Sentencia Civil 258/2023 Audiencia Provincial Civil de A Coruña nº 5, Rec. 50/2022 de 04 de julio del 2023

PRIMERO.- Objeto del recurso.

La sentencia dictada por la Ilma. Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Betanzos, en los autos de juicio ordinario núm. 544/2020, estima íntegramente la demanda interpuesta por CUSOVIAME, S. COOP. GALEGA frente a doña María Consuelo y Gandería Aguiar SC, condenando a ambas solidariamente a abonar a la actora la suma de 12.648,78 euros, más los intereses correspondientes en base a los criterios establecidos en el artículo 7 de la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad. Todo ello con expresa imposición de costas a la parte codemandada.

El importe de 12.648,78 euros se corresponde con las facturas reclamadas por la demandante, que es una sociedad cooperativa que, entre otras actividades, se dedica a la producción y venta a sus socios de productos agrícolas, piensos y alimentación específica para animales.

Doña María Consuelo interpuso recurso de apelación contra la citada sentencia, instando su revocación sobre la base del error en la valoración de la prueba en el que incurre. Centrando su argumentación en el dato de que la sociedad civil fue disuelta el 17 de diciembre de 2018, con anterioridad a la reclamación extrajudicial e inicio de las actuaciones judiciales. Sociedad que no puede ser condenada. La apelante no responde solidariamente de las deudas. De igual forma, mantiene que las mercancías no se entregaron. Los albaranes no fueron aportados. Se trata de facturas del año 2012 y se ha esperado ahora para reclamar. Los testigos de la parte demandante son parte interesada.

Dado traslado del recurso, CUSOVIAME, S. COOP. GALEGA se opuso al mismo, insistiendo en la inexistencia de error en la valoración de la prueba.

En consecuencia, son varias las cuestiones planteadas en el recurso, sobre la base del error valorativo expuesto:

1) La posibilidad de condenar de forma autónoma a una sociedad civil extinguida. Atendidos los emplazamientos, declaración en rebeldía de la sociedad civil y condena solidaria fijada en el fallo. Lo que nos traslada al ámbito de la legitimación.

2) La existencia de pruebas que avalen la realidad de la deuda.

SEGUNDO.- El error en la valoración de la prueba. La legitimación. La sociedad civil.

2.1 El error en la valoración de la prueba.

El recurso ordinario de apelación es concebido como una simple revisión del procedimiento anterior seguido en la primera instancia, permitiendo al órgano "ad quem" conocer y resolver todas las cuestiones planteadas en el pleito - T.S. 1ª SS. de 6 de julio de 1962 y 13 de mayo de 1992 -.

Por lo tanto, la Sala, en cuanto órgano "ad quem", tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el Juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos ("quaestio facti") como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes ("quaestio iuris") para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y substantivas de aplicación al caso ( SSTS. 21/abr/93 [ RJ 1993, 3111], 18/feb/97 [ RJ 1997, 1427], 5/may/97 [ RJ 1997, 3669], 31/mar/98 [RJ 1998, 2038], y STC 15/ene/96 [RTC 1996, 3].

Ahora bien; resulta impensable que el proceso valorativo de las pruebas realizado por Jueces y Tribunales de instancia pueda ser sustituido por el practicado por uno de los litigantes contendientes, habida cuenta que la jurisprudencia viene estableciendo al respecto como a las partes les queda vetada la posibilidad de sustituir el criterio objetivo e imparcial de los Jueces por el suyo propio, debiendo prevalecer el practicado por éstos al contar con mayor objetividad que el parcial y subjetivo llevado a cabo por las partes en defensa de sus particulares intereses - T.S. 1ª SS. de 16 de junio de 1970 , 14 de mayo de 1981 , 22 de enero de 1986 , 18 de noviembre de 1987 , 30 de marzo de 1988 , 18 de febrero de 1992 , 1 de marzo y 28 de octubre de 1994 , 3 y 20 de julio y 7 de octubre de 1995 , 23 de noviembre de 1996 , 29 de julio de 1998 , 24 de julio de 2001 , 20 de noviembre de 2002 y 3 de abril de 2003 -, debiendo, por tanto, ser respetada la valoración probatoria de los órganos enjuiciadores en tanto no se demuestre que el juzgador incurrió en error de hecho, o que sus valoraciones resultan ilógicas, opuestas a las máximas de la experiencia o de las reglas de la sana crítica - T.S. 1ª SS. de 18 de abril de 1992 , 15 de noviembre de 1997 y 9 de febrero de 1998 , entre otras-.

La valoración de la prueba realizada por la juzgadora de instancia se considera básicamente correcta, congruente y motivada, salvo en lo relativo a la apreciación de la legitimación de la sociedad civil extinta.

2.2. La sociedad civil.

2.2.1. Son frecuentes las agrupaciones de personas físicas, que aportando un capital y poniendo su trabajo personal, se dedican a la explotación de un negocio o realizan una actividad agrícola, comercial o industrial, con ánimo de partir las ganancias. Agrupación que suele constituirse mediante un simple documento privado, y utilizan en el tráfico mercantil denominaciones de "Sociedad Civil" o de "Comunidad de Bienes". Dado que dicho documento privado es presentado ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a fin de obtener un número de identificación fiscal, muchos de los contratantes creen erróneamente que esa "Sociedad Civil " tiene personalidad jurídica propia, e independiente de los distintos socios, que han formalizado una verdadera sociedad de capital.

Las normas administrativas de carácter fiscal que no tienen la virtualidad de generar personalidades jurídicas independientes. La propia Administración Tributaria les da el tratamiento de uniones sin personalidad, no tributando por el Impuesto de Sociedades, sino por el régimen de atribución de rentas a los efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de cada uno de los comuneros. Desde la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades ha configurado como contribuyentes de este impuesto a las sociedades civiles, exclusivamente cuando tienen personalidad jurídica y objeto mercantil, distinguiéndose por tanto de aquellas sociedades civiles carentes de dicha personalidad o que, teniendo personalidad jurídica, carecen de objeto mercantil.

La carencia de personalidad jurídica conlleva que no estén legitimadas activamente para demandar, como si fuera una personalidad independiente, sino que siempre deberá actuar el miembro de esa sociedad que, según los pactos internos ostente la representación frente a terceros, en beneficio de esa "sociedad civil".

No tienen personalidad jurídica propia. No pueden demandar, pero sí se les puede demandar, si bien finalmente soportarán la acción los socios, gestores o partícipes.

La clasificación como civil o mercantil de esa sociedad viene dada por la naturaleza de las operaciones o actividades que desarrollan: si la intención es obtener lucro de esa explotación, repartiéndose las ganancias, la sociedad tiene carácter mercantil; aplicándose el criterio objetivo que la doctrina científica mayoritariamente contempla para llegar a establecer la naturaleza civil o mercantil de una sociedad ( artículos 116 del Código de Comercio y 1665 y 1670 del Código Civil).

En este caso es claro que GANDEIRIA AGUIAR SC es una sociedad mercantil. Si además, en esa sociedad mercantil faltan los requisitos de la escritura pública fundacional y la inscripción en el Registro Mercantil, tiene el carácter de sociedad mercantil irregular, conforme se vienen interpretando los artículos 116, 117 y 119 del Código de Comercio.

Sociedad mercantil irregular a la que es aplicable la legislación prevista para las sociedades colectivas.

La sociedad irregular con actividad mercantil, ha dicho el Tribunal Supremo en varias sentencias ( STS de 11 de octubre de 2002, 19 de diciembre de 2006) ha de regirse por las normas de la sociedad colectiva respecto de terceros y por sus pactos entre los socios ( Sentencias de 21 de abril de 1987, 20 de febrero de 1988, 16 de marzo de 1989, etc.), no pudiendo estos, invocando dicho carácter irregular, impedir el cumplimiento de las obligaciones contraídas ( Sentencias de 17 de septiembre de 1984, 13 de marzo de 1989).

Y conforme a lo establecido en los artículos 120 y 127 del Código de Comercio, los gestores responden solidariamente frente a terceros con quienes hubieren contratado, sin que esa "Comunidad de Bienes" o "Sociedad Civil " tenga personalidad.

Dice al respecto el art. 127 referido: " todos los socios que formen la compañía colectiva, sean o no gestores de la misma, estarán obligados personal y solidariamente, con todos sus bienes, a las resultas de las operaciones que se hagan a nombre y por cuenta de la compañía, bajo la firma de ésta y por persona autorizada para usarla".

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido entendiendo que una sociedad civil puede ser también mercantil, si su objeto tiene naturaleza mercantil, pero, en cualquier caso, al no haber sido inscrita en el Registro Mercantil, sólo tendrá la consideración de sociedad irregular y por tanto carecerá de personalidad jurídica no teniendo personalidad propia, independiente de las de los miembros que la integran.

En concreto la sentencia del Tribunal Supremo de 14/12/99 dijo lo siguiente " Respecto del motivo tercero (que se apoya en los arts. 1225 del Código Civil y 119 del Código de Comercio es de significar, aparte las evidentes imprecisiones en que incurre, que la sociedad irregular, y corresponde tal condición la mercantil no inscrita, no tiene personalidad jurídica, es decir, carece de autonomía para operar en el tráfico mercantil, como sujeto de derechos y obligaciones, lo que no debe confundirse con la posibilidad que se le reconoce, en determinadas circunstancias, para actuar en el proceso -"legitimatio ad processum"-, ni con la producción de efectos internos entre los socios que la componen, y sin que en modo alguno se pueda dar una situación de litisconsorcio pasivo necesario por no haberse demandado a la sociedad irregular a un pleito en el que se debate la liquidación de la misma, estando presentes todos los socios interesados en el tema, sin que sea de ver que efecto jurídico directo podría resultar del pleito para quien no está presente en el mismo ...".

En parecidos términos la sentencia de 19/12/06.

Y aunque otras sentencias posteriores del Alto Tribunal reconozcan "cierto grado de personalidad "a la sociedad mercantil irregular en tanto que no inscrita en el Registro Mercantil, como las sentencias de 24/11/10, 7/3/12 y la de 24/5/17 (según esta última "... la falta de inscripción de la escritura de constitución no priva de personalidad jurídica a la sociedad, sin perjuicio de cuál sea el régimen legal aplicable en función de si se trata de una sociedad en formación o irregular ..."), lo que es incuestionable es la validez de la constitución de la litis en la que están presentes el tercero que contrata con dicha sociedad irregular y los socios de dicha sociedad que son los obligados personal y solidariamente respecto de todas las obligaciones de la sociedad. Tienen capacidad para ser parte, si no por la vía del artículo 6.1.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a tenor de lo establecido en el artículo 6.2 de la misma Ley según el cual, "podrán ser demandadas, en todo caso, las entidades que, no habiendo cumplido los requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas jurídicas, estén formadas por una pluralidad de elementos personales y patrimoniales puestos al servicio de un fin determinado", siendo la comparecencia en juicio de dichas entidades (ex art. 7.7 LEC) a través de las personas que, de hecho o en virtud de pactos de la entidad, actúen en su nombre frente a terceros".

En conclusión, GANDEIRIA AGUIAR SC no es una sociedad de capital con personalidad jurídica propia e independiente de quienes la forman. No es una tercera persona. Sus socios responden personal y solidariamente.

2.2.2. En el caso de autos, consta acreditada la disolución de la sociedad, con anterioridad a la reclamación extrajudicial e inicio de las presentes actuaciones judiciales.

El documento 1 de fecha 17 de diciembre de 2018, no impugnado (aportado con la contestación de la demanda de doña María Consuelo) se titula "ACORDO DE DISOLUCIÓN DE GANDEIRIA AGUIAR SC". Documento presentado en la oficina liquidadora el 19 de diciembre de 2018.

En su expositivo consta:

a) Su constitución, el 8 de febrero de 2012.

b) Su objeto social: el ejercicio de la actividad empresarial de producción y comercialización de leche, mediante la explotación en común de los bienes y derechos que formen parte de la explotación agraria regentada por la sociedad.

c) Los socios fundadores, al 50%, Amadeo y María Consuelo.

d) Que con motivo del fallecimiento de Amadeo, el 26 de junio de 2018 y por el posterior fallecimiento el 23 de agosto de 2018, de la heredera Esperanza (tal y como se puede constatar con la declaración de herederos de 12 de diciembre de 2018), queda como única heredera María Consuelo (según testamento de 26 de octubre de 2010), que procede a disolver la sociedad civil, siendo María Consuelo la que continúa con la explotación. En consecuencia, María Consuelo es la propietaria del 50% de la sociedad y heredera del otro 50%.

En los acuerdos se hace constar:

1) " Disolver GANDEIRÍA AGUIAR SC con data de hoxe, e transferir a titularidade da explotación a nome de María Consuelo. Para que continúe coa explotación de vacún de leite que se viña desenvolvendo a través da referida sociedade civil.

2) Que María Consuelo subrógase en tódolos derietos e obrigas contraídas pola sociedade civil, continuando coa xestión da explotación como persona física".

En consecuencia, GANDEIRIA AGUIAR SC no es una sociedad de capital con personalidad jurídica propia e independiente de quienes la conforman. No es una tercera persona. Sus socios responden personal y solidariamente. Su única socia acredita la disolución con anterioridad a la presentación de la demanda de juicio monitorio y su asunción de todos los derechos y obligaciones. Lo que resulta coherente con lo expuesto precedentemente de que, encontrándonos ante una sociedad mercantil irregular, los socios quedan obligados personal y solidariamente respecto de todas las obligaciones de la sociedad.

Por tanto, atendidas todas estas consideraciones, procede dejar sin efecto el pronunciamiento condenatorio de GANDEIRÍA AGUIAR SC., al carecer la misma de legitimación.

TERCERO.- La realidad de la deuda.

La juzgadora de instancia consideró acreditada la realidad de la deuda reclamada, en concreto un total de 12.648,78 euros, que se corresponderían con una serie de facturas relativas a servicios prestados desde la cooperativa demandante.

Doña María Consuelo centra su recurso de apelación, en el error en la valoración de la prueba en el que incurre la juzgadora de instancia, al no constar aportados los albaranes, resultando insuficientes las declaraciones testificales practicadas a instancia de la demandante. En su recurso argumentaba también, que se había esperado a la muerte de don Amadeo.

Analizada la prueba practicada, se asumen las consideraciones de la juzgadora de instancia y de la defensa de la cooperativa reclamante. Decisión que la Sala adopta por los siguientes argumentos fundamentales:

a) Es cierta la muerte del socio, pero no puede obviarse que doña María Consuelo constaba como socia al 50%. Por tanto, no integra esta alegación un argumento de defensa.

b) Es cierto que no constan aportados los albaranes justificativos de la entrega de mercancías, pero la prueba testifical es expresiva de la realidad de las relaciones comerciales entre las partes. En el acto del juicio declararon el encargado de los piensos y el veterinario de la cooperativa. Declaraciones que avalan la relación comercial, partidas suministradas y prestación de servicios. Relación y servicios que no fueron negados en la oposición al juicio monitorio:

b.1) el representante legal de la entidad actora, don. Darío (gerente de la cooperativa desde el año 2001), dio una explicación con relación al hecho de que las deudas no hubiesen sido reclamadas con anterioridad, dado que trataron de solucionar el problema con don Amadeo. También detalló la forma en que se realizaban los ingresos. Don Amadeo pasaba por la cooperativa, recogía las facturas y después hacia el ingreso. De ahí que las facturas impagadas se correspondiesen con meses alternos de distintos años.

b. 2) D. Evelio (encargado de la fabricación de piensos), afirmó que la parte codemandada encargaba los piensos con una fórmula personalizada, añadiendo que todos los meses le encargaban la mezcla, la cual sólo se fabricaba, al ser personalizada, cuando dicho socio de la cooperativa así hacía el encargo.

b.3) D. Federico (veterinario de la cooperativa) afirmó que acudía a la explotación ganadera demandada varias veces al mes, para efectuar atenciones o bien para recetar medicamentos desde el año 2013 al año 2018.

c) Las facturas, documentos 1 a 20 de la demanda, constan desglosadas en sus conceptos, todos ellos relativos a la actividad desarrollada por la demandada.

d) Consta el extracto de cuenta de la demandada, documento 22 de la demanda.

e) Figura la subcuenta correspondiente a Gandería Aguiar SC del libro mayor de la cooperativa demandante, donde se reflejan los ingresos realizados por esta, coincidiendo lo expresado con la cantidad reclamada (documento 25).

f) Se adjuntan a la demanda distintas transferencias efectuadas desde la sociedad demandada. documento 27.

En consecuencia, atendido lo precedentemente expuesto, en aplicación del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es por lo que se consideran debidamente acreditadas las pretensiones de la parte actora. Sin que concurra el error valorativo denunciado.

CUARTO.- Las costas.

En aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, atendida la decisión adoptada, que comporta la estimación del recurso con relación a la exclusión de la sociedad demandada, por falta de legitimación, es por lo que no procede efectuar especial pronunciamiento con relación a las costas generadas en apelación. Manteniéndose, ello no obstante, el pronunciamiento condenatorio de las costas de instancia, al tratarse de una estimación íntegra de la demanda entablada contra doña María Consuelo y al constar acreditado que la misma no comunicó a la actora la baja como socia de la sociedad demandada. Así consta al documento 21 de la demanda, según certificado expedido por el Presidente y Secretario de la actora en fecha 29 de septiembre de 2020. A lo que se suma la existencia de una previa reclamación extrajudicial. Documentos 23 y 24 de la demanda.

Vistos los preceptos legales invocados y demás de general y pertinente aplicación.