Encabezamiento
XDO. PRIMEIRA IN STANC IA N. 6 SANTIAGO DE COMPOSTELA
AUTO: 00055 /2021
AUTO nº 55/2021
Santiago de Compostela,19 de enero de 2021 .
Vistos por mi Roberto Soto Sola , magistrado titular del juzgado de primera instancia nº 6 de DIRECCION000 ,las presentes actuaciones dimanantes del procedimiento de Jurisdicción Voluntaria nº 26/2021en que consta como partes como tutora DOÑA Sacramento ,como tutelada DOÑA Serafina ambas mayores de edad reseñadas en autos , con intervención de la representante del Ministerio Fiscal .
Antecedentes
PRIMERO.- En fecha 8-1-2021tuvo entrada comunicación por la dirección de la RESIDENCIA000 DIRECCION000 de la oposición de la tutora antes indicada a la suministración a la tutelada antes reseñada de la vacuna COVID-19 ( escrito de fecha 28- 12-2020) .
Incoado este procedimiento, por Providencia de fecha 11-1-2021se acordó
1º.- Unir copia de sentencia del previo JUICIO SOBRE DETERMINACION DE LA CAPACIDAD .
2º.- Recabar del médico forense adscrito al IMELGAinforme en un plazo máximo de 72 h previa consulta del I.A.N.U.S. sobre :
A) Si el paciente tiene capacidad natural para tomar decisiones en el ámbito de su salud y demanera específica para decidir sobre semejante acto médico .
B) Si la citada vacuna presenta algún tipo de contraindicación particular en el caso concreto de dicho paciente ,atendiendo las patologías y enfermedades diagnosticadas al mismo o en base a la medicación pautada al mismo
3º.- Recabar informe de los Servicios Sociales de la RESIDENCIApara su remisión al correo electrónico del DIRECCION001. en un plazo máximo de 72 h sobre estancias y comunicación del/la tutor/a con el/la paciente desde su ingreso así como sobre cualquier circunstancia social o familiar que puede resultar relevante en relación a la negativa al suministro de la citada vacuna .
Por Providenciaasimismo se acordó recabar informe médico del facultativoque atiende a la paciente en la residencia sobre
1.- Si constan instrucciones previas del paciente y en ese caso, su contenido.
2.- Si el paciente tiene completado el calendario de vacunación y, en particular si se tiene vacuna de la gripe en años precedentes, desde ingreso en residencial en el año 2.013.
SEGUNDO.-Señalada vista para el 14-1-2021para audiencia de la tutora fue suspendida por motivos laborales de la misma celebrándose finalmente en el día de hoy 19-1-2021en que la tutora ratificó de manera sustancial sus motivos de oposición ( ' miedo a reacciones adveras, desconfianza hacia la vacuna por producirse tan rápido y consejo de terceros') .
Evacuada audiencia de la tutora una vez efectuado traslado a la misma de los informes médicos y sociales recabados la representante del Ministerio Fiscalinteresó que se autorizara la vacunación de la tutelada ponderando los riesgos/beneficios de la vacuna y el riesgo para la vida integridad física salud y dignidad que implica la negativa a la misma .
Fundamentos
PRIMERO.- VACUNAS : AMBITO NORMATIVO
I.-Las vacunas tienen la consideración de medicamentos especialessegún la Ley del medicamento , (Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios) que en su articulo 45 regula las garantías sanitarias concretas de las vacunas y demás medicamentos biológicos:
Quedan sometidas a la regulación contenida en la propia ley y las que se determinan reglamentariamente (Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente).
Se exceptúan las preparaciones individualizadas de vacunas y alérgenos para un solo paciente.
Por interés de la salud pública, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (en adelante AEMPS) podrá someter a autorización previa cada lote y condicionar la comercialización a su conformidad.
II.- En general para cualquier tipo de vacuna y hasta la fecha se considera que la vacunación es voluntaria,aunque hay marco legal básico para establecer una vacunación forzosa y en particular en caso de epidemias en base a los artículos 4 y 12 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de estados de alarma, excepción y sitio: ' El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución , podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad: b) 'crisis sanitarias, tales como las epidemias.... La autoridad competente podrá adoptar por sí, según los casos, además de las medidas previstas en los artículos anteriores, las establecidas en las normas para la lucha contra las enfermedades infecciosas'.
Si bien la Ley 33/2011, 4 de octubre, General de Salud Públicaparte de un principio general de voluntariedad en las actuaciones de salud pública , la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud públicaestablece matizaciones al respecto :
Art. 2 : ' Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad'.
Art. 3 : ' Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible'.
A su vez la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones establece en su articulo 9.2 : 'Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, en los siguientes casos: a) Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley. En todo caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de24 horas siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas'.
Es decirque el principio general de autonomía de la voluntad solo admite limitación en circunstancias excepcionales y entre estas se halla el supuesto de riesgo para la salud pública.
En definitivala regla general es la no obligatoriedad de la vacunación y solo excepcionalmente la Ley Orgánica 3/1986 permitiría amparar una vacunación obligatoria en casos de epidemias y crisis sanitarias y riesgo efectivo para la salud pública mientras que en los supuestos en que el riesgo es exclusivamente individual, solo cabria una vacunación obligatoria en el caso previsto en el art. 9.2 b) Ley 41/2002 antes citada : ' Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él, sin que resulte de aplicación a estos supuestos de riesgo individual la Ley Orgánica 3/1986'.
La jurisprudenciaofrece casos excepcionales en que se pondera la obligatoriedad de una vacuna en particular en relación a la educación y escolarización de menores de edad (Sentencia del T.S.J. de lo Contencioso Administrativo de Andalucía de fecha 28-3- 2000 , Sentencia del T.S.J. de lo Contencioso Administrativo de La Rioja de fecha 2-4-2002 o la más reciente la Sentencia de fecha 22-7-2013 de la Sección 1º del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia '... la convivencia en un Estado social y democrático de Derecho supone, no sólo el respeto de los derechos fundamentales a títuloindividual, sino también que su ejercicio no menoscabe el derecho del resto de la sociedad que se rige por unas pautas de conducta que persiguen el interés general. Así pues, no estamos aquí ante una vulneración del derecho a la educación, de lo que es buena prueba la admisión de la menor en la escuela, sino ante el incumplimiento de unas obligaciones que tienen como finalidad la prevención de enfermedades, y que se traducen en la práctica en la exigencia de acreditar las vacunaciones sistemáticas que le corresponden por su edad, que responden a la idea de obtener una inmunidad del grupo que, además de proteger del contagio a los individuos no vacunados por contraindicaciones individuales, permite la eliminación de la enfermedad en un área geográfica determinada, e incluso a nivel mundial....'
III.-En cualquier caso en el supuesto de la vacunación con motivo de la pandemia Covid -19 nos hallamos ante una VACUNA VOLUNTARIA y así lo recuerda la Estrategia de Vacunación frente a la COVID.19 emitida por el Grupo de Trabajo técnico de Vacunación de la ponencia de Programas y Registro de Vacunaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud'... Sin perjuicio del deber de colaboración que recae sobre losindividuos, la vacunación frente a COVID- 19 será voluntaria, y ello, a salvo de lo previsto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas especiales en materia de salud pública. Se considera importante registrar los casos de rechazo a la vacunación en el Registro de vacunación, con la finalidad de conocer las posibles razones de reticencia en diferentes grupos de población.'
SEGUNDO.- CONSENTIMIENTO MEDICO INFORMADO POR SUSTITUCION: AMBITO NORMATIVOI-En el ámbito internacional es fundamental recordar que elConsejo De Derechos Humanos De La O.N.U de Fecha 26-9-2017 sienta los principios rectores aplicables en esta materia:
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Recuerda los principios generales enunciados en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, como el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual y la independencia,y la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad
Recalca que los estados deben asegurarse de que las personas con aficiones de salud mental o discapacidades psicosociales,en particular las personas que utilizan los servicios de salud mental, tengan acceso la una variedad de servicios
de apoyo basados en el respeto de los derechos humanos para vivir de forma independiente, ser incluidas en la comunidad, ejercer su autonomía y capacidad de actuación, participar de manera significativa en todos los asuntos que las afecten y tomar decisiones al respecto, así como lograr que se respete su dignidad, en igualdad de condiciones con las demás personas,
Exhorta a los estados a que adopten todas las medidas necesarias para que los profesionales sanitarios proporcionen a las personas con aficiones de salud mental o discapacidades psicosociales, en particular las que utilizan los servicios de salud mental, la misma calidad asistencial que a las demás, también sobre la base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización respeto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de esas personasa través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos publico y privado
Alienta encarecidamente a los estados a que apoyen el empoderamiento de las personas con aficiones de salud mental o discapacidades psicosociales para que conozcan y exijan sus derechos,entre otras cosas mediante la alfabetización sanitaria y en materia de derechos humanos, la que proporcionen educación y formación en materia de derechos humanos para los trabajadores sanitarios, a policía, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el personal de prisiones y otros profesionales pertinentes, con especial hincapié en la no discriminación, el consentimiento libre e informado y el respeto de la voluntad y las preferencias de todos, la confidencialidad y la intimidad, y la que intercambien las mejores prácticas en la materia'
II.-En el ámbito de la normativa a nivel estatalcebe citar el artículo 9 de la Ley estatal de consentimiento informado 41/2002 de 14 de noviembre
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3. Se otorgará el consentimiento por representaciónen los siguientes supuestos:
a) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la
asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación. Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.
b) Cuando el paciente tenga la capacidad modificadajudicialmente y así conste en la sentencia.
c) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el representante legal del menor, después de haber escuchado su opinión, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la LeyOrgánica1/1996,de 15deenero,deProtecciónJurídicadel Menor.
4. Cuando se trate de menores emancipados o mayores de 16 años que no se encuentren en los supuestos b) y c) del apartado anterior, no cabe prestar el consentimiento por representación.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de una actuación de grave riesgo para la vida o salud del menor, según el criterio del facultativo, el consentimiento lo prestará el representante legal del menor, una vez oída y tenida en cuenta la opinión del mismo.
6. En los casos en los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal o las personas vinculadas por razones familiares o de hecho en cualquiera de los supuestos descritos en los apartados 3 a 5, la decisión deberá adoptarseatendiendo siempre al mayor beneficio para la vidao salud del paciente.
Aquellas decisiones que sean contrarias a dichosintereses deberán ponerse en conocimiento de laautoridad judicial, directamente o a través del Ministerio Fiscal, para que adopte la resolución correspondiente, salvo que, por razones de urgencia, no fuera posible recabar la autorización judicial, en cuyo caso los profesionales sanitarios adoptarán las medidas necesarias en salvaguarda de la vida o salud del paciente, amparados por las causas de justificación de cumplimiento de un deber y de estado de necesidad.
7. La prestación del consentimiento por representación será adecuada a las circunstancias yproporcionada a las necesidades que haya queatender, siempre en favor del paciente y conrespeto a su dignidad personal.
El paciente participará en la medida de lo posibleen la toma de decisiones a lo largo del procesosanitario. Si el paciente es una persona condiscapacidad, se le ofrecerán las medidas de apoyopertinentes, incluida la información en formatosadecuados, siguiendo las reglas marcadas por el principio del diseño para todos de manera que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad, para favorecer que pueda prestar por sí su consentimiento.'
III.-En la normativa específica de la Comunidad Autónoma de Galiciacabe citar artículo 6 de la Ley 3/2001 de consentimiento informado de Galicia que establece:
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1. Son situaciones de otorgamiento del consentimiento por sustitución las siguientes:
a) Cuando el paciente esté circunstancialmente incapacitado para tomar decisiones, por criterio del médico responsable de la asistencia, el derecho corresponderá a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él.
En caso de familiares, se dará preferencia al cónyuge o, en su caso, a quien tenga la condición legal de pareja de hecho. En su defecto, a los familiares de grado más próximo y dentro del mismo grado a los que ejerzan de cuidadores o, a falta de éstos, a los de mayor edad.
b) Cuando el paciente sea un incapacitado legal, elderecho corresponde a su representante legal, quehabrá de acreditar de forma clara e inequívoca, envirtud de la correspondiente sentencia de incapacitación, que está legalmente habilitado paratomar decisiones que afecten a la persona delincapaz.
Asimismo, cuando a criterio del médico responsable, el incapacitado reúne suficientes condiciones de madurez, le facilitará la información adecuada a su capacidad. La opinión de éste será tomada en consideración como un factor que será tanto más determinante en función de su capacidad.
c) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención, en este caso, el consentimiento lo dará el representante legal delmenor después de haber escuchado su opinión si tiene doce años cumplidos. Cuando se trate menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por sustitución. Sin embargo, en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en cuanta para la toma de la decisión correspondiente.
d) En caso de que la decisión del representantelegal sea contraria a los intereses del menor oincapacitado, habrán de ponerse los hechos enconocimiento de la autoridad competente en virtudde lo dispuesto en la legislación civil.
3. La representación del consentimiento porsustitución será adecuada a las circunstancias yproporcionada a las necesidades que es precisoatender, siempre a favor del paciente y con respetoa su dignidad personal. El paciente participará enla medida de lo posible en la toma de decisiones alo largo de su proceso sanitario.'
IV.- De concurrir Instrucciones Previas del paciente( documento en que manifiesta anticipadamente la voluntad sobre los cuidados y tratamientos que podría precisar en el futuro y el destino final de su cuerpo, con el fin de que esta sea respetada en el momento en que por determinadas circunstancias no pueda expresarla personalmente ) se erigen las mismas en un criterio interpretativo muy relevante , siempre que las mismas ofrezcan alguna indicación específica sobre la vacunación o intervenciones médicas similares.
IV.- En ausencia de documentación de la denominada voluntad anticipada del paciente ,es decir en defectode Instrucciones Previas o en caso de insuficiencia delas mismas y sobre los problemas prácticos éticos ylegales que plantea el consentimiento por sustitución cabe recordar varios aspectos relevantes en la doctrina científicacomo señala entre otros el magistral trabajo titulado Problemas Del Consentimiento Informado Por Sustituciónde Jacobo Dopico Gomez-Aller Profesor de Derecho penal de la Universidad Carlos III publicado en Cuadernos de la fundación Victo Grifols i Lucas :
1º.-Frente a un enfoque consecuencial o a uno e formal , debe optarse por un enfoque 'funcional' de la capacidad/competencia para prestar el consentimiento informadorespecto a intervenciones médicas , debiendo por ello valorarse la capacidad intelectual y emocional 'especifica'para adoptar la concreta decisión médica en cada momento ( ' capacidad natural')
2º.-El legislador en el articulo 9.3citado opta por una definición en negativo, precisando quienes carecen de tal capacidad y cuyo consentimiento informado debe ser sustituido si bien tales definiciones por su carácter indeterminadodebe ser interpretadas y así la mera constatación de concurrencia de previa sentencia de modificación judicial de la capacidad de obrar del paciente puede no determinar la concreta falta de capacidad para prestar consentimiento informado valido a un concreto acto médico .
3º.-En defecto de tales Instrucciones Previas y sobre los criterios en base a los cuales debe decidir el representante o sustituto del paciente se enuncian en la doctrina varios posibles a saber :
A- Las valoraciones subjetivas del sustituto, es decir del llamado a prestar el consentimiento por sustitución .
Aunque tal criterio puede ser decisivo en otros ámbitos (como la decisión de progenitores sobre la educación religiosa sus hijos menores de edad ) se rechaza de manera general en el ámbito médico por el riesgo que implicaría de imposición por terceros de sus criterios particulares en semejante materia ,cuando los mismos divergen de la opción medica indicada o inclusive de la voluntad del paciente , dado que el sustituto no es el titular de los derechos sobre los que se decide (vida y salud) .
B- La ponderación de la decisión que el paciente habría adoptadodiferenciando el denominado testimonio de voluntad anticipada ( el sustituto o representante atestigua la voluntad anticipada del paciente ) y la denominada voluntad hipotética del paciente ( el sustituto intenta reconstruir cual era la voluntad del paciente con base a sus valores ,religión, opinión en supuestos similares ).
Esta opción - más respetuosa con la voluntad del paciente - ofrece sin embargo serios riesgos en ausencia de instrucciones previas documentadas precisamente por las dificultades de prueba de la fiabilidad y reiteración de las manifestaciones previas del paciente que puedan ser adveradas testificalmente , por la misma posibilidad de cambio de criterio sobrevenido del paciente que pueda escapar a la corroboración testifical o inclusive por la eventual concurrencia actual de conflictos de intereses entre paciente y sustituto ( por ejemplo el derivado de la condición hereditaria del sustituto ) etc.
C- El denominado mejor interés del paciente a partir de consideraciones objetivables : La ponderación prioritaria del mayor bienestar y la salud y vida del paciente .
Se trata de un criterio objetivo que ,en ausencia de manifestación de voluntad especifica documentada del paciente y de una fiable reconstrucción de su voluntad hipotética , opta porque la decisión a adoptar debe ser la más respetuosa con el mayor beneficio para la salud la vida y el bienestar según criterios objetivados médico y socialmente consensuados .
Se trata del criterio más objetivable y por eso menos controvertido porque busca el mayor beneficio para el paciente según tales parámetros atendiendo a los criterios de la ' lex artis' y que la doctrina estima consolidado en el citado articulo 9.3 de la ley al señalar este 'el consentimiento por sustitución se otorgue siempre en favor del paciente .
Según este criterio mientras un paciente puede adoptar decisiones contrarias a la indicación médica que afecta al mismo (articulo 21 de la Ley) el sustituto o representante legal no tiene semejante margen de decisión .
Una vez acreditada y objetivada cual sea la opción más respetuosa con el mayor beneficio para la salud la vida y el bienestar del paciente -en cada caso concreto y respecto a una especifica decisión médica- el denominado superior interés del paciente menor o carente de capacidad para prestar consentimiento vincula a su sustituto o representante legal y por ello, de considerarse su opción contraria a tal interés superior, procede someter la decisión al criterio judicial .
Pues bien la ponderación prioritaria del mayor bienestar y la salud y vida del paciente parece atenderse por el legislador estatalal establecer en el articulo 9.3de la citada Ley que la decisión deberáadoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida osalud del paciente,si bien el mismo es modulado por el apartado 7º ' La prestación del consentimiento por representación será adecuada a las circunstanciasy proporcionada a las necesidades que haya que atender, siempreen favor del paciente y con respeto a su dignidad personal.
TERCERO.- SUPUESTO ENJUICIADO
I.- La decisión a adoptar debe ponderar la normativa sanitaria especifica antes enunciada en el marco de la normativa general dispuesta en nuestra Constitución en su articulo 15 que reconoce el derecho a la integridad física'y su artículo 43que reconoce el derecho a la protección de la salud y atribuye a los poderes públicos la competencia para organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios y a nivel procesal y sustantivo civil en los siguientes preceptos:
Articulo 762 Ley de Enjuiciamiento Civil
1.- Cuando el tribunal competente tenga conocimiento de la existencia de posible causa de incapacitación en una persona, adoptará de oficio las medidas que estime necesarias para la adecuada protección del presunto incapaz o de su patrimonio y pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal para que promueva, si lo estima procedente, la incapacitación. 3. Como regla, las medidas a que se refieren los apartados anteriores se acordarán previa audiencia de las personas afectadas. Para ello será de aplicación lo dispuesto en los artículos 734 , 735 y 736 de esta Ley .
El articulo 216 Código civil que establece
Las medidas y disposiciones previstas en el artículo 158 de este Código podrán ser acordadas también por el Juez, de oficio o a instancia de cualquier interesado, en todos los supuestos de tutela o guarda, de hecho o de derecho, de menores e incapaces, en cuanto lo requiera el interés de éstos.
La Ley de Jurisdicción Voluntaria(arts. 87 y siguientes ) que diseña el procedimiento de adopción de medidas de protección en caso de posible ejercicio inadecuado de potestad de guarda de personas con capacidad modificada judicialmente .
II.- La persona tutelada tiene su capacidad de obrar modificada judicialmente en virtud de sentencia de 19-12-2014 recaída en los autos de JUICIO SOBRE DETERMINACION DE LA CAPACIDAD 857/2014 constándose entonces la ausencia de capacidad de obrar en todos los ámbitos y en particular en el ámbito de la salud comprendiendo este a su vez la decisión sobre manejo de medicamentos, sobre seguimiento de pautas alimenticia,sobre autocuidado y sobre prestación de consentimiento informado médico
III.-En la actualidad la paciente se halla ingresada en la RESIDENCIA000 de DIRECCION000 , se halla encamada , no responde a ninguna de la preguntas que se le hacen ,carece de capacidad natural actual para decidir sobre la vacuna propuesta y no concurre actual contraindicación médica alguna por razón de enfermedad y medicación para la administración de la citada vacuna y así según criterio médico forense :
La exploración realizada a Serafina, la documentación médica aportada y la revisión de su historial clínico, ponen de manifiesto la presencia de un grave deterioro cognitivo, que le impide decidir sobre cuestiones sanitarias, ya que su consentimiento en estos momentos está anulado por dicha alteración neurológica.
Revisando el historial clínico de esta persona no se ha encontrado ninguna patología que constituya una contraindicación absoluta para la administración de la vacuna anti-Covid 19.
IV.- No consta que la paciente otorgase Instrucciones Previas.
V.- A la paciente le fueron administradas las vacunas preceptivas según las campañas anuales de vacunación desde su ingreso residencial en el año 2014 incluyendo la vacuna antineumocócica( informe del médico del centro residencial) ; según la tutora no se le requirió el consentimiento informado en tales ocasiones.
Por edad y patología la paciente se halla incluida entre los grupos más vulnerables que deben vacunarse de manera prioritaria siendo superior el riesgo por la circunstancia de su ingreso residencial.
VI.- La única perspectiva a ponderar en el caso es la individual de la paciente es decir la identificación de la mayor protección y del mejor beneficio de la salud de la residente , debiendo quedar al margencualesquier otra consideración de Salud Pública , dada la naturaleza voluntaria de la citada vacuna , debiendo quedar asimismo al margen otros intereses así como cualquier consideración accesoria como el eventual beneficio para los restantes residentes y para los trabajadores del centro residencial.
VII .-Los motivos enunciados por la tutora en la vista( ' miedo a reacciones adveras, desconfianza hacia la vacuna por producirse tan rápido y consejo de terceros , una amiga psicóloga y otro amigo de la familia médico , si bien ninguno de tales profesionales asistieron ni asisten a la tutelada') siendo razonables no pueden obviar sin embargo que deban ponderarse en el caso concreto los riesgos/beneficios de la administración de la vacuna(no concurriendo actual contraindicación médica alguna por razón de enfermedad y medicación especifica de la paciente ) frente a los notorios riesgos para la vida integridad física salud y dignidad de la misma que implicaría la decisión de no vacunarse de contraer la enfermedad, riesgos estos que no se consideran neutralizados de manera suficiente ni por la situación de encamamiento de la paciente , ni por la limitada interacción social y familiar de la misma , dado su ingreso residencial , ni por la posible vacunación sucesiva del personal del centro residencial o inclusive del cualesquiera otro personal asistencial y sanitario que pueda atender a la paciente en un futuro inmediato .
En todo caso ante las quejas de la tutora por la excesiva premura en que se recambio el consentimiento desde el ámbito residencialdebe recordarse a los responsables de dicho centro que en lo sucesivo deberán garantizar y acreditar haber facilitado a la persona una información pormenorizada y exhaustiva con antelación suficiente para reflexionar en los arts. 4 y 8 de la Ley reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes que imponen y exigen:
'3.- La información se facilitará con la antelaciónsuficiente para que el paciente pueda reflexionar ydecidir libremente.
4.- La información será objetiva, específica y adecuadaal procedimiento, evitando los aspectos alarmistas que puedan incidir negativamente en el paciente.
5.- La información deberá incluir:
- Identificación y descripción del procedimiento.
- Objetivo del mismo.
- Beneficios que se esperan alcanzar.
- Alternativas razonables a dicho procedimiento.
- Consecuencias previsibles de su realización.
- Consecuencias de la no realización del procedimiento.
- Riesgos frecuentes.
- Riesgos poco frecuentes, cuando sean de especial gravedad y estén asociados al procedimiento de acuerdo con el estado de la ciencia.
- Riesgos personalizados de acuerdo con la situación clínica del paciente.
- Contraindicaciones'.
VI.-En la información facilitada consta que la citada vacuna es la única alternativa actual para superar la pandemia,estando además prevista por razón de su escasez su administración de manera progresiva empezando por los grupos más vulnerables entre quienes se incluye la paciente , según la Estrategia de Vacunación frente a la COVID.19 del Grupo de Trabajo técnico de Vacunación de la ponencia de Programas y registro de vacunaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y conforme al Plan Gallego de Vacunación de la Xunta de Galicia .
La autorización de la citada vacuna por la Agencia Europea de medicamentos y la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitariospermite suponer que las mismas se han elaborado -a pesar de la celeridad del proceso- con las máximas garantías de calidad, seguridad y eficacia y que por ello mismo los beneficios de su administración de las mismas superan notoriamente los riesgos derivados de la misma constatados hasta el momento y además el Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano coordinado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios cuenta además con un plan específico para analiza eventuales acontecimientos adversos que sean comunicados .
El riesgo de reacciones adversas a la vacunación debe estimarse en el momento actual muy inferior al riesgo derivado de la no vacunación, a la consiguiente frustración de una inmediata y prioritaria protección de la salud de la paciente y al consecutivo peligro y riesgo que debe calificarse como muy grave y efectivo de desarrollar enfermedad de contraer el virus del Covid-19, precisamente por razón de su edad avanzada, sus patologías y ,en particular, por razón de su ingreso residencial dado que la dramática experiencia acreditada desde marzo de 2020 evidencia los inasumibles índices de contagio y mortalidad en el ámbito residencial de nuestros mayores .
Resultan de ponderación aquí los principios de no maleficencia y de beneficienciasegún los cuales la vacuna (presumiblemente segura rápida y eficaz) evita el riesgo de contraer la enfermedad y con ello incluso de morir y permitirá a la paciente una vez alcanzada su inmunidad disfrutar de un mayor régimen de estancias y comunicación con sus familiares y allegados atenuando la grave y continuada separación de su entorno más inmediato que padecen nuestro mayores residentes desde marzo de 2020 con presumible menoscabo de su bienestar emocional ,si bien tal concreto aspecto puede resultar subsidiario en el particular caso de la citada paciente por la situación de encamamiento actual de la misma .
En este sentido debe atenderse entre otros aspectos relevantes a la Declaración Del Comité De Bioética De España Sobre La Estrategia De Vacunación Frente A La Covid-19 Y, En Especial, Sobre La Priorización De La Vacunaciónque señala : ' La inmunización frente a la COVID-19 a través de la vacunaconstituye la principal estrategia para superar la terriblepandemia que llevamos varios meses sufriendo. Tal estrategia cobra aún más relevancia, una vez que hemos podido comprobar que tratar de obtenerla a través del contagio del virus genera en muchos casos una enfermedad con efectos devastadores la priorización en la distribución de las vacunas debe llevarse acabo con especial atención no solo a criterios científicos,clínicos y económicos, sino también éticos y legales.Y a estos efectos, los principios de igualdad, equidad, necesidad, beneficio social y reciprocidad tienen un significado especifico en el contexto del acceso a la atención de la salud. Por ello, parece que un modelo mixto de priorización delos recursos, en el que se preste especial atención a lavulnerabilidad, es el que mejor se acomoda a un caso como elque nos ocupa. ..'
Pues bien, en base a los datos antes enunciados , desde la única perspectiva a ponderar en el caso que es la individual de la paciente ( es decir la identificación de la mayor protección y del mejor beneficio de la salud de la residente ) y en el exclusivo interés de la misma procede estimar la solicitud de la representante del Ministerio Fiscal y en consecuencia autorizar el suministro de la vacuna contra el SARS- Covid 19 a DOÑA Serafina mayor de edad reseñada en autos en las fechas previstas conforme a las dosis prescritas y por el personal sanitario especializado que corresponda según el Plan Gallego de Vacunación frente al SARS-COVID
En atención a lo expuesto ,
Fallo
PROCEDE ACORDAR Y ACUERDO AUTORIZAR EL SUMINISTRO DE LA VACUNA CONTRA EL SARS- COVID 19 A DOÑA Serafina mayor de edad reseñada en autos en las fechas previstas conforme a las dosis prescritas y por el personal sanitario especializado que corresponda según el Plan Gallego de Vacunación frente al SARS-COVID
Notifíquese esta resolución a la representante del Ministerio Fiscal , a la tutora de la paciente y a la Dirección del centro Residencial.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelaciónen los términos de los artículos 458 ss de la Ley de Enjuiciamiento Civil y articulo 20 de la ley de Jurisdicción Voluntaria el cual carece de eficacia suspensiva debiendo llevarse a efecto de inmediato lo acordado .
No procede efectuar pronunciamiento condenatorio alguno en materia de costas procesalesdada la naturaleza particular de la cuestión controvertida .
Así lo acuerdo , mando y firmo , Roberto Soto Sola, magistrado titular del Juzgado De Primera Instancia nº 6 de DIRECCION000 , de lo que yo la LAJ doy fe .
'La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.' .
