Sentencia Civil 813/2022 Audiencia Provincial Civil de Lleida nº 2, Rec. 619/2020 de 21 de diciembre del 2022

PRIMERO.- La sentencia de primera instancia estima la demanda en la que la actora ejercita con carácter principal la acción de nulidad del contrato de adquisición de derechos y de acciones en oferta pública de ampliación de capital de mayo/junio de 2016, al no haber quedado acreditado que la actora tuviera la suficiente información para contratar ni que dicha información permitiera conocer la situación real de la entidad emisora, ni que tuviese constancia de que podía perder todo o gran parte del capital invertido, concurriendo un error en el consentimiento; desestimando la excepción de falta de legitimación pasiva invocada por la demandada. Funda la parte actora su demanda, entre otros argumentos, en el hecho de que las acciones han sido amortizadas, su valor es 0, según resulta de la Resolución de 7 de junio de 2017, de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que acordó implementar las medidas de resolución adoptadas por la Junta Única de Resolución (JUR) respecto de la entidad Banco Popular Español SA. Declara igualmente la nulidad del contrato de préstamo concedido para la adquisición de las acciones.

Frente a la sentencia estimatoria de la demanda, la parte demandada, BANCO SANTANDER SA interpone recurso de apelación alegando, en esencia, error en la valoración de la prueba e incorrecta aplicación del derecho, insistiendo en la falta de legitimación pasiva respecto a la adquisición de los derechos de suscripción preferentes y en la ausencia de error en el consentimiento, estimando que, en todo caso, no es esencial ni excusable. Invoca además la normativa europea reguladora de la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión, Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 y Reglamento UE nº 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de junio de 2014, cuya normativa se recoge en la Ley 11/2015 de Derecho nacional, relativa a la resolución de entidades financieras. Estima igualmente que no concurren los requisitos para declarar la nulidad del contrato de préstamo.

La actora se opone al recurso y, con carácter subsidiario impugna la sentencia, para el supuesto que estimando parcialmente el recurso de apelación se estime la falta legitimación pasiva en la demandada en el supuesto de adquisición de derechos de adquisición preferente de acciones en base a la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2019 recaída con posterioridad a la demanda, interesando se estime la petición subsidiaria contenida en su escrito de pedir de indemnización de daños y perjuicios en aplicación del Art 38 TRLMV y Arts. 37 y 36 del Real Decreto 1310/2005.

La demandada considera que la impugnación es inadmisible y con carácter subsidiario se opone a la misma.

SEGUNDO.- La parte demandada ha planteado en el presente Rollo la necesidad de suspensión del procedimiento habida cuenta el planteamiento de una cuestión prejudicial al TJUE por parte de la AP de La Coruña en relación con la incompatibilidad de los regímenes de remedios civiles anulatorios y resarcitorios con el sistema europeo de resolución de entidades de crédito. Pues bien, este pedimento ha perdido ya su razón de ser a partir del momento en que la cuestión prejudicial planteada ha sido definitivamente resuelta por el TJUE.

Efectivamente, tal y como ha resuelto ya este Tribunal en Sentencias de 21 de septiembre de 2022, nº 568/2022 y 570/2022 y otras posteriores ésta es una materia que ha dado lugar recientemente a diversos pronunciamientos jurisprudenciales que son decisivos a la hora de resolver, pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolviendo la cuestión prejudicial presentada por un Tribunal español (AP de la Coruña), a lo que debe de añadirse ya el Auto de inadmisión a trámite de un recurso de casación dictado por el Tribunal Supremo en fecha 20 de julio de 2022 (recurso 2324/2020 ), aplicando la doctrina que emana de esos pronunciamientos del TJUE.

En la cuestión prejudicial presentada por la Audiencia Provincial de A Coruña, se planteó la compatibilidad del ejercicio por los titulares de acciones de una Entidad de crédito resuelta (aquí, Banco Popular Español SA) de las acciones de nulidad por vicio del consentimiento y de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad por el folleto con relación a la normativa comunitaria mencionada.

Pues bien, el TJUE en su fallo resolutorio de la cuestión prejudicial ( sentencia de 5 de mayo de 2022, asunto C-410/20 ) declara que: "Las disposiciones del artículo 34, apartado 1, letra a), en relación con las del artículo 53, apartados 1 y 3, y con las del artículo 60, apartado 2, párrafo primero, letras b ) y c), de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014 , por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo y las Directivas 2001/24/CE , 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010 y (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que, con posterioridad a la amortización total de las acciones del capital social de una entidad de crédito o una empresa de servicios de inversión objeto de un procedimiento de resolución, quienes hayan adquirido acciones en el marco de una oferta pública de suscripción emitida por dicha entidad o dicha empresa, antes del inicio de ese procedimiento de resolución, ejerciten, contra esa entidad o esa empresa o contra la entidad que la suc eda, una acción de responsabilidad por la información contenida en el folleto, como se prevé en la Directiva sobre el folleto, como se prevé en el artículo 6 de la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Cosneju 0, de 4 de noviembre de 2003 (...), o una acción de nulidad del contrato de suscripción de esas acciones, que, habida cuenta de sus efectos retroactivos, da lugar a la restitución del contravalor de tales acciones, más los intereses devengados desde la fecha de celebración de dicho contrato". (el subrayado es nuestro).

Es decir, las entidades que se acojan al mecanismo de resolución comienzan de cero y quedan eximidas de responsabilidad de cualquier acto anterior. El Tribunal Europeo recuerda asimismo que la Directiva (art. 34.1 a y b) establece el principio de que son los accionistas, seguidos por los acreedores, de una entidad de crédito o una empresa de servicios de inversión objeto del procedimiento de resolución quienes deben soportar prioritariamente las pérdidas sufridas como consecuencia de la aplicación de dicho procedimiento.

Consecuencia de esa sentencia del TJUE, el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, por medio de Auto de 20 de julio de 2022 (recurso 2324/2020) ha inadmitido a trámite el recurso de casación de dos accionistas de Banco Popular contra la sentencia que desestimó la demanda que interpusieron en su día contra el Banco Santander. Los accionistas de Banco Popular presentaron recurso de casación contra la sentencia de apelación dictada el 25 de mayo de 2020 por la Audiencia Provincial de Asturias, que revocó la de primera instancia que había estimado la demanda.

El Tribunal Supremo, siguiendo el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE) en su sentencia de 5 de mayo de 2022, inadmite el recurso de casación. La demanda de los accionistas se fundaba en el presupuesto de que los accionistas del Popular podían hacer valer frente a Banco Santander las pretensiones cuyo ejercicio ha excluido el TJUE en la sentencia de 25 de mayo de 2022. Viendo que el recurso de casación no podía prosperar por la sentencia del TJUE, los recurrentes se mostraron conformes con la inadmisión de su recurso. Tras referirse a la citada sentencia del TJUE, el TS argumenta en el Auto de inadmisión que:

"Según esta doctrina, el artículo 34, apartado 1, letras a ) y b), de la Directiva 2014/59 establece el principio de que son los accionistas de la entidad objeto del procedimiento de resolución, seguidos de los acreedores, quienes deben soportar prioritariamente las pérdidas sufridas como consecuencia de la aplicación de dicho procedimiento; y el artículo 53, apartado 3, por su parte, establece que cuando una autoridad de resolución reduzca a cero el principal o el importe pendiente de un pasivo, cualesquiera obligaciones o reclamaciones derivadas del mismo que no hayan vencido en el momento de la resolución se considerarán liberadas a todos los efectos y no podrán oponerse a la entidad de crédito objeto de la medida de resolución o a otra sociedad que la suceda, en una eventual liquidación posterior. Por lo que se refiere a los titulares de los instrumentos de capital amortizados en virtud de la decisión de resolución, el artículo 60 apartado 2, párrafo primero, letra b), dispone que no subsistirá responsabilidad alguna, excepto cuando se trate de pasivos ya devengados o de pasivos resultantes de daños y perjuicios surgidos con motivo del recurso en el que se impugne la legalidad del ejercicio de la competencia de amortización.

El TJUE ha interpretado estas normas a la luz de los considerandos 45 y 120 de la Directiva 2014/59 , de los que resulta, en primer lugar, que los accionistas deben soportar prioritariamente las pérdidas sufridas como consecuencia de la liquidación, de modo que se evite que dicha liquidación merme los fondos públicos y afecte a la protección de los depositantes; y, en segundo lugar, que es posible establecer excepciones a las disposiciones del Derecho de la Unión cuya aplicación pueda privar de eficacia u obstaculizar la aplicación de un procedimiento de resolución, como sucede con la Directiva 2003/71 , del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores. A juicio del TJUE, este régimen especial es compatible con el derecho de propiedad ( art. 47 CDFUE ) y con el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 47 CDFUE ), pues ni uno ni otro son derechos absolutos.

En definitiva, el TJUE ha concluido que la Directiva 2014/59 excluye el ejercicio de las acciones de responsabilidad o de nulidad e impide que "quienes hayan adquirido acciones [...] ejerciten contra esa entidad [...] o contra la entidad de que suceda, una acción de responsabilidad [...] o una acción de nulidad".

Como consecuencia de lo anterior, analiza el Tribunal Supremo el modo en que esta doctrina afecta al caso enjuiciado, argumentando que: " Si, como afirma el TJUE, la Directiva 2014/59 impide a los accionistas el ejercicio de una acción de responsabilidad o de una acción de nulidad contra la entidad de crédito emisora del folleto de la oferta pública de suscripción, o contra la entidad que la suceda con posterioridad a la adopción de la decisión de resolución, desaparece el presupuesto esencial de la acción ejercitada en la demanda y del propio recurso de casación",

Y añade este mismo Auto que: "(...) esta Sala, por mandato del art. 4 bis LOPJ, debe aplicar la doctrina del TJUE, que tiene carácter vinculante, de modo que el recurso nunca podría ser estimado. En efecto, "la interpretación que el Tribunal de Justicia, en el ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 267 TFUE, realiza de una norma del Derecho de la Unión aclara y precisa el significado y el alcance de dicha norma, tal como debe o habría debido ser entendida y aplicada desde el momento de su entrada en vigor", de donde resulta "que la norma que ha sido interpretada puede y debe ser aplicada por el juez incluso a relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de la sentencia que resuelva sobre la petición de interpretación, si además se reúnen los requisitos que permiten someter a los órganos jurisdiccionales competentes un litigio relativo a la aplicación de dicha norma" ( SSTJUE de 14 de mayo de 2020, C-749/18 , y de 12 de mayo de 2022, C- 556/20).

TERCERO. - Los anteriores criterios resultan de plena aplicación al caso, por las mismas razones que apunta el Tribunal Supremo en su Auto, debiendo esta Sala atender igualmente a los criterios interpretativos que emanan de la referida STJUE de 5 de mayo de 2022, y del Auto de inadmisión del recurso de casación ya mencionado.

Así las cosas, teniendo en cuenta que las acciones ejercitadas en este caso por la parte actora contra Banco Santander SA (como entidad bancaria sucesora de Banco Popular) son precisamente aquéllas que el propio TJUE señala que la Directiva 2014/59 impide, y el TS entiende que hace desaparecer su presupuesto, es claro que la demanda ha de ser desestimada, tanto en lo que se refiere a la acción ejercitada con carácter principal como la entablada de forma subsidiaria, porque según resulta de la sentencia del TJUE de 5 de mayo de 2022 y de la Directiva de continua referencia, la demandante, en tanto que accionista que adquirió sus títulos antes del inicio del procedimiento de resolución, carece de legitimación para entablar judicialmente dicha acción y, de igual forma, desde la perspectiva de la entidad bancaria demandada, sucesora de Banco Popular, carece de legitimación pasiva para soportarla.

CUARTO.- Impugnación de la validez de los contratos de préstamo.- En la Sentencia se declara la nulidad del contrato de préstamo concedido por Banco Popular a la actora en fecha 10 de junio de 2016 y de las sucesivas prórrogas de dicho contrato por importe de 150.000 €, para la compra de las anteriores acciones y derechos. Y ello al considerar el juzgador que la nulidad de los contratos de adquisición de acciones conlleva la nulidad del contrato de crédito con la que se financió dicha compra, al haber desaparecido la causa del mismo.

Banco Santander recurre también dicho extremo al estimar que no concurren los requisitos para declarar la nulidad del contrato de préstamo.

Sobre esta cuestión se ha pronunciado ya este Tribunal en Sentencia de 7 de diciembre de 2021, nº 740/2021, por lo que seguiremos el razonamiento contenido en la misma, adaptándolo al supuesto de autos.

Examinada la prueba practicada en la instancia, la conclusión a la que llegamos no comparte la del juzgador de primera instancia.

En efecto, en primer lugar, debemos valorar que, en ninguno de los contratos de autos de préstamo de 10 de junio de 2016, 25 de mayo de 2017 y 25 de junio de 2018, consta que se trate de operaciones vinculadas a la adquisición de acciones de Banco Popular Español SA o que estemos ante supuestos de inversión con apalancamiento.

Ninguna prueba se ha practicado para acreditar dicha posible vinculación, no habiéndose practicado el interrogatorio de parte y practicada la testifical de la empleada de la demandada que intervino en la comercialización de las acciones, Sra. Marí Trini, nada se le preguntó al respecto, correspondiendo la carga de la prueba en este extremo a JOSE VIOLA RIBA, SL por ser un presupuesto de la acción ejercitada en su demanda ( art. 217 LEC).

Tampoco consta en los contratos de 25 de mayo de 2017 y 25 de junio de 2018 que sean una mera prórroga del de 10 de junio de 2016, siendo que además todos ellos tienen una numeración identificativa diferente.

Aunque exista una correlación de fechas entre la concesión del primer préstamo y la adquisición de acciones y derechos de Banco Popular Español SA y de las cantidades de capital de los préstamos y dichas inversiones ello no es por sí suficiente para apreciar que la finalidad de los préstamos fue invertir en acciones y derechos de Banco Popular Español SA, al no haberse practicado prueba objetiva alguna que avale dicho extremo.

Conforme a los datos expuestos, no podemos sino concluir que no se ha acreditado que la finalidad de la concesión de los préstamos de autos fuera la de adquirir acciones y derechos de Banco Popular Español SA, ni tampoco que se trate de una sola relación jurídica de préstamo, de suerte que, faltando el presupuesto para la aplicación del art. 150 LSC, no procede acordar ni la nulidad del contrato inicial de 10 de junio de 2016 ni la de los posteriores contratos de préstamo.

Tampoco procede la declaración de nulidad de dichos contratos por vicio del consentimiento consecuencia o derivado de la nulidad de la adquisición de acciones, por la razón de que no se acredita la concurrencia de ningún vicio del consentimiento al suscribir los contratos de préstamo, e igualmente, las compras de acciones y derechos no se han declarado nulas de modo que no cabría aplicar la doctrina de la nulidad en cascada o de la propagación de la ineficacia de los contratos a la que se refiere la Sentencia de instancia.

Procede, pues, estimar el recurso también en este extremo, lo que determina la desestimación de la pretensión de la demanda referente a la declaración de nulidad de los préstamos y de sus efectos en orden a la devolución de cantidades.

En definitiva, conforme a todo lo expuesto, debe estimarse el recurso de apelación interpuesto por la demandada, revocando la sentencia de primera instancia y desestimando la demanda, e igualmente la desestimación de la impugnación de sentencia planteada por la actora con carácter subsidiario, sin que sea preciso analizar las demás consideraciones expuestas en el escrito de interposición del recurso, en el de impugnación y en los de oposición a los mismos, porque todas ellas carecen de efectos prácticos para la finalidad pretendida por la parte actora, debiendo prevalecer en todo caso la normativa expuesta y la interpretación que se deriva de la sentencia del TJUE de 5 de mayo de 2022, so pena de vulnerar los preceptos ya citados y de prescindir de los principios básicos que informan la específica normativa aplicable a los procesos de resolución de entidades bancarias, como el que aquí nos ocupa, en que se acordó al mecanismo de recapitalización interna, como paso previo para la transmisión de la entidad.

QUINTO.- No obstante, pese a que la estimación del recurso comporta la integra desestimación de la demanda, consideramos que no procede hacer declaración de las costas de primera instancia puesto que, conforme a lo previsto en el Art. 394-1 de la LEC, estamos claramente ante un supuesto de dudas de derecho, teniendo en cuenta la controversia jurídica que ha suscitado esta cuestión, que incluso determinó que el Tribunal Supremo suspendiera la tramitación en tanto no se resolviera la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de A Coruña, como así hicimos también en esta Sala, disponiendo ahora de una doctrina jurisprudencial que interpreta la normativa comunitaria y nacional aplicable al caso.

Lo mismo hay que decir de las costas de esta alzada derivadas tanto del recurso de apelación interpuesto por la demandada, que además ha sido estimado, como de la impugnación de sentencia de la actora planteada con carácter subsidiario, que no procede imponerlas a ninguna de las partes.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general aplicación,