Sanción de expulsión del territorio nacional derivada de procedimiento sancionador en materia de extranjería

Se podrá aplicar la expulsión del territorio, en lugar de la multa, cuando se realicen conductas muy graves o cualquiera de las siguientes conductas graves:

• Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización.
• Trabajar en España sin obtener autorización de trabajo o autorización administrativa previa para trabajar, cuando no se esté en posesión de autorización de residencia.
• Incurrir en ocultación dolosa o falsedad grave en el cumplimiento de la obligación de poner en conocimiento de las autoridades competentes los cambios que afecten a nacionalidad, estado civil o domicilio, así como incurrir en falsedad en la declaración de los datos obligatorios para cumplimentar el alta en el padrón municipal a los efectos previstos en esta Ley, siempre que tales hechos no constituyan delito. 
• El incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública, de presentación periódica o de alejamiento de fronteras o núcleos de población.
• La participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al orden público previstas como graves en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo

Constituirá también causa de expulsión, la condena dentro o fuera de España por una conducta dolosa, que constituya en España un delito castigado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados. 

Como se dijo con anterioridad, en ningún caso podrán imponerse conjuntamente las sanciones de expulsión y multa. 

La expulsión conllevará, en todo caso, la extinción de cualquier autorización para permanecer legalmente en España, así como el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España del extranjero expulsado. No obstante, la expulsión podrá revocarse siempre que se cumpla alguno de los supuestos que se determinen reglamentariamente.

En el caso de las infracciones previstas en las letras a) y b) del artículo 53.1 de la LOEX, si el extranjero fuese titular de una autorización de residencia válida expedida por otro Estado miembro, se le advertirá mediante diligencia en el pasaporte, de la obligación de dirigirse de inmediato al territorio de dicho Estado, siempre y cuando no concurran razones de orden público o de seguridad nacional.

 El acuerdo de iniciación de la expulsión deberá incluir además del contenido mínimo, las siguientes consideraciones:

• El derecho del interesado a la asistencia jurídica gratuita.
• El derecho del interesado a la asistencia de intérprete si no comprende o habla las lenguas oficiales que se utilicen.
• Que el acuerdo de expulsión que pueda dictarse conllevará la prohibición de entrada en España.

El instructor podrá acordar medidas cautelares necesarias para asegurar la eficacia de la resolución, mediante acuerdo motivado.

No se podrá imponer la sanción de expulsión del territorio, salvo que la infracción cometida sea la prevista en el artículo 54, letra a) del apartado 1 de la LOEX, o suponga una reincidencia en la comisión, en el término de un año, de una infracción de la misma naturaleza sancionable con la expulsión, en los siguientes casos:

• A los nacidos en España que hayan residido legalmente los últimos cinco años.
• A los residentes de larga duración.
• A los que hayan sido españoles de origen, pero hayan perdido tal condición.
• A los beneficiarios de una prestación por incapacidad permanente para el trabajo a consecuencia de un accidente o una enfermedad ocurridos en España, los que perciban una prestación contributiva por desempleo o sean beneficiarios de una prestación económica asistencial destinada a su inserción social o laboral.
• Al cónyuge del extranjero que se encuentre en alguna de las situaciones anteriores y que haya residido legalmente en España durante más de dos años, ni a sus ascendientes e hijos menores, o mayores con discapacidad.

Tampoco se podrá imponer o ejecutar la sanción de expulsión al cónyuge del extranjero que se encuentre en alguna de las situaciones señaladas anteriormente y que haya residido legalmente en España durante más de dos años, ni a sus ascendientes e hijos menores, o mayores con discapacidad que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud, que estén a su cargo. La expulsión tampoco podrá ser ejecutada cuando ésta conculcase el principio de no devolución, o afecte a las mujeres embarazadas, cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o la salud de la madre.

Como se explica en el 2.1 del Bloque 2 de la Parte IX de esta guía sobre la salida del territorio español, las penas inferiores a 5 años se sustituirán por la expulsión del extranjero de manera directa, pudiendo el juez o tribunal acordar la ejecución de una parte de la pena que no podrá ser superior a dos tercios de su extensión, sustituyendo lo restante por su expulsión, siempre que resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito. Cuando se impone una pena de mas de cinco años de prisión, o varias penas que sumadas excedan dicha dicha duración, el juez acordará la ejecución de todo o parte de la pena, en la medida en que resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma. Se sustituirá la pena de prisión por la expulsión en el momento que el penado alcance el tercer grado o la libertad condicional.

La excepción a esto, como ya vimos anteriormente, es cuando el extranjero comete alguno de los delitos de los artículos 312.1, 313.1, o 318 bis del Código Penal, ya que en estos supuestos la expulsión se llevará a efecto una vez cumplida la pena privativa de libertad.

El efecto que la expulsión producirá es la prohibición de entrada en el territorio español, durante el periodo que se acuerde atendiendo a las circunstancias de cada caso, pero su vigencia no excederá los cinco años. Excepcionalmente, cuando el extranjero suponga una grave amenaza para el orden público, la seguridad pública, la seguridad nacional o para la salud pública, podrá imponerse una prohibición de entrada de hasta diez años. Supondrá la extinción de cualquier autorización para permanecer en España y de cualquier procedimiento para conseguir la autorización de residencia o trabajo.

En cuanto a la ejecución de la resolución de expulsión, dependerá del tipo de procedimiento:

• En el procedimiento preferente la resolución se ejecutará de forma inmediata.
• En el procedimiento ordinario se habilitará un plazo de cumplimiento voluntario para que el extranjero abandone el territorio, el plazo oscilará entre siete y 30 días desde que se notifica la resolución, que podrá ser prorrogable en atención a circunstancias especiales del extranjero. Se podrá imponer un plazo inferior a 15 días de manera excepcional y debidamente motivado. Si transcurriese el plazo sin que haya abandonado el territorio, funcionarios de la Policía competentes en extranjería, procederán a su detención y conducción al punto de salida.

El coste de la expulsión se efectuará a cargo del extranjero, si dispusiese de medios económicos suficientes; y en caso de no disponer de los mismos, se comunicará esta circunstancia al representante diplomático o consular.

La salida del territorio podrá acreditarse mediante certificado emitido por funcionario del puesto fronterizo, en el que conste la identidad del extranjero, su número de pasaporte, datos del medio de transporte y fecha en que realiza el viaje.

En cuanto a la resolución del procedimiento de expulsión, cabe mencionar que habrá de ser motivada y deberá indicar los recursos que caben frente a ella, ante qué órgano y el plazo para recurrir. Además, se comunicará a la embajada o consulado del país de procedencia del extranjero y a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración