Sentencia Civil 344/2023 Audiencia Provincial Civil de Lugo nº 1, Rec. 477/2023 de 28 de junio del 2023

PRIMERO.- en fecha 23 de febrero se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 2/2022, de 2 de febrero, que acuerda prorrogar hasta el 30 de septiembre de 2.022, las medidas señaladas en el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre que, entre otras cuestiones, se regula en el artículo 1bis, por la vía de la modificación del Real Decreto-ley 11/2020, la suspensión durante el estado de alarma de los desahucios de vivienda en el caso de personas económicamente vulnerables sin alternativa residencial.

Posteriormente se ha ampliado dicha prórroga hasta el 31 de diciembre de 2.022 (RD-ley 11/2020, de 31 de marzo). Y dichas medidas han vuelto ha ser prorrogadas hasta el 30 de junio de 2.023 en virtud de Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad (artículo 68).

El Real Decreto Ley 2/2022, de 2 de febrero, establece en su Disposición Final Segunda señala:

Se modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, en los siguientes términos:

Uno. El artículo 1 queda redactado como sigue:

1. Desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el 30 de septiembre de 2022, en todos los juicios verbales que versen sobre reclamaciones de renta o cantidades debidas por el arrendatario, o la expiración del plazo de duración de contratos suscritos conforme a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que pretendan recuperar la posesión de la finca, se haya suspendido o no previamente el proceso en los términos establecidos en artículo 441.5 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , la persona arrendataria podrá instar, de conformidad con lo previsto en este artículo, un incidente de suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento ante el Juzgado por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva.

Así mismo, si no estuviese señalada fecha para el lanzamiento, por no haber transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 440.3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , o por no haberse celebrado la vista, se suspenderá dicho plazo o la celebración de la vista.

Estas medidas de suspensión que se establecen con carácter extraordinario y temporal, en todo caso, dejarán de surtir efecto el 30 de septiembre de 2022.

2. Para que opere la suspensión a que se refiere el apartado anterior, la persona arrendataria deberá acreditar que se encuentra en alguna de las situaciones de vulnerabilidad económica descritas en las letras a) y b) del artículo 5.1 del presente real decreto-ley mediante la presentación de los documentos previstos en el artículo 6.1. El Letrado de la Administración de Justicia dará traslado de dicha acreditación al demandante, quien en el plazo máximo de diez días podrá acreditar ante el Juzgado, por los mismos medios, encontrarse igualmente en la situación de vulnerabilidad económica descrita en la letra a) del artículo 5.1 o en riesgo de situarse en ella, en caso de que se adopte la medida de suspensión del lanzamiento.

En este punto hacemos un inciso para insertar la literalidad de la norma citada:

"Los supuestos de vulnerabilidad económica a los efectos de la obtención de moratorias, ayudas u otras medidas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual reguladas en el presente real decreto-ley, requerirán la concurrencia conjunta de los siguientes requisitos:

a) Que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:

i. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).

ii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.

iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

iv. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad igual o superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.

v. En el caso de que la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces el IPREM.

b) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. A estos efectos, se entenderá por «gastos y suministros básicos» el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario.

Sigue señalando el RD 2/22 de 2 de febrero que:

3. Una vez presentados los anteriores escritos, el Letrado de la Administración de Justicia deberá trasladar inmediatamente a los servicios sociales competentes toda la documentación y solicitará a dichos servicios informe, que deberá ser emitido en el plazo máximo de diez días, en el que se valore la situación de vulnerabilidad del arrendatario y, en su caso, del arrendador, y se identifiquen las medidas a aplicar por la administración competente.

4. El Juez, a la vista de la documentación presentada y del informe de servicios sociales, dictará un auto en el que acordará la suspensión del lanzamiento si se considera acreditada la situación de vulnerabilidad económica y, en su caso, que no debe prevalecer la vulnerabilidad del arrendador. Si no se acreditara la vulnerabilidad por el arrendatario o bien debiera prevalecer la situación de vulnerabilidad del arrendador acordará la continuación del procedimiento. En todo caso, el auto que fije la suspensión señalará expresamente que el 30 de septiembre de 2022 se reanudará automáticamente el cómputo de los días a que se refiere el artículo 440.3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , o se señalará fecha para la celebración de la vista y, en su caso, del lanzamiento, según el estado en que se encuentre el proceso.

Acreditada la vulnerabilidad, antes de la finalización del plazo máximo de suspensión, las Administraciones públicas competentes deberán, adoptar las medidas indicadas en el informe de servicios sociales u otras que consideren adecuadas para satisfacer la necesidad habitacional de la persona en situación de vulnerabilidad que garanticen su acceso a una vivienda digna. Una vez aplicadas dichas medidas la Administración competente habrá de comunicarlo inmediatamente al Tribunal, y el Letrado de la Administración de Justicia deberá dictar en el plazo máximo de tres días decreto acordando el levantamiento de la suspensión del procedimiento.

5. A los efectos previstos en el artículo 150.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se entenderá que concurre el consentimiento de la persona arrendataria por la mera presentación de la solicitud de suspensión.

Se entenderá igualmente que concurre el consentimiento del arrendador para hacer la comunicación prevenida en este artículo por la mera presentación del escrito alegando su situación de vulnerabilidad económica.

Desde este marco normativo, procede analizar los motivos de recurso que invoca la parte actora contra la resolución de primer grado

SEGUNDO.- La parte dispositiva condena a la demandada al pago de las rentas debidas y cantidades asimiladas, reclamadas en la demanda (1.646,51 €), así como al abono de las rentas devengadas desde noviembre de 2.022 hasta abril de 2023 (1.680 €), sumando un total de 3.326,51 euros (s.e.u.o).Sin embargo, omite las mensualidades que transcurran desde abril de 2.023 hasta el efectivo desalojo del inmueble, así como los gastos devengados desde la interposición de la demanda, cuyo abono fue solicitado en la demanda a medio del Otrosí Segundo, en que se señalaba: "SEGUNDO OTROSÍ DIGO: de conformidad con lo previsto en el art. 220.2 LEC, interesa al derecho de ésta parte se condene a la parte demandada al pago de las cantidades devengadas desde la interposición de la presente demanda hasta el lanzamiento, debiendo tomarse como base de la liquidación de las rentas futuras el importe de la última mensualidad reclamada al presentar la demanda, por importe de doscientos ochenta euros (280,00 €)". Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el art. 220 de la LEC, la demandada debe ser condenada al abono de las mensualidades que trascurran desde el mes de abril, así como al abono de los consumos generados desde la presentación de la demanda hasta la efectiva entrega del inmueble.

TERCERO.- La Sentencia recurrida en su Parte Dispositiva y dada cuenta la declaración como hecho probado de la situación de vulnerabilidad social y económica en que se encuentra la arrendataria acuerda dejar en suspenso el lanzamiento hasta que la demandada tenga cubiertas sus necesidades habitacionales.

Son motivos de recurso los siguientes:

1.- El Juzgador a quo considera acreditada la situación de vulnerabilidad económica que afecta a la demandada exclusivamente en base al informe de los Servicios Sociales, haciendo caso omiso a lo dispuesto por la Ley, que exige la concurrencia de otra documentación

Respecto al Informe de los Servicios Sociales señalan la situación de vulnerabilidad de la arrendataria, pero tal situación es previa a la declaración de la crisis del COVID-19 y la norma exige no sólo que exista dicha situación sino además que la misma provenga de la situación de crisis ocasionada por la epidemia, estableciendo la propia Exposición de motivos de la norma que, entre los objetivos perseguidos por ésta, se encuentra el responder a la situación de vulnerabilidad en que incurran los arrendatarios de vivienda habitual a consecuencia de circunstancias sobrevenidas del COVID-19; tal situación no concurre en la demandada, que percibía la prestación derivada de incapacidad permanente absoluta antes, durante y después de la crisis COVID, e igualmente, la percibía a la suscripción del contrato, en junio de 2.018, por tanto su situación económica no varió desde entonces ni mucho menos trae causa directa de la pandemia, debiendo justificarse la existencia de una situación de desempleo anteriormente inexistente o una disminución de ingresos que traigan causa directa del COVID, sin que se haya dado satisfacción a dichos presupuestos, pues no existir prueba alguna que la situación de emergencia en que pudiera hallarse la arrendataria traiga causa de la pandemia.

En segundo lugar ni puede justificarse la concurrencia de los requisitos exigidos por el art. 5.a) del RDL 11/2020, al que remite expresamente el art. 1. En tal sentido, el artículo 5.1, apartado a) del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, señala los requisitos necesarios para definir la situación de vulnerabilidad económica a efectos de obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual requiere: "Que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos ...".Añadiendo el artículo 5.3: "No se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 a los efectos de obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual cuando la persona arrendataria o cualquiera de las personas que componen la unidad familiar que habita aquella sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España...".

Por su parte, el art. 6 del mismo Texto Legal, establece la forma de acreditar de las condiciones subjetivas, requiere la siguiente documentación:

- Certificado de situación legal de desempleo: no se ha aportado el de ninguno de los convivientes, ni justificación relativa a si la pareja de la demandada percibe o no prestaciones del SEPE o de otro tipo, vr. gr., el subsidio para mayores de 52 años.

- No se aporta libro de familia, ni acreditación de pareja de hecho, ni certificado de empadronamiento de las personas que supuestamente residen en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores, siendo el caso que el arrendamiento en su día se suscribió únicamente con la demandada, que señaló tener vivienda en propiedad en la provincia de Lugo, pero que necesitaba residir en la ciudad por la proximidad al HULA. Tampoco la declaración de discapacidad, dependencia o incapacidad, constando únicamente la misma en el Informe de Servicios Sociales.

- Titularidad de los bienes: tampoco se aportó documentación del Registro de la Propiedad no sólo de la demandada sino tampoco de ningún miembro de la unidad familiar, unidad familiar de la que también se desconocen sus integrantes ante la ausencia del certificado de empadronamiento ya denunciada.

-Declaración responsable del deudor relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes, tampoco aportada. Item más, el apartado 2 del mismo artículo señala que si el solicitante de la moratoria no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos en las letra a) a d) del apartado anterior, podrá sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación; ningún esfuerzo ha realizado la demandada para aportar al menos una declaración responsable.

En resumen, la demandada no ha subsanado la omisión de la documentación exigida en los art. 5 y 6 del RDL 11/2020, sin que por tanto resulte posible apreciar la situación de vulnerabilidad económica alegada pues ninguno de los documentos citados en dichos artículos ha sido aportado tal como expresamente requiere el citado RDL 11/2020. No debemos hacer un "acto de fe" y aceptar con ello la vulnerabilidad aceptada por quien no ha realizado el menor esfuerzo en acreditarlo, máxime si ello implica un evidente quebranto a tercero, en este caso mi representada.

II.- DECISIÓN DE LA SALA

Conviene comenzar diciendo que el RD 2/22 "modifica" el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, de forma que el art. 1 de aquel, pasa a tener una nueva redacción que no es, sino la ya transcrita. Dirá la citada Disposición Final: "Uno. El artículo 1 queda redactado como sigue".

En esta nueva redacción, la situación de vulnerabilidad queda definida al margen de la situación de crisis sanitaria provocada por el COVID de forma que, no resulta preciso justificar la existencia de una situación de desempleo anteriormente inexistente o una disminución de ingresos que traigan causa directa del COVID,

En segundo lugar, los requisitos exigidos para apreciar la situación de vulnerabilidad, son los que regulaban los apartados a) y b) del art. 5 del RD Ley 11/20 de 30 de marzo. De la concurrencia de los mismos, dan cuenta los servicios sociales oportunos en los siguientes términos:

"Segundo documentación obrante no seu expediente, os únicos ingresos cos que contan proceden da pensión de incapacidade absoluta que percibe Dona María Angeles e que ascende a unha contía mensual de 758,36euros"; y que "Dona María Angeles precisa de coidadores para a realización das actividades básicas da vida diaria, debido ás problemáticas de saúde que ten diagnosticadas. A parella e mailo fillo de Dona María Angeles non perciben ningún tipo de ingresos. Polo tanto, debido á insuficiencia de recursos económicos, a situación legal de desemprego da parella e do fillo e á problemática grave de saúde que ten diagnosticada Dona María Angeles, valórase que están nunha situación de vulnerabilidade social e económica".

Resulta pues que la unidad familiar está compuesta por Dona María Angeles, su pareja Don Eleuterio, y su hijo Estanislao, siendo que los únicos ingresos de todos ellos provienen de la pensión de incapacidad absoluta que percibe la primera, (758,36€) de forma que, la renta de alquiler supone el 36,9% de dichos ingresos. Además, la arrendataria tendría reconocido un grado de discapacidad del 65% precisando de cuidadores para la realización de las actividades básicas da vida diaria.

Respecto de la falta de acreditación suficiente de los requisitos necesarios en orden a apreciar la vulnerabilidad de la arrendataria, hemos de indicar que el informe de los Servicios Sociales hace expresa indicación de que dispone de los DNI de los ocupantes de la vivienda, del certificado de empadronamiento de los ocupantes, del certificado de discapacidad de Dña. María Angeles, de certificados negativos de pensionista de la pareja que además, vendría a ser cuidador principal de la citada Dña. María Angeles. Y se indica, sin que este particular resulte suficientemente acredita, que se encuentra en desempleo y no percibe ingresos, el hijo conviviente, de 32 años de edad.

No obstante lo anterior, se ha recordar que cuando en la unidad familiar conviva, cual es el supuesto de autos, una persona con una discapacidad superior al 33% el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo. Por más que el hijo de la arrendataria percibiera una renta de inserción social a modo de mínimo vital, ello no podría constituir de ninguna de las maneras, por el importe de la citada prestación, ingresos de la unidad familiar por encima de 2400€ mensuales (IPREM mensual ejercicio 2023, 600€), que no es sino lo que viene a fijar la ley

No se trata de derogar requisitos legales, más aun cuando de lo que se trata es de la aplicación de un régimen extraordinario y excepcional que deroga los más elementales principios en materia de obligaciones y contratos, sino de atender al espíritu de la norma, y a partir del mismo, considerar acreditada la situación de vulnerabilidad de la unidad familiar.

TERCERO.- La resolución recurrida por otra parte, deja en suspenso indefinidamente el lanzamiento. Como ya se ha mencionado con fecha 23 de febrero se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 2/2022, de 2 de febrero, que acuerda prorrogar las medidas establecidas en el RD 11/20 hasta el 30 de septiembre de 2.022; posteriormente se ha ampliado dicha prórroga hasta el 31 de diciembre de 2.022 (RD-ley 11/2020, de 31 de marzo) y por último han vuelto ha ser prorrogadas hasta el 30 de junio de 2.023 en virtud de Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre. El recurso ha de ser desde luego que estimado toda vez que el pronunciamiento deja al albur de la actuación de los Servicios Sociales la efectividad del lanzamiento y en definitiva, la efectividad del fallo judicial. Ha de estarse imperiosamente a lo dispuesto por el art. 1 citado de la norma aplicable que establece la suspensión del lanzamiento con carácter extraordinario y temporal, y en todo caso hasta el 30 de junio de 2023, no constando a fecha del dictado de sentencia, norma alguna que haya venido a prorrogar su vigencia.

CUARTO.- Se estima parcialmente el recurso y se revoca la resolución recurrida en el único sentido de la que suspensión del lanzamiento lo ha de ser únicamente hasta la fecha de 30 de junio de 2023 sin que proceda condena en costas en segunda instancia ( art. 398 LEC)

Vistos los anteriores preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación