Auto CIVIL Nº 34/2016, Audiencia Provincial de Girona, Sección 1, Rec 427/2015 de 23 de Febrero de 2016

Encabezamiento

AUDIÈNCIA PROVINCIAL

SECCIÓ PRIMERA

GIRONA

APEL·LACIÓ CIVIL

Rotlle núm. 427/2015

Actuacions: execució hipotecària núm. 13/2014

Jutjat Primera Instància 4 Girona (ant.CI-4)

INTERLOCUTÒRIA NÚM. 34/16

PRESIDENT

Fernando Ferrero Hidalgo

MAGISTRATS

Carles Cruz Moratones

Núria Lefort Ruiz de Aguiar

Girona, veintitrés de febrer de dos mil setze

Hem vist el rotlle d'apel·lació núm. 427/2015, en el qual ha estat part apel·lant l'entitat COLLET LA CLOSA, S.L., representada per la procuradora ROSA BOADAS VILLORIA i dirigida per la lletrada ANNA TORROELLA CLAVER, i part apel·lada l'entitat CAIXABANK, S.A., representada per la procuradora LAURA PAGÈS AGUADÉ i dirigida per la lletrada MARÍA ÁNGELES PUIG DEL SAZ. Ha actuat com a ponent en la vista d'aquest recurs el magistrat Carles Cruz Moratones.

Antecedentes

Primer.El Jutjat Primera Instància 4 Girona (ant.CI-4), en les actuacions 13/2014, incident que se segueix a instància de l'entitat COLLET LA CLOSA, S.L., representada per la procuradora ROSA BOADAS VILLORIA i defensada per la lletrada ANNA TORROELLA CLAVER, contra l'entitat CAIXABANK, S.A., representada per la procuradora LAURA PAGÈS AGUADÉ, i defensada per la lletrada MARÍA ÁNGELES PUIG DEL SAZ, va dictar Interlocutòria la part dispositiva de la qual, literalment copiada, diu així:'PART DISPOSITIVA:Desestimando, como desestimo la oposición planteada por la representación procesal de COLLET LA CLOSA SL, contra la ejecucion despachada a instancia de CAIXABANK SA, debo acordar y acuerdo que siga adelante la ejecución, con expresa condena en costas a la ejecutada, promotora de este incidente'.

Segon.La part Collet la Closa, S.L. va recórrer en apel·lació contra la Interlocutòria esmentada i per aquest motiu les actuacions es van elevar a aquesta Audiència, i es van seguir els tràmits establerts a la LEC.

Tercer.En la tramitació d'aquest recurs s'han observat les prescripcions legals corresponents.

Fundamentos

Primer.Acceptem els de la interlocutòria contra la qual s'apel la.

Segon.La societat COLLET LA CLOSA,SL s'oposa a l'execució hipotecària contra la part executant CAIXABANK,SA per considerar que existeixen diversos motius d'oposició.

La jutgessa d'instància desestima tots els motius d'oposició i ordena seguir endavant l'execució.

Vegem els diferents motius reiterats en el recurs.

Tercer. Manca d'inscripció registral del préstec hipotecari en favor de l'entitat executant.

En aquest cas l'entitat que va atorgar el préstec amb garantia hipotecaria va ser la Caixa de Girona i és la que va inscriure al seu favor la càrrega en el Registre de la Propietat, tal i com consta en els documents que va aportar la part executant. Posteriorment, aquella entitat va ser absorbida per CAIXABANK,SA, que ha estat la successora universal de totes les operacions financeres Tota aquesta successió va tenir la corresponent constància en el Registre Mercantil. Aleshores com a successora universal dels crèdits de les entitats esmentades, CAIXABANK,SA ja no precisa de la inscripció particular de tots i cadascun dels préstecs amb garantia hipotecària sinó que és suficient que el tingui inscrit l'originària entitat que el va atorgar. Aquest criteri ja és pacífic en la jurisprudència.

Dèiem recentment en la nostra interlocutòria de 29.1.15 el següent en un cas similar:

'Se impugna el auto por infracción del artículo 559 de la L.E.C . al no haber apreciado la falta de capacidad o de representación del ejecutante, aunque más bien alega la falta de legitimación activa del Banco de Sabadell, al no acreditar el carácter de acreedor hipotecario, al no tener la hipoteca inscrita a su favor, infringiéndose el artículo 149 de la L.H . y el artículo 1875 del CC , en cuanto que exigen la necesidad de que la cesión se inscriba en el Registro de la Propiedad

No es la primera vez que se enfrenta esta Sala a la cuestión planteada por el recurso y debe adelantarse que el criterio de esta Audiencia Provincial es precisamente contrario al pretendido por el recurrente.

En efecto, la cuestión que se suscita en esta apelación se centra en determinar si la entidad ejecutante puede ejercitar la acción ejecutiva, dimanante del préstamo hipotecario que relata en su demanda, en su calidad de sucesora de la inicialmente acreedora, BANCO MARE NOSTRUM, S.A., sucesión que se operó por la segregación del conjunto de activos y pasivos de esta entidad que conforman el negocio bancario de la dirección territorial de Cataluña y Aragón al Banco de Sabadell por acuerdo de su asamblea general de 26 de abril del 2013, en virtud de la cual se produjo la subrogación por la aquí ejecutante en la posición acreedora, sin que pueda ser objeto de discusión en esta sede ni la realidad, ni la corrección de tal operación societaria que, por otra parte aparece inscrita en el Registro Mercantil.

Por la mencionada operación aunque la demandante adquirió el crédito garantizado con la hipoteca, -transmisión que no se pone en tela de juicio y que resulta de la documentación pública aportada-, se trata de una cesión universal de derecho y obligaciones y no una cesión individual. La cesión se configura en nuestro ordenamiento como la trasmisión de un crédito concreto y, así, el artículo 1.526 del Código Civil se refiere siempre en singular al 'crédito, derecho o acción' cedidos. Se trata, pues, de una cesión singular. La cesión universal responde a otro fenómeno distinto.

La Ley Hipotecaria se ciñe a la cesión singular, como lo revela, ya sin ninguna duda, la redacción dada por la Ley 41/2007, de 7 diciembre al artículo 149 de la Ley Hipotecaria , al referir la cesión a que regula a la prevista precisamente en el artículo 1.526 del Código Civil . Por el contrario, cuando se trata de una sucesión universal, no se requiere más requisitos que los que deriven de la propia norma que defina y regule el mecanismo sucesorio.

Este es el caso que nos ocupa en el que la titularidad del crédito que se trata de hacer efectivo en el proceso de ejecución especial deviene, previa segregación, de una cesión global de activo y pasivo de la anterior titular a la ejecutante. Los artículos 81 a 91 de la Ley 3/2009, de 9 de abril , sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, configura, como nueva forma de sucesión universal entre sociedades mercantiles, la cesión global, que puede conllevar la desaparición de la transmitente, si se despoja de la totalidad, o puede permanecer si, previa segregación, se produce el traspaso en bloque por sucesión universal de una o varias partes del patrimonio de una sociedad, cada una de las cuales forme una unidad económica, a una o varias sociedades (artículo 71). En todo caso, se produce una cesión universal, con las características ya expuestas. Siendo este el caso, según resulta del documento notarial aportado con la demanda, se ha producido lo que la propia Ley califica expresamente como sucesión universal, y, por tanto resulta inaplicable el artículo 149 de la Ley Hipotecaria , pues las transformaciones societarias no están bajo su regulación (en ese sentido, y para el caso de fusión de sociedades, se pronuncia esta Audiencia, compartiendo el criterio de la AP Madrid expresado en la Sentencia, Sección 18ª, de 23 de enero de 2.012 y en la más reciente de su Sección 12 ª de 11 de enero de 2012).

En definitiva, la cesión de créditos, en virtud de la cual únicamente se cede a favor de un tercero la posición acreedora de uno de los contratantes, la doctrina jurisprudencial es pacífica desde hace muchos años en la no exigencia ni del conocimiento, ni menos aún, de la prestación del consentimiento por parte del cedido, el cual sólo permanece en el contrato como deudor, sin que la notificación a este, tenga otro alcance que el de obligarle con el nuevo acreedor, no reputándose legítimo desde tal momento el hecho al cedente.

En este sentido se vine pronunciando nuestro Tribunal Supremo, Sala Primera, en sentencias como las de de 28 de octubre de 1957 , 7 de julio de 1958 , 5 de noviembre de 1974 , 16 octubre 1982 , 11 de enero de 1983 , 23 de octubre de 1984 y 12 de noviembre de 1992 . Señalando la jurisprudencia que la cesión de créditos puede hacerse válidamente sin conocimiento previo del deudor y aún contra su voluntad, sin que la notificación a éste tenga otro alcance que el obligarlo con el nuevo deudor. Debiendo entenderse las exigencias de la legislación Hipotecaria (art. 149) de inscripción del crédito hipotecario cedido en sus efectos en relación a terceros, puesto que en esta materia el ordenamiento jurídico especial, tanto en el orden civil como hipotecario, sigue la orientación, y consiguiente normativa, de que la inscripción es meramente declarativa, y, en consecuencia, sólo robustece el título inscrito frente a dichos terceros a los efectos de la fe pública registral.

La sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Diciembre del 2009 , consagra este criterio como aplicable a la cesión del crédito hipotecario, por mor de lo establecido en el artículo 149 de la Ley Hipotecaria .

El mismo criterio se expone en la Sentencia de la Sección 19ª de la AP Madrid, de 13 de julio de 2.012 , al decir que 'ciertamente para que la cesión produzca efectos frente a terceros será necesaria la inscripción en el Registro, con el otorgamiento previo, con carácter instrumental, de la correspondiente escritura pública. Incluso antes de la reforma del artículo 149 de la Ley Hipotecaria por la también ley 41/2007, la mejor doctrina científica y la jurisprudencia excluyó como elemento esencial de aquella cesión el otorgamiento de la aludida escritura pública, pues de tres supuestos requisitos del artículo 149 , antes de la reforma, sólo precisaría, respecto de producción de eficacia frente a tercero, la inscripción en el Registro, en la misma línea que expresa el artículo 1526 del Código Civil . El requisito de la escritura pública va implícito en la inscripción al regir, a falta de una excepción legal, el artículo 3 de la misma Ley Hipotecaria , que puede relacionarse con el artículo 1280 del Código Civil .En consecuencia el préstamo hipotecario pudo cederse a tercero en la forma en que lo hizo la demandada con lo que, en modo alguno, aquella cesión puede ser calificada, como pretende la parte, de nula afectando la repetida ineficacia, que es inexistente, a los deudores hipotecarios. Reiterar la jurisprudencia que sobre este particular incluye la sentencia de instancia y que damos por reproducida, en relación a la no necesidad, respecto del deudor, de que la cesión se instrumente a través de escritura pública y sin que la falta de notificación de la repetida cesión no produzca otro efecto respecto del deudor que la liberación de este último abonando el importe del préstamo al primitivo prestamista o acreedor hipotecario. Expresa y expresaba antes de la reforma operada en el artículo 149 de la Ley Hipotecaria por la ley 41/2007 que el deudor no quedará obligado por dicho contrato, el de cesión del crédito, a más que lo estuviere por el suyo y que el cesionario se subrogará en todos los derechos del cedente, ce lo que reproduce preceptos específicos del Código Civil'.

En conclusió, el títol executiu no està mancat de força executiva pel fet d'haver estat atorgat inicialment per una altra entitat bancària (avui desapareguda) -que el va inscriure en el Registre de la Propietat- i no per l'entitat que interposa la demanda executiva. Es va produir una cessió universal que no exigia de la inscripció singular i individualitzada de tots i cadascun dels crèdits cedits.

Quart. Suspensió per existència d'un altre executiu anterior

Al lega la part executant que preexistia a la hipoteca que ara es objecte d'execució, una d'altra (exp. 19/13 del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Girona) que va instar la mateixa entitat bancària però que posteriorment un tercer, la societat Bios Rom Basic SL, es va subrogar en la posició de la part executant i que encara el jutjat no s'ha pronunciat sobre la seva subrogació processal.

Però encara que no s'hagi resolt sobre aquella subrogació processal això no seria motiu per a suspendre la present (que ja es va suspendre en el seu moment per aplicació de l' article 695.2 de la LEC ), tota vegada que en tot cas en el moment de treure a subhasta la finca hipotecada és quan caldrà examinar si la mateixa ja ha estat adjudicada a tercer o no.

Cinquè. La condició de consumidora de la part executada i les clàusules abusives denunciades.

Sobre aquesta qüestió ja ha tingut aquesta Sala ocasió de pronunciar-se fins a tres ocasions (rotlle en procés executiu 26/14 en interlocutòria de 14.2.14; rotlle en procés executiu 59/14 en interlocutòria de 25.2.14 i rotlle 82/15 en procediment ordinari per sentència de 10.7.15 ). En aquesta darrera sentència ja dictada en un procediment ordinari i que precisament afectava a l'expedient 172/13 del Jutjat Mercantil de Girona que esmenta la recurrent dèiem el següent:

'...En efecte, el primer motiu que articula la demandada és el de qüestionar la condició de consumidor de la societat COLLET LA CLOSA,SL.

Recordem que l' article 3 del Text Refós de la Llei per a Defensa de Consumidors y Usuaris aprovat per Regal Decret Legislatiu 1/2007, estableix el concepte general de consumidor i d'usuari en els termes següents: 'A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas ojurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional.'

Aquest article està en consonància amb l' article 2 de la Directiva 93/13/CEE del Consell de 5.4.93 que diu 'que actuï amb un propòsit aliè a la seva activitat professional' i es refereix al cas de la persona jurídica actua com a destinatària final dels béns o serveis adquirits i no els integra en processos relacionats amb el mercat ( STS 18.6.12 ).

Ja amb anterioritat a la reforma de Llei de Consumidors i Usuaris, operada pel RD Legislatiu 1/2007, la Sentència del Tribunal Suprem de 15.12.05 havia dit: 'El art. 1, apartados 2 y 3, de la Ley 26/1984, de 19 de julio , delimita el ámbito subjetivo de la misma atribuyendo la condición de consumidor no a cualquiera que lo sea por aparecer en la posición de quien demanda frente a quien formula la oferta, sino al consumidor que resulte destinatario final de los productos o servicios ajenos que adquiere, utiliza o disfruta. Esto es, al que se sirve de tales prestaciones en un ámbito personal, familiar o doméstico. No a quien lo hace para introducir de nuevo en el mercado dichos productos o servicios, ya por medio de su comercialización o prestación a terceros, sea en la misma forma en que los adquirió, sea después de transformarlos, ya utilizándolos para integrarlos en procesos de producción o transformación de otros bienes o servicios ( sentencias de 18 de junio de 1999 , 16 de octubre de 2000 , 28 de febrero de 2002 , 29 de diciembre de 2003 y 21 de septiembre de 2004 ) '.

En el mateix sentit es pronuncia la STJUE de 14.3.13 en el cas C-419/11 diu el següent: '34. El Tribunal de Justicia ha concluido al respecto que sólo a los contratos celebrados fuera e independientemente de cualquier actividad o finalidad profesional, con el único objetivo de satisfacer las propias necesidades de consumo privado de un individuo, les es de aplicación el régimen específico establecido por dicho Convenio para la protección del consumidor, mientras que esta protección no se justifica en el caso de contratos cuyo objeto consiste en una actividad profesional (véase la sentencia Gruber, antes citada, apartado 36, y, en este sentido, la sentencia Benincasa, antes citada, apartado 17).'

És a dir, que si bé una persona jurídica pot tenir també la condició de consumidor ha d'actuar en un àmbit que no sigui en la de la seva activitat empresarial. Lògicament la persona jurídica que afirma actuar com un consumidor, per veure's protegit per la legislació tuïtiva que l'empara, ho ha de demostrar.

Hem de descartar, per raons de temporalitat, l'aplicació de la 3/2014 que reforma parcialment el RDL abans acabat d'esmentar, així com també la legislació catalana sobre la matèria continguda en la Llei 20/2014.

Quart. Com ja hem dit en altres ocasions, cal recordar els principis processals que regeixen en aquesta matèria de càrrega probatòria. Ens hem de centrar en l' article 217 de la LEC 2000 que té el seu antecedent immediat en l' article 1.214 del Codi civil , actualment ja derogat. L'actual precepte consagra la càrrega de la prova distribuint-la segons es reclami el compliment d'una obligació (en aquest cas li correspon al demandant aquella càrrega relativa als denominats fets 'constitutius' art. 217.2) o es proclami l' extinció d'una obligació (en aquest cas, li correspon al demandat, els denominats fets 'extintius', 'exoneratius' o 'impeditius', article 217.3). Ara bé, l'aplicació d'aquest precepte ha anat adquirint matisos jurisprudencials per tal d'adaptar-lo a les exigències constitucionals i a la flexibilitat necessària en tot anàlisi de les controvèrsies litigioses derivades de les relacions humanes. No s'escapa a ningú que la distribució de la càrrega de la prova té sentit quan no hi ha prova suficient i, aleshores, cal decidir quina part ha de suportar les conseqüències de la manca de prova (apartat 1 de l'article 217). Quan existeix prova suficient, resulta indiferent quina part l'hagi proporcionat al Tribunal. Dit en altres paraules, la càrrega probatòria es transcendental només quan manca la prova perquè, quan aquesta existeix, resulta irrellevant qui l'hagi proporcionada al Tribunal .

Així resulta que s'ha vingut interpretant les dues normes (Codi civil i després LEC) sobre càrrega de la prova, tant doctrinalment com jurisprudencial, en el sentit que la tutela judicial efectiva ( art- 24-1 de la CE ), la justícia material i la realitat social han recomanat recórrer als criteris de normalitat (cal demostrar allò que és anormal, i per conseqüent 'impeditiu') i presumir allò que és normal en unes relacions humanes, o bé en l'estat normal o natural de les coses o en situacions de fet o de dret; cal tenir present la facilitat o proximitat (disponibilitat) de cada part als mitjans probatoris per evitar situacions desproporcionades de manca d' igualtat processal o bé que denotin una manca absoluta de bona fe processal en l'establiment de la veritat material; i finalment com a conseqüència de tot això, la necessària flexibilitat en l' aplicació de les normes de distribució de la càrrega probatòria.

En conseqüència, era a la part demandant qui li corresponia demostrar que actuava en un àmbit aliè a la seva activitat empresarial o professional.

Cinquè. Però a la vista de l'activitat probatòria arribem a la conclusió contrària a la condició de consumidor de la demandant. Ja en altres dues ocasions aquesta Sala va examinar aquesta condició o no de consumidor en actuacions de la part demandant. En les nostres Interlocutòries de 14.2.14 (rotlle 26/14) i en la de 25.2.14 (rotlle 59/14) ja descartàvem que actués com a consumidor. I ara de la prova plena practicada en un procediment ordinari arribem a la mateixa conclusió: la demandant quan va concertar la multitud de préstecs i crèdits hipotecaris no actuava en un àmbit aliè a la seva activitat empresarial sinó plenament d'acord amb el que parcialment era el seu objecte social. No s'ha aportat el llibre d'Actes de la societat per veure des del 2001 la raó de les decisions preses, cosa que hauria d'haver-lo aportat la part demandant per demostrar que aquells contractes estaven destinats a un fi merament domèstic o familiar.

No oblidem que en dues de les escriptures de préstecs hipotecaris (la de 5.9.01 -document 1 de la demanda- i la de 29.4.04 - document 5 de la demanda), el propi administrador ja reconeix que 1) l'objecte social era 'la immobiliària en general' (folis 36 i 209) i 2) 'que aquell acte contractual era un acte necessari per la realització de l'objecte social' (folis 37 i 209). I en les restants escriptures l'objecte era el mateix. Estava plenament afirmat per la pròpia part demandant que els contractes responien a l'objecte social. Fins i tot, el crèdit hipotecari obtingut en data 16.2.10 (document 7 de la demanda) ja es qualifica com a crèdit 'mercantil', com es pot comprovar en el foli 312 de les actuacions.

I és que l'objecte social ve perfectament definit en la informació registral aportada a les actuacions. Per començar, comprovem que aquesta societat COLLET LA CLOSA,SL, va ser creada en data 17.4.98 (foli 1342) per un altre matrimoni que finalment en data 19.6.98 (foli 1364) va vendre les seves participacions al matrimoni Dimas - Beatriz . En el foli 1312 es pot llegir quin és l'objecte social: 'Realización de todas aquellas tareas que se realicen en el ámbito de la asistencia, consultoría, trabajos específicos y cualquier servicios (sic) inherente a la gestión tributaria y recaudación de ingresos de derecho público, ya sean de carácter tributario o extratributario, así como sus actividades complementarias o auxiliares. la formación, actualización, mantenimiento y explotación de censos, padrones, catastro elaboración de estudios, informes o proyectos de consultoría. la implantación, desarrollo y suministro de programas informáticos. Asesoramiento en procedimientos de las Administraciones públicas y demás Entidades la gestión de las cuales se encuentra sometida al control de éstas. Adquisición, administración, disfrute y venta de toda clase de de valores mobiliarios por cuenta propia, quedando excluidas las actividades que la legislación especial, y básicamente la Ley de Mercado de valores atribuya con carácter exclusivo a otras entidades.La inmobiliaria en general. El asesoramiento jurídico y contable, así como la tramitación de documentos públicos y privados, en materias administrativas, contables, fiscales, laborales, jurídicas, informáticas, financieras, económicas, informaciones e investigaciones comerciales y verificaciones registrales.'

La societat demandant participa en les següents societats: 1) Administracions i Gestió 2100,SL (en un 95 %); 2) Bonastruc Girona Consellera de Gestió SL ( en un 94,68%); 3) Presman Norton, SL (en un 94,68%); 4) Saltin Inversions,SL (51,04; 5) PSINVERS Serveis Territorials,SL (en un 50%);5) comparteix domicili social i administrador Sr. Dimas amb Comput Consellers de Gestió,SL, amb Cataudit Auditros Associats,SL i B.L.S Auditors,SL. Totes elles s'integraven en el grup empresarial CÒMPUT.

A més el seu capital desemborsat era de 354.900 € (foli 1307).

A la vista d'això no podem estar davant d'una simple 'societat patrimonial'.

Sisè. A la vista del seu ampli objecte social en el qual s'inclou de manera expressa 'la immobiliària en general' i tots els contractes de préstec o crèdit amb garantia hipotecaria han estat destinats o bé a la compra d'immobles o bé a obtenir finançament per fer front a les nombroses quotes que aquelles activitat compradora entre els anys 2001 a 2007 els va ocasionar. No hem de perdre de vista que l'activitat immobiliària de la societat la va dur a ser propietaris -al menys- de dos immobles a Girona (Parc de les Casernes); un habitatge al carrer Mallorca de Barcelona; dos habitatges a Puigcerdà a més d'un traster i d'un pàrquing i un altre habitatge a Sant Antoni de Calonge.

Amb això es pot concloure que l'activitat immobiliària no era merament residual i únicament destinada a l'esfera purament familiar del matrimoni Dimas - Beatriz sinó que efectivament era una de les fonts importants (sobretot pel finançament que exigia) d'activitat de la societat. Aquesta activitat estava plenament integrada en processos relacionats amb el mercat i no simplement a que el matrimoni en fes un ús exclusiu privat, a l'empara d'una societat que li podia estalviar despeses fiscals (societat patrimonial). L'activitat social (ben diversificada) era també la immobiliària i els fets demostren que efectivament la van plenament exercir. En l'exercici 2009 (foli 1462) en el model 200 aportat apareix una xifra neta de negoci de 205.800 €, així consten les despeses de personal, les inversions financeres i l'actiu no corrent. lamentablement la part demandant no ha aportat els resultats dels exercicis anteriors que es correspondrien amb els contractes convinguts amb Caixa de Girona des del 2001.

Tot això sense oblidar que, atesa l'amplia oferta d'assessorament de tota classe que el grup d'empreses oferia, difícilment podria trobar refugi en proclamar un vici de consentiment per manca de transparència en la negociació amb la Caixa de Girona, com el que protegeix la Directiva 93/13/CEE i la legislació de Consumidors i Usuaris que recull el RD Legislatiu 1/2007.

No és por parlar, doncs, de clàusules abusives en perjudici d'un 'consumidor', perquè no s'actua amb aquella condició, com es vol fonamentar, en essència, en la demanda......................................................................................................................'

Sisè.Ens ratifiquem plenament en el que hem dit (i ara transcrit) en la nostra sentència de 10 de juliol de 2015 i considerem que la societat executada no pot invocar la seva condició de consumidora per justificar en aquest procediment executiu hipotecari l'existència de clàusules abusives (clàusula sòl, venciment anticipat i interessos de demora). Precisament la qüestió suscitada en el procediment 172/13 del Jutjat Mercantil ja ha estat resolta per aquesta Sala en el sentit indicat i amb revocació de l'esmentada sentència.

Només afegirem que pel fa als interessos de demora, la seva limitació en la Llei 1/2013 està prevista pels consumidors que adquirissin el seu habitatge habitual. I en aquest cas, a més de no ser consumidor, tampoc el préstec va servir per comprar en favor dels seus administradors el seu habitatge habitual. Quan es va hipotecar la finca, aquesta ja era de la seva propietat.

En coherència amb tot el que hem dit, hem de desestimar el recurs d'apel lació.

Setè.La desestimació del recurs d'apel lació comporta imposar el pagament de les costes d'aquesta alçada a la part apel lant com a conseqüència del seu recurs en aplicació de l' article 398.1 de la LEC .

Fallo

Desestimemel recurs d'apel lació formulat per la representació processal de l'entitat COLLET LA CLOSA, S.L., contra la interlocutòria de data 12/3/15, que va dictar el Jutjat de Primera Instància 4 de Girona, en les actuacions Execució hipotecària núm. 13/2014, de les quals dimana aquest Rotlle d'apel lació, iconfirmemaquesta resolució i imposar les costes en aquesta alçada a la part apel lant.

Contra aquesta interlocutòria no hi cap recurs ordinari de cap mena ni l'extraordinari d'infracció processal, d'acord amb el que disposa la disposició setzena de la LEC 2000.

Expediu testimoniatges d'aquesta resolució, uniu-los al rotlle corresponent i trameteu-los al Jutjat de procedència, juntament amb les actuacions originals.

Aquesta és la nostra Interlocutòria que, jutjant de manera definitiva, pronunciem, manem i signem i que es dipositarà al Llibre d'Interlocutòries d'apel·lació.