El recurso de apelación en el orden contencioso-administrativo

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 01/02/2021

El recurso ordinario de apelación, en el orden contencioso administrativo, se regula en los artículos 81 a 85, Sección 2ª, Capítulo III, Título IV, de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Materias objeto de recurso ordinario de apelación y legitimación para su interposición

Parte el artículo 81 de la LJCA de que son susceptibles de recurso de apelación las Sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.

A TENER EN CUENTA. Conforme al artículo 18, apartado 1, de la LJCA, las resoluciones judiciales dejarán de producir efectos solo cuando concurra alguno de los recursos que se prevén en las leyes, como es el recurso ordinario de apelación.

En todo caso, son susceptibles de recurso de apelación (art. 81.2 LJCA):

  • Las sentencias que declaren la inadmisibilidad del recurso de apelación planteado frente a asuntos de cuantía inferior de 30.000 euros.

JURISPRUDENCIA

Sentencia del Tribunal Constitucional, N.º 78/2011, de 06 de junio. ECLI:ES:TC:2011:78

''En el presente caso, el argumento para sostener la falta de agotamiento se fundamenta exclusivamente en el hecho de que la Sentencia impugnada señala, tal como se ha puesto de manifiesto en los antecedentes, la posibilidad de interposición de un recurso de apelación. Ahora bien, no puede obviarse la circunstancia de que la Sentencia impugnada se notificó conjuntamente con una providencia de 10 de abril de 2003 en que se señalaba que, de conformidad con el art. 81.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa (LJCA), dicha Sentencia era firme por no ser susceptible de recurso de apelación. En esas circunstancias, desde las limitadas posibilidades de control de este Tribunal sobre el particular y teniendo en cuenta que el Letrado de la Comunidad Autónoma, que es a quien compete la carga de fundamentar la concurrencia del óbice procesal cuya aplicación solicita, no ha desarrollado ningún argumento sobre la razonabilidad de la procedencia del recurso de apelación más allá de la indicación contenida en la Sentencia impugnada, debe concluirse que no era razonablemente exigible para el recurrente el haber interpuesto un recurso de apelación que si bien era indicado como procedente en la Sentencia impugnada carecía de fundamentación jurídica alguna, mientras que la declaración de irrecurribilidad contenida en la providencia de 10 de abril de 2003 se fundamentaba expresamente en la aplicación del art. 81.1 LJCA''.

Sentencia del Tribunal Constitucional, N.º 65/2011, de 16 de mayo. ECLI:ES:TC:2011:65

''(...) es momento de reseñar que, según es pacífico en la jurisprudencia de los órganos judiciales ordinarios y es punto de partida incontrovertido en las alegaciones que el Fiscal formula en este proceso constitucional, de la combinación de los arts. 81.1 a) y 81.2 a) LJCA resulta que las Sentencias de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo son susceptibles de recurso de apelación, aunque su cuantía no supere los 18.030,36 €, siempre que declaren la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo, cualquiera que sea la razón en que se funde dicha inadmisibilidad. O, dicho con otras palabras, que las Sentencias de un Juzgado de lo Contencioso- Administrativo que declaren la inadmisión de un recurso contencioso-administrativo son susceptibles de recurso de apelación cualquiera que sea su cuantía, salvo claro está las relativas a materia electoral comprendidas en el art. 8.5 LJCA. Este régimen legal encuentra su razón de ser en la mayor efectividad del derecho a obtener una resolución judicial de fondo, pues posibilita que en todos los casos - independientemente de su cuantía- en que la primera instancia concluye con una decisión judicial de cierre del proceso sin pronunciamiento sobre el fondo exista una vía de recurso para que otro órgano judicial verifique si dicha resolución judicial es conforme con el derecho de acceder a la jurisdicción y obtener una resolución de fondo sobre las cuestiones suscitadas''.

  • Las sentencias dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona. 

  • Las sentencias que resuelven litigios entre AAPP.

En este punto cabe mencionar el artículo 44 de la LJCA, que regula la interposición de recurso contencioso-administrativo entre AAPP. En estos litigios se permite a la demandante requerir a la demandada previamente al recurso, para que cese, anule, revoque el acto, modifique la actuación material o inicie la actividad a la que está obligada. Dentro de esta casuística hay que recurrir también a la LBRL, que en sus artículos 65 a 67 disponen para la problemática de actos que surjan a causa de las competencias de las Entidades locales, las AAPP del Estado o de las CCAA pueden requerir a la primera para anular el referido acto en el plazo de un mes o impugnarlo ante el orden contencioso-administrativo en los plazos que se establezcan a tal efecto. También se dispone en la LBRL para aquellos actos de las Entidades Locales que atenten contra el interés general de España la impugnación del mismo ante la jurisdicción contencioso-administrativa, función impugnatoria que recae sobre el Delegado del Gobierno.

  • Las sentencias que resuelven impugnaciones indirectas de disposiciones generales.

Siguiendo lo recogido en el artículo 25 y siguientes de la LJCA, cabe recurso contencioso-administrativo frente a las disposiciones de carácter general, y la falta de impugnación o desestimación del recurso que se hubiera formalizado frente a la disposición no impiden la impugnación de los actos.

No obstante, se contemplan una serie de casos frente a los que no cabe formalizar recurso de apelación (art. 81.1 LJCA), y estos son:

  • Los de cuantía inferior a 30.000 euros
  • Los de materia electoral comprendidos en el artículo 8º.4 de la LJCA

A TENER EN CUENTA. En el artículo 81, apartado 1, letra b, de la LJCA, se dispone literalmente no serán susceptibles de recurso de apelación las sentencias dictadas en asuntos ''relativos a materia electoral comprendidos en el artículo 8.º 4''. No obstante, si acudimos al citado precepto, carece de coherencia tal cita, ya que en el se establece: ''conocerán, igualmente, de todas las resoluciones que se dicten en materia de extranjería por la Administración periférica del Estado o por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas''. Sin embargo, el apartado siguiente, y es el de aplicación correcta, es el artículo 8.5 de la LJCA que recoge: ''corresponde conocer a los Juzgados de las impugnaciones contra actos de las Juntas Electorales de Zona y de las formuladas en materia de proclamación de candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las Juntas Electorales, en los términos previstos en la legislación electoral''.

Respecto a la legitimación para interponer recurso de apelación, es lógico que la ostentarán los que se encuentren personados en el litigo como parte demandante o demandada. Profundizando en esta facultad procesal, si leemos los artículos 19 y 21 de la LJCA, encontramos una relación de sujetos legitimados para ser parte demandante o demandada ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

A TENER EN CUENTA. Es el artículo 82 de la LJCA la que menciona la legitimación para el recurso ordinario de apelación. De manera sucinta, están legitimados en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: personas física o jurídica con interés legítimo, asociaciones, corporaciones, sindicatos o grupos e entidades, la AGE, la Administración de las CCAA, las Entidades locales, el MF, entidades de derecho público, ciudadano en el ejercicio de la acción popular (cuando lo prevea la ley), y las personas vinculadas a al mundo del deporte y reguladas en la Ley Orgánica de Protección de la Salud del Deportista y Lucha contra el Dopaje en la Actividad Deportiva.

A su vez, se considera parte demandante a las AAPP, personas o entidades con interés en el procedimiento, y las aseguradoras de las AAPP. 

Efectos del recurso de apelación y ejecución de sentencia

El artículo 121, apartado 3, de la LJCA dispone que: ''contra las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo procederá siempre la apelación en un solo efecto''.
Convive lo referenciado con el artículo 83 de la LJCA que, de manera literal, recoge:

''1. El recurso de apelación contra las sentencias es admisible en ambos efectos, salvo en los casos en que la presente Ley disponga otra cosa.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Juez, en cualquier momento, a instancia de la parte interesada, podrá adoptar las medidas cautelares que sean pertinentes para asegurar, en su caso, la ejecución de la sentencia atendiendo a los criterios establecidos en el capítulo II del Título V''.

A mayor abundamiento, el artículo 129 de la LJCA contempla hacia los interesados la posibilidad de solicitar en cualquier momento del procedimiento la adopción de medidas para asegurar la efectividad de la sentencia. En caso de impugnación de una disposición general, si se solicita la suspensión de la vigencia de preceptos impugnados, las medidas cautelares han de peticionarse en el escrito del recuso o en el de demanda. 

Así mismo, obedeciendo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 83 de la LJCA, en cuanto a la adopción de medidas cautelares para la ejecución de sentencia, debe procederse conforme a las disposiciones comunes que regula la ley para procedimientos especiales y el contencioso-administrativo. Así, la Ley contempla el derecho de los interesados a solicitar medidas para asegurar la efectivada de la sentencia y para los casos de impugnación de disposiciones generales, si se solicita la suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados, debe realizarse por escrito. El incidente cautelar se sustanciará por pieza separada y en concreto siguiendo lo dispuesto en los artículos 130 y siguientes de la LJCA

A colación de lo expuesto sobre las medidas cautelares, dispone el Alto Tribunal en Auto, Rec. 9864/1992. ECLI: ES:TS:1999:9578A:

''SEGUNDO.- La impugnación no puede prosperar en este extremo. Las medidas cautelares siguen "tamquam umbra" al proceso principal. Se caracterizan por su instrumentalidad respecto de la pretensión que en él se ejercita, y por su precariedad o temporalidad, ya que nacen con duración limitada, y con una vocación esencial de provisionalidad. 

El proceso cautelar no conduce a la "cosa juzgada", como lo hace el proceso principal sino, haciendo paráfrasis de la expresión, a la "cosa arreglada" o "cosa ajustada", en el sentido de que tiene por finalidad esencial crear una situación jurídica provisional que dure hasta que se complete el proceso principal, preservando la situación litigiosa de forma que la misma pueda esperar hasta la sentencia definitiva, por lo que se "arregla" o "ajusta" la misma, con la intención de evitar que el transcurso del tiempo pueda frustrar su resultado final.

Por no producir los efectos de cosa juzgada es aceptable tanto que se repita en cualquier momento la petición de una suspensión que ha sido denegada, como que se solicite la revocación de la medida cautelar que sí ha sido otorgada (tal y como se desprende del artículo 123.1 de la LJCA ). Es una consecuencia lógica del carácter instrumental y cautelar de toda suspensión, que debe acordarse en cualquier momento en que se evidencie la concurrencia de los requisitos que la condicionan, y dejarse sin efecto en cuanto aparezca que es innecesaria''.

Añade el artículo 84 de la LJCA que la interposición del recurso no supone la imposibilidad de ejecutar provisionalmente la sentencia recurrida por la parte favorecida (lo mismo ocurre en los demás recursos y de manera expresa se contempla para el de casación en el artículo 91 de la LJCA), siempre que con ello no se deriven situaciones irreversibles o perjuicios irreparables. 

A fin de evitar daños o perjuicios derivados de tal ejecución, se pueden acordar ciertas medidas o exigirse prestar caución o garantía. Si se exige caución, hasta que no se constituya totalmente y quede acreditada en autos, la sentencia no podrá ejecutarse provisionalmente.

A TENER EN CUENTA. Para la constitución de la caución habrá que atender a lo dispuesto en el artículo 133 de la LJCA, es decir, puede darse en cualquiera de las formas admitidas en Derecho y será requisito para que la medida cautelar produzca efectos. No obstante, no habrá obligación de prestar caución en los casos en que quien inste la ejecución provisional sea la Administración. 

En las peticiones de ejecución provisional se hará previa audiencia de las partes por un plazo común de cinco días y se resolverá por el Juez en el plazo de los cinco días siguientes. 

A TENER EN CUENTA. En la ejecución provisional de sentencias hay que prestar atención también a lo dispuesto en el artículo 106 de la LJCA, para los casos de condena a la Administración al pago de cantidades líquidas. En esos casos, transcurridos tres meses desde la firmeza de la sentencia se puede solicitar por el interesado la ejecución forzosa y si la AP demandada considerase que la ejecución de sentencia supone un grave trastorno para Hacienda lo ha de poner en conocimiento del Juez junto con una propuesta de forma menos gravosa.

Respecto a la ejecución de sentencias recoge la Sentencia del Tribunal Supremo, Rec. 4175/2010, de 01 de diciembre de 2011. ECLI: ES:TS:2011:8423:

''(...) debe existir una tendencia a la ejecución, que sólo será limitada cuando resulte susceptible de causar perjuicios de difícil o imposible reparación, en relación con la situación a que puede dar lugar, a juicio del órgano judicial. Muy claro en este sentido resulta el primer apartado de los artículos 84 y 91 LJCA , ambos de idéntico tenor literal, cuando afirman que la interposición o preparación del recurso de apelación o de casación, respectivamente, "no impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida". Así, los intereses que deben ponderarse serían tres: el interés del vencedor a la ejecución -si bien provisional- de lo juzgado, con el fin de obtener la ventaja reconocida en el fallo (y de evitar que la Administración vencida haga un uso fraudulento de los recursos que están en sus manos con finalidad dilatoria); el interés de la Administración -- también titular del derecho a la tutela judicial efectiva que su posición constitucional no sea irreversiblemente perturbada en el eventual caso de que la casación fuere estimada; y el interés del juez a la ejecución de sus sentencias, como función encomendada constitucionalmente por el artículo 117.3 CE. El primero y el tercero de estos intereses aconsejan la ejecución provisional, y así será, salvo que el segundo de ellos pueda resultar inalterable o gravemente perjudicado.

(...)

Esta línea doctrinal ha encontrado plena acogida en la jurisprudencia de esta Sala, expresada entre otras muchas en su sentencia de 25 de julio del 2007 , en cuyo fundamento jurídico cuarto establece:

"El derecho a la ejecución provisional se regula en el artículo 91 de la LRJCA , donde se establece un principio general favorable a la ejecución, y en este sentido, como señala la STS de 5 de noviembre de 1999 --estableciendo doctrina que, aunque referida al artículo 98 de la anterior normativa, es plenamente trasladable a la vigente--: "...las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia que se hallen pendientes de recurso de casación debidamente preparado, son en principio ejecutables, como se desprende inequívocamente de lo dispuesto en el artículo 98, tanto mediante la afirmación concreta en cuanto a esa posibilidad que contiene el párrafo primero del mismo, como en atención a lo que se ordena con respecto a la conservación del testimonio necesario para llevarla a cabo que se especifica en el párrafo segundo.

Esta es la doctrina general que indiscutiblemente ha de primar en relación con el tema, y que se halla en congruencia perfecta con la presunción de veracidad y acierto que ha de atribuirse a las resoluciones judiciales en la instancia.

La evolución legislativa en materia de ejecución provisional de sentencias no firmes ha llegado a disociar, como ponen de relieve nuestros procesalistas, las nociones de firmeza y de ejecutabilidad de las sentencias. Se trata ahora de conceptos independientes, y cada uno de ellos actúa en su esfera propia.

El ordenamiento procesal permite hoy como regla general la ejecución de resoluciones judiciales que no han adquirido firmeza; es decir, de resoluciones que, siendo susceptibles de recurso, han sido efectivamente recurridas. Es ese el punto de partida de la ejecución provisional a discutir en este motivo, en el que nos encontramos, además, ante una sentencia recurrida en la vía limitada y extraordinaria que representa la casación contencioso-administrativa, lo que acentúa las posibilidades de ejecución provisional''.

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Administración local
Ejecución de la sentencia
Ejecución provisional
Caución
Protección de los derechos fundamentales
Jurisdicción contencioso-administrativa
Ejecución de sentencia
Sindicatos
Acción popular
Interés legitimo
Deporte
Asegurador
Sentencia definitiva
Daños y perjuicios
Ejecución forzosa
Cantidad líquida
Ejecución provisional de la sentencia
Derecho a la tutela judicial efectiva
Presunción de certeza
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