apartado 2.º del artículo 521 de la LEC posibilita que, mediante su certificación y, en su caso, el mandamiento judicial oportuno, puedan permitir inscripciones y modificaciones en Registros públicos sin necesidad de que se despache ejecución. 

A TENER EN CUENTA. El apartado 3.º del artículo 521 de la LEC contiene una excepción a lo antedicho para aquellos casos en los que, una sentencia constitutiva también contenga pronunciamientos de condena, en cuyo caso, éstos se ejecutarán del modo previsto para ellos en la Ley.  

Asimismo, y de conformidad con lo preceptuado en el apartado 4.º del artículo 521 de la LEC, las sentencias dictadas en acciones colectivas o individuales por las que se declare la nulidad, cesación o retractación en la utilización de condiciones generales abusivas, se remitirán de oficio por el órgano judicial al Registro de Condiciones Generales de la Contratación, para su inscripción.

Por último, cabe advertir que, en relación con las sentencias constitutivas, a través del artículo 522 de la LEC el legislador preceptúa su obligado acatamiento y cumplimiento dejando abierta la posibilidad de que, en caso contrario, se acuda a la tutela jurisdiccional al estipular lo que sigue: 

«1. Todas las personas y autoridades, especialmente las encargadas de los Registros públicos, deben acatar y cumplir lo que se disponga en las sentencias constitutivas y atenerse al estado o situación jurídicos que surja de ellas, salvo que existan obstáculos derivados del propio Registro conforme a su legislación específica.

2. Quienes hayan sido parte en el proceso o acrediten interés directo y legítimo podrán pedir al tribunal las actuaciones precisas para la eficacia de las sentencias constitutivas y para vencer eventuales resistencias a lo que dispongan». 

CUESTIÓN

A tenor de lo preceptuado en el punto 1.º del artículo 517.2 de la LEC, ¿debemos entender que no es posible instar la ejecución de una sentencia que se encuentre pendiente de la resolución de un recurso?

No. La sentencia que se halle pendiente de la resolución de un recurso podrá ser objeto de ejecución, sí, pero provisional, siempre y cuando dicha sentencia no se encuentre entre las mencionadas en el artículo 525 de la LEC relativo a las sentencias no provisionalmente ejecutables, y ajustándose su ejecución a las disposiciones contenidas en el artículo 526 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. Laudos o resoluciones arbitrales y acuerdos de mediación

Si bien es cierto que no podemos hablar de laudos o resoluciones arbitrales y acuerdos de mediación como títulos judiciales en sentido estricto, sí se «homologan» a estos, siempre y cuando, en el caso de los acuerdos de mediación, cumplan la regla prevista en el punto 2 del apartado 2.º del artículo 517 de la LEC, y hayan sido elevados a escritura pública de acuerdo con la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles toda vez que, la escritura pública, ya tiene de por sí carácter de título de ejecución.

CUESTIÓN

¿Qué órgano será el competente para el conocimiento de la ejecución de acuerdos de mediación? 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y 545.2 de la LEC, resultará competente para conocer del proceso de ejecución el juzgado ante el que se seguía el proceso, en aquellos supuestos en los que nos encontremos con mediación intrajudicial. Para los casos de medicación extrajudicial, la competencia recaerá sobre el juzgado de primera instancia del lugar en el que el acuerdo objeto de mediación objeto de ejecución hubiere sido firmado. 

3. Resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales y acuerdos durante el proceso

Constituyen también título ejecutivo judicial las resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales y acuerdos logrados en el proceso, acompañadas, si fuera necesario, de los correspondientes testimonios de las actuaciones. 

A TENER EN CUENTA. Este precepto debe ponerse en relación con el apartado 2.º del artículo 19 de la LEC, regulador de la disposición de las partes sobre el objeto del proceso, y con los apartados segundos de los artículos 415 y 428 de la LEC, relativos a las transacciones judiciales o acuerdos alcanzados por las partes en la audiencia previa del juicio ordinario.

4. Autos que contengan la cantidad máxima reclamable en concepto de indemnización

Con arreglo al punto octavo del apartado 2.º del artículo 517 de la LEC, constituye título ejecutivo con fuerza suficiente para obtener de los tribunales el cumplimiento de la obligación contenida en el mismo, el auto que establece la cantidad máxima reclamable en concepto de indemnización, dictado en los supuestos previstos por la ley en procesos penales incoados por hechos cubiertos por el seguro obligatorio de responsabilidad civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor.

A TENER EN CUENTA. En la actualidad, este título ha caído prácticamente en desuso a consecuencia directa de la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo por la que se produce la despenalización de las faltas en el Código Penal

5. Resoluciones procesales que por disposición legal lleven aparejada ejecución

Un claro ejemplo de esta clase de título ejecutivo judicial es el auto aprobatorio del allanamiento parcial al que se refiere el apartado 2.º del artículo 21 de la LECal establecer este precepto por disposición legal su ejecutividad: «(...) Este auto será ejecutable conforme a lo establecido en los artículos 517 y siguientes de esta Ley».

Asimismo, en cierta medida, también lo será el título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, establecido por el Reglamento CE 805/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004. El objeto de éste último era crear un título ejecutivo para créditos no impugnados que permitiese, mediante la fijación de normas mínimas, la libre circulación en todos los Estados miembros de resoluciones, transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, sin que deba llevarse a cabo ningún procedimiento intermedio en el Estado miembro de ejecución para el reconocimiento y ejecución, cuya regulación se encuentra recogida en la disposición final vigésimo primera de la LEC, de medidas para facilitar la aplicación en España del meritado reglamento.

Por su parte, la resolución aprobatoria de la tasación de costas obtenida en virtud de la impugnación de esta también constituye otro ejemplo de este tipo de títulos ejecutivos judiciales a tenor de lo previsto en los artículos 34 y 35 de la LEC

Acción ejecutiva fundada en sentencia de condena sin determinación individual de los beneficiarios

El artículo 519 de la LEC, contempla un supuesto especial en materia de consumidores y usuarios, en referencia a aquellos supuestos en los que la demanda objeto de ejecución haya sido interpuesta por asociaciones de consumidores o usuarios haciendo uso de la legitimación que contempla el artículo 11 de la LEC. En estos casos, si bien es cierto que la Ley preceptúa la obligación de que, si se hubiere pretendido una condena dineraria, de hacer o de no hacer, la sentencia estimatoria determine individualmente los consumidores y usuarios que hayan de entenderse beneficiados por la condena, también se contempla la posibilidad de que dicha determinación no resultare posible, en cuyo caso, la ley impone la obligación de que en la sentencia se establezcan los datos, características y requisitos que han de concurrir para poder exigir el pago y, en su caso, instar la ejecución o intervenir en ella (artículo 221 de la LEC), siendo, estos concretos supuestos, a los que se refiere el artículo 519 de la LEC

A TENER EN CUENTA. El art. 519 de la LEC ha sido modificado por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, con entrada en vigor el 20 de marzo de 2024, añadiendo 5 nuevos apartados (del 2 al 6).

Así pues, a través del contenido establecido en el artículo 519, nuestro legislador legitima a aquellos consumidores y usuarios que, no habiendo sido parte en el proceso por el que deviene la resolución que se pretende ejecutar, se hayan comprendidos dentro de su pronunciamiento (como consumidores), posibilitando así que estos obtengan un título de ejecución a su favor, título que adoptará forma de auto. Reza el artículo 519.1 de la LEC:  

«1. Cuando las sentencias de condena a que se refiere la regla primera del artículo 221 no hubiesen determinado los consumidores o usuarios individuales beneficiados por aquélla, el tribunal competente para la ejecución, a solicitud de uno o varios interesados y con audiencia del condenado, dictará auto en el que resolverá si, según los datos, características y requisitos establecidos en la sentencia, reconoce a los solicitantes como beneficiarios de la condena. Con testimonio de este auto, los sujetos reconocidos podrán instar la ejecución. El Ministerio Fiscal podrá instar la ejecución de la sentencia en beneficio de los consumidores y usuarios afectados».

En este sentido resulta de interés traer a colación la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra n.º 292/2019, de 22 de mayo, ECLI:ES:APPO:2019:1097en la que los magistrados de la sala hacen referencia a la eficacia de cosa juzgada en los casos de acciones de tutela de derechos de consumidores y usuarios que no han sido determinados en sentencia. Así, reza la sala que: 

«(...) en el caso de las acciones para la tutela de derechos de consumidores indeterminados o no fácilmente determinables, la eficacia de cosa juzgada tampoco se producirá frente a los no personados, sin perjuicio de que puedan hacer valer sus derechos o intereses conforme a lo dispuesto en los arts. 221 y 519 LEC o, en su caso, ejercer las acciones individuales. Con la particularidad de que, en los casos en que, como presupuesto de la condena o como pronunciamiento principal o único, se declare ilícita o no conforme a la ley una determinada actividad o conducta, 'la sentencia determinará si, conforme a la legislación de protección a los consumidores y usuarios, la declaración ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el proceso correspondiente' ( art. 221.1-2º LEC ). Como dijimos en la indicada sentencia 375/2010, de 17 de junio , 'el requisito de la identidad subjetiva para determinar la concurrencia de litispendencia o cosa juzgada [...] debe determinarse en función de los sujetos perjudicados en quienes se concrete el ejercicio de la acción».

Tras la mentada reforma llevada a cabo por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, a partir del 20 de marzo de 2024, en el caso de las demandas en las que se ejerciten acciones individuales relativas a condiciones generales de contratación, sin perjuicio de que se pueda optar por acudir al procedimiento declarativo, el art. 519.2 de la LEC regula la posibilidad de que los efectos de una sentencia que reconozca una situación jurídica individualizada puedan extenderse a otras cuando concurran las circunstancias enumeradas a continuación:

  • Los interesados deben encontrarse en una situación jurídica idéntica a los favorecidos por el fallo.
  • Debe de tratarse del mismo demandado, o de quién lo haya sustituido en su posición.
  • No debe ser necesario llevar a cabo un control de transparencia de la cláusula, ni valorar la existencia de vicios en el consentimiento del contratante.
  • Las condiciones generales de contratación deben de tener identidad sustancial con las conocidas en la sentencia cuyos efectos se pretenden extender.
  • El órgano jurisdiccional sentenciador o competente para la ejecución de la sentencia cuyos efectos se pretenden extender, debe ser también competente para conocer de la pretensión por razón del territorio.

CUESTIÓN

En estos supuestos, ¿qué requisitos debe cumplir la solicitud para la extensión de efectos de la sentencia?

Tal y como recoge la LEC: «En estos casos, la solicitud se planteará por medio de escrito en el que se indicará el número de procedimiento en el que se hubiera dictado la sentencia cuyos efectos se pretende extender, la concreta pretensión que podrá ser de anulación, de cantidad o ambas, la identidad de la situación jurídica y un número de cuenta bancaria en la que, eventualmente, puedan realizarse ingresos, acompañando en su caso la documentación en que funde su petición. Esta solicitud deberá formularse en el plazo máximo de un año desde la firmeza de la sentencia cuyos efectos se pretende extender».

Tras dar traslado a la parte condenada en el procedimiento previo, que podrá allanarse u oponerse, se dictará auto accediendo en todo en parte a la solicitud de extensión de efectos, estableciendo, en su caso, la cantidad debida, o rechazándola, sin que pueda reconocerse una situación jurídica distinta a la definida en la sentencia firme en cuestión.

En lo que aquí nos interesa, cabe destacar, que el art. 519.6 de la LEC dispone que, si no se cumple voluntariamente lo fijado en al auto, ingresando el importe fijado en la cuenta facilitada por el solicitante, podrá instarse la ejecución del auto que acuerde la extensión de efectos, sirviendo de título ejecutivo el testimonio del auto que acuerda la extensión de efectos.

LIBROS Y CURSOS RELACIONADOS

Ejecuciones y embargos en el orden civil. Paso a paso
Novedad

Ejecuciones y embargos en el orden civil. Paso a paso

Dpto. Documentación Iberley

17.00€

16.15€

+ Información

Los honorarios de peritos judiciales. Vías legales para su cobro
Disponible

Los honorarios de peritos judiciales. Vías legales para su cobro

José C. Balagué Doménech

18.70€

17.77€

+ Información

El derecho de desistimiento en la contratación de consumo
Disponible

El derecho de desistimiento en la contratación de consumo

Dpto. Documentación Iberley

6.83€

6.49€

+ Información

Legislación sobre consumidores y usuarios
Disponible

Legislación sobre consumidores y usuarios

Editorial Colex, S.L.

5.16€

4.90€

+ Información