Sentencia Civil 134/2024 Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 6, Rec. 1279/2022 de 22 de marzo del 2024

Se aceptan los Fundamentos de Derecho de la resolución objeto de recurso, en tanto no se opongan a los recogidos en esta resolución.

PRIMERO.- La sentencia de instancia fijó la controversia entre las partes en los siguientes términos: " PRIMERO.- Por la asistencia letrada de la parte demandante, se alega, en síntesis:

-Que la presente demanda tiene por objeto la nulidad del contrato de crédito al consumo mediante sistema revolving contratado por la parte actora, de forma principal se plantea una acción individual de nulidad de condiciones generales de la contratación en relación con la cláusula de intereses remuneratorio s por considerarlas abusivas por no superar el control de transparencia/o incorporación establecido por la jurisprudencia y normativa vigentes.

-Que de forma previa a la presentación de esta demanda, esta parte ha presentado una reclamación previa a la demandada solicitando que se facilitase al cliente la siguiente documentación de la que no disponía, ya que la entidad jamás se la facilitó a sus clientes, aportándose copia de la referida Reclamación como DOCUMENTO N ÚMERO 2, de fecha 13 de julio de2020.

-Que la contestación de la entidad llegaría con la contestación que acompañamos como DOCUMENTO NÚMERO 3, de fecha 15 de octubre de 2020, mediante la cual se negaba cualquier tipo de abusividad en el contrato, así como la devolución de importe alguno.

-Que para acreditar que se han estado cobrando intereses usurarios por la demandada, aportamos como DOCUMENTO N ÚMERO 4 algunos recibos

-Que la parte demandante es cliente de la entidad sin conocimientos financieros específicos, como destinatarios finales este tipo de préstamos / créditos como el que nos ocupa en el presente procedimiento tiene la condición de "CONSUMIDOR Y USUARIO" conforme al artículo 3 del RDL 1/2007 Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias, y el art. 2.b) de la Directiva 93/13/CEE del Consejo .

-Que las condiciones fueron impuestas por la entidad demandada, sin que existiera margen de negociación alguno.

Cabe destacar que la parte actora desconocía las consecuencias jurídicas y económicas de la aceptación del clausulado de este contrato.

-Que el contrato no fue explicado siquiera mínimamente a la parte actora, ni le fue facilitada una copia

al momento de la contratación, sino que ha tenido que solicitárselo a la entidad para la interposición de la presente demanda a ,-Que no se supera el control de incorporación y transparencia por la entidad predisponente de las condiciones generales tanto por el tamaño y ubicación, como por el enmascaramiento dentro de una amplia reglamentación que no distingue, ni resalta los distintos aspectos de las condiciones ni lo que a un consumidor medio le resulta relevante y necesita conoce desde el inicio, ya que incluso a la parte actora, CON ANTERIORIDAD A LA FIRMA NO SE LEHA FACILITADO EL REGLAMENTO REGULADOR.

-Que el contrato contiene varias condiciones en una letra que por su tamaño resulta prácticamente ilegible.

-Que el clausulado del Reglamento litigioso, en lo que al interés remuneratorio se refiere, TAMPOCO SUPERA EL CONTROL DETRANSPARENCIA en su otra faceta menos formal, cuál es la que, dentro del condicionado se resalte adecuadamente respecto del resto de las cláusulas de acuerdo con su importancia esencialidad trascendencia.

-Que los clientes para tener un conocimiento cabal y conocer la carga jurídica y económica del contrato deberían haber sido informados de cómo funciona el crédito revolving con pago aplazado, con una herramienta o simulaciones semejantes a la que proporciona el Banco de España (calculadoras de simulación).- Que como se desprende del contrato aportado, se estableció por parte de la entidad un

T.A.E muy superior al 20 % (vid. Condiciones generales) siendo el tipo de interés medio de los créditos al consumo en esas fechas estaba por debajo del 10 %según estadística publicada por el Banco de España, lo que evidencia una enorme desproporcionalidad sin ninguna fundamentación ni justificación por parte de la entidad como exige la LRU en su artículo primero.

-Que se dejan interesados los Archivos Públicos del Banco de España relativos a los tipos de interés medios de los créditos al consumo y en la actualidad de las tarjetas revolving con pago aplazado.

-Que la CLÁUSULA DE INTERESES DEBE SER DECLARADA USURARIA de conformidad con el Art.1 de la Ley de 23 de julio de 1908 deberes i en de la Usar a, de acuerdo con lo referido en este sentido por la reciente Sentencia del TS de 4 de marzo de 2020 , por sus condiciones.

-Que el sistema de pago revolving empleado en este caso es altamente perjudicial para el cliente bancario ya que, pese a que se le indica que supone una cuota muy asequible, lo cierto es que cada mes del importe total de la cuota se destina a amortización de capital un mínimo que, a la vista del tipo de interés, hace que la devolución del crédito pueda resultar eterna o, cuanto menos mucho más larga de lo que espera el cliente, especialmente en aquellos supuestos en los que se produce algún retraso en el pago, en los que entonces, la cantidad cobrada por posiciones deudoras, y el devengo de los intereses moratorios pueda generar que ese mes no solo no se amortice cantidad alguna, sino incluso que se aumente la deuda.

-Que por esta parte se ha intentado reiteradamente lograr una solución extrajudicial, recibiendo en primer lugar respuestas evasivas, y finalmente la negativa de la entidad a acceder a la pretensión de la parte actora, al mantener la plena validez delas cláusulas reclamadas, negando su nulidad, y en consecuencia negando las consecuencias de éstas, aportándose aportado copia de la RECLAMACIÓN PREVI A ..".

Y por parte de la parte demandada/apelada que :

-Que respecto la condición de consumidor de la parte adversa, esta parte interesa manifestar que, toda vez que no se acredita por la actora, como es su responsabilidad, que el destino del capital objeto de contrato no esté relacionado con la actividad profesional o empresarial del mismo.

-Que respecto del control de incorporación, esta parte interesa manifestar que la letra es perfectamente legible y entendible.

-Que respecto del control de transparencia, esta parte interesa manifestar que la parte actora fue debidamente informada sóbrelas características del producto que estaba contratando, y que era perfectamente conocedora de la carga económica que le suponía la suscripción del contrato.

-Que se trata de un contrato, esto es, mi mandante financió la compra de un producto por la parte demandante, y paralelamente se le abrió con ese mismo contrato una línea de crédito permanente.

-Que dicha línea de crédito no se activó hasta que la parte demandante solicitó telefónicamente financiación. Cabe decir que esta línea de crédito era totalmente opcional activarla o no, es decir, la parte demandante estaba facultada para activarla solicitando financiación a mi mandante o por el contrario no hacer uso de ella.

-Que como bien reconoce la parte demandante, la fecha de suscripción del contrato se efectúa en fecha 7 de marzo de 2006. En dicha fecha, y como consta en el apartado de la firma del contrato en las condiciones particulares del mismo, el firmante declara haber leído y aceptado todas las condiciones que constaban en el contrato y haber recibido copia del mismo. Por tanto, la parte demandante tenía a su

disposición el contrato.

-Que la parte demandante, una vez entendió toda la información contractual y las consecuencias económicas del contrato, decidió un año y dos meses más tarde (el 2 de julio de 2014) solicitar financiación, activando así la línea de crédito.

-Que el cliente estuvo en todo momento informado, no solo mediante la disposición del contrato, sino también mediante llamada telefónica por parte de los técnicos de COFIDIS, aportándose como Documento nº 1 la grabación digital que acredítalas frecuentes llamadas que realizaba mi mandante en aras a actualizar los datos de la demandante y analizar su solvencia patrimonial.

-Que si la parte actora tenía alguna duda respecto del citado contrato podía haber llamado a mi mandante o simplemente entraren la página web de Cofidis donde consta allí toda la información contractual. Esta parte interesa adjuntar captura de pantalla de la página web de Cofidis.

-Que cabe manifestar que en el apartado de la firma del contrato, e l firmante declara haber l e ido y aceptado todas las condicione que constan en el presente contrato y reconoce la deuda.

-Que la cláusula que fija el TAE aplicable es CLARA, CONCISA YENTENDIBLE PARA CUALQUIER CONSUMIDOR.

-Que no sólo durante el momento previo a la firma del contrato el demandante estuvo plenamente informado, sino que durante la vigencia del citado contrato se le enviaban a su domicilio los extractos detallando cada partida de la cantidad que estaba satisfaciendo, aportándose como Bloque documental 2 tres extractos que acreditan que la parte actora conocía qué cantidad de cada partida estaba pagando atendiendo al recibo.-Que además de entender toda la información proporcionada, y estando de acuerdo con el contrato firmado, con posterioridad hizo ulteriores disposiciones, puesto que si en el momento que firmó el contrato no era consciente de las cargas económicas que suponía el mismo como pretende hacer ver la parte adversa, no tiene sentido que una vez ya tenía constancia de cómo funcionaba

realizará posteriores disposiciones, aportándose como Documentonº 3 y Documento nº 4 las grabaciones digitales que acreditan las posteriores disposiciones efectuada por el demandante.

-Que no es cierto que la parte adversa no tuviera un conocimiento real de la carga económica del contrato, puesto que después de ver el funcionamiento del mismo siguió solicitando financiación, por lo que se prueba que se cumple con el control de transparencia.

-Que como es de ver en el certificado de saldo, la parte adversa cumplió con su crédito en fecha 17 de agosto de 2017, y una vez liquidada la deuda solicitó de nuevo financiación en fecha 3 de septiembre de 2018.

-Que este hecho va en contra de la doctrina de actos propios, puesto que una vez tenía constancia de cómo funcionaba el crédito las cuotas y dejado a cero el saldo, solicitó un año más tarde financiación.

-Que no es cierto que la categoría aplicable sea la de operaciones de crédito al consumo, puesto que esta no es la más específica en el presente supuesto. Por tanto, se debe aplicar la categoría más específica que es la de "Tarjetas de crédito de pago aplazado".

-Que en el año 2006 no existía una categoría específica para las tarjetas de crédito de pago aplazado, se puede apreciar que la media que publica el Banco de España a partir de junio de 2010, en los años posteriores rondaba el 20%.

-Que si se tiene en cuenta que el TAE medio para este tipo de operaciones rondaba el 20%, y en el presente caso es del 22,95%, por lo que no se superan los siete puntos porcentuales y, por ende, no se puede considerar un interés notablemente superior del dinero y, por ende, no puede ser considerado abusivo.

-Que si el importe recogido por el Banco de España resulta la MEDIA de los T.A.E. para este tipo de contratos, lo que implica que habrá algunos tipos M ÁS ALTOS Y OTROS MÁS BAJO S, arrojándosela media alrededor del 20%. Con ello, queremos significar que, no por resultar superior a ese 20% implica, auto áticamente, resultar abusivo, sino que debemos establecer si el T.A.E. aplicado es desproporcionadamente superior al importe medio.

-Que habida cuenta que el T.A.E. aplicado al contrato de autos está fijado en el 22,95%, debemos concluir que el mismo no resulta en modo alguno abusivo. Si bien es cierto que es ligeramente más elevado que el importe medio, no se entiende que el mismo sea tan elevado como para no considerar que el mismo ya se encuentra dentro de la media calculada por el Banco de España.

-Que el TEDR sería equiparable, comparable y confrontable con el TIN, pero no con la TAE. Sin embargo, el Tribunal Supremo (Sentencia STS 600/2020 ) se empecina en contrastar la TAE (26,82%) de la tarjeta y no su TIN (24%), con el TEDR (20,64%) de las estadísticas oficiales.

-Que ha de tomarse el TIN del contrato en cuestión, y no su TAE, para equipararlo a las referencias publicadas por el Banco de España.

-Que esta parte respondió a esas reclamaciones previas, aportándola documentación solicitada en las mismas, pero su mandante no iba a reconocer cosas que no son ciertas como que los intereses

remuneratorios eran abusivos.

-Que su mandante atiende en todo momento a la reclamación previa que le efectúa la parte actora, negando la abusividad de los intereses remuneratorios que como hemos dicho no son abusivos."

Y tras citar la jurisprudencia que entendió de aplicación al caso, desestimó la demanda, con declaración de nulidad del contrato, ejercitada principalmente sosteniendo la falta de transparencia del contrato al apreciar que: " TERCERO.- Así pues, ha de analizarse si cabe o no que prosperen las acciones entabladas sobre nulidad por falta de transparencia, y subsidiariamente, la acción sobre nulidad por razón de clausura, y en caso afirmativo se procedería por la que suscribe a examinar la excepción de prescripción alegada por la parte demandada sobre la acción de restitución de cantidades.

Por tanto, en primer lugar, se va a proceder al examen sobre Sila cláusula de interés remuneratorio es nula por falta de transparencia e información previa. Pues bien, teniendo en cuenta la documental aportada, lo cierto es que en el formulario de solicitud que se halla suscrito por la propia parte demandante, el tamaño de la letra es reducido, pero aun así se puede comprender las condiciones que suscribió, máxime como cuando en la propia demanda se razona que la fecha del contrato es de 07 de marzo de 2006, y la fecha de activación dela cuenta permanente es de mayo de 2008, por lo que entre tales operaciones medió un tiempo razonable durante el cual la propia demandante pudo comunicarse con la financiera para cualquier información.

Es más, no se puede alegar tal dificultad de comprensión cuando en la propia condición particular 4ª de la solicitud aportada se refleja expresamente como "coste del crédito", un tipo de interés mensual inicial del 1,7367% correspondiente a un tipo de interés nominal anual del 20,84% (TAE 22,95%), lo cual estableciéndose expresamente es comprensible para cualquier persona con un nivel de formación.

Por lo que el TAE inicial queda totalmente determinado en un porcentaje que no ofrece mayor complejidad para su comprensión, y en consecuencia no procede declarar la nulidad de la cláusula relativa al interés remuneratorio por falta de transparencia. Avala tal postura la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Cesc i en 4ª, de fecha de 12 de febrero de 2021 , la cual establece: "Empezando por la alegación de abusividad por falta de transparencia, que el actor circunscribe a la estipulación que establece el interés remuneratorio "por existir una falta de transparencia en las condiciones generales contempladas en el contrato de línea de crédito, concretamente en lo referente a los intereses remuneratorios", siguiendo el orden de la sentencia apelada, se considera oportuna la reseña de la STJUE de 20 de septiembre de 2017, cuestión prejudicial C- 186/19, caso Paula Andriciuc y otros.

Con relación a la exigencia de transparencia de las condiciones generales, la STJUE de 20 de septiembre de 2017, cuestión prejudicial C- 186/19, caso Paula Andriciuc y otros, en respuesta a la cuestión prejudicial tercera dice:

45. (..) la exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de manera clara y comprensible se ha de entender también como una obligación de que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula de que se trate, así como, en su caso, la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas, de manera que el consumidor de que se trate esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él ( sentencias de30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C?26/13,EU:C:2014:282, apartado 75 , y de 23 de abril de 2015, Van Hove, C?96/14, EU:C:2015:262 , apartado 50).

46. Esta cuestión debe ser examinada por el órgano jurisdiccional remitente a la vista de todos los elementos de hecho pertinentes, entre los que se encuentran la publicidad y la información proporcionadas por el prestamista en el marco de la negociación de un contrato de préstamo (véase, en este sentido, la sentenciade 26 de febrero de 2015, Matei, C?143/13, EU:C:2015:127 , apartado 75).

47. Más concretamente, incumbe al juez nacional, al tener en cuenta el conjunto de circunstancias que rodearon la celebración del contrato, verificar que, en el asunto de que se trata, se comunicaron al consumidor todos los elementos que pueden incidir en el alcance de su compromiso, permitiéndole evaluar, en particular, el coste total de su préstamo. Desempeñan un papel decisivo en dicha apreciación, por una parte, la cuestión de si las cláusulas están redactadas de forma clara y comprensible, de forma que permitan a un consumidor medio, a saber, un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, evaluar tal coste y, por otra parte, la falta de mención en el contrato de crédito al consumo de la información que se considere esencial a la vista de la naturaleza de los bienes o de los servicios que son objeto de dicho contrato (véase, en este sentido, la sentencia de 9

45.

de julio de 2015, Bucura, C?348/14, no publicada, EU:C:2015:447 , apartado 66).

Esta cuestión debe ser examinada por el órgano jurisdiccional remitente a la vista de todos los elementos de hecho pertinentes, entre los que se encuentran la publicidad y la información proporcionadas por el prestamista en el marco de la negociación de un contrato de préstamo (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de febrero de 2015, Matei, C?143/13, EU:C:2015:127 , apartado 75).

En el ejemplar o ejemplares de la solicitud del contrato de tarjeta crédito que obran en las actuaciones no son de fácil lectura, pero la dificultad de la lectura no deriva del tamaño de la letra, que se ha reducido en la reproducción (el tamaño de la reproducción no es normalizado), sino por la mala calidad de la impresión de los ejemplares unidos a los autos, consecuencia de las sucesivos procesos de reproducción y escaneado. No obstante, la reproducción permite discernir que el interés remuneratorio anual es el 12,41% (TAE anual) y el nominal mensual 0, 98 euros. En el condicionado del contrato también se recoge con claridad el importe del interés de demora, comisiones por disposición defectivo en cajeros distinguiendo si son de la propia entidad (no se paga comisión) o de otras así como el importe de los pagos mínimos según el límite de crédito disponible.

En tales circunstancias no cabe apreciar falta de transparencia en la cláusula del contrato que establece el interés remuneratorio porque la disposición que establece el tipo de interés es meridianamente clara y como razona la sentencia apelada entre la firma de la solicitud y la activación de la tarjeta hay una serie de actuaciones que debe realizar el cliente en las que tiene oportunidad de conocer los datos referentes al interés remuneratorio (también las distintas fórmulas de pago),no es verosímil que el cliente piense que la financiación que ofrece el banco a través de la tarjeta es gratuita ( no lo es ninguna contrato bancario de financiación) y añadimos que la utilización de un tarjeta de crédito sin leer las condiciones de uso o al menos la principal que es el interés que se paga por las disposiciones de crédito que se realizan con la misma ya sea en la modalidad de pago como en la de disposición de efectivo. no es acorde con el comportamiento del consumidor medio, "consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz " al que hacen referencia las STJUE como parámetro para el control de transparencia del clausulado de un contrato."

Respecto al resto de condiciones, no habiendo sido identificadas, ni concretadas por la actora, no se realiza pronunciamiento alguno, pues es en la demanda cuando se tienen que especificarlos conceptos que reclaman y sobre la que recae la carga de la prueba de su pretensión conforme al art. 217 de la Lec . En consecuencia, procede desestimar la acción principal de nulidad por falta de transparencia.

Como también desestimó la petición subsidiaria de declaración de usura de los intereses establecidos en el contrato, razonando que: " CUARTO.- En segundo lugar, en cuanto a la pretensión subsidiaria consistente en la determinación de la posible usura, ha de partirse de que el criterio para determinar "el interés normal del dinero", es el que ha sido recogido en la reciente sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, de fecha de 04de marzo de 2020 , la cual establece:

"CUARTO.- Decisión del tribunal (II): la referencia del "interés normal del dinero" que ha de utilizarse para determinar si el interés de un préstamo o crédito es notoriamente superior al interés normal del dinero

1.- Para determinar la referencia que ha de utilizarse como "interés normal del dinero" para realizar la comparación con el interés cuestionado en el litigio y valorar si el mismo es usurario, debe utilizarse el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada. Y si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede actualmente con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.),pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del

crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio.

2.- A estos efectos, es significativo que actualmente el Banco de España, para calcular el tipo medio ponderado de las operaciones de crédito al consumo, no tenga en cuenta el de las tarjetas de crédito y revolving, que se encuentra en un apartado específico.

3.- En el presente caso, en el litigio sí era discutido cuál era el interés de referencia que debía tomarse como "interés normal del dinero". Y a esta cuestión debe contestarse que el índice que debió ser tomado como referencia era el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España, con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda.

4.- En consecuencia, la TAE del 26,82% del crédito revolving (Queen el momento de interposición de la

demanda se había incrementado hasta el 27,24%, ha de compararse con el tipo medio de interés de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving de las estadísticas del Banco de España, que, según se fijó en la instancia, era algo superior al 20%, por ser el tipo medio de las operaciones con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda. No se ha alegado ni justificado que cuando se concertó el contrato el tipo de interés medio de esas operaciones fuera superior al tomado en cuenta en la instancia.

5.- Al tratarse de un dato recogido en las estadísticas oficiales del Banco de España elaboradas con base en los datos que le son suministrados por las entidades sometidas a su supervisión, se evita que ese

"interés normal del dinero" resulte fijado por la actuación de operadores fuera del control del supervisor que apliquen unos intereses claramente desorbitados.

QUINTO.- Decisión del tribunal (III): la determinación de cuándo el interés de un crédito revolving es usurario por ser notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso

1.- Aunque al tener la demandante la condición de consumidora, el control de la estipulación que fija el interés remuneratorio puede realizarse también mediante los controles de incorporación transparencia, propios del control de las condiciones generales en contratos celebrados con consumidores, en el caso objeto de este recurso, la demandante únicamente ejercitó la acción de nulidad de la operación de crédito mediante tarjeta revolving por su carácter usurario.

2.- El extremo del art. 1 de la Ley de 23 julio 1908, de Represión de la Usura, que resulta relevante para la cuestión objeto de este recurso establece: "Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso [...]".

3.- A diferencia de otros países de nuestro entorno, donde el legislador ha intervenido fijando porcentajes o parámetros concretos para determinar a partir de qué tipo de interés debe considerarse que una operación de crédito tiene carácter usurario, en España la regulación de la usura se contiene en una ley que ha superado un siglo de vigencia y que utiliza conceptos claramente indeterminados como son los de interés "notablemente superior al normal del dinero" y "manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso". Esta indeterminación obliga a los tribunales a realizar una labor reponderación en la que, una vez fijado el índice de referencia con el que ha de realizarse la comparación, han de tomarse en consideración diversos elementos.

4.- La sentencia del Juzgado de Primera Instancia consideró que, teniendo en cuenta que el interés medio de los créditos al consumo correspondientes a las tarjetas de crédito y revolviera algo superior al 20%, el interés aplicado por Wizink al crédito mediante tarjeta revolving concedido a la demandante, que era del 26,82% (que se había incrementado hasta un porcentaje superior en el momento de interposición de la demanda), había de considerarse usurario por ser notablemente superior al interés normal del dinero. 5.- En el caso objeto de nuestra anterior sentencia, la diferencia entre el índice tomado como referencia en concepto de "interés normal del dinero" y el tipo de interés remuneratorio del crédito revolving objeto de la demanda era mayor que la existente en la operación de crédito objeto de este recurso. Sin embargo, también en este caso ha de entenderse que el interés fijado en el contrato de crédito revolving es notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso y, por tanto, usurario, por las razones que se exponen en los siguientes párrafos.

6.- El tipo medio del que, en calidad de "interés normal del dinero", se parte para realizar la comparación, algo superior al20% anual, es ya muy elevado. Cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de "interés normal del dinero", menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura. De no seguirse este criterio, sedaría el absurdo de que para que una operación de crédito revolving pudiera ser considerada usuraria, por ser el interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso, el interés tendría que acercarse al 50%.7.- Por tal razón, una diferencia tan apreciable como la que concurre en este caso entre el índice tomado como referencia en calidad de "interés normal del dinero" y el tipo de interés fijado en el contrato, ha de considerarse como "notablemente

superior" a ese tipo utilizado como índice de referencia, a los efectos que aquí son relevantes.

8.- Han de tomarse además en consideración otras circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos, y las propias peculiaridades del crédito revolving, en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente, las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda pendiente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un deudor "cautivo", y los intereses y comisiones

devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio.

9.- Como dijimos en nuestra anterior sentencia 628/2015, de 25 de noviembre , no puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil (en ocasiones, añadimos ahora, mediante técnicas de comercialización agresivas) y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, pues la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico. Por tanto, la justificación de esa importante diferencia entre el tipo medio aplicado a las tarjetas de crédito y revolving no puede fundarse en esta circunstancia.10.- Todo ello supone que una elevación porcentual respecto del tipo de interés medio tomado como "interés normal del dinero" de las proporciones concurrentes en este supuesto, siendo ya tan elevado el tipo medio de las operaciones de crédito de la misma naturaleza, determine el carácter usurario de la operación de crédito.

11.- Como consecuencia de lo expuesto, el recurso de casación debe ser desestimado".

Por lo tanto, atendiendo a este reciente criterio, y examinándola documental aportada, no puede tomarse en consideración la pauta de referencia que es señalada por el demandante en cuanto a que en marzo de 2006 se fijó un 7,574%, pues dicho porcentaje amen de ser mensual, es correspondiente a las operaciones de crédito al consumo, con las que no guarda similitud las operaciones de tarjeta de crédito o revolving.

De modo, que no existe un criterio comparativo para la categoría especifica al tiempo de la fecha del contrato de 07 de marzo de2006, dado que al no publicarse por el Banco de España tipos específicos de estos créditos hasta el año 2010, no puede acudirse a un porcentaje que es extraído por la actora con relación a una operación de crédito al consumo, con la que el crédito "revolving" no guarda similitud alguna, pues no hay masque observar que desde su publicación los tipos aplicados en estas dos categorías son distintos totalmente.

En consecuencia, lo más acorde es teniendo en cuenta el criterio señalado por el TS, que proceda a compararse con el tipo medio de interés de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving de las estadísticas del Banco de España, que, según el alto Tribunal, era algo superior al 20%, por ser el tipo medio de las operaciones con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda, por lo que siendo el TAE inicial que se estipula en la condición particular 4ª del 22,95%, esta Juzgadora, no estima que pueda reputarse como notablemente desproporcionado, teniendo en cuenta también las circunstancias personales de la prestataria, la cual no ha acreditado una situación económica precaria con la que no pudiera asumir tal carga financiera.

En este sentido, se pronuncia la Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, sección 4ª, de fecha de20 de abril de 2021 , la cual establece:

"En este caso hay que partir también de un índice del 20 % pues viene a representar la media aproximada de los índices publicados en los últimos años por el Banco de España para operaciones como las del caso, índice que hay que entender que era el normal del mercado en la fecha del contrato, pues, aparte de que la demandante no ha acreditado cual fuera el más específico de la categoría de préstamos con tarjeta de crédito (únicamente tienen cuenta los generales del crédito al consumo), consultado otros índice de la época y de años anteriores, se advierte unas enormes diferencias entre distintos tipos de tarjetas (que van desde un14% a más de un 44%), de manera que no deja de ser una media ponderada el ya señalado del 20% que hay que tomar como término de comparación para calificar el interés. Como se indica en el recurso, el informe ASNEF (asociación nacional de establecimientos financieros de crédito) de 2.015, establece con claridad los tipos mínimos y máximos en cada modalidad concreta de créditos al consumo en el 80% de las operaciones llevadas a cabo por entidades financieras; y así resulta que en el año 2009, en el que se suscribió el contrato litigioso, oscilaba entre el18,29% y el 23,06%, lo que nos sitúa en un interés medio del 20%Sobre esa base y siguiendo el mismo criterio que el de la sentencia de este mismo tribunal (al que hay que atenerse en virtud del principio de igualdad en la aplicación de la ley - art. 14 de la CE -) hay que concluir que en este caso el interés(TAE) aplicado del 22,41 % no es usurario pues no supera en una quinta parte (el 20%) al de referencia, sin que pueda ser considerado como "notablemente" superior al normal, pues la circunstancia misma de que lo supere no implica de que el exceso debe de calificarse como de notable a menos que se sobrepase el límite señalado (de cuatro puntos sobre el de referencia en este caso), lo que en este caso no se ha producido."

En consecuencia, se desestima la pretensión subsidiaria de la demanda de declaración de nulidad por razón de la usura."

CUARTO.- Dado que la pretensión principal de la demanda, es la declaración

de nulidad del contrato de crédito revolving por considerarse abusivo por falta de transparencia y de incorporación preciso, y subsidiariamente usurarios los intereses convenidos, por ello será comenzar el análisis del recurso y de la demanda teniendo en cuenta tales pretensiones y las respectivas posiciones jurídicas de la partes.

En cuanto al control de incorporación, teniendo en cuenta los documentos acompañados e incorporados a autos, y el contrato aportado firmado el 7 de marzo de 2006, resulta legible, y describe las condiciones generales del préstamo, las condiciones particulares y de la "cuenta permanente", destacando en negrita cada condición y refiriéndose en la condición particular 4 de la "cuenta permanente" al coste del crédito y en el cinco al "cálculo de los intereses"

El control de incorporación, constada la legibilidad del documento debe tenerse por cumplido.

Cuestión distinta es el relativo al control de transparencia. En supuestos similares al que ahora se nos somete, en que la entidad demandada era la misma, por todas nuestra sentencia de SAP, Civil sección 6 del 18 de noviembre de 2022 ( ROJ: SAP V 4324/2022 - ECLI:ES:APV:2022:4324) hemos tenido ocasión de pronunciarnos en los siguientes términos:

"TERCERO.- Pero es que, en todo caso, la parte demandada opuso la nulidad de las cláusulas de intereses remuneratorios por no superar el control de transparencia y lo decía en relación a la cláusula 4ª del contrato que dice:

"5. Coste del crédito. El tipo de interés a aplicarse variará en función del saldo pendiente de la línea de crédito, existiendo 3 tamos: 1.- Para saldos pendientes de hasta 6000 euros se aplicará un TIN anual de 22,12%. 2.- Para saldos pendientes superiores a 6000 euros e inferiores o iguales a 9000 euros, el TIN anual será del 15,76%. 3.- Para saldos pendientes superiores a 9000 euros, el TIN anual será del 10,44%. El coste del crédito comprende los intereses devengados por el capital utilizado. El tipo de interés podrá ser revisado de conformidad con lo expresado en la condición 8. La TAE oscilará entre el 24,51% y el 10,95% dependiendo del importe dispuesto de la línea de crédito y del plazo de amortización. Ver tramos o ejemplos a continuación:

1- Para líneas de crédito de hasta 6000 euros, la TAE* será del 24,51%. 2- Para 7000 euros, la TAE* será del 21,88%. 3- Para 8000 euros, la TAE* será del 20,34%. 4- Para 9000 euros, la TAE* será del 19,56%. 5- Para 10000 euros, la TAE* será de 17,70%. 6- Para 11000, la TAE* será del 16,25%. 7-Para 12000 euros, la TAE* será del 15,32%.

*TAE. Cálculo teórico sin reutilización del disponible, sin seguro, sin comisiones, penalizaciones o indemnizaciones, sin promociones de pago especial y con una tasa de amortización del 3,4% sobre la línea de crédito, considerando que se dispone en un inicio del total de la misma. Las TAE han sido calculadas de acuerdo con la Circular 8/1990 del Banco de España (BOE Nº 226 de 20/09/90) modificada por la Circular 13/1993 (BOE nº 313)."

En cuanto a la alegada falta de transparencia, el Tribunal Supremo ha marcado una clara divisoria entre el control de incorporación y el control de transparencia aplicables a los contratos con condiciones generales concertados con consumidores, como es el caso.

En relación con el primero de los controles citados, resulta ilustrativa la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2020 ( ECLI:ES:TS:2020:98 ), que explica en qué consiste el control de incorporación en los siguientes términos:

"2.- El control de inclusión o de incorporación supone el cumplimiento por parte del predisponente de una serie de requisitos para que las condiciones generales queden incorporadas al contrato. Mediante el control de incorporación se intenta comprobar que la adhesión se ha realizado con unas mínimas garantías de cognoscibilidad por parte del adherente de las cláusulas que se integran en el contrato.

La LCGC se refiere a la incorporación de las condiciones generales al contrato en dos preceptos: en el art. 5 para establecer los requisitos de incorporación; y en el art. 7 para establecer cuándo las condiciones generales no quedan incorporadas al contrato. [...]

3.- En la práctica, como ya señalaron las sentencias de esta Sala 314/2018, de 28 de mayo y 57/2019, de 25 de enero , se aplica en primer lugar el filtro negativo del art. 7 LCGC ; y si se supera, es necesario pasar una segunda criba, ahora positiva, que es la prevista en los arts. 5.5 y 7 de la misma Ley : la redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez, de modo que no quedarán incorporadas al contrato las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles.

El primero de los filtros mencionados, el del art. 7, consiste, pues, en acreditar que el adherente tuvo ocasión real de conocer las condiciones generales al tiempo de la celebración. La sentencia 241/2013, de 9 mayo (a la que sigue, entre otras, la sentencia 314/2018, de 28 de mayo ) consideró suficiente que la parte predisponente acredite la puesta a disposición y la oportunidad real de conocer el contenido de dichas cláusulas para superar este control, independientemente de que el adherente o el consumidor realmente las haya conocido y entendido, pues esto último tendría más que ver con el control de transparencia y no con el de inclusión.

El segundo de los filtros del control de incorporación, previsto en los arts. 5 y 7 LCGC , hace referencia a la comprensibilidad gramatical y semántica de la cláusula.

En suma, para superar el control de incorporación, debe tratarse de una cláusula con una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal y que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato [...]".

Que las cláusulas de los contratos concertados con consumidores resulten transparentes no implica solamente que deba posibilitarse el conocimiento de su contenido, lo que constituye el objeto del control de inclusión o de incorporación. El control de transparencia supone, además y específicamente, como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2017 del Pleno ( ROJ: STS 788/2017 ):

"El control de transparencia, como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta, esto es, fuera del ámbito de interpretación general del Código Civil del 'error propio' o 'error vicio', cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la 'carga económica' que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizado a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la 'carga jurídica' del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo".

El requisito de transparencia supone, en esencia, que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, esté en condiciones de comprender el funcionamiento de la fórmula de pago aplazado por la que se opta y el modo de cálculo de los intereses que ha de satisfacer por acogerse a dicha fórmula y, así, valorar, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas de lo que suscribe.

La STS 564/2020, de 27 de octubre , dice que:

"del conjunto de circunstancias que son relevantes para verificar que el consumidor ha podido evaluar, antes de vincularse contractualmente, el coste total de su préstamo, como ha señalado el TJUE en su sentencia de 3 de marzo de 2020, C- 125/18 , desempeñan un papel decisivo, además de una redacción clara y comprensible que permitan a un consumidor medio evaluar tal coste, la falta de mención en el contrato de préstamo de la información que se considere esencial a la vista de la naturaleza de los bienes o de los servicios que son objeto de dicho contrato"

Es decir, es posible analizar si se ha cumplido con dichos controles de transparencia y de incorporación, no solo desde la perspectiva de la Ley de represión de la Usura.

Y partiendo de ello, esta Sala coincide con lo que han dicho las sentencias de diversas Audiencias Provinciales entre las que cabe destacar: La sentencia de la AP de Oviedo de 15 de febrero de 2022 ( ROJ: SAP O 366/2022 ) que dice:

"las propias peculiaridades del crédito revolving, como son que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente y las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda pendiente

y alargan considerablemente el tiempo de pago, con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización de capital, hasta el punto de poder convertir al prestatario en un deudor "cautivo", ello permite concluir que aun cuando originariamente pudiera no serlo, merced al incremento experimentado en la vida del contrato por mor de sus propias previsiones, y su propia naturaleza y sistema de amortización permiten llegar a la conclusión del carácter usurario de la operación".

Y que en su sentencia de 17 de septiembre de 2020 (cuyo criterio es recogido en otras posteriores, así la de 4 de noviembre de 2020 o 13 de enero, 16 de marzo y 17 de septiembre de 2021), dijeron:

"ciertamente, cualquier ciudadano medio es conocedor que todo crédito comporta un coste a modo del pago de los correspondientes intereses, como también que cuanto mayor sea el plazo de amortización mayor será el coste, ahora bien, en el supuesto de autos estamos ante una tarjeta tipo revolving, que a diferencia de las tarjetas de crédito ordinarias, son un tipo de tarjeta en la que el cliente dispone de un límite de crédito determinado, que puede devolverse a plazos, a través de cuotas periódicas, que pueden establecerse como un porcentaje de la deuda existente o como una cuota fija; cuotas periódicas que puedes elegir y cambiar dentro de unos mínimos establecidos por la entidad, pero su peculiaridad reside en que la deuda derivada del crédito se 'renueva' mensualmente: disminuye con los abonos que se hacen a través del pago de las cuotas, pero aumenta mediante el uso de la tarjeta (pagos, reintegros en cajero), así como con los intereses, las comisiones y otros gastos generados, que se financian conjuntamente. Es decir, como se indica en el recurso, la reconstitución del capital que se debe devolver, las cuantías de las cuotas que el titular de la tarjeta abona de forma periódica vuelven a formar parte del crédito disponible del cliente (de ahí su nombre revolving), por lo que constituye un crédito que se renueva de manera automática a su vencimiento mensual, de forma que en realidad es un crédito rotativo equiparable a una línea de crédito permanente. Sobre el capital dispuesto se aplica el tipo de interés pactado, y adicionalmente si se producen impagos, la deuda impagada se capitaliza nuevamente con devengo de intereses, hecho que se ve agravado con el posible cargo de comisiones por reclamación de cuota impagada o de posiciones deudoras además los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio, Son estas peculiaridades, que implican además, siendo este hecho notorio, un mayor tipo de interés remuneratorio que el que comportan los créditos al consumo en general y los que se ofrecen mediante tarjetas de crédito en particular, unido a que no es posible emitir un cuadro de amortización previo al variar la deuda y, en su caso, las cuotas mensuales a pagar, las que justifican que se exija de una especial diligencia por parte de la entidad financiera a la hora de explicar de una forma cabal y comprensiva a su cliente el verdadero coste del negocio que concierta, y es que como señala el Tribunal Supremo en su sentencia de 4 de marzo de 2020 , las propias peculiaridades del crédito revolving, puede provocar el efecto de convertir al prestatario en un deudor "cautivo", por ello nuestras Audiencias han puesto especial hincapié en el control de trasparencia de este tipo de operaciones (así sentencias Audiencias Provinciales de León Sección Primera de 15 de mayo de 2020 , Valladolid Sección Tercera de 25 de mayo de 2020 , o Barcelona Sección Primera de 11 de marzo de 2019 )."

Es relevante en este tipo de tarjetas atender al sistema de amortización propio de las mismas y en ese sentido dice también la SAP de Pontevedra de 19 de enero de 2022 ( ROJ: SAP PO 109/2022 ) :

"En este tipo de contratos tan relevante como la TAE (tasa anual equivalente) o el TIN (tipo deudor), es la forma en que se procede a su amortización. Respecto de la amortización prevista en el crédito revolving la SAP de Barcelona, sección 4", núm. 405/2021, de 28 de junio , indica:

" A ello se añade, que dadas las peculiaridades del contrato revolving de autos y a la vista de la cláusula que regula el interés remuneratorio objeto de autos no era posible que un consumidor medio conociese o pudiese conocer la carga económica que le representaba el mismo, ni tampoco el funcionamiento del contrato según se ha indicado más arriba. No bastaba, por ello, con indicar el TAE aplicable más el importe del límite mensual de pago Fin de mes, del importe de la Línea de Crédito y del importe de la mensualidad de crédito. Lo relevante era la mecánica de funcionamiento del contrato de crédito revolving, contratos en los que, por sus propias peculiaridades, los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio, y el límite del crédito se recompone constantemente,

y dependiendo de la cuantía de las cuotas, si no son muy elevadas en comparación con la deuda pendiente se puede llegar a pagar durante mucho tiempo una elevada cantidad de intereses frente a poca amortización de capital , y los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio. Debe concluirse, por tanto, que concurre falta de transparencia y que la cláusula es abusiva porque provoca un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor a quien no le ha sido posible hacerse una representación fiel del impacto económico que le supondrá este contrato ( SSTS 8 de junio de 2017 y 20 de enero de 2020 ).

La STS, núm. 149/2020, de 4 de marzo , ya aludida anteriormente, reseña : 8.- Han de tomarse además en consideración otras circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos, y las propias peculiaridades del crédito revolving, en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente, las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda pendiente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un deudor "cautivo", y los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio.

Estas características peculiares de la operación obligan al profesional a extremar el deber de información que contiene el contrato, no dudándose de la condición de consumidor de la demandante, y la información sobre el coste real del crédito está lejos de acreditarse en este caso, pues no puede desprenderse de la documental aportada. La información normalizada europea a que hace referencia la sentencia de instancia nada especifica al respecto, sino que hemos de ir a determinadas condiciones generales del contrato, especialmente la número 4 relativa al modo de reembolso, la 5 relativa al coste del crédito en que adjunta una tabla similar a la antes descrita, la 6 relativa al cálculo de los intereses, y su significado económico, más que plantear algo entendible como la TAE o ininteligible para profanos como la fórmula matemática relativa al devengo de intereses, cuando lo verdaderamente relevante en estos casos de tarjetas revolving es el sistema de amortización.

Hemos de recordar la importancia de la información, en la contratación con los consumidores, para cumplir con la exigencia de la transparencia de las condiciones generales se traslada a la fase precontractual cuando se adopta la decisión de contratar (entre otras, STJUE 21 de marzo de 2013, asunto C-92/11, y de 30 de abril de 2014, asunto C-26/13).

En el presente caso, el coste del crédito se contempla en la condición general 5, en términos muy similares al anteriormente descrita, y la cláusula 13 es determinante al indicar escuetamente que " aplazamiento. COFIDIS, a instancia de los titulares podrá acordar el aplazamiento de pago de algunos de los recibos mensuales. Dicho aplazamiento podrá llevar consigo la generación de interés a cargo de los titulares mediante capitalización del importe de los intereses, y el seguro, en caso de haberse suscrito".

Volviendo a lo anterior, esa cláusula puede pasar desapercibida entre el resto de las otras cláusulas de la tarjeta y demás documentos que se adjuntan, entre ellos la Información normalizada europea sobre el crédito al consumo, que nada contempla sobre esta operativa de amortización. Y es precisamente esta forma de funcionar el crédito a través de la tarjeta revolving, cómo se lleva a cabo la amortización de la deuda, la clave de este sistema y los efectos negativos que puede tener en la economía del consumidor los que no se explican. La conclusión no puede ser otra que considerar que no se ha cumplido con la obligación de acreditar que se ha informado de la carga jurídica del contrato, por lo que no puede considerarse superado el control de transparencia que debe superar cuando se trata de

condiciones generales en contratos con consumidores.

Como hemos indicado reiteradamente, la falta de transparencia no determina el carácter abusivo de la cláusula, pero abre la puerta a dicho examen. Sin embargo, en supuestos como el presente, puede afirmarse tal carácter cuando no existe una información correcta especialmente sobre las reglas que establecen el sistema de amortización y liquidación periódica de la deuda, contrariando las reglas de la buena fe, y provocando un desequilibrio jurídico y económico en la posición contractual del consumidor que puede ver agravada, sin explicación e información previa que le permita tomar una decisión consciente, su situación económica de forma excesivamente gravosa.

A la vista de la cláusula 6ª del contrato que ahora nos ocupa, al igual que el caso que analiza la Sentencia de la AP de Pontevedra: " más que plantear algo entendible como la TAE o ininteligible para profanos como la fórmula matemática relativa al devengo de intereses".

La mecánica de funcionamiento del crédito revolving no se explica en el clausulado del contrato de una manera clara y transparente ya que no se explica al consumidor que los intereses y comisiones se capitalizan para devengar el interés remuneratorio, de manera que este no sabe al contratar cual es la carga económica que le va a suponer contratar con esa modalidad de pago aplazado en el que el crédito se recompone constantemente.

Sólo en alguna ocasión, el TJUE ha permitido al Juez nacional sustituir una cláusula abusiva por otra estipulación supletoria del derecho nacional. Ello sólo es posible cuando la declaración de nulidad obligue al Juez a extinguir el contrato en su totalidad, quedando expuesto el consumidor a consecuencias negativas. La reciente STJUE de 3 de marzo de 2020 en el asunto C-125/18, reitera esta doctrina al señalar en el apartado 61: (..) No obstante, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, en una situación en la que un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor no puede subsistir tras la supresión de una cláusula abusiva, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 no se opone a que el juez nacional, en aplicación de principios del Derecho de los contratos, suprima la cláusula abusiva sustituyéndola por una disposición supletoria de Derecho nacional en aquellos casos en que la declaración de nulidad de la cláusula abusiva obligue al juez a anular el contrato en su totalidad, quedando expuesto así el consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales, que representen para este una penalización (véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C26/13, EU:C:2014:282, apartados 80 a 84; de 26 de marzo de 2019, Abanca Corporación Bancaria y Bankia, C70/17y C179/17, EU:C:2019:250, apartados 56 y 64, y de 3 de octubre de 2019, Dziubak, C260/18, EU:C:2019:819, apartado 48)."

La aplicación de esta doctrina jurisprudencial al supuesto que nos ocupa debe llevar a la nulidad del contrato en su totalidad, ya que el mismo no puede subsistir con la supresión de parte de la obligación esencial del cliente que es devolver el dinero dispuesto con la tarjeta con los intereses remuneratorios correspondientes, que es el precio del servicio que configura el derecho de crédito de la entidad financiera y el beneficio que obtiene con el negocio integrando el objeto y la causa del contrato.

En consecuencia, al considerar que existe falta de transparencia, el efecto será que no se devengarán los intereses remuneratorios, con la obligación de la demandada

de proceder a su devolución, con intereses legales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.303 del Código Civil, y al estimarse la pretensión principal, no procede analizar ni resolver la petición subsidiaria.

Por ello, procede condenar a la entidad reliquidar la deuda y a compensar con la actora todas las cantidades abonadas por ésta que excedan del capital prestado más sus correspondientes intereses legales desde la realización del pago en exceso respecto de dicho capital con el capital pendiente de abono, sin que proceda ya entrar a resolver acerca de la pretensión subsidiara de la demanda.

Por ello entendemos que procede estimar el recurso interpuesto, con la consecuencia de deberse revocarse la sentencia de instancia, y estimar íntegramente la demanda, con la consiguiente condena en costas en primera instancia a la parte demandada.

QUINTO.- Dada la estimación de la pretensión principal de la demanda, procede imponer a la parte demandada el pago de las costas procesales generadas en primera instancia.

SEXTO.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 398 de la LEC, dada la estimación del recurso de apelación, no procede efectuar expresa condena en costas procesales en esta segunda instancia, con devolución del depósito que se hubiera efectuado para recurrir. a la parte apelante, dada la desestimación de su recurso.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de Su Majestad El Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.