Auto CIVIL Nº 359/2015, Audiencia Provincial de Girona, Sección 1, Rec 391/2015 de 24 de Noviembre de 2015

Encabezamiento

AUDIÈNCIA PROVINCIAL

SECCIÓ PRIMERA

GIRONA

APEL·LACIÓ CIVIL

Rotlle núm. 391/2015

Actuacions: execució hipotecària núm. 567/2013

Jutjat Primera Instància 1 Santa Coloma de Farners

INTERLOCUTÒRIA NÚM. 359 /15

PRESIDENT

Fernando Lacaba Sánchez

MAGISTRATS

Fernando Ferrero Hidalgo

Carles Cruz Moratones

Girona, vint-i-quatre de novembre de dos mil quinze

Hem vist el rotlle d'apel·lació núm. 391/2015, en el qual ha estat part apel·lant Pedro Enrique , representada per la procuradora MIRIAM VERDAGUER CROUS i dirigida pel lletrat FRANCISCO BECERRA RAMIREZ , i part apel·lada CATALUNYA BANC S.A. , representada pel procurador PERE FERRER FERRER i dirigida per la lletrada ALEXANDRA LOPEZ SANSANO . Ha actuat com a ponent en la vista d'aquest recurs el magistrat Carles Cruz Moratones.

Antecedentes

Primer.El Jutjat Primera Instància 1 Santa Coloma de Farners, en les actuacions 567/2013, que se segueixen a instància CATALUNYA BANC S.A. , representat pel procurador Pere Ferrer Ferrer i defensat pel lletrat Silvia Iribarne Ferrer, contra Pedro Enrique , representat per la procuradora Miriam Verdaguer Crous, i defensat pel lletrat Francisco Becerra Ramirez , va dictar Interlocutòria la part dispositiva de la qual, literalment copiada, diu així: 'Que DESESTIMANDO TOTALMENTE la oposición oreentada por el procurador de los tribunales en nombre y representaión de Dª Sacramento y D. Pedro Enrique basadas en la escritura oublica de crédito garantizado con hipoteca que grava la vivienda de los hejecutados, declaro que la ejecución siga adelante por los trámites legales'.

Segon.La part Demandada va recórrer en apel·lació contra la Interlocutòria esmentada i per aquest motiu les actuacions es van elevar a aquesta Audiència, i es van seguir els tràmits establerts a la LEC.

Tercer.En la tramitació d'aquest recurs s'han observat les prescripcions legals corresponents.

Fundamentos

PRIMER. En el present incident d'execució hipotecària, la part executada s'oposa l'execució iniciada per l'entitat bancària tota vegada que considera que hi han diversos motius. La decisió d'instància no n'estima cap d'ells i contra tal decisió s'alça la part executada. Vegem els diversos motius del seu recurs.

SEGON.Pacte de liquidació unilateral

En aquest motiu del seu recurs la part executada, impugna el pacte de liquidació unilateral en favor de la prestamista. Ja hem reiterat en altres ocasions que tant la clàusula del venciment anticipat com la de liquidació unilateral son plenament acceptables en el nostre dret i que, en cap cas, situen en posició d'indefensió a la part deutora que pot impugnar la liquidació unilateral mitjançant l'incident d'oposició. La part executant ha presentat juntament amb la demanda executiva, l'escriptura pública d'atorgament del préstec amb garantia hipotecària, la liquidació del saldo fet per la mateixa entitat i també la certificació notarial conforme la liquidació s'ha fet conforme allò que s'havia pactat i, finalment, els intents de notificació del saldo deutor en el domicili dels dos prestataris. Per tant, ha acomplert la part creditora amb els requisits de procedibilitat que li exigeix l' article 573.1 de la LEC per remissió de l'article 685.2 de la mateixa Llei. En tota la documentació es detalla perfectament el saldo final, l'interès remuneratori, l'interès de demora, les quotes impagades. La part deutora ha pogut conèixer perfectament tot el que se li reclama i, en el seu cas, ha pogut fer ús de la causa d'oposició en l' article 695.1 , 2ª de la LEC i així ho ha fet, tal i com analitzarem més endavant. Aleshores, aquest motiu no pot ser estimat.

QUART.Venciment anticipat

També qüestiona la part recurrent la capacitat de poder donar per vençut el préstec per incompliment de la part deutora com fa l'entitat bancària. Com hem, dit en la nostra sentència recent de 10 de març d'aquest any (Rotlle 7/2014 )

'...Por lo que se refiere al vencimiento anticipado, el artículo 85 del TRLPCU si que prevé como abusivo, en los siguientes términos, el vencimiento anticipado por parte del empresario: '4. Las cláusulas que autoricen al empresario a resolver anticipadamente un contrato de duración determinada, si al consumidor y usuario no se le reconoce la misma facultad, o las que le faculten a resolver los contratos de duración indefinida en un plazo desproporcionadamente breve o sin previa notificación con antelación razonable.

Lo previsto en este párrafo no afecta a las cláusulas en las que se prevea la resolución del contrato por incumplimiento o por motivos graves, ajenos a la voluntad de las partes, que alteren las circunstancias que motivaron la celebración del contrato.'.

Con relación a esta cláusula la S.T.S. de 17 de febrero del 2011 estableció lo siguiente: ' Esta Sala tiene declarado en sentencia nº 506/2008, de 4 de junio , que si ciertamente la doctrina del Tribunal Supremo abogó inicialmente [en la sentencia que cita la parte recurrente de 27 marzo 1999 ] por la nulidad de tales cláusulas de vencimiento anticipado en los préstamos hipotecarios, con invocación de la legislación hipotecaria y con referencia también a los artículos 1125 y 1129 del Código Civil , no puede desconocerse que este pronunciamiento, que no tuvo acceso al fallo y se emitió 'obiter dicta', en un supuesto además en que se estipularon una serie de condiciones que desvirtuaban el contenido del préstamo y suponían prerrogativas exorbitantes y abusivas para el Banco prestamista, no fue seguido por otras resoluciones posteriores en las que esta Sala, con carácter general, ha mantenido como válidas estas cláusulas, por ejemplo en sentencia de 9 de marzo de 2001 y también, en el ámbito del contrato de arrendamiento financiero, en la de 7 de febrero de 2000. Añade la sentencia nº 506/2008, de 4 de junio , que en efecto, como viene señalando la doctrina moderna atendiendo a los usos de comercio, y vista la habitualidad de dichas cláusulas en la práctica bancaria reciente, existen argumentos para defender la validez de tales estipulaciones al amparo del principio de autonomía de la voluntad ( artículo 1255 del Código Civil ) cuando concurra justa causa para ello, es decir, cuando nos encontremos ante una verdadera y manifiesta dejación de las obligaciones de carácter esencial contraídas, como puede ser, ciertamente, el incumplimiento por el prestatario de la obligación de abono de las cuotas de amortización de un préstamo.'.

Por lo tanto, aunque como regla general la estipulación o cláusula en virtud de la cual el acreedor puede dar por vencido un contrato es abusiva, dicha regla general cuando la resolución se fundamenta en el incumplimiento no necesariamente es una cláusula abusiva. Y es que la propia Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 693 permite dar por vencido el préstamo para el caso de incumplimiento del contrato por falta de impago de las cuotas vencidas.

Con relación a esta cláusula la sentencia del TJUE de 14 de marzo del 2013 señaló lo siguiente: 'En particular, por lo que respecta, en primer lugar, a la cláusula relativa al vencimiento anticipado en los contratos de larga duración por incumplimientos del deudor en un período limitado, corresponde al juez remitente comprobar especialmente, como señaló la Abogado General en los puntos 77 y 78 de sus conclusiones, si la facultad del profesional de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo depende de que el consumidor haya incumplido una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que se trate, si esa facultad está prevista para los casos en los que el incumplimiento tiene carácter suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo, si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas aplicables en la materia y si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo.'.

Relacionando lo que indica al respecto el Tribunal de Justicia con lo que indicó en términos generales sobre las cláusulas abusivas, debemos empezar diciendo que en la cláusula general tercera del contrato de préstamo con garantía hipotecaria se pactó el vencimiento anticipado por incumplimiento de cualquier pago estipulado o de cualquier otra de las obligaciones establecidas en el documento público. Dado que el vencimiento del préstamo se efectuó por incumplimiento de la devolución de las cuotas o plazos del préstamo, nos debemos atener a ello, sin examinar la posible abusividad de dar por vencido el préstamo con fundamento en cualquier otro incumplimiento, dado que ello sería propio de un procedimiento ordinario y no de un proceso de ejecución.

Cuando se suscribió el contrato de préstamo con garantía hipotecaria, el día 20 de diciembre del 2007, para la adquisición de la vivienda habitual de ambos prestatarios, el artículo 693, apartado 2 establecía que 'Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de alguno de los plazos diferentes y este convenio constase inscrito en el Registro'. También se establecía en el artículo mencionado que ' Si el bien hipotecado fuese la vivienda familiar, el deudor podrá, aun sin el consentimiento del acreedor, liberar el bien mediante la consignación de las cantidades expresadas en el párrafo anterior.'.

Así, por lo tanto, la cláusula de vencimiento anticipado por incumplimiento de alguno de los plazos estipulados para devolver el préstamo estaba amparado en la Ley en el momento de su estipulación. Por lo tanto, si como señala el TJUE la valoración de si una cláusula es o no abusiva deberá efectuarse en atención al Derecho nacional, nos encontraríamos que la cláusula discutida se ajusta al Derecho español y no podría considerarse ello como abusivo. Tal norma fue cuestionada y motivó la sentencia de 14 de marzo del 2013 , en la que sentó la doctrina antes relatada sobre la cláusula de vencimiento anticipado y que dio lugar a la reforma del artículo 693, cuya nueva redacción es la siguiente: '2. Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de, al menos, tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo, al menos, equivalente a tres meses, y este convenio constase en la escritura de constitución.'.

Podrá cuestionarse si esta reforma se ajusta o no a la doctrina sentada por el TJUE, pero resolviendo el caso concreto, resulta que el vencimiento anticipado por incumplimiento del pago de los plazos mensuales no es una cláusula abusiva, pues la devolución del préstamo en los plazos estipulados es la obligación principal del prestatario, por lo que su incumplimiento se ajustaría al primer requisito que establece el Tribunal de Justicia para poder dar por vencido el préstamo. En segundo lugar, tal facultad no es una excepción según las reglas y principios del Derecho civil, pues conforme dispone el artículo 1124 del Código civil , la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, pero además, se permite expresamente en el artículo 693 de la L.E.C y la legislación sobre protección de consumidores no considera abusivo el vencimiento anticipado si se ampara en el incumplimiento. En tercer lugar, cuando se trata de la vivienda habitual, dicho precepto permite que el ejecutado pueda pagar la cantidad adeudada, más intereses y costas, liberando el bien y rehabilitando el contrato. No cuestionaremos que ello solo pueda efectuarse cuando se trata de vivienda habitual y que en los demás casos sólo dependa de la voluntad del acreedor, pero tratándose en el presente caso de una vivienda habitual, se cumpliría también el requisito exigido por el TJUE.

Por último, la cuestión más discutible es valorar cuando el incumplimiento tiene carácter suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo. Según establecía el artículo 693 con anterioridad a la reforma que del mismo hizo la Ley 1/2013 , tras la publicación de la sentencia de 14 de marzo del 2013 , se permitía dar por vencido el préstamo por el impago de cualquiera de la cuotas a devolver. Ello fue cuestionado ante dicho tribunal y aunque no de forma explicita, según hemos visto, se declaró contrario a Derecho comunitario europeo, aunque, en todo caso, debe decirse que en el momento de suscripción del préstamo se ajustaba al derecho interno. Tras la promulgación de la referida Ley, el incumplimiento para poder dar por vencido el préstamo de forma anticipada es necesario que se hayan impagado tres cuotas. Se podrá cuestionar esta norma y algún sector doctrinal y algún Juzgado o Tribunal la ha cuestionado nuevamente, pero ello sería procedente si el vencimiento anticipado se hubiera producido por el incumplimiento de tres cuotas o menos, sin embargo, si ello no es así y resulta que en el presente caso se han dejado de pagar siete recibos trimestrales, que se corresponden con un impago de un año y medio aproximadamente, no puede considerarse que se haya dado por vencido el préstamo de una forma abusiva.....'

Dit això, hem de dir que el mateix criteri hem d'aplicar en el present cas que ens trobem davant un incompliment de pagament total o parcial per part del deutor durant 6 quotes al moment del venciment anticipat (de desembre 2012 a maig 2013 i de 4 quotes completes més en el moment d'interposar la demanda en el mes de setembre 2013. En conseqüència, no es pot concloure de la nostra valoració ni que sigui feta de manera automàtica sinó valorant la conducta de la part executada, ni que estiguem davant del 'més mínim incompliment del deutor' que genera la reacció desproporcionada de l'entitat bancària. Aquell incompliment del deutor causa un desequilibri important entre els drets i les obligacions de les parts (segons exigeix la Interlocutòria del TJUE d'11 de juny de 2015 ). Ni tampoc es pot dir que aquesta possibilitat de fixar el saldo deutor es degui a l'exclusiva facultat del banc perquè aquesta facultat deriva precisament de l'exclusiva conducta de no pagar de la part prestatària. Per tant, és una resposta recíproca a tal incompliment ni tampoc limita els drets del prestatari, que pot defensar-se si hi ha un error en la liquidació i que té també la possibilitat de pagar en qualsevol moment allò endarrerit abans del dia de la subhasta, com preveu l' article 693.3 de la LEC .

El motiu ha de fracassar.

CINQUÈ.Nul litat d'actuacions

Com a qüestió principal, la part recurrent formula -després d'un repàs a la dedicació del TJUE sobre el procediment especial d'execució espanyol- un motiu de nul litat d'actuacions per no poder recorre la interlocutòria. Aquest motiu formulat de manera principal i redactat de manera profusa, confusa i estereotipada no pot prosperar perquè resulta evident que la recurrent s'ha pogut acollir a la reforma operada pel RD Llei 11/14 en la Llei 1/2013 (disposició transitòria quarta ) i ha pogut interposar recurs d' apel lació contra la interlocutòria per la que es va desestimar la seva petició d'oposició al despatx d'execució (27.11.13).

Tampoc pot prosperar l'al legació consistent en la manca de força executiva del títol perquè no consta que fos primera còpia i que s'hagués expedit amb efectes executius. Només cal anar als folis 72 i 78 respecte l'escriptura de novació de 31.12.09 per sostenir el contrari. I respecte l'escriptura de crèdit originària de 5.9.02 també ve degudament certificada pel Notari com es comprova en el foli 49 revers.

En conseqüència, el motiu no pot prosperar.

SISÈ. Cessió del crèdit

Pel que fa a la nul litat del títol per no tenir inscrita en el Registre de la propietat en favor seu l'entitat executant, hem de dir que aquesta ja ha estat una qüestió resolta per aquesta Sala i actualment pacífica en el sentit que dèiem en les darreres interlocutòries de 22.5.2013 (rotlle 161/2013) i d'11.4.13 (rotlle 773/2012), entre moltes altres de les dues seccions civils, per esmentar les darreres. En la primera d'elles dèiem que :

'....Por la mencionada operación la demandante adquirió el crédito garantizado con la hipoteca, -transmisión que no se pone en tela de juicio por el Juez en el Auto apelado y que resulta de la documentación pública aportada -, no constituyen la cesión de créditos que se refiere el artículo 149 de la Ley Hipotecaria . La cesión se configura en nuestro ordenamiento como la trasmisión de un crédito concreto y, así, el artículo 1.526 del Código Civil se refiere siempre en singular al 'crédito, derecho o acción' cedidos. Se trata, pues, de una cesión singular. La cesión universal responde a otro fenómeno distinto.

La Ley Hipotecaria se ciñe a la cesión singular, como lo revela, ya sin ninguna duda, la redacción dada por la Ley 41/2007, de 7 diciembre al artículo 149 de la Ley Hipotecaria , al referir la cesión a que regula a la prevista precisamente en el artículo 1.526 del Código Civil . Por el contrario, cuando se trata de una sucesión universal, no se requiere más requisitos que los que deriven de la propia norma que defina y regule el mecanismo sucesorio.

Este es el caso que nos ocupa en el que la titularidad del crédito que se trata de hacer efectivo en el proceso de ejecución especial deviene, previa segregación, de una cesión global de activo y pasivo de la anterior titular a la ejecutante. Los artículos 81 a 91 de la Ley 3/2009, de 9 de abril , sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, configura, como nueva forma de sucesión universal entre sociedades mercantiles, la cesión global, que puede conllevar la desaparición de la transmitente, si se despoja de la totalidad, o puede permanecer si, previa segregación, se produce el traspaso en bloque por sucesión universal de una o varias partes del patrimonio de una sociedad, cada una de las cuales forme una unidad económica, a una o varias sociedades (artículo 71). En todo caso, se produce una cesión universal, con las características ya expuestas. Siendo este el caso, según resulta del testimonio notarial aportado con la demanda, se ha producido lo que la propia Ley califica expresamente como sucesión universal, y, por tanto resulta inaplicable el artículo 149 de la Ley Hipotecaria , pues las transformaciones societarias no están bajo su regulación (en ese sentido, y para el caso de fusión de sociedades, se pronuncia esta Audiencia, compartiendo el criterio de la AP Madrid expresado en la Sentencia, Sección 18ª, de 23 de enero de 2.012 y en la más reciente de su Sección 12 ª de 11 de enero de 2012).

En definitiva, la cesión de créditos, en virtud de la cual únicamente se cede a favor de un tercero la posición acreedora de uno de los contratantes, la doctrina jurisprudencial es pacífica desde hace muchos años en la no exigencia ni del conocimiento, ni menos aún, de la prestación del consentimiento por parte del cedido, el cual sólo permanece en el contrato como deudor, sin que la notificación a este, tenga otro alcance que el de obligarle con el nuevo acreedor, no reputándose legítimo desde tal momento el hecho al cedente.

En este sentido se vine pronunciando nuestro Tribunal Supremo, Sala Primera, en sentencias como las de de 28 de octubre de 1957 , 7 de julio de 1958 , 5 de noviembre de 1974 , 16 octubre 1982 , 11 de enero de 1983 , 23 de octubre de 1984 y 12 de noviembre de 1992 . Señalando la jurisprudencia que la cesión de créditos puede hacerse válidamente sin conocimiento previo del deudor y aún contra su voluntad, sin que la notificación a éste tenga otro alcance que el obligarlo con el nuevo deudor. Debiendo entenderse las exigencias de la legislación Hipotecaria (art. 149) de inscripción del crédito hipotecario cedido en sus efectos en relación a terceros, puesto que en esta materia el ordenamiento jurídico especial, tanto en el orden civil como hipotecario, sigue la orientación, y consiguiente normativa, de que la inscripción es meramente declarativa, y, en consecuencia, sólo robustece el título inscrito frente a dichos terceros a los efectos de la fe pública registral.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Diciembre del 2009 , consagra este criterio como aplicable a la cesión del crédito hipotecario, por mor de lo establecido en el artículo 149 de la Ley Hipotecaria . .......'

Aleshores, en aplicació d'aquest criteri jurisprudencial, en aquest cas idèntic al transcrit, CATALUNYA BANC,SA està plenament legitimada per actuar en aquest procediment.

SETÈ.Clàusula sòl.

Quan a la clàusula sòl no declarada abusiva per part de la jutgessa d'instància, malgrat la doctrina assentada pel Tribunal Suprem en la seva sentència de 9 de maig de 2013 conforme la qual cal abordar des de l'òptica de la transparència pel consumidor aquesta classe de clàusules. Però si ho analitzem amb detall i precisió la ubicació de la discutida clàusula dins de l'escriptura de crèdit amb garantia hipotecaria, arribem a la conclusió que la part deutora no va poder disposar de una informació transparent i clara sobre el sòl (interès mínim) que es fixava als interessos remuneratoris quan aquests s'allunyaven del de referència.

Hem de dir que analitzada la existència de la dita clàusula des de l'òptica de la seva transparència, és a dir, si resulta raonable o no concloure que els clients que accedien al seu habitatge gràcies a la constitució d'una hipoteca vinculada al préstec que rebien podien tenir el coneixement del contingut d'una limitació a l'interès variable que havien pactat. I des de l'òptica de la ubicació de la clàusula dins del contingut de l'escriptura de novació del crèdit (foli 63 revers), és pot observar que a) no hi ha cap referència clara a que la dita clàusula limitadora és un element principal del contracte sinó que es situa entre d'altres clàusules secundàries a l'objecte principal del contracte; b) sembla vincular-se la limitació a la baixa de l'interès mínim a satisfer a una limitació a l'alça com si fossin contraprestació l'una de l'altra (3,5 % front el 15 % quan la desproporció entre ambdós límits era encara més evident; c) tampoc existeix en l'escriptura (o en document annex) cap tipus d'exemple o simulació del comportament previsible dels tipus d'interès; d) si s'analitza el tipus de referència en el moment del contracte, demostra la gran desproporció entre el mínim i el màxim de la clàusula sostre que, en teoria, el podia protegir, era pràcticament impossible de resultar operatiu.

En conclusió, doncs tots els arguments adduïts permet estimar abusiva la clàusula sòl aplicada a la liquidació de la disponibilitat de 53.966,34Â? (foli 83) i l'estimem abusiva per la seva manca de transparència. Respecte a les altres liquidacions per disponibilitats del crèdit no li ha resultat d'aplicació la clàusula sòl sinó que els interessos pactats ja eren superiors a la dita clàusula i, per tant, no es veuen afectats per la mateixa.

Ara bé, la seva pretensió accessòria de que la declaració de nul litat tingui efectes retroactius des de l'inici de la vida del préstec, hem de dir que aquest qüestió no pot ser abordada en aquest procediment executiu especial sinó que requereix acudir a un procediment ordinari.

VUITÈ.-Impugnació del procediment d'execució hipotecària

Finalment, abordarem la queixa que articula la part recurrent -de manera ja estereotipada- respecte el procediment vigent sobre execució hipotecària previst en la nostra legislació, des de l'òptica del consumidor. Malgrat que invoca la necessitat de plantejar una qüestió prejudicial davant el TJUE, la recurrent incorre en certa contradicció quan admet que la jurisprudència del TJUE ha establert que en defensa dels interessos dels consumidors i en compliment de la Directiva 93/13 el jutge que conegui del procediment que sigui pugui apreciar d'ofici la nul litat d'alguna de les clàusules contractuals i no moderar els interessos de demora pactats quan siguin declarats abusius. Com ja reconeix la recurrent amb l'aplicació de la jurisprudència europea que, per cert, ha recaigut en diverses ocasions en temes del dret espanyol sobre l'execució hipotecaria, ja ha deixat palès que 1) l'examen sobre les clàusules pactades cal fer-lo d'ofici; 2) que el sistema espanyol ja permet la presència de la part executada que pot fer les al legacions oportunes que venien regulades en l' article 695 de la LEC i, a més, argumentar clàusules abusives sense necessitat d'acudir al procediment ordinari (com es feia abans de la reforma de la LEC operada per la Llei 1/2013; 3) que la part executada ha de poder recorre en una instància superior la decisió de la primera instància sobre clàusules abusives (motiu de la reforma legal espanyola operada per RD-Llei 11/2014 disposició final 3 ª) i 4 ) que en cas d'estimar-se abusiva la clàusula dels interessos de demora, aquests no podran ser moderats pel Tribunal ni tampoc automoderats per l'executant, sinó que cal despatxar l'execució sense interessos d'aquella classe.

En cap de les decisions judicials europees s'ha posat en qüestió l'existència mateixa d'un procediment executiu específic pels bens hipotecats, sinó que el procediment espanyol ha estat modulat per les correccions que acabem de significar. En conseqüència, no es pot fer cap retret aquell procediment executiu específic pels béns hipotecats perquè el dret a la defensa de la part executada queda perfectament garantit amb les reformes legals que ha calgut introduir.

Però es que finalment la recurrent cau en la paradoxa de titllar d'inconstitucional la impossibilitat de recórrer en apel lació a la part executada, quan la pròpia part ha pogut apel lar gracies a la reforma operada pel RD Llei 11/2014 que en la seva disposició transitòria quarta permet aquella apel lació.

Tampoc és procedent acordar la suspensió per formular una qüestió de prejudicialitat que resulta inviable per les raons ja dites i sense oblidar que les causes de suspensió d'aquest específic procediment venen taxades en la llei i, en aquest cas, no concorre cap supòsit legal per suspendre les actuacions.

NOVÈ.Defectes formals

Quant al capítol de defectes formals, la paret recurrent denuncia en el seu escrit de recurs que el títol executiu aportat a les actuacions no té força executiva perquè no és primera còpia. Només cal acudir als folis 72 i 78 per comprovar el contrari: l'escriptura de novació del crèdit de 31.12.09 és primera còpia a efectes executius. Per la seva banda, l'escriptura originària del crèdit de data 5.9.02 també és primera còpia, tal i com es pot comprovar en el revers del foli 49. Per tant el requisit formal previst en l' article 517.2.4 de la LEC està acomplert.

Quant a la al legada infracció de l' article 5.9 del RD llei 6/2012 per no haver advertit prèviament l'entitat executant al seu client de l'existència del Codi de Bones Pràctiques, cal dir que aquesta al legació no pot ser tinguda en compte en un procediment executiu hipotecari perquè en aquest només es poden al legar incompliments que es derivin de les causes legals previstes en els apartats 1 a 4 del número 1 de l'article 695 de la LEC . Qualsevol incompliment contractual caldrà ser al legat en un procediment ordinari.

Per acabar la part recurrent denuncia que l'índex de referència pels interessos pactats sigui el de los préstecs hipotecaris a mes de tres anys per a caixes d'estalvi i, subsidiàriament, el tipus actiu de les caixes d'estalvi indicador CECA tipus actiu. De nou, la part apel lant es situa en un pla allunyat de la realitat. Com es pot comprovar en l'escriptura de novació de 31.12.09 (foli 61), el tipus de referència pactat principal (i novat, respecte la concessió inicial de 2.9.02) és l'EURIBOR a un any, que proclama com el més favorable al consumidor. Per tant aquest motiu tampoc ha de ser atès perquè de nou està allunyat de la realitat del cas estudiat i també del rigor exigible a tota impugnació d'una decisió judicial.

DESÈ.L'estimació parcial del recurs comporta no fer cap pronunciament de condemna respecte la imposició de les costes d' aquesta alçada en aplicació de l' article 398.2 de la LEC .

Fallo

Estimem parcialmentel recurs d'apel lació formulat per la Procuradora Miriam Verdaguer Crous, en nom i representació de Pedro Enrique , contra la interlocutòria de data 20/02/2015, que va dictar el Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Santa Coloma de Farners en les actuacions de Exeucuió hipotecària núm. 567/2013, de les quals dimana aquest Rotlle d'apel lació, i revoquem la interlocutòria de 20.2.15 en el sentit que en la nova liquidació a presentar per l'entitat bancària caldrà excloure la clàusula sòl de les quotes reclamades procedents de la liquidació de 53.966,34Â? (foli 83), sense imposar les costes en aquesta alçada.

Contra aquesta resolució no hi cap recurs ordinari de cap classe ni l'extraordinari per infracció processal.

Expediu testimoniatges d'aquesta resolució, uniu-los al rotlle corresponent i trameteu-los al Jutjat de procedència, juntament amb les actuacions originals.

Aquesta és la nostra interlocutòria que, jutjant de manera definitiva, pronunciem, manem i signem i que es dipositarà al Llibre d'interlocutòries d'apel·lació.

Així ho acorda la Sala i signem els magistrats esmentats a l'encapçalament.