Sentencia Administrativo Nº 44/2016, Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sección 4, Rec 492/2014 de 14 de Enero de 2016

Encabezamiento

S E N T E N C I A
ILMOS SRES.
D.Heriberto Asencio Cantisán
D.Guillermo Sanchis Fdez Mensaque
D.José Ángel Vázquez García
D.Eduardo Hinojosa Martínez
D.Javier Rodríguez Moral
En Sevilla, a quince de enero de dos mil dieciséis.
La Sección Cuarta de la Sala de Lo Contencioso Administrativo con sede en Sevilla del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, formada por los magistrados que al margen se expresan, ha visto en el nombre del
Rey el recurso número 492/2014, seguido entre las siguientes partes: DEMANDANTE: don Gabino , mayor
de edad y vecino de Algeciras, representado por la procuradora doña María Luisa Ramos López y dirigido por
letrado; y DEMANDADA: La Administración General del Estado, en el Ministerio de Interior, representada y
dirigida por el Abogado del Estado. Ha sido ponente Guillermo Sanchis Fdez Mensaque.

Antecedentes

PRIMERO .- La parte actora interpuso recurso contencioso administrativo contra acuerdo de la Dirección General de Policía de 25 de noviembre de 2014, por el que se desestima la petición del actor de que, a todos los efectos, se les reconozca su clasificación en el Grupo C.



SEGUNDO .- El recurrente formuló demanda en la que, tras alegar los hechos y fundamentos de Derecho que estima aplicables al caso, termina suplicando que, en su día, se dicte sentencia por la que, con estimación del recurso, se declare la nulidad de la resolución que se recurre se le reconozca la clasificación en el grupo C a todos los efectos.



TERCERO .- La demandada contestó a la demanda en escrito en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de Derecho que estima aplicables al caso, termina interesando que se dicte sentencia por la que se desestime el recurso.



CUARTO .- Existiendo conformidad en los hechos no se recibió el recurso a prueba; y no solicitada vista ni estimar la Sala preciso el trámite, se declaró concluso el procedimiento.



QUINTO .- La votación y fallo del recurso lugar el día señalado al efecto, habiéndose observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO .- Sobre la posible satisfacción extraprocesal.- Sostiene la Abogacía del Estado que, reconocida, por la Ley Orgánica 9/2015, a los funcionarios de la Escala Básica, la clasificación en el subgrupo C1, habría quedado satisfecha la pretensión, por lo que, conforme al artículo 76 de la LJ , procede el archivo.

No podemos coincidir en esto con la Abogacía del Estado, ya que, aparte de que no se trata de un supuesto de admisión de la pretensión por la demandada, sino de una nueva regulación que, en su caso, podría hacer perder su objeto al pleito, la nueva regulación no priva de objeto al recurso, ya que esa nueva regulación despliega sus efectos desde la entrada en vigor, pero no hay ningún reconocimiento expreso en relación a la situación anterior. En cuya declaración tiene interés el aquí actor en cuanto ese reconocimiento de grupo a todos los efectos afecta a su carrera profesional.

Por todo ello, se acordó seguir adelante y señalar para votación y fallo.



SEGUNDO .- El demandante, funcionario de la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía, presentó solicitud en demanda de que se le reconociese que pertenecía al grupo C de clasificación de la Ley 30/1984 a todos los efectos, también administrativos.

La resolución impugnada se funda en que, según el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/1986 , el grupo de clasificación que corresponde a la Escala Básica es el D), de los de la Ley 30/84. Y, si bien es cierto que la Ley 7/2007, deroga expresamente el artículo 25 de la Ley 30/1984 , lo cierto es que, conforme a la disposición transitoria tercera, los grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor de la Ley, se integran en los nuevos del artículo 76 de la misma, de acuerdo con la siguiente equivalencia: Grupo D: grupo C2. En consecuencia los funcionarios de la Escala Básica deben quedar integrados en el grupo C', con lo que las cosas siguen igual y en la convocatoria de ingreso en la escala, la titulación que se exige es la correspondiente a dicho grupo. Se admite que, conforme al Real Decreto Ley 12/1995, los funcionarios de la Escala Básica pasaron a estar integrados en el Grupo C; pero, ello, se dice, lo fue sólo a efectos económicos y no, a otros efectos, como los administrativos.



TERCERO .- Sobre ello ya ha tenido ocasión de pronunciarse esta Sala a efectos del reconocimiento de grado personal en numerosas sentencias en las que hemos dicho que, conforme a la disposición final quinta de la Ley Orgánica 2/1986 , el artículo 17 de la Ley no tiene carácter de Ley Orgánica, por lo que, sin problema de constitucionalidad en cuanto a procedimiento legislativo, resultó modificado por el artículo 5 del Real Decreto Ley 12/1995 , en virtud del cual la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía, pasaba al grupo de clasificación C.

Según la resolución tal reconocimiento iría contra lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto Ley 12/1995 , que establece que el nuevo grupo de clasificación lo es afectos retributivos y no puede traducirse en incremento de gasto público. Frente a ello, tanto la Ley 30/1984 como la actual Ley 7/2007 ligan el Grupo al nivel académico de los funcionarios, y el grupo que corresponde a los funcionarios con la titulación de graduado en enseñanza secundaria, que es la que se exige en la convocatoria de oposición libre para cubrir plazas del Centro de Formación de Ávila, es el D, en la clasificación de la Ley 30/1984 y el C2 en la vigente.

No podemos compartir el argumento del Abogado del Estado, ya que dicha previsión retributiva para el ejercicio, como pone de manifiesto la exposición de motivos, no es sino mera consecuencia de la devolución al Gobierno del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1996, lo que suponía prórroga de los presupuestos de 1995, con la correspondiente imposibilidad de incrementar el gasto en dicho ejercicio.

Pero esto para nada afecta a que el cambio de Grupo de Clasificación despliegue todos sus efectos sin más limitaciones que las establecidas para el ejercicio por dicho Real Decreto Ley.

Es más, en cuanto al nivel de formación, la resolución recurrida no tiene en cuenta que la formación recibida tanto por alumnos de los centros de formación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad como de las Fuerzas Armadas tiene un rango académico. Así, por ejemplo, respecto a la Guardia Civil, también afectada por el citado Real Decreto Ley, conforme al artículo 20 de la Ley 42/1999 , los funcionarios que consiguen los diferentes empleos tienen una titulación del rango académico que allí se dice. Y, para el Cuerpo Nacional de policía, la Orden de 29 de junio de 2007 establece la equivalencia académica de dicha formación, estableciendo para los alumnos de la Escala Básica que obtengan su primer nombramiento como Policía, a los efectos de acceso a empleos públicos o privados, tras la superación del periodo de formación, la de técnico, que es la titulación exigidas para acceso a escalas del grupo C1.

En consecuencia, conforme a la previsión de la disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007 , los funcionarios de la Escala Básica deben quedar integrado en el grupo C1.

De acuerdo con esto, la Ley Orgánica 9/2015 no ha venido a cambiar las cosas, sino que sigue manteniendo el mismo grupo de clasificación que ya tenían antes, que es lo que se niega por la resolución recurrida. Y eso es lo que mantiene el interés del actor en que así se declare.

Por todo ello, procede la estimación del recurso.



CUARTO .- De conformidad con lo establecido por el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción , procede hacer expresa imposición de costas a la demandada.

Fallo

Que, estimando el recurso formulado por don Gabino contra la resolución que se dice en el antecedente primero de esta sentencia, debemos anular y anulamos dicha resolución por no ser ajustada a derecho, declarando que el actor, a todos los efectos, estaba integrado en el Grupo C de Clasificación de la Ley 30/1984 y quedó integrado en el Grupo C1 de la Ley 7/2007, haciendo expresa imposición de costas a la demandada.

A su tiempo, devuélvase el expediente con certificación de esta sentencia para su cumplimiento.

Quede el original de esta sentencia en el legajo correspondiente y únase testimonio íntegro a los autos de su razón.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.