Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 3095/2021, Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 758/2018 de 14 de Septiembre de 2021

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA

SALA DE LO CONTENCIOSO -ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

RECURSO NÚMERO: 758/2018

SENTENCIA NÚM. 3095 DE 2.021

Ilmo. Sr. Presidente:

D. José Antonio Santandreu Montero

Ilmos. Sres. Magistrados

D. Luis Angel Gollonet Teruel

D. Antonio Manuel de la Oliva Vázquez

______________________________________

En la ciudad de Granada, a catorce de septiembre de dos mil veintiuno . Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se ha tramitado el recurso número 758/2018seguido a instancia de LUCON S.A.,que comparece representada por el Procurador de los Tribunales don Carlos Alameda Gallardo y asistida por el Letrado don Gustavo Gomáriz Burgos, siendo parte demandada el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (Sala de Granada), en cuya representación y defensa interviene el Abogado del Estado. La cuantía del recurso es de 3.805,98 euros.

Antecedentes

PRIMERO.-Se interpuso el presente recurso contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (Sala de Granada) que se identifica líneas más abajo. Se admitió a trámite y se acordó reclamar el expediente administrativo, siendo remitido por la Administración demandada.

SEGUNDO.-En su escrito de demanda, la parte actora expuso cuantos hechos y fundamentos de derecho consideró de aplicación y terminó por solicitar se dictase sentencia estimando el recurso anulando la resolución recurrida por no ser conforme a derecho.

TERCERO.-En su escrito de contestación a la demanda, la Administración demandada se opuso a las pretensiones de la parte actora, y, tras exponer cuantos hechos y fundamentos de derecho consideraron de aplicación, solicitaron que sea dictada sentencia confirmando en sus términos la resolución recurrida por ser ajustada a derecho.

CUARTO.-Practicada la prueba propuesta y admitida por la Sala, al no solicitarse por ambas partes la celebración de vista pública o el trámite de conclusiones escritas, quedaron las actuaciones pendientes del dictado de la resolución procedente.

QUINTO.- Se señaló para deliberación, votación y fallo del presente recurso el día y hora señalado en autos, en que efectivamente tuvo lugar, habiéndose observado las prescripciones legales en la tramitación del mismo y actuando como Magistrado Ponente don José Antonio Santandreu Montero.

Fundamentos

PRIMERO.-Se interpone el presente recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (Sala de Granada) de fecha 31 de enero de 2018 , dictada en el expedientes números NUM000 y NUM001 que desestimó la reclamación económico administrativa promovida contra la liquidación NUM002 por importe de 2.644,18 euros y contra la sanción mediante la liquidación NUM003 por importe de 1.161,80 euros que le giró la Delegación de Hacienda de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Almería por el Impuesto sobre Sociedades ejercicio 2013.

SEGUNDO.-La Administración consideró que la mercantil recurrente en su pretensión de que se le aplicara la escala del gravamen reducido, no probó que concurriera el requisito del apartado 2 de la Disposición Adicional Duodécima del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades , es decir que hubiera mantenido o creado empleo, y que por tanto, en contra de lo que hizo la mercantil, ahora demandante, procedió a aplicar la escala de gravamen prevista en el artículo 114 para las empresas de reducida dimensión.

TERCERO.-Ya sobre una cuestión similar se promovió por la ahora recurrente el recurso contencioso administrativo número 41/2016 referido al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2009 y 2010 y que se resolvió en virtud de sentencia número 781, de 9 de abril de 2019 en sentido desestimatorio. Decíamos en ella ' ..... La emisión de dichas liquidaciones estaba motivada por la consideración de que no procedía la aplicación del tipo reducido del impuesto, porque no se daban las circunstancias necesarias exigidas por, ya que la plantilla media de la empresa en tales ejercicios disminuyó en comparación con la de 2008.

El TEARA anuló las sanciones impuestas y en cuanto a las liquidaciones confirmó el criterio de la AEAT, dado que, en síntesis, el trabajador D. Inocencio, ha pasado de cotizar en 2008 en el RGSS a cotizar como autónomo, sin que por otra parte se haya aportado el contrato de trabajo del mismo a los efectos de comprobar su relación de supuesta dependencia de la empresa como trabajador por cuenta ajena.

La recurrente sostiene que a pesar del cambio de adscripción a la Seguridad Social respecto de dicho trabajador, el trabajo que desempeña en la empresa es el mismo que venia desarrollando hasta el 1 de abril de 2009, fecha en la que se produjo el cambio de régimen de afiliación, tras la muerte de su padre, que era administrador solidario de misma junto a su madre. En prueba de tales circunstancias aporta copia de los cheques por los que se le retribuía su trabajo y añade que no tiene el control efectivo de la empresa (sólo posee el 10% de las acciones) y que la falta de contrato de trabajo escrito es irrelevante pues cabe la libertad de forma, pudiendo ser verbal.(.......)

La cuestión planteada se circunscribe a un estricto tema probatorio en relación con el mantenimiento o nó de la plantilla de la empresa en los dos ejercicios reseñados y ello respecto del año 2008 y directamente relacionado con los servicios prestados por quien, además de ostentar un porcentaje de acciones de la sociedad, tras haber estado de alta en la Seguridad Social como trabajador por cuenta ajena hasta el 31 de marzo de 2009, pasa a cotizar por el RETA a partir de esa fecha, causando baja en el régimen anterior y continuando prestando servicios a la misma.

La referida Disposición Adicional Duodécima de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, estableció la aplicación del tipo reducido del impuesto para los ejercicios 2009, 2010 y 2011, para las empresas que mantuvieran el empleo y precisaba que para el cálculo de la plantilla media utilizada se tomarán las personas empleadas, en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada contratada en relación con la jornada completa y la duración de dicha relación laboral respecto del número total de días del período impositivo. Ello supone que sólo podrán tomarse en consideración los trabajadores empleados para prestar servicios en régimen de dependencia y por cuenta ajena, de tal manera que deben ponerse de manifiesto las notas de voluntariedad, remuneración, ajeneidad y dependencia.

Debe traerse a colación, por otro lado el art. 97.1y 2, letras a ) y k) del TRLGSS , que dispone lo siguiente:'1. Estarán obligatoriamente incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social los trabajadores por cuenta ajena o asimilados comprendidos en el apartado 1.a) del artículo 7 de la presente Ley .

2. A los efectos de esta Ley se declaran expresamente comprendidos en el apartado anterior:

a) Los trabajadores por cuenta ajena y los socios trabajadores de sociedades mercantiles capitalistas, aún cuando sean miembros de su órgano de administración, si el desempeño de este cargo no conlleva la realización de las funciones de dirección y gerencia de la sociedad, ni poseen su control en los términos establecidos en el apartado 1 en la disposición adicional vigésimo séptima de la presente Ley...

k) Como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, con exclusión de la protección por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial, los consejeros y administradores de sociedades mercantiles capitalistas, siempre que no posean el control de éstas en los términos establecidos en el apartado uno de la disposición adicional vigésimo séptima de la presente Ley, cuando el desempeño de su cargo conlleve la realización de las funciones de dirección y gerencia de la sociedad, siendo retribuidos por ello o por su condición de trabajadores por cuenta de la misma'.

Dicha Disposición Adicional 27ª, en relación con el 'campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos', dispone:

' 1. Estarán obligatoriamente incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad mercantil capitalista, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, siempre que posean el control efectivo, directo o indirecto, de aquélla. Se entenderá, en todo caso, que se produce tal circunstancia, cuando las acciones o participaciones del trabajador supongan, al menos, la mitad del capital social.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el trabajador posee el control efectivo de la sociedad cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias.

1º Que, al menos, la mitad del capital de la sociedad para la que preste sus servicios esté distribuido entre socios, con los que conviva, y a quienes se encuentre unido por vínculo conyugal o de parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el segundo grado.

2º Que su participación en el capital social sea igual o superior a la tercera parte del mismo.

3º Que su participación en el capital social sea igual o superior a la cuarta parte del mismo, si tiene atribuidas funciones de dirección y gerencia de la sociedad.

En los supuestos en que no concurran las circunstancias anteriores, la Administración podrá demostrar, por cualquier medio de prueba, que el trabajador dispone del control efectivo de la sociedad...'.

Esta normativa establece la obligación de incluir en el Régimen Especial de la Seguridad Social a los trabajadores por cuenta propia o autónomos que ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad mercantil capitalista, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, siempre que posean el control efectivo, directo o indirecto, de aquélla.

Pero atendiendo a la posible existencia de situaciones que vengan a implicar una duda respecto del encuadramiento del trabajador o un fraude de ley, la misma disposición establece tres situaciones en las que su existencia confiere la aplicación de una presunción para este encuadramiento:

Una primera presunción 'iuris et de iure', por la que si concurre la circunstancia que se indica se presume que se produce el control efectivo; que es cuando las acciones o participaciones del trabajador supongan, al menos, la mitad del capital social.

Una segunda presunción 'iuris tantum', que admite prueba en contrario, de que si concurren algunas de las tres circunstancias debe incluirse en este Régimen Especial.

Y una tercera presunción 'iuris tantum' de que si no concurren los supuestos anteriores se presume que no se dan las condiciones para el encuadramiento en este Régimen Especial, salvo que la Administración acredite que el trabajador dispone del control efectivo de la sociedad(........)

En otro orden de ideas, y teniendo en cuenta que se trata de la aplicación de un beneficio fiscal la prueba de que concurren los requisitos necesarios para ello corresponde a quien pretende su aplicación. En efecto, en los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su derecho (sea la Administración o los obligados tributarios) deberá probar los hechos constitutivos del mismo. Con ello, la LGT respeta el criterio general del Ordenamiento sobre la carga de la prueba, sin que el carácter imperativo de las normas procedimentales tributarias ni la presunción de legalidad y validez de los actos tributarios afecten al referido principio general.

En Derecho Tributario, la carga de la prueba tiene una referencia específica en el art. 105Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , que es un precepto heredero del artículo 114 de la anterior LGTque impone a cada parte la prueba del hecho constitutivo de su pretensión, en términos afines a las tradicionales doctrinas civilistas. Comenzando por el hecho de que la Administración deberá averiguar los hechos relevantes para la aplicación del tributo, incluidos, en su caso, los que pudieran favorecer al particular, aún no alegados por éste. Y en pro de esa finalidad se imponen al sujeto pasivo del tributo, e incluso a terceros, deberes de suministrar, comunicar o declarar datos a la Administración, cuando no de acreditarlos, así como se establecen presunciones que invierten la carga de la prueba dispensando al ente público de la acreditación de los hechos presuntos.

La jurisprudencia es abundantísima sobre la carga de la prueba en el procedimiento de gestión tributaria, haciéndose eco e insistiendo en el principio general del art. 105 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , que es un precepto heredero del artículo 114 de la anterior LGTy entendiendo que ello supone normalmente que la Administración ha de probar la existencia del hecho imponible y de los elementos que sirvan para cuantificarlos y el particular los hechos que le beneficien como los constitutivos de exenciones y beneficios fiscales, los no sujetos, etc.

Así en la Sentencia de 12 de julio de 2012 (rec. cas. núm. 1356/2009 ) FD Cuarto afirma el Tribunal Supremo que: 'Resulta procedente recordar al respecto, que esta Sala ha señalado que el art. 114 de la LGTes un 'precepto que de igual modo obliga al contribuyente como a la Administración', de manera que es a la Inspección de los Tributos a la que corresponde probar 'los hechos en que descansa la liquidación impugnada', 'sin que pueda desplazarse la carga de la prueba al que niega tales hechos', 'convirtiendo aquella en una probatio diabolica referida a hechos negativos' [ Sentencia de 18 de febrero de 2000 (rec. cas. núm. 3537/1995 ), FD Tercero]; pero cuando la liquidación tributaria se funda en las actuaciones inspectoras practicadas, que constan debidamente documentadas, es al contribuyente a quien incumbe desvirtuar las conclusiones alcanzadas por la Administración [ Sentencias de 15 de febrero de 2003 (rec. cas. núm. 1302/1998 ), FD Séptimo ; de 5 de julio de 2007 (rec. cas. para la unificación de doctrina núm. 251/2002), FD Cuarto; de 26 de octubre de 2007 (rec. cas. para la unificación de doctrina núm. 88/2003), FD Quinto; de 12 de noviembre de 2008 (rec. cas. para la unificación de doctrina núm. 370/2004), FD Cuarto.1]. (.........)

Si a la luz de lo expuesto se examina el presente caso, debe llegarse a la misma conclusión alcanzada por el TEARA sobre la inexistencia de prueba acerca del pretendido carácter de contrato por cuenta ajena que supuestamente vincula al Sr. Inocencio con la empresa, pues, al margen de haber solicitado el mismo su inclusión voluntaria en el RETA ( hemos de suponer que por concurrir los presupuestos necesarios para ello según la normativa laboral antes reseñada, dadas las circunstancias producidas con el fallecimiento de su padre que ostentaba el cargo de administrador solidario de la empresa), no se ha probado en modo alguno que la administración de la empresa, tras dicho fallecimiento se hubiera desempeñado por su madre, ya que no se ha aportado documentación alguna de la que ello se desprenda; sin que, por otra parte, el hecho de seguir percibiendo una cantidad por cheque bancario sea prueba definitiva de su remuneración en concepto de trabajo prestado por cuenta ajena, que es el requisito fundamental a tener en cuenta para analizar si la plantilla se ha mantenido o nó durante los dos ejercicios examinados..........

Procede, pues, la desestimación del recurso, sin que, de conformidad con el artículo 139 de la LJCA, se deba hacer expreso pronunciamiento sobre la condena en las costas de esta instancia a la parte recurrente habida cuenta de las consideraciones jurídicas que ha aducido en defensa de sus pretensiones. ....'

CUARTO.-Llegados a este punto, y ya sobre la cuestión que ahora nos concierne, la liquidación que giró la Administración se debió a que, aún aceptando que los socios de una sociedad pueden considerarse personas empleadas a los efectos del cómputo de plantilla media, siempre que, exista un contrato de trabajo en los términos de la legislación laboral, en el caso de autos no existía prueba de esas relación laboral, con independencia de que el administrador solidario don Inocencio hubiera causado alta en el régimen de la Seguridad Social de trabajadores autónomo, de ahí que no lo computara como miembro de la plantilla media pese a ser titular del 10 % de las acciones de la mercantil, socio fundador de la misma y que en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 30 de junio de 2012, tras el fallecimiento de su padre y administrador solidario don Salvador, fue nombrado administrador solidario junto con su madre doña Candida.

Según afirma la parte recurrente don Inocencio trabajó por cuenta ajena para Lucon S.A., desde el 1 de agosto de 2003 en virtud de un contrato de trabajo verbal. No especifica tarea o asignación de cometido que desempeñó como trabajador por cuenta ajena . En el año 2009 causó alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos manteniendo, así lo afirma la parte recurrente, la misma relación laboral que tenía desde el 1 de agosto de 2003 con la citada mercantil. El 13 de julio de 2012 se eleva a público el acuerdo de 30 de junio de 2012 por el que don Inocencio fue nombrado administrador solidario junto con su madre.

Los Estatutos de Lucón S.A., en su artículo 21 establece que la sociedad estará regida y administrada por dos administradores solidarios elegidos por la Junta General para los que se prevé una remuneración que será fijada por la Junta General consistiendo en una cantidad fija. El artículo 23 enumera un haz de facultades de los administradores que abarcan todas las esferas de actuación de la sociedad. No consta ningún acuerdo sobre la remuneración a favor de los administradores solidarios.

QUINTO.-La Sala considera que lo relevante no es el régimen de la Seguridad Social en la que haya causado alta el administrador solidario, don Inocencio, sino si su actuación como administrador solidario revestido de las facultades que le otorga el artículo 23 de los Estatutos es susceptible de computar como trabajador de la citada mercantil a los efectos del cálculo de la plantilla media cuya conservación o mantenimiento autoriza a disfrutar del tipo reducido del 20 %, en los términos regulados en la Disposición adicional duodécima del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (RCL 2004, 640, 801) , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (RCL 2014, 1581y RCL 2015, 341) , la cual dispone lo siguiente:

' 1. En los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2009, 2010 y 2011, las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en dichos períodos sea inferior a 5 millones de euros y la plantilla media en los mismos sea inferior a 25 empleados, tributarán con arreglo a la siguiente escala, excepto si de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de esta Ley deban tributar a un tipo diferente del general:

a) Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 120.202,41 euros, al tipo del 20 por 100.

b) Por la parte de base imponible restante, al tipo del 25 por 100.

Cuando el período impositivo tenga una duración inferior al año, se aplicará lo establecido en el último párrafo del artículo 114 de esta Ley.

2. La aplicación de la escala a que se refiere el apartado anterior está condicionada a que durante los doce meses siguientes al inicio de cada uno de esos períodos impositivos, la plantilla media de la entidad no sea inferior a la unidad y además, tampoco sea inferior a la plantilla media de los doce meses anteriores al inicio del primer período impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2009.

Cuando la entidad se haya constituido dentro de ese plazo anterior de doce meses, se tomará la plantilla media que resulte de ese período.

Los requisitos para la aplicación de la escala se computarán de forma independiente en cada uno de esos períodos impositivos.

En caso de incumplimiento de la condición establecida en este apartado, procederá realizar la regularización en la forma establecida en el apartado 5 de esta disposición adicional.

3. Para el cálculo de la plantilla media de la entidad se tomarán las personas empleadas, en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada contratada en relación con la jornada completa.

Se computará que la plantilla media de los doce meses anteriores al inicio del primer período impositivo que comience a partir de 1 de enero de 2009 es cero cuando la entidad se haya constituido a partir de esa fecha.

4. A efectos de determinar el importe neto de la cifra de negocios, se tendrá en consideración lo establecido en el apartado 3 del artículo 108 de esta Ley.

Cu ando la entidad sea de nueva creación, o alguno de los períodos impositivos a que se refiere el apartado 1 de esta de esta disposición adicional hubiere tenido una duración inferior al año, o bien la actividad se hubiera desarrollado durante un plazo también inferior, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.

5. Cuando la entidad se hubiese constituido dentro de los años 2009, 2010 o 2011 y la plantilla media en los doce meses siguientes al inicio del primer período impositivo sea superior a cero e inferior a la unidad, la escala establecida en el apartado 1 de esta disposición adicional se aplicará en el período impositivo de constitución de la entidad a condición de que en los doce meses posteriores a la conclusión de ese período impositivo la plantilla media no sea inferior a la unidad.

Cuando se incumpla dicha condición, el sujeto pasivo deberá ingresar junto con la cuota del periodo impositivo en que tenga lugar el incumplimiento el importe resultante de aplicar el 5 por 100 a la base imponible del referido primer período impositivo, además de los intereses de demora.

6. Cuando al sujeto pasivo le sea de aplicación la modalidad de pago fraccionado establecida en el apartado 3 del artículo 45 de esta Ley, la escala a que se refiere el apartado 1 anterior no será de aplicación en la cuantificación de los pagos fraccionados.'

El apartado 3 de la transcrita Disposición debe ponerse en relación con el artículo 1 de la Ley 20/2007 por la que se aprueba el Estatuto del trabajo autónomo que dispone :

'1. La presente Ley será de aplicación a las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.

También será de aplicación esta Ley a los trabajos, realizados de forma habitual, por familiares de las personas definidas en el párrafo anterior que no tengan la condición de trabajadores por cuenta ajena, conforme a lo establecido en el artículo 1.3.e) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (RCL 2015, 1654) , aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (RCL 1995, 997) .

2. Se declaran expresamente comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, siempre que cumplan los requisitos a los que se refiere el apartado anterior: (...)

c) Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad mercantil capitalista, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, cuando posean el control efectivo, directo o indirecto de aquélla, en los términos previstos en la disposición adicional vigésima séptima del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (RCL 2015, 1700) aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (RCL 1994, 1825) (...)'.

Por su parte el artículo 2 regula los supuestos excluidos: Se entenderán expresamente excluidas del ámbito de aplicación de la presente Ley, aquellas prestaciones de servicios que no cumplan con los requisitos del artículo 1.1, y en especial: a) Las relaciones de trabajo por cuenta ajena a que se refiere el artículo 1.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. b) La actividad que se limita pura y simplemente al mero desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.3.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. c) Las relaciones laborales de carácter especial a las que se refiere el artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo y disposiciones complementarias

La citada disposición adicional vigésima séptima, dispone a su vez, en su apartado 1, que:

'1. Estarán obligatoriamente incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad mercantil capitalista, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, siempre que posean el control efectivo, directo o indirecto, de aquélla. Se entenderá, en todo caso, que se produce tal circunstancia, cuando las acciones o participaciones del trabajador supongan, al menos, la mitad del capital social. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el trabajador posee el control efectivo de la sociedad cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias:

1ª Que, al menos, la mitad del capital de la sociedad para la que preste sus servicios esté distribuido entre socios, con los que conviva, y a quienes se encuentre unido por vínculo conyugal o de parentesco, por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el segundo grado.

2ª Que su participación en el capital social sea igual o superior a la tercera parte del mismo.

3ª Que su participación en el capital social sea igual o superior a la cuarta parte del mismo, si tiene atribuidas funciones de dirección y gerencia de la sociedad.

En los supuestos en que no concurran las circunstancias anteriores, la Administración podrá demostrar, por cualquier medio de prueba, que el trabajador dispone de control efectivo de la sociedad'.

SEXTO.- A los efectos del concepto de personas empleadas en los términos que dispone la legislación laboral, resulta que el art. 1.2.c) de la Ley 20/2007, del Estatuto del trabajo autónomo excluye de la relación laboral a 'Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleve el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad mercantil capitalista, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, cuando posean el control efectivo, directo o indirecto de aquella, en los términos previstos en la disposición adicional vigésima séptima del R.D. Leg. 1/1994 de 20 de junio'.

Esta circunstancia del control efectivo, directo o indirecto de la empresa se puede predicar como atributo de quien como don Salvador es el administrador solidario con un catálogo de facultades tan extenso y variado que denota el control directo e indirecto sobre la gestión, en su más amplio sentido, de la mercantil recurrente.

A la vista de los preceptos referidos la Sala considera que el hecho de ostentar una persona la condición de socio, e incluso administrador de la sociedad, no impide necesariamente que se pueda considerar como un miembro de la plantilla de la entidad, en los términos señalados en la citada Disposición antes referida.

Sin embargo, al margen de esa posibilidad, lo cierto y verdad es que la naturaleza laboral o no de la relación entre la empresa y sus empleados va a depender de las relaciones existentes entre ambas partes y de las circunstancias específicas que concurren en los servicios prestados en cada caso concreto, de acuerdo con la legislación laboral, En todo caso, al tratarse de una circunstancia que constituye uno de los requisitos para la aplicación de un beneficio fiscal, la parte recurrente deberá poder efectuar su acreditación por medios de prueba válidos en derecho ( artículos 105 y 106 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre (RCL 2003, 2945) , General Tributaria ).

Así las cosas, y como ya hemos expresado, lo relevante es si el administrador solidario don Inocencio condición que ostenta desde el 13 de julio de 2012, fecha en que se elevó a público el acuerdo de 30 de junio de 2012, y por tanto afectado por la liquidación del Impuesto del ejercicio de 2013, puede ser considerado como trabajador de la mercantil en los términos exigidos en la Disposición Adicional Duodécima del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (RCL 2004, 640, 801) , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (RCL 2014, 1581y RCL 2015, 341) cuando en su apartado 3 disponía ' Para el cálculo de la plantilla media de la entidad se tomarán las personas empleadas, en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada contratada en relación con la jornada completa..'.

Por tanto, únicamente podrán tomarse en consideración los trabajadores que hayan sido empleados en los términos previstos en la legislación laboral y presten sus servicios en régimen de dependencia y por cuenta ajena , debiéndose dar por tanto las siguientes notas características: voluntariedad, remuneración, ajenidad y dependencia. En el caso que nos ocupa la mercantil no ha aportado ningún contrato de trabajo que la vincule con el administrador Žsolidario don Inocencio, sino que se remite al hecho de que percibe la misma cantidad que cuando prestaba servicios hasta el 31 de marzo de 2012 como trabajador por cuenta ajena. El hecho de que perciba la misma cantidad no determina por sí solo que trabaja en virtud de una relación laboral para la empresa y que ese trabajo ha de computarse a los efectos de la concreción de la plantilla media. En efecto, a criterio de la Sala lo que significa esa circunstancia es que de una manera ciertamente irregular, a la vista de lo que establecen los estatutos, la sociedad, sin que exista un acuerdo expreso en ese sentido tal como contemplan los Estatutos, abona una cantidad en concepto de remuneración por su cargo de administrador.

Sobre la cuestión nuclear si el administrador solidario computa como trabajador a los efectos del cálculo de la plantilla media debemos reiterar que a efectos del cómputo de la plantilla media, ' se tomarán las personas empleadas, en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada contratada en relación con la jornada completa ' tal y como dispone el apartado 3 de la ya citada D.A. 12ª del TRLIS, lo que supone que por tanto únicamente pueden tomarse en consideración los trabajadores que hayan sido empleados en los términos previstos en la legislación laboral y presten sus servicios en régimen de dependencia y por cuenta ajena , es decir, se manifiesten las siguientes notas características: voluntariedad, remuneración, ajenidad y dependencia; añadiendo que según lo dispuesto en el artículo 1.2.c) de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo , no tendrían la consideración de trabajadores por cuenta ajena 'Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad mercantil capitalista, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, cuando posean el control efectivo, directo o indirecto de aquella, en los términos previstos en la disposición adicional vigésima séptima del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio'' .

En definitiva que el administrador solidario esté dado de alta en el Régimen Especial de Autónomos (y no en el Régimen General de la Seguridad Social), precisamente por esta circunstancia, denota que ejerce un control sobre la empresa, y que no desempeña su trabajo bajo la dependencia y por cuenta ajena de dicha empresa, con sujeción a un horario de trabajo y con una retribución pactada por esa relación laboral , pues no existe contrato de trabajo.

En consecuencia, don Salvador en su condición de administrador solidario y a la vista de las facultades que estatutariamente le vienen conferidas, ostenta el control efectivo de la sociedad y, por tanto, su relación con la sociedad no tiene carácter laboral , de conformidad con el artículo 1.2.c) de la Ley 20/2007, lo que hace que al no tener dicho administrador solidario la condición de trabajador por cuenta ajena no puede ser tenido en cuenta a la hora de la fijación de la plantilla media por lo que procede la desestimación del recurso sobre la liquidación que le giró la Administración.

SEPTIMO.-Sobre la resolución sancionadora invoca el principio de igualdad y seguridad jurídica porque el TEARA en su resolución de 28 de octubre de 2015 dictada en los expedientes acumulados números NUM004 y NUM005 y NUM006 y NUM007, en cuanto que desestimaron las reclamaciones económico-administrativas promovidas por la recurrente contra dos liquidaciones provisionales giradas por la Dependencia de Gestión de la Delegación en Almería de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por importe de 30.600,37 y 37.770,54 euros , incluidos intereses de demora, en concepto de Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2009 y 2010, anuló las sanciones por falta de motivación. A ello añade que en el supuesto de autos no incurrió en culpabilidad por la que se pudiera reprochar su conducta.

Las dos resoluciones del TEARA que invoca a su favor estimaron y anularon las sanciones porque consideraron que las resoluciones sancionadoras carecían de motivación, lo que nos mueve a examinar si la que ahora nos atañe incurre en el mismo vicio.

La denunciada falta de motivación la aprecia la parte recurrente porque la Administración no la motivó en cuanto que no justificó que la conducta reprobada estuviera alentada por alguna de las modalidades, dolo o negligencia, que integran el elemento de la culpabilidad. En general, la apreciación de la culpabilidad en la conducta del sujeto infractor es una exigencia que surge directamente de los principios constitucionales de la seguridad jurídica y de legalidad en cuanto al ejercicio de potestades sancionadoras de cualquier naturaleza. El principio de culpabilidad constituye un elemento básico a la hora de calificar la conducta de una persona como sancionable, es decir, es un elemento esencial en todo ilícito administrativo, y es un principio que opera no sólo a la hora de analizar la conducta determinante de la infracción, sino también sobre las circunstancias agravantes.

El Tribunal Supremo es especialmente exigente en esta materia, pudiendo citarse la sentencia de 15 de enero de 2009 (RJ 2009, 1789) que expresa: '...como señalamos en el fundamento de derecho Sexto de la Sentencia de 6 de junio de 2008 (RJ 2008, 5827) (rec. cas. para la unificación de doctrina núm. 146/2004), 'es evidente que en aquellos casos en los que, como el presente, la Administración tributaria no motiva mínimamente los hechos o circunstancias de los que deduce que el obligado tributario ha actuado culpablemente, confirmar la sanción porque este último no ha explicitado en qué interpretación alternativa y razonable ha fundado su comportamiento, equivale, simple y llanamente, a invertir la carga de la prueba, soslayando, de este modo, las exigencias del principio de presunción de inocencia, en virtud del cual, 'la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia' [ SSTC 76/1990, de 26 de abril (RTC 1990, 76) , FJ B); 14/1997, de 28 de enero (RTC 1997, 14) , FJ 5 ; 169/1998, de 21 de julio (RTC 1998, 169) , FJ 2 ; 237/2002, de 9 de diciembre (RTC 2002, 237) , FJ 3 ; y 129/2003, de 30 de junio (RTC 2003, 129) , FJ 8], de manera que 'no es el interesado quien ha de probar la falta de culpabilidad, sino que ha de ser la Administración sancionadora la que demuestre la ausencia de diligencia' [ Sentencia de 5 de noviembre de 1998 (RJ 1998, 7945) (rec. cas. núm. 4971/1992 ), FD Segundo]. En efecto, ya dijimos en la Sentencia de 10 de julio de 2007 (RJ 2007, 7317) (recurso de casación para la unificación de doctrina número 306/2002 ) que 'en el enjuiciamiento de las infracciones es al órgano sancionadora quien corresponde acreditar la concurrencia de los elementos constitutivos de la infracción, en este caso de la culpabilidad', de manera que 'no es la recurrente quien ha de acreditar la razonabilidad de su posición, sino que es el órgano sancionador quien debe expresar las motivaciones por las cuales la tesis del infractor es 'claramente' rechazable' (FJ Segundo). Y es que sólo cuando la Administración ha razonado, en términos precisos y suficientes, en qué extremos basa la existencia de culpabilidad, procede exigir al acusado que pruebe la existencia de una causa excluyente de la responsabilidad, como es el caso de la que establecía el art. 77.4.d) LGT ('cuando el contribuyente haya presentado una declaración veraz y completa y haya practicado, en su caso, la correspondiente autoliquidación, amparándose en una interpretación razonable de la norma'), que, con otras palabras pero con idéntico alcance, se recoge ahora en el art. 179.2 d) de la Ley 58/2003 (RCL 2003, 2945) ('cuando el obligado haya actuado amparándose en una interpretación razonable de la norma').'

El principio de culpabilidad se encuentra recogido en el art. 183.1 de la vigente Ley 58/2003 (RCL 2003, 2945) que 'son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta u otra ley', lo que viene a significar que no existe un régimen de responsabilidad objetiva en materia de infracciones tributarias y que el precepto da por supuesta la exigencia de responsabilidad en los grados de dolo y culpa o negligencia grave, no pudiendo ser sancionados los hechos más allá de la simple negligencia, excluyéndose la imposición de sanciones por el mero resultado y sin atender a la conducta del contribuyente. Así se pronuncia el Tribunal Constitucional en sentencias 76/1990, de 26 de abril (RTC 1990, 76) , y 164/2005, de 20 de junio (RTC 2005, 164) .

La normativa tributaria presume que la actuación de los contribuyentes está realizada de buena fe, por lo que corresponde a la Administración la prueba de que concurren las circunstancias que determinan la culpabilidad del infractor en la comisión de infracciones tributarias. Por ello, debe ser el pertinente acuerdo el que, en virtud de la exigencia de motivación que impone a la Administración la Ley General Tributaria, refleje todos los elementos que justifican la imposición de la sanción, sin que la mera referencia al precepto legal que se supone infringido (sin contemplar la concreta conducta del sujeto pasivo o su grado de culpabilidad) sea suficiente para dar cumplimiento a las garantías de todo procedimiento sancionador, ya que tal proceder impide el control jurisdiccional sobre el modo en que la Administración ha hecho uso de su potestad, al desconocer las razones o valoraciones que ha tenido en cuenta para imponer una determinada sanción. Así lo ha declarado la mencionada sentencia 164/2005 (RTC 2005, 164) del Tribunal Constitucional al afirmar que 'no se puede por el mero resultado y mediante razonamientos apodícticos sancionar, siendo imprescindible una motivación específica en torno a la culpabilidad o negligencia y las pruebas de las que ésta se infiere', tesis que también ha proclamado la Sala Tercera del Tribunal Supremo en sentencias de 8 de mayo de 1997 , 19 de julio de 2005 (RJ 2005, 5839) , 10 de julio de 2007 y 3 de abril de 2008 (RJ 2008, 2400) , entre otras, en las que se exige una motivación específica en las resoluciones sancionadoras en torno a la culpabilidad o negligencia del contribuyente. En ese mismo sentido se pronuncia también la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 6 de junio de 2008 (RJ 2008, 5827) , que proclama la obligación que recae sobre la Administración tributaria de justificar de manera específica el comportamiento del que se infiere la existencia de la culpabilidad precisa para sancionar, no siendo suficiente a tal fin juicios de valor ni afirmaciones generalizadas, sino datos de hecho suficientemente expresivos y detallados, con descripción individualizada de las operaciones que puedan entenderse acreedoras de sanción, porque las sanciones tributarias 'no pueden ser el resultado, poco menos que obligado, de cualquier incumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes'.

En ese sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2010 (RJ 2010, 2805) abunda en que 'el principio de presunción de inocencia garantizado en el art. 24.2CE (RCL 1978, 2836) no permite que la Administración tributaria razone la existencia de culpabilidad por exclusión o, dicho de manera más precisa, mediante la afirmación de que la actuación del obligado tributario es culpable porque no se aprecia la existencia de una discrepancia interpretativa razonable'.

En sentencias posteriores, la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo mantiene los mismos principios referidos expresamente a la vigente Ley 58/2003 (RCL 2003, 2945) y así en la sentencia de 19 de diciembre de 2013 (RJ 2014, 421) , recurso 2924/2012 , afirma que 'a la vista del contenido del articulo 179.2.d) de la Ley 58/2003 (RCL 2003, 2945) precepto, idéntico en lo esencial al artículo 77 de la anterior LGT de 1963 (RCL 1963, 2490) , forzoso resulta reconocer que para que una determinada conducta pueda ser considerada constitutiva de infracción tributaria es necesario que el sujeto pasivo haya incurrido en una conducta de carácter doloso o culposo, obviando el mínimo deber de diligencia que se le puede reclamar.Todo ello de acuerdo con reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional que insiste en que una determinada actuación sólo puede ser calificada como infracción tributaria y, en consecuencia, resulta sancionable cuando concurre, entre otros, el elemento subjetivo de la culpabilidad, no siendo admisible en nuestro ordenamiento jurídico un sistema de responsabilidad objetiva (entre otras muchas, sentencias de 26 de abril de 1990 (RTC 1990, 76) o 20 de junio de 2005 (RTC 2005, 164) ). En este contexto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha tenido ocasión de analizar el referido artículo 179.2.d) de la LGT/2003 (RCL 2003, 2945) invocado por el recurrente sigue considerando, como ya había hecho anteriormente bajo la aplicación de la LGT de 1963 (RCL 1963, 2490) , que la exclusión de responsabilidad que se contiene en el citado artículo no se ciñe únicamente a los supuestos de presentación de una declaración basada en una interpretación razonable de la norma, sino que lo que se exige es una actuación diligente por parte del sujeto pasivo, como demuestran la expresión 'entre otros supuestos' que se contiene en dicho precepto. Son precisamente esas menciones las que han llevado a este Tribunal Supremo a reconocer que la existencia de una interpretación razonable de la norma no agota las posibilidades de exclusión del elemento de la culpabilidad, pues lo que se exige en todo caso es que el contribuyente haya puesto la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones. En la sentencia de 9 de octubre de 2014 (RJ 2014, 5071) , la misma Sala y Sección del Alto Tribunal, se refiere a la motivación de los acuerdos sancionadores en los términos que siguen: ' respecto de la inexistencia de culpabilidad, el Tribunal Supremo en una constante y uniforme línea jurisprudencial ha formado un sólido cuerpo de doctrina sobre los requisitos que deben concurrir para la imposición de sanciones en el ámbito tributario. En este sentido, como recuerda la STS de 9-12-97 (RJ 1998, 485) y de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional 76/1990 de 26 de abril (RTC 1990, 76) , no existe un régimen de responsabilidad objetiva en materia de infracciones tributarias y la culpabilidad del sujeto infractor se vincula a la circunstancia de que su conducta no se halle amparada por una interpretación jurídica razonable de las normas fiscales aplicables. Especialmente, cuando la Ley haya establecido la obligación a cargo de los particulares de practicar operaciones de liquidación tributaria, la culpabilidad del sujeto infractor exige que tales operaciones no estén respondiendo a una interpretación razonable de la norma, porque si bien esa interpretación puede ser negada por la Administración, su apoyo razonable, sobre todo si va acompañado de una declaración correcta, aleja la posibilidad de considerar la conducta como culpable.' Y también se refiere a la motivación de los acuerdos sancionadores en la sentencia de 6/06/2014 (RJ 2014, 3084) , recurso 1411/12 , en la que dice 'Para poder apreciar la existencia de una motivación suficiente y de un juicio de culpabilidad, resulta menester enjuiciar si la Administración probó la culpabilidad de sujeto pasivo y si concurrían elementos bastantes para considerar que hubo infracción del Ordenamiento Jurídico ( SS. 15 de octubre de 2009 , casa. 6567/2003 , y 21 de octubre de 2009 , casa 3542/2003 ). No es el interesado quien ha de probar la falta de culpabilidad, sino que ha de ser la Administración la que demuestre la ausencia de diligencia, como señalábamos en la sentencia de 10 de julio de 2007 (RJ 2007, 7317) (rec. unif. doctr. 306/2002 ), por lo que sólo cuando la Administración ha razonado, en los términos precisos y suficientes, en qué extremos basa la existencia de culpabilidad, es cuando procede exigir al interesado que pruebe la existencia de una causa excluyente de la responsabilidad. En cualquier caso, se revela imprescindible una motivación específica --inexistente en el expediente sancionador obrante en autos-- en torno a la culpa o la negligencia y las pruebas de que se infiere ( sentencias 6 de julio de 2008 (RJ 2008, 5827) , casa. 146/2004 y 6 de noviembre de 2008 (RJ 2009, 187) , casa. 5018/2006 ).

La jurisprudencia que se acaba de transcribir pone de relieve que para justificar la existencia de culpabilidad en el obligado tributario hay que demostrar la concurrencia de una actuación dolosa o al menos negligente, requisito que se traduce en la necesidad de acreditar que el incumplimiento de la obligación tributaria del contribuyente obedece a una intención de defraudar o, al menos, a la omisión del cuidado y atención exigibles jurídicamente, cierto desprecio o menoscabo de la norma.

OCTAVO.-En este punto, y a la vista del vicio de falta de motivación que la parte recurrente imputa a la resolución sancionadora, se impone su transcripción. En ese menester la resolución sancionadora en el apartado de motivación expone ' la normativa tributaria prevé que las acciones u omisiones tipificadas en las leyes no dará lugar a responsabilidad, entre otros motivos, cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El presente caso se aprecia una omisión de la diligencia exigible en la correcta determinación de la cantidad a ingresar por el impuesto sobre sociedades, por aplicar el tipo de gravamen reducido de la disposición adicional 12ª para el cálculo de la cuota parar, sin cumplir los requisitos para ello, sin que, por otra parte, esta conducta se puede amparar en una interpretación razonable de la norma. Por tanto, se considera que el Lucon S.A.,U no ha actuado con el cuidado exigible para determinación de la cantidad ingresar por el concepto de impuesto sobre sociedades, sin que se puedan apreciar otra causa de exoneración de responsabilidad previstas en la ley.'

La omisión de la diligencia exigible la asevera la Administración pero no la razona y en cuanto a las consideraciones que en defensa de sus pretensiones esgrimió la parte ahora recurrente con apoyo de la normativa y jurisprudencia que invocaba, fue desechada con la afirmación de que su conducta no se puede amparar en una interpretación razonable de la norma, mas sin explicar el porqué de su falta de razonabilidad.

Una resolución sancionadora de ese tenor, la Sala considera que no cumple con el canon de motivación exigible a toda resolución de esa naturaleza ya que asimila la falta de diligencia exigible a la incorrecta determinación de la cantidad a ingresar cuando esa es la cuestión jurídica que nos ha ocupado para determinar si la liquidación impugnada era conforme a derecho.

Es por todo lo que antecede que hemos de estimar en parte el recurso dejando sin efecto por no ser conforme a derecho la sanción impuesta.

NOVENO.-No ha lugar a hacer expresa condena al pago de las costas de esta instancia de conformidad con el artículo 139 de la LJCA.

Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación la Sala dicta el siguiente

Fallo

1.- Estima en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de LUCON S.A. contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (Sala de Granada) de fecha 31 de enero de 2018, dictada en el expedientes números NUM000 y NUM001 que desestimó la reclamación económico administrativa promovida contra la liquidación NUM002 por importe de 2.644,18 euros y contra la sanción mediante la liquidación NUM003 por importe de 1.161,80 euros que le giró la Delegación de Hacienda de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Almería por el Impuesto sobre Sociedades ejercicio 2013, acto que anulamos dejándolo sin efecto por no ser conforme a Derecho en el componente de la sanción y confirmándolo en el apartado de la liquidación.

2.- Sin costas.

Intégrese la presente sentencia en el libro de su clase y una vez firme remítase testimonio de la misma junto con el expediente administrativo al lugar de procedencia de éste.

Notifíquese la presente resolución a las partes, con las prevenciones del artículo 248.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, haciéndoles saber que, contra la misma, cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, limitado exclusivamente a las cuestiones de derecho, siempre y cuando el recurso pretenda fundarse en la infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, y hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora. Para la admisión del recurso será necesario que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, de conformidad con los criterios expuestos en el art. 88.2 y 3 de la LJCA. El recurso de casación se preparará ante la Sala de instancia en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre, estando legitimados para ello quienes hayan sido parte en el proceso, o debieran haberlo sido, y seguirá el cauce procesal descrito por los arts. 89 y siguientes de la LJCA. En iguales términos y plazos podrá interponerse recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia cuando el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma.

El recurso de casación deberá acompañar la copia del resguardo del ingreso en la Cuenta de Consignaciones núm.: 174900002475818 , del depósito para recurrir por cuantía de 50 euros, de conformidad a lo dispuesto en la D.A. 15ª de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5º de la Disposición Adicional Decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

En caso de pago por transferencia se emitirá la misma a la cuenta bancaria de 20 dígitos: IBAN ES5500493569920005001274.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

'La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.'