El Tribunal del Jurado

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 02/10/2020

La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 5/1995 de 22 de mayo del Tribunal del Jurado, dónde se regula precisamente esta institución, afirma que el artículo 125 Constitución Española, establece que los ciudadanos podrán participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine.

 

Aparece entonces en este contexto normativo el Tribunal del Jurado, una institución para la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia. Su competencia se atribuye al conocimiento y fallo de los siguientes delitos tipificados en el Código Penal (Art. 1 LOTJ):

  1. Del homicidio (artículos 138 a 140 del C.P.).

  2. De las amenazas (artículo 169.1.º del C.P.).

  3. De la omisión del deber de socorro (artículos 195 y 196 del C.P.).

  4. Del allanamiento de morada (artículos 202 y 204 del C.P.).

  5. De la infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415 del C.P.).

  6. Del cohecho (artículos 419 a 426 del C.P.).

  7. Del tráfico de influencias (artículos 428 a 430 del C.P.).

  8. De la malversación de caudales públicos (artículos 432 a 434 del C.P.).

  9. De los fraudes y exacciones ilegales (artículos 436 a 438 del C.P.)

  10. De las negociaciones prohibidas a funcionarios (artículos 439 y 440 del C.P.).

  11. De la infidelidad en la custodia de presos (artículo 471 del C.P.).

Con la reforma realizada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, el delito de incendio deja, desde entonces, de ser competencia del Tribunal Jurado.

JURISPRUDENCIA:

Sentencia del Tribunal Supremo, Nº 683/2017, de 18 de octubre. ECLI:ES:TS:2017:3622

"si la versión original de la LOTJ era aplicable cuando los hechos a enjuiciar eran posteriores a su entrada en vigor, las reformas de la misma solamente pueden aplicarse a procedimientos sobre hechos ocurridos tras la entrada en vigor de esa reforma". 

El juicio del Jurado se celebrará en el seno de la Audiencia Provincial y, en su caso, de los Tribunales que correspondan por razón del aforamiento del acusado, quedando excluidos los delitos cuyo enjuiciamiento venga atribuido a la Audiencia Nacional.

Estará compuesto por 9 jurados y un Magistrado de la AP que ejercerá la función de Presidente (en caso de que el acusado tenga la condición de aforado y su juicio se celebre en el ámbito de TS o TSJ, la condición de Magistrado-Presidente le corresponderá al Presidente de la Sala o Sección de lo penal del TS o al Presidente del TSJ o el Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ en quien deleguen éstos, respectivamente); además asistirán dos jurados suplentes (Art. 2 LOTJ).

El Jurado

  • Derecho y deber (Art. 6 LOTJ): la función de jurado es un derecho ejercitable por aquellos ciudadanos en los que no concurra motivo que lo impida y su desempeño un deber para quienes no estén incursos en causa de incompatibilidad o prohibición ni puedan excusarse conforme a esta Ley.                                          

  • Funciones (Art. 3 LOTJ): los jurados emitirán veredicto declarado probado o no el hecho justiciable que el Magistrado-presidente ya determinado como tal, otros hechos que decidan incluir en su veredicto y no impliquen variación sustancial de aquél. Proclamarán la culpabilidad o inculpabilidad de cada acusado por su participación en el hecho o hechos delictivos, actuando con arreglo a los principios de independencia responsabilidad y sumisión a la Ley.

Los miembros del jurado podrán dirigirse a la Sala de Gobierno del correspondiente TSJ en caso de sentirse inquietados o perturbados en su independencia, de acuerdo con los previsto en el artículo 14 de la LOPJ.

La STS Nº 968/2016, de 21 de diciembre, ECLI:ES:TS:2016:5521  afirma que: "el Jurado no sólo se pronuncia sobre la realidad histórica que se le presenta como objeto de su juicio, sino que también debe decidir sobre si la persona a la que se le imputan ciertos hechos con relevancia penal es, además, culpable por su participación en el hecho respecto del que el magistrado presidente ha admitido la acusación, conforme ordena el art. 3-2 de la LOTJ, lo que supone un examen completo de la relación fáctica, de la tipicidad subjetiva, de la concurrencia de la antijuridicidad y de la concurrencia de las valoraciones que contienen algunos tipos penales".

Por otra parte, es importante mencionar que el Jurado no puede calificar jurídicamente los hechos ni pronunciarse sobre ellos, únicamente discernirá sobre la culpabilidad o inocencia del reo. (STS Nº 688/2013, de 30 de septiembre, ECLI:ES:TS:2013:4761 ). 

"la decisión del Jurado, en este apartado, se contrae a determinar si el acusado o acusados, es culpable o inocente de los hechos que ha declarado probados, sin que esa decisión abarque la subsunción jurídica de los hechos y concretamente, si el delito es doloso o culposo si homicidio o asesinato consumado o frustrado, sino que confirmarán un relato fáctico del que deberá extraerse las consideraciones jurídicas precisas para la sentencia que el Presidente del Jurado dicta. Esta diferenciación en las funciones del Jurado y del Presidente del Tribunal de Jurado deslinda en la sentencia la función fáctica que corresponde al Jurado en cuanto declara el hecho probado y la función técnica de subsunción que realiza el Presidente del Tribunal de Jurado. Sobre los hechos declarados y previas calificaciones de las partes, el Presidente del Tribunal del Jurado subsume el hecho en la norma penal'.

Por lo tanto, el objeto del veredicto no debe contener calificaciones jurídicas y el Jurado no debe pronunciarse sobre esos extremos. Si lo hiciera, por una defectuosa redacción del objeto del veredicto no puede afirmarse que el Magistrado Presidente quede vinculado al realizar la calificación al indebido pronunciamiento del Jurado".           

1. Ser español mayor de edad.

2. Encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos políticos.

3. Saber leer y escribir.

4. Ser vecino, al momento de la designación, de cualquiera de los municipios de la provincia en que el delito se hubiese cometido.   

5. Contar con la aptitud suficiente para el desempeño de la función de jurado. Las personas con discapacidad no podrán ser excluidas por esta circunstancia de la función de jurado, debiéndoseles proporcionar por parte de la Administración de Justicia los apoyos precisos, así como efectuar los ajustes razonables, para que puedan desempeñar con normalidad este cometido.                                     

1. Los condenados por delito doloso, que no hayan obtenido rehabilitación.

2. Los procesados y aquellos acusados respecto de los cuales se hubiera acordado la apertura de juicio oral y quienes estuvieren sufriendo detención, prisión provisional o cumpliendo pena por delito.

3. Los suspendidos, en un procedimiento penal, en su empleo o cargo público, mientras dure dicha suspensión.                                                                                     

1. El Rey y los demás miembros de la Familia Real Española.

2. El Presidente del Gobierno, los Vicepresidentes, Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores generales y cargos asimilados.

3. Los Presidentes de las Comunidades Autónomas, los componentes de los Consejos de Gobierno, Viceconsejeros, Directores generales y cargos asimilados.

4. Los Diputados y Senadores de las Cortes Generales, los Diputados del Parlamento Europeo, los miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y los miembros electos de las Corporaciones locales.

5. El Presidente y los Magistrados del Tribunal Constitucional. El Presidente y los miembros del Consejo General del Poder Judicial y el Fiscal general del Estado. El Presidente y los miembros del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado.

6. El Defensor del Pueblo y sus adjuntos.

7. Los miembros en activo de la Carrera Judicial y Fiscal, de los Cuerpos de Secretarios Judiciales, Médicos Forenses, Oficiales, Auxiliares y Agentes y demás personal al servicio de la Administración de Justicia.

8. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas.

9. Los letrados en activo al servicio de los órganos constitucionales y de las Administraciones Públicas o de cualesquiera Tribunales, y los abogados y procuradores en ejercicio.

10. Los miembros en activo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

11. Los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.

12. Los Jefes de Misión Diplomática acreditados en el extranjero, los Jefes de las Oficinas Consulares y los Jefes de Representaciones Permanentes ante Organizaciones Internacionales.       

                                                                                                                                                                                        

  • Prohibición para ser jurado (Art. 11 LOTJ): nadie podrá ser jurado cuando:

1. Sea acusador particular o privado

2. Mantenga con quien sea parte alguna de las relaciones a que se refiere el artículo 219, en sus apartados 1 al 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial

3. Tenga con el Magistrado-presidente del Tribunal, miembro del Ministerio Fiscal o Secretario Judicial que intervenga en la causa o con los abogados o procuradores el vínculo de parentesco relación a que se refieren los apartados 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 11 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

4. Haya intervenido en la causa como testigo, perito, fiador o intérprete.

5. Tenga interés, directo o indirecto, en la causa.   

 

  • Excusas para actuar como jurado (Art. 12 LOTJ)

1. Los mayores de sesenta y cinco años y las personas con discapacidad.

2. Los que hayan desempeñado efectivamente funciones de jurado dentro de los cuatro años precedentes al día de la nueva designación.

3. Los que sufran grave trastorno por razón de las cargas familiares.

4. Los que desempeñen trabajo de relevante interés general, cuya sustitución originaría importantes perjuicios al mismo.

5. Los que tengan su residencia en el extranjero.

6. Los militares profesionales en activo cuando concurran razones de servicio.

7. Los que aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que les dificulte de forma grave el desempeño de la función de jurado.                                                                                                                      

Designación para ser jurado (Art. 13 a 23 LOTJ):

  • Lista de candidatos

Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral efectuarán un sorteo por cada provincia, dentro de los quince últimos días del mes de septiembre de los años pares, a fin de establecer la lista bienal de candidatos a jurados. Estos postulantes serán extraídos de las listas del censo electoral vigente  a la fecha del sorteo. Este sorteo se celebrará públicamente. 

Dentro de los siete días siguientes a la celebración del sorteo, cualquier ciudadano podrá formular, ante la Audiencia Provincial, reclamación contra el acto de sorteo. Antes del quince de octubre, se resolverá por resolución motivada no susceptible de recurso, comunicando lo decidido a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral para que, si así se resuelve, reitere el sorteo.                                                                                                                  

  • Reclamaciones contra la inclusión en la lista

Durante los quince primeros días del mes de noviembre, los candidatos a jurados, si entendieren que concurre en ellos la falta de requisitos establecidos en el artículo 8, o una causa de incapacidad, incompatibilidad o excusa, podrán formular reclamación ante el Juez Decano de los de Primera Instancia e Instrucción del partido judicial al que corresponda el Municipio de su vecindad a efectos de su exclusión de la lista.

También podrá formular dicha reclamación cualquier ciudadano que entienda que alguno de los candidatos a jurados carece de los requisitos, de la capacidad o incurre en las causas de incompatibilidad a que se refieren los artículos 8, 9 y 10 de esta Ley.

  • Resolución de las reclamaciones

El Juez Decano notificará la reclamación al interesado y llevará a cabo las diligencias -de rectificación o exclusión- necesarias en el caso de que alguna de las reclamaciones fuese estimada. Dictará resolución motivada sobre cada una de las reclamaciones interpuestas antes del día 30 de noviembre.                                                                   

  • Comunicación de las listas definitivas

Terminada la lista definitiva por cada provincia, la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral la enviará al Presidente de la Audiencia Provincial respectiva, quien remitirá copia al Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente y al Presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. También remitirá copia a los Ayuntamientos de la respectiva provincia. Los incluidos en la lista de candidatos a jurados podrán ser convocados a formar parte del Tribunal del Jurado durante dos años a contar del uno de enero siguiente; a menos que durante ese periodo de vigencia el ciudadano comunique causas de incapacidad o incompatibilidad con el cargo.                     

  • Alardes de causas

Antes del cuadragésimo día anterior al período de sesiones correspondiente, la Audiencia Provincial realizará un alarde de las causas señaladas para juicio oral.

Un "alarde de las causas" significa, según la definición dada por la Real Academia Española (RAE), una "relación de las causas señalas para juicio oral en las que deben intervenir jurados, que llevan a cabo las salas de lo penal competentes".                                                                                                                                                                   

  • Sorteos de jurado para cada causa

Se realizará un sorteo con anticipación al menos de treinta días al día señalado para la vista del juicio oral de la causa.       

  • Citación de los jurados designados

Una vez realizado el sorteo el Secretario del Tribunal notificará a los jurados electos la citación para que comparezcan el día señalado para la vista del juicio. La notificación se hará a través de una cédula en la que se incorporará un un cuestionario para comprobar las posibles causas de incapacidad o incompatibilidad. Esta cédula también se acompañará de la información necesaria relativa a los derechos y deberes correspondientes a la constitución y a esta propia ley.                                                                     

  • Devolución del cuestionario

Los candidatos devolverán el cuestionario por correo con franqueo oficial dentro de los cinco días siguientes a la recepción.               

  • Recusación

Tanto el Ministerio Fiscal y las partes  a quienes se ha debido entregar previamente el cuestionario a que se refiere el artículo anterior, dentro de los cinco días siguientes a ser notificadas del resultado del sorteo, podrán formular recusación por concurrir cualquiera de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición previstas en esta Ley.

Este mecanismo está previsto en esta Ley para los supuestos previstos en el artículo 21, artículo 38 y artículo 40.

  • Resolución de las excusas, advertencias y recusaciones

El Magistrado-presidente señalará día para la vista citando a las partes que hayan prestado advertencia o excusa, resolviendo dentro del tercer día.                                         

  • Nuevo sorteo para completar la lista de jurados

Si como consecuencia de lo anterior la lista queda reducida a menos de 20 componentes, el Magistrado-presidente dispondrá que se proceda a un nuevo sorteo siguiendo la dinámica anteriormente descrita.                                                                                                      

El Magistrado-Presidente

El Magistrado-presidente, además de otras funciones previstas en la LOPJ, dictará sentencia en la que recogerá el veredicto del Jurado e impondrá, en su caso, la pena y la medida de seguridad que corresponda.

Resolverá también, en su caso, sobre la responsabilidad civil del penado o terceros respecto de los cuales se hubiera realizado reclamación.

La sentencia del Tribunal Supremo Nº 742/2007, de 26 de septiembre, nos recuerda lo que estableció la STS Nº 132/2004, de 4 de febrero:

"la motivación de la sentencia del Tribunal del Jurado viene precedida del acta de votación, que constituye su base y punto de partida, en cuanto contiene la expresión de los elementos de convicción y una sucinta explicación de las razones por las que los jurados han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados. Pero debe ser desarrollada por el Magistrado-Presidente al redactar la sentencia, expresando el contenido incriminatorio de esos elementos de convicción señalados por los jurados y explicitando la inferencia cuando se trate de prueba indiciaria o de hechos subjetivos. Se trata de una responsabilidad que la ley impone a quien puede cumplirla, pues el Magistrado-Presidente, que ha debido asistir atento al juicio y a sus incidencias; que ha entendido en el momento procesal correspondiente que existe prueba valorable que impide la disolución anticipada; que ha redactado el objeto del veredicto, y que ha debido impartir al jurado instrucciones claras sobre su función y la forma de cumplirla adecuadamente, debe estar en condiciones de plasmar con el necesario detalle en cada caso, cuáles son las pruebas tenidas en cuenta por los jurados y cuál es su contenido incriminatorio, así como, en caso de prueba indiciaria y de elementos subjetivos, cuál es el proceso racional que conduce de forma natural desde unos hechos ya probados hasta otros hechos, objetivos o subjetivos, necesitados de prueba".

Continúa la STS Nº 742/2007 citando la STS Nº 1468/2002, de 14 de octubre, que, tratándose de sentencias dictadas por el Tribunal del Jurado, es obvio que no pueda exigirse a los ciudadanos que integran el jurado el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que se le debe exigir a un juez.

"(...) y por ello la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado exige una "sucinta explicación" (artículo 61.1 .d)) en la que ha de expresarse las razones de la convicción, las cuales deberán ser complementadas por el Magistrado-Presidente en tanto en cuanto pertenece al Tribunal atento al desarrollo del juicio, motivando la sentencia de conformidad con el artículo 70.2 de la L.O.T.J .

(...)

Por ello en rigor la subsunción del elemento subjetivo del tipo o de las circunstancias que califican el mismo debe hacerla el Magistrado-Presidente en la resolución, como también ex artículo 70.2 tiene que concretar la prueba de cargo existente, lo cual constituye su labor técnica (ver artículo 49 L.O.T.J .), aunque la valoración de la misma es competencia exclusiva del Jurado".

Las sentencias que dicte el Magistrado-presidente tendrá que estar motivadas. 

"Motivar es, explicar de forma comprensible las razones que avalan las decisiones que se hayan adoptado en la resolución jurisdiccional, tanto en lo que afecta al hecho como a la aplicación del derecho". (SAP Murcia Nº 165/2013, de 8 de julio, ECLI:ES:APMU:2013:1758)

La función de "motivación" sobre los hechos, es una función que únicamente puede realizar el órgano jurisdiccional que ha percibido directamente la práctica de la prueba con la ventaja cognoscitiva que proporcionan la inmediación y la contradicción.

"el Legislador ha expresado que basta para cumplir el deber de motivación con que los Jurados expresen de forma sucinta las pruebas que han determinado su convicción, de manera que posteriormente el Magistrado Presidente pueda constatar en los elementos de convicción reseñados la naturaleza de prueba de cargo hábil para cumplimentar las garantías constitucionales de la presunción de inocencia y el Tribunal de apelación pueda controlar la razonabilidad de las conclusiones y la suficiencia de las pruebas tomadas en consideración para fundar la responsabilidad penal". (ATS Nº 586/2014, de 27 de marzo, ECLI:ES:TS:2014:2927A )

   

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Ley Orgánica 1/2015 de 30 de Mar (Se modifica la LO. 10/1995, del Código Penal) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 77 Fecha de Publicación: 31/03/2015 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2015 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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