Fundamento de la participación en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado

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    Órden: Constitucional Fecha: 07/04/1997 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 95/1997 Num. Recurso: Recurso de amparo 4.469/1995

    Inadmisión. Agotamiento de recursos en la vía judicial: instrucción errónea sobre recursos. Invocación formal del derecho vulnerado: falta. Contenido constitucional de la demanda: carencia.

  • Sentencia Constitucional Nº 140/1997, TC, Pleno, Rec Cuestión de inconstitucionalidad 832/1997, 08-05-1997

    Órden: Constitucional Fecha: 08/05/1997 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 140/1997 Num. Recurso: Cuestión de inconstitucionalidad 832/1997

    Inadmisión. Cuestión de inconstitucionalidad: requisitos procesales.

  • Sentencia Constitucional Nº 25/1998, TC, Sección Tercera, Rec Recurso de amparo 2.915/1997, 26-01-1998

    Órden: Constitucional Fecha: 26/01/1998 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 25/1998 Num. Recurso: Recurso de amparo 2.915/1997

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  • Sentencia Constitucional Nº 156/2007, TC, Sala Primera, Rec Recurso de amparo 3128-2004, 02-07-2007

    Órden: Constitucional Fecha: 02/07/2007 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 156/2007 Num. Recurso: Recurso de amparo 3128-2004

    La atribución de la competencia para el enjuiciamiento a la Audiencia Provincial frente al Tribunal del Jurado no merece reproche constitucional porque la variedad y la complejidad de las ilícitos imputados justifican su exclusión del ámbito del Jurado, como profusamente razonó tanto la Audiencia Provincial como el Tribunal Supremo.Respecto a la resolución inaudita parte del recurso de queja formulado por el ministerio fiscal, pese a su preceptividad, no ha producido indefensión material ...

  • Sentencia Constitucional Nº 15/2003, TC, Sección Tercera, Rec Recurso de amparo 1925-2002, 20-01-2003

    Órden: Constitucional Fecha: 20/01/2003 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 15/2003 Num. Recurso: Recurso de amparo 1925-2002

    I. Antecedentes1.Mediante escrito registrado el 1 de abril de 2002, el Procurador don Santos Gandarillas Carmona, obrando en nombre y representación de don Leopoldo Barreda de los Ríos y otros quince Diputados del Parlamento Vasco y miembro del grupo parlamentario popular Vasco-Euskal Talde Popularra en dicha Asamblea, formuló recurso de amparo contra la decisión adoptada por el Presidente de la Cámara de someter a votación separada las enmiendas a la totalidad presentadas en relación con...

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      El Juicio Oral constituye una de las fases del procedimiento del Tribunal del Jurado. La Constitución Española, en su Art. 125 ,Constitución Española, señala que los ciudadanos podrán participar en la Administración de Justicia, mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine. Esta institución del Jurado, se regula en una Ley Orgánica del año 1995, en concreto, la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del J...

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      El Tribunal del Jurado, como institución para la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia, tendrá competencia para el enjuiciamiento de los delitos atribuidos a su conocimiento y fallo por la Ley Orgánica 5/1995 respecto de los contenidos en las siguientes rúbricas: - Delitos contra las personas. - Delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. - Delitos contra el honor. - Delitos contra la libertad y la seguridad. - Delitos de in...

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
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La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 5/1995 de 22 de mayo del Tribunal del Jurado, dónde se regula precisamente esta institución, afirma que el Art. 125 ,Constitución Española establece que los ciudadanos podrán participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine.

Nuestro texto constitucional cumple con ello lo que puede considerarse una constante en la historia del derecho constitucional español. Cada período de libertad ha significado la consagración del jurado, así en la Constitución de Cádiz de 1812, y en las de 1837, 1869 y 1931; y por el contrario cada época de retroceso de las libertades públicas ha eliminado o restringido considerablemente ese instrumento de participación ciudadana, en paralelo y como complemento a las restricciones del conjunto de sus derechos y de los instrumentos de participación en los asuntos públicos.

Por ello, puede predicarse que el Instituto que se regula difiere de otros modelos por la forma peculiar en que se articula el derecho-deber del ciudadano a participar de manera directa en un poder real del Estado; nos encontramos ante un derecho-deber, lo que tiene reflejo en el texto legal al adoptar medidas coercitivas que aseguren el cumplimiento de la obligación y, consiguientemente, el establecimiento de aquellas otras encaminadas a mitigar, en lo posible, la excesiva onerosidad del cumplimiento del deber, a través de la retribución de la función y la indemnización de los gastos ocasionados por su ejercicio. La Ley parte de la concepción de que el Estado democrático se caracteriza por la participación del ciudadano en los asuntos públicos. Entre ellos no hay razón alguna para excepcionar los referidos a impartir justicia, sino que por el contrario se debe establecer un procedimiento que satisfaga ese derecho constitucional de la forma más plena posible. No se trata, en definitiva, de confiar en la capacidad de los ciudadanos, como si fuera tolerable en un sistema democrático la alternativa negativa. Se trata sólo de tener por superadas cualesquiera razones explicativas no ya de su discutible fracaso histórico, sino de su autoritaria y antidemocrática suspensión. Pero la institución del Jurado es al mismo tiempo y de forma complementaria, una manifestación del Art. 24 ,Constitución Española que declara que todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley; cumple por tanto una función necesaria para el debido proceso, pero lo hace desde una óptica distinta a la que tenía atribuida en su recepción en el Estado liberal burgués; no hay reticencia alguna al Juez profesional; no se trata de instaurar una Justicia alternativa en paralelo y menos aún en contradicción a la de los Jueces y Magistrados de carrera a que se refiere el Art. 122 ,Constitución Española, sino de establecer unas normas procedimentales que satisfagan al mismo tiempo y en paralelo todas las exigencias de los procesos penales con el derecho-deber de los ciudadanos a participar directamente en la función constitucional de juzgar.

 

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