Sentencia Civil 199/2023 Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 8, Rec. 160/2022 de 04 de mayo del 2023

PRIMERO.- La sentencia recurrida, que recoge ampliamente los antecedentes y posiciones de las partes y que son innecesarios reproducir estimó de la demanda, siendo su fallo del tenor literal siguiente:

"ESTIMO INTEGRAMENTE la demanda formulada la mercantil MODAGAR, S.L. representado por el Procurador de los Tribunales Sr. ALBERT GARCÍA, y como parte demandada CANTERA LA TORRETA SA, representado por el Procurador de los Tribunales

Sr. FRANCES SILVESTRE y, en consecuencia:

A.- Declaro el dominio adquirido por usucapión de las fincas registrales nº NUM000 y NUM001 del Registro de la Propiedad de Xàtiva, a favor de la demandante Modagar, S.L.

B. Condeno a la mercantil demandada Áridos Sierra Gorda, S.L., a estar y pasar por la

anterior declaración y no perturbar el dominio de Modagar, S.L.

C. Ordenar la rectificación de la inscripción registral en el Registro de la Propiedad de Xàtiva.

D. Condeno a la demandada al pago de las costas procesales".

Contra dicha sentencia se alza la parte actora interponiendo apelación impugnando todos sus fundamentos, en recurso que a continuación se examina.

Conferido traslado a la entidad demandada se opuso al recurso solicitando su desestimación con imposición de costas a la parte apelante.

SEGUNDO.- Previo al examen de los motivos del recurso conviene tener presente los siguientes hechos que son incuestionados :

1) Dª Diana y de su esposo D. Fermín en escritura pública de 19 de Abril de 1974 vendieron a la empresa de la que eran socios Industrias Martí Tormo SA dos fincas de su propiedad sitas en el término municipal de Bellús de 50 hectáreas la primera y 50 áreas la segunda . En las escrituras declaraban bajo su responsabilidad que las fincas les pertenecían una por título de compra y la segunda por título de herencia del padre de Dª Diana, manifestando en ambos casos que carecían de título escrito ni inscrito en el Registro de la Propiedad .

2) La compradora promovió expediente de inmatriculación de ambas fincas que dió lugar el 25 de Junio de 1975 a las inscripciones registrales nº NUM000 y NUM001 del Registro de la Propiedad de Xátiva, y continuó las labores de perforación y localización de aguas subálveas iniciadas en 1972, construyendo depósitos e instalaciones para la extracción, extendiendo las tuberías más allá de las fincas de su propiedad con autorización de los dueños de las fincas de paso, inscribiendo dicho aprovechamiento en la Confederación Hidrográfica del Júcar.

3) La actora, Modagar SL, se adjudicó dichas fincas nº NUM000 y NUM001 en el año 2007 por escisión de Industrias Martí Tormo SA, y ha continuado la actividad de extracción y distribución de aguas a fincas y poblaciones de forma pública y manifiesta.

4) Las mencionadas fincas NUM000 y NUM001 del RP Xátiva que absorben las parcelas NUM002 y NUM003 del polígono NUM004 del término municipal de Bellús se hallan enclavadas físicamente en su práctica totalidad, dentro de la finca NUM005 de mayor extensión superficial, dado que según la que consta en el Registro, vendría a ocupar aproximadamente medio término municipal de Bellús (515 hectáreas) y cuya primera inscripción en el registro de la Propiedad de Xátiva data del año 1941. Desde 1990 Áridos Sierra Gorda SL viene explotando en parte de la mencionada finca una cantera en el polígono NUM004 del catastro con la correspondiente autorización administrativa que tiene una duración de 30 años ampliable por dos periodos iguales.

Esta finca registral nº NUM005 se hallaba dividida en múltiples partes indivisas que correspondían a distintos propietarios. En el año 2010, la empresa Áridos Sierra Gorda SL reunió en su sola mano todas las participaciones indivisas mediante compra a los distintos propietarios, todos ellos con título inscrito, entre ellos algunos nietos de Dª Diana, completando el 100% de la propiedad de la finca.

Cantera La Torreta SAU, parte demandada absorvió por fusión a la empresa Áridos Sierra Gorda SL en Diciembre de 2013, y continúa realizando la explotación minera.

El recurrente, aunque no ataca la valoración de la prueba realizada por la juzgadora, inicia su recurso haciendo unas aclaraciones en relación a los hechos que resultan irrelevantes , tales como fechas de inicio de actividades de ambas partes o de las adquisiciones de las respectivas propiedades y sus inscripciones, ya referidas, o que Dª Diana y de su esposo D. Fermín seguían siendo propietarios de partes indivisas de esa finca hasta su fallecimiento, y ya apunta su tesis, que desarrolla a lo largo de su recurso de que el título de propiedad esgrimido por la actora es simulado. Discrepa de la decisión de la juzgadora, que considera plenamente identificadas las fincas fundamentalmente por la ubicación de los dos pozos, que no han cambiado de ubicación, pese a que en unos documentos los sitúan en la Partida Casa Rotja hasta 1980 y en otros en la Partida El Caldero, cuestión ésta que afecta al fondo y se examinará después.

En los siguientes motivos de recurso 2, 3 y 4 se combate que concurran los presupuestos de la usucapión al no existir justo título, verdadero y válido ya que la compraventa efectuada en 1974 parece un negocio simulado entre Martí Tormo SA y sus propios socios, pues los vendedores afirmaron que no disponían de título escrito e inscrito, en contra de lo que habían manifestado en el expediente de legalización de la perforación, según la cual disponían de escrituras de adquisición de ambas fincas desde 1936 y 1950; también corrobora a su juicio la tesis de la simulación el que en la escritura de escisión empresarial por la que la actora se atribuyó las fincas se afirmara que carecían de recibos de IBI de las fincas, y al solicitar en 1972 autorización para la explotación de aguas Dª Diana manifiesta tener recibos de contribución. Aventura que la simulación del negocio de compraventa pudo realizarse con el objeto de solventar un problema del matrimonio Fermín Diana con la sección de minas o incluso la transmisión a Industrias Martí Tormo pudo tener como finalidad evitar la sanción en el expediente administrativo que se les había abierto.

Ahora bien, como hace ver la parte apelada, ni en la contestación a la demanda ni en la audiencia previa se planteó la alegada simulación de contrato de compraventa celebrado en 1974, orientándose en la instancia la oposición a la invalidez del título y a que el acceso al Registro fue por vía de inmatriculación por lo que los asientos no serían de la misma naturaleza y rango y no gozarían de la protección del art 34 de la Ley Hipotecaria, y en la falta de requisitos de la usucapión .

La apelación, aunque permite al tribunal conocer en su integridad del proceso, no constituye un nuevo juicio ni autoriza a resolver problemas o cuestiones distintos de los planteados en primera instancia, dado que a ello se opone el principio p endente apellatione, nihil innovetur recogido en el art 456,1 de la LEC por lo que el órgano competente para conocer del proceso en segunda instancia, en observancia del principio tantum devollutumquantum apellatum, debe circunscribir su análisis a los temas que fueron objeto de controversia en el primer grado jurisdiccional puesto que sobrepasar dicho límite implicaría incongruencia y conllevaría indefensión de la parte apelada, la cual eventualmente podría verse afectada por un pronunciamiento relativo a una cuestión sobre la que no pudo fijar su postura en la fase de alegaciones ni articular los medios de prueba que estimara oportunos en período probatorio.

Por ello, la cuestión de la simulación con la que debuta en esta alzada el recurrente no puede ser tenida en cuenta al no ser admisible la introducción de hechos nuevos pues es en la demanda y en la contestacioŽn, donde deben quedar fijados definitivamente los teŽrminos de la cuestioŽn litigiosa ( SsTS 8-5-2001, entre otras). Y en la contestación ninguna mención se hace al supuesto contrato simulado, es más, en la audiencia previa no se impugnaron ninguno de los documento aportados por la actora, ni en concreto la escritura de compraventa - docum 1- . Conforme al Artículo 319 en relación al art 317,2 sobre la fuerza probatoria de los documentos públicos "hacen prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en ella". Por tanto la escritura hace prueba plena de la real compraventa de las fincas posteriormente inmatriculadas con los números NUM000 y NUM001 que en este momento es inmune al hecho de que al otorgarse la escritura se manifestara que se carecía de título inscrito - en contra de lo expresado en la instancia administrativa - o de que no se encontrara al corriente en el pago del IBI.

Por otro lado, el hecho de que Dª Diana y su esposo dejaran al fallecer a sus nietos unas participaciones en la finca nº NUM005 , adquiridas posteriormente por la demandada no puede tomarse como indicio de simulación ni de doble disposición de la misma finca, como se le antoja a la apelante, ya que no es incompatible la propiedad de las dos fincas mencionadas con la de participaciones en el proindiviso de la finca nº NUM005.

También constituye una cuestión ex novo la que se plantea de la eventual segregación , que la demandada rechaza, y no consta se produjera en la finca registral NUM005 según se declaró en sentencia dictada en el rollo de apelación 390/2020 de la sección 7ª de esta Audiencia. Pero la alegación es además irrelevante pues en ningún momento han sustentado los actores que las fincas adquiridas por Industrias Martí Tormo SA lo fueran por segregación de la finca matriz, sino que se trata de un supuesto de superposición de propiedades, de las partes, ambas con títulos válidos.

Descartada la existencia de que la compraventa operada en 1974 fuera simulada, no puede considerarse que no sea justo título a efectos de la usucapión, ni puede ponerse en duda la buena fe de los compradores por el hecho de que no abonaran la contribución o declararan en la notaría que carecían de título inscrito, en contra de lo manifestado ante la administración de aguas.

Igualmente se alega que no puede poseerse en concepto de dueño cuando se trata de bienes en copropiedad, argumento igualmente inaceptable: las fincas NUM000 y NUM001 no han sido poseídas más que por la actora y sus causahabientes, de forma además pública y notoria, porque en una de ellas en 1975 se instaló un pozo de agua y se hicieron los trabajos de canalización para su venta y distribución, y en 1980 un segundo pozo a 15 o 30 mts de distancia entre uno y otro. Y como reconoció la demandada toleró durante años dicho uso exclusivo.

Por lo que se refiere a la identificación física de las partes, del examen de los autos lo que queda patente es que ninguna de las partes - no sólo la actora como alega Cantera La Torreta SAU - tenía una identificación exacta de los terrenos de su propiedad , al tratarse de fincas de gran tamaño, sobre todo la nº NUM005, en montes de poca altura, identificados como tosales, existiendo entre los montes barrancos de difícil acceso - la prueba pericial de la demandada se realiza con ayuda de un dron - y cubiertos de matorral que han borrado las huellas de la vía pecuaria existente.

Por ello, no puede imputarse a la actor, como hace la recurrente que no se haya preocupado de identificar los lindes de sus fincas, ya que parece que hasta el año 2015 en que se inician las negociaciones entre las partes ninguna de ellas era consciente y conocedora de la existencia de las propiedades superpuestas, pues cada una de ellas explotaban sus respectivos actividades primarias en distintas localizaciones de la finca NUM005.

También quiere ver la demandada una prueba de la falta de fundamento de la demanda en el hecho de que no coincida la extensión de las fincas NUM000 y NUM001 en la escritura de venta (505.000 mts), que es la única que podría reclamar, con la de las parcelas catastrales que suponen 904.000 mts.

Pero resulta irrelevante que no coincida la descripción física ni los lindes de las fincas de la escritura con la de catastro rural , pues es bien sabido que la inclusión de un inmueble en un catastro no deja de ser un indicio de que el objeto inscrito puede pertenecer a quien figura como titular de él en dicho registro, y tal indicio unido a otras pruebas puede llevar al Juzgador al convencimiento de que efectivamente la propiedad puede ser de dicho titular, pero no puede constituir por si solo un justificante de tal dominio, ya que ello conduciría a convertir a los órganos administrativos encargados del registro en definidores del derecho de propiedad y haría inútil la existencia de los Tribunales de Justicia, de lo que cabe concluir que las certificaciones catastrales no prueban la propiedad a salvo su valoración con el conjunto de la prueba ( STS 4 noviembre 1961, 16 noviembre 1988, 2 marzo 1996, 2 diciembre 1998, 30 julio 1999, 26 mayo 2000). A ello debe añadirse en cuanto a la falta e inscripción, que la presunción de exactitud registral del art. 38 LH es meramente iuris tantum y queda sin efecto cuando hay una prueba que acredita el dominio real al margen de lo que figura en el Registro (STS 18 julio 1990, 12 marzo y 24 abril 1991, 5 noviembre 1992, 5 febrero 1999 y 10 octubre 2006 entre otras muchas). Y lo mismo cabe decir de los recibos de pago de los correspondientes impuestos.

Como declaró esta Sala en sentencia de 16 de Octubre de 2019 ( RA 288/2019 pte Sr Viguer), en un supuesto que guardaba sustancial analogía con el que examinamos "Nos hallamos pues ante un supuesto de doble inmatriculación que como señala el Tribunal Supremo constituye una irregularidad registral, situación que en el caso no cuestiona ninguna de las partes, pero que a falta de acuerdo y conforme el art. 313 RH , debe resolverse en el correspondiente juicio declarativo, preferentemente con arreglo a las normas del Derecho civil puro, ante el que debe ceder la normativa y la mecánica registral al encontrarnos dos títulos contradictorios y a la vez inscritos que se neutralizan, sin que quepa acudir directamente a la máxima "prior tempore, potior est iure", que invoca la demandante apelante, salvo casos excepcionales, como señala la más reciente doctrina jurisprudencial de la que son ejemplo las sentencias que a título de ejemplo se exponen a continuación:

En tal sentido la STS nº 345/2008, que cita la STS nº 500/2011, de 23 septiembre señala: "El fenómeno de la doble inmatriculación resulta frecuente en nuestro derecho inmobiliario registral precisamente por la propia facilidad de los medios de inmatriculación y se produce cuando dos fincas registrales son idénticas entre sí, aun cuando sus respectivas descripciones estén hechas de modo diferente, y también cuando una de las fincas coincide sólo parcialmente o se encuentra superpuesta respecto de otra". La STS 408/2011, de 3 junio, recogiendo anterior doctrina, añade que "Tal como recoge la reciente sentencia de 13 de mayo de 2011 , ésta es una situación patológica que se produce en el Registro de la Propiedad consistente en que una misma finca consta inmatriculada dos veces en folios diferentes y con distinto número. Como dice la sentencia de 11 de octubre de 2004 , se genera una situación irregular que, como contraria a la exigencia de folio único para cada finca, determina la neutralización de cualquier efecto positivo de la publicidad registral que pudiera derivar de los respectivos asistentes. A ello se refiere el artículo 313 del Reglamento Hipotecario que contempla la situación, regula el trámite, pero a falta de acuerdo, simplemente se reserva a los interesados, titulares registrales contradictorios las acciones de que se consideren asistidos sobre declaración del mejor derecho al inmueble, que podrán ejercitar en el juicio declarativo correspondiente. Este es el proceso que ahora llega a esta Sala en virtud de los recursos formulados por los codemandados" (asimismo, STS 404/2011, de 2 junio y las allí citadas).

La misma doctrina se recoge en la STS nº 429/2011 de 9 junio que además apunta los criterios que deben seguirse para resolver el conflicto (....) "

Doctrina que es reiterada en la STS nº 686/2013 de 29 noviembre o la STS nº 117/2016 de 1 marzo mencionada por el demandante y reflejada en la sentencia ahora apelada. En definitiva, la juez, con buen criterio consideró que concurrían los requisitos para la usucapión , al existir una posesión pública, pacífica e ininterrumpida de dichas fincas desde el año 1974, e incluso desde antes .

Sentado lo anterior, es evidente que la sentencia de instancia debe confirmarse por sus propios fundamentos sin necesidad de más reiteraciones -al permitir el TS así en sentencia de 20-10-2007 la motivación por remisión a una resolución anterior- al ajustarse plenamente a la aludida doctrina jurisprudencial, porque en ella se exponen argumentos correctos y bastantes que fundamentan la decisión adoptada, que la asume explícitamente este Tribunal tras haber realizado una correcta valoración de la prueba.

TERCERO.- Costas procesales.- Dada la desestimación del recurso procede imponer a la parte apelante las costas procesales causadas en esta alzada ( art. 398 LEC).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación la Sala pronuncia el siguiente