Sentencia Civil 116/2023 Juzgado de lo Mercantil de Murcia nº 1, Rec. 584/2014 de 14 de noviembre del 2023

PRIMERO. - Planteamiento.

La administración concursal del concurso de Dª Apolonia, en cuyo proceso concursal tuvo lugar la reapertura de la sección sexta motivada por el incumplimiento del convenio de acreedores que en su día fue aprobado, solicita que se dicte sentencia pretendiendo que se proceda a la declaración del presente concurso como culpable en base a las siguientes causas:

- Art. 445 bis.3. 2ª del TRLC, por incumplimiento del deber de solicitar la liquidación de la masa.

- Art. 445 bis.3. 3ª del TRLC, por incumplimiento del deber de formular y de depositar las cuentas anuales.

Para ello la administración concursal fundamenta su petición de culpabilidad, en un primer momento, en la segunda de las causas que se acaban de señalar diciendo, básicamente, que " Los contribuyentes que desarrollen actividades empresariales cuyo rendimiento se determine por el método de estimación directa normal, como es el caso de la actividad realizada por la farmacéutica, puesto que el importe neto de la cifra de negocios supera los 600.000 euros según lo establecido el artículo 16.2 a ) y 30.1 Ley IRPF .

El Art. 68.2 RD 439/2007 de 30 marzo de 2007 Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, estable las obligaciones formales, contables y registrales de los contribuyentes que desarrollen actividades empresariales cuyo rendimiento se determine en la modalidad normal del método de estimación directa, estarán obligados a llevar contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio; debiendo gestionar el Libro Diario, el libro de Inventarios y Cuentas Anuales, además de cumplir con el resto de obligaciones registrales, tales como el depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Pues bien, la concursada obligada a ello según lo establecido en los artículos anteriormente mencionados, no ha depositado las cuentas anuales ni los libros obligatorios en el Registro Mercantil de Murcia, se ha solicitado nota informativa a dicho registro y no consta presentación alguna, ni presentó las declaraciones del IRPF correspondiente al ejercicio 2021 en tiempo y forma, siendo presentada el día 30 de junio de 2023".

En el escrito de ampliación al informe de calificación la administración concursal añade como motivo para fundar su pretensión de culpabilidad, atendiendo los hechos relevantes puestos de manifiesto por un acreedor, por CENTRO FARMACEUTICO S.L., que la concursada incumplió el deber de solicitar la liquidación de la masa activa en su momento oportuno, pues dice que, aunque el 26 de abril de 2023, la concursada presentó escrito solicitando la apertura de la fase de liquidación, debió de solicitarlo mucho antes, pues entiende que el convenio aprobado se incumple desde el año 2020 al dejar de abonar el crédito con privilegio especial y los créditos ordinarios. , entre los que se encuentra los de la mercantil Centro Farmacéutico SL, único acreedor que ha presentado alegaciones a la calificación del concurso como culpable.

Entiende la administración concursal que debería haber solicitado la apertura de la fase de liquidación desde el mismo instante en que ésta tuvo plena consciencia de que no iba a poder cumplir con los compromisos de pagos adquiridos ex convenio y que se podría establecer sobre el primer semestre del año 2020, a la vista de la fecha de presentación de su solicitud de modificación del convenio, datada seis meses después (12 de diciembre de 2020), a resultas de los incumplimientos arrastrados durante esa anualidad, pues afirma que ya la propia concursada la que reconoce, en su propuesta de modificación de fecha 14 de diciembre de 2020, que los créditos han sido atendidos hasta el año 2019.

Frente a la calificación del concurso como culpable la concursada, Dª Apolonia, se opuso manifestando, básicamente, en relación a la formulación de las cuentas anuales, que las formuló oportunamente pero que, como persona física y empresaria individual no está obligada a depositarlas, y que, en cualquier caso, no se acredita de contrario la influencia causal de esa presunta irregularidad formal en la generación o agravación de la insolvencia.

Y en relación a la causa de culpabilidad alegada por la administración concursal en su escrito de ampliación al informe de calificación afirma, en esencia, que solicitó voluntariamente la apertura de la fase de liquidación " tan pronto tuvo conciencia de la imposibilidad de sacar adelante la farmacia al haber quedado frustrada la opción del reconvenio y sobre todo al decaer en el suministro de medicamentos el único proveedor de que disponía, Centro Farmacéutico S.L."

SEGUNDO. - Valor del informe de calificación.

Antes de entrar a analizar cada una de las causas en las que la administración concursal fundamenta su pretensión de culpabilidad del concurso de Dª Apolonia hay que recordar algunas precisiones sobre el valor que tiene el informe de calificación de la administración concursal.

El Tribunal Supremo, acerca del valor del informe de calificación y a la consideración de los administradores concursales como peritos se pronunció en la STS 583/2017 de 27 de octubre de 2017 señalando, con cita de la sentencia 227/2010, de 22 de abril (asunto BIOFERMA), que:" 2 (...) Decisión de la Sala: En cuanto al valor del informe de calificación de la administración concursal, es claro que no tiene el valor de prueba, ni pericial ni de otro tipo. El informe, aunque la Ley no lo llame demanda, ni exija un contenido semejante al del art. 399 LEC , es un escrito de alegaciones de contenido muy similar, por la propia estructura que le confiere el art. 169.1 LC , que se refiere a la necesidad de que contenga alusión a los hechos relevantes para la calificación, con propuesta de resolución; y si se interesa la declaración de culpabilidad, deberá expresar la identidad de las personas a las que deba afectar la calificación y de los cómplices, justificando la causa, así como la determinación de los daños y perjuicios que, en su caso, se hubieren causado. En definitiva, al igual que en una demanda, sujetos (quién pide y frente a quién), causa de pedir y pretensión concreta (sentencia 490/2016, de 14 de julio).

Del mismo modo que el escrito o escritos de oposición a la calificación cumplen una función casi idéntica a la de la contestación a la demanda, como se desprende de nuestra sentencia 227/2010, de 22 de abril ".

El artículo 448.2 del nuevo de texto refundido de la LC del TRLC aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, y en vigor desde el 1 de septiembre del 2020, consagra esta posición jurisprudencial sobre la naturaleza del informe calificación en su apartado 2 al decir: "Si la administración concursal propusiera la calificación del concurso como culpable, el informe, que tendrá la estructura propia de una demanda (...)."

Esa estructura está contemplada en el artículo 399 de la LEC de conformidad con el cual en la demanda "se expondrán numerados y separados los hechos y los fundamentos de derecho".

Efectivamente, resulta que es reconocido unánimemente por la jurisprudencia que el informe de la Administración Concursal no goza de ninguna suerte de presunción de veracidad, por lo que deberá sujetarse a las reglas generales que sobre el onus probandi se contienen en el art. 217 LEC. Por ello, la Administración Concursal debe acreditar cuanto afirme, con la aportación de documentos que estime pertinente para sus fines ( arts. 265 y ss. LEC).

Pero es que, además, por exigencias legales el informe debe ser "razonado y documentado" ( artículo 448TRLC).

Cierto es que el Tribunal Supremo ya estimó correcta la mera acotación o remisión de aquellos documentos que ya figuren en el concurso.

Efectivamente, la sentencia del Tribunal Supremo Sala 1ª Pleno de fecha 22 de abril de 2010 nº 227/2010, rec. 76/2009. Pte. Corbal Fernández, Jesús, citada por la que antes se ha hecho alusión (que resuelve el recurso de casación interpuesto en la sección de calificación en un concurso tramitado en este Juzgado como concurso ordinario nº 158/05 en la que la concursada era la mercantil BIOFERMA MURCIA S.A.) en su fundamento de derecho tercero, se pronuncia al respecto en los siguientes términos:" El art. 169 de la Ley Concursal dispone en relación con el informe de la administración concursal que habrá de ser razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso. La disposición legal debe entenderse en el sentido de que se habrán de aportar con el informe los documentos en que se funda la propuesta de resolución, pero ello no es necesario en cuanto a los documentos que obran en las restantes Secciones del Concurso, respecto de los que no se requiere la aportación física, bastando que en el informe se haga la oportuna remisión. Por lo demás, la prueba documental fue admitida, la parte recurrente no podía desconocerla dado que obraba en las actuaciones, y es de absoluta lógica que la Audiencia Provincial reclame las restantes actuaciones en que obran documentos para cumplir la función de valoración probatoria en segunda instancia. La exigencia de que se deban reproducir, para acompañar con el informe de los administradores, documentos que obran en otras secciones no es razonable, ni es conforme a la economía procesal al suponer un derroche de tiempo y coste económico absolutamente innecesario, sin que resulte afectado en modo alguno el derecho de defensa".

Y esta doctrina jurisprudencial, que se pronuncia en el sentido de que basta mera remisión a documentos que obren en el concurso, ha sido consagrada legislativamente en el TRLC, concretamente en su artículo 539.2 diciendo que " La aportación de prueba documental no será necesaria si los documentos constasen en el concurso de acreedores, pero la parte interesada deberá designar el documento completo que proponga como prueba y señalar en que trámite fue presentado".

Teniendo en cuenta lo anterior se pasan a analizar las causas de culpabilidad en el que por la administración concursal se fundamenta su pretensión de declaración del concurso como culpable, siguiendo para ello el mismo orden que han sido esgrimidas.

TERCERO.- Falta de formulación y depósito de cuentas ( Art. 445 bis.3.3ºTRLC ).

Como causa para calificar el concurso de Dª Apolonia como culpable alega la administración concursal, en su informe inicial de calificación, la contemplada en el 445 bis.3.3ºTRLC.

El artículo 445 bis.3 del TRLC dice que "El incumplimiento del convenio se presume culpable, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores:

3.º Si el deudor obligado legalmente a la llevanza de contabilidad no hubiera formulado en tiempo y forma las cuentas anuales en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a aquel en que hubiera incumplido el convenio, no hubiera sometido esas cuentas a auditoría, debiendo hacerlo, o, una vez aprobadas, no las hubiera depositado en el Registro Mercantil o en el registro correspondiente."

Se trata de una de las presunciones de culpabilidad de las recogidas en el artículo 445bis del TRLC para el caso de frustración de convenio, que tienen la misma naturaleza que las previstas en el artículo 444 del mismo texto legal, y al igual que estas, como dice la sentencia del TS 17/11/22 (nº 787/22) se complementan con la cláusula general, de forma que acreditada alguna de esas conductas se presume iuris tantum que esa conducta ha generado o agravado la insolvencia del deudor o que medió dolo o culpa grave, siendo, pues, a la demandada a la quien compete desvirtuar aquella presunción, en contra de lo que afirma en su escrito de contestación al decir, de forma reiterada, que la administración concursal no acredita la generación o agravamiento del daño con las conductas en las que fundamenta su pretensión de declaración del concurso como culpable.

Pero a lo largo del primer informe de calificación en el que se imputa a la demandada la falta de aprobación de cuentas anuales y de su depósito no se hace remisión a ningún documento que obre en ninguna otra Sección del procedimiento concursal, tal y como le faculta el artículo 539.2 del TRLC según se ha visto, para acreditar aquel extremo, remisión que si se hace en el informe de ampliación en el que se le imputa el incumplimiento de la obligación de instar la liquidación, como se verá.

Cierto que acreditar la falta de aportación y depósito de esos documentos, como hecho negativo es imposible de probar por medio de prueba directa, pero puede ser acreditado por vía de exclusión, demostrando la existencia de otros hechos cuya materialización acredita la existencia del no hecho afirmado.

En su informe inicial para acreditar la falta de formulación de cuentas y de su depósito solo acompaña dos documentos, a saber, la declaración del IRPF de la concursada del año 2021 del que se evidencia que fue presentada fuera de plazo, lo que no tiene ninguna trascendencia a los efectos pretendidos por la administración concursal, y como documento nº 2 presenta una serie de correos requiriendo, entre otras cosas, la contabilidad, lo que de no haber sido atendidos a lo sumo podría servir para fundamentar una falta de colaboración, que para el caso de calificación culpable en caso de frustración de convenio no está prevista en el artículo 445 bis del TRLC como causa de culpabilidad, pero aun en el eventual supuesto de que estuviera prevista no sería de aplicación puesto que ninguno de esos correos van dirigidos a la concursada.

Se afirma en el informe de calificación por la administración concursal que solicitó del Registro Mercantil de Murcia nota informativa del depósito de cuentas anuales y de los libros obligatorios sin que conste su presentación, pero no aporta ninguna acreditación de dicha solicitud, que serviría para demostrar el hecho negativo según lo dicho anteriormente, ni siquiera acredita la obligación de que la concursada estuviera obligada a formular cuentas y depositarlas a tenor de lo dispuesto en el en el apartado segundo del artículo 68 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero al que se alude en el informe de calificación para justificar esa obligación de la concursada, y de conformidad con el cual " Los contribuyentes que desarrollen actividades empresariales cuyo rendimiento se determine en la modalidad normal del método de estimación directa, estarán obligados a llevar contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio".

Falta de prueba que basta para desestimar la pretensión de culpabilidad que se deduce en el informe de calificación inicial.

CUARTO. - Incumplimiento del deber de solicitar la liquidación (445 bis.3.2ºTRLC).

En el informe de calificación complementario se alega como causa para calificar el concurso de Dª Apolonia como culpable la prevista en el articulo 445 bis.3.2ºTRLC, de conformidad con el cual el incumplimiento del convenio se presume culpable, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores:

"3.º Si el deudor hubiera incumplido el deber de solicitar la liquidación de la masa activa".

Es el artículo 407 del TRLC impone al concursado la obligación de pedir la liquidación " desde que conozca imposibilidad atender pagos comprometidos en este y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación de aquel".

En el caso de autos debe tenerse en cuenta que en el supuesto que nos ocupa fue en su día de aplicación la legislación de urgencia dictada para paliar los efectos económicos del COVID que introdujo importantes novedades, entre ellas rescato la posibilidad de modificación del convenio, en aquella ocasión dentro año siguiente a 14 de marzo 2020 sin más condición de que se encuentre " en período de cumplimiento", a diferencia de la legislación anterior sobre reconvenio contenida en la DT 3ª Ley 9/2015 que exigía que el convenio no estuviera incumplido.

Siendo también de aplicación la excepción prevista por la legislación COVID a la deber de pedir la liquidación desde que conozca el fracaso del convenio de conformidad con la cual (...) salvo durante un año después de la declaración del estado de alarma siempre que presente un modificación de convenio y se admita a trámite durante dicho plazo ( artículo 9.1 RD-Ley 16/2020) .El juez no proveerá sobre la solicitud de apertura de la fase de liquidación por incumplimiento presentada por deudor durante la vigencia del estado de alarma y hasta la fecha de entrada en vigor del RD-16/2020 si el deudor presenta propuesta de modificación del convenio ( DT 2ª RD-16/2020).

Dicho lo anterior, la administración concursal, aquí si hace remisión a documentos que obren en el concurso, concretamente en el complemento a su informe de calificación dice que " Hacemos nuestros los documentos aportados por la mercantil Centro Farmacéutico SL a su escrito de alegaciones para la calificación del concurso como culpable y se deja designado, que debe obrar en la Sección Quinta, el escrito de propuesta de modificación del convenio concursal presentado por la concursada, junto con sus documentos, para su unión a esta Sección Sexta".

Centro Farmacéutico S.L., en cuanto acreedor de la concursada remitió, a través de su administración concursal ( puesto que la referida mercantil está declarada en concurso en los autos de concurso seguidos en el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Valencia con el nº 525/2023 de sus asuntos), un correo electrónico a la administración concursal del presente concurso acompañado de una serie de documentos, a tenor de lo prevenido en el artículo 447 del TRLC de conformidad con el cual durante toda la fase de comunicación de créditos cualquier acreedor o cualquier personado en el concurso podrá remitir por un simple correo electrónico a la administración concursal cuanto considere relevante para fundar la calificación del concurso como culpable, acompañando, en su caso, los documentos que considere oportunos. Alegaciones que la administración concursal debe acompañar como anejo a su informe pero que aquí, además, ha presentado como prueba documental vía artículo 539.2 del TRLC, documentos que al no ser impugnados por la concursada despliegan todo su valor probatorio.

A tenor de ellos resultan acreditados los siguientes hechos relevantes para la resolución del presente asunto:

- Por sentencia n° 278/2015 de fecha 19 de octubre de 2015 dictada por este Juzgado de lo Mercantil se aprobó el Convenio presentado por Dª Apolonia en el procedimiento concursal número 584/2014.

-Con posterioridad Dª Apolonia llegó a contraer una deuda post-convenio con la mercantil Centro Farmacéutico S.L., hoy también en concurso como se ha dicho anteriormente, que alcanzó la suma de 1.092,148,97 € y por cuyo impago esta última mercantil presentó demanda frente a la concursada, dando lugar al procedimiento ordinario seguido ante el Juzgado de primera instancia nº 6 de San Javier, demanda admitida a trámite por Decreto de fecha 6 de octubre de 2020.

-Posteriormente Dª Apolonia solicitó l a modificación del convenio mediante escrito de fecha 12 de diciembre de 2020, que fue informada favorablemente por la administración concursal, pero en contra de la proclamación de las adhesiones se presentó demanda de incidente concursal de oposición a la modificación la mercantil Cofares, demandada de oposición que fue estimada, rechazando la modificación del convenio por sentencia de fecha 19 de octubre de 2021, confirmada en apelación por sentencia de la AP de fecha 15 de diciembre de 2022.

Nótese que a la modificación de convenio presentada entonces le era de aplicación el art. 8 RD-L 16/2020, de 28 de abril ( que prescindía de la exigencia de que el convenio no estuviera incumplido, como se ha dicho anteriormente) pues el propio preámbulo del texto refundido de la ley concursal aprobado por el RDLegis 1/2020, de 5 de mayo recordaba que " El Derecho concursal se reivindica como una herramienta fundamental para la conservación de tejido empresarial y empleo (...). Esta finalidad se manifiesta(...) no solo a través de normas con vocación de permanencia como el presente texto refundido, sino que en el contexto de la crisis sanitaria originada por el COVID-19 también se han adoptado medidas urgentes, de naturaleza temporal y extraordinaria, con incidencia en el ámbito concursal. El ámbito temporal de aplicación de estas medidas es limitado(...), de modo que durante un cierto período de tiempo ambas normas, texto refundido y normas excepcionales, coincidirán en su aplicación, si bien cada una en su respectivo ámbito".

-Con fecha 24 de marzo de 2023 se presentó nuevamente por la mercantil Cofares incidente concursal, esta vez interesado el incumplimiento del convenio.

-Por escrito de fecha 26 de abril de 2023, dentro del plazo para contestar a la demanda de incumplimiento del convenio, la deudora solicitó la apertura de la fase de liquidación y el archivo de aquel incidente por dicha causa.

Con tales antecedentes resulta que Dª Apolonia conoció con toda seguridad, si no antes, la imposibilidad atender pagos comprometidos en el convenio y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación de aquel en fecha 15 de diciembre de 2022, cuando devino firme el rechazo de su propuesta de modificar el convenio, y por tanto, su frustración, por lo que si aplicamos analógicamente al deber de solicitar la liquidación el plazo de dos meses previstos para cumplir el deber de solicitar la declaración del convenio, como hacen alguna resoluciones ( por todas, la sentencia de la AP de Gran Canaria de fecha 24/07/13) resulta que como máximo debió cumplir con su obligación de solicitar la liquidación de la masa activa en febrero de 2023, pero en lugar de cumplir su deber de instar la liquidación voluntariamente antes de ese plazo solo solicitó la liquidación como una reacción a la demanda de declaración de incumplimiento de convenio presentada por la mercantil Cofares.

Este modo de actuar trae a colación una doctrina jurisprudencial, si bien se refiere a un supuesto bien distinto al que nos ocupa, como es el relativo en orden de pago de los créditos tras la comunicación de la insuficiencia de la masa pasiva antes de la reforma acontecida en el TRLC. Conforme a tal doctrina el nuevo orden de pago afectaba, en principio, a todos los créditos contra la masa pendientes de pago, a los ya vencidos y a los que puedan vencer con anterioridad a esa comunicación, con una excepción cuando la comunicación de insuficiencia hubiera sido realizada como una reacción a una demanda de incidente de crédito contra la masa ( S TS 10 junio 2015 y 18 de marzo de 2016), excepción que venía justificada por la necesidad de evitar el abuso que podría suponer, por parte de la administración concursal, no formular la declaración de insuficiencia de activo hasta que un acreedor contra la masa le reclama judicialmente el pago.

Mutatis mutandis, es decir, haciendo los cambios necesarios, lo decisivo no es que Dª Apolonia presentara voluntariamente su solicitud de liquidación, con independencia o dejando al margen el plazo en que lo hiciera, sino que lo decisivo es que lo hizo tras la interposición de la demanda incidental de declaración de incumplimiento de convenio presentada por un acreedor y para evitar la más que probable sentencia condenatoria y sus consecuencias, entre ellas la declaración de culpabilidad de su concurso, lo que contraria lo dispuesto en el artículo 7 del CC.

En consecuencia, concurre el incumplimiento del deber de solicitar la liquidación previsto en el 445 bis.3.2ºTRLC.

QUINTO. - Personas afectadas

El artículo 455 del TRLC señala que la sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, de los pronunciamientos que relaciona, la determinación de las personas afectadas por la calificación.

Por tanto, resultaran afectados por la calificación del concurso aquellas personas que hubieran intervenido con dolo o culpa grave en la generación o agravación del estado de insolvencia, en el caso tratándose de concurso de una persona física, la afectada es la persona deudora, esto es Dª Apolonia.

SEXTO.-Inhabilitación de las personas afectadas.

Otros pronunciamientos que debe necesariamente contener la sentencia de calificación (" contendrá" dice el art.455 del TRLC), aparte de la determinación de las personas afectadas, es "l a inhabilitación de las personas naturales afectadas por la calificación para administrar los bienes ajenos durante un período de dos a quince años, así como para representar a cualquier persona durante el mismo período, atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio, así como la declaración culpable en otros concursos".

La inhabilitación es una sanción civil de carácter necesario, como señala a este respecto la sentencia del Tribunal Supremo en sentencia de 3 de febrero de 2015 " la sentencia que se dicte en la sección de calificación, no deberá tener en cuenta las alegaciones y pretensiones formuladas por estos terceros, sino que deberá ajustarse a los hechos y las concretas pretensiones interesadas por la administración concursal y el ministerio fiscal, con la excepción de la inhabilitación, que se impone siempre, aunque no se pida, pero en ese caso en su extensión mínima ( STS de 18 de marzo de 2015 )".

Reitera el Supremo el carácter necesario de la inhabilitación en sentencia de 18 de marzo de 2015 y en la 22 de septiembre de 2021 ( sentencia nº 619/21).

La administración concursal en su informe solicita que se fije ese período de inhabilitación pidiendo en su primer informe, en el que se le imputa una única causa de culpabilidad, que se imponga en el período de dos, y en su informe complementario de calificación, en el que se le imputa otra, incrementa la solicitud de inhabilitación a cuatro años, pero en ninguno de sendos informes analiza la gravedad y perjuicio causado, ni se indica si ha existido o no otras sentencias de calificación en la que la afectada hubiera sido ya inhabilitada, que son los parámetros previstos en el art 455.2.2º TRLC para graduar su extensión.

En el caso atendiendo a esos parámetros de gravedad y perjuicio producido a consecuencia de la única causa que han motivado la declaración del concurso como culpable ( esto es, el incumplimiento del deber de solicitar la liquidación por incumplimiento del convenio), siendo ese incumplimiento el desencadenante del impago de los créditos a los acreedores de la concursada por una muy importante suma, se estima procedente imponerle la condena a la inhabilitación para administrar bienes ajenos, así como para representar o administrar a cualquier persona durante un período de tres años, desde la firmeza de la presente sentencia.

SEPTIMO. Otros efectos respecto a las personas afectadas; Pérdida de derechos.

También procede condenar a la demanda Dª Apolonia, a la pérdida de todos los derechos que tenga reconocidos en el concurso, que es una sanción anudada a la declaración de culpabilidad del concurso de forma automática.

OCTAVO.- Costas procesales.

En materia de costas es de aplicación lo dispuesto en el art. 394 de la LEC por remisión expresa del artículo 542 TRLC, y no siendo de aplicación ninguna de las reglas especiales previstas en el artículo 455 .3 del mismo texto legal, es por lo que, en el presente caso, no se imponen las costas al estimarse parcialmente la demanda.

Vistos los preceptos legales y demás de pertinente aplicación