Sentencia Civil 758/2023 Audiencia Provincial Civil de Málaga nº 5, Rec. 503/2021 de 22 de diciembre del 2023

PRIMERO.- .- Considerando que, como bien señala el Juez "a quo", por la parte actora se ejercita en el presente proceso, frente a la entidad bancaria demandada, una acción de carácter personal en reclamación de la cantidad de 62.045 euros, que fue abonada por el demandante a la entidad mercantil "Ingofersa" como anticipo del precio de venta de la vivienda objeto de contrato de reserva y compraventa suscrito entre la actora Doña Emilia y Don Nicolas quien renunció a todos sus derechos derivados de la compraventa y quien dicha promotora en fecha 10/05 /2004, siendo que dicha vivienda hubiera sido residencia de los actores , estableciéndose como forma de pago : 3.000 euros a la firma del contrato , 36.000 euros para el dia 21 de junio de 2004 y 23.045 euros mediantes transferencias bancarias Pretensión que encuentra fundamento legal en la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas. A la vista de las actuaciones practicadas y en aplicación del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil declara la Sra. Juez como acreditado que la parte demandante suscribió con la entidad mercantil referida un contrato de compraventa de vivienda fechado el 10 de Mayo de 2004 que tenía por objeto el apartamento numero NUM000 en sector urbanizable S-4 de Garrucha, Almería, pactándose en dicho contrato como fecha para entrega de la vivienda el 15 de junio de 2007, lo que no sucedió entregándose el día de la firma del contrato un cheque bancario pagadero a la entidad Ingofersa SL por importe de 3.000,00 euros y habiéndose abonado las 39.000 euros que se desglosados en 36. 000 euros mediante transferencia en la cuenta bancaria de la promotora abierta en la entidad Unicaja , que se justifica con el documento numero tres mas los 3.000 ,00 euros mediante talón bancario a la firma del contrato de compraventa tal y como figura en el mismo , y la suma de 23.045 euros mediante transferencia a la cuenta de la promotora en la Entidad Unicaja facilitada en el contrato de compraventa como documento numero cinco.Llegada la fecha de entrega pactada, la vivienda no fue entregada por no estar construida, ni se ha recuperado cantidad alguna . Así mismo, ha quedado acreditado que la vendedora fue declarada en concurso de acreedores y no consta que la vivienda adquirida fuera a tener destino distinto que el de ocupación por su comprador, aun cuando ello no ha sido fijado como hecho controvertido. Añade el Juez ad quo que la entidad bancaria demandada viene a negar su responsabilidad y su obligación de restitución de lo pagado al entender que no le es aplicable la Ley 57/1968, dado que "Unicaja" es ajena al negocio jurídico entre vendedor y comprador, que no financió la promoción, no aperturó cuenta especial, ni avaló negocio alguno , no apertura cuenta especial alguna al vendedor , y no avaló cantidad alguna de un negocio que desconocía , y que en ningún caso tuvo conocimiento de la existencia del ingreso efectuado en la única cuenta que la vendedora mantenía abierta mucho antes con la demandada , faltado los compradores a la mínima diligencia al contratar sin comprobar las preceptivas licencias y demás elementos para la viabilidad de la construcción. Razona seguidamente la juzgador que es una realidad la compra, que el comprador tiene la condición de consumidor, que la compra no llegó a buen fin , así como la falta de cumplimiento de la entrega por la vendedora y que se apertura en "Unicaja" una cuenta donde se ingresaban las cantidades entregadas a cuenta y donde la demandante ingresó un total de 62 .045 euros. Por tanto, entiende que la cuestión jurídica se centra en si la entidad de crédito, en la que el promotor-vendedor tenga abierta la cuenta sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, responde o no frente a los compradores de la totalidad de las cantidades anticipadas por éstos e ingresadas en la cuenta de la entidad demandada, partiendo de que la Ley 57/1968 es plenamente aplicable al supuesto de autos, dado que es de aplicación imperativa, sin que quepa entender que no se aplica o se renuncia a ella porque no se haya recogido expresamente en el clausulado del contrato, la responsabilidad por tanto de las entidades bancarias derivada de la ley referida , y ello a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la alegada ajenidad del contrato y la imposibilidad de identificación del destino de los ingresos efectuados , si es de apreciar falta de diligencia en el actor y si resulta de aplicación la doctrina contraria a los propios actos . Asi como el tema de los intereses Cita el juzgador la doctrina jurisprudencial sobre esta misma cuestión que estima de aplicación que fija la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2015: "[e]n las compraventas de viviendas regidas por la Ley 57/1968 las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía responderán frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha entidad". Doctrina que se reitera en las sentencias del mismo Tribunal de 9 de marzo de 2016 y 17 de marzo de 2016, por lo que estima la demanda por aplicación de la doctrina fijada en el sentido de que la condición 2ª del artículo 1º de la Ley 57/1968 sí impone al Banco una obligación de control sobre el promotor cuyo incumplimiento determina la responsabilidad del Banco frente al comprador. Transcribe resoluciones de algunas Audiencias Provinciales que recogen esta doctrina entre ellas : SAP Málaga de 23 de junio de 2020 sección 4º por cuanto acredita el ingreso de 36.000 euros con fecha 23 de junio de 2004 , pudiendo observarse hasta cinco transferencias , 3.000 euros mediante cheque de fecha 10 de mayo de 2004 existiendo un movimiento de fecha valor 12 de mayo de 2004 en concepto abono CH / ENT extranjera por importe de 2.973,93 euros , y pagos por importe de 23. 045 euros verificados en fecha 21 de marzo de 2006 , Concluye estimando la demanda al considerar responsabilidad de la entidad bancaria el control de la entrega y abono de diversas cantidades en la cuenta abierta por la promotora, y "en entender probado que se han entregado las cantidades que se reclaman, que no se ha acreditado que la vivienda se fuera a destinar a un objetivo distinto al de la ocupación, ya sea fija, ya temporal, de su comprador, y que el dinero entregado por el demandante ha llegado a ser abonado en la cuenta abierta en la entidad demandada, sin que se haya resuelto el contrato por causa distinta a la falta de ejecución de la obra y sin que se haya modificado la fecha de entrega de la vivienda fijada en el contrato inicial, sin que quepa imputarle responsabilidad alguna o falta de diligencia al comprador, pues no debe olvidarse que compraba sobre plano, procede la estimación de la demanda, condenando a la demandada a abonar a la actora la cantidad total de 62.054 euros .Respecto a los intereses del principal, con cita de los artículos 1100, 1101 y 1108 del Código Civil, y de lo dispuesto en la Ley 52/1968 citada y la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, entiende que quienes incurren en mora respecto de una obligación consistente en entrega de dinero vienen obligados a satisfacer al acreedor, en concepto de indemnización, el interés legalmente fijado desde el momento de la entrega del dinero hasta su completo pago. Entendiendo también que los intereses deben computarse desde el momento de las distintas entregas de las cantidades de dinero por parte del comprador, en atención a la función que debió tener el aval y cantidades que garantiza con arreglo a la normativa y jurisprudencia anteriormente referida y aplicable. Trayendo a colación sobre el particular la doctrina Sentencia Tribunal Supremo de 25 de junio de 2019 . Sobre costas expresa que "la estimación de la demanda comporta la condena del demandado al pago de las costas procesales causadas, por aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

SEGUNDO.- Por la representación procesal de la parte apelante se solicitó la revocación de la sentencia recurrida y el dictado de otra en esta alzada que, en base a lo argumentado en el presente recurso, se revoque parcialmente la resolución recurrida y se estime parcialmente la demanda interpuesta , condenando a Unicaja al pago de 59.045 euros mas los intereses legales desde la fecha de cada una de las entregas hasta la declaración de Ingofersa SL el 23 de Julio de 2012 reanudándose el cómputo de los intereses con la interposición de la demanda y hasta su completo pago, sin que haya lugar a condenar a ninguna de las partes a las costas de la instancia ni de la apelación. Alegó como primer motivo la indebida aplicación de la Ley 57 / 1968 y Improcedencia de la condena al pago de cantidades que el comprador no ingresó en una Cuenta de Unicaja y de la doctrina jurisprudencial que la interpreta , por cuanto el primer pago de 3.000 euros mediante cheque no consta fueses ingresado en una cuenta de Unicaja , siendo el ingreso de la cantidad entregada en una cuenta de Unicaja el presupuesto de prosperabilidad de la acción ejercitada , siendo evidente que la carga de la prueba le corresponde a la actora , sin que haya aportado copia del cheque entregado o una certificación, y a mayor abundamiento cuando ingofersa ingresó el cheque no de 3.000,00 euros sino de 2.973,93 en su cuenta , no señaló concepto alguno no identificó quien lo había entregado bancaria , ni indicó que el ingreso tuvieses algún destino especial, sin que tuvieses en estos supuestos " Unicaja deber especial de vigilancia " y por tanto no tenia conocimiento Unicaja de la razón y destino de los mismos y por tanto su control. Segundo.-De improcedencia de la condena a Unicaja al pago de los intereses desde la fecha de la entrega .Indebida condena al pago de intereses tras la declaración de concurso .Dado que el crédito del actor esta reconocido en el concurso de la promotora INGOFERSA no seria procedente condenarla al pago de unos intereses mayores a los que le sean reconocidos en dicho concurso , no pudiendo conforme a lo establecido en el articulo 1826 de la CC ser la obligación del fiador mas onerosa que la del deudor principal Ingofersa , y por tanto el diez ad quo de devengo de intereses , habrá de ser aquel que en su caso se fije en el concurso trayendo a colación como la audiencia Provincial de Málaga Sección cuarta ha fijado criterio sobre el particular . Sentencia 599/ 20 de 26 de octubre de 2020 consolidada asimismo en Sentencia de 5 de enero de 2021 .Por tanto la fecha límite para el cómputo de los intereses , ha de ser la de declaración del concurso de la promotora 23 de julio de 2012 .El tercer motivo versa sobre las costas , al entender que la estimación del recurso en los particulares indicados supone una estimación de la demanda por lo que no procedería condena en a mayor abundamiento que no puede pasar inadvertido que reclamándose los intereses de pagos realizados hace mas de 15 años , los intereses suponen una ante una reclamación accesoria , suponiendo una cantidad prácticamente igual que el principal , y por tanto estamos ante una estimación parcial , sin que proceda condena en costas .

TERCERO.- Por la representación de la parte apelada se pidió la confirmación de la sentencia recurrida por sus propios fundamentos de derecho, con desestimación íntegra del recurso de apelación planteado de contrario y con expresa imposición de las costas a la adversa, en virtud del principio del vencimiento que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil. En cuanto a la procedencia de la condena al pago de las cantidades a la entidad Bancaria en aplicación de la Doctrina del Tribunal Supremo alega que la parte demandada no ha puesto en cuestión que la totalidad de las cantidades hoy reclamadas se hicieron efectivas en la cuenta de la promotora abierta en la entidad bancaria Unicaja por el promotor , y lo único que alega sobre el particular es que no pudieron ser conocidas por esta entidad al haberse abonado mediante cheques bancarios entregados directamente a la promotora que ésta ingresó en su cuenta lo que afirma queda excluido de la aplicación de la ley 57/68 . Ahora bien no puede obviarse la referencia a la LOE cuando afirma que se extenderá a las cantidades entregadas en efectivo o mediante cualquier efecto bancario y como bien indica el juzgador si bien es cierto que no se hace constar en los cheques ni el nombre del comprador ni el concepto del ingreso, pero ello no es obstáculo en este caso, dado que la cuenta designada en el contrato es la cuenta donde se hicieron todos los ingresos a cuenta de compras de viviendas de la misma promoción, habiéndose aportado movimientos de la cuenta en el que constan un innumerable número de ingresos en la misma cuenta en los que aparece el concepto del ingreso y el nombre de la mayoría de los compradores., Luego, la entidad bancaria ya tenía indicios suficientes para sospechar que los ingresos bien podían proceder de los diversos compradores, aun cuando fueran remesas de cambiales o cheques y, por lo tanto, conocía o pudo conocer su procedencia y debió realizar un mayor control sobre tales ingresos . Trae a colación las sentencias de Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2015 y la de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2018 , se expone como de la documentación aportada no puede obviarse el pleno conocimiento del Banco de la promoción que llevaban la promotora y de las cantidades abonadas en concepto de anticipo y reserva de las viviendas objeto de la promoción Inmobiliaria. Respecto a la responsabilidad legal solidaria de "Unicaja", el comprador, en su posición de consumidor, queda protegido por la Ley 57/1968, al margen de las relaciones y vicisitudes de los tratos entre el promotor y la entidad bancaria, y del cumplimiento de la Ley por parte de estos dos agentes; esto es, de que el promotor haya comunicado la existencia de una promoción vinculada a los ingresos y pagos de la cuenta aperturada por éste - lo que se presupone, dado el carácter y denominación del titular de la cuenta -; o de que la entidad financiera haya hecho mayor o menor esfuerzo en detectar la finalidad de la cuenta abierta por la promotora en la citada entidad - lo que también se ha de presuponer - y de advertir y obligar a la promotora a abrir una cuenta especial para avalar y/o asegurar las devoluciones de las cantidades ingresadas por los particulares. No olvidemos que la entidad bancaria demandada, conocía perfectamente el destino de los fondos ingresados, y así queda reflejado en el extracto de la cuenta. Dado el carácter eminentemente tuitivo de la norma aplicable, resulta evidente que la garantía a favor del comprador no puede depender de que se haya abierto o no una cuenta especial, sino de que se haya ingresado el dinero de la promoción de su vivienda en una cuenta bancaria perteneciente a la promotora. El comprador consumidor no puede sufrir la conducta negligente de entidades y promotores. . Se refirió luego la parte apelada a la procedencia del pago de los intereses legales desde la fecha de la entrega de las cantidades. La procedencia del pago de los intereses legales desde la efectiva entrega del dinero al promotor en la cuenta bancaria viene directamente relacionada con lo argumentado más arriba. En efecto, el Banco es responsable de su actuar, o más bien de su falta de actuación, desde el momento en el que viene obligado legalmente a solicitar al promotor la apertura de una cuenta especial avalada o asegurada, para responder de la devolución de las cantidades entregadas a cuenta; esto es, desde que contrata con el promotor la apertura de una cuenta bancaria a su favor, para la recepción de ingresos a cuenta de una promoción, entre otros ingresos; como debía de haber sabido. Esa responsabilidad se hace efectiva cuando los particulares compradores hacen los ingresos pertinentes, que quedan huérfanos de garantía, por la falta de la existencia del aval o seguro al que obliga la Ley 57/1968. Y esa responsabilidad se puede reclamar cuando a los compradores no se les hace entrega de su vivienda, y no se les devuelve el dinero por parte del promotor, judicial o extrajudicialmente; solicitando la devolución de las cantidades entregadas en su momento, y los intereses legales de esas cantidades devengados por el perjuicio causado, desde el momento del ingreso, ya que desde ese momento la entidad bancaria se hace responsable legal y solidariamente, de la devolución de las aportaciones efectuadas por los compradores, y de los perjuicios que se le causan, ante tan importante minoración en su patrimonio.

CUARTO.- Alega la entidad Unicaja Banco, S.A., como primer motivo de su recurso de apelación, la indebida aplicación de la Ley 57/1968 y la doctrina jurisprudencial que la interpreta, la improcedencia de la condena al pago de cantidades al comprador que no ingreso en una cuenta de Unicaja y la imposibilidad de identificación del destino del ingreso del cheque.

Es doctrina jurisprudencial consolidada, que las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía responden por el total de las cantidades ingresadas en las cuentas abiertas en dicha entidad, conociendo, o debiendo conocer, que los ingresos se corresponden con anticipos de compradores.

En este Sentido se pronuncia la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 645/2019, de 28 de noviembre ( ROJ: STS 3833/2019): "2. Estimación del motivo segundo. Hemos de partir de la jurisprudencia de la sala sobre el art. 1.2 de la Ley 57/1968 , compilada en la reciente sentencia 408/2019, de 9 de julio .

En la interpretación del art. 1.2ª de la Ley 57/1968 , la Seccion nº 4 de esta Audiencia ha fijado y reiterado, en sus sentencias 733/2015, de 21 de diciembre ( de pleno ), 142/2016, de 9 de marzo , 174/2016, de 17 de marzo , 420/2016, de 24 de junio , 468/2016, de 7 de julio , 459/2017, de 18 de julio , 502/2017, de 14 de septiembre ( de pleno ), 636/2017, de 23 de noviembre , 102/2018, de 28 de febrero , y 503/2018, de 19 de septiembre , y lo mismo ha mantenido esta sección quinta la siguiente doctrina jurisprudencial:

"En las compraventas de viviendas regidas por la Ley 57/1968 las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía responderán frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha entidad".

Esta doctrina merece dos puntualizaciones, a las que expresamente se refiere la sentencia 408/2019, de 9 de julio: la primera, que "la ley solo responsabiliza a las entidades de crédito no avalistas de los anticipos que se ingresen o transfieran a una cuenta del promotor en dicha entidad, de modo que mientras el garante (avalista o asegurador) normalmente responde de todos los anticipos entregados por los compradores al vendedor, en cambio la entidad de crédito no garante solo responde de las cantidades que se entreguen o depositen en ella"; y la segunda, "que la responsabilidad de las entidades de crédito establecida en el art. 1-2.ª de la Ley 57/1968 no depende de que los anticipos se ingresen en la cuenta identificada en el contrato de compraventa, sino, como resulta de la doctrina jurisprudencial fijada por esta sala a partir de la sentencia 733/2015, de 21 de diciembre , de que se ingresen en una cuenta del promotor en la entidad conociendo esta, o debiendo conocer, que los ingresos se corresponden con anticipos de compradores de viviendas protegidos por dicha ley"

3. Hemos de partir de los hechos probados en la instancia, y hemos de dejar constancia como la demandada ha sido condenada en aplicación del articulo 1.2 de la Ley 57 / 1968 a la suma total reclamada en la demanda correspondientes a las cantidades entregadas a cuenta para la adquisición de la vivienda objeto de la compraventa , en la promoción que llevaba a cabo la entidad Infagora SA en Garrucha ( Almería ) mostrando la recurrente su conformidad con lo decido en sentencia en relación con las cantidades abonadas a cuenta a excepción de la suma de 3.000,00 euros .

. Estos hechos, en el contexto de que el lugar de la promoción y donde radica la sucursal bancaria es una localidad pequeña, permiten concluir que la posición en la que se encontraba la entidad bancaria es aquella que la jurisprudencia de esta sala ha considerado que justifica la atribución de la responsabilidad prevista en el art. 1.2 Ley 57/1968 . Esto es, permiten concluir que Unicaja conocía o debía conocer que en la cuenta del promotor se estaban realizando ingresos de pagos a cuenta por compradores de viviendas de la promoción. De tal forma, que procede estimar el motivo y extender a la responsabilidad por la restitución de todas las cantidades que los compradores demandantes ingresaron en la cuenta que el promotor tenía abierta en esta entidad."

En un supuesto prácticamente idéntico al de autos, pues se trataba de la misma entidad financiera demandada, de una vivienda que Ingofersa estaba promoviendo también en la localidad de Garrucha y el pago se hizo mediante un cheque en la cuenta que dicha entidad tenía abierta en la entidad financiera demandada, la Sentencia de esta Sec. 4ª de la Audiencia Provincial, dictada en el recurso de Apelación 555/2021 el 16 de noviembre de 2021 ( ROJ: SAP MA 4485/2021) declara:" La Sala no puede compartir el juicio probático del Juez de Instancia. En efecto, ha de señalarse que, según la jurisprudencia, el canon de diligencia de las entidades bancarias depositarias sobre el origen de las cantidades se delimita entre dos extremos,: la exigible " colaboración activa" ( STS de 15-3-2018 ) y la inexigible "labor inquisitiva" ( STS 4-3-2020, RC 131/2017 y 23-7-2020), siendo tales parámetros los que determinarán si las entidades omitieron la necesaria vigilancia que la Ley 57/68 y DA 1ª LOE les imponen a fin de que sea operativo "el enérgico e imperativo sistema protector de los compradores" que dichas normas diseñan y sin la cual perdería toda su eficacia. Para realizar ese juicio de suficiencia sobre la actuación del banco en esta materia resultarán datos relevantes los que se deduzcan del ingreso o ingresos reclamados (si consta el concepto en el que se hace, por ejemplo), pero no solo ello, pues la pasividad o falta de diligencia activa de la entidad bancaria podrá deducirse de datos externos o periféricos al depósito concreto que se analice. Así, será relevante si la entidad conocía la actividad de promotor inmobiliario del titular de la cuenta, si en dicha cuenta se realizaban ingresos habituales o solo esporádicos de compradores de viviendas, o si en esos otros ingresos se detallaba que correspondían a pagos por compras de viviendas; todo ello será determinante para evaluar el grado de diligencia del banco en la detección de las irregularidades u omisiones que pueden llevar a declararle responsable de la devolución de los ingresos efectuados por los compradores. En definitiva, el foco debe ponerse no solo sobre el documento de ingreso concreto, sino también sobre el "entorno" en el que el mismo se produce.

Desde esa perspectiva, asumimos la conclusión a la que llega la sentencia, pues, siendo cierto - como está probado en autos- que en el ingreso del cheque no consta el nombre del librador y el concepto a que corresponde, a diferencia de lo que ocurre otras veces, ello no puede excluir que la entidad demandada conociese, por otros medios, que los ingresos que se efectuaban en la referida cuenta tenían su origen en la compraventa de viviendas sujetas a la Ley 57/1968 o DA 1ª LOE , y, en consecuencia, haber exigido la apertura de la cuenta especial que mencionan tales normas. En efecto, que la entidad demandada conocía o pudo conocer dicho origen, es algo que sí cabe inducir de la prueba obrante en autos. En efecto del nuevo examen de la misma se desprende:

a) Que en la cuenta donde se ingresó el cheque se efectuaban decenas de ingresos (documento nº 8 de la demanda) en los que se hacía constar claramente conceptos como "reserva vivienda", "anticipo bungalow", "importe contrato compraventa vivienda...", "señal apartamento..." "entrega compra vivienda", que claramente exteriorizaban que en dicha cuenta se efectuaban ingresos provenientes de una promoción inmobiliaria de viviendas.

b) Que la demandada conocía la actividad de promotor inmobiliario de Ingofersa, pues el documento nº 9, en el que se solicita a Unicaja que valore la posible financiación de la promoción, y en el que se adjunta un listado de cientos de compradores que ya han hecho reserva de alguna vivienda o local, entre ellos la del demandante (nº 957 del extracto al folio 61 vuelto), supone un conocimiento directo por parte de Unicaja:

- De la actividad a la que se dedicaba la promotora Ingofersa.

- De que estaba realizando una promoción en el Sector 4 de Garrucha.

- De que había cientos de compradores que ya habían entregado cantidades a cuenta, y que muchos de ellos habían realizado esos ingresos en la cuenta abierta en la sucursal de la entidad demandada.

- A mayor abundamiento, no puede ignorarse que la sucursal bancaria que recibía los ingresos estaba situada en una pequeña localidad (Vera) contigua a donde se realizaba la promoción inmobiliaria generadora de los ingresos (Garrucha), y con la que forma una unidad económica, circunstancias que hacen difícilmente creíble que los responsables de la oficina bancaria donde se apertura y se operaba la cuenta desconociesen la actividad mercantil a la que se dedicaba la titular de la misma, Ingofersa, o, más concretamente, que estaba realizando una promoción inmobiliaria generadora de los ingresos que se recibían en la referida cuenta.

En definitiva, la Sala no puede extraer de los datos periféricos o externos al ingreso analizado y acreditados en autos la conclusión a la que llega el Juez de Instancia, pues una mínima diligencia "activa" por los responsables de la entidad bancaria en la observación y correlación entre los datos antes apuntados debió alertarles sobre el origen de los ingresos efectuados en dicha cuenta, adoptando las medidas asegurativas a las que venía obligada por la Ley 57/1968 y DA 1ª LOE . A este respecto, es muy significativo que todos los ingresos en favor de Ingofersa se realizaban en una sola cuenta de la sucursal de Unicaja, la terminada en 3831, lo que unido al volumen de movimientos generados en la misma, la indicación, en la mayoría de ellos, del concepto al que respondían, y la actividad promotora de Ingofersa configuraban un "entorno" de relaciones promotora/banco que difícilmente hace creíble el desconocimiento por este del carácter "especial" que debía tener la cuenta de referencia, pues exteriorizaba claramente que dicha mercantil estaba recibiendo en la referida cuenta multitud de ingresos provenientes de una promoción inmobiliaria y amparados por la Ley 57/1968, y consecuentemente, alertar a los responsables de la entidad, sin que para ello tuviesen que realizar una labor " inquisitiva", de que se estaba incumpliendo lo previsto en la Ley 57/1968 y DA 1ª LOE , tanto respecto al ingreso del demandante como a otros muchos compradores.

Por todo ello, y en coherencia con lo que ha resuelto esta Sala en supuestos similares, ha de concluirse que Unicaja Banco SA sí conocía o estuvo en condiciones de conocer que el origen del ingreso efectuado por los demandantes procedía de un contrato de compraventa de vivienda sujeto a la Ley 57/1968 y DA 1ª LOE .

Sentado lo anterior, esto es el conocimiento de la entidad demandada del origen de la cantidad, la omisión por la misma de las medidas asegurativas previstas en la normativa citada (apertura de una cuenta especial y exigencia de un seguro o un aval bancario) supone declarar su responsabilidad respecto a la devolución de las cantidades entregadas por el demandante."

Visto como queda centrado el debate en los escritos rectores, del proceso, visionada la grabación de la Audiencia Previa y examinados todos los documentos aportados a los autos, y cuya autenticidad no ha sido impugnada, procede, aplicando la doctrina jurisprudencial citada, desestimar el motivo de apelación que es objeto de examen por los propios y acertados fundamentos de derecho contenidos en la Sentencia de Primera Instancia, que este Tribunal comparte y que en aras de la brevedad se dan por reproducidos (lo que es admitido por las SSTC 171/2002, de 30 de septiembre, y 223/2003, de 15 de diciembre), y ello unido a que la promoción se realizaba en una localidad pequeña (Garrucha) y próxima a la localidad de Vera, donde Ingofersa tenia abierta la cuenta en la entidad Unicaja Banco donde se realizaba los ingresos no solo el demandante sino otros muchos compradores de viviendas de esa misma promoción, lleva a este Tribunal a la lógica conclusión que la citada entidad mercantil conoció o pudo conocer, con una mínima diligencia por su parte, el motivo y finalidad de dichos ingresos, y puesto que admitió los pagos del comprador en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía, conforme a la doctrina jurisprudencial citada debe responder frente a la demandante compradora por el total de la cantidades reclamadas en la demanda, incluido el pago mediante cheque bancario, por lo que procede desestimar el recurso de apelación que es objeto de examen.

Pero a mayor abundamiento no asiste razón a la apelante cuando mantiene que ninguna prueba se ha aportado sobre la cuestión debatida . El documento nº 6 de los aportados con la demanda refleja los movimientos de las cuentas apertura das por el promotor que reflejan con extrema claridad los ingresos de centenares de compradores que realizan en sus cuentas .Es publico y notorio qye la entidad demandada es quien abre la cuenta a una empresa que destaca por un volumen de ingresos ,tal y como lo confirmó el director de la sucursal en su declaración en el acto del juicio ) siendo por tanto imposible que desconociera la actividad de su cliente , el cual , como se ha recogido en multiples sentencias en supuestos similares , ingresaba cantidades millonarias en sus cuentas procedentes de compradores de viviendas sobre plano .

En relación con el pago concreto cuestionado consta acreditado la entrega del talon bancario por importe de 2.000 libras ( aproximadamente 3.000 euros ) que se entrega a la firma del contrato con el promotor , 10 de mayo de 2004 que indica el número de cuenta , cuenta que resulta ser la del promotor en Unicaja , y que costaba detallada en el propio contrato ( documento 2 de la demanda estipulación 2º ).En la referida cuenta aparece en la misma fecha 10 de mayo de 2004 , el ingreso referido .El ingreso consta y `por tanto ha cumplido la actora con las reglas de la carga de la prueba recogidas en el articulo 217 LEC constando detallado los movimientos del extracto que Unicaja aportó en Diligencias Preliminares , sin que la parte apelante haya desvirtuada de acuerdo con el principio de facilidad probatoria , la finalidad del ingreso , finalidad que por todo lo razonado resulta fácil intuir de cuanto se ha expuesto.

Todo lo cual nos lleva a la desestimación de este primer motivo de recurso.

QUINTO.- Discrepa asimismo la recurrente en su recurso en primer lugar de la condena al pago de los intereses legales a Unicaja , pues si bien muestra conformidad con la fecha de inicio / desde la fecha de la entrega) afirma asimismo la indebida condena al pago de intereses tras la declaración de concurso.

El pronunciamiento impugnado, en correspondencia con el planteamiento de la parte apelante, es el que sigue: no puede condenarse a la entidad demandada , tal y como hace la sentencia a su abono desde los abonos efectuados hasta su completo pago , pues ni en el contrato suscrito , ni en la Ley 57 / 68 ni en la Disposición Adicional Primera de la Ley de Ordenación de la edificación sino que han de calcularse y computarse hasta la declaración de la situación concursal del Promotor ,

El Juzgador ad quo en su sentencia, como ya se ha indicado concluye que los intereses deben computarse desde el momento de las distintas entregas de las cantidades de dinero por parte de la compradora, y ello a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.100 , 1.101 y 1.108 del Código Civil , Ley 52/1968 y la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, quienes incurren en mora respecto de una obligación consistente en entrega de dinero, vienen obligados a satisfacer al acreedor en concepto de indemnización el interés legalmente fijado desde el momento de la entrega del dinero hasta su completo pago, incrementados en dos puntos a partir de la fecha de la presente resolución.

Asi mantiene el juzgador de instancia en su sentencia que el pago ha de efectuarse hasta la devolución de las aportaciones , no siendo de aplicación las disposiciones relativas a la fianza , y en concreto el articulo 1826 del Código civil puesto que la obligación de avalar las cantidades bien en cumplimiento de una disposición de carácter específico , que integra dentro de la garantía , tanto la devolución de las cantidades como los intereses legales del dinero vigente , hasta el momento que se haga efectiva la devolución , lo que por otra parte se mantiene en la sentencia del TS de 25 de junio de 2019

Asi pues la situación de concurso para el banco es irrelevante para el Banco , desde el momento que su declaración de responsabilidad es autónoma por no haber exigido la garantía para poder recibir anticipos de clientes compradores de viviendas sobre plano

No obstante cabe reseñar que la cuestión ha sido examinada y resuelta por las Salas 4º y 5º de esta Audiencia Provincial con ocasión de la decisión de múltiples recursos de apelación en los que se ha suscitado aquélla en términos que guardan una identidad esencial con los formulados en el presente caso.

Es cierto que la Sala cuarta , en cuanto al dies de finalización del computo mantiene un criterio distinto , al de esta Sala al entender que el computo lo es hasta la fecha de declaración del concurso . Esta Sala de la Audiencia en reiteradas ocasiones se ha pronunciado sobre el particular , asi en reciente esentencia dictada en fecha siete de noviembre del corriente año en el rollo de apelación 247/ 224 , ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la cuestión , reproduciendo los argumentos que en tal sentido expone :

En el mismo sentido, y también con el promotor en concurso, se pronuncia la sentencia (Sala 1a del Tribunal Supremo) no 447/2020 de 20 de julio, que a su vez se refiere a las sentencias de la misma Sala números 6/2020 y 8/2020, ambas de 8 de enero, donde el promotor también estaba declarado en concurso de acreedores, condenando en ambas a los intereses hasta el completo pago de los principales reclamados. Asimismo se pronuncian las sentencias del Tribunal Supremo no 353/2019 y 355/2019, de 25 de junio, que asientan la ya consolidada doctrina del Tribunal Supremo en esta materia sobre el devengo de intereses desde cada uno de los pagos.

Asi la Sala 1a del Tribunal Supremo , de 21 de julio 2020, hace un amplio repaso de la doctrina asentada:" CUARTO.- Limitada la discrepancia de los compradores-recurrentes al comienzo del devengo de los intereses legales de las cantidades anticipadas que reclamaron y se les han reconocido en el presente litigio, como lo que piden es que se fije en la fecha de cada aportación en vez de en la fecha de reclamación extrajudicial o judicial a la avalista, el recurso ha de ser estimado con arreglo a la jurisprudencia representada, entre otras, por las sentencias 161/2020 -antes mencionada- y 66/2020, de 3 de febrero ( con cita de las sentencias540/2013, de 13 de septiembre, 733/2015, de 21 de diciembre, 174/2016, de 17 de marzo, 469/2016, de 12de julio, 420/2017, de 4 de julio, de pleno, 353/2019 y 355/2019, ambas de 25 de junio, y 622/2019, de 20de noviembre), según las cuales la garantía prestada con arreglo a la Ley 57/1968 comprende los intereses legales de los anticipos como frutos del dinero entregado en su momento y, en consecuencia, los intereses que deben restituirse legalmente (en el presente caso, el interés legal, por aplicación de la d. adicional 1.a de la Ley de Ordenación de la Edificación) son remuneratorios de las cantidades entregadas y, por tanto, exigibles desde su entrega, doctrina jurisprudencial de la que, según la citada sentencia 66/2020, " no se separa la sentencia218/2014, de 7 de mayo, pues si en esta se condenó al avalista al pago de los intereses legales desde que fue requerido de pago fue porque al asumir la instancia se estimó la demanda y esta no contenía una petición expresa de condena al pago de intereses desde cada anticipo. Del mismo modo, otras sentencias de esta sala no han acordado el devengo de intereses desde cada anticipo bien por razones de congruencia con lo pedido en la demanda, o bien por la conformidad de la parte demandante con lo acordado en su día en la instancia". En suma, esta doctrina, plenamente consolidada, resulta aplicable al caso porque desde un principio los compradores han fijado el día inicial del devengo de los intereses en la respectiva fecha de entrega de las cantidades anticipadas (así lo hicieron tanto los que formularon demanda de conciliación como los que optaron por el requerimiento extrajudicial, y ese fue también el criterio que todos ellos siguieron al interponer la demanda del presente litigio), siendo así que la estimación del recurso de casación para acoger esa pretensión, además de corresponderse con lo acordado en primera instancia, es plenamente congruente con lo solicitado por los hoy recurrentes, argumentos a los que, como razonó la sentencia 161/2020, "no cabe oponer un supuesto retraso desleal carente de base o argumento respecto de unos intereses que son remuneratorios"."

En este sentido tiene declarado la Sala 1a del Tribunal Supremo, que la influencia de la situación concursal del promotor es nula de cara al avalado en conexión con la ley 57/1968, de 27 de julio, según declara la sentencia de la Sala 1a del Tribunal Supremo no 353/2019 de 25 de junio: "Tampoco el argumento de la parte recurrida sobre el convenio aprobado en el concurso de la promotora-vendedora puede impedir que los intereses se devenguen desde la fecha de cada anticipo. En otros casos sobre viviendas de la misma promoción en que ha sido parte la misma promotora y el mismo banco, esta sala ha reiterado el criterio de la sentencia 434/2015, de 23 de julio, de que "de acuerdo con la normativa que rige la asunción de la obligación de garantía de la devolución de las cantidades entregadas a cuenta, al amparo del art. 1 de la Ley 57/1968 y su carácter tuitivo, la adhesión de los compradores beneficiarios de esta garantía al convenio del concurso de acreedores de la promotora, no altera el derecho de dichos compradores a dirigirse contra la aseguradora para la restitución garantizada en caso de incumplimiento de la obligación de la promotora", con la consecuencia de reconocer el derecho a la restitución de los anticipos no solo a los compradores que no hubieran votado a favor del convenio sino también a los que lo hubieran hecho a favor( sentencia 422/2018, de 4 de julio ).SEXTO.- Conforme al art. 487.3 LEC procede casar en parte la sentencia recurrida para, en su lugar, estimando la impugnación de la parte demandante, revocar la sentencia de primera instancia únicamente en su pronunciamiento relativo a los intereses legales de las cantidades anticipadas, que se devengarán desde la fecha de cada anticipo".

La cuestión que en relación con los intereses se especialmente impugnada hace referencia a la fecha final del computo .Ahora bien lo resuelto en el recurso deducido en relación con los intereses se dicta de conformidad con la establecido por la jurisprudencia citada resoluciones que no limitan los intereses y ordena su cálculo desde cada uno de los pagos de los compradores y su devengo hasta la completa satisfacción del principal reclamado sin que la situación de concurso del promotor interfiera en modo alguno

Así es criterio reiterado de esta Sala respecto de esta cuestión controvertida al día final devengo de los intereses previstos en las disposiciones de la Ley 57/1968, de 27 de julio, y en la Disposición Adicional Primera de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, que lo son hasta fecha hasta el completo pago del principal pues la situación concursal del avalado es irrelevante para el avalista , no siendo de recibo la argumentación en relación a que en caso de concurso de la promotora, el devengo de intereses finaliza el día de la declaración de concurso. La sentencia del Tribunal Supremo nº 420/2017 de 4 de Julio, en la Parte Dispositiva condena al pago de intereses ( día final) hasta la fecha de su pago, y el art. 1822.2 del código civil ( Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 16ª) Auto num. 31/2010 de 2 marzo) remite la regulación de la fianza solidaria a las reglas generales sobre las obligaciones solidarias, lo que implica la aplicación de una normativa legal que conlleva una desnaturalización de la accesoriedad de la fianza simple. Esta cuestión en relación al sistema concursal anterior ya se había planteado llegando la jurisprudencia a la conclusión de que la situación de suspensión de pagos, por sí misma, no afectaba al derecho del acreedor contra el fiador solidario. En este sentido la sentencia del tribunal Supremo de 22 de julio de 2002 hace un detenido estudio de esta situación y antecedentes jurisprudenciales. La sentencia del mismo Tribunal de 27 de febrero de 2004 incide en la misma dirección. Por otro lado, cabe recordar que el art. 1853 del código civil establece que entre acreedor y fiador son oponibles las excepciones que sean inherentes a la deuda, pero no las personales del deudor y la situación de concurso más bien reviste esta característica pues la situación de concurso , sólo lo es del deudor principal pero no del fiador -como repara con evidente lógica la Audiencia Provincial de Zaragoza en sentencia de 11 de febrero de 2009 que resalta así la trascendencia personal de tal circunstancia- sino que tampoco es cierto que el concurso extinga el devengo de intereses como sugiere el apelante sino que produce tan sólo una suspensión en su devengo por una comprensible utilidad operativa, evitando la continua movilidad de las cifras de la masa pasiva en un contexto, además, regido por el principio concursal de "par conditio creditorum". Por eso el art. 59 de la Ley Concursal habla de suspensión, no de extinción y por eso prevé en el apartado segundo del mismo artículo que es posible reclamar los intereses si finalmente resultan bienes bastantes para pagarlos, lo que evidencia el sentido utilitario y la dimensión personal de tal suspensión del devengo de intereses. Es verdad que el art. 135 de la Ley Concursal está residenciado en la sección que se refiere al convenio, pero ello no es porque la Ley concursal parta de la base de la liberación de intereses a los fiadores solidarios sino porque es en relación al convenio donde se plantean con mayor agudeza este tipo de conflictos cuya respuesta varía según la postura que el acreedor hubiera tomado en relación a la votación del convenio. Pero la norma general subyacente a este precepto es clara traslación de criterios jurisprudenciales precedentes: La obligación solidaria no es accesoria en un proceso concursal y por ello no queda vinculada, per se, por la sola existencia de un convenio.

En el mismo sentido se pronuncia la sentencia de SAP, Civil sección 5 del 13 de mayo de 2021 ( ROJ: SAP MA 2432/2021 - ECLI:ES:APMA:2021:2432 ); Sentencia: 326/2021 Recurso: 563/2019 SAP, Civil sección 5 del 13 de mayo de 2021 ( ROJ: SAP MA 2427/2021 - ECLI:ES:APMA:2021:2427 ) Sentencia: 325/2021 Recurso: 537/2019; SAP, Civil sección 5 del 30 de abril de 2021 ( ROJ: SAP MA 746/2021 - ECLI:ES:APMA:2021:746 ) Sentencia: 290/2021 Recurso: 381/2019 entre otras "A mayor abundamiento la condena efectuada en sentencia lo es por su de acuerdo con lo establecido en la ley 57/ 1968 de 27 de Julio , como depositario de las de cantidades anticipadas para la construcción de viviendas ( y la jurisprudencia pacífica y constante que la desarrolla desde el año 2015 ) y sin que pueda calificarse de incorrecta la imposición de intereses en base a una pretendida e inexistente laguna legal que no establecería la fecha de devengo y en una normativa que entró en vigor el 1 de enero de 2016 que no tiene carácter retroactivo para relaciones basadas en la Ley 57/ 1968 , añadiendo una interpretación de la doctrina del retraso desleal que sistemáticamente ha venido siendo rechazada por los Tribunales para asuntos relacionados con reclamaciones reguladas por la normal especial , olvidando que la aplicación de la Ley Concursal en cuanto a intereses (art 59 ) solo afecta a las empresas concursadas , no a sus avalistas, y poniendo de manifiesto como todos los argumentos han sido desestimados por la práctica totalidad de los Tribunales trayendo a colación, entre ellas la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo del 2016 , dictada en un supuesto similar , a las que podíamos añadir otras muchas dictadas por esta misma Sección en igual sentido entre otros en los Rollos de Apelación nº 201/ 2017 , 708/17 y 888/ 17 , fijando los intereses desde que se hicieron los ingresos en la entidad y hasta su efectivo pago , desprendiéndose de ello que el día inicial del computo de los intereses , si así se pide en el suplico , como es el caso, se fija desde que las cantidades salen de la esfera patrimonial de los apelantes y ello es concorde con lo dispuesto en el articulo 2 de la ley 57/1968 de 27 de julio y con lo dispuesto en la disposición Adicional primera apartado c) de la Ley de Ordenación de la Edificación de fecha 5 de noviembre de 1999 donde la devolución contemplada comprende las cantidades entregadas mas los intereses legales del dinero vigente desde el momento en que se haga efectiva la devolución, infiriéndose de ello que lo pretendido por el legislador es que el consumidor salga indemne.

Asimismo dado que nos encontramos ante una responsabilidad legal, por haber admitido el ingreso en las cuentas abiertas a nombre de la promotora, sin exigir el cumplimiento de las garantías que establece el artículo 1.1 de la citada ley, por lo tanto no es aplicable lo establecido en los artículos 1826 y ss. del Código Civil, en especial el artículo 1826 del citado texto legal en orden a que el fiador puede obligarse a menos, pero no a mas que el deudor principal, en la medida que la responsabilidad del banco no es una responsabilidad por ser fiador o garante de las cantidades, sino una responsabilidad ex lege, debiendo por lo tanto responder de las consecuencias legales de no haber exigido el cumplimiento de esas obligaciones, entre ellas el haber exigido la fianza o el aval correspondiente, fianza o aval, que como ha quedado acreditado en los autos, si se ha otorgado en relación a otras promociones de la misma promotora, todo lo cual debe llevar a entender que la obligación de la entidad bancaria debe comprender el pago de los intereses, no solo hasta la fecha en que se declaró en concurso a la entidad promotora, sino hasta el momento de devolución o consignación de las cantidades entregadas a cuenta.

En este sentido se han pronunciado como otras audiencias entre ellas SAP, sección 9 del 21 de enero de 2021 ( ROJ: SAP M 110/2021 - ECLI:ES:APM:2021:110 la Audiencia Provincial de Madrid., Murcia Sección 1º Sentencias de 03/09 / 2020 , y 27/06/ 2019 , Sección 1º sentencias 11/05/ 2020 y fecha 16/03/ 2020 ; Audiencia Provincial de Jaen sección 1º Sentencias de fecha 20 marzo de 2019 nº 301 / 19 y 304 ./ 19

Por último hemos de precisar la regulación concursal de los intereses devengados, que aclara la SAP Jaén de 20 de marzo 2019:

"En cuanto a los intereses legales vigentes que se imponen en la instancia debe confirmarse los fundamentos de la sentencia recurrida. Efectivamente, la STS de 13 de marzo de 2016 , que recoge un supuesto similar al presente (ingreso de cantidades con inexistencia de aval), el Alto Tribunal estima el recurso de casación por interés casacional y condena a los intereses legales desde que se hizo el ingreso en la entidad demandada y hasta su efectivo pago, pues de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional primera, apartado c) de la Ley de Ordenación de la Edificación se infiere que lo pretendido por el legislador es que el consumidor quede totalmente indemne, sin qu sea tan siquiera necesario cuantificarlos en la demanda, sino que bastaba con solicitarlos.

Dichos intereses se devengarán hasta el momento del efectivo pago de las cantidades adeudas sin que la declaración de concurso, ni lo dispuesto en el art. 59 de la Ley Concursal (RCL 2003, 1748) , afecten al garante. El artículo 59 de la Ley Concursal establece que desde la declaración de concurso quedará suspendido el devengo de los intereses, legales o convencionales, salvo los correspondientes a los créditos con garantía real, que serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía. A primera vista y dado que el fiador no puede obligarse a más que el deudor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.826 del Código Civil (LEG 1889, 27) , habrá de considerarse que esta suspensión beneficiará también al fiador. Sin embargo, del propio artículo 59 LC se desprende que la suspensión del devengo de intereses es precisamente eso, una suspensión; no una desaparición o eliminación de los mismos. Dice el apartado segundo de tal precepto: no obstante, cuando en el concurso se llegue a una solución de convenio que no implique quita, podrá pactarse en él el cobro, total o parcial, de los intereses cuyo devengo hubiese resultado suspendido, calculados al tipo legal o al convencional si fuera menor. En caso de liquidación, si resultara remanente después del pago de la totalidad de los créditos concursales, se satisfarán los referidos intereses calculados al tipo convencional.

Por tanto, la obligación de pago de intereses sigue teniéndola el deudor aún cuando fuera lo último en pagar (téngase en cuenta que se abonarían tras los créditos subordinados, por lo que su cobro sería muy dudoso pero todo es posible).Y así, el fiador vendrá obligado a abonarlos.

Igualmente tiene declarado el TS en sentencias de 23/7/15 y 4/7/18 , tan siquiera los efectos novatorios del convenio, con la quita y espera que puede otorgarse al concursado, altera el derecho de los compradores a dirigirse contra la aseguradora para la restitución garantizada en caso de incumplimiento de la obligación de la promotora (dado que por la naturaleza de la garantía que establece la Ley, el comprador se puede dirigir indistintamente contra el promotor o contra el garante)."

Esta doctrina se recoge en innumerables sentencias como la dictada por la sección 13a de la Audiencia Provincial de Madrid el 10 de enero 2020, de la sección 19a de 26 de junio de 2019, o por la Audiencia de Murcia, Sección 1a, que en su Sentencia de 25 de marzo de 2019, Rec. 2/2019, señala "El segundo argumento es el relativo a la suspensión del cómputo de los intereses por aplicación del artículo 59 LC en relación con la limitación de la responsabilidad del avalista a los mismos términos en los que debe de responder el deudor principal. También debe de ser rechazado tal motivo, pues el pago de los intereses es una consecuencia directa que se impone por la Ley 57/1968 y ahora por la Disposición Adicional Primera de la ley de Ordenación de la Edificación a las aseguradoras o entidades de crédito avalistas de las cantidades anticipadas a cuenta, de manera que no son intereses derivados del incumplimiento de las obligaciones de la promotora vendedora, sino del incumplimiento por estos avalistas de sus propias obligaciones legales de control de dichas cantidades y de su ingreso en la cuenta especial".

En la mayor parte de los supuestos analizados por el Tribunal Supremo el promotor está en concurso de acreedores, y en todas ellas el devengo se ha establecido desde la fecha de cada pago y hasta la completa satisfacción del principal reclamado."

Por las razones expuestas, procede confirmar íntegramente la sentencia recurrida también con respecto a este particular , incluyendo la condena en cuanto a las costas causadas en la instancia a la demandada pues la desestimación del recurso conlleva la estimación integra de la demanda y la procedencia de aplicar el principio del vencimiento objetivo recogido en el articulo 217 LEC

SEXTO.- El tercer motivo se centra en improcedencia de la condena en costas de la instancia , para el supuesto de estimación del recurso , pues ello supondría una estimación parcial de la demanda , por lo que no procedería la condena en costas . El último motivo de apelación, relativo a la condena en costas de la primera instancia, debe anticiparse que será igualmente desestimado.

.- En primer lugar, la propia parte apelante condicionaba este motivo al éxito de la primera de las causas de impugnación planteadas en su recurso, por lo que el decaimiento de la misma razonado en el fundamento de derecho anterior impide que se pueda entrar a valorar este motivo, en cierto modo subsidiario.

.- En segundo lugar, existe una estimación total de la demanda tanto en su pretensión principal como en relación a la petición de intereses, que como bien señala la parte apelante tiene una importante incidencia económica, dado el tiempo transcurrido desde la fecha del pago realizado por la actora, al no estimarse , no cabe sini la confirmación de la sentencia sobre este particular pues resulta de plena aplicación la condena en costas a la parte apelante y demandada en virtud del principio de vencimiento objetivo establecido en el artículo 394.1 LEC, sin que exista, ni se hayan alegado, ningún tipo de dudas de hecho o de derecho que justifiquen la aplicación de la excepción prevista en dicho artículo.

SEPTIMO.- Por todo lo anterior, procede la desestimación del recurso de apelación interpuesto por la demandada UNICAJA , con la consiguiente confirmación de la sentencia recurrida. Lo que comporta la condena de las partes apelantes al pago de las costas de la segunda instancia, por aplicación del art. 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Conforme establece el punto 9 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O. 1/2009, cuando el órgano jurisdiccional confirme la resolución recurrida, el recurrente perderá el depósito, al que se dará el destino legalmente previsto.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación. En atención a lo expuesto, en nombre de S.M. el Rey y por la autoridad conferida en la Constitución,