Sentencia Civil 357/2023 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 24, Rec. 1709/2021 de 28 de junio del 2023

PRIMERO.- Por la representación procesal de Dª. Soledad y D. Avelino, se formuló demanda sobre la determinación de la capacidad jurídica, y constitución de la tutela, de su padre, D. Andrés, que tuvo entrada en el Juzgado de Primera Instancia, nº 65 de Madrid, con competencia exclusiva en la materia, en la que se hacía constar que Dª. Andrés nacido el día NUM000 de 1967, y que cuenta en la actualidad, por tanto, con 56 años de edad, padece un deterioro cognitivo grave, por adicción al alcohol y otras drogas y en la que solicitaba que se constituyera una tutela, para evitar que terceros que lo han inducido a realizar actos patrimoniales en su perjuicio puedan perjudicarlo.

Practicada la prueba establecida legalmente y tras oír a los parientes más próximos, a solicitud de las partes y del Ministerio Fiscal, fue examinado D. Andrés personalmente por la juzgadora de instancia, y por el médico forense, que emitió el correspondiente dictamen por Dª. Lourdes, doctora en psicología, en el que se expresa que D. Andrés, padece deterioro cognitivo leve, y considera que su capacidad de juicio y voluntad se encuentran conservadas sobre el gobierno de su persona y bienes. Dicho informe concluye que el déficit cognitivo leve que presenta D. Andrés se circunscribe a su capacidad atencional sostenida, mantenimiento de concentración y memorización a corto plazo, y no repercute en su capacidad para comprender lo que hace y controlar sus actos. La médico Forense adscrita al juzgado dictaminó que D. Andrés está diagnosticado de deterioro cognitivo de etiología multifactorial, (vascular, tóxica), irreversible y que le hacía depender constantemente de terceras persona, y necesitaba supervisión o ayuda, para casi todos los actos de la vida diaria (comida, aseo, desplazamientos, preparar comidas, comprar, limpiar la casa, medicación, consentimientos), sin capacidad para manejar dinero, ni tomar decisiones sobre ingresos y gastos, aunque era capaz de manejarse con sus gastos de bolsillo y con conocimiento limitados de los actos contractuales, como donaciones, o actos de disposición patrimonial, por lo que concluye que carece de habilidades para manejar su persona y bienes.

D. Andrés, se opuso a la declaración de incapacidad solicitada, y al nombramiento de sus hijos para el cargo de tutores, como los demandantes proponían, manifestó que la única persona que lo había cuidado y atendido desde 2019, cuando sufrió el incidente de salud que provocó su deterioro, ha sido su hermana Nieves, con la que convive desde entonces y que le presta ayuda en todo lo que necesita, solicitó la audiencia de Dª Nieves, y las demás pruebas que tuvo por conveniente.

La sentencia declaró la incapacidad total de D. Andrés y nombró constituyó la tutela, para cuyo cargo nombró a la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos.

Frente a dicha sentencia formula recurso de apelación la representación procesal de D. Andrés, en base a su capacidad, y subsidiariamente propone que se nombrar tutora a su hermana Nieves.

El Ministerio Fiscal, se opuso al recurso y solicitó la confirmación de la resolución recurrida, como también los demandantes.

Durante el tiempo que ha durado la tramitación del procedimiento, se han ido incorporando bien de oficio, bien a instancia de las partes, los informes médicos de seguimiento y actualización de la evolución clínica de D. Andrés,

SEGUNDO.- La entrada en vigor, el pasado 3 de septiembre, de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, ha propiciado un novedoso sistema basado en el respeto a la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad, así como en la promoción de su autonomía, en sintonía con la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, fechada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, en cuyo artículo 12 se proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, obligando a los Estados Partes a adoptar medidas para proporcionar a estas personas el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Así pues, con esta importante reforma legal, que afecta a múltiples textos legales (modifica la Ley del Notariado, el Código Civil, la Ley Hipotecaria, la LEC, la Ley de Protección Patrimonial de las personas con discapacidad, la Ley del Registro Civil, la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, el Código de Comercio y el Código Penal), se establece un cambio sustancial de sistema que constituye un cambio total de paradigma, en el que predomina la sustitución en la toma de las decisiones que afectan a las personas con discapacidad, basado en una visión paternalista que el texto considera caducada, por otro basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona que, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones.

En lo que aquí más nos interesa, a los efectos de resolver el recurso de apelación formulado ante la Sala, la reforma del Código Civil, la más trascendente y extensa de todas las producidas por la nueva norma, se materializa en el artículo segundo de la nueva Ley, en el que se sientan las bases del nuevo sistema basado, como se ha dicho, en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad, por lo que el Título del Libro Primero del Código presenta una nueva redacción y pasa a rubricarse: "De las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica", siendo el elemento central de la nueva regulación no ya la incapacitación de quien no se considera suficientemente capaz, ni la modificación de una capacidad que es inherente a su condición de persona humana, sino el apoyo a la persona que lo precise.

En este sentido, como figuras y medidas de apoyo (de contenido muy amplio) se engloban todo tipo de actuaciones: el acompañamiento amistoso, la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad, la ruptura de barreras arquitectónicas y de todo tipo, el consejo, o incluso la toma de decisiones delegadas. En situaciones donde el apoyo no pueda darse de otro modo, éste podrá concretarse en la representación en la toma de decisiones. Y podrá beneficiarse de las medidas de apoyo cualquier persona que las precise, con independencia de si su situación de discapacidad ha obtenido algún reconocimiento administrativo.

La nueva regulación trata de atender no solo asuntos de naturaleza patrimonial sino también aspectos personales, como los relativos a decisiones sobre las vicisitudes de su vida ordinaria. Además, la nueva regulación otorga preferencia a las medidas voluntarias, es decir, tomadas por la propia persona con discapacidad. Dentro de ellas adquieren especial importancia los poderes y mandatos preventivos, así como la posibilidad de la autocuratela. Se refuerza además la figura de la guarda de hecho, que se transforma en una institución jurídica de apoyo y deja de ser una situación provisional cuando resulta adecuada para la salvaguarda de los derechos de la persona con discapacidad. Cuando se requiera que el guardador realice una actuación representativa, se prevé la necesidad de que obtenga una autorización judicial "ad hoc", previo examen de las circunstancias.

La institución objeto de una regulación más detenida es la curatela, que será primordialmente de naturaleza asistencial; sólo excepcionalmente podrán atribuirse al curador funciones representativas. Por tanto, como principio de actuación y en la línea de excluir en lo posible las actuaciones de naturaleza representativa, la curatela será, primordialmente, de naturaleza asistencial. No obstante, en los casos en los que sea preciso, y sólo de manera excepcional, podrán atribuirse al curador funciones representativas.

Procede destacar que La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, refuerza la figura de la guarda de hecho como una medida de apoyo que debe continuar ejerciéndose si resulta eficaz. Excepcionalmente, cuando sea precisa una actuación representativa del guardador de hecho, este habrá de obtener la autorización para realizarla a través del correspondiente expediente de jurisdicción voluntaria. A diferencia de la regulación contenida en el Código civil en 1983 que contemplaba la guarda de hecho como una situación provisional, avocada a ser controlada judicialmente en cuanto la autoridad tuviera conocimiento de su existencia, de forma que debía constituirse la correspondiente institución tutelar ( art. 304 CC): la regulación se limitaba a dejar a salvo la validez de los actos útiles realizados por el guardador ( art. 305 CC) y la posibilidad de que el guardador que hubiera sufrido daños fuera indemnizado ( art. 306 CC).

La Ley 8/2021, de 2 de junio, consagra definitivamente la guarda de hecho como una medida más de apoyo. E incluso, como una medida principal, según veremos. Así, el nuevo art. 250 CC establece que, "Las medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas que lo precisen son, además de las de naturaleza voluntaria, la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial". Ese mismo art. 250, en su párrafo IV declara que: "La guarda de hecho es una medida informal de apoyo que puede existir cuando no haya medidas voluntarias o judiciales que se estén aplicando eficazmente".

Desde esta óptica, la guarda de hecho ha dejado de contemplarse como una situación transitoria y provisional, avocada a desaparecer y dar tránsito a una medida institucional y de nombramiento judicial. En esta línea el nuevo art. 263 CC dispone que, "Quien viniere ejerciendo adecuadamente la guarda de hecho de una persona con discapacidad continuará en el desempeño de su función incluso si existen medidas de apoyo de naturaleza voluntaria o judicial, siempre que estas no se estén aplicando eficazmente".

Con carácter general establece el art. 250, párrafo séptimo del Código Civil que, "al determinar las medidas de apoyo se procurará evitar situaciones en las que se puedan producir conflictos de intereses o influencia indebida". Para la curatela, el art. 270 CC ordena que "La autoridad judicial establecerá en la resolución que constituya la curatela o en otra posterior las medidas de control que estime oportunas para garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona que precisa el apoyo, así como para evitar los abusos, los conflictos de intereses y la influencia indebida.

También podrá exigir en cualquier momento al curador que, en el ámbito de sus funciones, informe sobre la situación personal o patrimonial de aquella. Sin perjuicio de las revisiones periódicas de estas resoluciones, el Ministerio Fiscal podrá recabar en cualquier momento la información que considere necesaria a fin de garantizar el buen funcionamiento de la curatela". A la misma idea responde la posibilidad de remover al tutor ( art. 278 CC) o la exigencia de autorización judicial para algunos actos ( art. 287 CC para el curador).

Esto supone que, si de hecho hay alguien que, a pesar de no haber sido designado voluntariamente por el propio interesado (apoyos voluntarios) ni nombrado por el juez, no se da el presupuesto que exige la nueva ley para que el juez adopte una medida.

En este sentido, el art. 269 CC establece: "La autoridad judicial constituirá la curatela mediante resolución motivada cuando no exista otra medida de apoyo suficiente para la persona con discapacidad". Lo que presupone que, esa medida suficiente puede ser perfectamente la guarda de hecho, cuyo eficaz funcionamiento impedirá la adopción de una medida judicial de apoyo".

La Ley 8/2021 parte de la idea que la mayor parte de las personas con algún tipo de discapacidad reciben el apoyo de su entorno más cercano, generalmente por parte de algún familiar, sin que esta situación requiera ser modificada si el apoyo prestado resulta adecuado.

Este cambio de planteamiento para la guarda de hecho de las personas con discapacidad se anuncia ya desde el Preámbulo de la misma Ley 8/2021, donde puede leerse cómo en la reforma se lleva a cabo:

"el reforzamiento de la figura de la guarda de hecho, que se transforma en una propia institución jurídica de apoyo, al dejar de ser una situación provisional cuando se manifiesta como suficiente y adecuada para la salvaguarda de los derechos de la persona con discapacidad. La realidad demuestra que en muchos supuestos la persona con discapacidad está adecuadamente asistida o apoyada en la toma de decisiones y el ejercicio de su capacidad jurídica por un guardador de hecho - generalmente un familiar, pues la familia sigue siendo en nuestra sociedad el grupo básico de solidaridad y apoyo entre las personas que la componen, especialmente en lo que atañe a sus miembros más vulnerables-, que no precisa de una investidura judicial formal que la persona con discapacidad tampoco desea. Para los casos en que se requiera que el guardador realice una actuación representativa, se prevé la necesidad de que obtenga una autorización judicial ad hoc, de modo que no será preciso que se abra todo un procedimiento general de provisión de apoyos, sino que será suficiente con la autorización para el caso, previo examen de las circunstancias".

Como es fácil de comprender, y a pesar de que en la práctica la guarda de hecho ha venido funcionando con escasa litigiosidad, lo más problemático puede ser el funcionamiento de una figura que actúa exenta de controles y garantías, por el riesgo de abusos a que puede dar lugar".

TERCERO.- En el presente caso, a la vista de las manifestaciones de las partes, tras el visionado de las declaraciones de los parientes más próximos de D. Andrés, sus hijos y su hermana, y practicada toda la prueba, que señala el artículo 759.4 LEC, en su redacción dada por la ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, a cuyo tenor: "[...] si la sentencia que decida sobre las medidas de apoyo fuere apelada, se ordenará también de oficio en la segunda instancia la práctica de las pruebas preceptivas a que se refieren los apartados anteriores de este artículo", ha quedado acreditado que D. Andrés ha evolucionado muy positivamente en los últimos años. En ello coinciden todos los informes médicos aportados, a lo que ha contribuido su régimen de vida más saludable, su regular seguimiento médico y sus tratamiento rehabilitador.

El informe del médico forense, tras el estudio de toda la documentación obrante en los autos concluye que D. Andrés está diagnosticado de deterioro cognitivo de perfil frontal de etiología vascular leve-moderado. Ha presentado una significativa mejoría clínica desde el inicio del tratamiento en el Centro de Día Salgado Alba. Las limitaciones que actualmente presenta no impiden su autogobierno ni el gobierno de sus bienes. No obstante precisa ayuda en ciertas tareas y toma de decisiones de complejidad.

El último informe médico emitido por la médico adjunto del servicio de neurología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, de 31 de marzo de 2023, señala que acude a la revisión acompañado por su hermana, y que el paciente presentó un deterioro cognitivo de perfil frontal y etiología vascular en relación a los infartos agudos, que ha ido mejorando progresivamente a lo largo del seguimiento y actualmente continúa con mejoría clínica. El informe señala que sigue viviendo con su hermana, y que en la exploración neurológica la puntuación es normal, recomendando control de los factores de riesgo cardiovascular e intentar mantener estimulación cognitiva en la medida de lo posible y continuar con las revisiones semestrales. También se aportó informe social del Centro Domus, en el que se señala que a nivel cognitivo se mantiene estable desde el ingreso e incluso en algunas funciones cognitivas mejora su desempeño. Presenta pequeños fallos principalmente en atención/concentración y memoria a corto plazo, aunque es capaz de beneficiarse de la facilitación semántica y/o fonológica para recuperar la informa fijada previamente. Estos fallos interfieren en el correcto desempeño de actividades instrumentales y avanzadas de la vida diaria.

El informe mantiene que, con todo, en el centro mantiene la independencia en el manejo de nuevas tecnologías, como móvil, Tablet y ordenador, y que puede manjar pequeñas cantidades de dinero y realizar pequeñas compras. Pese a que precisa preparación previa de ingredientes, puede realizar comidas sencillas con indicaciones y seguir instrucciones y colaborar en la realización de tareas sencillas del hogar. Por último expresa que durante su estancia en el centro no ha presentado alteraciones de conducta ni de convivencia y se muestra emocionalmente estable. Es colaborador y participativo en la realización de actividades.

En la exploración personal, se expresó adecuadamente y con coherencia, relató la mala relación que ha mantenido con sus hijos, y la nula relación que mantiene ahora con ellos. Expresa su deseo de seguir siendo apoyado por su hermana Nieves y su familia, con los que se siente bien aceptado e integrado y perfectamente atendido en todas sus necesidades, y manifiesta que es capaz de controlar y decidir la organización de su económica doméstica.

CUARTO,. Por todo lo expuesto, a la vista de la nueva Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica no se plantea la Sala declarar la modificación de la capacidad de obrar, de D. Andrés, sino determinar la situación de necesidad de apoyos, en los términos de la referida Ley, y partiendo de los presupuestos en ella establecidos.

Es por ello, que estimamos, que puesto que la guarda de hecho que está ejerciendo su hermana Dª. Nieves, está protegiendo suficientemente al recurrente, por lo no procede instituir otras medidas de apoyo, puesto que hasta la fecha el apoyo prestado por la hermana ha resultado muy positivo para el recurrente, que además lo acepta de buen grado.

Por lo expuesto, y considerando que para resolver el recurso, hay que partir de la actual regulación contenida en la Ley 8/2021, de 2 de junio, que consagra definitivamente la guarda de hecho como una medida más de apoyo. E incluso, como una medida principal, al señalar el art. 250 CC que: "Las medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas que lo precisen son, además de las de naturaleza voluntaria, la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial". Ese mismo art. 250, en su párrafo IV declara que: "La guarda de hecho es una medida informal de apoyo que puede existir cuando no haya medidas voluntarias o judiciales que se estén aplicando eficazmente".

El apoyo de la guarda de hecho puede consistir en otras ocasiones en acompañar, informar, asesorar o aconsejar en la toma de decisiones por la persona con discapacidad.

En el presente caso, se ha constatado, que Dª. Nieves, se encarga de su cuidado y atención, de supervisar que todas sus necesidades estén adecuadamente cubiertas, y que asista al centro de día, y está en contacto con el personal del centro, que igual que los restantes profesionales que le atienden han visto una muy positiva evolución del recurrente. En cuanto al aspecto patrimonial, es el propio recurrente el que se ocupa de gestionar sus cuentas y controlar su economía, con la supervisión de su hermana. Los hijos del recurrente, no ponen en duda que su padre está adecuadamente cuidado y atendido, sino que desconfían de que la gestión económica por parte de su tía no esté redundando en perjuicio de su padre, y en beneficio de su tía o su familia, poniendo en duda la veracidad de un reconocimiento de deuda, realizado or su padre en favor de su hermana, que obra en los autos, de 2017. Sin embargo no consta que el deterioro cognitivo que ha presentado D. Andrés existiera cuando dicho documento se firmó.

En todo caso, la guarda de hecho no es una figura exenta de controles, con la regulación legal actual, puesto que el nuevo art. 265 CC establece que: "A través de un expediente de jurisdicción voluntaria, la autoridad judicial podrá requerir al guardador en cualquier momento, de oficio, a solicitud del Ministerio Fiscal o a instancia de cualquier interesado, para que informe de su actuación, y establecer las salvaguardias que estime necesarias. Asimismo, podrá exigir que el guardador rinda cuentas de su actuación en cualquier momento". Luego no puede criticarse el mantenimiento de la guarda de hecho, sin la adopción de otras medidas, dado que la ley expresamente prevé el establecimiento de controles en estas situaciones.

El ámbito de la información requerida al guardador puede referirse tanto a la situación de la persona y bienes de la persona con discapacidad, así como a su actuación en relación con los mismos.

Si a resultas de la información obtenida el juez lo estima necesario podrá establecer las salvaguardas precisas ( art. 265 CC y 52.2 LJV)

Por otra parte, el legislador ha previsto que los problemas se susciten puntualmente, cuando resulta preciso el otorgamiento de un acto jurídico y la persona con discapacidad no está en condiciones de realizarlo, se resuelvan mediante la correspondiente autorización judicial para la realización del acto de que se trate.

Por otra parte, hay que señala que conforme a los párrafos tercero y cuarto, del art. 269: "Sólo en los casos excepcionales en los que resulte imprescindible por las circunstancias de la persona con discapacidad, la autoridad judicial determinará en resolución motivada los actos concretos en los que el curador habrá de asumir la representación de la persona con discapacidad. Los actos en los que el curador deba prestar el apoyo deberán fijarse de manera precisa, indicando, en su caso, cuáles son aquellos donde debe ejercer la representación. El curador actuará bajo los criterios fijados en el artículo 249".

Para el guardador de hecho la regla se encuentra en el art. 264, en el que se contempla la representación por parte del guardador de hecho como excepcional, al decir que "Cuando, excepcionalmente, se requiera la actuación representativa del guardador de hecho, este habrá de obtener la autorización para realizarla a través del correspondiente expediente de jurisdicción voluntaria, en el que se oirá a la persona con discapacidad. La autorización judicial para actuar como representante se podrá conceder, previa comprobación de su necesidad, en los términos y con los requisitos adecuados a las circunstancias del caso. La autorización podrá comprender uno o varios actos necesarios para el desarrollo de la función de apoyo y deberá ser ejercitada de conformidad con la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad.

En todo caso, quien ejerza la guarda de hecho deberá recabar autorización judicial conforme a lo indicado en el párrafo anterior para prestar consentimiento en los actos enumerados en el artículo 287.

No será necesaria autorización judicial cuando el guardador solicite una prestación económica a favor de la persona con discapacidad, siempre que esta no suponga un cambio significativo en la forma de vida de la persona, o realice actos jurídicos sobre bienes de esta que tengan escasa relevancia económica y carezcan de especial significado personal o familiar.

La autoridad judicial podrá acordar el nombramiento de un defensor judicial para aquellos asuntos que por su naturaleza lo exijan".

Por ello, aunque el primer párrafo exige siempre autorización judicial para actuar en representación, lo que incluiría la exigencia de autorización para cualquier acto, incluidos actos corrientes de la vida ordinaria e incluso aunque sean de escasa cuantía, el párrafo tercero excepciona de esa exigencia, la solicitud de prestaciones económicas a favor de la persona con discapacidad o la realización de actos jurídicos sobre bienes que tengan escasa relevancia económica y carezcan de especial significado personal o familiar.

En definitiva, a la vista de la remisión contenida en el párrafo segundo del art. 264 al art. 287 la autorización será precisa en los mismos casos que la necesita el curador: "En todo caso, quien ejerza la guarda de hecho deberá recabar autorización judicial conforme a lo indicado en el párrafo anterior para prestar consentimiento en los actos enumerados en el artículo 287" (es decir, los actos de mayor trascendencia, personal o patrimonial para los que el curador precisa autorización judicial).

Por otra parte, lo que prevé la legislación actual es que solo cuando se aprecie que la guarda de hecho no funciona eficazmente, si subsiste la necesidad del apoyo y no existe otro guardador de hecho, será preciso recurrir a las medidas judiciales de apoyo ( art. 267.4 CC).

En definitiva y como se establece igualmente en el artículo 255 CC, a cuyo tenor: "Cualquier persona mayor de edad o menor emancipada en previsión o apreciación de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás, podrá prever o acordar en escritura pública medidas de apoyo relativas a su persona o bienes.

Podrá también establecer el régimen de actuación, el alcance de las facultades de la persona o personas que le hayan de prestar apoyo, o la forma de ejercicio del apoyo, el cual se prestará conforme a lo dispuesto en el artículo 249.

Asimismo, podrá prever las medidas u órganos de control que estime oportuno, las salvaguardas necesarias para evitar abusos, conflicto de intereses o influencia indebida y los mecanismos y plazos de revisión de las medidas de apoyo, con el fin de garantizar el respeto de su voluntad, deseos y preferencias.

El Notario autorizante comunicará de oficio y sin dilación el documento público que contenga las medidas de apoyo al Registro Civil para su constancia en el registro individual del otorgante.

Solo en defecto o por insuficiencia de estas medidas de naturaleza voluntaria, y a falta de guarda de hecho que suponga apoyo suficiente, podrá la autoridad judicial adoptar otras supletorias o complementarias".

Lo que redunda en la voluntad del legislador, de no adoptar más apoyos que los estrictamente necesarios, para la adecuada protección de las personas con discapacidad, y estimando que la medida principal de apoyo debe ser la guarda de hecho, por las personas más cercanas a la persona discapacitada, cuya actuación será controlada por el Juzgador a instancias del Ministerio Fiscal, del propio discapaz o de cualquiera que tenga un interés legítimo, y que para cualquier acto, más allá de los de la vida ordinaria necesitará la autorización judicial, salvo en el caso de hallarse autorizado por la Ley de autonomía del paciente para prestar consentimiento por la persona impedida de prestarlo.

Por todo lo expuesto, procede la estimación del recurso de apelación formulado.

QUINTO.- Dada la especial naturaleza y efectos de la materia objeto del presente procedimiento, así como las dudas interpretativas surgidas con la promulgación de la nueva Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, no procede hacer expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en esta alzada a ninguna de las partes.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos legales citados y los demás de general aplicación