Especial referencia a la ocupación ilegal de viviendas

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Civil
  • Fecha última revisión: 19/03/2019

En junio de 2018 fue publicada en el BOE la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, reformando el juicio verbal de tutela sumaria de la posesión, más conocido anteriormente, como el “interdicto de retener y recobrar la posesión”, entrando en vigor esta reforma el 2 de julio de 2018.

La reforma se centró en modificar los artículos 150, 250.1, 437 apartado 3 bis, 441 apartado 1 bis y 444 apartado 1 bis de la LEC.

El 6 de marzo de 2019 se conocía la sentencia del Tribunal Constitucional por la que desestimaba el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, contra la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación con la ocupación de viviendas ilegales.

El TC entiende que:

"la decisión judicial de proceder al desalojo de los ocupantes que puede adoptarse en el proceso sumario para la recuperación de la posesión de la vivienda instituido por la Ley 5/2018 no constituye una violación del derecho a la inviolabilidad del domicilio garantizado".

 

La reforma realizada por la Ley 5/2018, de 11 de junio ha recaído sobre la recuperación de la posesión mediante los cauces de la jurisdicción civil, pretendiendo por lo tanto dotar al procedimiento de tutela sumaria de unos mecanismos mucho más ágiles para la recuperación del derecho de los titulares.

Esta norma no introdujo un nuevo procedimiento en la LEC, sino que su finalidad fue la reforma del interdicto de recobrar la posesión, denominado proceso de tutela sumaria de la posesión, creando una submodalidad del mismo, regulándolo en el art. 250.1. 4º:

“1. Se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas siguientes:

4º Las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute.
Podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social”.

Las principales novedades de esta reforma procesal son:

  • El desalojo cautelar de los ocupantes de la vivienda
  • Posibilidad de presentación de la demanda contra ocupantes de identidad desconocida.
  • Posibilidad de notificación a los ocupantes, pese a desconocer su identidad
  • En el caso de no aportar el título jurídico que legitime la ocupación en el plazo de 5 días, se ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante.
  • El traslado de la demanda a los Servicios Sociales para evitar situaciones de exclusión social

Legitimación

a) Legitimación activa

De acuerdo con lo que establece el párrafo segundo del art. 250.1 4º de la LEC, se autoriza a plantear esta tutela sumaria de recobro de la posesión en el caso de que el demandante sea:

1. Una persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título.

2. Sea una entidad sin ánimo de lucro con derecho a poseerla.

3. O bien, se trate de las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social.

b) Legitimación pasiva

En cuanto a la legitimación pasiva, la nueva regulación en el art. 437.3 bis establece que:

“Cuando se solicitase en la demanda la recuperación de la posesión de una vivienda o parte de ella a la que se refiere el párrafo segundo del numeral 4. º del apartado 1 del artículo 250, aquélla podrá dirigirse genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la misma, sin perjuicio de la notificación que de ella se realice a quien en concreto se encontrare en el inmueble al tiempo de llevar a cabo dicha notificación. A la demanda se deberá acompañar el título en que el actor funde su derecho a poseer”.

La reforma se anticipa a la problemática habitual de la sucesión de ocupantes distintos en la vivienda de ignorada identidad que entorpece y dilata la tramitación de estos procesos, previendo en su art. 437.3bis de la LEC la posibilidad de interponer la demanda contra los ignorados ocupantes cuando se desconozca su identidad, que serán identificados en el momento de notificar mediante el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado si fuere preceptivo, así como dotando al auto de requerimiento de desalojo que se dictare de eficacia directa frente a cualquier ocupante de la vivienda.

Así pues, no cabrá la inadmisibilidad de la demanda por indeterminación de la identidad de los demandados, sino que será el propio juzgado el que, cuando vaya a notificar la cédula de emplazamiento, proceda a la identificación del ocupante, tal y como se desprende del art. 441.1 bis:

“Cuando se trate de una demanda de recuperación de la posesión de una vivienda o parte de ella a que se refiere el párrafo segundo del numeral 4.º del apartado 1 del artículo 250, la notificación se hará a quien se encuentre habitando aquélla. Se podrá hacer además a los ignorados ocupantes de la vivienda. A efectos de proceder a la identificación del receptor y demás ocupantes, quien realice el acto de comunicación podrá ir acompañado de los agentes de la autoridad. Si ha sido posible la identificación del receptor o demás ocupantes, se dará traslado a los servicios públicos competentes en materia de política social por si procediera su actuación, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados”.

Se entregará cédula de emplazamiento a la persona que se encontrara en la vivienda al tiempo de llevar a cabo esta comunicación, pero nada impide que, pese a que en el momento de la ejecución se encontrará una persona distinta, se lleve a cabo el lanzamiento de este nuevo ocupante. Y es que es una práctica habitual, la sucesión de ocupantes distintos en la vivienda de ignorada identidad que entorpece y dilata la tramitación de estos procedimientos..

→  Requisitos objetivos

La Ley 5/2018, de 11 de junio, establece, por lo tanto, una serie de requisitos en el ámbito de la legitimación, pero en el ámbito objetivo pueden establecerse también una serie de requisitos derivados del art. 250.1.4 de la LEC:

1. Que la persona demandante sea propietaria o poseedora legítima.

Se protege el derecho de posesión y no el de propiedad, razón por la cual el título posesorio no debe ser necesariamente el derecho de propiedad, pudiendo serlo cualquier otro (ej. usufructo).

No se protege la posesión de hecho, siendo requisito indispensable ser titular de un derecho a poseer. No es suficiente pues con ostentar el ius possessionis, sino que se deberá ostentar además el ius possidendi.

Recordemos que el art. 446 del CC se refiere directamente a las acciones de protección de la posesión, es decir, que todo poseedor, también el mero detentador, tiene derecho a ser respetado en su posesión. En el caso de que fuera perturbado en la misma deberá ser amparado y restituido en dicha posesión por los medios y las leyes de procedimiento establecidas.

2. Que el objeto de la pretensión sea una vivienda 

No cabe, de acuerdo con la literalidad del precepto, el ejercicio de esta pretensión de recuperación inmediata respecto de fincas que no sean viviendas. No se podrán recuperar por tanto mediante estos procedimientos trasteros o garajes o locales de negocio.
No precisa la norma legal que haya de constituir la vivienda habitual del actor. Así pues, será suficiente con que el bien inmueble despojado sea objetivamente hábil para ser usado como vivienda.

3. Que el demandante haya sido privado de la posesión sin consentimiento.

Otro de los requisitos es que el demandante se haya visto despojado de la posesión contra su voluntad. 

Para el caso de que existiera previamente un consentimiento o bien un uso tolerado no podría acudirse a este proceso, sino que en este caso estaríamos ante un proceso de desahucio por precario –art. 250.1. 2º de la LEC.

No obstante, debemos tener en cuenta que la jurisprudencia se mantenía un concepto amplio de precario, entendiendo por el mismo aquella “situación de hecho que implica o comporta la utilización gratuita de un bien ajeno cuya posesión jurídica no nos corresponde, aunque nos hallemos en la tenencia del mismo, bien por la posesión simplemente tolerada o sin un título bien en las que el título invocado resulta ineficaz para enervar el de quien reclama la restitución”.

De este modo, la problemática que puede suscitar en este caso radica en que en muchas ocasiones no concurrirán los requisitos para que el que vea perturbado su derecho de posesión acuda a la vía sumaria de este procedimiento, y, por lo tanto, la figura que va a encajar será la del procedimiento plenario de desahucio por precario.

Caducidad del procedimiento

El artículo 439.1 de la LEC establece: “No se admitirán las demandas que pretendan retener o recobrar la posesión si se interponen transcurrido el plazo de un año a contar desde el acto de la perturbación o el despojo”.

Este precepto establece claramente que el dies a quo del año de caducidad empieza a contar desde el acto del despojo del ocupante, y no desde el momento en que el despojado hubiera tenido conocimiento de ello, para el caso de que tenga conocimiento en un momento posterior. A este respecto se ha referido en numerosas ocasiones la jurisprudencia, véase entre otras las SAP de Pontevedra Sec. 1ª, núm. 27/2012, de 24 de enero o la SAP de Albacete, Sec. 1ª, núm. 115/2014, de 14 de mayo, la que establece:

“Consecuencia de lo anterior es, por un lado que el referido plazo de caducidad pueda ser apreciado de oficio a “limine litis” –y, por supuesto, en sentencia si no se hubiera realizado inicialmente- por la inactividad de la parte interesada y el transcurso del tiempo legalmente establecido; y, por otro lado, que el inicio de su compto no se encuentra condicionado al conocimiento del hecho del despojo, sino que el “dies a quo”, como reza el precepto procesal antedicho, coincide con el propio acto de la perturbación (retener) o despojo (recobrar) de la posesión”.

En conclusión, el plazo para ejercitar la acción de recuperación de la posesión por esta vía procesa sumaria caduca al año de la pérdida de la posesión, es decir, una vez transcurrido un año desde que se produce el acto de despojo.

→ Intervención de los servicios sociales

La Ley 5/2018, de 11 de junio, por medio de su disposición adicional se introduce una regulación de cooperación y coordinación entre las Administraciones Públicas competentes en materia de asuntos sociales.

“1. Las distintas Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, incorporarán, en los protocolos y planes para garantizar políticas públicas en materia de vivienda, medidas ágiles de coordinación y cooperación, especialmente con los responsables de los servicios sociales en el ámbito autonómico y local, al objeto de prevenir situaciones de exclusión residencial y para que resulte eficaz la comunicación prevista en el apartado 4 del artículo 150 y en el apartado 1 bis del artículo 441 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a fin de dar respuesta adecuada y lo más inmediata posible a aquellos casos de vulnerabilidad que se detecten en los procedimientos conducentes al lanzamiento de ocupantes de viviendas y que exigen actuaciones previas y coordinadas de las administraciones competentes.

2. Estos protocolos y planes garantizarán la creación de registros, al menos en el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma, que incorporen datos sobre el parque de viviendas sociales disponibles para atender a personas o familias en riesgo de exclusión.”

En la nueva regulación del proceso de desahucio por impago de rentas u otras cantidades debidas del nuevo Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (en vigor desde el 6 de marzo de 2019), no se prevé aquí la suspensión temporal del proceso hasta que los servicios sociales adopten las medidas sociales oportunas; sin perjuicio de que pueda aplicarse por el Letrado de la Administración de Justicia lo dispuesto en el art. 704 de la LEC.

El fallido Real Decreto Ley 21/2018 de 14 de diciembre de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Alquiler, vigente desde el 19 de diciembre de 2018 hasta el 24 de enero de 2019, introducía modificaciones en materia de desahucios de vivienda. Se había modificado el procedimiento de desahucio de vivienda cuando afectaba a hogares vulnerables, estableciendo que la determinación de vulnerabilidad produciría la suspensión del procedimiento hasta que se adoptaran las medidas que los servicios sociales estimaren oportunas dentro de un plazo máximo de un mes, o de dos meses cuando el demandante fuera persona jurídica.

Es decir, establecía que desde que fuera notificado el embargo, los servicios sociales tendrían que emitir un informe al juzgado informando de la situación en la que quedaban los desahuciados. Una vez el juzgado recibía este informe se paralizaba el procedimiento durante un mes o dos meses para buscar soluciones.

Sin embargo, con la no convalidación de este Real Decreto Ley el 22 de enero de 2019 esta modificación introducida únicamente estuvo en vigor escasamente un mes.

Eficacia de la resolución condenatoria frente a terceros ocupantes

Aborda en este punto la reforma a una de las tácticas que muchos de los ocupantes ilegales de las viviendas venían realizando, en el art. 441.1 bis de la LEC. Es práctica habitual que en el momento en el que, por fin, los titulares del derecho posesorio conseguían identificar a los ocupantes, éstos abandonaran el inmueble, y se sucedieran otros.

Se reconoce ahora que no es impedimento para la posterior ejecución de la sentencia que en el momento de llevarse a cabo el lanzamiento se encuentren en la vivienda terceros ocupantes que no hayan sido parte en el proceso:

“Contra el auto que decida sobre el incidente no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda.”

Carecerá la sentencia de eficacia de cosa juzgada tal y como establece el art. 447.2 de la LEC:

“No producirán efectos de cosa juzgada las sentencias que pongan fin a los juicios verbales sobre tutela sumaria de la posesión ni las que decidan sobre la pretensión de desahucio o recuperación de finca, rústica o urbana, dada en arrendamiento, por impago de la renta o alquiler o por expiración legal o contractual del plazo, y sobre otras pretensiones de tutela que esta Ley califique como sumarias”.

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Desalojo
Ocupación ilegal
Tutela sumaria de la posesión
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Recurso de inconstitucionalidad
Juicio sumario
Derecho a la inviolabilidad del domicilio
Interdicto de recobrar la posesión
Título jurídico
Legitimación pasiva
Desahucio por precario
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Cuerpos y fuerzas de seguridad
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Protección de la posesión
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Trastero
Falta de consentimiento
Bienes inmuebles
Sin consentimiento
Vivienda habitual
Desahucio
Plazo de caducidad
Pérdida de la posesión
Desahucio por falta de pago
Letrados de la administración
Persona jurídica
Impago de rentas
Ejecución de la sentencia

Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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