Sentencia Civil 592/2023 Audiencia Provincial Civil de Lleida nº 2, Rec. 473/2022 de 20 de julio del 2023

PRIMER. La sentència de primera instància desestima l'acció possessòria exercitada en base a l' art. 250.1.4 de la LEC perquè considera acreditat que els demandants coneixien que s'havia produït l'ocupació de l'habitatge, la identitat del posseïdor i perquè amb aquest havien gestionat la formalització d'un contracte d'arrendament. Interposen recurs els demandants al·legant que quan van interposar la demanda no sabien si el Sr. Felicisimo continuava o no sent ocupant del seu habitatge junt amb altres persones no identificades a les quals sembla que cobrava un lloguer per habitació; que aquell havia accedit al pis ocupant-lo per vies de fet sense la seva autorització ni pagar cap lloguer, i defraudant els subministraments bàsics de tot habitatge. Finalment, afegeixen que els actors es van negar a regularitzar la situació dels "okupas" com acredita el fet que no han pogut aportar cap contracte de lloguer.

SEGON. L'acció exercitada pels demandants propietaris del pis objecte de litigi pretén recuperar la seva possessió, per a la qual cosa exerciten l'acció prevista a l' art. 250.1. 4º de la LEC, que tradicionalment es referia als anomenats interdictes de retenir i recobrar la possessió al establir que: "Se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas siguientes: [...] 4º Las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute", al qual es va afegir per la Llei 5/2018 el següent apartat: "Podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social".

Sobre aquesta acció indica la sentència del Tribunal Suprem núm. 283/2020, de 15 de desembre, el següent:

"El art. 441 CC dispone que "En ningún caso puede adquirirse violentamente la posesión mientras exista un poseedor que se oponga a ello. El que se crea con acción o derecho para privar a otro de la tenencia de una cosa, siempre que el tenedor resista la entrega, deberá solicitar el auxilio de la Autoridad competente". De este modo, el Código parte de la distinción entre acción y derecho, ya que se refiere al que se crea "con acción o derecho" para privar a otro de la tenencia de una cosa, aunque remite al poseedor, en todo caso, a solicitar el auxilio de la "Autoridad competente". Se hace con ello eco el Código del principio canónico spoliatus ante omnia restituendus [ante todo hay que reponer en su posesión al que ha sido expoliado]. Y, en el mismo sentido, el art. 446 CC reconoce a todo poseedor el derecho a ser respetado en su posesión, de forma que, "si fuere inquietado en ella, deberá ser amparado o restituido en dicha posesión por los medios que las leyes de procedimiento establecen".

Por su parte, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, en el Título XX del Libro II, mantenía la regulación de los interdictos como un procedimiento especial, distinto de los procesos ordinarios, en los que la finalidad de tutela sumaria de la posesión se manifestaba en la regla que proscribía admitir al demandado escrito alguno cuyo objeto sea impugnar la demanda, ni pretensión que dilatase la celebración del juicio (art. 1655); y en la limitación de las pruebas a las relativas a dos únicos extremos: la posesión del demandante y la perturbación del demandado (art. 1656).

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, ha suprimido los interdictos como un procedimiento especial, al haber sido subsumidos en el ámbito del juicio verbal, regulado en el Titulo III del Libro II, de los procesos declarativos ordinarios, sin las especialidades procesales antes citadas (justificadas en la finalidad originaria de tutela sumaria de la posesión), si bien se mantiene la carencia de efectos de cosa juzgada de la sentencia que recaiga ( art. 447.2 LEC).

3.- La pérdida de las citadas especialidades procesales explica que determinados precedentes de las Audiencias hayan considerado que en la actualidad resulta de menor utilidad para el propietario acudir a la "protección interdictal" del art. 250.1.4º LEC (pretendiendo "la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute"), pudiendo, por lo mismos trámites, acudir al ejercicio de la "acción de precario", con arreglo al artículo 250.1.2º LEC (mediante demandas que pretendan "la recuperación de la plena posesión de una finca ... cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca"), o a la acción del antiguo art. 41 LH, con arreglo al art. 250.1.7º (las instadas por los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, que "demanden la efectividad de esos derechos frente a quienes se oponga a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación"). Incluso no plantea mucha mayor dificultad procesal acudir al juicio ordinario en ejercicio de la acción reivindicatoria.

4.- Por el contrario, las acciones de tutela sumaria de la posesión ("interdictales", según su terminología clásica), del art. 250.1. 4º LEC, conservan todo su interés para el poseedor de hecho que carezca de los títulos que habiliten el derecho a poseer a que se refiere el nº 2 del mismo artículo.

Como se ha señalado por las Audiencias, el art. 250 LEC distingue entre la acción por precario y la acción de tutela sumaria de la posesión (interdictal), aunque ambas estén encaminadas a la recuperación de la posesión, de forma que: (i) en el caso de la acción por precario (nº 2) la legitimación activa se reconoce a favor del dueño, usufructuario, o cualquier otra persona con "derecho a poseer", de acuerdo con la conocida doctrina jurisprudencial de esta sala (sentencias 21 de marzo de 1961 y 26 de abril de 1963), según la cual el desahucio en precario, para ser eficaz, ha de apoyarse en el fundamento, de parte del actor, de la posesión de la finca a título de dueño, usufructuario, o cualquier otro que le dé derecho a disfrutarla; (ii) por el contrario, en el caso del nº 4º, para el ejercicio de la acción de tutela sumaria de la posesión, se reconoce legitimación activa a quien haya sido despojado de ellas o perturbado "en su disfrute".

En consecuencia, en el precario se reconoce legitimación activa a quien tiene el ius possidendi, aunque no tenga el ius possessionis, como poder de hecho sobre la cosa. Por el contrario, en la acción interdictal de retener o recobrar, únicamente se reconoce legitimación activa a quien se encuentre en el disfrute de la cosa, y lo que pretenda sea una rápida protección para la continuación en el goce pacífico de la cosa, como situación de hecho, en la que haya sido perturbado o de la que haya resultado despojado".

I afegeix aquesta resolució el següent:

"Centrados en el ámbito de las acciones de tutela sumaria de la posesión hay que recordar la jurisprudencia de esta sala sobre su ámbito y principales características. Señaló la sala en la sentencia de 21 de abril de 1979 que la protección sumaria interdictal "halla su fundamento en la conveniencia de un logro acelerado y provisional de una paz jurídica inmediata, que, dando solución momentánea al conflicto suscitado, cumpla con unos fines pacificadores y de social armonía... viniéndose de este modo a prohibir aquellos actos de los particulares que unilateralmente, y por su propio poder, quieran imponer por propias vías de hecho, desentendiéndose de los instrumentos jurídicos y de los cauces jurisdiccionales que todo Estado de Derecho concibe y habilita, pues la apariencia posesoria debe ser absolutamente merecedora de respeto y toda destrucción de la misma ha de consumarse acudiendo a los medios jurídicos que el derecho proporciona".

6.- Esta finalidad y caracterización de la acción de tutela sumaria de la posesión, se ha mantenido en nuestra jurisprudencia a lo largo de los años hasta nuestros días. Así la sentencia de esta Sala Primera 467/2016, de 7 de julio, haciéndose eco de otros precedentes, ha insistido en el dato esencial de que la discusión sobre el título constitutivo del eventual derecho a la posesión del demandante interdictal excede del ámbito de esta clase de procedimiento, pues se trata de "un simple proceso sumario en el que no se deciden definitivamente cuestiones de propiedad o de mejor derecho a poseer, reservadas para su posterior juicio declarativo, dado que basta para otorgar al actor la protección interdictal con la existencia de una apariencia razonable de titularidad como fumus bonus iuris, por cuanto es suficiente tal apariencia para que se mantenga el statu quo que el demandado ha pretendido alterar, dada la naturaleza cautelar del proceso que, como señala la STS de 29 de julio de 1993, se concibe únicamente en función de otro principal e incluso en ocasiones posterior, del que es procedimiento instrumental o subordinado [...] ( STS de 8 de febrero de 1982)".

Se mantiene así el criterio que ya expusiera la sala en la sentencia de 21 de abril de 1979 al subrayar el ámbito restringido y la específica naturaleza de este proceso sumario, que "viene limitado estrictamente a la posesión de mero hecho con exclusión de toda controversia sobre el dominio o cualquier otro derecho y del análisis o calificación del título aducido por el poseedor despojado, temas que requieren para su planteamiento y fundada decisión los amplios cauces del proceso declarativo [...]".

7.- En el mismo sentido declaró la sentencia de esta sala 1110/2008, de 25 de noviembre, que:

"Los interdictos son procesos posesorios que, al centrarse en la posesión de hecho, la sentencia carece de fuerza de cosa juzgada, no se pronuncia sobre el derecho que pueda justificar la posesión, que cabe dilucidar en un proceso declarativo ulterior. El de retener o recobrar la posesión, los únicos típicamente posesorios, tienen como objeto la conservación o la recuperación de la posesión actualmente tenida. Así, la tutela judicial efectiva se limita a mantener la posesión que tenía el demandante o recuperarla, si había sido despojado de ella [...] sin alcanzar a la titularidad de los mismos [...]".

Razón por la cual esta Sala Primera censuraba que la Audiencia hubiera entrado directamente en la discusión sobre la existencia o no de un título jurídico habilitante de la posesión (en aquel caso una servidumbre), tema reservado al correspondiente juicio declarativo.

8.- Como sucedía en el caso de los interdictos de retener y recobrar, los procesos derivados de las acciones de tutela sumaria de la posesión del art. 250.1.4º LEC, son procesos cautelares, conservativos y dirigidos a la tutela de la posesión como hecho, con objeto de evitar por razones de orden público y paz social la defensa privada, y en los que no se discute ni el derecho de propiedad ni cualquier otro, que otorgue el mejor derecho a poseer, sino la realidad fáctica de la situación posesoria violentada.

Se trata de una mera garantía para mantener el orden público, evitando los conflictos que pudieran generarse de acudir a las vías de hecho, y que concede la tutela provisionalmente, con independencia del derecho sustantivo subyacente".

I pel que fa als requisits de l'acció prevista a l' art. 250.1.4 de la LEC, recorda la ja més que consolidada doctrina establerta sobre el particular al dir:

" 9.- Requisitos para el éxito de las acciones de tutela sumaria de la posesión. Partiendo de la anterior caracterización resultante de la jurisprudencia de esta sala, es doctrina extendida y reiterada entre las Audiencias la que señala que son requisitos para la prosperabilidad de las acciones para la tutela sumaria de la posesión los siguientes:

(i) que el actor (o su causante) se halle en la posesión o en la tenencia de la cosa o derecho, entendida como situación de hecho ostensible, al margen de toda consideración sobre el título jurídico que pudiera ampararla; debe quedar establecida la concreta delimitación del ámbito material de lo poseído;

(ii) que el actor haya sido inquietado o perturbado, o haya sido despojado de dicha posesión o tenencia;

(iii) que la acción se dirija contra el causante del despojo, bien por haberlo realizado materialmente, bien por haberlo ordenado; y

(iv) que la demanda se interponga antes de haber transcurrido un año desde el acto obstativo a la posesión de la cosa, plazo que se considera de caducidad ( arts. 439.1 LEC y 460.4º CC).

10.- Respecto de estos requisitos conviene hacer dos precisiones, relevantes para la resolución de este recurso. En primer lugar, el art. 444 CC establece que los "actos meramente tolerados" (además de los ejecutados clandestinamente o con violencia) "no afectan a la posesión" y, como consecuencia de ello, se han venido negando las acciones de tutela sumaria de la posesión (antes interdictales) al usuario por mera tolerancia, cuando se trata de actos que supongan la utilización parcial y no continuada de la cosa. Pero cuando esas acciones recaen sobre un verdadero estado posesorio, que conlleva la utilización o disfrute de manera continuada y exteriorizada, esta Sala Primera ha admitido la procedencia de la acción que nos ocupa frente al despojante ( sentencia 467/2016, de 7 de julio).

11.- En segundo lugar, hay que distinguir entre las nociones de "despojo" y de "perturbación". La primera (despojo) se corresponde con aquellos hechos materiales que se concretan en la privación total o parcial del goce de la cosa poseída. La segunda (perturbación) se identifica con las conductas que, sin la voluntad del poseedor o en contra de ella, suponen una invasión o una amenaza de invasión de la esfera posesoria que, sin llegar a su privación, la pone en duda e impide o dificulta su libre ejercicio, tal y como venía realizándose antes de la inquietación. En el ámbito de la perturbación posesoria se incluye no sólo la que tiene un efecto material actual, sino que también comprende todo acto o conducta que manifieste la intención de inquietar o despojar al poseedor, de forma que éste tenga fundados motivos para creer que será inquietado o perturbado.

La perturbación de la posesión puede venir, por tanto, no solo de actos materiales, sino también de meras expresiones verbales ( turbatio verbis) - sentencia 477/2011, de 7 de julio -, siempre que se concreten en actos o expresiones exteriores, precisos y claros, conducentes a la privación, total o parcial, del goce de la cosa poseída o en la alteración del status anterior que se pretende restaurar a través de la acción de protección sumaria de la posesión".

TERCER. En aqueta línia, hem dit en múltiples ocasions que aquest tipus de procediment té com finalitat la protecció de la possessió com a simple fet. No té com finalitat decidir sobre la titularitat de drets ni sobre quina de les parts litigants té millor dret per a posseir, supòsit aquest reservat per a l'acció publiciana prevista a l' art. 522-7.2 del Codi Civil Català. En conseqüència, no es poden discutir ni resoldre en els interdictes qüestions relatives al dret real de propietat, o dit de forma planera, no és aquest el procediment adequat per a que es decideixi si la propietat sobre un determinat immoble correspon al demandant o al demandat. En els procediments interdictals contemplats a l' art. 250.1.4 de la LEC, només es pot discutir sobre la protecció de la possessió o, com diu aquest precepte legal "la tutela sumaria de la tinença o de la possessió d'una cosa o d'un dret per qui hagi estat privat d'elles o pertorbat en el seu gaudi". Actuar per la via de fet, és contrari a l'ordenament jurídic i en cap cas té empara legal. El dret civil no permet que un conflicte possessori entre particulars es resolgui per l'auto composició o per la pròpia mà. L'art. 521-2, en el seu segon incís, és rotund i contundent quan estableix que la possessió no es pot adquirir "mai" amb violència mentre els posseïdors anteriors s'hi oposin, és a dir, ningú pot prendre's la justícia per la pròpia mà. Evidentment, per violència no s'inclou només la força en les persones, si no també la realitzada sobre les coses. Si el demandat ha estat qui ha realitzat una despulla il·legítima de la possessió, la llei no autoritza al demandant per a que pugui recuperar-la per la via de fet, de forma unilateral i per la força. No cal dir que si el demandant utilitzés la mateixa forma de procedir, s'entraria en una espiral de mútues mesures de retorsió. El que succeeix és que si algú adquireix la possessió amb violència (aquí seria la possessió d'un habitatge), el posseïdor anterior que ha estat privat de la seva possessió per la via de fet, pot exercitar eficaçment l'acció interdictal a efectes de recuperar-la, mentre no hagi transcorregut un any de la privació possessòria ( arts. 521-8 e. i 121-22 del CCCat). Durant aquest any, hi ha per una banda un posseïdor de fet que, en canvi, no té dret a posseir, i per altra banda hi ha un posseïdor que té dret a posseir, mancat de la possessió de fet, però que la pot recuperar usant l'acció interdictal. L'ordenament jurídic és totalment contrari a que els particulars utilitzin les vies de fet o la violència per recuperar una possessió, encara que l'usurpador actuï amb la convicció d'actuar sota l'empara d'un dret, ni que sigui el dret a gaudir d'un habitatge. I per evitar la violència i aquest tipus d'auto composició, protegeix a tot aquell que faci més d'un any que posseeix un bé, encara que la possessió l'hagi adquirit en contra de la voluntat de l'anterior posseïdor ( art. 521-8 e. posat en relació amb els arts. 521-2 i 121-22 del CCCat). Això no impedeix, però, que es pugui exercir l'acció declarativa ordinària en defensa del dret del què derivi el dret a posseir (dret de domini, usdefruit, ús, etc.).

QUART. De la doctrina que s'acaba de transcriure es fa necessari puntualitzar, atesos els termes de la controvèrsia plantejada, que l'eventualitat que el posseïdor o posseïdors de fet que han estat demandats en aquest tipus de procediment siguin d'identitat desconeguda, no és un requisit per a que triomfi l'acció exercitada, tractant-se només d'un problema processal que el legislador resolt permeten dirigir la demanda contra els ignorats ocupants. El que ja era essencial en la construcció tradicional de l'acció interdictal, i ho continua sent ara, és que queden exclosos de l'àmbit objectiu d'aquest tipus de procediment els supòsits de possessió tolerada, per als quals quedaria la via del precari. Però no es pot confondre l'existència de tolerància amb el fet que el demandant hagi intentat extrajudicialment recuperar la possessió encetant una fase més o menys complexa o més o menys perllongada en el temps, de negociació o de tractes precontractuals amb la finalitat de recuperar la seva possessió tot evitant un procediment judicial. Això és, precisament, el que succeeix en el supòsit que ara es planteja, en el qual els demandats no neguen que els actors tenen un dret real que legitima el seu dret a posseir (en aquest cas, el dret real de domini), i on de les converses aportades via watshap es desprèn que havia un o uns ocupants que s'havien introduït a l'habitatge sense la voluntat dels actors, assolida de forma clandestina (la possessió no pot ser clandestina, art. 521.1.2 del CCCat). No només es tracta de tercers ("este cabron va poner más uno aquí en casa" escriu el demandat), si no que també ho és el propi Sr. Felicisimo quan estant ja posseint tot o part de l'habitatge escriu al nebot dels demandants que "solo quiero la garantia que vosotros son los verdaderos dueño" o que "una cosa quiero saber se es contigu con quien tengo que hacer todo en relacion del puso" (textual), amb la qual cosa està dient que ha accedit al pis sense la voluntat dels demandants, és a dir, també de forma clandestina, la qual cosa implica que la possessió l'ha adquirit en contra de la voluntat dels demandants, de la qual ha prescindit. És cert que el Sr. Felicisimo aporta un contracte d'arrendament signat amb un tercer, per bé que s'ignora qui és i en virtut de quin títol lloga al Sr. Felicisimo, atès que ni tant sols emplena l'espai reservat al contracte, que es deixa en blanc (" Pedro Enrique, en lo sucesivo arrendador, en concepto de.... tiene facultades para el arrendamiento total o parcial de la vivienda al principio indicada"). És en aquest context on s'emmarquen les negociacions que revelen les comunicacions de watshap que han estat aportades, i creat arran de l'ocupació per la força i subreptícia de l'habitatge dels actors, motiu pel qual, fins i tot, es parla de la possibilitat de fer un contracte d'arrendament amb el Sr. Felicisimo, amb una mensualitat gratuïta "como agradecimiento por habernos echado una mano", però que finalment no va fructificar, precisament perquè no va ser possible recuperar la possessió, tal i com va indicar a l'acte del judici el nebot dels demandants, Sr. Estanislao. De fet, no és discutit que encara que el demandat està vivint al pis, com a mínim, des de maig de 2020, està utilitzant el subministra elèctric de l'edifici mitjançant una connexió fraudulenta, la qual cosa, per cert, és coherent amb el fet que els demandants sostenen que el pis no era habitable, que calia fer obres de rehabilitació, però també que la pròpia possessió del Sr. Felicisimo és va aconseguir imposant-la als demandants, prescindint de la seva voluntat i, per tant, en contra seva.

CINQUÈ.- L'estimació del recurs comporta la condemna a pagar les costes de primera instància, sense que escaigui efectuar pronunciament pel que fa a les causades en aquesta alçada ( arts. 398.1 i 394 de la LEC).

Atesos els anteriors articles i els altres de general i pertinent aplicació,