Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 03/03/2016

No es el trabajador quien debe organizar el trabajo y se atribuye en exclusiva al empresario la «dirección y control de la actividad laboral» (Art. 20 ,ET), imponiendo a éste el cumplimiento del «deber de protección»  mediante el que deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo,e incluso, aunque concierte con entidades especializadas en prevención complementaria, ello no le exime «del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona» (aprts. 2 y 4 Art. 14 ,LPRL) -- y, en suma, preceptuarse que «la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador» (apdo. 4, Art. 15 ,LPRL). STSJ 03/11/2013 Cataluña (R. 2181/2013 - TSJ Cataluña, Sala de lo Social, nº 7136/2013, de 04/11/2013, Rec. 2181/2013 -).

 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), La Ley General de Seguridad Social (LGSS), la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), el Estatuto de los Trabajadores (ET) y demás normas de desarrollo, regulan las obligaciones y responsabilidades en materia preventiva para todas las partes implicadas en la relación laboral.

Debemos partir del artículo 19 del ET, de acuerdo con este precepto, el trabajador tiene derecho a una protección eficaz en materia de Seguridad e Higiene en la prestación de sus servicios laborales. Este derecho del trabajador supone una obligación correlativa por parte del empresario de facilitarle los medios necesarios para que las condiciones óptimas de Seguridad e Higiene.

La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), dedica el capítulo III a regular las obligaciones del empresario derivadas del derecho que tienen los trabajadores a la Seguridad y Salud en el trabajo, sin perjuicio de que a lo largo de la Ley, se recojan también otras obligaciones esparcidas por el articulado.

El art. 2.9 de la LISOS se responsabliza a los servicios de prevención ajenos, entidades auditoras y entidades formativas, del incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, están obligados a asegurar que estos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos (arts. 42-44).

Sujetos responsables en la Prevención de Riesgos Laborales

Teniendo en cuenta la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales, podemos decir que el incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral puede generar distintos tipos de responsabilidades jurídicas atendiendo al sujeto responsable y a la infracción de que se trate.

Son sujetos responsables de las infracciones en Prevención de Riesgos Laborales:

  • Empresarios
  • Promotores y propietarios de obra
  • Servicios de prevención ajenos.
  • Entidades auditoras ajenas a las empresas
  • Entidades formativas ajenas a las empresas
  • Trabajadores por cuenta propia y ajena.
  • Fabricantes, importadores y suministradores.

1.- Responsabilidad empresarial

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, puede dar lugar a distintos tipos de responsabilidad, atendiendo a la infracción de que se trate. En este sentido, cabe distinguir:

  • Responsabilidad administrativa.
  • Responsabilidad penal.
  • Responsabilidad civil derivada de los daños y perjuicios causados por dicho incumplimiento.
  • Responsabilidad basada en el recargo en las prestaciones.

La responsabilidad administrativa, es compatible con la civil y con la basada en el recargo en las prestaciones.

Particularidades:

La empresa principal responde solidariamente con los contratistas y subcontratistas del cumplimiento, durante el periodo de la contrata, de las obligaciones sobre prevención de riesgos laborales impuestas en relación con los trabajadores que aquellos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal.

En la relaciones de trabajo con ETT´s, la empresa usuaria responde de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, así como del recargo de prestaciones económicas que puedan fijarse en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional que tenga lugar en su centro de trabajo durante el tiempo de vigencia del contrato de puesta a disposición y tengan su causa en la falta de medidas de seguridad e higiene. V

La Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social considera sujetos responsables de la infracción en prevención de riesgos laborales a los empresarios titulares del centro de trabajo, promotores y propietarios de obra y trabajadores por cuenta propia que incumplan las obligaciones que se deriven de la normativa de prevención de riesgos laborales. Ver caso práctico Determinación del intervalo entre mediciones periódicas para el cálculo del riesgo de exposición.

Es necesaria la existencia de nexo causal entre el siniestro del que trae causa el resultado lesivo para la vida o integridad física de los trabajadores y la conducta pasiva del empleador consistente en omitir aquellas medidas de seguridad impuestas por normas reglamentarias respecto a máquinas, instrumentos o lugares de trabajo, excluyéndose la responsabilidad empresarial cuando la producción del evento acontece de manera fortuita, de forma imprevista o imprevisible, sin constancia diáfana del incumplimiento por parte del empleador de alguna prevención. Ver sentencias nº TSJ Andalucia, de 12/02/2002

2.- Responsabilidad de los trabajadores

El incumplimiento por los trabajadores de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, puede dar lugar a distintos tipos de responsabilidad, atendiendo a la infracción de que se trate. En este sentido, cabe distinguir:

  • Responsabilidad disciplinaria (art. 29.3, LPRL).
  • Responsabilidad civil derivada de los daños y perjuicios causados por dicho incumplimiento.

3.- Responsabilidad de los servicios de prevención ajenos, entidades auditoras y entidades formativas

La Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social considera sujetos responsables de infracciones en prevención de riesgos laborales a las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos, personas o entidades auditoras y entidades formativas que incumplan las obligaciones establecidas en la normativa sobre dicha materia (art. 2).

El incumplimiento por los servicios de prevención ajenos, personas o entidades auditoras y entidades formativas de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, puede dar lugar a distintos tipos de responsabilidad, atendiendo a la infracción de que se trate. En este sentido, cabe distinguir:

  • Responsabilidad administrativa.
  • Responsabilidad penal.
  • Responsabilidad civil derivada de los daños y perjuicios causados por dicho incumplimiento.

4.- Responsabilidad de fabricantes, importadores y suministradores

Los fabricantes, importadores y suministradores pueden incurrir en responsabilidad derivada del incumplimiento de sus obligaciones en prevención de riesgos laborales relativas a asegurar que la maquinaria, productos y útiles de trabajo no constituyan fuente de peligro para el trabajador ni factores de riesgo, siempre que sean instalados y utilizados en la forma y para los fines que fueron recomendados.

El incumplimiento por los fabricantes, importadores y suministradores de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, puede dar lugar a distintos tipos de responsabilidad, atendiendo a la infracción de que se trate. En este sentido, cabe distinguir:

  • Responsabilidad administrativa.
  • Responsabilidad penal.
  • Responsabilidad civil derivada de los daños y perjuicios causados por dicho incumplimiento.
Tipos de responsabilidad

Los sujetos responsables de infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, pueden incurrir en distintos tipos de responsabilidad en función de la infracción de que se trate. En este sentido cabe destacar:

a)Responsabilidad administrativa: Surge de las acciones u omisiones de los empresarios al incumplir las normas legales en materia de prevención de riesgos laborales, así como el incumplimiento de reglamentos o de las cláusulas de los convenios colectivos en dicha materia, distinguiendo entre:

  • Infracciones leves.
  • Infracciones graves.
  • Infracciones muy graves.

La Ley de Infracciones y sanciones en el orden social (art. 5. 2, LISOS), establece que son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos laborales, las acciones u omisiones de los diferentes sujetos responsables que incumplan normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad y salud laboral sujetas a responsabilidad conforme a dicha Ley.

La autoridad laboral actúa a raíz de una propuesta de sanción procedente de la Inspección de Trabajo, basada en el incumplimiento por parte del empresario de las obligaciones establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La responsabilidad administrativa no es compatible con la responsabilidad penal.

Procedimiento sancionador se puede iniciar: Inspección de trabajo, Iniciativa propia, Representantes de los trabajadores

Algunas posibilidades son: acciones con omisiones de los empresarios, las de las entidades que actúen como servicios de prevención ajenos a las empresas, las auditorías y las formativas en dicha materia y ajenas a las empresas, así como los promotores y propietarios de obra y los trabajadores por cuenta propia que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia seguridad y salud laboral. Estas infracciones serán objeto de sanción tras la apertura del oportuno expediente a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

b) Responsabilidad penal: sanciona las conductas claramente agresivas contra la salud de los trabajadores.

En este sentido, el Código Penal establece que, los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, incurrirán en un delito contra la salud de los trabajadores.

El Código Penal distingue dos supuestos:

  • Infracción de las normas de prevención con peligro para la vida o integridad física de los trabajadores (art. 316, CP). En este supuesto, no es necesario que se produzcan daños, es suficiente el hecho de haber creado y aceptado la situación de peligro.
  • Infracción de las normas de prevención por imprudencia grave con peligro para la vida o integridad física de los trabajadores (art. 317, CP).

Las penas previstas para este tipo de delitos son privación de libertad de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses.

La responsabilidad penal es incompatible con la administrativa. Un mismo hecho no puede ser sancionado dos veces (vía penal y administrativa).

c) Responsabilidad civil: la responsabilidad civil establece la obligación de indemnizar el daño o perjuicio causado por una actuación imprudente o negligente. En el orden civil podrá reclamarse al empresario por daños y perjuicios que tengan su causa en el incumplimiento de sus obligaciones preventivas.

Los supuestos de responsabilidad civil aplicables son los siguientes:

  • Culpa contractual (art. 1101 CCiv): establece la indemnización por los daños y perjuicios causados por los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurran en dolo, negligencia o morosidad, y los que las incumplan, siempre que exista vínculo contractual con el perjudicado.
  • Culpa extracontractual (art. 1902 CCiv): Establece indemnización al que por acción u omisión causa daño a otro con el que no tiene vínculo contractual, interviniendo culpa o negligencia.

La responsabilidad civil, es compatible con la administrativa, con la penal y con la derivada del recargo en las prestaciones.

c) Recargo en las prestaciones: la Ley General de la Seguridad Social (art. 123, LGSS) , establece la responsabilidad directa del empresario en el recargo de las prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, que atendiendo a la gravedad de la falta, estará entre un 30 y un 50 por 100, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de las características, edad, sexo y demás condiciones del trabajador.

Esta responsabilidad es compatible con la de todo orden, incluso el penal.

AUSENCIA DE SISTEMA DE PROTECCIÓN COLECTIVA O INDIVIDUAL. RECARGO DE PRESTACIONES POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD.

Cuando quede constatado que la empresa no hubiese organizado ninguna medida de protección, ni colectiva ni individual se impondrá un recargo de prestaciones. Para los Tribunales la ausencia de norma reglamentaria que obligase a tomar medidas se suple con el deber empresarial de protección previsto en normas con rango de ley como ET, LPRL y el convenio 155 OIT. (Ver sentencia nº TSJ Cantabria, de 27/10/2000)

Plazo de prescripción para el recargo de prestaciones.

El plazo máximo legal o reglamentariamente previsto para su conclusión viene determinado en el Art. 53 ,LGSS, donde se establece que el derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los cinco años, contados desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate. no obstante, la existencia de un procedimiento penal o expediente administrativo interrumpe el plazo de prescripción de la acción. En este tipo de expedientes no se produce su caducidad por el transcurso del plazo máximo legal o reglamentariamente previsto para su conclusión, y ello es así como consecuencia de la obligación de dictar resolución expresa que a la Administración impone el art. 42.1 de la  LRJAP-PAC (la referencia debe entenderse hecha al apdo. 1 del Art. 21 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre), por lo que la interrupción del plazo de cinco años que para la prescripción del derecho al reconocimiento de las prestaciones establecido en el citado apdo. 1, Art. 53 ,LGSSse prolonga -en todos los casos en que la Administración haya cumplido su deber de dictar resolución expresa- durante todo el tiempo que medie entre la incoación y la notificación de la resolución expresa que recaiga; ello sin perjuicio del derecho del interesado a entablar las oportunas acciones judiciales a partir del momento en que la petición pueda considerarse desestimada por silencio administrativo. Ver sentencia nº TS, Sala de lo Social, de 15/09/2009, Rec. 171/2009

Declaración de la responsabilidad empresarial

Será competencia del INSS (cualquiera que sea la Entidad gestora o colaboradora que cubra la contingencia) declarar la responsabilidad empresarial que proceda por falta de alta, cotización o medidas de Seguridad e Higiene en el trabajo, y determinar el porcentaje en que, en su caso, hayan de incrementarse las prestaciones económicas (Art. 3 ,Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio).

Se considerarse la concurrencia de culpa del trabajador, supone una disminución de la responsabilidad de la empresa en el porcentaje reconocido. Ver sentencia nº TSJ Andalucia, de 08/10/1999.

Iniciación del procedimiento

El procedimiento para evaluar la incapacidad para el reconocimiento del derecho a las prestaciones económicas por invalidez permanente y a las indemnizaciones por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo, no invalidantes, se iniciará:

  • De oficio. Por propia iniciativa de la Entidad gestora.
  • A instancia de parte. Petición razonada de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o del Servicio de Salud competente para gestionar la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

Corresponderá a los/las inspectores/as de Trabajo y Seguridad Social, finalizada la actividad comprobatoria inspectora, instar del órgano administrativo competente la declaración del recargo de las prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional causados por falta de medidas de seguridad e higiene (Art. 7 ,Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social).

La falta de audiencia de la empresa responsable en el procedimiento de recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad no determina la nulidad de actuaciones, de no haber provocado indefensión. (Ver sentencias nº TS, Sala de lo Social, de 28/05/2008, Rec. 814/2007 y TS, Sala de lo Social, de 23/12/2008, Rec. 2284/2007.)

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Procedimiento sancionador
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