Sentencia Civil 393/2023 Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 8, Rec. 605/2022 de 05 de octubre del 2023

PRIMERO.- Antecedentes y planteamiento del recurso.- 1.- La representación procesal de la Comunidad de Propietarios del Edificio DIRECCION000 sito en la CALLE000 NUM000 de la PLAYA000 (Valencia) formuló demanda contra la Comunidad de Propietarios del Edificio DIRECCION001 sita en el número NUM001 de dicha calle, solicitando que se dictara sentencia por la que estimando la demanda:

1.- Declarara que la Comunidad de Propietarios DIRECCION000 es propietaria del recinto del antiguo aljibe de 39,33 metros cuadrados que se identifica en el documento anexo número 3 del informe pericial que se aporta a la demanda como documento número 7.

2.- Declarara que la Comunidad de Propietarios Edificio DIRECCION001 está ocupando, sin justo título alguno que lo ampare o legitime el recinto anteriormente señalado.

3.- Condenara a la parte demandada a la entrega a la actora del recinto del antiguo aljibe de 39,33 metros cuadrados que se identifica en el documento anexo núm. 3 del informe pericial que se aporta a la demanda como documento no 7, cesando la demandada cualquier acto de posesión sobre el objeto de reivindicación.

4.- Condenara a la parte demandada al pago de las costas causadas.

Alegaba la comunidad actora en apoyo de sus pretensiones que la misma está constituida en la PLAYA000, concretamente en los números NUM000 de la CALLE000, integrada por un edificio de nueve plantas altas, con cuatro viviendas en las plantas NUM002 y NUM003 en el resto de plantas, con dos puertas de acceso desde la reseñada vía pública, con una zona destinada a cocheras y otra de elementos comunes dedicada a jardín, terraza y piscina, con una superficie de parcela, según proyecto de construcción, de 1.176'37 metros cuadrados, y real de 1.150'04 metros cuadrados, ubicándose la demandada en el número NUM001 de la reseñada calle, con una superficie, según escritura de obra nueva, de 254'70 metros cuadrados, constando en el catastro 782 metros cuadrados, no figurando registralmente la zona que ocupa como aparcamiento, jardín y piscina, e identifica el objeto de su reivindicación, señalando que se trata del recinto del antiguo aljibe de 39'33 metros cuadrados, del que ella es legítima propietaria, habiéndolo utilizado hasta que se lo arrebató, mediante su ocupación hace unos años, la comunidad demandada, procediendo esta última a abrir una puerta a dicho aljibe por el lado que daba a su parcela, al quedársele pequeño su trastero adosado al mismo, abriendo así mismo unos orificios al lateral que daba al parque público, instalando en su cubierta un conducto de ventilación.

Concretaba, siguiendo el contenido de la pericial aportada, los argumentos o motivos que confirman su propiedad sobre el recinto reivindicado, a saber, por la descripción gráfica del catastro que le atribuye dicha titularidad; por el requerimiento del que fue objeto por parte del Ayuntamiento de Miramar para que limpiase y pintase el cerramiento de dicho aljibe; en atención al proyecto de construcción de marzo de 1.995 del edificio sobre el que se constituye, al aparecer en sus planos el recinto que es objeto de litigio como "depuradora piscina existente"; en atención a la superficie que aparece en el plano de situación del proyecto de construcción, registro y declaración de obra nueva, concretada en 1.176'37 metros cuadrados, si se pone en relación con la que ha sido medida por el perito de 1.150'04 metros cuadrados en la que se incluye dicho aljibe, al concluir que, siendo la proyectual superior a la real, se ha de entender que el aljibe es de su propiedad; por el hecho de haber construido la demandada un nuevo trastero adosado al aljibe ya que, estando este último en desuso, de ser realmente propiedad de su propiedad, aquélla no hubiese necesitado construir ese nuevo trastero pudiéndose aprovechar, mediante su ocupación, del espacio de dicho aljibe; por el hecho de que en la escritura de declaración de obra nueva correspondiente a su edificio su linde sur lo fuese exclusivamente respecto de terrenos del Ayuntamiento de Miramar, y ello a pesar de que en dicho linde se ubicaba el aljibe, lo que denota que éste es de su propiedad ya que, de no serlo, ese linde, junto con aquellos terrenos públicos, hubiese sido también con terceros; por el hecho de que dicho aljibe fuese por ella ocupado a través de la tapa superior en él existente hasta que fue arrebatado por la demandada y posteriormente modificado; por el hecho de que una y otra comunidad de propietarios se encuentren constituidas sobre bloques independientes, construidos sobre solares independientes y por sociedades distintas; por el hecho de que no existen ni documentación administrativa ni proyectos que atribuyan dicho aljibe a la demandada; por el hecho de que, en acta de junta de propietarios por ella celebrada de 3 de agosto de 2.002, por unanimidad se aprobase la colocación de un vallado de tubos de hierro y malla metálica en el lateral del aljibe que da a la piscina, decisión que determina su titularidad sobre el mismo; y finalmente en atención a la memoria descriptiva del proyecto básico y de ejecución del edificio sobre el que se constituye, al aparecer descrita una depuradora transitoria de aguas residuales hasta la plena eficacia del saneamiento público que identifica con el aljibe.

2.- Emplazada la comunidad demandada se opuso a la demanda solicitando su desestimación planteando cuestión previa concerniente a la posible falta de capacidad por parte de la demandada, que fue resuelta en el acto de la audiencia previa desestimándola, tras dar traslado a la demandante para que alegase al respecto; y oponía sobre el fondo que dicho aljibe no es propiedad de la comunidad demandante ni está titulado a su favor, aclarando que una cosa sería la descripción registral del inmueble y otra diferente su realidad física o material. Reconoce la parte demandada la existencia del aljibe, describiéndolo como un recinto cerrado, poniendo en duda su superficie de 39'33 metros cuadrados al señalar que no se sabe si la demandante se refiere con ello a todo el cuerpo del edificio en el que se ubica el aljibe o sólo a éste, pasando a señalar que, en su origen y desde su proyección por el arquitecto señor Pascual, el aljibe fue un elemento común de la totalidad del complejo inicial que iba a ser edificado sobre la parcela, aclarando que tanto el edificio de una como de la otra formaban parte de un primigenio complejo inmobiliario que se iba a desarrollar sobre una gran parcela urbana de la PLAYA000 conforme al proyecto realizado por el reseñado señor Pascual, por el que se iban a levantar 288 viviendas en cuatro bloques o cuerpos de edificio, proyecto en el que dicho aljibe iba a ser destinado para dotar de suministro de agua potable, pero no al edificio de la demandante por ser el último construido, sino al reseñado complejo y en especial al suyo, concluyendo que primero se levantó su edificio, siendo el aljibe elemento necesario para dotarle de suministro de agua potable, momento en el que todavía no se había iniciado trabajo preparatorio alguno para el edificio de la actora, destacando que, formando un solo cuerpo de edificio junto con el aljibe, se hallaba su cuarto de los grupos de presión del agua potable que hoy en día continúa ubicándose en dicho recinto, cuarto al que se accedía desde una puerta que no ha cambiado desde su origen. Pasaba dicha parte a impugnar cada uno de los motivos o argumentos de los que se ha servido la demandante para arrogarse la propiedad de dicho recinto. Así y por lo que respecta a la descripción catastral, dicha parte manifiesta que no excede de un mero supuesto de revisión y definición a efectos fiscales, señalando en relación a lo reseñado por la parte demandante sobre el reconocimiento que el Ayuntamiento de Miramar realizó de su propiedad sobre el aljibe, que ella, la demandada, fue la requerida por dicha Corporación Local para que limpiara y pintara el cerramiento del mismo; manifestando, en relación a lo indicado por la actora respeto de su proyecto de construcción, que el concreto aljibe nunca se incluyó como parte de su complejo, el de la demandante; argumentando la demandada en relación a lo razonada por la actora en relación a la superficie real de su parcela, 1.150'04 metros cuadrados al ponerla en relación con la que obra según proyecto de construcción, registro y declaración de obra nueva, de 1.176'37 metros cuadrados, que en dicha parcela, la de la demandante, puede que también estuviese enclavado el centro de transformación por lo que no necesariamente, de faltar metros, deberían corresponder al aljibe, que a su vez deberían quedar mermados por los del cuarto de máquinas adjunto; pasando a indicar, en relación a lo manifestado por la actora sobre el nuevo trastero edificado, que ese nuevo habitáculo fue construido para albergar la nueva depuradora de la piscina, no teniendo nada que ver con el aljibe y trastero o cuarto de máquinas. En cuanto a lo señalado por la actora sobre el linde sur, la demandada señala que no se podrá estar a la argumentación vertida por aquella parte ya que, que junto al aljibe, se encuentra su cuarto de bombas de agua, por lo que si se siguiese con lo razonado por aquélla, al no señalar en ese linde sur dicho cuarto de bombas, éste pasaría a ser de la demandante. Por lo que respecta a las manifestaciones relativas a la tapa del aljibe hechas por la actora, la demandada señala que esa tapa lo era para la limpieza y revisión del aljibe, que existía desde el origen del concreto elemento constructivo del aljibe proyectado en el año 1.989; manifestando la demanda, en relación a la afirmación hecha por la demandante sobre la inexistencia de documentación administrativa o proyectos que le atribuyan, a ella, la demandada, el aljibe, que aporta documentación en virtud de la cual ese aljibe se construyó para dar servicio no a ella, Europa II, sino al resto de conjuntos edificatorios incluido el de ella, señalando que ello se desprende tanto de la petición municipal de que se diera solución al abastecimiento de agua potable como en los comunicados del técnico proyectista por cuenta de la promotora para que se licenciara el proyecto de obras y sus modificaciones; añadiendo la demandada en relación al vallado de tubos que lo que con ella se impidió es el paso desde la demandada hacia el techo del aljibe, concluyendo que, siendo así que si no se retira la valla no se puede acceder desde la parcela de la demandada a la trampilla superior del aljibe, esta circunstancia constituye una prueba a su favor. Finalmente, y por lo que respeta al argumento de la demandada relativo a la descripción que en su proyecto básico y de ejecución de su edificio se hace respecto de una depuradora transitoria, la demandada niega que ese documento le pueda perjudicar, señalado que nunca ha existido dicha depuradora ni menos en esa ubicación, afirmado que lo que siempre ha existido es el aljibe, atribuyendo la indicación textual que se hizo al término depuradora a una maniobra de distracción para la obtención de la licencia sin condicionantes para la última de las promociones llevadas a cabo.

3.- La sentencia de instancia desestimó la demanda con imposición de costas a la comunidad actora al considerar que no había acreditado el título de dominio sobre la construcción auxiliar objeto de autos, y contra dicha sentencia interpone recurso de apelación la comunidad actora alegando infracción de las normas procesales por vulneración de los arts. 336.4º y 337 LEC en cuanto a la aportación del informe pericial por la demandada, y error en la valoración de la prueba en la que habría incurrido la sentencia impugnada con infracción del art. 348.2 Cc y jurisprudencia que lo interpreta, y formuló solicitud de recibimiento a prueba en segunda instancia al no haber quedado registrada una parte de la grabación audiovisual del juicio, petición que formula al amparo del art. 460.2.2º LEC. Conferido traslado a la comunidad demandada y apelada se opuso al recurso de apelación formulado solicitando su desestimación con imposición de las costas a la parte apelante.

SEGUNDO.- Examen y resolución de los motivos impugnatorios. 1.- La Comunidad de Propietarios del Edificio DIRECCION000 de la localidad de Miramar impugna la sentencia que desestimó la acción reivindicatoria ejercitada frente a la Comunidad de Propietarios del edificio DIRECCION001, colindante con la primera, respecto de una edificación auxiliar destinada a aljibe y ubicada en el linde Sur del solar de la comunidad actora junto a las piscinas de ambos edificios, de 39,33 metros cuadrados de superficie aproximadamente. Alegaba en su demanda que la comunidad demandada había ocupado dicho aljibe que utiliza como cuarto trastero para guardar los enseres de la comunidad, a pesar de no ser de su propiedad, solicitando que cesara en dicha apropiación reintegrando la posesión a la comunidad actora.

La comunidad demandante articula su pretensión impugnatoria en tres concretos motivos y/o peticiones: infracción de las normas procesales por vulneración de los arts. 336.4º y 337 LEC en lo relativo a la aportación del informe pericial por parte de la comunidad demandada, que según argumenta fue extemporánea al no cumplirse los requisitos contemplados en los indicados preceptos; en segundo lugar formula solicitud de prueba en segunda instancia al no haber quedado registrada una parte de la grabación audiovisual del juicio, petición que formula al amparo del art. 460.2.2º LEC; y finalmente alega error en la valoración de la prueba en la que habría incurrido la sentencia impugnada con infracción del art. 348.2 Cc y jurisprudencia que lo interpreta.

Es de destacar en lo relativo al segundo de los alegados motivos que en realidad no puede considerarse como tal, ya que se trata de una mera solicitud de recibimiento del pleito a prueba en esta alzada, petición que además ya fue resuelta por esta sala en sendos autos de fecha 22 de julio y 14 de septiembre de 2022, en los que se explicó suficientemente que, en contra de lo alegado en el recurso, este tribunal dispone de las grabaciones audiovisuales integras del juicio, en particular del controvertido video 4, en el que quedó grabada la parte del juicio a que alude la comunidad impugnante, a cuyo visionado procedió esta sala sin problema alguno, y que se halla obviamente a disposición de las partes.

2.- Aclarado lo anterior restan por analizar por tanto los otros dos motivos impugnatorios, el primero de índole estrictamente procesal referente a la aportación de los dictámenes periciales por la comunidad demandada, que la impugnante considera irregular, y el segundo relativo a la valoración de la prueba realizada por el Juzgado, que la comunidad apelante considera errónea.

2.1.- Infracción de las normas procesales por vulneración del art. 336.4 º y 337 LEC , en lo relativo a la aportación de los informes periciales por parte de la comunidad demandada.- La parte apelante cuestiona la regularidad de la aportación por la comunidad demandada del informe pericial emitido por el Sr. Juan Luis al no haber justificado su extemporánea aportación, después de contestada la demanda, incumpliendo lo previsto en el art. 336.4º LEC ya que según alega no se justifica en modo alguno que no fue posible su aportación con el escrito de contestación a la demanda.

Establece el artículo 337 de la LEC:

" 1. Si no les fuese posible a las partes aportar dictámenes elaborados por peritos por ellas designados, junto con la demanda o contestación, expresarán en una u otra los dictámenes de que, en su caso, pretendan valerse, que habrán de aportar, para su traslado a la parte contraria, en cuanto dispongan de ellos, y en todo caso cinco días antes de iniciarse la audiencia previa al juicio ordinario o de la vista en el verbal.

2. Aportados los dictámenes conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, las partes habrán de manifestar si desean que los peritos autores de los dictámenescomparezcan en el juicio regulado en los artículos 431 y siguientes de esta Ley o, en su caso, en la vista del juicio verbal, expresando si deberán exponer o explicar el dictamen o responder a preguntas, objeciones o propuestas de rectificación o intervenir de cualquier otra forma útil para entender y valorar el dictamen en relación con lo que sea objeto del pleito".

La finalidad de la modificación del apartado 1 del art. 337 de la LEC, por la ley 13/2009, de reforma procesal para la implantación de la oficina judicial, en vigor desde mayo de 2010, fue evitar la practica procesal de presentar el dictamen pericial, justo el día mismo de la audiencia previa, lo cual quebraba el derecho de tutela judicial efectiva del demandado, que se veía sorprendido por una pericia que, "prima facie", desconocía.

2.- En cuanto a la aportación de los informes periciales señala la STS de 3 de octubre de 2019:

"La ley ha querido establecer un plazo muy estricto para la aportación de los informes periciales de parte. Deben ser aportados con la demanda o contestación, y, si no es posible, hay que anunciar su aportación, que se verificará antes de la audiencia previa. Si la necesidad o conveniencia del informe guarda relación directa con los presupuestos de la acción ejercitada y con sus pretensiones, el informe debe necesariamente ser aportado con la demanda ( art. 336 LEC) o, si no da tiempo, anunciar su posterior aportación, en los términos del art. 337 LEC.

La STS de 7 de marzo de 2013, también afirma lo siguiente:

"1 .- Dice la STS de 27 diciembre 2010, lo siguiente:"(...) La regla general de aportación de los dictámenes periciales elaborados por los peritos designados por las partes se contiene en los artículos 336.1 LEC -en su redacción vigente por razones temporales, anterior a la reforma efectuada por la Ley 13/2009, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial - y 265.1.4º LEC. Estos preceptos establecen que los dictámenes periciales elaborados por los peritos designados por las partes, en las que éstas apoyen sus pretensiones y estimen necesarios o convenientes para la defensa de sus derechos, sean incorporados al proceso con la demanda y con la contestación y, aunque los preceptos no lo digan, con la reconvención y con la contestación a la reconvención.

La excepción a esta regla general se establece en el art. 337.1 LEC -en su redacción vigente por razones temporales, anterior a la reforma efectuada por la Ley 13/2009, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial- en el que se dispone que "(s)i no les fuese posible a las partes aportar los dictámenes elaborados por peritos por ellas designados, junto con la demanda o contestación, expresarán en una u otra los dictámenes de que, en su caso, pretendan valerse, que habrán de aportar, para su traslado a la parte contraria, en cuanto dispongan de ellos, y en todo caso antes de iniciarse la audiencia previa del juicio ordinario o antes de la vista en el juicio verbal".

Esta previsión ha de integrarse con las disposiciones del articulo 336.3 y 4 LEC, que exigen justificar cumplidamente la imposibilidad de la presentación de tales dictámenes con la demanda o con la contestación.

De este sistema normativo se sigue que la LEC pretende que, en el momento de la celebración de la audiencia previa, las partes tengan y hayan podido examinar los dictámenes periciales elaborados por los peritos de las partes en que funden sus respectivas pretensiones por ser determinantes y servir de base y fundamento a las mismas. El respeto a los principios de contradicción, de interdicción de la indefensión y de igualdad de armas en el proceso exige que las partes tengan conocimiento desde el inicio del procedimiento de todos los elementos sustanciales en que la parte contraria funda su pretensión".

En el presente caso los dos informes periciales fueron aportados mediante escrito presentado en fecha 29 de noviembre de 2021 celebrándose la audiencia previa el 20 de diciembre de 2021, en el que fue inadmitido el informe pericial del perito topógrafo D. Hugo ya que era de fecha anterior a la contestación, y admitido el del Sr. Juan Luis de fecha posterior, y aportado con suficiente antelación a la celebración de la audiencia previa, al margen de que la comunidad demandada ya había anunciado en la contestación a la demanda la aportación de un informe pericial topográfico y otro constructivo que debían ser presentados "cuando se obtuvieran ambos dos y a la mayor brevedad posible", y añadía en la página 6 de la contestación lo siguiente: " Esta parte deja anunciado informe pericial que entre otros extremos dotará a la causa de las mediciones reales de las parcelas de ambos complejos inmobiliarios a cargo del perito topógrafo Don Hugo, así como informe pericial que tomando los resultados del perito topógrafo, interpretando los mismos, más con los trabajos de campo propios por parte del Arquitecto Técnico Juan Luis, ambos con despachos profesionales en la ciudad de Gandía. No se ha podido ultimar los informes especialmente por la dificultad de encontrar documentación en el Ayuntamiento de Miramar sobre estas promociones", aportación que de nuevo se reiteró y anunció por otrosí, considerando esta Sala como correcto el proceder de la parte demandada respecto a dicho informe, estando justificada su posterior aportación -con tres semanas de antelación a la audiencia previa- cuyo objeto precisó sucintamente en la contestación, teniendo en cuenta además la complejidad del mismo que requería realizar mediciones previas y obtener o acceder a determinada documentación obrante en otras entidades u organismos, y el tiempo transcurrido desde algunos de los hechos relevantes objeto de prueba, a lo que debe añadirse el más limitado plazo para hacerlo en el caso de la contestación a la demanda, lo que por otro lado en modo alguno ha afectado al derecho de defensa de la comunidad demandante, que pudo alegar al respecto cuanto estimó oportuno en la audiencia previa e incluso aportar nuevo dictamen pericial al amparo del art. 265.3º LEC si lo consideraba oportuno o necesario, siendo por tanto ajustada a derecho la decisión adoptada al respecto por el juez de instancia en la audiencia previa, a la vista de las explicaciones de la parte demandada, sin que exista motivo alguno para privar a la demandada de tan relevante medio de prueba.

2.2.- Error en la valoración de la prueba e infracción del art. 348.2º Cc y jurisprudencia que lo interpreta.- a.-) En el presente motivo la comunidad actora cuestiona la valoración probatoria realizada por el Juzgado al considerar, en contra de lo resuelto, que la prueba acreditaría el título de dominio de la comunidad demandante sobre el aljibe objeto de autos, motivo en el que realiza un pormenorizado examen de la prueba practicada en la instancia, según su criterio, y ofrece unas conclusiones distintas a las alcanzadas por el Juzgado tras analizar la certificación registral aportada como documento 5 de la demanda e informe pericial emitido por el arquitecto D. Plácido; realiza además una serie de consideraciones acerca de la supuesta "argucia" a que alude la sentencia respecto de la inclusión de la depuradora en el proyecto básico que lo fue a los solos efectos de obtener licencia administrativa; analiza igualmente el hecho de que el título constitutivo de la actora sea posterior a la realización del habitáculo mencionado, argumento que también esgrime la sentencia para excluir la propiedad de la comunidad demandante sobre el aljibe de autos, del que discrepa la actora, y alude y esgrime la certificación catastral aportada, que a su juicio acreditaría la propiedad sobre el mencionado aljibe, cuestionando así mismo que el vallado del recinto evidencie que DIRECCION000 lo dejara fuera del recinto de su propiedad.

b.-) Sin embargo, analizados los aludidos motivos impugnatorios, se constata que la comunidad apelante pretende llevar a cabo una nueva y alternativa valoración probatoria desde su respetable pero parcial criterio, que en modo alguno puede prevalecer sobre realizada de forma objetiva e imparcial por el órgano judicial a quo ( SsTC 174/1987, 11/1995, 24/1996, 115/1996, 105/1997, 231/1997, 36/1998, 116/1998, 181/1998, 187/2000, 171/2002 y 196/2005 y SsTS de 5 octubre1998, 19 octubre 1999, 3 febrero, 23, 28 y 30 marzo, 9 junio y 21 julio 2000, 2 y 23 noviembre 2001, 30 abril y 20 diciembre 2002, 24 febrero y 2 octubre 2003, 9 febrero y 3 marzo 2004 y 27 junio 2006 entre otras muchas); y por otro lado, como señala la reciente STS 681/2020 de 15 de diciembre, citando la STS 572/2019, de 4 de noviembre, extractada por la más reciente 116/2020, de 19 de febrero, "no es admisible un motivo que pretenda desarticular la valoración conjunta para que prevalezca un elemento probatorio sobre otros o intente plantear cuestiones que impliquen la total revisión probatoria ( sentencia 635/2018, de 16 de noviembre )".

Y en el caso, esta Sala ya adelanta que comparte en todos sus extremos la acertada valoración probatoria realizada por el Juzgado, pues no se constata en modo alguno que el órgano de instancia haya ocurrido en los errores alegados, sino que al contrario sus conclusiones se desprenden de la prueba practicada tras su racional y motivada valoración que en absoluto pude considerarse contraria a la lógica o al sentido común.

c.-) Ello sentado, cabe comenzar analizando la acción ejercitada y sus requisitos, y como dijimos en nuestra sentencia 606/2020 de 15 de diciembre, resolución en la que nos remitíamos a su vez a la sentencia número 10/2019 de 9 de enero de esta Sala, el éxito de la acción reivindicatoria, se supedita a que el actor pruebe cumplidamente el dominio de la finca que reclama, la identidad de la misma y su detentación o posesión por el demandado ( SsTS de 15 de febrero de 1990, 27 de junio de 1991, 18 de julio de 1991, 24 de enero de 1992, 14 de julio de 1994, 23 de octubre de 1998, 28 de septiembre de 1999, 15 de enero de 2001, 13 de marzo de 2002, 10 de julio de 2002 y 7 de mayo de 2004 a título de ejemplo).

La STS de 30 de enero de 2.007 de modo sintético indica que sus presupuestos son: 1) La prueba de dominio; 2) la identificación del objeto y, 3) la posesión o detentación injusta.

En lo atinente al título de dominio señalar que, según la doctrina del Tribunal Supremo recogida, por todas, en la sentencia de 16 de octubre de 1.998, el mismo puede acreditarse por cualquier medio de prueba, sin que haya de identificares necesariamente con la constancia documental del hecho generador, sino que equivale a prueba de la propiedad de la cosa en virtud de causa idónea para dar nacimiento a la relación en que el derecho real consiste ( STS de 6 de julio de 1982, en relación con la STS de 4 de noviembre de 1981).

En cuanto al segundo de los presupuestos la jurisprudencia tiene declarado que su éxito requiere la perfecta identificación de la cosa objeto de la misma, es decir, que no se susciten dudas racionales sobre cual sea ( SsTS de 29 de marzo de 1979, 6 de octubre de 1982, 31 de octubre de 1983, 3 de julio de 1987, 30 de noviembre de 1988, 3 de noviembre de 1989, 27 de junio de 1991, 4 de noviembre de 1993, 30 de mayo de 1995, y 12 de julio de 2006), de modo que se fije con la debida claridad y precisión su cabida, situación y linderos y demostrando, con la correspondiente probanza, que la finca reclamada coincide en la realidad con aquélla a la que se refieren los títulos ( STS 10 de julio de 2002). Esa identificación exige un juicio comparativo entre la finca real y la que consta en el título ( SsTS de 20 de marzo de 1982, 3 de julio de 1987, 30 de noviembre de 1988, 15 de febrero de 1990, 25 de noviembre de 1991, 26 de noviembre de 1992, 1 de abril de 1996 y 30 de julio de 1999, entre otras), de ahí que no consiste sólo en describir la cosa reclamada, fijando con precisión y exactitud la cabida y los linderos, sino que además ha de ser demostrado, sin lugar a dudas, que el inmueble topográficamente señalado es el mismo a que se refieren los documentos y demás medios de prueba utilizados ( SsTS de 25 de febrero de 1984, 2 de noviembre de 1989, 16 de octubre 1998 y 23 de octubre de 1998).

Por último y en cuanto al tercero de sus presupuestos, la SsTS de 27 de mayo de 2.015 establece en cuanto a la posesión injusta, que se refiere a la ausencia de título, no en cuanto a la superficie en sí, sino al propio título justificativo del dominio.

La reciente STS 164/2021 de 23 de marzo señala:

"La acción que el artículo 348 del Código Civil otorga al propietario, como fundamental defensa de su derecho, tiene un amplio contenido que la doctrina ha ido determinando, al comprender en ella tanto la que se dirige contra el tenedor o poseedor de la cosa, para reintegrarla al dueño, acción estrictamente reivindicatoria, cuanto la que pretende la afirmación del derecho dominical ante el que, en cualquier forma, le desconoce, acción declarativa, y asimismo cabe incluir en su ámbito todas aquellas acciones que, sin tener en la Ley una reglamentación específica van dirigidas ya a la inicial afirmación del derecho de propiedad, cuanto a fijar materialmente el objeto sobre el que éste recae y a hacer efectivos los derechos de gozar y disponer que constituyen la esencia del dominio, eliminando cuantos actos materiales o jurídicos se realicen contra la afirmación del derecho o contra su efectividad práctica [...]".

Y añade "entre las acciones que protegen el dominio resulta prototípica, junto con la declarativa del dominio y la negatoria, la acción reivindicatoria ("ius vindicandi"), que es la que "puede ejercitar el propietario no poseedor contra el poseedor que, frente al propietario, no puede alegar un título jurídico que justifique su posesión" ( sentencias de 1 de marzo de 1954 y 616/1998, de 25 de junio ), y cuyo éxito requiere que concurran tres requisitos: "a) que el actor pruebe cumplidamente el dominio de la finca que reclama, b) la identificación exacta de la misma, y c) la detentación o posesión de la misma por el demandado" ( sentencias de 10 de junio de 1969 y 616/1998, de 25 de junio ). Lo que caracteriza a la acción reivindicatoria frente a la declarativa del dominio es que la demanda se dirige frente a quien tiene en su poder la cosa cuya restitución se reclama, y su prosperabilidad requiere, además de la prueba de la propiedad del actor y la identificación de la finca, que el demandado no ostente ningún derecho que legitime su pretensión de retener".

d.-) Sentado el marco legal y jurisprudencial, en el presente caso la prueba practicada evidencia, tal y como concluye el Juzgado, que la comunidad actora no ha acreditado su pretendido título de dominio sobre el aljibe objeto de la litis, que es el primero de los presupuestos anteriormente aludidos para el éxito de la acción.

d.1.- En primer lugar hay un hecho incontestable a juicio de esta sala y es que, en contra de lo alegado en el recurso, dicho aljibe ya existía cuando se construyó el edificio DIRECCION000, lo que sucedió cinco años después de que finalizara la construcción del edificio DIRECCION001, y de hecho desde su origen el depósito de agua y el grupo de presión ya daba servicio a dicho edificio para elevar el agua potable con la suficiente presión a todas sus plantas, servicio que por el contrario no precisaba el edificio DIRECCION000 pues ya disponía del mismo en su planta baja, de hecho aun hoy el recinto está compartimentado en lo que era un antiguo depósito de agua o aljibe de hormigón que actualmente se utiliza como almacén o cuarto trastero, por un lado, y un cuarto de bombas, por otro, que se sigue utilizando ya que la acometida de agua potable para el DIRECCION001 se produce en este punto. Al respecto debe tenerse en cuenta que la escritura de declaración de obra nueva del edificio DIRECCION001 es de fecha 30 de agosto de 1990 mientras que el correspondiente al edificio DIRECCION000 es de 10 de octubre de 1997, siendo de destacar que la licencia de obra del Edificio DIRECCION001 se solicitó en fecha 28 de junio de 1990 (documento 9 de la demanda) estando en pleno uso el edificio desde 1992, mientras que la licencia de obra del edificio DIRECCION000 se solicitó el 15 de marzo de 1996 y la certificación final de obra es de 30 de julio de 1997 (documento 6 de la demanda), esto es, entre la finalización de la construcción de uno y otro edificio transcurrieron al menos 5 años. En suma el aljibe es muy anterior en el tiempo a la construcción del edificio DIRECCION000.

d.2.- Por otro lado la comunidad actora aduce como elemento fundamental sustentador de su pretensión el hecho de que la certificación del Catastro incluya dicho elemento constructivo en su parcela, si bien esta circunstancia por sí sola es insuficiente ya que se trata de un mero indicio que debe ser valorado junto con el resto de las pruebas, pues como consta en la escritura de obra nueva aportada por la comunidad actora (documento 5 de la demanda) dicha finca no está gráficamente coordinada con el Catastro, por lo que si bien puede ser indicativa de la propiedad -reiteramos, como mero indicio-, se trata de un dato no determinante ni definitivo y desde luego está sujeta a errores y modificaciones, ya que se trata de un documento de naturaleza meramente administrativa o fiscal no destinado a representar ni acreditar la propiedad de las fincas; y en este sentido, en el presente caso este tribunal considera que la incorporación de dicho aljibe a la parcela de DIRECCION000 sin duda se debe a un error. En este sentido esta sala ha señalado en numerosas ocasiones, pudiendo citarse por todas la reciente sentencia 395/2022 de 5 de octubre, que el hecho de que los lindes catastrales y registrales no coincidieran con los reales no es relevante, pues es bien sabido que la inclusión de un inmueble en un catastro no deja de ser un indicio de que el objeto inscrito puede pertenecer a quien figura como titular de él en dicho registro, y tal indicio unido a otras pruebas puede llevar al Juzgador al convencimiento de que efectivamente la propiedad puede ser de dicho titular, pero no puede constituir por sí solo un justificante de tal dominio, ya que ello conduciría a convertir a los órganos administrativos encargados del registro en definidores del derecho de propiedad y haría inútil la existencia de los Tribunales de Justicia, de lo que cabe concluir que las certificaciones catastrales no prueban la propiedad a salvo su valoración con el conjunto de la prueba ( STS 4 noviembre 1961, 16 noviembre 1988, 2 marzo 1996, 2 diciembre 1998, 30 julio 1999, 26 mayo 2000). A ello debe añadirse en cuanto a la falta e inscripción, que la presunción de exactitud registral del art. 38 LH es meramente iuristantum y queda sin efecto cuando hay una prueba que acredita el dominio real al margen de lo que figura en el Registro (STS 18 julio 1990, 12 marzo y 24 abril 1991, 5 noviembre 1992, 5 febrero 1999 y 10 octubre 2006 entre otras muchas).

d.3.- Ello sentado, se impone continuar con el análisis del resto de las pruebas practicadas, y lo cierto es que como punto de partida puede ya afirmarse que no existe en los autos elemento probatorio alguno que acredite siquiera el pretendido uso previo del aljibe por parte de la comunidad actora, mientras que por el contrario de lo actuado sí se desprende que la comunidad del edificio DIRECCION001 ha utilizado desde su origen el indicado depósito de agua potable para dar servicio a las viviendas de las diez plantas del edificio mediante un equipo de presión, y actualmente se utiliza por los comuneros como cuarto trastero, así resulta del contenido del informe pericial emitido por D. Juan Luis aportado por la comunidad demandada; por otro lado, el mencionado aljibe no aparece en la escritura de obra nueva y propiedad horizontal aportado por la comunidad demandante, concretamente en el apartado destinado a la descripción y enumeración de los elementos comunes (documento 5 de la demanda), ni como tal aljibe ni tampoco como depuradora (y ello pese a su relevante tamaño y superficie de alrededor de 40 m2), aunque también es cierto que no aparece en la misma escritura correspondiente al edificio de la comunidad demandada; no obstante no debe olvidarse que es a la parte actora a la que incumbe acreditar su título de dominio sobre dicha edificación auxiliar, y en este sentido como señala la STS 23/2013 de 6 de febrero, "en la doctrina jurisprudencial sobre la acción reivindicatoria es una constante la exigencia al demandante de su título de dominio ( SSTS 15-12-05 , 15-2-00 , 25-6-98 y 31-1-76 entre otras muchas), hasta el punto de que alguna sentencia considera innecesario que el demandado pruebe su dominio sobre la finca reivindicada, para desestimar la demanda, cuando el demandante no haya acreditado el suyo ( SSTS 13-2-06 y 19-2-71 )".

d.4.- Por otro lado no son claras las mediciones que constan en autos relativas a la parcela del edificio DIRECCION000, pues es evidente que no coinciden, ya que según la certificación del catastro la superficie es de 1178 m2 mientras que en el Registro de la Propiedad consta una superficie de 1076,37 m2 aunque en el Plano de situación del Proyecto es de 1176,37 m2, probablemente por un error en las centenas que destaca el perito Sr. Plácido, a lo que cabe añadir que según el plano del proyecto de 1995 la superficie de la parcela es de 1067,03 m2; el perito designado por la comunidad demandante Sr. Plácido informa por su parte que la superficie real según medición por él realizada es de 1150,04 m2, incluyendo dicha edificación auxiliar, mientras que según la verificada por el perito designado por la comunidad apelada Sr. Juan Luis es de 1130 m2, excluyéndola, por lo que con semejante baile de cifras, que son utilizadas por cada una de las partes en apoyo de sus respectivas posiciones, es difícil llegar a resultados concluyentes máxime cuando el perito Sr. Juan Luis señala en su informe que no es posible determinar con total seguridad los linderos y la superficie del solar correspondiente a DIRECCION000 en base a los datos administrativos de los que se dispone y, por tanto, si está incluida en ella la ocupada por el antiguo aljibe; pero así las cosas, lo que es indudable, como ya se ha indicado, es que el mencionado aljibe es muy anterior en el tiempo a la construcción del edificio DIRECCION000 -al menos en 5 años-, el cual ya daba servicio al edificio DIRECCION001 desde su construcción, mientras que por el contrario el primero disponía y dispone de un cuarto para contadores de agua y bombas de elevación en la planta baja del mismo edificio tal y como se ha indicado y consta en el título aportado y además el propio arquitecto proyectista lo situó fuera de la parcela de DIRECCION000, como se expone a continuación.

d.5.- En efecto, es un dato especialmente relevante, a juicio de esta Sala, que en el plano de planta del solar y emplazamiento obrante en el proyecto del edificio de DIRECCION000 del año 1995 que aparece en varios de los documentos e informes unidos a los autos (documento número 8 de la demanda y número 5 de la contestación, páginas 7 y 8 del informe del Sr. Juan Luis), tanto el aljibe como el centro de transformación están claramente fuera del perímetro del solar del DIRECCION000, y de hecho los lindes externos de ambas edificaciones auxiliares están grafiados con línea discontinua y fueron excluidos claramente del solar por tanto, el proyectista ya no incluía en dicho solar el mencionado aljibe en el proyecto de 1995. Igualmente consta en el informe del perito Sr. Juan Luis el plano oficial del Plan General del municipio de Miramar, donde también aparece dio aljibe fuera de la parcela de DIRECCION000. Y si bien es cierto que en la memoria descriptiva del proyecto se hizo mención a una "depuradora provisional", también se indicaba claramente que se encontraba "en el espacio exterior" o sea, fuera del solar o parcela del edificio DIRECCION000; por otro lado el indicado aljibe nunca ha realizado funciones de depuradora, esto es, nunca ha tenido un uso diferente al que le es propio, hasta que tras finalizar su función como depósito de agua, se ha venido empleando por la comunidad como almacén o cuarto trastero como se aprecia en las fotografías, de hecho informan los peritos designados por la comunidad demandada que el edificio en cuestión por el tipo de construcción y fisonomía siempre ha sido un aljibe y nunca una depuradora "provisional" de aguas fecales, que además en tal caso debía estar enterrada y a mayor profundidad que las tuberías de desagüe del edificio (así lo indica el perito Sr. Juan Luis). Por otro lado, en este contexto no es en absoluto descartable ni descabellada la tesis que esgrime la parte demandada apelada -y acoge la sentencia- de que la mención a la indicada depuradora pudo tratarse de un recurso o argucia para conseguir la licencia y comenzar las obras, ya que el edificio carecía en dichas fechas de conexión a la red de saneamiento a la vista de la documentación aportada (documentos 6 a 9 de la contestación).

d.6.- A todo ello debe añadirse también que el acceso a dicho aljibe y su ampliación se ha realizado siempre desde el recinto del edificio DIRECCION001 y así se aprecia en las fotografías obrantes en los informes aportados por la comunidad demandada (fotografías 4.6 a 4.8 del informe del Sr. Juan Luis, que evidencian al menos desde 1992 había un paso pavimentado desde dicha parcela hasta el aljibe, que además se halla a la misma cota que dicho edificio, ya que la playa de la piscina del edificio DIRECCION000 se encuentra elevada en un metro hasta la mitad de la altura de la pared de dicho aljibe. En conclusión, el acceso a dicho aljibe no puede realizarse, aun hoy, a pie llano, sino desde la parcela del edificio DIRECCION001.

d.7.- En cuanto al requerimiento realizado por el Ayuntamiento de Miramar para la limpieza del muro exterior del aljibe que linda con el parque público, cabe señalar que al margen de que se trata de un dato escasamente relevante ya que no corresponde al Ayuntamiento declarar o reconocer propiedades, lo cierto es que un requerimiento similar fue remitido igualmente a la comunidad demandada tal y como consta en el documento 12 de la contestación a la demanda, por lo que la inutilidad de dicho indicio a los efectos pretendidos es más que evidente.

d.8.- Finalmente, en cuanto al vallado de la zona de la piscina realizado por la comunidad de DIRECCION000, es evidente a la vista de la testifical practicada que se realizó a instancia de la comunidad demandada dado el riesgo que suponía la deambulación por el techo del habitáculo, o su uso como solárium, pero dicho vallado precisamente dejó al aljibe fuera del solar del edificio, de suerte que fue la propia comunidad actora la que voluntariamente excluyó dicha edificación accesoria del recinto de su propiedad, dejándola fuera de su parcela, y si bien es cierto que entre otras cuestiones se adoptó por precaución, sin duda se daba por hecho que dicho edificio auxiliar quedaba fuera del perímetro de la parcela del edificio DIRECCION000, y se consideró por tanto de ajena pertenencia, al contrario de lo que sucedió con el habitáculo de la depuradora de la piscina, que tal y como se aprecia en las fotografías incorporadas a los dictámenes periciales se circundó totalmente con dicha valla (foto número 2 del informe del Sr. Plácido, fotografías 1.2 y 4.9 del informe del Sr. Juan Luis).

e.-) Lo cierto es que en modo alguno la prueba practicada apunta a la pretendida titularidad dominical de la comunidad actora sobre dicho aljibe, por lo que no cabe sino concluir la parte actora no ha acreditado que disponga de justo título como propietaria de la edificación accesoria, siendo por tanto la prueba aportada insuficiente a tal fin a pesar de que la carga de la prueba incumbía a la comunidad demandante ( art. 217.2º LEC y jurisprudencia citada), compartiendo esta Sala la valoración probatoria realizada en la instancia, sin que se aprecie que la misma sea errónea, ilógica o arbitraria, por lo que no cabe sino remitirse a los acertados fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia impugnada, siendo de destacar que el Tribunal Supremo permite la motivación por remisión a una resolución anterior cuando la misma haya de ser confirmada en cuanto en ella se exponen argumentos correctos y bastantes que fundamentan en su caso la decisión adoptada, de forma que en tales supuestos y cual precisa la STS de 20 de octubre de 2007 subsiste la motivación de la sentencia de instancia puesto que la asume explícitamente el Tribunal de segundo grado. En consecuencia, si la resolución de primer grado es acertada, la que la confirma en apelación no tiene por qué repetir o reproducir argumentos, en aras de la economía procesal ( SS.T.S. de 16 octubre 1992, 5 noviembre 1992, 19 abril 1993, 5 octubre 1998, 30 marzo 1999 y 19 octubre 1999). En idéntico sentido la STS de 22 de mayo de 2000, que además añade que: "una fundamentación por remisión no deja de ser motivación, ni de satisfacer la exigencia constitucional de tutela judicial efectiva, lo que sucede cuando el Juzgador "ad quem" se limita a asumir en su integridad los argumentos utilizados en la sentencia apelada, sin incorporar razones jurídicas nuevas a las ya utilizadas por aquélla ( STS de 5 de noviembre de 1992 )".

TERCERO.- Costas procesales.- Dada la desestimación del recurso procede imponer a la parte apelante las costas procesales causadas en esta alzada ( art. 398 LEC).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, esta Sala, pronuncia el siguiente