Auto Civil 39/2024 Audiencia Provincial Civil de Girona nº 1, Rec. 653/2023 de 08 de febrero del 2024

PRIMER. En el present incident d'oposició a l'execució hipotecària la part opositora ha presentat diversos motius d'oposició que han estat rebutjats per la decisió del Jutjat d'instància.

Ara en aquesta alçada reprodueix els motius d'oposició que veurem a continuació.

SEGON. Consideració general sobre l'oposició a l'execució hipotecària

Ja vàrem tenir ocasió de fer l'abordatge d'aquesta qüestió en la Interlocutòria 51/21 de 8 de març (recurs núm. 19/21) quan diguérem:

"El proceso de ejecución, incluido el especial proceso de ejecución contra bienes hipotecados, exige una serie de requisitos, especialmente en cuanto a los títulos presentados, pues no es suficiente la aportación de cualquier documento en el que aparezca la existencia de la deuda, sino que es necesario unas determinadas formalidades, por ello, la Ley solo considera que tienen aparejada ejecución los títulos previstos en el artículo 517 de la L.E.C . Pero a veces no basta con el título, sino que debe completarse con otros documentos, como ocurre con lo establecido en los artículos 572 , 573 y 574 de la L.E.C ., que regulan la aportación de documentos para determinar la liquidez de la deuda en los casos de saldos de operaciones en cuenta corriente, contratos de crédito o de préstamo con interés variable. Estas exigencias también se prevén en el proceso de ejecución sobre bienes hipotecados ( artículo 685.2 de la L.E.C .), incluso se exige que la hipoteca esté inscrita.

Tales exigencias formales obligan al Juez a no admitir la demanda si no se cumplen tales requisitos de forma, acordando o bien su inadmisión, o bien su subsanación, dependiendo de cada caso. Si ello es así, la parte ejecutada debe poder alegar el incumplimiento de dichos requisitos legales y si contra el auto despachando ejecución no cabe interponer recurso, sino que el ejecutado sólo puede formular oposición, no puede más que admitirse la oposición por razones de forma al amparo del artículo 559 de la L.E.C ., aunque el artículo 695 no lo prevea, el cual regula los motivos de oposición por razones de fondo."

Per tant, en els casos en que existeix una oposició conjunta per motius de fons a l'empara de l' article 695 de la LEC també es podrà revisar en apel·lació per motius de defectes formals previstos en l' article 685 i en l' article 559 de la LEC. En el cas present, s'inclouen en el recurs els motius de fons (com la clàusula venciment anticipat, la clàusula sòl; els interessos de demora) i motius de forma com la legitimació activa de la part executant a l'empara de l'article 695-1-4; el pacte de liquiditat; les formalitats del títol executiu.

TERCER.- Sobre la legitimació activa per reclamar la devolució del préstec en cas d'impagament.

L' article 26.3 del Reial decret 716/2009, de 24 d'abril diu que "el emisor conservará la custodia y administración del préstamo o crédito hipotecario, así como en su caso, la titularidad parcial del mismo y vendrá obligado a realizar cuantos actos sean necesarios para la efectividad y buen fin del mismo, abonando a los partícipes, incluso de pago anticipado, el porcentaje que les corresponda en lo percibido del deudor hipotecario por concepto de capital e intereses de acuerdo con las condiciones de la emisión".

I l'article 30 regula l'acció executiva en els següents termes:

1. La ejecución del préstamo o crédito hipotecario participado corresponde a la entidad emisora y al titular de la participación en los términos establecidos en el artículo 31.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el titular de la participación hipotecaria tendrá acción ejecutiva contra la entidad emisora para la efectividad de los vencimientos de la misma por principal e intereses, según el porcentaje de participación y lo establecido en la emisión, siempre que el incumplimiento de tal obligación no sea consecuencia de la falta de pago del deudor del préstamo o crédito hipotecario participado.

I l'article 31 regula les facultats del titular de la participació

Si el incumplimiento fuera consecuencia de la falta de pago del deudor, el titular o titulares de las participaciones tendrán las siguientes facultades:

a) Compeler a la entidad emisora para que inste la ejecución hipotecaria.

b) Concurrir en igualdad de derechos con el emisor, en la ejecución que éste siga contra el deudor, personándose a tal efecto en cualquier procedimiento de ejecución instado por aquél, y participar en el producto del remate a prorrata de su respectivo porcentaje en el préstamo o crédito ejecutado y sin perjuicio de que la entidad emisora perciba la posible diferencia entre el interés pactado en el préstamo o crédito y el acordado en la participación, cuando éste fuera inferior.

c) Si aquélla no inicia el procedimiento dentro de los sesenta días hábiles desde la diligencia notarial de requerimiento del pago de la deuda, el titular de la participación quedará legitimado para ejercitar, por subrogación, la acción hipotecaria del préstamo o crédito participado en la cuantía correspondiente al porcentaje de su participación, tanto por principal como por intereses.

En este supuesto quedarán subsistentes la parte del préstamo o crédito no participado y las participaciones no ejecutadas como cargas preferentes, entendiéndose que el rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su pago y extinción el precio del remate.

d) En caso de paralización del procedimiento seguido por la entidad emisora, el partícipe podrá subrogarse en la posición de aquélla y continuar el procedimiento.

En els casos previstos en les lletres c) i d), el titular de la participació podrà instar el jutge competent la incoació o continuació del corresponent procediment d'execució hipotecària, i acompanyar la seva demanda del títol original de la participació, del requeriment notarial previst en l'apartat c) precedent i de la certificació registral d'inscripció i subsistència de la hipoteca. A l'expedir-se aquesta certificació es farà constar en el registre, mitjançant nota marginal, que s'ha expedit la certificació registral i s'indicarà la data i la identitat del sol·licitant. Aquestes circumstàncies es faran constar en la certificació expedida.

Per tant, és clara la legitimació activa del creditor hipotecari per a l'inici de l'execució hipotecària, sense perjudici dels drets i accions dels partícips hipotecaris.

I tal legitimació també roman en els casos de titulització, ja que si la titulització hipotecària no és més que l'agrupació de participacions hipotecàries, mitjançant la creació d'un fons d'aquestes, sense personalitat jurídica, gestionat per una societat gestora que l'ha creat, sense que res s'estableixi en contra del que hem dit sobre la legitimació respecte a les participacions hipotecàries, l'entitat titular del préstec i crèdit segueix tenint la legitimació activa per exercir l'acció executiva, sense perjudici de la legitimació de la gestora del fons en els casos esmentats, fins i tot també l'entitat titular del préstec o crèdit tindria legitimació passiva per suportar qualsevol acció contra ella.

La qüestió ja ha estat resolta en aquests termes per alguna Audiència Provincial. Així, tenim el SAP de Tarragona de 17 de setembre del 2015 que diu:

"1) Legitimación activa de la entidad financiera.

Sin más argumento y prueba que una nota de prensa funda la deudora-apelante la falta de legitimación de la entidad financiera. Dice que el Fondo de Inversión Blackstone ha adquirido una cartera de créditos de CATALUNYA BANC, fundamentalmente hipotecarios y problemáticos, entre los que se encontraría el que resulta objeto de ejecución lo que redunda en la perdida de legitimación de la entidad financiera.

La ejecutante ni lo afirma ni lo niega, simplemente indica que si se hubiera dado el caso la entidad se mantendría como acreedor hipotecario pues esta operación se habría realizado mediante una titulación hipotecaria de acuerdo con la Ley 2/1981 de 3 marzo, del Mercado Hipotecario, y con el Real Decreto 926/1998, de 14 mayo, por el que se regulan los Fondos de Titulización de Activos.

La Sala ante la falta de prueba del hecho y que en la certificación registral de la hipoteca aparece como acreedora la ejecutante CATALUNYA BANC no entra ni siquiera a analizar el motivo. Simplemente constata que, en efecto, de acuerdo con la normativa señalada, no hay venta ni cesión de los créditos sino simplemente una forma de titulización para colocar esos activos en el mercado hipotecario y obtener financiación, con el beneficio añadido para la entidad financiera, en alguna de las modalidades, de sacarlos de balance ( art. 1 de la Ley 1/1982 y 20 RD 716/2009 ). En suma, el acreedor mantiene la titularidad ( art. 26.3 RD 716/2009 ) y CATALUNYA BANC S .A. está legitimada activamente."

I la sentència de l'Audiència de Barcelona de 3 de febrer del 2016 que diu que:

SEGUNDO.- Caso semejante ya ha sido resuelto, por ejemplo, por el AAP de Tarragona, Civil sección 1 del 17 de septiembre de 2015 ( ROJ: AAP T 121/2015 - ECLI:ES:APT:2015:121A ) al señalar que este tipo de operaciones consistentes en una titulación hipotecaria de acuerdo con la Ley 2/1981 de 3 marzo, del Mercado Hipotecario, y con el Real Decreto 926/1998, de 14 mayo, por el que se regulan los Fondos de Titulización de Activos: "...no hay venta ni cesión de los créditos sino simplemente una forma de titulización para colocar esos activos en el mercado hipotecario y obtener financiación, con el beneficio añadido para la entidad financiera, en alguna de las modalidades, de sacarlos de balance ( art. 1 de la Ley 1/1982 y 20 RD 716/2009 ). En suma, el acreedor mantiene la titularidad ( art. 26.3 RD 716/2009 ) y CATALUNYA BANC , S.A. está legitimada activamente".

I així és ja que l' art. 26.3 del Reial decret 716/2009, de 24 d'abril, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei 2/1981, de 25 de març, de regulació del mercat hipotecari i unes altres normes del sistema hipotecari i financer, assenyala que: " El emisor conservará la custodia y administración del préstamo o crédito hipotecario, así como, en su caso, la titularidad parcial del mismo y vendrá obligado a realizar cuantos actos sean necesarios para la efectividad y buen fin del mismo...". A més, l'exercici de l'acció hipotecària correspon a l'emissor (en aquest cas a BBVA) de conformitat amb el que preveuen els articles 30.1 i 31 a) de la norma legal esmentada.

I per aquesta Sala s'ha resolt en similars termes per interlocutòries de 15 de setembre del 2016 i 16 de juny del 2017, entre d'altres.

Finalment la STS de 20.10.21 ha vingut a corroborar la jurisprudència menor quan diu:

"... 6.- La emisión de las participaciones no altera la relación preexistente entre el banco emisor y el deudor hipotecario, sin perjuicio de la limitación de facultades del emisor que deriva de los derechos correlativos de los partícipes (arts. 4.3.º y 4.º RMH). La entidad financiera que emite esas participaciones, que representan cuotas del préstamo o crédito hipotecario (que pueden alcanzar la totalidad del crédito), no desaparece del préstamo o crédito respecto del que emite las participaciones, sino que permanece como titular, lo que determina que sobre el crédito o préstamo hipotecario participado exista, desde el lado activo, una cotitularidad, que no está sujeta al régimen ordinario de las obligaciones mancomunadas o parciarias sino al régimen especial que resulta de la Ley y, en su caso, de lo pactado en la escritura de emisión. La entidad financiera emisora de las participaciones tiene atribuida la custodia (por ejemplo, ejercicio de la acción de devastación del art. 117 LH ) y administración del préstamo o crédito hipotecario (lo que incluye la gestión del cobro ordinario de las cuotas de amortización periódicas) y está obligada a realizar cuantos actos sean necesarios para la efectividad y buen fin del mismo. Mientras el deudor hipotecario pague a la entidad con la que contrató lo que debe por el préstamo o crédito hipotecario contratado, el titular de las participaciones permanece al margen de la relación entre el emisor, acreedor hipotecario, y el deudor hipotecario. Por tanto, con la emisión de las participaciones hipotecarias se produce una concatenación de nexos jurídicos entre los distintos sujetos: el deudor del préstamo o crédito hipotecario titulizado en participaciones hipotecarias continúa obligado frente a la entidad emisora, que sigue siendo su acreedora; esta, al emitir las participaciones hipotecarias, se obliga frente al partícipe en los términos previstos en la emisión de las participaciones."

En conseqüència no hi ha cap mena de manca de legitimació activa en el BBVA per causa de la titulització del préstec hipotecari.

El motiu ha de ser rebutjat.

QUART. Força executiva del títol. Certificació del Registre de la Propietat

Requisits legals del títol executiu. Article 517.2-4ª de la LEC . Interpretació.

Aquest motiu ha de venir precedit de la informació veraç sobre els esdeveniments que la part recurrent presenta de manera intencionadament confusa. La pòlissa de préstec hipotecari que aquí s'executa és la de data 30.8.2013, la qual venia precedida en el temps per l'originària constitució d'hipoteca per escriptura de 24.10.2002 atorgada per la Caixa d'Estalvis Sabadell i la posterior novació i compravenda amb subrogació d'hipoteca de data 15.4.2003. Doncs bé, de la primera escriptura es va expedir una primera còpia executiva en favor de la Caixa d'Estalvis de Sabadell (en el mateix dia de l'autorització (foli 46) i posteriorment una segona còpia es va lliurar en 16.1.15 al BBVA sense eficàcia executiva per haver-se expedit a la Caixa esmentada (foli 46), com també una altra còpia en favor del BBVA el 22.10.22 també sense eficàcia executiva. Però això no afecta a la escriptura de novació del préstec que va tenir lloc en 30.8.2013 que és la que ara s'executa. Per tant la referència poc precisa en el temps cronològic dels esdeveniment fet a càrrec del recurrent ha de ser rebutjada. En efecte, considera la part promotora de l'incident que no acompleix el títol executiu els requisits de l' article 517-1, 4ª de la LEC i, per tant, manca la seva força executiva.

No podem compartir aquesta conclusió perquè fem nostra l'argumentació de l' AAP de Lleida de 25.9.15 i de les altres Audiències que s'esmenten en dita resolució i d'altres ( AAP Barcelona-13ena- de 28.2.20, i AAP Barcelona 19ena de 10.10.19, entre moltes altres) que serveix de suport al jutge d'instància per desestimació el motiu de nul·litat del títol executiu.

No hem d'oblidar que tant els articles 685-2 i 685-4 complementen la interpretació que cal donar a l'article 517 esmentat en determinats casos com el present en el qual hi ha hagut una successió de creditor. Així el primer article, el 685-2 segons paràgraf podem llegir:

"En caso de ejecución sobre bienes hipotecados o sobre bienes en régimen de prenda sin desplazamiento, si no pudiese presentarse el título inscrito, deberá acompañarse con el que se presente certificación del Registro que acredite la inscripción y subsistencia de la hipoteca. "

I en el número 4 del mateix article 685 llegim:

" 4. Para la ejecución de las hipotecas sobre bienes inmuebles constituidas a favor de una Entidad de las que legalmente pueden llegar a emitir cédulas hipotecarias o que, al iniciarse el procedimiento, garanticen créditos y préstamos afectos a una emisión de bonos hipotecarios, bastará la presentación de una certificación del Registro de la Propiedad que acredite la inscripción y subsistencia de la hipoteca. Dicha certificación se completará con cualquier copia autorizada de la escritura de hipoteca, que podrá ser parcial comprendiendo tan sólo la finca o fincas objeto de la ejecución."

Això significa que pel legislador el fet de que sigui primera o segona còpia no és essencial perquè pot donar-se el supòsit -en determinats casos- que no es pugui ni aportar el títol executiu i si es així tant per béns hipotecats (mobles o immobles) com per els que estan en règim de penyora sense desplaçament, resulta suficient presentar una certificació del Registre que acrediti la inscripció i subsistència de la hipoteca.

I aquest el cas en els que es troben també els Bancs els quals poden emetre cèdules hipotecàries o poden garantir crèdits o préstecs afectes a una emissió de bons hipotecaris, conforme a les lleis 2/1981 de Regulació del Mercat hipotecari i 41/2007 de Reforma del Mercat Hipotecari.

Aleshores, en aquest cas en haver la part executant -que era la successora de la precedent creditora Caixa d'Estalvis de Sabadell aportat amb el document número 2 quàter la certificació registral acreditativa de la inscripció i subsistència de la hipoteca que ara s'executa, hem de concloure que el títol executiu reuneix tots els requisits legals per ser-ho.

Aquesta transcendental intervenció atribuïda al Registre de la Propietat també impedeix que pugui haver una doble execució pel mateix títol, perquè l' article 688.2 de la LEC ja preveu que el Jutjat en rebre la demanda executiva hagi d'instar al Registre de la Propietat una certificació de domini i càrregues per comprovar que efectivament no hi ha constància de cap altra execució derivada del mateix títol

El motiu no pot prosperar.

CINQUÈ. Pacte de liquiditat no abusiu ni errada en la liquidació resultant.

Referent al pacte de liquiditat pactat en l'escriptura de préstec hem de reiterar una vegada més el que ja vam dir en la nostra Interlocutòria 29/17 d'1 de febrer en els següents termes:

"En aquest motiu del seu recurs la part executada, impugna el pacte de liquidació unilateral en favor de la prestamista. Ja hem reiterat en altres ocasions que tant la clàusula del venciment anticipat com la de liquidació unilateral son plenament acceptables en el nostre dret i que, en cap cas, situen en posició d'indefensió a la part deutora que pot impugnar la liquidació unilateral mitjançant l'incident d'oposició. La part executant ha presentat juntament amb la demanda executiva, l'escriptura pública d'atorgament del préstec amb garantia hipotecària, la liquidació del saldo fet per la mateixa entitat i també la certificació notarial conforme la liquidació s'ha fet conforme allò que s'havia pactat i, finalment, els intents de notificació del saldo deutor en el domicili dels dos prestataris. Per tant, ha acomplert la part creditora amb els requisits de procedibilitat que li exigeix l' article 573.1 de la LEC per remissió de l'article 685.2 de la mateixa Llei. En tota la documentació aportada amb la demanda es detalla perfectament el saldo final, l'interès remuneratori, l'interès de demora, les quotes impagades. La part deutora ha pogut conèixer perfectament tot el que se li reclama i, en el seu cas, ha pogut fer ús de la causa d'oposició en l' article 695.1 , 2ª de la LEC i així ho ha fet. Aleshores, aquest motiu no pot ser estimat. "

I en el present cas, també l'entitat prestamista ha presentat l'acta notarial de fixació de saldo en el qual figuren tots els conceptes reclamats, quotes impagades, capital pendent d'amortització, i l'aplicació del criteri recollit en la Llei 5/2019 de Contractes de crèdits hipotecaris (LCCI) el mateix interès ordinari més tres punts (sense aplicar els interessos de demora pactats ni les comissions pactades). Per això la part prestatària ha tingut perfecte coneixement dels imports reclamats i el seu mètode de càlcul i no ha impugnat de manera detallada quines són les operacions realitzades errònies, com l'obligava l' article 695.1.2 de la LEC.

Finalment pel que fa a la coincidència del número de contracte entre l'escriptura hipotecària originària de 2002 i l'acta de fixació del saldo de 2021 hem de dir que resulta irrellevant a efectes del recurs. En primer lloc, perquè es tractaria d'una qüestió merament formal que s'explica per la novació posterior amb ampliació del préstec que motiva un nou número de contracte i, en segon lloc, perquè ja no té accés a la apel·lació. Tampoc resulta rellevant el quadre d'amortització anterior a l'escriptura de 30.8.13 que és la que s'executa.

A més, resulta que en la liquidació del deute i tancament del compte de 4.2.21 es fixa el saldo pendent en 294.109,25€ amb la qual cosa -al seu parer- existeix un greu error de liquidació. En ell es recull l'impagament de quotes des de la de 31.8.14 a 31.1 21, és a dir per un total 77 quotes impagades, les qual en cap moment s'han negat i el tipus dels interessos de demora aplicat és dels remuneratoris més tres punts, aplicant el criteri de la Llei 5/2019 de Contractes de crèdits immobiliaris.

Es denuncia pel recurrent que no s'ha aportat la documentació relativa al saldo deutor que es reclama, però el cert és que s'hi va annexat a la liquidació notarial del saldo deutor, com també en la reclamació extrajudicial (document 4 i 4 bis) que se li va fer en temps i forma. Res tenen a veure altres crèdits concedits a la part prestatari aliens a a quest préstec hipotecari. Tampoc el motiu pot prosperar.

SISÈ. Venciment anticipat.

La interlocutòria recorreguda va denegar l'abusivitat de la clàusula de venciment anticipat en aplicar els paràmetres de l' article 24 de la Llei de Contracte de Crèdits Immobiliaris .

L'executada impugna tal decisió insistint en la nul·litat de la clàusula de venciment anticipat.

Hem de començar indicant que segons la jurisprudència del TJUE, l'anàlisi de la clàusula de venciment anticipat s'ha de fer en abstracte amb independència que el creditor bancari hagi posposat la decisió del tancament del compte i aplicació del venciment anticipat a un import de quotes superior al previst en la clàusula que regula el venciment anticipat, així ho ha confirmat definitivament la sentència del TJUE de 26 de gener del 2.017 i 26 de març del 2.019 i les sentències del Tribunal Suprem de 23 de desembre del 2.015, 18 de febrer del 2016 i 11 de setembre del 2.019, dictada aquesta última després de la resolució de la qüestió prejudicial plantejada sobre la qüestió i resolta en la segona de les sentencia dictades.

El TJUE en la sentència de 26 de gener del 2.017 va sostenir que:

" Por lo que se refiere a la apreciación por parte de un tribunal nacional del eventual carácter abusivo de una cláusula relativa al vencimiento anticipado por incumplimientos de las obligaciones del deudor durante un período limitado, incumbe a ese tribunal nacional examinar, en particular, si la facultad que se concede al profesional de declarar el vencimiento anticipado de la totalidad del préstamo está supeditada al incumplimiento por parte del consumidor de una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que se trate, si esa facultad está prevista para los casos en los que tal incumplimiento tiene carácter suficientemente grave en relación con la duración y la cuantía del préstamo, si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas generales aplicables en la materia en ausencia de estipulaciones contractuales específicas y si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo.

La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación jurisprudencial de una disposición de Derecho nacional relativa a las cláusulas de vencimiento anticipado de los contratos de préstamo, como el artículo 693, apartado 2, de la Ley 1/2000, modificada por el Real Decreto-ley 7/2013, que prohíbe al juez nacional que ha constatado el carácter abusivo de una cláusula contractual de ese tipo declarar su nulidad y dejarla sin aplicar cuando, en la práctica, el profesional no la ha aplicado, sino que ha observado los requisitos establecidos por la disposición de Derecho nacional.

I el TJUE (Gran Sala) en la sentència de data 26 de març de 2019, va resoldre:

"Los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sentido de que, por una parte, se oponen a que una cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario declarada abusiva sea conservada parcialmente mediante la supresión de los elementos que la hacen abusiva, cuando tal supresión equivalga a modificar el contenido de dicha cláusula afectando a su esencia, y de que, por otra parte, esos mismos artículos no se oponen a que el juez nacional ponga remedio a la nulidad de tal cláusula abusiva sustituyéndola por la nueva redacción de la disposición legal que inspiró dicha cláusula, aplicable en caso de convenio entre las partes del contrato, siempre que el contrato de préstamo hipotecario en cuestión no pueda subsistir en caso de supresión de la citada cláusula abusiva y la anulación del contrato en su conjunto exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales".

El Tribunal Suprem en la sentència d'11 de setembre del 2.019 mantenir la nul·litat de la clàusula de venciment anticipat en los següents termes:

" Si aplicamos tales consideraciones a la cláusula controvertida, se aprecia que no supera los estándares establecidos, pues ni modula la gravedad del incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo, ni permite al consumidor evitar su aplicación mediante una conducta diligente de reparación (aunque con posterioridad lo haya permitido la legislación cuando el bien hipotecado es la vivienda habitual - art. 693.3, párrafo 2, LEC , en redacción actual dada por Ley 19/2015, de 13 de julio). Y, en cualquier caso, parece evidente que una cláusula de vencimiento anticipado que permite la resolución con el incumplimiento de un solo plazo, incluso parcial y respecto de una obligación accesoria, debe ser reputada abusiva, dado que no se vincula a parámetros cuantitativa o temporalmente graves.

I va entendre que el contracte no podia subsistir sense la dita clàusula, fent el següent raonament:

"8.- Bajo la consideración del contrato de préstamo hipotecario como un negocio jurídico unitario o complejo, a la luz del apartado 32 de la STJUE Perenicová, del apartado 68 de las conclusiones de la Abogada general en ese asunto, y de las SSTJCE de 1 de abril de 2004, 14 de marzo de 2013 y 26 de enero de 2017, el fundamento de la celebración del contrato para ambas partes fue la obtención de un crédito más barato (consumidor) a cambio de una garantía eficaz en caso de impago (banco).

De ser así, no puede subsistir un contrato de préstamo hipotecario de larga duración si la ejecución de la garantía resulta ilusoria o extremadamente dificultosa.

Parece claro que, si el contrato solo fuera un préstamo, la eliminación de la cláusula de vencimiento anticipado no impediría la subsistencia del contrato. Pero si es un negocio jurídico complejo de préstamo con una garantía hipotecaria, la supresión de la cláusula afecta a la garantía y, por tanto, a la economía del contrato y a su subsistencia.

El negocio jurídico tiene sentido si es posible resolver anticipadamente el préstamo y ejecutar la garantía para reintegrarse la totalidad del capital debido y los intereses devengados, en caso de que se haya producido un impago relevante del prestatario."

Per tant, la clàusula objecte d'examen per la resolució recorreguda al permetre la resolució o venciment del contracte i la reclamació integra del capital deixat per incompliment d'una sola quota no modula la gravetat de l'incompliment en funció de la durada i quantia del préstec, pel que ha de ser reputada abusiva, ja que no es vincula a paràmetres quantitativament o temporalment greus.

SETÈ. Però, el Tribunal Suprem, després d'acceptar la substitució de la clàusula contractual declarada nul·la per la norma legal, arriba a la conclusió que ha de ser substituïda per l' article 24 de la Llei de Crèdit immobiliari i estableix les següents pautes a seguir pels Tribunals, en els termes següents:

"11.- Conforme a todo lo expuesto, procede aplicar las siguientes pautas u orientaciones jurisprudenciales a los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso, en los que no se haya producido todavía la entrega de la posesión al adquirente:

a. Los procesos en que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, se dio por vencido el préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, deberían ser sobreseídos sin más trámite.

b. Los procesos en que, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, se dio por vencido el préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, y el incumplimiento del deudor no reúna los requisitos de gravedad y proporcionalidad antes expuestos, deberían ser igualmente sobreseídos.

c. Los procesos referidos en el apartado anterior, en que el incumplimiento del deudor revista la gravedad prevista en la LCCI, podrán continuar su tramitación.

d. Los autos de sobreseimiento dictados conforme a los apartados a) y b) anteriores no surtirán efecto de cosa juzgada respecto de una nueva demanda ejecutiva basada, no en el vencimiento anticipado por previsión contractual, sino en la aplicación de disposiciones legales ( ATJUE de 3 de julio de 2019, asunto C-486/16). Solución que no pugna con el art. 552.3 LEC, puesto que no se trata de un segundo despacho de ejecución con fundamento en el mismo título, sino de ejecuciones basadas en diferentes títulos (el contrato, en el primer caso, y la ley en el segundo).

e. Debe entenderse que las disposiciones legales mencionadas en el apartado anterior son las contenidas en la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, pese a que las resoluciones del TJUE se refieran expresamente al art. 693.2 LEC en la redacción dada por la Ley 1/2013 y pueda haber alguna discordancia con la disposición transitoria primera 4ª de la Ley 5/2019. Y ello, porque:

El art. 693.2 LEC, en su redacción anterior a la Ley 5/2019, era una norma de Derecho dispositivo, mientras que el art. 24 LCCI, al que ahora se remite, es imperativa.

La disposición transitoria primera 4ª LCCI, fruto de una enmienda transaccional en el Congreso y una enmienda en el Senado, optó por la retroactividad limitada para evitar que una sentencia del TJUE contraria al informe del Abogado General en la cuestión prejudicial que había presentado esta sala, pudiera hacer directamente aplicable el 693.2 LEC en su anterior redacción. Por lo que sería contradictorio que la voluntad del legislador se volviera en contra del consumidor, cuando lo que se pretendió es protegerlo más allá de lo previsto en el art. 693.2 LEC anterior a la reforma."

En consideració als esmentats criteris, i atès que la clàusula de venciment anticipat ja va ser declarada nul·la per la Secció Segona d'' aquesta Audiència en sentència de 25.11.19 (recurs 833/17) examinat el venciment acordat per l'entitat recurrent i executant i la liquidació realitzada s'aprecia que es va donar per vençut el préstec per l'incompliment de 77 quotes, per la qual cosa fins i tot sent la clàusula contractual nul·la per abusiva, resulta que es compleixen els requisits de l'article 24-1 lletra b) ii) de la LCI (més de 12 quotes impagades o més del 3% del capital prestat), pel que en ser substituïda l'esmentada clàusula per l'esmentat precepte, resulta que va ser vençut el préstec de forma correcta el que comporta la confirmació de l'auto recorregut i la continuació de la demanda d'execució.

VUITÈ. Clàusula sòl.

Entrant ja en els motius subsidiaris plantejats per la recurrent hem d'indicar que quan els interessos de demora pactats i la clàusula terra hem de ratificar que la resolució d'instància resol encertadament ja que no han estat objecte de liquidació per part de la prestadora i per això no han estat ni fonament de l'execució ni han determinat la quantitat exigible" com exigeix l' article 695.1.4 de la LEC.

NOVÈ. Costes d'aquesta alçada

Pel que fa a les causades d'aquesta alçada atesa la desestimació del recurs, és procedent imposar les costes a la part recurrent ( art. 398.1 de la LEC).