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10/03/2022
Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 191/2022, Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 6230/2018 de 16 de Febrero de 2022
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Tiempo de lectura: 28 min
Orden: Administrativo
Fecha: 16 de Febrero de 2022
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: MERINO JARA, ISAAC
Nº de sentencia: 191/2022
Núm. Cendoj: 28079130022022100054
Núm. Ecli: ES:TS:2022:707
Núm. Roj: STS 707:2022
Encabezamiento
Fecha de sentencia: 16/02/2022
Tipo de procedimiento: R. CASACION
Número del procedimiento: 6230/2018
Fallo/Acuerdo:
Fecha de Votación y Fallo: 15/02/2022
Ponente: Excmo. Sr. D. Isaac Merino Jara
Procedencia: JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 4
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Golderos Cebrián
Transcrito por: LMR
Nota:
R. CASACION núm.: 6230/2018
Ponente: Excmo. Sr. D. Isaac Merino Jara
Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Golderos Cebrián
Excmos. Sres.
D. Rafael Fernández Valverde, presidente
D. José Antonio Montero Fernández
D. Francisco José Navarro Sanchís
D. Dimitry Berberoff Ayuda
D. Isaac Merino Jara
En Madrid, a 16 de febrero de 2022.
Esta Sala ha visto en su Sección Segunda, constituida por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación núm. 6230/2018, interpuesto por SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA-DIPUTACIÓN DE ALICANTE, representada por la procuradora doña Victora Pérez Mulet, contra la sentencia dictada el 3 de julio de 2018 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Alicante, que estimó el recurso núm. 347/18, referente a una liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de 2017, girada por el Ayuntamiento de El Campello.
Ha comparecido como parte recurrida, doña Matilde, representada por el procurador don Pedro Molina Martínez.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Isaac Merino Jara.
Antecedentes
El objeto del presente recurso de casación es la sentencia dictada el 3 de julio de 2018 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Alicante, que estimó el recurso nº 374/2018, promovido por doña Matilde contra la desestimácíón presunta por silencio administrativo del recurso de reposición presentado, frente a la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 2017 y posterior resolución expresa; de fecha 19 de mayo de 2018 del inmueble con referencia catastral núm.: NUM000 de El Campello.
El 24 de julio de 2017, se publicaron en el BOP de Alicante, los Edictos de Cobranza del Ayuntamiento de El Campello, conteniendo las correspondientes liquidaciones por Impuesto de Bienes Inmuebles, entre las que figuraba la correspondiente al bien descrito en el párrafo anterior.
Con fecha 20 de septiembre de 2017, la obligada tributaria presentó recurso de reposición contra esta liquidación. En síntesis, se alegaba error en la base imponible por exceso del valor catastral y vulneración de los principios constitucionales de generalidad e igualdad tributaria.
El 3 de noviembre de 2017 se le notificó a la interesada requerimiento de que aportase 'Acuerdo de la Dirección General de Catastro que modifique el valor catastral remitido en el Padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles'. Contestado ese requerimiento alegando que no obraba en su poder el documento, la administración no dio nueva respuesta, entendiéndose el recurso desestimado por silencio administrativo.
La representación procesal de la obligada tributaria interpuso recurso contencioso administrativo registrado el 5 de abril de 2018, frente a la desestimación presunta por silencio administrativo de su recurso de reposición, ampliando posteriormente el objeto del recurso a la desestimación expresa del mismo por resolución notificada el 19 de mayo de 2018. El Juzgado de lo contencioso administrativo núm. 4 de Alicante, dictó sentencia el 3 de julio de 2018, que es objeto del presente recurso y cuyo fallo es el siguiente:
'1.- Que debo ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Matilde frente a la resolución de la Administración demandada, referida en el encabezamiento de la presente resolución, acto administrativo, que se deja sin efecto, con las consecuencias inherentes a dicho reconocimiento, esto es, la del reintegro de la cantidad de 924,46 euros (909,14 euros de principal y 15,32 euros de intereses devengados desde la presentación de la demanda), más los intereses legales que correspondan hasta su completa restitución.
2.- Condenar en costas a la Administración'.
Notificada dicha sentencia a las partes, la representación procesal de SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA-DIPUTACIÓN DE ALICANTE, demandada en la instancia, presentó escrito ante el Juzgado núm. 4 de Alicante, preparando recurso de casación, en el que señala como preceptos infringidos por la sentencia recurrida:
- El artículo 65 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (BOE de 9 de marzo) ['TRLHL'].
- El artículo 4 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (BOE de 8 de marzo) ['TRLCI'].
- El artículo 77.1 TRLHL.
El órgano judicial
Recibidas las actuaciones en este Tribunal, la Sección Primera de esta Sala acordó, por auto de 8 de octubre de 2020, la admisión del recurso de casación, determinando asimismo las cuestiones que presentaban interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en los siguientes términos:
'1. Determinar si, con ocasión de la impugnación de liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y para obtener su anulación, el sujeto pasivo puede discutir la valoración catastral de su inmueble, cuando no lo hizo (o haciéndolo dejó que alcanzara firmeza) al tiempo en que le fue notificado individualmente el valor catastral del bien inmueble sujeto a tributación por dicho impuesto.
Señala además dicho auto, que las cuestiones aquí planteadas han sido ya resueltas por la Sección Segunda de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia de 18 de mayo de 2020 (5665/2018), en un sentido coincidente al que aquí propugna la parte recurrente.
El 3 de diciembre de 2020, la representación procesal de SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA-AYUNTAMIENTO DE ALICANTE interpuso el presente recurso de casación. En el escrito de interposición, tras argumentar lo que tuvo por conveniente, suplicó a la Sala:
'dicte sentencia por la que, casando y anulando la recurrida ya referenciada, se estime plenamente nuestro recurso en los términos interesados, con los siguientes pronunciamientos:
1.- Que no cabe, con ocasión de las liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y para obtener su anulación, que el sujeto pasivo discuta la valoración catastral del inmueble cuando no lo hizo (o haciéndolo dejó que alcanzara firmeza) al tiempo en que le fue notificado.
2.- Que no resulta extensible al resto de sujetos pasivos de un determinado municipio, con ocasión de la impugnación de las liquidaciones del IBI (y aunque no hubieran recurrido la ponencia de valores o la asignación de valores catastrales individualizados), la anulación judicial de un acuerdo de asignación de valores catastrales individualizados por falta de constancia, defectos o cualquier otro vicio del estudio de mercado del expediente de aprobación de la ponencia.
3.- Que el régimen competencial de exacción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, fundamentado en la distinción entre gestión catastral y gestión tributaria, y proyectado igualmente sobre los distintos medios impugnatorios, resulta ineludible para los juzgados y tribunales cualquiera que sea el motivo de fondo en el que se sustente la demanda en cada caso'.
La parte recurrida no presentó escrito de oposición en el plazo concedido al efecto, por lo que el 19 de abril de 2021 se dictó diligencia de ordenación, teniéndole por decaído en su derecho.
Concluso el proceso, la Sala no consideró necesaria la celebración de vista pública, señalándose para la deliberación, votación y fallo del recurso la audiencia del día 15 de febrero de 2022, fecha a partir de la cual se deliberó el asunto hasta su finalización con el resultado que ahora se expresa.
Fundamentos
En la sentencia recurrida se señala que comparte plenamente el criterio mantenido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de Alicante, por lo que, en aras a salvaguardar los principios de unidad de doctrina y seguridad jurídica, reproduce pate de su argumentación y llega a la misma argumentación. Concretamente recoge lo siguiente de la sentencia 204/2017, dictada en el seno del procedimiento abreviado 201/2007:
'[...] de entre la relación de motivos que aduce el demandante, se hace preciso hacer especial hincapié en el que se centra en el 'error en la base imponible por exceso sobre los precios de mercado y vulneración del principio de buena fe'. Al respecto, se ha producido en materia tributaria una situación muy particular como consecuencia de la concreción de la naturaleza jurídica de las ponencias de valores. Así, con anterioridad, cuando la ponencia de valores tenía la consideración de disposición de carácter general, los diferentes Tribunales Superiores de Justicia tenían la capacidad de anular las ponencias en sus resoluciones con independencia de quién había recurrido el valor individualizado asignado a un determinado elemento. Sin embargo, la delimitación de la naturaleza jurídica de la ponencia de valores como acto administrativo, ha supuesto que los pronunciamientos de los diferentes Tribunales Superiores de Justicia sólo alcancen a quienes han recurrido los valores individualizados asignados a los diferentes elementos de su propiedad. De este modo, puede suceder que un municipio deje de aplicar una determinada ponencia de valores a un contribuyente por considerar que la ponencia de valores carece de estudio de mercado, y pese a ello, seguir aplicando esa ponencia de valores al resto de los contribuyentes del municipio que no han impugnado el valor asignado a sus inmuebles. Así las cosas, nos encontraríamos en tal caso con que el municipio aplica dos regímenes distintos a la hora de liquidar el IBI a los contribuyentes, estableciendo una distinción no amparada por la Ley entre quienes en su día impugnaron los valores asignados a sus inmuebles y entre los restantes contribuyentes del municipio que no realizaron dicha impugnación.
Precisamente, esto es lo que está sucediendo en el municipio de El Campello, donde a raíz de una serie de sentencias del TSJCV ... se estima que la ponencia de valores que aplica el municipio carece de estudio de mercado, si bien, ese pronunciamiento contenido en las sentencias enumeradas sólo se proyecta sobre quienes han sido demandantes en dichos procedimientos. Con ello, al resto de contribuyentes del municipio de El Campello, se les aplica una ponencia de valores que parece que carece de estudio de mercado, si bien, como no se ha recurrido la ponencia de valores ni los valores asignados individualmente a cada contribuyente, se aplican dos mecanismos diferentes de cobro del IBI en función del supuesto en el que se encuentran los diferentes contribuyentes del municipio. El Ayuntamiento de El Campello, debió adelantarse a los acontecimientos, cosa que no ha hecho, para evitar que se generase una situación que atenta contra los principios de generalidad y de igualdad, principios propios del sistema tributario. Como consecuencia de ello, el demandante aporta como documento 3 del escrito de demanda, una comunicación del Catastro al Ayuntamiento de El Campello, en la que expresamente se reconoce que los valores catastrales se encuentran de promedio, por encima del 50% del valor de mercado. Por todos es sabido que el valor catastral nunca puede estar por encima del valor de mercado, tal y como prevé el artículo 23.2 de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo.
De este modo, llegamos a una situación en la que se dispensa un trato desigual a los habitantes del municipio de El Campello, sin expresar las razones por las que se proporciona dicho trato desigual. Recordemos que el artículo 31.1 de la CE enumera los principios del sistema tributario señalando que 'todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad'.
El principio de generalidad es un mandato constitucional que se dirige al legislador para que tipifique como hecho imponible el presupuesto configurador del tributo sobre la manifestación de capacidad económica para que todos podamos contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. No es compatible con la generalidad dispensar un trato diferenciado entre contribuyentes, en función de haber recurrido judicialmente el valor catastral asignado a un inmueble, en la medida en que si quienes han recurrido en vía judicial ven estimado su recurso porque la ponencia de valores carece de estudio de mercado, es incuestionable que la ponencia de valores carece de estudio de mercado, con independencia de que se presente o no un recurso en vía judicial. El proceder del municipio contraviene el principio de generalidad.
El principio de igualdad, en su vertiente constitucional, debe ser estudiado desde dos frentes. De una parte, cabe hablar de la igualdad ante la Ley, y de otra, de igualdad en la aplicación de la Ley. Asimismo, la igualdad estrictamente tributaria exige hablar de igualdad ante los impuestos, que no es otra cosa que la manifestación de que todos deben soportar por igual las cargas impositivas para el sostenimiento de los gastos públicos. Además, debemos hablar de igualdad no sólo ante los impuestos, sino en los impuestos, que implica que la igualdad se fije en función de la capacidad económica de cada uno, de suerte que contribuyan igual los que igual renta o patrimonio dispongan.
Todo lo expuesto, no hace más que poner de manifiesto que el Ayuntamiento de El Campello, con su proceder, está dispensando un tratamiento en materia de liquidación del IBI diferenciado a sus contribuyentes, tratamiento que contraviene los principios de generalidad y de igualdad que exige el artículo 31 de la CE. Todo ello, deriva de una situación extraña por cuanto determinados pronunciamientos judiciales que años atrás desembocaban en la declaración de nulidad de una ponencia de valores, ahora solamente afectan a quienes recurren en vía judicial el valor individualizado asignado a un determinado inmueble. Ahora bien, tal distinción no puede llevar al municipio en cuestión a asignar determinar valores catastrales por encima del valor de mercado y, mucho menos, dispensar un trato diferenciado a los contribuyentes en función de que hayan recurrido judicialmente el valor individualizado asignado a sus inmuebles. Se trata de una situación carente de razón y de la más elemental lógica y que, en todo caso, como ya ha sido indicado, contraviene principios constitucionales propios del sistema tributario'.
La totalidad de las cuestiones que el recurso plantea han sido abordadas y resueltas por esta Sección en la sentencia referida de 18 de mayo de 2020, a la que hemos de remitirnos por elementales exigencias de los principios de unidad de doctrina y seguridad jurídica.
Hemos afirmado entonces y reiteramos ahora, lo siguiente:
'SEGUNDO.-
Destaca, además, que la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de este orden jurisdiccional de la Audiencia Nacional de 19 de noviembre de 2013 desestimó el recurso formulado contra la resolución de 11 de octubre de 2007, del Director General del Catastro, que aprobó la Ponencia de Valores total de los bienes inmuebles urbanos del término municipal de El Campello (Alicante).
'1. Determinar si, con ocasión de la impugnación de liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y para obtener su anulación, el sujeto pasivo puede discutir la valoración catastral de su inmueble, cuando no lo hizo (o haciéndolo dejó que alcanzara firmeza) al tiempo en que le fue notificado individualmente el valor catastral del bien inmueble sujeto a tributación por dicho impuesto.
2. Determinar si la anulación judicial de un acuerdo de asignación de valores catastrales individualizados por falta de constancia, defectos o cualquier otro vicio del estudio de mercado del expediente de aprobación de la ponencia de valores, efectuada por un Tribunal respecto a otro propietario, resulta extensible al resto de sujetos pasivos del municipio en cuestión, con ocasión de la impugnación de las liquidaciones del IBl, aunque no hubieran recurrido la ponencia de valores o la asignación de valores catastrales individualizados.
3. Determinar qué trascendencia y efectos tienen sobre la impugnación de la liquidación del IBI los pronunciamientos judiciales contradictorios efectuados por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia, a que no hemos referido repetidamente, sentencias que además se refieren a otros contribuyentes.
4. Precisar qué efectos proyecta sobre esa impugnación de la liquidación del IBI la sentencia de la Audiencia Nacional que declara ajustada a derecho la Ponencia de Valores del municipio en cuestión y que estima que existe estudio de mercado debidamente motivado'.
La segunda cuestión -no abordada bajo el nuevo modelo de casación- es, ciertamente, muy interesante porque plantea no solo la cuestión de la naturaleza jurídica de las Ponencias de Valores (si son actos administrativos o disposiciones generales), sino -sobre todo- la eventual proyección de la declaración judicial firme de nulidad de la valoración catastral de determinados inmuebles a otros inmuebles del mismo municipio -cuyos propietarios se aquietaron con el valor catastral asignado- afectados por la misma 'causa' de nulidad.
Decimos que es interesante porque el juzgado de Alicante engarza la cuestión con los principios de igualdad y generalidad y -sin citarlo- con el principio de buena administración cuando señala que el ayuntamiento de Campello no puede desconocer que está aplicando una valoración catastral derivada de una ponencia en la que se ha realizado el preceptivo estudio de mercado.
Por tanto, estamos abocados a responder al auto de admisión empezando por el final.
Esto es -como expresa con extraordinaria claridad dicho auto- (i) qué trascendencia y efectos tienen sobre la impugnación de la liquidación del IBI los pronunciamientos judiciales contradictorios efectuados por la Audiencia Nacional y la Sala de Valencia y (ii) qué efectos proyecta sobre esa impugnación de la liquidación del IBI la sentencia de la Audiencia Nacional que declara ajustada a derecho la Ponencia de Valores del municipio en cuestión y que estima que existe estudio de mercado debidamente motivado.
En el caso que nos ocupa no puede afirmarse, en primer lugar, que concurran circunstancias de esa naturaleza cuando no es solo que existe una clara 'certidumbre' sobre la corrección de la valoración catastral, sino que consta indubitadamente su acierto al haber sido así declarado por el Tribunal competente para enjuiciar el acto correspondiente de la gestión catastral (en el supuesto de autos, la Ponencia de Valores de El Campello).
'Cabe preguntarse qué efectos puede producir un pronunciamiento judicial firme sobre actos o disposiciones generales, cuyo control jurisdiccional no correspondía al órgano que dicta la sentencia anulatoria, no sólo cuando se dicta respecto de un acto individual que afecta a un solo interesado, sino respecto de aquellos actos que afectan a una pluralidad de interesados, como es el caso de las ponencias de valores, o cuando se anula una disposición general por órgano judicial incompetente, y la conexión con el principio de seguridad jurídica en relación con la inamovilidad de los fallos judiciales y el instituto de la cosa juzgada.
Como principio general cabe afirmar que estaríamos ante una resolución judicial nula de pleno derecho en cuanto declara la nulidad de lo que a su entender era, sin serlo, una disposición general, por haberse dictado por órgano sin competencia objetiva (...).
Ahora bien, ganada firmeza la sentencia por no haberse reaccionado contra la misma por los mecanismos dispuestos al efecto, dado el carácter de inamovilidad de los fallos judiciales, respecto de la persona que instó el recurso, protegida por el principio de tutela judicial efectiva, y a cuyo favor se ha dictado y a cuya esfera de intereses afecta, ha de producir los efectos derivados de los pronunciamientos judiciales firmes.
Con todo, lo que no cabría predicar de la misma sería el principio o eficacia de cosa juzgada material, puesto que este instituto gira en torno al principio de seguridad jurídica de suerte que lo resuelto por las resoluciones judiciales firmes vinculen a los órganos jurisdiccionales; pero precisamente este principio, uno de los principios básicos constitucionales, demanda que sólo puedan vincular al resto de órganos judiciales las resoluciones dictadas por los tribunales dentro de sus respectivas atribuciones y competencias y, a través de los instrumentos procesales legalmente establecidos.
Debemos también tener en cuenta, que no se accionó la pretensión de nulidad de la Ponencia de Valores, sino que esta nulidad indebidamente declarada, no constituyó la cuestión objeto de debate, sino que la falta de estudio económico, determinante de la declaración de nulidad de la Ponencia, es utilizada como argumento para justificar la nulidad del único objeto material del recurso, la valoración individual de la finca; lo cual conlleva, que no pudiera extenderse el hipotético efecto de cosa juzgada a lo que constituye un mero argumento para dar satisfacción a la única pretensión actuada, la nulidad de la valoración individual de la finca.
Por lo demás, cuando se ha anulado una Ponencia de Valores en una condición que no posee, como disposición de carácter general, no resulta aplicable al caso el artículo 72.2 de la LJCA, que se justifica en tanto declarada la nulidad de una disposición general carece de sentido que se vuelva a reproducir un debate inútil por estéril, pues ya la norma desapareció de la realidad jurídica. Pero este no es el caso, en tanto que se ha declarado la nulidad de una disposición general inexistente, a la que, por ende, no puede alcanzar una declaración basada en el artículo 72.2 de la LJCA, declaración que carece de contenido material alguno, es una mera declaración sin sustrato material sobre el que producir efectos'.
Decían esos pronunciamientos, en efecto, lo siguiente:
'Si bien la naturaleza de mero acto administrativo que la doctrina jurisprudencial actual atribuye a las Ponencias de Valores deja ya de permitir que se las considere susceptibles de impugnación indirecta con motivo de la impugnación directa de las notificaciones individualizadas de los valores catastrales -como algunas de las precitadas SSTS han afirmado expresamente-, esta Sala entiende que ello no puede impedir que en tal recurso directo frente a los valores catastrales pueda el interesado hacer valer defectos o vicios afectantes a la Ponencia cuya aplicación determina tal valor catastral (conforme ya se ha pronunciado la doctrina más actual y autorizada en la interpretación de la comentada nueva línea jurisprudencial).
De acuerdo con la normativa expuesta, y la jurisprudencia concomitante alegada, el primer paso del que parte la determinación del valor catastral, son los estudios de mercado referidos a las fincas, de modo que no solo deben constar, sino que además, físicamente constituyen documentos que deben acompañar a la ponencia de Valores.
La inexistencia de tal estudio de mercado es causa más que suficiente para la estimación del recurso en los términos explicitados en el precedente fundamento jurídico; siendo que, en definitiva y conclusión, las carencias de motivación y justificación que se localizan en la esencia de las decisiones con relevancia valorativa de la Ponencia de Valores de que aquí se trata (carencias derivadas de la inexistencia de estudio de mercado, así como -aparte de otras ya señaladas- de la mera trasposición de los valores de las viviendas al de los restantes usos, la elevación de los valores MBR y MBC o la imposibilidad de identificación de las fuentes y de las muestras que se dicen tomadas) conducen, inexorablemente o sin remisión, a las consecuencia anulatorias que se expresarán en el fallo de esta sentencia.
A todo lo anterior simplemente se añadirá que a las conclusiones obtenidas en este proceso nada puede obstar el hecho de que anteriores sentencias hayan desestimado recursos interpuestos frente a otras notificaciones individualizadas de valores catastrales que traen causa de la misma Ponencia de Valores, ello habida cuenta que las circunstancias jurídico-procesales en las que fueron dictadas tales sentencias son bien distintas de las concurrentes en este proceso, sobre todo teniendo en cuenta que en este pleito hemos contado con un informe de perito designado judicialmente que, hemos visto, ha resultado fundamental para la suerte de este proceso'.
En otras palabras, no cabe que la declaración en sentencia firme de que una Ponencia carece de Estudio de Mercado, realizada a los solos efectos de analizar la concreta impugnación del valor catastral efectuada por un concreto contribuyente respecto del IBI que le fue girado, se sitúe por encima de un pronunciamiento judicial, también firme, pero realizado por el órgano judicial competente para analizar la legalidad de dicho acto y en el que se declara ajustada a Derecho esa Ponencia al no apreciar aquel vicio formal, señalando, además, que consta el Estudio de Detalle y que la Ponencia está motivada'.
Con arreglo a lo que establece el artículo 93.1LJCA, procede, en función de todo lo razonado precedentemente, responder a las cuestiones suscitadas en el auto de admisión, lo que debemos hacer necesariamente por remisión íntegra a la interpretación plasmada en el fundamento tercero de la sentencia de 18 de mayo de 2020.
Así, a las cuestiones formuladas por el auto de admisión como necesitadas de esclarecimiento, hemos de efectuar una remisión total a lo que al respecto señala dicho fundamento tercero en el sentido siguiente:
a) Carece de eficacia de cosa juzgada material respecto de liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles posteriores (como la que constituye el acto enjuiciado en este proceso) la decisión anterior, adoptada por el tribunal competente para enjuiciar la gestión tributaria, por la que se anula una liquidación de dicho impuesto por defectos formales de la Ponencia Valores.
b) Tal decisión no impide que el órgano judicial competente para enjuiciar esa misma Ponencia de Valores determine en el recurso dirigido frente a la misma -con plena cognición- si ésta es o no conforme a Derecho, incluida, lógicamente, la concurrencia o no de aquellos defectos formales.
c) No es posible anular la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por defectos de la Ponencia de Valores -constatados en procesos referidos a otros contribuyentes- cuando, como sucede en el caso que analizamos, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha declarado ajustada a derecho dicha Ponencia en sentencia firme.
8. Y si ello es así, resulta innecesario dar respuesta a las dos primeras preguntas contenidas en el auto de admisión en la medida en que carecen de relevancia para la solución del litigio'.
La lógica consecuencia de lo hasta aquí expuesto no puede ser otra que la estimación del recurso de casación y, correlativamente, la desestimación del recurso contencioso-administrativo deducido en la instancia contra la liquidación del IBI de 2017 girada a la Sra. Matilde por el Ayuntamiento de El Campello, pues este municipio no estaba obligado -como sostiene el juez
En virtud de lo dispuesto en el artículo 93.4LJCA, no procede declaración expresa de condena a las costas del recurso de casación, al no apreciarse mala fe o temeridad.
A tenor del artículo 139.1LJCA, respecto de las costas de la instancia, las dudas razonables sobre la interpretación de las normas aplicables, determina que cada parte abone las causadas a su instancia y las comunes por mitad.
Fallo
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.