Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 255/2018, Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Tarragona, Sección 2, Rec 55/2017 de 22 de Noviembre de 2018

Encabezamiento

Juzgado Contencioso Administrativo 2 Tarragona

Procedimiento abreviado : 55/2017

Parte actora : Eloisa

Representante de la parte actora : MIREIA GAVALDA SAMPERE

JORGE ANDREU BLAKE

Parte demandada : AJUNTAMENT DE CALAFELL

Representante de la parte demandada : Mª JOSEPA MARTINEZ BASTIDA

JOSE FELIP COLET

SENTENCIA 255/2018

En Tarragona, a 22 de noviembre de 2018

Visto por mí, MARIA LOURDES CHASAN ALEMANY MAGISTRADA JUEZA del Juzgado Contencioso Administrativo número dos de los de Tarragona y su partido, el presenteProcedimiento Abreviado número 55/2017en el que han sido partes, como demandante Eloisa (representada por Dª MIREIA GAVALDA SAMPERE, Procuradora de los Tribunales y asistida por el Letrado D. JORGE ANDREU BLAKE), y como demandado AJUNTAMENT DE CALAFELL (representado y asistido por el letrado D.JOSE FELIP COLET), procede dictar la presente Sentencia sobre la base de los siguientes

Antecedentes

PRIMERO.-En fecha 8 de febrero de 2017 se formuló demanda por parte de la Procuradora de los Tribunales Mireia Gavalda Sempere, en nombre y representación de Eloisa , por la que se interponía recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta de la reclamación en materia de responsabilidad patrimonial dirigida al Ayuntamiento de Calafell.

Presentada la demanda ante el Juzgado Decano de esta ciudad, fue turnada y repartida a este Juzgado, siendo admitida a trámite por Decreto del Señor Letrado de la Administración de Justicia del presente Juzgado, dándose a los autos el curso correspondiente al procedimiento abreviado y reclamándose el expediente administrativo a la Administración demandada, quien lo aportó y compareció en forma.

SEGUNDO.-La vista se celebró el día 31 de octubre de 2018 en la Sala de vistas de este Juzgado, habiendo comparecido las partes. Abierta la vista, fue conferida la palabra a la parte actora y ésta se ratificó en su demanda, contestando la Administración demandada. Tras la práctica de prueba y formulación de conclusiones quedaron los autos vistos para Sentencia.

TERCERO-En la tramitación de este procedimiento se han cumplido todas las formalidades legales.

Fundamentos

PRIMERO.-La parte actora presenta recurso contencioso administrativa frente a l desestimación presunta por los efectos del silencio administrativo de la reclamación por responsabilidad patrimonial dirigida frente al Ayuntamiento de Calafell. En la demanda se hace referencia a que en fecha 27 de marzo de 2015 la recurrente sufrió una caída como consecuencia del mal estado en el que se encontraba el pavimento de la calle Baixador a la salida de la estación de Renfe de Segur de Calafell, donde existía una socavón, sufriendo lesiones como consecuencia de dichas lesiones. Por todo ello interesa la actora que se dicte sentencia en la que estimando íntegramente la demanda, se condene a la Administración demandada al pago a la recurrente de la cantidad de 10.014,47 euros, sin perjuicio de ulterior ampliación económica, más el pago de los intereses procesales regulados en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y al pago de las costas del presente procedimiento.

Por su parte la demandada se opuso al recurso presentado de contrario, interesando el dictado de una sentencia absolutoria de la parte demandada, con expresa imposición de costas a la parte actora.

SEGUNDO.-El artículo 106.2 de la Constitución Española establece que los particulares, en los términos establecidos por la Ley tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Ello ha de ser puesto en relación con los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (vigente en el momento en que tienen lugar los hechos) y con el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial. Por una lado el artículo 139.1 de la Ley 30/1992 , de 26 de marzo, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común establece que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, exigiendo el apartado 2 que el daño alegado sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

En el caso de las dos normas legales citadas, se mantiene el tradicional sistema español de la responsabilidad objetiva, calificada por el resultado, en el que el surgimiento de la responsabilidad de la Administración no precisa la actuación culposa del agente y en el que el elemento determinante de la responsabilidad se desplaza, desde la esfera subjetiva del causante del daño a la objetiva del daño causado, integrándose por la denominada lesión resarcible, es decir, el daño antijurídico que los particulares no tengan deber de soportar de acuerdo con la Ley. De esta forma, el sistema de responsabilidad tiene como elementos constitutivos la lesión patrimonial, equivalente a daño o perjuicio, en la doble modalidad de daño emergente o lucro cesante, lesión que ha de ser real, concreta y susceptible de evaluación económica; la lesión debe ser también ilegítima o antijurídica, es decir que el particular no tenga el deber de soportarla, precisándose asimismo la existencia de un nexo causal adecuado entre la acción u omisión administrativa y el resultado lesivo, así como, finalmente, la ausencia de fuerza mayor.

La sentencia del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2002 unifica criterios en torno al alcance de la denominada tradicionalmente responsabilidad objetiva de la Administración respecto al funcionamiento de sus servicios públicos, recordando que: ' en reiterados pronunciamientos de este Tribunal Supremo (se) tiene declarado, Sentencia de 5 jun. 1998 , que 'La prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquélla de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, como pretende el recurrente, se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico'.'

Y la STS de 6 de noviembre de 1999 afirma que 'Debe, pues, concluirse que para que el daño concreto producido por el funcionamiento del servicio a uno o varios particulares sea antijurídico basta con que el riesgo inherente a su utilización haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social. No existirá, entonces, deber alguno del perjudicado de soportar el menoscabo y, consiguientemente, la obligación de resarcir el daño o perjuicio causado por la actividad administrativa será a ella imputable'.

En el presente caso, para conocer el modo en que tiene lugar la caída de la señora Eloisa , es fundamental hacer referencia a la testificar del señor Jose Carlos , marido de la misma. Refiere el testigo de modo plenamente creíble que su esposa sufrió una caída al poner un pie en un hoyo que había en la calle y que no era posible ver el mismo por cuanto que la propia altura del bordillo lo tapaba. Refiere que la caída tuvo lugar en la calle, un viernes de mercadillo, estando el paso de cebra anulado al estar ocupado por paradas.

Si se observa el expediente administrativo, página 24 del mismo, existe una fotografía del lugar en que se produce la caída. Es cierto que la irregularidad en el asfalto es inmediata al bordillo y que la misma queda oculta a la vista del viandante por la propia proyección de aquel. Pero también es cierto que la referida irregularidad es de escasísima consideración, ya que ni siquiera puede calificarse como hoyo. No obstante, este Juzgador en diversas sentencias ha estimado la pretensión de recurrentes que sufrieron caídas en irregularidades en el asfalto inmediatas al bordillo, como en el presente caso, por entender, como se decía anteriormente, que la propia proyección del bordillo impide que el viandante pueda reparar en el mismo hasta encontrase perpendicular a la irregularidad y tratándose de personas que extremarían el nivel de cuidado más allá de lo exigido a una persona media. Por este motivo, entiende este Juzgador que la Administración debe responder de los daños sufridos por la actora.

Entrando ya a la valoración de las lesiones sufridas por la actora, se ha de decir que la misma es asistida inmediatamente por la Unitat de Suport Vital Bàsic. Posteriormente es asistida en el Hospital de El Vendrell, donde es conducida por la ambulancia. En el parte emitido en el Servicio de Urgencias se diagnostica a la recurrente esguince de tobillo y pie izquierdo, haciéndose constar que practicada radiografía del tobillo y pie izquierdo, no se observan lesiones agudas óseas. Se coloca vendaje compresivo y se recomienda a la paciente controla por la mutua, frío local, miembro elevado, reposo por diez días e ibuprofeno y clexane.

Como documento nº 3 del expediente administrativo consta informe médico emitido por Mutua Universal, en fecha 16 de junio de 2015, en el que se hace referencia a cervicalgia y a esguince de tobillo izquierdo, concretando en cuanto al tobillo, que tras practicar resonancia magnética se observa ligera tumefacción de aspecto edematoso junto al margen postero interno del hueso escamondes, con mínimo derrame en articulación tibio tarsiana y en la vertiente interna del seno del tarso, acompañándose el informe de la resonancia magnética (documento nº 4). Con fecha 7 de julio de 2015 se practica nueva resonancia magnética a la actora concluyendo que existe una rotura parcial del ligamento peroneo-astragalino anterior (documento nº 5). A la vista de dichos informes entiendo que la rotura parcial de ligamento que padece la actora según la segunda resonancia magnética no se puede imputar a la caída que sufre la recurrente y que da lugar a la presente Sentencia dado que ni en la exploración por radiografía ni en la primera resonancia magnética se aprecia afectación del ligamento, apreciándose la misma transcurridos casi cuatro meses desde el siniestro, entendiendo que el lapso de tiempo transcurrido produce una evidente ruptura del nexo de causalidad entre la caía que sufre en marzo y el daño que aparece en julio de 2015. Es el propio perito que presenta en el acto del juicio la parte actora quien alerta a esta Juzgadora que tras la primera caída, la que es objeto de estas actuaciones, la señora recurrente sufrió otro accidente o caída que afectó a su pie, puesto que el perito afirma textualmente en el acto del juicio que 'el tobillo queda inestable y que a la mínima torsión del pie se hace otro esguince, que es lo que le ha pasado a la paciente'. Por ello, siendo muy reveladora la declaración del doctor, entiendo que el Ayuntamiento solamente ha de indemnizar a la actora por el esguince de pie y tobillo referido en el informe de urgencias pero no de las lesiones que existen en junio (informe de la mutua) ni mucho menos de las de julio (segunda resonancia magnética).

Para valorar el esguince inicial de pie y de tobillo hay que tener en cuenta el anexo del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, referido al sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Según el mismo, las secuelas derivadas de lesiones ligamentosas del tobillo son valoradas de 1 a 7 puntos por lo que, dada la levedad del esguince (ya que no existe informe médico que refiera cualquier asistencia médica posterior al informe de asistencia inicial en urgencias del día de la caída hasta la fecha de junio de 2015) se valorará el esguince en el pie con 1 punto y en el tobillo con 1 punto más. En cuanto a las cuantías, atendiendo a las tablas aplicables al 2015 (correspondientes al año 2014 puesto que en 2015 se aprobó la nueva Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación), cada punto debe ser indemnizado en la cantidad de 750 euros. En cuanto a los días de baja se considerarán impeditivos, fijando una indemnización de 60 euros por día. Por ello, la indemnización por 2 puntos asciende a la cantidad de 1.500 euros y por los días de baja a 600 euros. Resumiendo pues, la actora deberá ser indemnizada en la cantidad de 2.100 euros.

TERCERO.-Atendido el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , y dada la estimación parcial del recurso, no se hará expreso pronunciamiento en materia de costas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO PARCIALMENTE EL PRESENTE RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOpresentado por parte del Procurador de los Tribunales Mireia Gavalda Sempere, en nombre y representación de Eloisa , contra la desestimación presunta de la reclamación en materia de responsabilidad patrimonial dirigida al Ayuntamiento de Calafell, anulando la misma por no ser conforme a derecho, condenando al Ayuntamiento de Calafell a indemnizar a la actora por la caída sufrida con la cantidad de 2.100 euros, más los intereses correspondientes desde la fecha de la caída e intereses legales correspondientes, estando la Administración demandada obligada a estar y pasar por la presente declaración.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que es firme y que contra la misma no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi Sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.