Sentencia Civil 81/2024 Audiencia Provincial Civil de Córdoba nº 1, Rec. 797/2023 de 25 de enero del 2024

PRIMERO.- El origen del recurso interpuesto contra la sentencia dictada el 16.12.2022, y cuya parte dispositiva ha sido transcrita, se encuentra en las demandas de divorcio acumuladas interpuestas por D. Juan Ramón y Dña. Florencia, en las que se promovió también la adopción de medidas definitivas. Contrajeron matrimonio el 14.10.1989 y tienen dos hijos, D. Ernesto nacido el NUM000.1991 y D. Benjamín nacido el NUM001.1997. El régimen económico del matrimonio era el de gananciales y la convivencia quedó definitivamente rota el 3.7.2021.

Por lo que aquí importa (puesto que no ha sido discutida la pensión que por alimentos se ha fijado a cargo del progenitor y a favor del hijo Benjamín, ni que la parte apelada siga conviviendo en el domicilio conyugal mientras que conviva en él el hijo Benjamín) el único pronunciamiento que se recurre es el establecimiento de una pensión compensatoria a favor de la Sra. Florencia con apoyo en el art. 97 CC.

En la sentencia apelada se concreta del siguiente modo las circunstancias que se han tenido en cuenta para conceder la pensión compensatoria por importe de 700 € mensuales y con carácter indefinido: " nos encontramos con un matrimonio celebrado en el año 1989, por lo que dura 33 años, y si analizamos con arreglo a las reglas de la sana crítica las pruebas practicadas en el acto de la vista nos encontramos con que es una realidad que Florencia cuenta con 57 años y una nula cualificación académica, que es cierto que trabajó durante los dos años que tuvieron el negocio de golosinas y 6 meses en una chucherria y otros dos años ayudando en un negocio familiar estando constante matrimonio, mientras que el demandado, del que apenas se conoce dato alguno anterior a la concesión de la pensión debido a la orfandad probatoria, siendo que lo único que se sabe que desde 2002 recibe la pensión de gran invalidez antes mencionada, todo esto hace apreciar que en el presente caso, ponderando las circunstancias familiares, se considera que ha sido Florencia quien, pese a ese escaso tiempo que estuvo trabajando, es la persona que se ha dedicado al cuidado de los hijos, y a la vista de lo escuchado no sólo de los hijos sino también del propio Sr. Juan Ramón por sus problemas de visión, alcohol y drogas que han puesto de manifiesto en sala tanto Florencia como su hijo mayor de edad Ernesto, siendo así que a día de hoy Benjamín conviven en el mismo domicilio familiar y sólo uno de ellos, Ernesto, tiene independencia económica, y ello no hace sino poner de manifiesto la dedicación de la esposa al cuidado de los hijos durante la duración del matrimonio, y que por tanto la economía familiar se ha nutrido de modo prácticamente exclusivo, al menos desde 2002 y por tanto durante toda esa convivencia conyugal de los recursos económicos del Sr. Juan Ramón, pues se puede comprobar documentalmente que la actora no trabaja apenas, sin que exista tampoco prueba documental alguna que acredite las alegaciones de Florencia de que con anterioridad al matrimonio estuvo trabajando casi 14 años dejándolo al contraer matrimonio y no se vislumbra que a corto o medio plazo, careciendo de formación, con los problemas de salud que dice padecer en base a un informe psicológico de parte, pues no acredita que la misma esté siguiendo tratamiento psicológico, y con la edad de 57 años se duda seriamente que la esposa en la época actual que vive la sociedad pueda ejercer un trabajo del que obtenga una remuneración que le permita prescindir de la ayuda económica de su esposo, que tiene una pensión estable con ingresos de unos 2.300 euros".

Recurre en apelación el Sr. Juan Ramón esgrimiendo: (1) Infracción, por inaplicación, o aplicación indebida del artículo 217.2 y 3, siguientes y concordantes de la LEC, respecto de la carga de la prueba, y consecuentemente, error del Juzgador de Instancia en la valoración del material probatorio, y (2) Infracción, por inaplicación, o aplicación indebida del artículo 97, siguientes y concordantes del Código Civil, así como de la naturaleza y requisitos de la pensión compensatoria y consecuentemente, error del Juzgador de Instancia en la valoración del material probatorio. Por lo demás, en el recurso se resalta (i) que está acreditado documentalmente la existencia de bienes tanto de naturaleza ganancial como privativos de ambos cónyuges y que la Sra. Florencia está inmersa en el mundo laboral y empresarial, (ii) que no hay prueba alguna, aunque sea indiciaria, que acredite la dedicación por parte de la esposa a la familia, cuya prueba incumbía a la solicitante, (iii) que no se ha tenido en cuenta que el Sr. Juan Ramón se le concedió el 29.5.2002 una incapacidad permanente por enfermedad común, continuando trabajando en la ONCE, obteniendo la gran invalidez el 30.9.2010, por lo que la única fuente de ingresos es el producto del derecho personalísimo de carácter privativo, (iv) que la Sra. Florencia ha trabajado antes y durante el matrimonio, por lo que no existe traba alguna en su inserción en el mercado laboral, y (v) que las declaraciones efectuadas por el hijo ofrece serias dudas de su credibilidad, pues desde los 17 años ha residido fuera del hogar familiar.

SEGUNDO.- Conviene recordar que el presupuesto fáctico determinante del nacimiento del derecho a la pensión compensatoria, tal como la recoge el artículo 97 del Código Civil, es el desequilibrio económico que para uno de los cónyuges puede significar la separación o el divorcio en relación con la posición del otro y que lleva a un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio. Con la pensión compensatoria se pretende, en cierta medida, perpetuar tras la ruptura de la convivencia conyugal la situación económica habida durante la misma. Por ello, para valorar el empeoramiento a que hace referencia el Código, debemos comparar el "status" económico del matrimonio con la situación económica del cónyuge que pide la pensión.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la mayor parte de las separaciones y los divorcios tienen una incidencia negativa en la economía de ambos cónyuges y es imposible equilibrar aritméticamente la situación de ambos con la tenida en período de convivencia; por ello, la mayoría de la doctrina, el hilo de lo que antecede, afirma que el reequilibrio no tiene que suponer una igualdad entre los patrimonios de ambos, sino hallarse cada uno de ellos, de forma autónoma, en la posición económica que le corresponde según sus propias actitudes y capacidades para generar recursos.

Este Tribunal viene manteniendo que la figura que contempla el artículo 97 del Código Civil no puede concebirse como un instrumento de indiscriminada nivelación o, al menos, aproximación de las dispares economías de los cónyuges que, latente durante la convivencia matrimonial, haya de activarse de modo automático al surgir la crisis convivencial que se somete a la regulación de los tribunales, pues la verdadera finalidad del citado derecho es la de ayudar al cónyuge beneficiario en tanto el mismo alcanza, si ello fuera posible, aquel grado de promoción profesional y, por ende, autonomía económica de que hubiere podido disfrutar de no haber mediado el matrimonio, en cuanto dicha unión, por la dedicación de aquél al cuidado de la familia y tareas del hogar, le haya supuesto un impedimento, o rémora, en su incorporación al mercado de trabajo o progresión en el mismo.

Por lo demás, aunque no tenga carácter alimenticio ( STS 2.12.1987) a efectos de competencia internacional se considera sin embargo que participa de la naturaleza de obligación alimenticia, y así lo señala la STS 17.2.2021 (rec.5281/2019).

Finalmente, no puede obviarse el hecho de que, privada la pensión compensatoria del componente asistencial, lo que legitima que el cónyuge más desfavorecido por la situación de desequilibrio económico producida por la ruptura, pueda instar su compensación mediante una pensión a cargo del cónyuge menos desfavorecido, es que tal desequilibrio traiga causa de la pérdida de derechos económicos o legítimas expectativas por parte del cónyuge más desfavorecido por la ruptura, a consecuencia de su mayor dedicación al cuidado de la familia, razón por la cual la pensión, de concederse, deberá fijarse en cuantía y duración suficiente para restituir a este en la situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas, a las que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial.

Por último, recapitulando, el derecho al percibo de dicha pensión descansa, pues, sobre tres presupuestos esenciales: uno, de carácter económico, cual es la existencia de un claro e inequívoco desequilibrio patrimonial en uno de los cónyuges en relación con el otro y respecto al nivel de bienestar por ambos disfrutado durante la etapa de normal convivencia marital; otro, de índole temporal, consistente en la realidad de una agravación en la situación económica comparada con el nivel de vida anteriormente mantenido; y un tercero, de carácter causal, como es la relación de causalidad material y directa entre aquella situación económica, desventajosa para uno de los cónyuges, y el hecho del cese de la vida en común. Así, dice la STS 407/2018, de 29 de junio, con cita de otras, señala: " El punto principal se refiere al concepto de desequilibrio y el momento en que este debe producirse y así dice que "(...) tal desequilibrio implica un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio; que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura, por lo que no se trata de una pensión de alimentos y lo que sí ha de probarse es que se ha sufrido un empeoramiento en su situación económica en relación a la que disfrutaba en el matrimonio y respecto a la posición que disfruta el otro cónyuge"".

TERCERO.- En orden a dar una respuesta a la cuestión trasladada a la alzada, conviene recordar que si bien en los procesos matrimoniales " deben seguirse criterios de mayor flexibilidad que los del "onus probandi", habida cuenta de que los hechos base de las pretensiones de los litigantes, consisten habitualmente en acontecimientos que suelen producirse en el ámbito de las relaciones privadas de los cónyuges, razón por la que no suelen trascender a la realidad exterior" ( SAP Córdoba de 25.4.2005), también lo es que en esta materia se exige un especial deber de colaboración a las partes en orden a exponer con claridad los hechos relevantes aportando todos los medios probatorios que tengan a su alcance. Como en el caso de autos no se ha contado con esta colaboración, resulta necesario delimitar los hechos que han sido alegados, de los hechos que efectivamente aparecen acreditados.

En el recurso se incide en la naturaleza de la pensión que de Gran Invalidez percibe el Sr. Juan Ramón. Se argumenta que tal pensión, de naturaleza privativa y personalísima, tiene por finalidad paliar los daños y perjuicios que sufre el Sr. Juan Ramón y que le es imprescindible para pagar la permanente ayuda de tercera persona para la realización de las actividades de la vida diaria. Ahora bien, no sólo no acredita que tal ayuda de tercera persona tiene un coste económico, sino que ha de tenerse en cuenta que se trata de un ingreso fijo, cuya cuantía ha venido dada por el tiempo que ha estado trabajando ( artículo 197 del RDL 8/2015, LGSS), y que viene a acreditar la capacidad económica del actor.

Entiende, por ello, este Tribunal que la parte actora confunde el carácter privativo que tiene la percepción de la referida pensión por gran invalidez (así lo señala la STS de 14.12.2017 porque, por su propia naturaleza y función, la titularidad de esta pensión guarda una estrecha conexión con la personalidad -es inherente a la persona- y con el concepto de resarcimiento de daños personales, pues se dirige a compensar un daño que afecta a la persona del trabajador que, a consecuencia de una enfermedad o accidente, ve mermada su capacidad laboral), con que ese ingreso no pueda ser computado a la hora de fijar la pensión compensatoria para el caso que la Sra. tenga derecho a la misma. Podrá discutirse la efectividad del embargo de esa prestación (en la medida que el artículo 44 del RDL 8/2015 señala que las prestaciones de la Seguridad Social no pueden ser objeto de retención salvo cuando se trate de obligaciones alimenticias a favor del cónyuge e hijos) pero es claro que siempre habrá otros bienes y que el citado artículo 44 se remite en materia de embargo a lo establecido en la LEC, siendo así que los Tribunales vienen señalando que en caso de ejecución del pronunciamiento de pensión compensatoria no se aplican los límites a la embargabilidad del salario mínimo del artículo 607 LEC ( AAPP Madrid-22ª 03.06.2003, rec.58/2003; Baleares-5ª 28.4.2005, nº 52/2005, rec.118/2005; Salamanca-1ª 28.5.2009, nº 76/2009, rec.134/2009; La Coruña-4ª 18/10/2012, nº 413/2012, rec.540/2012).

En conclusión, por el mero hecho de que el Sr. Juan Ramón sólo sea perceptor de una pensión de gran invalidez no conlleva el que no pueda señalarse a favor de la Sra. Florencia pensión compensatoria alguna si tiene derecho a ello.

CUARTO.- Como quiera que las circunstancia contenidas en el artículo 97.2 CC no sólo actúan como elementos que permitan fijar la cuantía de la pensión, sino que también actúan como elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de cada una de las circunstancias ( STS -1ª, Pleno- 19.1.2010 (S.864/2010, rec.52/2006 ) nos debemos detener -tal como hace el recurso- en cada una de ellas.

1. Respecto de los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges, si bien es cierto que las posturas de ambas partes en relación a la pensión compensatoria son diametralmente opuestas, este Tribunal considera necesario traer a colación dos extremos en los que ambos han mostrados su conformidad: el que el hijo Benjamín, de 26 años de edad, reciba de su padre una pensión alimenticia (en la sentencia se fija en 300 euros, que es la cantidad que voluntariamente le venía abonando y no los 200 € solicitado por la parte demandada, y ello por cuanto carece de ingresos y depende de sus padres) y el que la Sra. Florencia permanezca en el uso y disfrute del que fuera vivienda familiar, que es bien ganancial.

Es cierto que el Sr. Juan Ramón no ha acreditado que abone una renta mensual de arrendamiento ascendente a 500 € mensuales, pero es claro que no teniendo otra vivienda, esa cesión del uso a su ex esposa e hijo le supone tanto a él un coste económico (deberá afrontarlo de algún modo, aunque sea ayudando económicamente a la persona que le cede habitación) como a la Sra. Florencia le evita el tenerlo.

2. La edad y estado de salud .

Dña. Florencia, nacida el NUM002.1965, esto es con 58 años. Aunque en el acto de la vista manifestó tener problemas psicológicos (minuto 31.56) no lo acredita pese a decir que recibe tratamiento psicológico.

D. Juan Ramón, nacido el NUM003.1967 percibe una pensión de Gran Invalidez (que es un grado de la incapacidad permanente, artículo 194.1.d) y ello desde el 29.5.2002. Pensión que a partir de mayo de 2022 ascendió a 2.307'05 €. Como señala el artículo 194.6 DT 26ª LGSS 2015 " Se entenderá por gran invalidez la situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos".

3. La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo.

Se desconoce la cualificación profesional de ambos. El actor ha aportado su vida laboral en el que aparece que ha figurado de alta en el Sistema de la Seguridad Social durante más de 21 años, constando que desde el año 1999 hasta el 31.10.2010 estuvo de alta en la Organización Nacional de Ciegos.

Aunque en la contestación a la reconvención el Sr. Juan Ramón argumentó que antes del matrimonio la progenitora desarrolló unos breves y esporádicos trabajos de apoyo en labores de recolección de la aceituna, por cuenta ajena, en compañía de sus padres y que durante el matrimonio también ejerció de forma esporádica y breve, varios trabajos (en una churrería, alrededor de dos meses -cuando el hijo mayor tendría unos trece o catorce años-), en limpieza o asistencia al hogar de un tercero (unas dos o tres semanas -existiendo las necesidades habituales de sus hijos menores de edad-), y durante tres o cuatro años, dejaba al hijo menor al cuidado del padre, para ayudar a su hermana en la cocina de un establecimiento en DIRECCION000 durante las festividades de dicha localidad, es lo cierto y relevante que nada de ello se ha probado.

Lo que si resulta relevante es que habiendo alegado la Sra. Florencia que durante el matrimonio sólo se dedicó a la familia y que los 14 años que tiene cotizados es cuando trabajó de soltera (minuto 30.59 del video 1º), lo cierto es que cuando se ha hecho consulta en el Punto Neutro Judicial aparece reflejado una prestación por subsidio REASS, del 7.4.1999 al 1.11.1999. Se trata de un subsidio agrario para personas trabajadoras, siendo así que el matrimonio fue concertado diez años antes. En el acto de la vista practicada en la alzada no se ha aclarado esta contradicción. Sea como sea igualmente consta que fue dada de alta en el Régimen Agrario por cuenta ajena el 1.2.1989 y fue dada de baja el 31.1.2001, esto es 4.383 días. Es más, en la vista celebrada en la instancia la Sra. Florencia reconoció que trabajó ya de casada 5 meses en una cafetería sin estar dada de alta en la Seguridad Social (minuto 31.10).

Por lo demás, aparece acreditado que el Sr. Juan Ramón no puede trabajar y que la Sra. Florencia en junio de 2020 se dio de alta como autónoma y en enero de 2023, junto a su hijo Benjamín, aperturó un negocio del que fue dado de baja en diciembre de ese año esgrimiendo que no le reportó ningún beneficio. El motivo del cierre no ha quedado acreditado.

4. La dedicación pasada y futura a la familia.

En la demanda reconvencional la Sra. Florencia argumentó que toda su vida se ha dedicado al cuidado de su esposo e hijos, extremo negado de contrario.

5. La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.

Sobre este extremo no se dijo nada en la demanda reconvencional. Fue con ocasión de su interrogatorio cuando se trae a colación el que ella le ayudó cuando tuvo su marido problemas cuando trabajaba en la ONCE (minuto 18.44 del video 1º) y que se había ido muchos días con él cuando vendía cupones ayudándole (minuto 30.22). Tampoco ha quedado acreditado.

6. La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal.

En la demanda inicial se señala que el matrimonio fue contraído el 14.10.1989 y que el 3 de julio de 2021, tras unas serias discusiones el actor salió del domicilio común. Se admite en la contestación que la convivencia duró casi 32 años.

7. La pérdida eventual de un derecho de pensión.

Aunque se ha aportado un certificado en el que se indica que la Sra. Florencia no figura como titular de pensiones del Sistema de la Seguridad Social ni de otras pensiones o prestaciones públicas, lo decisivo es que la parte que lo esgrime ( artículo 217.1 LEC) debería haber acreditado qué pensión o prestación ha pedido y que no puede percibir, pues es público y notorio que son varias las prestaciones públicas que se prestan a quien en su unidad familiar (ya se ha disuelto el matrimonio) no tienen suficientes recursos (como el Ingreso Mínimo Vital, para los mayores de 60 años el subsidio SEPE, la Renta Mínima de Inserción Social...).

8. El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge.

Respecto del caudal, además de la pensión por Gran Invalidez ya referida, sólo consta que el actor señaló como sus bienes privativos (además de un moto Rieju, herramientas, grupo electrógeno y hormigonera depositados en parcela privativa, así como ropa y enseres personales) una parcela situada en DIRECCION001 de DIRECCION002 (finca NUM004), adquirida por división tras herencia el 24.1.2008. Respecto de la Sra. Florencia, se señaló como bienes privativos - adquirido en el 2003 por herencia- sólo un 16'67% de una parcela situada en DIRECCION003 de DIRECCION002, pues el 83'33 restante parece ser que lo califica de ganancial.

En cuanto a las necesidades, nos remitimos a lo ya dicho.

CUARTO.- La aplicación de la doctrina recogida en el fundamento segundo al caso enjuiciado (en atención a las circunstancias resaltadas en el fundamento que le sigue) determina que deba estimarse el recurso formulado pues frente al Sr. Juan Ramón (que percibe una pensión de gran invalidez), la Sra. Florencia no adolece de padecimientos que le incapaciten para el trabajo.

Además, debe tenerse en cuenta que en la sentencia apelada (fechada el 16.12.2022) se fijó una pensión compensatoria a su favor que habrá abonado ya (o deberá abonar) el demandado hasta la fecha de la dictada en la alzada (enero de 2024), es decir, que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 774.5 de la LEC (el recurso de apelación no suspende la eficacia de las medidas acordadas) la Sra. Florencia ya lleva más de un año percibiendo la pensión.

Por otra parte, ha quedado acreditado que durante el matrimonio la apelada ha estado trabajando, sin que haya quedado probado que su situación laboral y económica actual sea más desfavorable consecuencia de su dedicación a la familia y al cuidado de su marido, sin que tampoco conste que se le hayan mermado expectativas laborales razonables por su dedicación a la familia y precisamente por no tener ahora que cuidar al apelante podrá retomar, si lo desea con mayor intensidad, su actividad laboral, como así lo ha hecho porque, como también apunta la doctrina jurisprudencial, " la simple desigualdad económica no determina de modo automático un derecho de compensación y es preciso ponderar en conjunto la dedicación a la familia, la colaboración en las actividades del otro cónyuge, la situación anterior al matrimonio, el régimen de bienes a que haya estado sometido el matrimonio, así como "cualquier otra circunstancia relevante", de acuerdo con lo dispuesto en la recogida en último lugar en el art. 97 CC " ( STS 100/2020, de 12 de febrero, con cita de la STS 96/2019, de 14 de febrero).

Lo expuesto conduce a la estimación del recurso.

QUINTO.- No se efectúa pronunciamiento alguno en materia de costas procesales causadas en esta alzada al estimarse el recurso de apelación en virtud del art. 398.2 de la LEC.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de pertinente y general aplicación.