Sentencia CIVIL Nº 601/2019, Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Rec 596/2017 de 08 de Noviembre de 2019

Encabezamiento

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 601/2019

Fecha de sentencia: 08/11/2019

Tipo de procedimiento: CASACIÓN

Número del procedimiento: 596/2017

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 24/10/2019

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Procedencia: Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5.ª

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

Transcrito por: RSJ

Nota:

CASACIÓN núm.: 596/2017

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José María Llorente García

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 601/2019

Excmos. Sres.

D. Francisco Marin Castan, presidente

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Rafael Saraza Jimena

D. Pedro Jose Vela Torres

En Madrid, a 8 de noviembre de 2019.

Esta sala ha visto el recurso de casación interpuesto respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Zaragoza. El recurso fue interpuesto por Evelio, representado por el procurador Emilio Pradilla Carreras y bajo la dirección letrada de José Luis Calonge Vázquez. Es parte recurrida la mercantil Bodegas Javier S.L., representada por el procurador Jorge Guerrero Ferrández y bajo la dirección letrada de Marta Gil Galindo.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.

Antecedentes

PRIMERO.Tramitación en primera instancia

1.El procurador Jorge Guerrero Ferrández, en nombre y representación de Bodegas Javier S.L., interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Zaragoza, contra Salome y Evelio, para que dictase sentencia por la que:

'...estimando la demanda y siguiendo los trámites legales oportunos, se condene al demandado a abonar a mi representada la cantidad de diez mil trescientos doce euros con noventa y nueve céntimos (10.312,99 €), así como se le impongan las costas causadas en esta litis'.

2.El procurador Emilio Pradilla Carreras, en representación de Evelio, contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia por la que:

'...se desestime íntegramente la demanda formulada de contrario, absolviendo a mi representado de cuantas pretensiones se deducen en la súplica de la demanda, con expresa imposición de las costas a la parte actora'.

3.Mediante auto de fecha 6 de mayo de 2016 el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Zaragoza acordó tener por desistido al demandante en relación a la codemandada Salome.

4.El Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Zaragoza dictó sentencia con fecha 14 de septiembre de 2016 cuya parte dispositiva es como sigue:

'Fallo: Que desestimando la demanda interpuesta por Bodegas Javier S.L. contra Evelio debo absolver y absuelvo al demandado de los pedimentos de la parte actora.

'Todo ello con expresa condena en costas a la parte demandante'.

SEGUNDO.Tramitación en segunda instancia

1.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Bodegas Javier S.L. La representación de Evelio se opuso al recurso interpuesto de contrario.

2.La resolución de este recurso correspondió a la Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, mediante sentencia de 13 de diciembre de 2016, cuya parte dispositiva es como sigue:

'Fallo: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la legal representación de 'Bodegas Javier S.L.', debemos revocar la sentencia apelada. Y estimando la demanda, condenar a D. Evelio a que pague a la actora la cantidad de 5.152,99 euros, de principal, intereses del art. 576 LEC desde la fecha de esta sentencia. Con condena en costas a la parte demandada. Sin condena respecto a los de esta alzada'.

TERCERO.Tramitación e interposición del recurso de casación

1.El procurador Emilio Pradilla Carreras, en representación de Evelio, interpuso recurso de casación ante la Sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

El motivo del recurso de casación fue:

'1º) Al amparo del artículo 477.2.3.º de la LEC, por infracción del artículo 367 de la Ley de Sociedades de capital, y la jurisprudencia que lo interpreta, en el sentido de que la sentencia recurrida estima la pretensión de decretar la responsabilidad objetiva del administrador societario cuando no concurren la totalidad de los requisitos para ello, según lo previsto en el artículo citado y la jurisprudencia que lo desarrolla'.

2.Por diligencia de ordenación de 19 de enero de 2017, la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5.ª) tuvo por interpuesto el recurso de casación mencionado, y mediante otra diligencia de ordenación de fecha 30 de enero de 2017 acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3.Recibidas las actuaciones en esta sala, comparece como parte recurrente Evelio, representada por el procurador Emilio Pradilla Carreras; y como parte recurrida la mercantil Bodegas Javier S.L. representada por el procurador Jorge Guerrero Ferrández.

4. Esta sala dictó auto de fecha 20 de febrero de 2019, cuya parte dispositiva es como sigue:

'1.º) Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Evelio, contra la sentencia dictada en segunda instancia, el 13 de diciembre de 2016, por la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Quinta, en el recurso de apelación 570/2016 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Zaragoza'.

5.Dado traslado, la representación procesal de la entidad Bodegas Javier S.L. presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

6.Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 24 de octubre de 2019, en que ha tenido lugar.

Fundamentos

PRIMERO.Resumen de antecedentes

1.Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

Bodegas Javier S.L. tenía un crédito frente a New Moss 2011 S.L. de 10.312,99 euros, generado por el suministro de bebidas entre noviembre de 2013 y marzo de 2014.

Las cuentas anuales New Moss 2011 S.L. del ejercicio 2012, como consecuencia de unas pérdidas de 72.894,26 euros, muestran unos fondos propios negativos de -69.894,26 euros. Estos fondos propios se incrementaron en el ejercicio 2013 (-155.757,76 euros).

Salome fue administradora de New Moss 2011 S.L. desde la constitución, en 2011. Y lo era cuando se formularon las cuentas anuales del 2012.

Por su parte, Evelio fue nombrado administrador de New Moss 2011 S.L. el 5 de mayo de 2014 y cesó en el cargo el 9 de septiembre de 2014.

2.Bodegas Javier S.L. interpuso la demanda que dio inicio al presente procedimiento, frente a Salome y Evelio, en la que pedía su condena al pago del crédito de 10.312,99 euros que la demandante tenía frente a New Moss 2011 S.L. Esta pretensión se fundaba en dos acciones: la de responsabilidad ex art. 367 LSC porque la sociedad estaba incursa en causa de disolución y los administradores incumplieron el deber legal de promover su disolución; y la acción individual de responsabilidad del art. 241 LSC.

Durante el procedimiento, la demandante desistió de la reclamación frente a Salome y redujo la reclamación frente a Evelio a la suma de 5.152, 99 euros.

3.La sentencia dictada en primera instancia desestimó ambas acciones y absolvió al demandado. Respecto de la acción basada en el incumplimiento del deber de promover la disolución ( art. 367 LSC), el juzgado advirtió que la deuda social, si bien era posterior a que la sociedad hubiera incurrido en causa de disolución (al término del ejercicio económico 2012), era anterior a que el administrador demandado Evelio hubiera asumido el cargo (mayo de 2014). Por lo que entendió que no se cumplía uno de los requisitos legales para la estimación de la acción, que la deuda sea posterior al incumplimiento del deber legal de promover la disolución.

Luego, la sentencia de primera instancia analiza los requisitos de la acción individual y concluye que no concurren en el presente caso, entre otras razones porque 'la demanda no concreta la conducta negligente que se imputa al demandado para hacer generar su responsabilidad'.

4.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la demandante. El recurso fue estimado por la Audiencia que, si bien desestima la procedencia de la acción individual de responsabilidad ex art. 241 LSC, sí estima la acción basada en el incumplimiento del deber de promover la disolución.

La Audiencia razona que ha quedado acreditado que la deuda social es posterior a la aparición de la causa de disolución. La deuda nació entre noviembre de 2013 y marzo de 2014, y la causa de disolución afloró al término del ejercicio 2012. Y entiende que la ley no exige que el administrador hubiera aceptado el cargo antes del nacimiento de la deuda.

En consecuencia, condena al administrador demandado Evelio a pagar a la demandante la suma de 5.152, 99 euros, deuda social pendiente de pago.

5.La sentencia de apelación ha sido recurrida en casación por el demandado, sobre la base de un único motivo.

La demandante, ahora parte recurrida, manifestó en el trámite de oposición que concurría una causa de inadmisión, en concreto la falta de interés casacional. En atención a la naturaleza de esta causa de oposición será analizada al resolver sobre la procedencia del motivo.

SEGUNDO.Recurso de casación

1.Formulación del motivo. El motivo denuncia la 'infracción del artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital y la jurisprudencia que lo interpreta, en el sentido de que la sentencia recurrida estima la pretensión de decretar la responsabilidad objetiva del administrador societario cuando no concurren la totalidad de los requisitos para ello, según lo previsto en el artículo citado y la jurisprudencia que lo desarrolla'.

En el desarrollo del motivo argumenta, primero, que la deuda contraída por la sociedad fue anterior a que el Sr. Evelio hubiera asumido el cargo de administrador. La deuda se contrae entre noviembre de 2013 y marzo de 2014, y el demandado asumió la administración de la sociedad el 5 de mayo de 2014 y cesó el 9 de septiembre de ese mismo año.

En segundo lugar razona que para que se pueda aplicar la responsabilidad del art. 367 LSC es necesario acreditar que de haberse realizado una correcta disolución y liquidación de la sociedad, hubiera sido posible el pago total o parcial del crédito del demandante. Y es aquí donde invoca la sentencia de la sala 253/2016, de 18 de abril.

Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2.Estimación del motivo. En relación con la objeción planteada a la admisión del recurso, hemos de advertir que, aunque alguna de las sentencias invocadas no se refieren directamente a la acción de responsabilidad ex art. 367 LSC, sino a la acción individual, como es el caso de la 253/2016, de 18 de abril, con el consiguiente equívoco que luego advertiremos, el recurso invoca otras sentencias, como la de 7 de octubre de 2013, que se refieren a la ratiodel art. 367 LSC, y de las que cabe extraer la solución al caso.

En primer lugar, hemos de salir al paso del equívoco en que incurre la segunda razón argüida por el recurso para justificar la casación. La exigencia contenida en la sentencia 253/2016, de 18 de abril, de que quede acreditado que de haberse realizado una correcta disolución y liquidación de la sociedad, hubiera sido posible el pago total o parcial del crédito del demandante, lo sería en su caso para que pudiera prosperar una acción individual de responsabilidad basada en el cierre de hecho. Pero esta exigencia no opera cuando se analiza la acción de responsabilidad ex art. 367 LSC, que se basa en que, habiendo incurrido la sociedad en causa de disolución, el administrador incumple los deberes legales de promover su disolución y, en su caso, de petición de concurso de acreedores, y la deuda social nace con posterioridad a la aparición de la causa de disolución. Para que prospere esta acción, cumplidos estos requisitos, no es necesario justificar ningún nexo de causalidad entre el impago de la deuda y el incumplimiento del deber de promover la disolución.

3.Aclarado lo anterior, sí que debemos estimar la procedencia de la primera de las razones aducidas en el recurso.

Conforme a los hechos probados, no existe duda de que, al término del ejercicio 2012, la sociedad New Moss 2011, S.L., como consecuencia de pérdidas sufridas, tenía fondos propios negativos y, cuando menos desde entonces, se encontraba en la causa de disolución prevista en el art. 363.1.e) LSC. A partir de entonces, para quien era la administradora social, Salome, surgieron los deberes legales previstos en los arts. 365 y 366 LSC para los administradores: i) en primer lugar, convocar la junta general en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución; ii) en el caso en que no se hubiera podido constituir la junta, solicitar la disolución judicial en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta; y iii) si se hubiese celebrado la junta, pero no se hubiera adoptado el acuerdo de disolución o el acuerdo hubiese sido contrario, solicitar la disolución judicial en el plazo de dos meses a contar desde el día de la junta.

La consecuencia legal prevista en el art. 367 LSC para el incumplimiento de estos deberes legales, es que los administradores 'responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución'.

Según consta acreditado en la instancia, el crédito de la demandante (Bodegas Javier S.L.) surgió con posterioridad a la aparición de la causa de disolución, por el suministro de bebidas entre noviembre de 2013 y marzo de 2014.

No hay duda de que quien era administrador de la sociedad cuando, estando esta incursa en causa de disolución sin que se hubiera cumplido con el deber legal de promover su disolución, nace el crédito, responde solidariamente frente al acreedor. Este sería el caso de Salome, que fue administradora de New Moss 2011 S.L. desde la constitución, en 2011 hasta su sustitución por Evelio, el 5 de mayo de 2014.

Conforme a la jurisprudencia contenida en la sentencia 731/2013, de 2 de diciembre, el administrador que ha dejado de cumplir con los reseñados deberes legales de promover la disolución responde solidariamente del pago de las deudas sociales surgidas con posterioridad a la aparición de la causa de disolución, pero no de las posteriores a su cese.

4.La cuestión que suscita el presente recurso es respecto de qué deudas sociales responde un administrador, como Evelio, que asumió el cargo después de que, estando la sociedad en causa de disolución y sin que el administrador anterior hubiera instado su disolución, hubieran surgido deudas sociales posteriores a la aparición de la causa de disolución y anteriores a su nombramiento como administrador.

El nuevo administrador, desde que asumió la administración de la sociedad (el 5 de mayo de 2014), como seguía incursa en la causa de disolución de pérdidas que dejaban el patrimonio neto contable por debajo de la mitad del capital social, estaba afectado por los reseñados deberes legales de promover la disolución. La duda es respecto de qué deudas sociales responde solidariamente. Para resolverla debe acudirse a la ratiodel precepto.

En el art. 367 LSC la responsabilidad del administrador se anuda al incumplimiento del deber de promover la disolución. El reproche jurídico que subyace a la responsabilidad del art. 367 LSC se funda en el incumplimiento de un deber legal (de promover la disolución de la sociedad o, en su caso, de instar el concurso de acreedores). La Ley en esos casos, estando la sociedad incursa en una de las causas legales de disolución, constituye al administrador en garante solidario de las deudas surgidas a partir de entonces, si incumple el deber legal de disolver dentro del plazo legal. La justificación de esta responsabilidad radica en el riesgo que se ha generado para los acreedores posteriores que han contratado sin gozar de la garantía patrimonial suficiente por parte de la sociedad del cumplimiento de su obligación de pago.

Esta razón que llevó al legislador a ceñir el alcance de la responsabilidad a las deudas posteriores a la aparición de la causa de disolución, nos debe llevar a concluir que en caso de cambio de administrador, desde que asume la administración, para él nace un nuevo plazo de dos meses para promover la disolución, cuyo incumplimiento le hará responsable solidario de las deudas sociales posteriores al momento en que asumió la administración de la sociedad. Esto es, su responsabilidad alcanza a todas las deudas sociales surgidas mientras él era administrador y estando la sociedad en causa de disolución, pero no a las anteriores a su nombramiento ni a las posteriores a su cese.

En la medida en que el criterio seguido por la Audiencia para determinar la responsabilidad de Evelio no se acomoda a esta doctrina, procede estimar el recurso de casación y, al asumir la instancia, desestimar el recurso de apelación.

TERCERO.Costas

1.Estimado el recurso de casación, no hacemos expresa condena de las costas generadas por este recurso ( art. 398.2 LEC).

2.La estimación del recurso de casación conlleva la desestimación del recurso de apelación formulado por Bodegas Javier S.L., a quien se imponen las costas de su recurso ( art. 398.1 LEC).

Fallo

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.ºEstimar el recurso de casación formulado por Evelio contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5.ª) de 13 de diciembre de 2016 (rollo núm. 570/2016), en el siguiente sentido.

2.ºDesestimar el recurso de apelación formulado por Bodegas Javier S.L. contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Zaragoza de 14 de septiembre de 2016 (juicio ordinario 71/2016), cuya parte dispositiva confirmamos.

3.ºNo hacer expresa condena de las costas del recurso de casación e imponer a la parte apelante las costas de la apelación.

4.ºSe acuerda la devolución del depósito constituido para recurrir en casación.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.