La tasación de costas en el orden contencioso-administrativo

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 27/01/2021

Las costas procesales en el orden contencioso-administrativo se encuentran reguladas en el artículo 139 de la LJCA sin perjuicio de la remisión a la LEC.

Regulación de las costas procesales en el orden contencioso-administrativo

La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en su artículo 139 dispone:

«1En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.

2. En los recursos se impondrán las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición.

3. En el recurso de casación se impondrán las costas de conformidad con lo previsto en el artículo 93.4.

4. La imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de estas o hasta una cifra máxima.

5. Para la exacción de las costas impuestas a particulares, la Administración acreedora utilizará el procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario.

6. En ningún caso se impondrán las costas al Ministerio Fiscal.

7. Las costas causadas en los autos serán reguladas y tasadas según lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil».

1. Plazo

De acuerdo con el artículo 1.964 del Código Civil«Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan».

Desde la modificación del referido artículo por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, el plazo de cinco se iguala al del orden jurisdiccional civil, pero hay que tener en cuenta que, en el orden jurisdiccional civil el plazo de cinco años es de caducidad y en el orden jurisdiccional contencioso administrativo es de prescripción.

Es decir, el plazo de caducidad no se interrumpe y es apreciable de oficio por el tribunal.

RESOLUCIONES RELEVANTES

Auto del Tribunal Supremo, rec. 1255/1999, de 10 de junio de 2010, ECLI:ES:TS:2010:7624A

«Una reiteradísima doctrina de esta Sala Tercera (de la que es muestra reciente la sentencia de 16 de enero de 2009, casación 3822/2000, que, a su vez, cita otras muchas anteriores), viene declarando que el plazo aplicable a esta clase de reclamaciones se rige por los artículos 1964 y 1971 del Código civil y, por esta razón, ha de aplicarse el de quince años [desde la modificación por la Ley 42/2015, de  5 de octubre el plazo es de 5 años] a contar desde que la sentencia quedó firme».

2. Fijación del importe

Conforme al artículo 139.4 de la LJCA:

«La imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de estas o hasta una cifra máxima».

Al respecto se pronuncia el auto del Tribunal Supremo, rec. 82/2013, de 23 de marzo de 2015, ECLI:ES:TS:2015:2600A: «En este sentido, como señala el abogado del Estado, reiterada jurisprudencia de esta Sala (AATS de 22de junio de 2006 dictado en recurso de casación 4987/2001; de 26 de septiembre de 2008 dictado en recurso de casación para unificación de doctrina 68/2002; de 16 de octubre de 2008, dictado en recurso de casación 4609/2002; de 9 de julio de 2009 dictado en recurso 1863/2006 y de 14 de julio de 2010 dictado en recurso 4534/2004) establece que la fijación en sentencia o auto de la cuantía de las costas que pueden ser reclamadas por la parte beneficiada de las mismas, conforme al artículo 139.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, hace inviable la reducción de la misma, ya que la Sala, al fijarlas, ya tomó en consideración la importancia del asunto y el trabajo realizado por el Abogado del Estado, lo que el propio Auto de 9 de julio de 2009 recoge al señalar "... es claro que si la Sala en la sentencia se refiere a esa cantidad máxima ya está valorando y admitiendo la validez de la minuta que se presenta dentro de esa cantidad máxima, obviamente lo que no impide que el favorecido por esa declaración pueda solicitar una cantidad inferior, pero si solicita esa cantidad máxima se está cumpliendo lo dispuesto en la sentencia y no se puede alterar si no es impugnando la citada sentencia". En este caso, las razones alegadas (complejidad del asunto, cuantía económica del pleito y el importe excesivo de las costas en función del trabajo realizado) son insuficientes para reducir la cuantía de las costas prefijada en sentencia y, si bien es cierto que esa cantidad se fijó como cantidad máxima (lo que no excluye que, en ciertos y justificados casos, el importe final haya de señalarse en cantidad menor) también lo es que, en el presente caso, no se da ninguna circunstancia que imponga una modificación pues las razones expuestas son las tenidas en cuenta al fijar la cuantía máxima de las costas en la propia sentencia, como se recoge en su Fundamento de Derecho sexto, al señalar que "Para la fijación de la expresada cantidad se tienen en cuenta los criterios seguidos habitualmente por esta Sala en razón de las circunstancias del asunto y de la dificultad que comporta"».

Por lo que, una vez fijadas las costas procesales en sentencia o resolución no se podrán discutir las mismas, siendo recomendable que en el escrito de alegaciones, demanda, contestación, recurso o contestación del recurso, se solicite de manera expresa la aplicación del mencionado artículo 139.4 de la LJCA.

Los honorarios de los profesionales del derecho en la tasación de costas en el orden contencioso-administrativo

1. Abogados

Los honorarios del abogado únicamente se incluirán en la tasación de costas si los mismos son preceptivos, tal y como lo dispone el artículo 241 de la LEC.

Asimismo, en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo será siempre preceptiva la intervención de abogado, excepto para el caso de los funcionarios públicos que podrán intervenir por sí mismos, en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieren a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles (artículo 23.3 de la LJCA).

Debemos tener en cuenta que en este orden jurisdiccional una de las partes del procedimiento siempre será la Administración pública, por lo que, de acuerdo con el artículo 551 de la LOPJ, esta siempre comparecerá por medio de representante legal: «La representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos, así como la representación y defensa de los órganos constitucionales cuyas normas internas no establezcan un régimen especial, corresponderá  a los Letrados de la Administración de Justicia (...)».

Por lo tanto, en este caso entendemos que en los procedimientos contenciosos-administrativo se podrá incluir siempre en la tasación de costas los honorarios del abogado, pese a que podemos encontrar sentencias en contra, como por ejemplo la sentencia de la Audiencia Nacional, rec. 217/2004, de 1 de julio de 2005, ELCI:ES:AN:2005:207A:

«De manera que refiriéndose la controversia dilucidada en el proceso a una cuestión de personal de la naturaleza expresada en dicho precepto, y no siendo imperativa, por tanto, la postulación procesal valiéndose de Procurador y letrado para la defensa de los derechos de los codemandados, tampoco cabe la inclusión en la tasación de costas de los horarios y derechos de los mismos».

Con respecto al importe de los honorarios que se deben incluir en la tasación de costas, debe procederse con especial moderación al fijar los referidos honorarios, siempre sin perjuicio de que el letrado pueda percibir de su cliente honorarios no repercutidos a la parte contraria. En este sentido se pronuncia el auto del Tribunal Supremo, rec. 644/2007, de 22 de febrero de 2012, ECLI:ES:TS:2012:1933A:

«Debe resaltarse, así mismo, que esta Sala viene repetidamente declarando que en los supuestos de imposición de costas debe procederse con especial moderación al fijar los honorarios de los Letrados, sin perjuicio de que estos puedan percibir de su propio cliente los honorarios no repercutidos a la parte contraria. Expresamente indica la Disposición General Octava de las Normas a que nos referimos que la condena en costas no implica una inversión de la carga del pago de los honorarios del Letrado, que corresponde al propio cliente, y también establece que los pactos entre Letrado y cliente no vinculan al condenado en costas.

A ello hay que añadir que tales Normas tienen un carácter meramente orientador y no resultan vinculantes para los órganos jurisdiccionales, a los que corresponde su determinación en caso de impugnación conforme establece el artículo 246.3.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, a cuyo efecto ha de atenderse a las circunstancias concurrentes en el proceso en que se hayan devengado, tales como el trabajo profesional realizado, su mayor o menor complejidad, el interés y la cuantía económica del asunto, tiempo de trabajo, alcance y efectos en el desarrollo del proceso, entre otras».

En este mismo sentido el auto del Tribunal Supremo, rec. 4570/2001, de 17 de octubre de 2013, ECLI:ES:TS:2013:10468A:

«La evaluación del trabajo profesional de los Abogados, entre ellos el Letrado Consistorial, ha de guardar concordancia con los servicios realmente prestados con adaptación a la naturaleza del procedimiento, teniendo en cuenta para su reconocimiento no un módulo cuantitativo fijo que opere automáticamente, sino una serie de factores o circunstancias tales como el trabajo profesional realizado, su mayor o menor complejidad técnica, en relación con la importancia objetiva de los intereses en juego y la cuantía económica del pleito, tiempo que requirió normalmente emplear, y los resultados obtenidos, en mérito de los servicios profesionales prestados, alcance y efectos posteriores».

2. Procuradores

Con respecto a la tasación de costas del procurador regirá la misma norma que para la tasación de las costas del abogado, solo se entenderán incluidos cuando la representación sea preceptiva de acuerdo con el artículo 241 de la LEC.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 23.1 de la LJCA, en sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su representación a un procurador y serán asistidas, en todo caso, por abogado. En este sentido, únicamente se podrán incluir en la tasación de costas los derechos de representación de procurador en las actuaciones ante órganos colegiados, ya que ante los órganos unipersonales (juzgados de lo contencioso-administrativo y juzgados centrales de lo contencioso-administrativo), no es preceptiva su intervención, es decir,  las partes pueden estar representadas por abogado, sin que se necesite, en consecuencia, la intervención de procurador en ningún momento.

El apartado 2 del artículo 23, Ley 29/1998, de 13 de julio señala que, en sus actuaciones ante órganos colegiados, las partes deberán conferir su representación a un procurador y ser asistidas por abogado. Con otras palabras: ante órganos colegiados (salas de lo contencioso de la Audiencia Nacional, de los tribunales superiores de justicia y del Tribunal Supremo) las partes, inexcusablemente, deben ser representadas por procurador, por lo que, en estos casos, sí se podrán incluir en la tasación de costas los derechos de representación del procurador.

En cuanto a los casos en los que sí es preceptiva la intervención de procurador, es interesante la lectura de la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Galicia n.º 398/2008, de 18 de junio, ECLI:ES:TSJGAL:2008:3148, que señala:

«No sería lógico y carecería de todo fundamento, excluir de la tasación de costas los derechos del Procurador cuando son debidos, en la medida en que al dimanar de actuaciones en recurso de apelación tramitado ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo, órgano judicial de carácter colegiado, resulta de aplicación tanto artículo 23,2 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio , que precisamente dispone que "en sus actuaciones ante órganos colegiados, las partes deberán conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por Abogado". Decíamos en la sentencia recaída en el P.O. 15365/08 "resulta evidente que por aquel mero imperativo normativo contenido en aquel art. 13,1 de dicha Ley núm. 52/97, de 27 de Noviembre, en relación desde luego tanto con aquellos otros arts. 23,2 y 24 de aquella otra ley núm. 29/98, de 13 de Julio; con aquel otro Art. 551,1 'ab initio' de la vigente redacción de la L.O. núm. 6/85, de 1 de Julio, así como con aquel otro art. 242,4 de la Ley núm. 1/00, de 7 de enero, debe ser incluida en aquella tasación de costas antes reseñada aquel cometido inherente a las funciones de la procuraduría en la medida en que la Abogacía del Estado ha realizado inequívocas funciones no solo de defensa sino de específica representación legal en su actuación procesal en aquella 'litis' principal antes referenciada ante este mismo órgano judicial contencioso-administrativo de carácter colegiado aquí sito, de modo que aquella impugnación por indebida de aquella partida a título de funciones de procuraduría y representación legal en aquella tasación de costas antes reseñada debe ser desde luego desestimada"».

La condena en costas en el orden contencioso-administrativo

El artículo 139 de la LJCA en su apartado 1 dispone que, en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

En este caso la problemática la encontramos en el momento en que se inadmite una demanda o recurso cuando no se ha entrado a analizar el fondo de la misma. En estos casos pueden darse dos circunstancias:

  • Que la inadmisión se considere un rechazo de las pretensiones del demandante o recurrente, por lo que de acuerdo con el mencionado artículo 139 de la LRJCA será condenado en costas por haber visto rechazadas todas sus pretensiones.
  • Que como no se ha entrado a analizar el fondo de la demanda o recurso, tampoco se han entrado a analizar las pretensiones, por lo que con la inadmisión no pueden considerarse rechazadas, por lo que no cabría la imposición de costas.

La jurisprudencia en este aspecto no es uniforme, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco nº 142/2017, de 15 de marzo de 2017, ECLI: ES:TSJPV:2017:1078, se pronuncia a favor de que el pronunciamiento de inadmisibilidad conlleva el rechazo de todas las pretensiones, por lo tanto, la condena en costas: «Con ello, debemos ratificar que, efectivamente, el pronunciamiento de inadmisibilidad conlleva el rechazo de todas las pretensiones ejercitadas por quienes fueron demandantes, lo que trasladado a las pautas del art.139.1 de la Ley de la Jurisdicción en relación con la condena en costas, al no razonarse, ni poder considerar que concurrían válidamente dudas de hechos o derecho, debe llevar a la imposición de costas a la parte demandante».

En el sentido contario, se pronuncia la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid n.º 74/2014, de 14 de febrero de 2014, ECLI:ES:TSJM:2014:1611, que reza: «(...) al haber quedado imprejuzgada la cuestión principal planteada, siendo así que la misma, y desde un punto de vista jurídico, resulta acorde con los pronunciamientos que, en cientos de Sentencias, ha dictado esta Sala en infinidad de recursos perfectamente conocidos por la Administración actuante».

A TENER EN CUENTA. No cabe en estos supuestos la inadmisión del recurso de casación que se interpone frente a una sentencia, pues en este caso ya se ha entrado a valorar el fondo de la demanda interpuesta y, además, encuentra su propia regulación en el artículo 90.8 de la LJCA cuyo tenor literal es el siguiente: «La inadmisión a trámite del recurso de casación comportará la imposición de las costas a la parte recurrente, pudiendo tal imposición ser limitada a una parte de ellas o hasta una cifra máxima».

 

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