Auto Contencioso-Administrativo Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 1550/2025 de 26 de febrero del 2026

PRIMERO.- Requisitos formales del escrito de preparación.

1.El escrito de preparación fue presentado en plazo ( artículo 89.1 de la LJCA) , la sentencia contra la que se dirige el recurso es susceptible de recurso de casación ( artículo 86 de la LJCA, apartados 1 y 2) y el Ayuntamiento de Elche, se encuentra legitimado para interponerlo, al haber sido parte en el proceso de instancia ( artículo 89.1 LJCA) .

2.En el escrito de preparación se acredita el cumplimiento de tales requisitos reglados, se identifican con precisión las normas del ordenamiento jurídico estatal que fueron alegadas en la demanda y tomadas en consideración por la Sala de instancia. También se justifica que las infracciones imputadas a la sentencia han sido relevantes para adoptar el fallo impugnado [ artículo 89.2 de la LJCA, letras a), b), d) y e)].

3.El repetido escrito fundamenta especialmente que concurre interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia porque la sentencia impugnada fija, para supuestos sustancialmente iguales, una doctrina (i) gravemente dañosa para los intereses generales [ artículo 88.2.b) de la LJCA], (ii) y que afecta a un gran número de situaciones [ artículo 88.2.c) de la LJCA]. De las razones que ofrece para justificarlo se infiere la conveniencia de un pronunciamiento del Tribunal Supremo, por lo que se cumple también el requisito exigido por el artículo 89.2.f) de la LJCA.

SEGUNDO.- Hechos relevantes a efectos del trámite de admisión del presente recurso de casación.

Un análisis del expediente administrativo y de las actuaciones judiciales nos lleva a destacar como datos importantes para decidir sobre la admisión a trámite del recurso de casación los siguientes:

2.1 Donación de un bien.

D. Conrado y Dª Susana recibieron el 18 de mayo de 2022 por donación de su madre, una finca con superficie de 10.187 m2 y referencia catastral NUM001.

2.2. Solicitud de no sujeción al IIVTNU.

Como consecuencia de la mencionada donación notificaron al Ayuntamiento de Elche la transmisión solicitando la no sujeción al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana [«IIVTNU»].

Se alegaba en la solicitud la condición de suelo no urbano del terreno, a efectos catastrales, en aplicación del artículo 7.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario [« TRLCI»].

El Ayuntamiento dictó resolución por la que se denegó tal solicitud expediente NUM000.

2.3. Liquidaciones giradas en concepto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana [«IIVTNU»].

Tras la desestimación de la precitada solicitud se practicaron dos liquidaciones sobre la donación realizada, con número de expediente NUM002 y números de liquidaciones núm. NUM003 -sujeto pasivo D. Conrado- y núm. NUM004 -sujeto pasivo D.ª Susana-.

2.3. Interposición de recurso de reposición.

El 20 de noviembre de 2023, la representación procesal de D. Conrado

y D.ª Susana, interpuso recurso de reposición contra la resolución del expediente NUM000 mediante el que se desestimó la solicitud de no sujeción al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana [«IIVTNU»] de la transmisión mediante donación.

En el recurso de reposición se reitera la pretensión realizada en la solicitud inicial objeto de desestimación, consistente en la alegación del carácter no urbano a efectos catastrales del bien inmueble objeto de la donación.

El Alcalde/Concejal-a delegado/a dictó resolución núm. 2023014185 el 19 de diciembre de 2023 por la que desestimó el mencionado recurso de reposición, atendiendo a la siguiente argumentación:

«CONSIDERANDO: Que en contestación al recurso planteado procede reiterando los motivos por los que se procedió a desestimar, mediante resolución del expediente NUM000, la solicitud inicialmente planteada, atendiendo a que no se realiza una concreta oposición a sus motivos.

A modo de síntesis, se indicó en la resolución que en el ámbito tributario del IIVTNU los datos a tomar en consideración sobre la naturaleza de los terrenos son los existentes en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) ( art. 104.2 RDL 2/2004 Ley Haciendas Locales) y en relación al inmueble en cuestión su naturaleza catastral en el IBI es urbana. Así también se indicó, que es la Dirección General de Catastro el organismo al que se debe dirigir los interesados si pretende que se alteren los datos catastrales de un inmueble y se estudie su pretensión, siendo incompetente el Ayto. de Elche para modificar la naturaleza catastral de los inmuebles, teniendo Catastro la competencia para la formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario ( art. 4 RDL 1/2004 Ley Catastro Inmobiliario)».

2. 4. Interposición de recurso contencioso-administrativo.

D. Conrado y D.ª Susana, interpusieron recurso contencioso-administrativo contra la anterior resolución que fue tramitado como procedimiento abreviado núm. 56/2024, ante el Juzgado n.º 2 de Elche.

La actora alegó como motivos de impugnación la nulidad de las liquidaciones practicadas por infracción de la doctrina legal y jurisprudencial aplicable con relación a la declaración del terreno sometido a gravamen como rústico, estando exento o no sujeto al IIVTNU; subsidiariamente que se aplicase de manera proporcional al terreno y a la construcción.

Se alza la recurrente frente a dicha desestimación aduciendo que se le denegaba la exención de sujeción al IIVTNU de la finca catastral reseñada anteriormente, por tratarse de una finca catastralmente calificada como urbana. Aduce que, según informe del Ayuntamiento, la parcela carece de programación y que está catalogada como suelo no urbanizable, por lo que a efectos de gravamen tributan sobre el terreno como si fuera suelo urbano, pero no disfrutan de los beneficios de esta calificación. Señala que, se trata de fincas en suelo rústico catalogadas como urbanas o urbanizables por el catastro inmobiliario, que tiene consecuencia negativa para los contribuyentes, porque las plusvalías son superiores que, si fueran fincas rústicas, y por esto la STS 30 de mayo de 2014 fijó como doctrina que los terrenos situados dentro de la delimitación del perímetro urbano de cada municipio que carezcan de desarrollo urbanístico deben clasificarse como suelo rústico.

Subsidiariamente solicitaba que se calificara como urbana únicamente la superficie construida de 1091 m2, dejando como rústicos el resto de superficie 9096 m2, girando las liquidaciones ajustadas a tal consideración.

La ratio decidendide la sentencia se contiene en el Fundamento de Derecho Cuarto con el siguiente tenor literal:

«8. Tomando en consideración que no compete resolver al Ayuntamiento el cuestionamiento del valor catastral o la calificación del suelo. Mutatis mutandis,la declaración de valor catastral y la calificación del suelo efectuada en el Catastro no son competencia del Ayuntamiento ( STS de 1 de marzo de 2024, ECLI:ES:TS:2024:955). Sin embargo, el art. 7.2.b) TRLCI (aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo) a la luz de la STS de 30 de mayo de 2014 permite la estimación de la demanda. El art. 7.2, modificado por la Ley 13/2015, de 24 de junio, dispone que se entiende por suelo de naturaleza urbana: «Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobadosprevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que se incluyan en sectores o ámbitos espaciales delimitados y se hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, de acuerdo con la legislación urbanística aplicable». Y el art. 7.3 de la misma norma establece que se entiende por suelo rústico el que no sea de naturaleza urbana conforme al art.7.2.

9. De modo que el inciso "aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados...y se hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada", a sensu contrario,significa que será suelo rústico el urbanizable respecto del que no está aprobado el instrumento de ordenación territorial y urbanística que "hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada".

10. No se desprende de la prueba las dos condiciones que hacen del suelo urbanizable su condición de urbano, y esto es conocido por el Ayuntamiento, porque en su informe del Arquitecto Municipal de 24/9/2021 reconoce que es suelo residencial de baja densidad según el Plan General de 25/5/1998, pero que "en el ámbito en el que se sitúa la parcela, carece actualmente de programación, debiéndose desarrollar mediante los correspondientes Programa de Actuación, Plan Parcial en su caso, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización",

es decir, que no tiene aprobado instrumento urbanístico que lo desarrolle, o en caso de entender suficiente el Plan General de 1998, este no contempla las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada para el terreno».

La sentencia núm. 123/2024, de 10 de septiembre del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Elche, estimó el recurso contencioso-administrativo, seguido a instancias de D. Conrado y D.ª Susana, y contiene el siguiente fallo copiado literalmente:

«Que debo ESTIMAR el Recurso Contencioso Administrativo presentado por D. Conrado y Dª Susana frente a la resolución número 2023014185 de fecha 19 de diciembre de 2023 por la que se desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de fecha 19 de octubre de 2023 dictada en el expediente NUM000 en el que se desestima la solicitud de no sujeción al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) de la transmisión mediante donación, en escritura pública del 18 de mayo de 2022 (protocolo 2249), del inmueble con ref. catastral NUM001, y, en consecuencia, se anula el acto administrativo impugnado que deniega la exención/no sujeción de la finca de los actores en el Impuesto Sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, declarándose que la finca objeto de la presente demanda es de carácter rústico, debiendo estar por lo tanto exenta/no sujeta al IIVTNU de acuerdo con el artículo 104.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales. Y, en consecuencia, procede la devolución de las cantidades ingresadas por los demandantes por dicho concepto hasta la fecha de esta sentencia. Y todo ello, con imposición de costas a la parte demandada».

La citada sentencia constituye el objeto del presente recurso de casación.

TERCERO.- Marco jurídico.

3.1.A estos efectos, el recurrente plantea la necesidad de interpretar los artículos 61.3, 65 y 77.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales [« TRLHL»], que disponen:

Artículo 61.3. «Hecho imponible y supuestos de no sujeción».

«A los efectos de este impuesto, tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos,de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario».

Artículo 65. «Base imponible».

«La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario».

Artículo 77.5. «Gestión tributaria del impuesto».

«El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el padrón catastraly en los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro, sin perjuicio de la competencia municipal para la calificación de inmuebles de uso residencial desocupados. Dicho padrón, que se formará anualmente para cada término municipal, contendrá la información relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los de cada clase y será remitido a las entidades gestoras del impuesto antes del 1 de marzo de cada año».

3.2.También será preciso interpretar los artículos 4 y 7.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario [« TRLCI»], que señalan:

Artículo 4. «Competencias».

«La formación y el mantenimiento del Catastro Inmobiliario,así como la difusión de la información catastral, es de competencia exclusiva del Estado. Estas funciones, que comprenden, entre otras, la valoración, la inspección y la elaboración y gestión de la cartografía catastral, se ejercerán por la Dirección General del Catastro, directamente o a través de las distintas fórmulas de colaboración que se establezcan con las diferentes Administraciones, entidades y corporaciones públicas.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la superior función de coordinación de valores y la de aprobación de las ponencias de valores se ejercerán en todo caso por la Dirección General del Catastro».

Artículo 7.2. «Bienes inmuebles urbanos y rústicos».

«Se entiende por suelo de naturaleza urbana:

a) El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano, urbanizado o equivalente.

b) Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que se incluyan en sectores o ámbitos espaciales delimitadosy se hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, de acuerdo con la legislación urbanística aplicable.

[...]».

CUARTO.- Cuestiones en las que se entiende que existe interés casacional.

1.Conforme a lo indicado anteriormente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo 90.4 de la misma norma, esta Sección Primera aprecia que este recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, respecto de la siguiente cuestión:

Determinar cómo debe interpretarse el artículo 7.2.b) del TRLCI, en relación con terrenos que figuran catastralmente como urbanos y están clasificados como urbanizables cuando existe planeamiento general aprobado, a fin de precisar qué debe entenderse por «determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada» y si la ausencia de instrumentos posteriores de desarrollo o ejecución es jurídicamente relevante para negar la naturaleza urbana a efectos catastrales, a la luz de la evolución jurisprudencia posterior a la sentencia de 30 de mayo de 2014 (rec. 2362/2013) y, en particular, de las sentencias de 29 de junio (rec. 3420/2020) y 12 de diciembre de 2022 (rec. 6827/2020).

QUINTO.- Justificación suficiente de que el recurso planteado cuenta con interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia.

5.1.Esta cuestión presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, porque la sentencia recurrida sienta una doctrina (i) gravemente dañosa para los intereses generales [ artículo 88.2.b) de la LJCA], (ii) y que afecta a un gran número de situaciones [ artículo 88.2.c) de la LJCA], lo que hace conveniente un pronunciamiento del Tribunal Supremo, en beneficio de la seguridad jurídica y de la consecución de la igualdad en la aplicación judicial del Derecho ( artículos 9.3 y 14 CE).

5.2.La cuestión delimitada en el fundamento jurídico anterior presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, pues la sentencia impugnada sustenta la declaración de no sujeción al IIVTNU en una determinada interpretación del artículo 7.2.b) TRLCI conectada con la doctrina de la STS de 30 de mayo de 2014 (rec. 2362/2013). En particular, el órgano de instancia razona que «el inciso "aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados...y se hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada", a sensu contrario,significa que será suelo rústico el urbanizable respecto del que no está aprobado el instrumento de ordenación territorial y urbanística que "hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada"».

En este sentido, el escrito de preparación pone de relieve que la jurisprudencia a la que expresamente se remite la Sala de instancia no agota el desarrollo interpretativo del artículo 7.2.b) TRLCI, sino que ha sido ulteriormente completada y matizada por pronunciamientos posteriores de esta Sala -singularmente las sentencias de 29 de junio de 2022 (rec. 3420/2020) y de 12 de diciembre de 2022 (rec. 6827/2020)- dictados en el ámbito del urbanismo valenciano, en los que se precisa el alcance de las exigencias legales relativas a la sectorización y a la ordenación detallada o pormenorizada a efectos de determinar la naturaleza urbana del suelo.

En efecto, en la sentencia de 12 de diciembre de 2022 (rec. 6827/2020), esta Sala señaló que, «el programa de actuación urbanística integrada (PAI) es un instrumento de gestión urbanísitica y no de ordenación ni pormenorización de usos [...]» (fundamento jurídico quinto). Asimismo, en los fundamentos jurídicos quinto y sexto de dicha resolución, se advirtió que:

«Conviene precisar que es la innecesariedad de posteriores trámites de ordenación mediante instrumentos de un planeamiento lo que atribuye al terreno objeto de valoración la condición de suelo de expansión inmediata, ya que reúne las condiciones necesarias para que se pueda acometer la fase de ejecución y gestión urbanística. Que por circunstancias diversas pueda demorarse este desarrollo del suelo urbanizable, ya delimitado y con ordenación pormenorizada, no implica la pérdida de las condiciones requeridas para su consideración como suelo urbano a efectos catastrales.

En este sentido es de recordar que en nuestra reciente sentencia de 29 de junio de 2022 (rec. cas. 3420/2020) hemos establecido como doctrina jurisprudencial que "[...] nuestra jurisprudencia, fijada en las sentencias de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014 ( rec. 2362/2013), de 19 de febrero de 2019, rec. 128/2016, de 5 de marzo de 2019, rec. 1431/2017 y de 2 de abril de 2019, rec. 2154/2017), no resulta trasladable a supuestos en los que los terrenos están clasificados catastralmente como urbanos, aunque estén ubicados en ámbito espacial sectorizado con ordenación pormenorizada cuya programación no se ha desarrollado [...]" por circunstancias diversas. En el caso que nos ocupa, ni tan siquiera existe, como en el examinado en la STS de 29 de junio de 2022, cit., una situación de suspensión, sino una mera demora, por extensa que sea, en acometer las fases de gestión y ejecución del planeamiento que, sin embargo, están expeditas desde el punto de vista urbanístico.

SEXTO.- La doctrina jurisprudencial y la resolución de las pretensiones. Por consiguiente, nuestra jurisprudencia fijada en las sentencias de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014 ( rec. 2362/2013), de 19 de febrero de 2019 ( rec. 128/2016), de 5 de marzo de 2019 ( rec. 1431/2017) y de 2 de abril de 2019 (rec. 2154/2017), no resulta trasladable a supuestos como el que es objeto de la valoración catastral litigiosa, dado que en este caso el terreno es calificable catastralmente como urbano, por tener la clasificación de urbanizable, ubicado en ámbito espacial sectorizado y dotado de ordenación pormenorizada, pese a que el desarrollo urbanístico mediante programa de actuación urbanística integrada o instrumento análogo no haya sido aprobado al tiempo del acuerdo de valoración catastral, al conservar su validez y eficacia los instrumentos de planeamiento mediante los que se atribuyó la clasificación y calificación urbanística que determina la condición catastral de suelo urbano».

Todo lo expuesto, evidencia la necesidad de un pronunciamiento de esta Sala que, en garantía de la uniformidad en la aplicación del Derecho, permita completar o matizar nuestra jurisprudencia sobre el alcance del artículo 7.2.b) del TRLCI.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1 de la LJCA, en relación con su artículo 90.4, y considerando que concurren los supuestos de interés casacional objetivo contemplados en el artículo 88.2, apartados b) y c), procede admitir este recurso de casación.

SEXTO.- Admisión del recurso de casación. Normas que en principio serán objeto de interpretación.

1.En virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1 de la LJCA, en relación con el artículo 90.4 de la LJCA, procede admitir este recurso de casación, cuyo objeto será, por presentar interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, la cuestión descrita en el razonamiento jurídico cuarto.

2.Las normas que en principio serán objeto de interpretación son:

2.1.Los artículos 61.3, 65 y 77.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales [« TRLHL»].

2.2.Los artículos 4 y 7.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario [« TRLCI»].

Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.

SÉPTIMO.- Publicación en la página web del Tribunal Supremo.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 de la LJCA, este auto se publicará íntegramente en la página web del Tribunal Supremo.

OCTAVO.- Comunicación inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.

Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto, como dispone el artículo 90.6 de la LJCA, y conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93 de la LJCA, remitiéndolas a la Sección Segunda de esta Sala, competente para su sustanciación y decisión de conformidad con las reglas de reparto.

Por todo lo anterior,

PRIMERO.- Requisitos formales del escrito de preparación.

1.El escrito de preparación fue presentado en plazo ( artículo 89.1 de la LJCA) , la sentencia contra la que se dirige el recurso es susceptible de recurso de casación ( artículo 86 de la LJCA, apartados 1 y 2) y el Ayuntamiento de Elche, se encuentra legitimado para interponerlo, al haber sido parte en el proceso de instancia ( artículo 89.1 LJCA) .

2.En el escrito de preparación se acredita el cumplimiento de tales requisitos reglados, se identifican con precisión las normas del ordenamiento jurídico estatal que fueron alegadas en la demanda y tomadas en consideración por la Sala de instancia. También se justifica que las infracciones imputadas a la sentencia han sido relevantes para adoptar el fallo impugnado [ artículo 89.2 de la LJCA, letras a), b), d) y e)].

3.El repetido escrito fundamenta especialmente que concurre interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia porque la sentencia impugnada fija, para supuestos sustancialmente iguales, una doctrina (i) gravemente dañosa para los intereses generales [ artículo 88.2.b) de la LJCA], (ii) y que afecta a un gran número de situaciones [ artículo 88.2.c) de la LJCA]. De las razones que ofrece para justificarlo se infiere la conveniencia de un pronunciamiento del Tribunal Supremo, por lo que se cumple también el requisito exigido por el artículo 89.2.f) de la LJCA.

SEGUNDO.- Hechos relevantes a efectos del trámite de admisión del presente recurso de casación.

Un análisis del expediente administrativo y de las actuaciones judiciales nos lleva a destacar como datos importantes para decidir sobre la admisión a trámite del recurso de casación los siguientes:

2.1 Donación de un bien.

D. Conrado y Dª Susana recibieron el 18 de mayo de 2022 por donación de su madre, una finca con superficie de 10.187 m2 y referencia catastral NUM001.

2.2. Solicitud de no sujeción al IIVTNU.

Como consecuencia de la mencionada donación notificaron al Ayuntamiento de Elche la transmisión solicitando la no sujeción al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana [«IIVTNU»].

Se alegaba en la solicitud la condición de suelo no urbano del terreno, a efectos catastrales, en aplicación del artículo 7.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario [« TRLCI»].

El Ayuntamiento dictó resolución por la que se denegó tal solicitud expediente NUM000.

2.3. Liquidaciones giradas en concepto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana [«IIVTNU»].

Tras la desestimación de la precitada solicitud se practicaron dos liquidaciones sobre la donación realizada, con número de expediente NUM002 y números de liquidaciones núm. NUM003 -sujeto pasivo D. Conrado- y núm. NUM004 -sujeto pasivo D.ª Susana-.

2.3. Interposición de recurso de reposición.

El 20 de noviembre de 2023, la representación procesal de D. Conrado

y D.ª Susana, interpuso recurso de reposición contra la resolución del expediente NUM000 mediante el que se desestimó la solicitud de no sujeción al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana [«IIVTNU»] de la transmisión mediante donación.

En el recurso de reposición se reitera la pretensión realizada en la solicitud inicial objeto de desestimación, consistente en la alegación del carácter no urbano a efectos catastrales del bien inmueble objeto de la donación.

El Alcalde/Concejal-a delegado/a dictó resolución núm. 2023014185 el 19 de diciembre de 2023 por la que desestimó el mencionado recurso de reposición, atendiendo a la siguiente argumentación:

«CONSIDERANDO: Que en contestación al recurso planteado procede reiterando los motivos por los que se procedió a desestimar, mediante resolución del expediente NUM000, la solicitud inicialmente planteada, atendiendo a que no se realiza una concreta oposición a sus motivos.

A modo de síntesis, se indicó en la resolución que en el ámbito tributario del IIVTNU los datos a tomar en consideración sobre la naturaleza de los terrenos son los existentes en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) ( art. 104.2 RDL 2/2004 Ley Haciendas Locales) y en relación al inmueble en cuestión su naturaleza catastral en el IBI es urbana. Así también se indicó, que es la Dirección General de Catastro el organismo al que se debe dirigir los interesados si pretende que se alteren los datos catastrales de un inmueble y se estudie su pretensión, siendo incompetente el Ayto. de Elche para modificar la naturaleza catastral de los inmuebles, teniendo Catastro la competencia para la formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario ( art. 4 RDL 1/2004 Ley Catastro Inmobiliario)».

2. 4. Interposición de recurso contencioso-administrativo.

D. Conrado y D.ª Susana, interpusieron recurso contencioso-administrativo contra la anterior resolución que fue tramitado como procedimiento abreviado núm. 56/2024, ante el Juzgado n.º 2 de Elche.

La actora alegó como motivos de impugnación la nulidad de las liquidaciones practicadas por infracción de la doctrina legal y jurisprudencial aplicable con relación a la declaración del terreno sometido a gravamen como rústico, estando exento o no sujeto al IIVTNU; subsidiariamente que se aplicase de manera proporcional al terreno y a la construcción.

Se alza la recurrente frente a dicha desestimación aduciendo que se le denegaba la exención de sujeción al IIVTNU de la finca catastral reseñada anteriormente, por tratarse de una finca catastralmente calificada como urbana. Aduce que, según informe del Ayuntamiento, la parcela carece de programación y que está catalogada como suelo no urbanizable, por lo que a efectos de gravamen tributan sobre el terreno como si fuera suelo urbano, pero no disfrutan de los beneficios de esta calificación. Señala que, se trata de fincas en suelo rústico catalogadas como urbanas o urbanizables por el catastro inmobiliario, que tiene consecuencia negativa para los contribuyentes, porque las plusvalías son superiores que, si fueran fincas rústicas, y por esto la STS 30 de mayo de 2014 fijó como doctrina que los terrenos situados dentro de la delimitación del perímetro urbano de cada municipio que carezcan de desarrollo urbanístico deben clasificarse como suelo rústico.

Subsidiariamente solicitaba que se calificara como urbana únicamente la superficie construida de 1091 m2, dejando como rústicos el resto de superficie 9096 m2, girando las liquidaciones ajustadas a tal consideración.

La ratio decidendide la sentencia se contiene en el Fundamento de Derecho Cuarto con el siguiente tenor literal:

«8. Tomando en consideración que no compete resolver al Ayuntamiento el cuestionamiento del valor catastral o la calificación del suelo. Mutatis mutandis,la declaración de valor catastral y la calificación del suelo efectuada en el Catastro no son competencia del Ayuntamiento ( STS de 1 de marzo de 2024, ECLI:ES:TS:2024:955). Sin embargo, el art. 7.2.b) TRLCI (aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo) a la luz de la STS de 30 de mayo de 2014 permite la estimación de la demanda. El art. 7.2, modificado por la Ley 13/2015, de 24 de junio, dispone que se entiende por suelo de naturaleza urbana: «Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobadosprevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que se incluyan en sectores o ámbitos espaciales delimitados y se hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, de acuerdo con la legislación urbanística aplicable». Y el art. 7.3 de la misma norma establece que se entiende por suelo rústico el que no sea de naturaleza urbana conforme al art.7.2.

9. De modo que el inciso "aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados...y se hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada", a sensu contrario,significa que será suelo rústico el urbanizable respecto del que no está aprobado el instrumento de ordenación territorial y urbanística que "hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada".

10. No se desprende de la prueba las dos condiciones que hacen del suelo urbanizable su condición de urbano, y esto es conocido por el Ayuntamiento, porque en su informe del Arquitecto Municipal de 24/9/2021 reconoce que es suelo residencial de baja densidad según el Plan General de 25/5/1998, pero que "en el ámbito en el que se sitúa la parcela, carece actualmente de programación, debiéndose desarrollar mediante los correspondientes Programa de Actuación, Plan Parcial en su caso, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización",

es decir, que no tiene aprobado instrumento urbanístico que lo desarrolle, o en caso de entender suficiente el Plan General de 1998, este no contempla las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada para el terreno».

La sentencia núm. 123/2024, de 10 de septiembre del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Elche, estimó el recurso contencioso-administrativo, seguido a instancias de D. Conrado y D.ª Susana, y contiene el siguiente fallo copiado literalmente:

«Que debo ESTIMAR el Recurso Contencioso Administrativo presentado por D. Conrado y Dª Susana frente a la resolución número 2023014185 de fecha 19 de diciembre de 2023 por la que se desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de fecha 19 de octubre de 2023 dictada en el expediente NUM000 en el que se desestima la solicitud de no sujeción al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) de la transmisión mediante donación, en escritura pública del 18 de mayo de 2022 (protocolo 2249), del inmueble con ref. catastral NUM001, y, en consecuencia, se anula el acto administrativo impugnado que deniega la exención/no sujeción de la finca de los actores en el Impuesto Sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, declarándose que la finca objeto de la presente demanda es de carácter rústico, debiendo estar por lo tanto exenta/no sujeta al IIVTNU de acuerdo con el artículo 104.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales. Y, en consecuencia, procede la devolución de las cantidades ingresadas por los demandantes por dicho concepto hasta la fecha de esta sentencia. Y todo ello, con imposición de costas a la parte demandada».

La citada sentencia constituye el objeto del presente recurso de casación.

TERCERO.- Marco jurídico.

3.1.A estos efectos, el recurrente plantea la necesidad de interpretar los artículos 61.3, 65 y 77.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales [« TRLHL»], que disponen:

Artículo 61.3. «Hecho imponible y supuestos de no sujeción».

«A los efectos de este impuesto, tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos,de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario».

Artículo 65. «Base imponible».

«La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario».

Artículo 77.5. «Gestión tributaria del impuesto».

«El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el padrón catastraly en los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro, sin perjuicio de la competencia municipal para la calificación de inmuebles de uso residencial desocupados. Dicho padrón, que se formará anualmente para cada término municipal, contendrá la información relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los de cada clase y será remitido a las entidades gestoras del impuesto antes del 1 de marzo de cada año».

3.2.También será preciso interpretar los artículos 4 y 7.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario [« TRLCI»], que señalan:

Artículo 4. «Competencias».

«La formación y el mantenimiento del Catastro Inmobiliario,así como la difusión de la información catastral, es de competencia exclusiva del Estado. Estas funciones, que comprenden, entre otras, la valoración, la inspección y la elaboración y gestión de la cartografía catastral, se ejercerán por la Dirección General del Catastro, directamente o a través de las distintas fórmulas de colaboración que se establezcan con las diferentes Administraciones, entidades y corporaciones públicas.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la superior función de coordinación de valores y la de aprobación de las ponencias de valores se ejercerán en todo caso por la Dirección General del Catastro».

Artículo 7.2. «Bienes inmuebles urbanos y rústicos».

«Se entiende por suelo de naturaleza urbana:

a) El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano, urbanizado o equivalente.

b) Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que se incluyan en sectores o ámbitos espaciales delimitadosy se hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, de acuerdo con la legislación urbanística aplicable.

[...]».

CUARTO.- Cuestiones en las que se entiende que existe interés casacional.

1.Conforme a lo indicado anteriormente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo 90.4 de la misma norma, esta Sección Primera aprecia que este recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, respecto de la siguiente cuestión:

Determinar cómo debe interpretarse el artículo 7.2.b) del TRLCI, en relación con terrenos que figuran catastralmente como urbanos y están clasificados como urbanizables cuando existe planeamiento general aprobado, a fin de precisar qué debe entenderse por «determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada» y si la ausencia de instrumentos posteriores de desarrollo o ejecución es jurídicamente relevante para negar la naturaleza urbana a efectos catastrales, a la luz de la evolución jurisprudencia posterior a la sentencia de 30 de mayo de 2014 (rec. 2362/2013) y, en particular, de las sentencias de 29 de junio (rec. 3420/2020) y 12 de diciembre de 2022 (rec. 6827/2020).

QUINTO.- Justificación suficiente de que el recurso planteado cuenta con interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia.

5.1.Esta cuestión presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, porque la sentencia recurrida sienta una doctrina (i) gravemente dañosa para los intereses generales [ artículo 88.2.b) de la LJCA], (ii) y que afecta a un gran número de situaciones [ artículo 88.2.c) de la LJCA], lo que hace conveniente un pronunciamiento del Tribunal Supremo, en beneficio de la seguridad jurídica y de la consecución de la igualdad en la aplicación judicial del Derecho ( artículos 9.3 y 14 CE).

5.2.La cuestión delimitada en el fundamento jurídico anterior presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, pues la sentencia impugnada sustenta la declaración de no sujeción al IIVTNU en una determinada interpretación del artículo 7.2.b) TRLCI conectada con la doctrina de la STS de 30 de mayo de 2014 (rec. 2362/2013). En particular, el órgano de instancia razona que «el inciso "aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados...y se hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada", a sensu contrario,significa que será suelo rústico el urbanizable respecto del que no está aprobado el instrumento de ordenación territorial y urbanística que "hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada"».

En este sentido, el escrito de preparación pone de relieve que la jurisprudencia a la que expresamente se remite la Sala de instancia no agota el desarrollo interpretativo del artículo 7.2.b) TRLCI, sino que ha sido ulteriormente completada y matizada por pronunciamientos posteriores de esta Sala -singularmente las sentencias de 29 de junio de 2022 (rec. 3420/2020) y de 12 de diciembre de 2022 (rec. 6827/2020)- dictados en el ámbito del urbanismo valenciano, en los que se precisa el alcance de las exigencias legales relativas a la sectorización y a la ordenación detallada o pormenorizada a efectos de determinar la naturaleza urbana del suelo.

En efecto, en la sentencia de 12 de diciembre de 2022 (rec. 6827/2020), esta Sala señaló que, «el programa de actuación urbanística integrada (PAI) es un instrumento de gestión urbanísitica y no de ordenación ni pormenorización de usos [...]» (fundamento jurídico quinto). Asimismo, en los fundamentos jurídicos quinto y sexto de dicha resolución, se advirtió que:

«Conviene precisar que es la innecesariedad de posteriores trámites de ordenación mediante instrumentos de un planeamiento lo que atribuye al terreno objeto de valoración la condición de suelo de expansión inmediata, ya que reúne las condiciones necesarias para que se pueda acometer la fase de ejecución y gestión urbanística. Que por circunstancias diversas pueda demorarse este desarrollo del suelo urbanizable, ya delimitado y con ordenación pormenorizada, no implica la pérdida de las condiciones requeridas para su consideración como suelo urbano a efectos catastrales.

En este sentido es de recordar que en nuestra reciente sentencia de 29 de junio de 2022 (rec. cas. 3420/2020) hemos establecido como doctrina jurisprudencial que "[...] nuestra jurisprudencia, fijada en las sentencias de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014 ( rec. 2362/2013), de 19 de febrero de 2019, rec. 128/2016, de 5 de marzo de 2019, rec. 1431/2017 y de 2 de abril de 2019, rec. 2154/2017), no resulta trasladable a supuestos en los que los terrenos están clasificados catastralmente como urbanos, aunque estén ubicados en ámbito espacial sectorizado con ordenación pormenorizada cuya programación no se ha desarrollado [...]" por circunstancias diversas. En el caso que nos ocupa, ni tan siquiera existe, como en el examinado en la STS de 29 de junio de 2022, cit., una situación de suspensión, sino una mera demora, por extensa que sea, en acometer las fases de gestión y ejecución del planeamiento que, sin embargo, están expeditas desde el punto de vista urbanístico.

SEXTO.- La doctrina jurisprudencial y la resolución de las pretensiones. Por consiguiente, nuestra jurisprudencia fijada en las sentencias de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014 ( rec. 2362/2013), de 19 de febrero de 2019 ( rec. 128/2016), de 5 de marzo de 2019 ( rec. 1431/2017) y de 2 de abril de 2019 (rec. 2154/2017), no resulta trasladable a supuestos como el que es objeto de la valoración catastral litigiosa, dado que en este caso el terreno es calificable catastralmente como urbano, por tener la clasificación de urbanizable, ubicado en ámbito espacial sectorizado y dotado de ordenación pormenorizada, pese a que el desarrollo urbanístico mediante programa de actuación urbanística integrada o instrumento análogo no haya sido aprobado al tiempo del acuerdo de valoración catastral, al conservar su validez y eficacia los instrumentos de planeamiento mediante los que se atribuyó la clasificación y calificación urbanística que determina la condición catastral de suelo urbano».

Todo lo expuesto, evidencia la necesidad de un pronunciamiento de esta Sala que, en garantía de la uniformidad en la aplicación del Derecho, permita completar o matizar nuestra jurisprudencia sobre el alcance del artículo 7.2.b) del TRLCI.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1 de la LJCA, en relación con su artículo 90.4, y considerando que concurren los supuestos de interés casacional objetivo contemplados en el artículo 88.2, apartados b) y c), procede admitir este recurso de casación.

SEXTO.- Admisión del recurso de casación. Normas que en principio serán objeto de interpretación.

1.En virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1 de la LJCA, en relación con el artículo 90.4 de la LJCA, procede admitir este recurso de casación, cuyo objeto será, por presentar interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, la cuestión descrita en el razonamiento jurídico cuarto.

2.Las normas que en principio serán objeto de interpretación son:

2.1.Los artículos 61.3, 65 y 77.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales [« TRLHL»].

2.2.Los artículos 4 y 7.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario [« TRLCI»].

Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.

SÉPTIMO.- Publicación en la página web del Tribunal Supremo.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 de la LJCA, este auto se publicará íntegramente en la página web del Tribunal Supremo.

OCTAVO.- Comunicación inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.

Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto, como dispone el artículo 90.6 de la LJCA, y conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93 de la LJCA, remitiéndolas a la Sección Segunda de esta Sala, competente para su sustanciación y decisión de conformidad con las reglas de reparto.

Por todo lo anterior,

PRIMERO.- Requisitos formales del escrito de preparación.

1.El escrito de preparación fue presentado en plazo ( artículo 89.1 de la LJCA), la sentencia contra la que se dirige el recurso es susceptible de recurso de casación ( artículo 86 de la LJCA, apartados 1 y 2) y el Ayuntamiento de Elche, se encuentra legitimado para interponerlo, al haber sido parte en el proceso de instancia ( artículo 89.1 LJCA) .

2.En el escrito de preparación se acredita el cumplimiento de tales requisitos reglados, se identifican con precisión las normas del ordenamiento jurídico estatal que fueron alegadas en la demanda y tomadas en consideración por la Sala de instancia. También se justifica que las infracciones imputadas a la sentencia han sido relevantes para adoptar el fallo impugnado [ artículo 89.2 de la LJCA, letras a), b), d) y e)].

3.El repetido escrito fundamenta especialmente que concurre interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia porque la sentencia impugnada fija, para supuestos sustancialmente iguales, una doctrina (i) gravemente dañosa para los intereses generales [ artículo 88.2.b) de la LJCA], (ii) y que afecta a un gran número de situaciones [ artículo 88.2.c) de la LJCA]. De las razones que ofrece para justificarlo se infiere la conveniencia de un pronunciamiento del Tribunal Supremo, por lo que se cumple también el requisito exigido por el artículo 89.2.f) de la LJCA.

SEGUNDO.- Hechos relevantes a efectos del trámite de admisión del presente recurso de casación.

Un análisis del expediente administrativo y de las actuaciones judiciales nos lleva a destacar como datos importantes para decidir sobre la admisión a trámite del recurso de casación los siguientes:

2.1 Donación de un bien.

D. Conrado y Dª Susana recibieron el 18 de mayo de 2022 por donación de su madre, una finca con superficie de 10.187 m2 y referencia catastral NUM001.

2.2. Solicitud de no sujeción al IIVTNU.

Como consecuencia de la mencionada donación notificaron al Ayuntamiento de Elche la transmisión solicitando la no sujeción al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana [«IIVTNU»].

Se alegaba en la solicitud la condición de suelo no urbano del terreno, a efectos catastrales, en aplicación del artículo 7.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario [« TRLCI»].

El Ayuntamiento dictó resolución por la que se denegó tal solicitud expediente NUM000.

2.3. Liquidaciones giradas en concepto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana [«IIVTNU»].

Tras la desestimación de la precitada solicitud se practicaron dos liquidaciones sobre la donación realizada, con número de expediente NUM002 y números de liquidaciones núm. NUM003 -sujeto pasivo D. Conrado- y núm. NUM004 -sujeto pasivo D.ª Susana-.

2.3. Interposición de recurso de reposición.

El 20 de noviembre de 2023, la representación procesal de D. Conrado

y D.ª Susana, interpuso recurso de reposición contra la resolución del expediente NUM000 mediante el que se desestimó la solicitud de no sujeción al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana [«IIVTNU»] de la transmisión mediante donación.

En el recurso de reposición se reitera la pretensión realizada en la solicitud inicial objeto de desestimación, consistente en la alegación del carácter no urbano a efectos catastrales del bien inmueble objeto de la donación.

El Alcalde/Concejal-a delegado/a dictó resolución núm. 2023014185 el 19 de diciembre de 2023 por la que desestimó el mencionado recurso de reposición, atendiendo a la siguiente argumentación:

«CONSIDERANDO: Que en contestación al recurso planteado procede reiterando los motivos por los que se procedió a desestimar, mediante resolución del expediente NUM000, la solicitud inicialmente planteada, atendiendo a que no se realiza una concreta oposición a sus motivos.

A modo de síntesis, se indicó en la resolución que en el ámbito tributario del IIVTNU los datos a tomar en consideración sobre la naturaleza de los terrenos son los existentes en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) ( art. 104.2 RDL 2/2004 Ley Haciendas Locales) y en relación al inmueble en cuestión su naturaleza catastral en el IBI es urbana. Así también se indicó, que es la Dirección General de Catastro el organismo al que se debe dirigir los interesados si pretende que se alteren los datos catastrales de un inmueble y se estudie su pretensión, siendo incompetente el Ayto. de Elche para modificar la naturaleza catastral de los inmuebles, teniendo Catastro la competencia para la formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario ( art. 4 RDL 1/2004 Ley Catastro Inmobiliario)».

2. 4. Interposición de recurso contencioso-administrativo.

D. Conrado y D.ª Susana, interpusieron recurso contencioso-administrativo contra la anterior resolución que fue tramitado como procedimiento abreviado núm. 56/2024, ante el Juzgado n.º 2 de Elche.

La actora alegó como motivos de impugnación la nulidad de las liquidaciones practicadas por infracción de la doctrina legal y jurisprudencial aplicable con relación a la declaración del terreno sometido a gravamen como rústico, estando exento o no sujeto al IIVTNU; subsidiariamente que se aplicase de manera proporcional al terreno y a la construcción.

Se alza la recurrente frente a dicha desestimación aduciendo que se le denegaba la exención de sujeción al IIVTNU de la finca catastral reseñada anteriormente, por tratarse de una finca catastralmente calificada como urbana. Aduce que, según informe del Ayuntamiento, la parcela carece de programación y que está catalogada como suelo no urbanizable, por lo que a efectos de gravamen tributan sobre el terreno como si fuera suelo urbano, pero no disfrutan de los beneficios de esta calificación. Señala que, se trata de fincas en suelo rústico catalogadas como urbanas o urbanizables por el catastro inmobiliario, que tiene consecuencia negativa para los contribuyentes, porque las plusvalías son superiores que, si fueran fincas rústicas, y por esto la STS 30 de mayo de 2014 fijó como doctrina que los terrenos situados dentro de la delimitación del perímetro urbano de cada municipio que carezcan de desarrollo urbanístico deben clasificarse como suelo rústico.

Subsidiariamente solicitaba que se calificara como urbana únicamente la superficie construida de 1091 m2, dejando como rústicos el resto de superficie 9096 m2, girando las liquidaciones ajustadas a tal consideración.

La ratio decidendide la sentencia se contiene en el Fundamento de Derecho Cuarto con el siguiente tenor literal:

«8. Tomando en consideración que no compete resolver al Ayuntamiento el cuestionamiento del valor catastral o la calificación del suelo. Mutatis mutandis,la declaración de valor catastral y la calificación del suelo efectuada en el Catastro no son competencia del Ayuntamiento ( STS de 1 de marzo de 2024, ECLI:ES:TS:2024:955). Sin embargo, el art. 7.2.b) TRLCI (aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo) a la luz de la STS de 30 de mayo de 2014 permite la estimación de la demanda. El art. 7.2, modificado por la Ley 13/2015, de 24 de junio, dispone que se entiende por suelo de naturaleza urbana: «Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobadosprevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que se incluyan en sectores o ámbitos espaciales delimitados y se hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, de acuerdo con la legislación urbanística aplicable». Y el art. 7.3 de la misma norma establece que se entiende por suelo rústico el que no sea de naturaleza urbana conforme al art.7.2.

9. De modo que el inciso "aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados...y se hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada", a sensu contrario,significa que será suelo rústico el urbanizable respecto del que no está aprobado el instrumento de ordenación territorial y urbanística que "hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada".

10. No se desprende de la prueba las dos condiciones que hacen del suelo urbanizable su condición de urbano, y esto es conocido por el Ayuntamiento, porque en su informe del Arquitecto Municipal de 24/9/2021 reconoce que es suelo residencial de baja densidad según el Plan General de 25/5/1998, pero que "en el ámbito en el que se sitúa la parcela, carece actualmente de programación, debiéndose desarrollar mediante los correspondientes Programa de Actuación, Plan Parcial en su caso, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de Urbanización",

es decir, que no tiene aprobado instrumento urbanístico que lo desarrolle, o en caso de entender suficiente el Plan General de 1998, este no contempla las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada para el terreno».

La sentencia núm. 123/2024, de 10 de septiembre del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Elche, estimó el recurso contencioso-administrativo, seguido a instancias de D. Conrado y D.ª Susana, y contiene el siguiente fallo copiado literalmente:

«Que debo ESTIMAR el Recurso Contencioso Administrativo presentado por D. Conrado y Dª Susana frente a la resolución número 2023014185 de fecha 19 de diciembre de 2023 por la que se desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de fecha 19 de octubre de 2023 dictada en el expediente NUM000 en el que se desestima la solicitud de no sujeción al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) de la transmisión mediante donación, en escritura pública del 18 de mayo de 2022 (protocolo 2249), del inmueble con ref. catastral NUM001, y, en consecuencia, se anula el acto administrativo impugnado que deniega la exención/no sujeción de la finca de los actores en el Impuesto Sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, declarándose que la finca objeto de la presente demanda es de carácter rústico, debiendo estar por lo tanto exenta/no sujeta al IIVTNU de acuerdo con el artículo 104.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales. Y, en consecuencia, procede la devolución de las cantidades ingresadas por los demandantes por dicho concepto hasta la fecha de esta sentencia. Y todo ello, con imposición de costas a la parte demandada».

La citada sentencia constituye el objeto del presente recurso de casación.

TERCERO.- Marco jurídico.

3.1.A estos efectos, el recurrente plantea la necesidad de interpretar los artículos 61.3, 65 y 77.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales [«TRLHL»], que disponen:

Artículo 61.3. «Hecho imponible y supuestos de no sujeción».

«A los efectos de este impuesto, tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos,de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario».

Artículo 65. «Base imponible».

«La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario».

Artículo 77.5. «Gestión tributaria del impuesto».

«El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el padrón catastraly en los demás documentos expresivos de sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro, sin perjuicio de la competencia municipal para la calificación de inmuebles de uso residencial desocupados. Dicho padrón, que se formará anualmente para cada término municipal, contendrá la información relativa a los bienes inmuebles, separadamente para los de cada clase y será remitido a las entidades gestoras del impuesto antes del 1 de marzo de cada año».

3.2.También será preciso interpretar los artículos 4 y 7.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario [« TRLCI»], que señalan:

Artículo 4. «Competencias».

«La formación y el mantenimiento del Catastro Inmobiliario,así como la difusión de la información catastral, es de competencia exclusiva del Estado. Estas funciones, que comprenden, entre otras, la valoración, la inspección y la elaboración y gestión de la cartografía catastral, se ejercerán por la Dirección General del Catastro, directamente o a través de las distintas fórmulas de colaboración que se establezcan con las diferentes Administraciones, entidades y corporaciones públicas.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la superior función de coordinación de valores y la de aprobación de las ponencias de valores se ejercerán en todo caso por la Dirección General del Catastro».

Artículo 7.2. «Bienes inmuebles urbanos y rústicos».

«Se entiende por suelo de naturaleza urbana:

a) El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano, urbanizado o equivalente.

b) Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que se incluyan en sectores o ámbitos espaciales delimitadosy se hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, de acuerdo con la legislación urbanística aplicable.

[...]».

CUARTO.- Cuestiones en las que se entiende que existe interés casacional.

1.Conforme a lo indicado anteriormente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo 90.4 de la misma norma, esta Sección Primera aprecia que este recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, respecto de la siguiente cuestión:

Determinar cómo debe interpretarse el artículo 7.2.b) del TRLCI, en relación con terrenos que figuran catastralmente como urbanos y están clasificados como urbanizables cuando existe planeamiento general aprobado, a fin de precisar qué debe entenderse por «determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada» y si la ausencia de instrumentos posteriores de desarrollo o ejecución es jurídicamente relevante para negar la naturaleza urbana a efectos catastrales, a la luz de la evolución jurisprudencia posterior a la sentencia de 30 de mayo de 2014 (rec. 2362/2013) y, en particular, de las sentencias de 29 de junio (rec. 3420/2020) y 12 de diciembre de 2022 (rec. 6827/2020).

QUINTO.- Justificación suficiente de que el recurso planteado cuenta con interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia.

5.1.Esta cuestión presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, porque la sentencia recurrida sienta una doctrina (i) gravemente dañosa para los intereses generales [ artículo 88.2.b) de la LJCA], (ii) y que afecta a un gran número de situaciones [ artículo 88.2.c) de la LJCA], lo que hace conveniente un pronunciamiento del Tribunal Supremo, en beneficio de la seguridad jurídica y de la consecución de la igualdad en la aplicación judicial del Derecho ( artículos 9.3 y 14 CE).

5.2.La cuestión delimitada en el fundamento jurídico anterior presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, pues la sentencia impugnada sustenta la declaración de no sujeción al IIVTNU en una determinada interpretación del artículo 7.2.b) TRLCI conectada con la doctrina de la STS de 30 de mayo de 2014 (rec. 2362/2013). En particular, el órgano de instancia razona que «el inciso "aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados...y se hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada", a sensu contrario,significa que será suelo rústico el urbanizable respecto del que no está aprobado el instrumento de ordenación territorial y urbanística que "hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada"».

En este sentido, el escrito de preparación pone de relieve que la jurisprudencia a la que expresamente se remite la Sala de instancia no agota el desarrollo interpretativo del artículo 7.2.b) TRLCI, sino que ha sido ulteriormente completada y matizada por pronunciamientos posteriores de esta Sala -singularmente las sentencias de 29 de junio de 2022 (rec. 3420/2020) y de 12 de diciembre de 2022 (rec. 6827/2020)- dictados en el ámbito del urbanismo valenciano, en los que se precisa el alcance de las exigencias legales relativas a la sectorización y a la ordenación detallada o pormenorizada a efectos de determinar la naturaleza urbana del suelo.

En efecto, en la sentencia de 12 de diciembre de 2022 (rec. 6827/2020), esta Sala señaló que, «el programa de actuación urbanística integrada (PAI) es un instrumento de gestión urbanísitica y no de ordenación ni pormenorización de usos [...]» (fundamento jurídico quinto). Asimismo, en los fundamentos jurídicos quinto y sexto de dicha resolución, se advirtió que:

«Conviene precisar que es la innecesariedad de posteriores trámites de ordenación mediante instrumentos de un planeamiento lo que atribuye al terreno objeto de valoración la condición de suelo de expansión inmediata, ya que reúne las condiciones necesarias para que se pueda acometer la fase de ejecución y gestión urbanística. Que por circunstancias diversas pueda demorarse este desarrollo del suelo urbanizable, ya delimitado y con ordenación pormenorizada, no implica la pérdida de las condiciones requeridas para su consideración como suelo urbano a efectos catastrales.

En este sentido es de recordar que en nuestra reciente sentencia de 29 de junio de 2022 (rec. cas. 3420/2020) hemos establecido como doctrina jurisprudencial que "[...] nuestra jurisprudencia, fijada en las sentencias de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014 ( rec. 2362/2013), de 19 de febrero de 2019, rec. 128/2016, de 5 de marzo de 2019, rec. 1431/2017 y de 2 de abril de 2019, rec. 2154/2017), no resulta trasladable a supuestos en los que los terrenos están clasificados catastralmente como urbanos, aunque estén ubicados en ámbito espacial sectorizado con ordenación pormenorizada cuya programación no se ha desarrollado [...]" por circunstancias diversas. En el caso que nos ocupa, ni tan siquiera existe, como en el examinado en la STS de 29 de junio de 2022, cit., una situación de suspensión, sino una mera demora, por extensa que sea, en acometer las fases de gestión y ejecución del planeamiento que, sin embargo, están expeditas desde el punto de vista urbanístico.

SEXTO.- La doctrina jurisprudencial y la resolución de las pretensiones. Por consiguiente, nuestra jurisprudencia fijada en las sentencias de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014 ( rec. 2362/2013), de 19 de febrero de 2019 ( rec. 128/2016), de 5 de marzo de 2019 ( rec. 1431/2017) y de 2 de abril de 2019 (rec. 2154/2017), no resulta trasladable a supuestos como el que es objeto de la valoración catastral litigiosa, dado que en este caso el terreno es calificable catastralmente como urbano, por tener la clasificación de urbanizable, ubicado en ámbito espacial sectorizado y dotado de ordenación pormenorizada, pese a que el desarrollo urbanístico mediante programa de actuación urbanística integrada o instrumento análogo no haya sido aprobado al tiempo del acuerdo de valoración catastral, al conservar su validez y eficacia los instrumentos de planeamiento mediante los que se atribuyó la clasificación y calificación urbanística que determina la condición catastral de suelo urbano».

Todo lo expuesto, evidencia la necesidad de un pronunciamiento de esta Sala que, en garantía de la uniformidad en la aplicación del Derecho, permita completar o matizar nuestra jurisprudencia sobre el alcance del artículo 7.2.b) del TRLCI.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1 de la LJCA, en relación con su artículo 90.4, y considerando que concurren los supuestos de interés casacional objetivo contemplados en el artículo 88.2, apartados b) y c), procede admitir este recurso de casación.

SEXTO.- Admisión del recurso de casación. Normas que en principio serán objeto de interpretación.

1.En virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1 de la LJCA, en relación con el artículo 90.4 de la LJCA, procede admitir este recurso de casación, cuyo objeto será, por presentar interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, la cuestión descrita en el razonamiento jurídico cuarto.

2.Las normas que en principio serán objeto de interpretación son:

2.1.Los artículos 61.3, 65 y 77.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales [«TRLHL»].

2.2.Los artículos 4 y 7.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario [« TRLCI»].

Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.

SÉPTIMO.- Publicación en la página web del Tribunal Supremo.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 de la LJCA, este auto se publicará íntegramente en la página web del Tribunal Supremo.

OCTAVO.- Comunicación inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.

Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto, como dispone el artículo 90.6 de la LJCA, y conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93 de la LJCA, remitiéndolas a la Sección Segunda de esta Sala, competente para su sustanciación y decisión de conformidad con las reglas de reparto.

Por todo lo anterior,