Sentencia ADMINISTRATIVO Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 1686/2015 de 25 de Julio de 2018

Encabezamiento

A U D I E N C I A N A C I O N A L

Sala de lo Contencioso-Administrativo

SECCIÓN PRIMERA

Núm. de Recurso:0001686/2015

Tipo de Recurso:PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Núm. Registro General:0005132/2015

Demandante:JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA

Procurador:FRANCISCO MIGUEL VELASCO MUÑOZ- CUELLAR

Demandado:MINISTERIO DE AGRICULTURA ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE

Codemandado:SINDICATO CENTRAL DE REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO SEGURA, COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA, GENERALITAT VALENCIANA

Abogado Del Estado

Ponente IIma. Sra.:Dª. NIEVES BUISAN GARCÍA

S E N T E N C I A Nº:

IImo. Sr. Presidente:

D. EDUARDO MENÉNDEZ REXACH

Ilmos. Sres. Magistrados:

Dª. FELISA ATIENZA RODRIGUEZ

Dª. LOURDES SANZ CALVO

D. FERNANDO DE MATEO MENÉNDEZ

Dª. NIEVES BUISAN GARCÍA

Madrid, a veinticinco de julio de dos mil dieciocho.

Vistos por la Sala, constituida por los Sres. Magistrados reseñados al margen, los autos del recurso contencioso-administrativo número 1686/2015, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Francisco Miguel Velasco Muñoz-Cuéllar, en nombre y representación de la JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, contra la Orden AAA/1566/2015, de 27 de julio, por la que se autoriza un trasvase de 20 Hm3 desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del Acueducto Tajo-Segura, en el mes de julio de 2015. Han sido partes, como demandada LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO representada por el Abogado del Estado y codemandados el SINDICATO CENTRAL DE REGANTES DEL ACUEDUCTO TAJO SEGURA, la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA y la GENERALITAT VALENCIANA. La cuantía del recurso se fijó como indeterminada.

Antecedentes

PRIMERO.-Por la Junta de Comunidades actora se interpuso recurso contencioso administrativo mediante escrito presentado el 3 de septiembre de 2015, acordándose por Decreto de 19 de octubre siguiente, una vez subsanados los defectos observados, su tramitación de conformidad con las normas establecidas en la Ley 29/1998, y la reclamación del expediente administrativo.

SEGUNDO.-En el momento procesal oportuno dicha entidad actora formalizo la demanda mediante escrito presentado el 17 de febrero de 2016 en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminó suplicando se declarara:

Tenga por interpuesta demanda contra la Orden AAA/1566/2015, de 27 de julio, por la que se autoriza un trasvase de 20 HM3 desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del Acueducto Tajo-Segura, para el mes de julio de 2015 y estime la misma por ser la citada Orden nula de pleno derecho.

Asimismo, se solicita que previo a dictarse sentencia se eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuestión prejudicial por incumplimiento la Orden AAA/1566/2015 de la Directiva Marco de Aguas y de la Directiva de Hábitats, y todo ello en los términos que se recogen en el Otrosí Cuarto.

Asimismo, se solicita que antes de dictar sentencia se suspenda el procedimiento por impugnación indirecta del RD 773/2014 y se pasen las actuaciones al Tribunal Supremo, en base al artículo 27.1 de la Ley 29/98 reguladora de la Jurisdicción contenciosa-administrativa, como órgano competente para conocer del recurso indirecto contra esa norma para que declare la no conformidad a derecho de esa disposición general.

TERCERO.-El Sr. Abogado del Estado contestó la demanda mediante escrito presentado el 13 de diciembre de 2016 en el que, tras alegar los hechos y los fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó suplicando se dictara sentencia en la que se desestimara el recurso interpuesto.

Contestó asimismo a la demanda el Letrado de la Comunidad Autónoma de Murcia, mediante escrito de 8/03/2017, en el que solicitó el dictado de Sentencia en la que desestimara el recurso interpuesto, por ser el acto impugnado conforme a Derecho. E igualmente la Abogada de la Generalitat de Valencia, con fecha de 14 de marzo siguiente, y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, mediante escrito de 9/06/2017, ambos con idéntica pretensión desestimatoria.

CUARTO.- Habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se acordó el mismo mediante Auto de 3 de julio de 2017, practicándose la prueba documental propuesta y admitida con el resultado que figura en las actuaciones.

No considerándose necesaria la celebración de vista pública, se dio trámite de conclusiones a las partes, trámite que evacuaron por su orden, primero la defensa de la recurrente y después la Abogada del Estado, el Letrado de la Comunidad Autónoma de Murcia y la Letrada de la Generalitat de Valencia, mediante escritos en los que reiteraron y concretaron sus respectivos pedimentos.

QUINTO.- Conclusas las actuaciones, se señaló para deliberación y votación de este recurso el día 29 de mayo de 2018, que continuó el siguiente 5 de junio de 2018, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación, habiendo sido ponente la Ilma. Magistrada. Dª. NIEVES BUISAN GARCÍA, quien expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.Se impugna en el presente recurso contencioso administrativo, por la Letrada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Orden AAA/1566/2015, de 27 de julio, por la que se autoriza un trasvase de 20 Hm3 desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del Acueducto Tajo-Segura, en el mes de julio de 2015.

Orden AAA/1566/2015 que se basa en el informe propuesta de Dirección General del Agua de 27 de julio de 2015, en el que figura que el volumen de existencias efectivas en el conjunto de embalses de Entrepeñas-Buendía a fecha 1 de julio de 2015 es de 470.646 hm3, por lo que a tenor de la disposición adicional quinta 'Reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura' de la Ley 21/2015, de 20 de julio , se ha constatado que se está en situación de nivel 3, de situaciones hidrológicas excepcionales. Situación de nivel 3 a cuyo tenor, según establece el artículo 1 del RD 773/2014, de 12 de septiembre , corresponde al órgano competente, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la autorización, de forma discrecional y motivada, de un volumen mensual de hasta 20 hm3/mes.

Artículo 1 del Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre , por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura a cuyo tenor:

En función de las existencias conjuntas en los embalses de Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada mes, se establecen los siguientes niveles mensuales con arreglo a los que se acordará la realización de los trasvases con un máximo total anual de 650 hm3 en cada año hidrológico (...)

Nivel 3: Se dará cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía no superen, a comienzos de cada mes los valores mostrados en la tabla(6 88 hm3 en julio).

Precepto que añade que:en este nivel, denominado como situación hidrológica excepcional, el órgano competente podrá autorizar discrecionalmente y de forma motivada un trasvase de hasta 20 hm3/mes.

SEGUNDO. -La parte actora sustenta su pretensión impugnatoria de la demanda, en síntesis, en las siguientes consideraciones:

1º. Vulneración de la disposición adicional tercera de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional y de la disposición transitoria segunda de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental .

Se desprende de la DA tercera de la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN), en relación con la DT segunda de la Ley de Evaluación Ambiental (LEA), que se instituye un solo periodo transitorio para la implantación como excedente trasvasable en la cabecera del Tajo, del nivel de referencia de 400 hectómetros cúbicos. Periodo transitorio general y único, que debe ser aplicado a todos los supuestos en que se haya decidido o se decida en el futuro, la implantación de tal nivel de los 400 Hm3, sin excepción. Plazo que comienza el día de la entrada en vigor de tal Ley 21/2013, que se produjo el 12 de diciembre de 2013.

Interpretación que además coincide con la que hizo la propia Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), que certificó mediante comunicado de prensa de 8 de marzo de 2014 que se había alcanzado un volumen embalsado conjunto en Entrepeñas v Buendía de 900 hectómetros cúbicos, por lo que quedaba automáticamente establecido el umbral mínimo no trasvasable de 400 hectómetros cúbicos de manera permanente (se adjuntan nota de prensa y oficio de la CHT como documentos nº 1 y 2). Se cita la doctrina de los actos propios, y se concluye que partiendo de que tal umbral mínimo no trasvasable entró en vigor el 8/03/2014, como con fecha de 13 de agosto de 2015 el conjunto de Entrepeñas y Buendía se encontraba con un volumen embalsado de 396,47 Hm3, es contraria a la Ley la realización de cualquier tipo de trasvase en esta situación, por lo que debe declararse su nulidad.

2º Incumplimiento de las Reglas de Explotación fijadas en el RD 773/2014, 12 de septiembre.

Conforme a lo dispuesto en la Ley, mientras las decisiones de trasvase en los niveles 1 y 2 son automáticas y se toman en el marco de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, en el «nivel 3» (alcanzado en 12 ocasiones), la decisión corresponde al Ministro, al estar en situación de excepcionalidad hidrológica, sin que tenga que ser el máximo definido.

Se ha vulnerado la regla de explotación, por la omisión de un método científico adecuado de los datos observados y, sobretodo, por la parcialidad de las conclusiones del informe de aplicación de la regla de explotación y seguimiento de la coyuntura hidrológica firmado por D. Gerardo . El Ministerio hace suyas decisiones sobre cantidades mensuales a trasvasar en el citado informe, de aplicación de la regla de explotación y seguimiento de la coyuntura hidrológica de julio de 2015 (documento n° 5), que parte de datos fácticos erróneos, suplantado lo que deberían ser análisis directos, objetivos e imparciales.

3º. Falta de motivación de la Orden AAA/1566/2015 impugnada, que alude al término 'existencias efectivas' para justificar la situación de los embalses de cabecera del Tajo a fecha 1 de julio de 2015, basándose en el informe de la DGA de 27 de julio, pero sin explicar que se entiende por existencias efectivas. El referido 'Informe de aplicación de la regla de explotación y seguimiento de la coyuntura hidrológica' de D. Gerardo , señala en la página 5 que son existencias efectivas, 'las resultantes de restar a las existencias reales los volúmenes ya autorizados, pero aún embalsados y pendientes de transferencia' pero en ningún momento alude a cómo se obtienen las mismas, lo que asimismo se desprende del documento n° 7 del expediente, al referirse al 'volumen embalsado' y 'volumen de reservas efectivas'.Este 'volumen de reservas efectivas' se indica, se obtiene descontando únicamente los volúmenes aprobados para el ATS y no trasvasados en ese momento. Se ha omitido cualquier referencia o explicación de que del concepto de volumen de 'existencias efectivas', consideradas tanto en la documentación del Ministerio de Medio Ambiente como en la Orden AAA/1566/2015, debe restarse un volumen adicional compuesto por el volumen de sedimentos, volumen de embalse muerto y volumen no útil del embalse.

La Orden AAA/1566/2015, tampoco motiva o justifica las razones por las que decide acordar la realización el trasvase de 20 hectómetros cúbicos. El principio de proporcionalidad es de aplicación al supuesto, pues aunque reconociésemos que la cuenca receptora se encuentra en una situación catastrófica (hipótesis sólo a efectos argumentales), es una realidad incontestable que la cuenca cedente también se encuentra en una situación límite de la misma entidad, lo que debería haber conducido al órgano decisor a no acordar trasvasar.

4º. Vulneración de la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece el Marco Comunitario en materia de Aguas, así como la Directiva 92/43, sobre Conservación de Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres.

El descenso y modificación del régimen de caudales que causa el trasvase Tajo-Segura ha alterado gravemente la dinámica fluvial, transformando la fisonomía del río, estrechando y encajonando su cauce, erosionando y deforestando las riberas, profundizando los lechos y simplificando los territorios asociados al río Tajo (meandros abandonados, llanuras de inundación, fuentes...). Alteración del régimen natural del caudal que supone la destrucción del ecosistema del río y la pérdida de su funcionalidad en la regulación de avenidas y fertilización natural de las vegas.

El RD 773/2014 y la Orden AAA/1750/2015, de 21 de agosto (Sic), vulneran la Directiva Marco del Agua (DMA) por impedir el cumplimiento de los objetivos ambientales en la Demarcación Hidrográfica del Tajo. Y vulnera la Directiva de Hábitats, así como la DA Sexta de la Ley 11/2005 del PHN , al incumplir el principio de preferencia de la cuenca cedente y de cumplimiento de su planificación hidrológica.

Se acompaña Informe de la Dirección de Política Forestal y Espacios Naturales sobre evaluación de las afecciones del acueducto Tajo-Segura (documento nº 3) respecto de las masas de agua y los espacios de la Red Natura 2000 del tramo medio del río Tajo, que concluye que el mantenimiento del canal del Acueducto Tajo-Segura es incompatible con las exigencias ambientales que se derivan tanto de la DMA como de la LEA.

El PHT 2014 debía elaborarse conforme a la DMA, cuyos artículos 13, 14 y 15 establecen obligaciones sobre procedimiento de información y consulta pública y notificación a la Comisión Europea en la elaboración del Plan, así como una obligatoria de evaluación ambiental estratégica. Los artículos 1 a 12 de la DMA obligan a identificar en el Plan la extracción significativa de agua, así como 'la incidencia de la regulación significativa del flujo de agua, incluidos el trasvase y el desvío del agua ' y evaluar el impacto de dichas presiones sobre el estado de las aguas superficiales (art. 5 y Anexo 11.14 y 5 DMA). El articulo 4 DMA obliga a que el Plan cumpla una serie de objetivos medioambientales regulados en el precepto, poniendo para ello en práctica un programa de medidas básicas y complementarias (art. 11 DMA) que se han incluido en el nuevo PHT teniendo en cuenta las cifras, valores y distribución temporal contenidos en el mismo, incluidos los definitorios del Nivel 3. Nivel 3 del artículo 26, que define el art. 61 y Anejo IX del RD 270/2014, de 11 de abril , que aprueba el PHT como nivel de 'alerta' en el Sistema de Cabecera de la cuenca del Tajo. Sin embargo, solo 3 meses después de la aprobación del PHT 2014 se pretende mediante el artículo 1 del RD del Trasvase Tajo-Segura modificar, a la baja, los valores mensuales de existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía, establecidos en el artículo 26.3 del RD 270/2014 como tal nivel 3 de situaciones hidrológicas excepcionales. Por tanto, aunque la Ley 21/2013, de EA (vigente cuando se aprobó la Orden del trasvase impugnada) establecía en su DA 15 que los valores de existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía definitorios del Nivel 3 podrán modificarse mediante Real Decreto, previamente indicaba que estos valores son los que se determinen por el PHT vigente (Real Decreto 270/2014). Por lo que cualquier modificación debe someterse a los mismos requisitos de contenido y forma que, para la aprobación y revisión de los planes hidrológicos, establece la DMA y su legislación de transposición en nuestro país. Requisitos no cumplidos en el Real Decreto 773/2014.

5º. Nulidad de la Orden por la omisión de los estudios medioambientales del trasvase.

Ya el RD Legislativo 1/2008, de 11 de enero, de Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, imponía la evaluación ambiental respecto de proyectos consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en sus anexos I y II. Regulación contenida hoy en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (LEA), cuyo Anexo I, Grupo siete incluye como Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua:'c) Proyectos para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales, en cualquiera de los siguientes casos:

1°. Que el trasvase tenga por objeto evitar la posible escasez de agua y el volumen de agua trasvasada sea superior a 100.000.000 hectómetros cúbicos al año.

2°. Que el flujo medio plurianual de la cuenca de la extracción supere los 2.000.000.000 hectómetros cúbicos al año y el volumen de agua trasvasada supere el 5% de dicho flujo'.

Lo que debe relacionarse con el hecho de que existen espacios incluidos en la Red Natura 2000 que pueden verse afectados de forma apreciable por la disminución y distribución temporal de los volúmenes desembalsados desde la Cabecera del Tajo: LIC y ZEPA ES0000092 'Alto Tajo'; LIC y ZEPA ES0000163 'Sierra de Altomira', LIC ES3110006 'Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid', ZEPA ES0000119 'Carrizales y Sotos de Aranjuez', ZEPA ES0000438 'Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo', LIC y ZEPA ES0000169 'Río Tajo en Castrejón. Islas de Malpica de Tajo y Azután'. LIC y ZEPA ES4250013 'Ríos de la margen izquierda del Tajo y Berrocales del Tajo', LIC ES250014 'Sotos del río Alberche'.

El artículo 6.3 de la Directiva 92/43 establece un procedimiento de evaluación destinado a garantizar que únicamente se autorice un Plan o Proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectarle de forma apreciable, en la medida en que cause perjuicio a la integridad de dicho lugar (sentencias de 7 de septiembre de 2004, Waddenvereniging y Vogelbeschermíngsvereniging, C-127/02 , Rec. p. 1-7405, apartado 34, y de 20 de septiembre de 2007). Por otro lado, determinar las repercusiones de un Plan o un Proyecto a la luz de los objetivos de conservación de un lugar específico constituye un requisito previo indispensable para la aplicación del artículo 6.4 de la Directiva 92/43 , por lo que la omisión de la evaluación ambiental en los lugares afectados por el trasvase relativos a la Red Natura 2000, supone la nulidad de la norma por omisión de tal trámite. Además, se producen modificaciones de la calidad fisicoquímica y biológica del agua y en el régimen hídrico de los ríos. Siendo la transferencia de recursos acuíferos de considerable envergadura, la EIA debe atender tanto a las obras que lo constituyen (embalses de captación y almacenamiento en la cuenca cedente, de acumulación, sistema de transporte y obras en la cuenca receptora), como al hecho del trasvase de agua en sí.

6º. Nulidad del trasvase por no haberse garantizado el caudal ecológico del río Tajo.

La Disposición Adicional Primera de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de Régimen Económico de la Explotación del Acueducto Tajo-Segura , condiciona la viabilidad del trasvase al mantenimiento de un caudal no inferior a 6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez. Disposición que se infringe de forma manifiesta en el presente supuesto.

Atendiendo al anterior criterio, ya desde este momento se anticipa la intención de someter tal cuestión a la fase probatoria del proceso; no debiéndose olvidar, por otro lado, que tal circunstancia, por tratarse de un hecho pretérito, no puede concretarse si no es a través de los registros de la Confederación Hidrográfica.

7º Nulidad del acto administrativo por vulneración del principio de participación.

De conformidad con el artículo 14 del TR de la Ley /2001 , de 20 de julio, de Aguas, que establece como uno de los principios rectores de la gestión en materia de aguas la ' participación de los usuarios' , se ha infringido el aludido principio, al evitarse por la Comisión Central de Explotación toda posible intervención de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el conocimiento de la Orden que aquí se impugna, que no fue invitada a la reunión del 24 de julio de 2015 de tal CCE, impidiéndosele, de forma efectiva y manifiesta la defensa de los legítimos intereses de la Comunidad de Castilla-La Mancha.

TERCERO.Ha de ser resuelta, con carácter previo, la objeción formal de la demanda sobre ausencia de motivación de la Orden Ministerial impugnada.

En general, la motivación de los actos administrativos supone la exteriorización o manifestación expresa de las razones que la Administración ha tenido para adoptar una resolución. Por lo que no puede consistir en una mera declaración de conocimiento y menos aún en una manifestación de voluntad ( STC 77/2000 ). Exigencia de motivación que es consecuencia de la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos ( STC 73/2000 ). Se trata de un lado de asegurar la seriedad en la formación de la voluntad de la Administración, y constituye también una garantía del administrado que podrá impugnar, en su caso, el acto administrativo, con posibilidad real de rebatir la bases en las que se fundamenta y además, en último lugar, la motivación hace posible el control jurisdiccional del acto administrativo recurrido ( artículo 106.1 CE ). En consecuencia, cuando el acto carece de motivación se impide el control jurisdiccional que viene constitucionalmente impuesto, pues se impide comprobar que la resolución dada al caso es consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento jurídico y no el fruto de la arbitrariedad ( STC 77/2000 ). Y si bien la ausencia de motivación o una motivación defectuosa puede constituir, o bien un vicio de anulabilidad ( artículo 63.2 de la Ley 30/1992 ), o bien una mera irregularidad no invalidante, la disección entre ambas consecuencias debe hacerse atendiendo a si se ha producido esa ignorancia respecto de los motivos de la decisión y se ha colocado al administrado en una situación de indefensión ( SSTS 3 de abril de 1990 y 4 de junio de 1991 ).

Aplicando la anterior doctrina al presente supuesto, es el artículo 1 del Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre , por el que se aprueban diversas normas reguladoras del Trasvase por el Acueducto Tajo-Segura, el que expresamente establece que: 'en función de las existencias conjuntas en los embalses de Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada mes', cuando concurra el 'nivel 3' (de los cuatro posibles), 'el órgano competente podrá autorizar discrecionalmente y de forma motivada un trasvase de hasta 20 hm3/mes'.

Examinada la Orden Ministerial recurrida, consideramos que la misma sí se ajusta a la exigencia de 'motivación' desarrollada por la doctrina constitucional, en relación con el referido artículo 1 del RD 773/2014 , dado que la misma se remite a la propuesta de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (documento número 9 expediente) y a su vez, según resulta de su lectura, tal CEATS se basa en la propuesta efectuada por D. Gerardo (documento número 7) a partir de su Informe y de sus explicaciones en la sesión de fecha 24 de julio de 2015.

En definitiva, el Informe elaborado por dicho Gerardo , unido a las consideraciones de la CEATS, a las que se remite la Orden AAA/1566/2015, y que obran en el expediente, constituyen motivaciónin aliundeo por remisión de la resolución impugnada, por lo que en ningún caso estaríamos ante un supuesto de falta de motivación del que pudiera derivarse indefensión para la parte recurrente, sino ante una motivación que tal demandante no comparte, por lo que dicha objeción formal ha de ser rechazada.

CUARTO.En cuanto al fondo de la controversia, considera en primer término la Junta de Comunidades actora que a tenor de la DA tercera de la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional , en relación con la DT segunda de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental , se instituye un solo periodo transitorio para la implantación del nivel de referencia de los 400 hectómetros cúbicos, como excedente trasvasable en la cabecera del Tajo. En definitiva, que un nivel de existencias inferior a 400 hm3 impediría todo trasvase.

Frente a ello es importante remarcar que el volumen de agua existente en el conjunto de embalses a comienzos del mes de julio de 2015, mes de julio de 2015 que únicamente puede ser tomado en consideración a efectos de aplicación de la OM impugnada, era superior a tal cifra. Así, como expone con meridiana claridad tal Orden AAA/1566/2015, el volumen de existencias efectivas en el conjunto de embalses de Entrepeñas-Buendía a fecha 1 de julio de 2015 es de 470.646 hm3. Por lo que basta poner de manifiesto dicho trascendente elemento fáctico para concluir, sin necesidad de mayores consideraciones, que tal argumentación de la demanda no resulta de aplicación al supuesto, en el que se enjuicia la conformidad o no a derecho de un trasvase de agua llevado a cabo, exclusivamente, en el mes de julio de 2015, y no en fechas anteriores o posteriores, por lo que procedería su desestimación. En el mismo sentido figura también en el expediente el informe de aplicación de la regla de explotación (doc. 7), a cuyo tenor el volumen de existencias efectivo embalsados a comienzo de julio de 2015 era de 470,9 hm3, y por ende superior a 400 hectómetros cúbicos.

En cualquier caso, indicar que la Sala asimismo considera improcedente la fijación del nivel de referencia de 400 hectómetros cúbicos a la fecha de entrada en vigor de la Ley 21/2013 (el 12/12/2013), como pretende tal parte demandante, y ello en base a las siguientes consideraciones:

La Ley 52/1980 de 16 de octubre, de Regulación del Régimen Económico del Acueducto Tajo-Segura en su disposición adicional novena.1 indica que el condicionante básico de las aguas que se trasvasan a través de tal Acueducto es que las mismas 'sean, en todo momento, excedentarias en la cuenca del Tajo'. La determinación de excedentes debía hacerse en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo (PHT) teniendo en cuenta 'tanto los aprovechamientos potenciales (...) como los que sean consecuencia del desarrollo natural de las provincias de la cuenca del Tajo', como los requerimientos ambientales, 'garantizando en el Tajo antes de su confluencia con el Jarama (en Aranjuez) un caudal no inferior a 6 metros cúbicos por segundo' ( DA primera de la Ley 52/1980 ), por lo que el criterio básico en la regulación del trasvase Tajo-Segura ha sido garantizar en todo caso el carácter preferente del Tajo, preferencia que se logra asegurando que los volúmenes de aguas trasvasadas sean excedentarios. En base a ello el PHT de 1998 declaró como agua excedentaria una diferencia entre volumen embalsado en Entrepeñas y Buendía de 240 hm3. Limitación que adquirió rango legal con la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional, cuya DA Tercera declara que 'Se considerarán aguas excedentarias todas aquellas existencias embalsadas en el conjunto de Entrepeñas-Buendía que superen los 240 hm3. Por debajo de esta cifra no se podrán efectuar trasvases en ningún caso.' Previniéndose, además, que 'Este volumen mínimo podrá revisarse en el futuro conforme a las variaciones efectivas que experimenten las demandas de la cuenca del Tajo, de forma que se garantice en todo caso su carácter preferente, y se asegure que las transferencias desde cabecera nunca puedan suponer un límite o impedimento para el desarrollo natural de dicha cuenca'( DA Tercera del PHN, según su redacción original). Ley del PHN que experimentó varias modificaciones, entre otras por Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, cuya DA tercera eleva el umbral mínimo no trasvasable de 240 hm3 a 400 hm3, aunque estableciendo para ello un régimen transitorio de 5 años máximo.

Más tarde, por Ley 21/2015, de 20 de julio, dado que la STC de 5 de febrero del 2015 declaró la inconstitucionalidad de la regulación de algunos preceptos de la redacción anterior, se mantiene el mismo régimen transitorio para establecer el umbral de 400 hm3 como límite no trasvasable, en los siguientes términos:

La aplicación de la DA tercera de la Ley 10/2001, de 5 de julio , reguladora del Plan Hidrológico Nacional, se escalonará en el tiempo conforme a las siguientes prescripciones:

1. La implantación del nuevo nivel de referencia de 400 hectómetros cúbicos para la definición de excedentes trasvasadles en la cabecera del Tajo seguirá un régimen transitorio de forma que este nuevo nivel se alcance a lo sumo en cinco años conforme al siguiente procedimiento.

2. En la fecha de entrada en vigor del nuevo plan hidrológico del Tajo, elaborado conforme a la Directiva Marco del Agua, el nivel se elevará 32 hectómetros cúbicos, y se irá elevando en escalones adicionales de 32 hectómetros cúbicos el día 1 de enero de cada año sucesivo, hasta alcanzar los 400 hectómetros cúbicos finales. Igualmente, la curva de definición de situaciones hidrológicas excepcionales vigente se irá elevando de forma escalonada y simultánea a sus correspondientes niveles de referencia, hasta alcanzar la curva final.

3. Si en el inicio o en cualquier momento del período transitorio se alcanzase un nivel de existencias embalsadas de 900 hectómetros cúbicos, tanto el nuevo nivel de referencia de 400 hectómetros cúbicos como la curva de condiciones excepcionales entrarían en vigor de forma inmediata (...)'.

Es evidente, por tanto, que la implantación del nuevo nivel de referencia se remite al futuro, por lo considera la Sala, al igual que entiende tanto la Abogacía del Estado como los codemandados en sus respectivos escritos de contestación, que el plazo de 5 años que opera como elemento de cierre tiene undies a quoque ha de fijarse en el momento de entrada en vigor del Plan Hidrológico del Tajo aprobado por RD 270/2014, de 11 de abril (en la actualidad derogado), entrada en vigor que se produjo al día siguiente de su publicación en el BOE, esto es, el 13 de abril de 2014, lo cual así se desprende de una interpretación tanto literal como sistemática de dicha DT Única de la Ley 21/2015.

Se aduce, asimismo, por la parte recurrente, que en cualquier caso procedería fijar el nivel de referencia de 400 hm3 en la fecha de 8 de marzo de 2014, basándose para ello en una nota de prensa y en un oficio interno redactado en términos telegráficos, y sin sustento en ninguna otra justificación documental (documentos 1 y 2 de la demanda). En este sentido y tal y como indica la STJ de Madrid de 1 de febrero de 2018 (Rec. 714/2016), en la que se enjuiciaba un supuesto similar al planteado en esta litis y en el que se propuso idéntica prueba 'en ningún caso puede considerarse la concurrencia de un acto propio de aplicación a fecha de 8/03/14 el umbral mínimo no trasvasable de 400 hm3 que no puede resultar de una nota de prensa o de un oficio a tercero sin más, dada la normativa en la materia que exigiría una constatación oficial del rango correspondiente, que no se ha producido en este caso. Así la transcrita y vigente disposición legal relativa al periodo transitorio significa: 4 la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo -Segura velara por la aplicación de estos criterios y resolverá las incidencias que pudieran plantearse en el periodo de transición'.

QUINTO.Por lo que se refiere al incumplimiento de las reglas de explotación fijadas en el RD 773/2014, 12 de septiembre, que asimismo se denuncia en la demanda, ha de manifestarse lo siguiente:

Figura en autos, como se ha indicado, el informe de D. Gerardo (respecto de quien inicialmente se propuso, por la recurrente, prueba testifical-pericial a la que posteriormente se renunció) informe técnico en el que se basa la Orden Ministerial combatida y cuya primera parte se refiere a la aplicación de la regla de explotación del RD 773/2014. Informe en el que se efectúan una serie de cálculos, que se extraen de diferentes datos, todos los cuales igualmente se detallan en el mismo (páginas 7 y 8), y que la parte recurrente no ha desvirtuado mediante medio probatorio alguno. Según se desprende del repetido informe, sustento de la resolución impugnada, se parte de la serie histórica conocida, para generar, a través de ciertas técnicas estadísticas, series futuras. Así, tal y como se expone en la página 12, tras mostrar la evolución observada en los meses pasados hasta llegar al momento actual, y a fin de prever el futuro a partir de hoy, se realiza 'una simulación Montecarlo de la posible evolución del trasvase en los próximos meses, generando 10000 series sintéticas de 24 meses con origen en el mes actual, y simulando la evolución del sistema por aplicación de la regla de explotación a cada una de las series generadas'.

Informe que alcanza, entre otras, las siguientes conclusiones:

La situación a comienzos de julio ha empeorado levemente desde comienzos de junio, manteniéndose el percentil de aportaciones de cabecera y aumentando ligeramente las probabilidades de alcanzar el nivel 4 a partir de octubre.

En aplicación de la regla vigente cabe proponer que se autoricen hasta 20 hm3/mes en los meses de julio, agosto y septiembre, si bien se recomienda revisar mensualmente por la DGA la evolución de la coyuntura hidrológica, por si se produjese alguna desviación significativa que requiera consideración inmediata.

Si bien razona la demanda respecto de la improcedencia de entender que concurría el nivel 3 a comienzos del mes de julio de 2015 por considerar que de la cifra de existencias que figuran procedía descontar cierto volumen embalsado, se trata de una afirmación genérica, que no acredita que el volumen de existencias a comienzos del mes fuera diferente del considerado por la Orden combatida. En tal sentido y si bien inicialmente se propuso, por tal Junta de Comunidades actora, la prueba testifical-pericial de D. Gerardo , con posterioridad se renunció a dicha prueba. Alegación, por tanto, carente de sustento probatorio alguno y que por ello no puede ser tomada en consideración.

Por otra parte, y tal y como indica el Abogado del Estado en la contestación, la explicación de las nociones de 'volumen mínimo de explotación', 'volumen de sedimentos', 'volumen de embalse muerto' y 'volumen no útil del embalse', no pueden fundar ningún argumento impugnatorio eficaz. Y es que, cualquiera que sea la noción encerrada en tales conceptos, la entidad actora no concreta que, tras el descuento, las existencias sin ellos dejaran de ser conformes a Derecho. Debiendo tomarse en consideración, en cualquier caso, que el artículo 1 del RD 773/2014 se refiere a las 'existencias conjuntas', sin distinguir existencias que deban ser descontadas ni aludir a que las misma hayan de computarse netas, por lo que, dado que la norma no efectúa distinción, lo razonable es computarlas todas.

A tal efecto, en cualquier caso, resulta trascendente indicar que, de conformidad con el repetido artículo 1 del Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre , se permite dicho trasvase en el denominado nivel 3 (ahora aplicado), en cuanto situación hidrológica excepcional, siempre que se efectúe por el órgano competente (el Ministerio de Medio Ambiente), hasta un máximo de 20 hm3/mes y se lleve a cabo de forma motivada y 'discrecional'.

Constituye Jurisprudencia consolidada que concurre la discrecionalidad administrativa (y no potestad reglada), cuando la Administración tiene un margen de decisión propia en la aplicación de la ley, pues la misma no regula con tanta exactitud lo que ésta deba hacer ante un supuesto de hecho , sino que le atribuye la capacidad de aplicar las normas de diferentes maneras, en principio válidas, en función de las circunstancias o de estimación de oportunidad, de conveniencia para los intereses públicos o de valoraciones técnicas que a la propia administración corresponde realizar . Ahora bien, el poder discrecional no es nunca ilimitado ni puede ser ejercido de cualquier manera según el puro arbitrio de quienes lo reciben, por lo que en realidad, la discrecionalidad administrativa nunca es absoluta, y cuando se habla de decisión discrecional se hace referencia, por lo general, a una decisión administrativa cuyo contenido no está totalmente predeterminado, puesto que la ley remite al órgano administrativo competente alguno de los elementos que lo integran en función de consideraciones de oportunidad.

La consecuencia de ello es que por amplia que sea la discrecionalidad administrativa, se somete siempre a unos límites jurídicos generales, pues solo puede ejercerse si existe poder para ello, por el órgano competente, en función de la realidad de los hechos que justifican su ejercicio, para atender al interés público y nunca intereses particulares o distintos de los previstos, y con sujeción a los principios generales del Derecho (igualdad, proporcionalidad, seguridad jurídica). Limites, tanto generales como específicos, pero en definitiva jurídicos, cuya observancia puede ser siempre controlada por los Tribunales, y ello porque discrecionalidad no equivale a arbitrariedad.

Doctrina cumplida en el presente caso, en el que la Orden Ministerial combatida ha sido dictada de conformidad con un correcto ejercicio de dicha potestad discrecional ( artículo 1 del RD 773/2014 ), pues de su lectura resulta un juicio de oportunidad y de valoración entre las necesidades de la cuenca cedente y la cesionaria. Por lo que en definitiva, gozando el acto administrativo impugnado de presunción de legalidad, ex artículo 57.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , y recayendo sobre la parte recurrente la carga de la prueba ( artículo 217.2 LEC ), no bastaba con una crítica genérica o la mera manifestación de inadecuación de ciertas estimaciones, sino que resultaba exigible una demostración de su irracionalidad, prueba que no se ha producido en el supuesto.

SEXTO.Previamente al análisis de las invocadas vulneraciones de la normativa europea medioambiental, a las que de manera extensa se refiere la demanda, es necesario volver a concretar, como cuestión prioritaria, que el presente litigio se circunscribe a la conformidad o no a Derecho de la Orden AAA/1566/2015, de 27 de julio, por la que se autoriza un trasvase de 20 Hm3 desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del Acueducto Tajo-Segura, en el mes de julio de 2015.

A tal efecto repárese en que la Junta de Comunidades actora, al analizar dicha eventuales lesiones tanto de la Directiva 2000/60/CE, por la que se establece el Marco Comunitario en Materia de Aguas (DMA), como la Directiva 92/43/CE, sobre Conservación de Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres (Directiva de Hábitats) hace continua referencia a 'planes' o 'proyectos' y, en otras muchas ocasiones, incluso a que dicha lesión se produce por el RD 773/2014, pero sin concretar su incidencia con respecto a la Orden AAA/1566/2015 a la que se circunscribe el presente pleito.

Así, entre otros argumentos, sostiene la demanda que el Plan Hidrológico del Tajo no define caudales ecológicos, lo que determina que no pueda cumplirse el objetivo de la Directiva Marco Europea del Agua referente al buen potencial ecológico en masas de agua, y que se producen efectos sobre la ribera y hábitats asociados a la misma. Cuestión ajena a la presente causa, dado que la impugnación de una autorización de trasvase no permite cuestionar, se insiste una vez más, la norma que aprueba el Plan Hidrológico.

Obsérvese, por otra parte, que la prueba adjuntada con tal demanda como documento nº 3, consistente en un Informe de la Dirección de Política Forestal y Espacios Naturales, evalúa las afecciones que respecto de las masas de agua y los espacios de la Red Natura 2000, se producen por el 'acueducto Tajo-Segura', es decir, por la totalidad de la obra hidráulica, pero nada se indica respecto del trasvase de 20 hectómetros cúbicos en el mes de julio de 2015, autorizado la Orden Ministerial impugnada en la presente litis.

En concreto, y analizados los impactos medioambientales que a juicio de la entidad recurrente conllevarían la nulidad de la OM combatida, refiere la demanda que ' el acueducto Tajo-Segura está favoreciendo la introducción de especies alóctonas en las cuencas del Júcar y Segura', 'favoreciendo la translocación de otras especies', 'produciendo impactos negativos en la loína (...), especie en peligro de extinción', 'fragmentando el espacio de la Red Natura (...) Sierra de Altomira' y existiendo 'una serie de espacios de la Red Natura 2000 estrechamente ligados a la gestión del agua, que pueden verse afectados de forma apreciable por la disminución y distribución temporal de los volúmenes desembalsados(...)'.Argumentos que evidencian una pretendida relación de causalidad entre la totalidad de los trasvases y las nocivas consecuencias invocadas, pero no una relación de causalidad entre el trasvase autorizado por la OM combatida y tales consecuencias, sin que presente causa sea el marco adecuado para una impugnación global de los trasvases Tajo-Segura.

Por otra parte, y de conformidad con el Art 6.3 de la Directiva de Hábitats la afección externa a tales espacios, de existir, habría podido ser formalmente antijurídica si pudiera'afectar de forma apreciable',y materialmente antijurídica si pudiera causar'perjuicio a la integridad del lugar en cuestión',más no se imputan tales efectos en la demanda , por lo que los aludidos perjuicios medioambientales no han sido objeto de ni de acreditación ni de intento de acreditación la actora, a quien correspondía tal carga de prueba, de conformidad con lo establecido en el artículo 57.1 de la LRJAP y 217.2 de la LEC .

SÉPTIMO.Se sostiene asimismo en la demanda la infracción del RD Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (vigente hasta el 12/12/2013) y Ley 21/2013, de 9 de diciembre, que lo ha sustituido.

Tal y como expone el Preámbulo de dicha Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental:

La evaluación ambiental resulta indispensable para la protección del medio ambiente. Facilita la incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas, a través de la evaluación de los planes y programas. Y a través de la evaluación de proyectos, garantiza una adecuada prevención de los impactos ambientales concretos que se puedan generar, al tiempo que establece mecanismos eficaces de corrección o compensación (...) La obligación principal que establece la ley es la de someter a una adecuada evaluación ambiental todo plan, programa o proyecto que pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente, antes de su adopción, aprobación o autorización, o bien, si procede, en el caso de proyectos, antes de la presentación de una declaración responsable o de una comunicación previa a las que se refiere el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (...)

Como razonaba ya la STC 64/1982 (fj 2º) respecto del anterior RD Legislativo 1/2008,con esta técnica se introduce la variable ambiental en la toma de decisiones sobre los proyectos con incidencia importante en el medio ambiente, manifestándose como la forma más eficaz para evitar las agresiones contra la naturaleza, proporcionando una mayor fiabilidad y confianza a las decisiones que deban adoptarse, al poder elegir, entre las diferentes alternativas posibles, aquella que mejor salvaguarde los intereses generales desde una perspectiva global e integrada y teniendo en cuenta todos los efectos derivados de la actividad proyectada, constituyéndose como un instrumento para cumplir su deber de cohonestar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente.

La Junta de Comunidades actora considera que se debería haber efectuado el correspondiente estudio medioambiental basándose para ello en lo previsto en el apartado c) del Grupo Siete del Anexo I de tal Ley de Evaluación Ambiental (LEA).

A tal efecto establece el artículo 7.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre , que han de ser objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria, entre otros, los siguientes proyectos:

a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.

(...)

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I (...)

Contemplando el Grupo 7 del Anexo I los 'Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua', y dentro de ellos, el apartado c):

c)Proyectos para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales, excluidos los trasvases de agua de consumo humano por tubería, en cualquiera de los siguientes casos:

1.º Que el trasvase tenga por objeto evitar la posible escasez de agua y el volumen de agua trasvasada sea superior a 100 hectómetros cúbicos al año.

2.º Que el flujo medio plurianual de la cuenca de la extracción supere los 2.000 hectómetros cúbicos al año y el volumen de agua trasvasada supere el 5 % de dicho flujo.

Se observa, por tanto, que en todo momento la LEA conecta la necesidad de evaluación de impacto ambiental con planes, programas o proyectos. Refiriéndose concretamente, el grupo 7.c) del Anexo I que se considera de aplicación a:Proyectos para el trasvase de recursos hídricos.

Concepto de 'proyecto' que no se define en dicha LEA, pero sí en la normativa europea de aplicación. A tal efecto el artículo 1 de la Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre de 2011 , relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos (parcialmente modificada por la Directiva 2014/52/UE, de 16 de abril), establece lo siguiente:

1. La presente Directiva se aplica a la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente de los proyectos públicos y privados que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente.

2. A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: a) «proyecto»:

- la realización de trabajos de construcción o de otras instalaciones u obras,

- otras intervenciones en el medio natural o el paisaje, incluidas las destinadas a la explotación de los recursos del suelo.

En consecuencia, y aplicando la mencionada normativa al supuesto de autos tenemos que la Orden AAA/1566/2015, de 27 de julio, no está autorizando la realización de trabajos de construcción, instalaciones u obras, ni tampoco otras intervenciones en la naturaleza, sino autorizando un trasvase, es decir, un simple traslado de agua de un sitio a otro, de 20 hectómetros cúbicos. Repárese en el que aludido apartado c) del Grupo Siete del Anexo I que en la demanda se considera de aplicación, tampoco hace referencia a trasvase de agua sino a 'Proyectos'para el trasvase de dichos recursos hídricos.

Se trata, una vez más, de la improcedente impugnación, por la vía de este recurso contencioso-administrativo, de toda la infraestructura correspondiente al trasvase Tajo-Segura, infraestructura que en cualquier caso estaba ya concluida y en servicio en 1980 ( según reconoce la propia demanda ) y por ende antes, incluso, del ingreso de España en la Unión Europea, por lo que no podría aplicarse a su construcción el acervo normativo que ulteriormente se desarrolló y pasó a ser aplicable en nuestro país. En este sentido y conforme a consolidada jurisprudencia comunitaria, el principio de sujeción de los proyectos que puedan tener repercusiones significativas sobre el medio ambiente a una evaluación medioambiental no es aplicable en el caso en el que la fecha de presentación formal de la solicitud de autorización de un Proyecto sea anterior a la fecha de vencimiento del plazo de transposición de la Directiva 85/337 ( Sentencias de 11 de agosto de 1995 , Comisión/Alemania, C 431/92 , y de 18 de junio de 1998 , Gedeputeerde Staten van Noord-Hoíland, C 81/96 ).

OCTAVO.Se razona igualmente por la Junta de Comunidades actora que no se ha garantizado el caudal ecológico del río Tajo, a que obliga la DA Primera de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de Régimen Económico de la Explotación del Acueducto Tajo-Segura , que condiciona la viabilidad del trasvase al mantenimiento de un caudal no inferior a 6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez. Si bien añadiendo que 'ya desde este momento se anticipa la intención de someter tal cuestión a la fase probatoria del proceso'.

Además de que la autorización de un determinado trasvase no se relaciona causalmente con el incumplimiento de los caudales mínimos, pues la vinculación entre las autorizaciones de trasvase y tal caudal mínimo a respetar radica en que éste podrá determinar un desembalse que provocará que las existencias del comienzo del mes siguiente se minoren, es decir, que la regulación vigente de los trasvases se basa en previsiones de comportamiento de la cuenca cedente, de forma que, de acuerdo con el comportamiento pretérito, y con los correspondientes márgenes de seguridad exigidos, se garantice la atención de las necesidades de la cuenca cedente. En cualquier caso, y como argumenta el Abogado del Estado en la contestación, el pretendido incumplimiento del caudal mínimo del Tajo en Aranjuez no determinaría la antijuridicidad de la resolución combatida dado que dicha situación exigiría una disponibilidad de recursos y una conducta omisiva adicional que determinara el incumplimiento de tal caudal mínimo.

Obsérvese, sobre todo, que es ésta una cuestión que no se plantea por la entidad recurrente en conclusiones y que en la demanda expresamente se somete 'a la fase probatoria', más sin que tal parte actora haya practicado prueba alguna que permita fundamentar sus argumentos dado que ni la documental aportada con la demanda ni la posteriormente propuesta y admitida (esencialmente el informe del CEDEX de 26 de julio de 2017, que se refiere a los estudios disponibles respecto del volumen útil de los embalses de Entrepeñas y Buendía) incorporan elemento alguno favorable a su tesis, por lo que también dicho argumento , carente de acreditación alguna, ha de decaer.

NOVENO. Se denuncia igualmente en la demanda la vulneración del principio de participación basado en que la Comunidad de Castilla La Mancha no ha intervenido en la Comisión Central pues no fue invitada a reunión de 24 de julio de 2015. Así deriva del acta 03/2015 de dicha Reunión, cuya copia figura incorporada al expediente, que a la misma asistieron la Directora General del Agua como Presidenta, tres Vicepresidentes, cinco Vocales y el Secretario, así como dos asesores (uno de ellos D. Gerardo ), ninguno de los cuales resultaba ser la representación de la Comunidad de Castilla-La Mancha.

Efectivamente establece el Artículo 14.1 del Real Decreto legislativo 1/2011, de 20 de julio , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas como Principios rectores de la gestión en materia de aguas, los de:1.º Unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia y participación de los usuarios.

Tal y como indica la STSJ Madrid de 1 de febrero de 2018 (Rec. 714/2016 ), que resolvió una controversia de gran similitud con la ahora enjuiciada y en la que también se planteó tal infracción, obsérvese que dicho artículo 14.1 TRLA se refiere a la 'participación de los usuarios', no de las Comunidades Autónomas correspondientes.

Lo cierto es que fue el artículo segundo del RD 1982/1978 sobre organización de los servicios encargados de gestionar la explotación de la infraestructura hidráulica 'Trasvase Tajo-Segura', el que constituyó por primera vez la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, bajo la Presidencia del Director General de Obras Hidráulicas, integrada por los Vicepresidentes, Vocales y Secretario que se describen en el indicado precepto. Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo- Segura, a la que corresponde la supervisión del régimen de explotación del Trasvase, los estudios y propuestas relacionadas con la misma y el control y coordinación de las Confederaciones Hidrográficas. Siendo el artículo Único del RD 2529/1980, de 14 de noviembre, por el que se incorporan nuevos Vocales a tal Comisión de Explotación, el que incorpora a la misma a las Confederaciones Hidrográficas del sur de España, Júcar y Guadiana, en los mismos términos previstos en el artículo 2 del RD 1980/1978, de 26 de julio, para las Confederaciones Hidrográficas del Tajo y el Segura .

Resulta por tanto de dicha normativa de aplicación, en relación con el acta 03/2015 de la Reunión de 24 de julio de 2015, que ni participó ni estuvo presente en la misma la representación de la Comunidad de Castilla La Mancha, ni tampoco la de ninguna de las demás Comunidades Autónomas, aunque sí estaban presentes los Directores Técnicos de las distintas Confederaciones Hidrográficas del Tajo, Segura, Júcar y Guadiana.

En definitiva, no se encuentra prevista en la normativa de aplicación la participación de tales CCAA en dicho órgano colegiado, en la que la defensa de los recursos hídricos de los territorios afectados por el Trasvase se lleva a cabo por las Confederaciones Hidrográficas cuyas cuencas integran, respectivamente, el territorio de cada una de dichas Comunidades Autónomas.

DÉCIMO. Se pretende por último por la Junta de Comunidades actora la impugnación indirecta del RD 773/2014 de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura'a cuyo tenor se solicita pasen las actuaciones al Tribunal Supremo, en base al artículo 27.1 de la Ley 29/98 reguladora de la Jurisdicción contenciosa-administrativa'.

Pretensión en principio factible dada la amplitud con la que el artículo 26 LJCA configura el régimen de impugnación indirecta de disposiciones generales al establecer que'la falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los actos de aplicación con fundamento en lo dispuesto en el apartado anterior', que prevé la impugnación de actos singulares con fundamento en la ilegalidad de la disposición general aplicada.

Constituye Jurisprudencia consolidada, no obstante, que solo pueden cuestionarse preceptos de la disposición general que han servido de base para dictar el acto recurrido, sin que sea admisible una impugnación general de la Orden ni de preceptos que ninguna relación guarden con el acto que se recurre. Como indica la STS de 25/02/2002 (Rec. 7960/1997 )no cabe con la excusa del recurso indirecto ataca aspectos que no tengan relación directa o inmediata con el acto o norma impugnados directamente pretendiendo una disconformidad con el ordenamiento jurídico desligada del acto de aplicación(en el mismo sentido, SSTS de 21/12/2011 Rec. 2124/2008 y 4/07/2013 Rec. 2706/2010 ). Impugnaciones de ilegalidad en abstracto que, como asimismo establecen las SSTS de 19/04/2012, Rec. 4328/2009 , y de 3/02/2014, Rec. 4025/2011 , deben ser inadmitidas desestimando, en consecuencia, la pretensión de declaración de nulidad de la norma.

De la lectura de la presente demanda en relación con la referida Jurisprudencia se desprende que tal impugnación indirecta se efectúa en el caso de manera genérica, sin referencia a ningún contenido concreto, no estando basada en ningún argumento jurídico-formal. Si bien tal parte recurrente parece que cuestiona la fijación de los niveles a que se refiere el artículo 1 del RD 773/2014 , niveles de existencias en los embalses de Entrepeñas y Buendía que dan lugar a trasvases con ciertas intensidades, sosteniendo que deberían exigirse niveles más altos, se trata de cuestiones ajenas a la presente causa, en todo lo que no sea los niveles de existencias por los que se aprecia la concurrencia del nivel 3, que es el único aplicado por la Orden impugnada, por lo que también la pretendida impugnación indirecta ha de decaer.

UNDÉCIMO.Por las razones expuestas el presente recurso debe ser desestimado, con imposición de las costas procesales a la parte recurrente, de conformidad con lo previsto en el artículo 139 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción , en su actual redacción.

VISTOS los preceptos citados y demás normas de procedente aplicación

Fallo

1. Debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha frente a la Orden AAA/1566/2015, de 27 de julio, por la que se autoriza un trasvase de 20 Hm3 desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del Acueducto Tajo-Segura, en el mes de julio de 2015, Orden que se confirma, por resultar ajustada a Derecho.

2. Con condena a la parte actora del pago de las costas procesales.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia en Audiencia Pública. Doy fe.

Madrid a

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA