Sentencia Civil 710/2025 Audiencia Provincial Civil de Ourense nº 1, Rec. 544/2025 de 13 de octubre del 2025

PRIMERO. -En el concurso de la entidad HORMIGONES CELANOVA SL, aperturada la Sección Sexta, se presentó escrito de calificación de concurso por la Administración Concursal interesando la declaración de concurso culpable. La administración concursal solicita la declaración de concurso como culpable, indicando como persona afectada la administradora única de la empresa concursada: Dña. Camino fundamentando esa declaración en las siguientes causas:

1. Retraso en la solicitud del concurso y agravación del estado de insolvencia ( artículo 442 y 444.1 del TRLC) .

2. Incumplimiento del deber de colaboración con el juez del concurso y la administración concursal, no haber facilitado información necesaria o conveniente para el interés del concurso, o no haber asistido, por sí o por medio de apoderado, a la junta de acreedores, siempre que su partición hubiera sido determinante para la adopción del convenio ( artículo 444.2 TRLC) .

3. Si, en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso, el deudor obligado legalmente a la llevanza de contabilidad no hubiera formulado las cuentas anuales, no las hubiera sometido a auditoría, debiendo hacerlo, o, una vez aprobadas, no las hubiera depositado en el Registro mercantil o en el registro correspondiente. ( art. 444.3 TRLC) .

4. Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad hubiera incumplido sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido en la que llevara irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera, art. 443.5 TRLC.

La entidad acreedora AUTOGAL SA, solicitó igualmente la declaración de concurso culpable, por las mismas causas.

En los dos escritos se interesó la declaración de persona afectada por la calificación a Dña. Camino administradora única de la empresa concursada desde el 3 de agosto de 2010, interesando su inhabilitación para administrar bienes propios o ajenos durante el período de 2 y 5 años (2 la AC, 5 Autogal), La pérdida de cualquier derecho que pudiera tener como acreedora concursal o de la masa y e condenase a la demandada a la cobertura total del déficit, y subsidiariamente a dicha petición, se condenase a la demandada a cubrir el déficit en el importe de todos los créditos que resulten insatisfechos como consecuencia de la liquidación en las siguientes cantidades: Hasta 117.406,06 euros solicita la AC y hasta 242.706,37 euros la acreedora AUTOGAL.

La entidad concursada HORMIGONES CELANOVA SL y la persona afectada por la calificación Dña. Camino no formularon oposición a la calificación culpable del concurso solicitada, hallándose en situación de rebeldía procesal.

En la sentencia dictada en primera instancia se declaró culpable del concurso en base a las causas alegadas por la administración concursal y como persona afectada a D. Carlos Jesús, D. Pelayo, Dña. Camino como administradora única inhabilitándole para administrar bienes ajenos por el período de dos años, así como representar o administrar a cualquier persona durante el mismo período, condenándola a la pérdida de cualquier derecho que tuviera como acreedor concursal o contra la masa, y a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiese recibido de la masa activa., así como a la cobertura del déficit concursal por importe de 242.706,37 euros.

Frente a dicha resolución se interpone recurso de apelación por la demandada, Dña. Camino, considerando que la relación causal entre los hechos probados que se plantean en la sentencia y en todo caso el impacto en la situación de la empresa, en caso de existir incumplimiento de sus obligaciones es ínfimo desestimándose la petición de cobertura del déficit concursal o en todo caso debe reducirse a la cantidad de 117.406,06 euros.

La administración concursal y la acreedora AUTOGAL, se opusieron al recurso solicitando la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO. -En fecha 1 de septiembre de 2020 entró en vigor el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal [-en adelante TRLCo-], que dedica a la calificación concursal el Título X del Libro I -arts. 441 a 465-

Tanto la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, como el vigente Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, distinguen entre concurso culpable y concurso fortuito ( artículo 163.1 de la LC y 441 de la TRLC) . Con la Ley Concursal de 2003 desaparece el concepto de quiebra fraudulenta, que pasa a integrarse en el concurso culpable; consagrándose además el principio enunciado por la jurisprudencia consolidada de separación, a estos efectos, de las jurisdicciones civil y penal ( arts. 163.2 y 189 LC y 462 y 519 de TRLC) , que ya fuera desvinculada por el Código Penal de 1995. Como señala su Exposición de Motivos, la Ley Concursal atenúa los efectos sobre el deudor establecidos en la legislación anterior, y se suprimen los que tienen un carácter represivo de la insolvencia. La inhabilitación se reserva para los supuestos de concurso calificado como culpable, en los que se impone como sanción de carácter temporal a las personas afectadas. El concurso es culpable cuando en la generación o agravación de la insolvencia "hubiera mediado dolo o culpa grave" ( artículo 164.1 LE y 442 TRLC) , del deudor, de sus representante legales, o en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, directores generales ( o apoderados generales en la LC) y de quienes, dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso, hubieren tenido cualquiera de estas condiciones. El concurso fortuito se define en forma negativa. El concurso que no pueda calificarse como culpable, será fortuito. Por tanto, para que el concurso pueda calificarse como culpable se requiere, según los preceptos indicados, la concurrencia de los siguientes requisitos: a) acción u omisión del deudor, o de sus representantes legales, o en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho, o directores generales (antes del TRLC apoderados generales) que haya generado o agravado la insolvencia; b) que les sea imputable dicha conducta a título de dolo o culpa grave; y c) nexo de casualidad entre dicha conducta y la generación o agravación de la insolvencia.

Ante las dificultades probatorias de dichos requisitos, la Ley Concursal establece unas presunciones de concurso culpable o "supuestos especiales" según el TRLC ( art. 443 TRLC, antiguo artículo 164.2 de la LC) y unas presunciones de culpabilidad ( art. 444 TRLC) . La concurrencia de las primeras determina que el concurso haya de calificarse como culpable, sin admitir prueba en contrario, y presuponen o amparan todos los requisitos exigidos para que el concurso pueda declararse como culpable. Así, el artículo 443 del TRLC, señala: "En todo caso, el concurso se calificará culpable..." Las presunciones de estos preceptos cubren todos los elementos legalmente exigibles para la declaración de concurso culpable. Las segundas presunciones ( artículo 444 TRLC) admiten prueba en contrario, y presuponen la concurrencia de dolo o culpa en la generación o agravación de la insolvencia, como ha resuelto el Tribunal Supremo poniendo fin a la polémica suscitada sobre la interpretación del artículo 165 LC. El artículo. 443 TRLC contiene, por tanto, la enumeración de presunciones del concurso culpable, tipificando una serie de supuestos en los que el concurso se califica en todo caso como culpable, sin admitir prueba en contrario, con independencia de la concurrencia de dolo o culpa grave (sistema de imputación objetiva). El artículo art. 444 TRLC contiene una serie de presunciones de dolo o culpa grave que no admiten prueba en contrario.

TERCERO. -Como se ha dicho en el presente caso se declaró culpable el concurso en base a las causas contenidas en el artículo 444.1, 444.2, 444.3 y 443.5 del TRLC, declarando persona afectada por la declaración de culpabilidad a la administradora única de la empresa desde el 2010.

Como pone de manifiesto la parte apelada, lo cierto es que en el escrito de apelación no se cuestiona la ratio decidendi de la sentencia, aceptando los hechos que en la misma se contemplan.

La primera causa de calificación del concurso como culpable apreciada en la sentencia de instancia es el incumplimiento del deber de solicitar la declaración del concurso, agravando el estado de insolvencia. ( artículo 444.1 y 442 del TRLC) . No lo niega el apelante, por cuanto en su propio recurso refleja que "no cabe discusión sobre el incumplimiento de la solicitud del concurso en su debido momento"y es incuestionable, de conformidad a la prueba practicada, y que efectivamente recoge la sentencia recurrida: Hormigones Celanova SL fue declarada en concurso necesario de acreedores por auto de 7 de febrero de 2023 por insolvencia, NO SIENDO SOLICITADO por la administradora única de la empresa, sino por uno de los acreedores. La deuda concursal reconocida en el informe concursal de la lista de acreedores es de 242.706,37 euros, y de dicha cantidad 117.406,06 euros es deuda por intereses (créditos subordinados), lo que supone casi el 50% de la deuda reconocida.

La Ley Concursal establece el deber del deudor de instar la declaración de concurso en el plazo de dos meses desde que conoce o debiera conocer su situación de insolvencia, con la finalidad de anticipar soluciones concursales y evitar o minorar la producción de daños y el agravamiento de la negativa situación económica ( art. 5.TRLC ). Se presumirá que el deudor ha conocido su estado de insolvencia cuando haya acaecido alguno de los hechos que pueden servir de fundamento a una solicitud de concurso necesario conforme al apartado cuarto del artículo dos. Para estimular o garantizar el cumplimiento de este deber, la norma establece la sanción que ahora nos ocupa, como es, presumir, salvo prueba en contrario, la presunción de dolo o culpa grave, por lo que la interrelación entre ambos preceptos es acorde a una adecuada interpretación de la norma.

Debemos tener en cuenta también que en relación a si la demora agravó o no la insolvencia la STS de 1 de abril de 2014 (ROJ: STS 1368/2014) ha indicado: "... esta sala ha declarado (sentencias núm. 614/2011, de 17 de noviembre , 994/2011, de 16 de enero de 2012 , y 501/2012, de 16 de julio ) que el artículo 165 de la Ley Concursal no contiene un tercer criterio respecto de los dos del artículo 164, apartados 1 y 2, sino que es una norma complementaria de la del artículo 164.1. Contiene efectivamente una concreción de lo que puede constituir una conducta gravemente culpable con incidencia causal en la generación o agravación de la insolvencia, y establece una presunción "iuris tantum" en caso de concurrencia de la conducta descrita, el incumplimiento del deber legal de solicitar el concurso, que se extiende tanto al dolo o culpa grave como a su incidencia causal en la insolvencia ( sentencias de esta sala num. 259/2012, de 20 de abril , 255/2012, de 26 de abril , 298/2012, de 21 de mayo , 614/2011, de 17 de noviembre y 459/2012 de 19 julio )".

Y, en relación al artículo 165.1 de la LC, la Sentencia del Supremo de 14 de julio de 2016 recordaba en relación a la línea jurisprudencial: "Hemos dicho en las sentencias núm. 492/2015, de 17 de septiembre , y 269/2016, de 22 de abril , que el incumplimiento del deber legal de solicitar a tiempo la declaración de concurso traslada al administrador de la sociedad concursada la carga de probar que el retraso no incidió en la agravación de la insolvencia. Y en la sentencia del Pleno de esta Sala núm. 772/2014, de 12 de enero de 2015 , dijimos: «Teniendo en cuenta que el criterio normativo que determina la consideración del incumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso como causa para calificar el mismo como culpable es la agravación de la insolvencia y el aumento del déficit patrimonial que este retraso puede suponer, al continuar la sociedad actuando en el tráfico mercantil contrayendo nuevas obligaciones cuando ya no podía cumplirlas regularmente, los elementos consistentes en la duración de la demora en solicitar el concurso y la importancia del aumento del déficit patrimonial, que son los tomados en consideración por la sentencia recurrida, son elementos objetivos pertinentes en relación al criterio normativo relevante para calificar el concurso como culpable» ."

Por lo tanto deben ser la AC quien deba probar la situación de insolvencia (desencadenante del deber de solicitar la declaración de concurso) y el transcurso del tiempo legalmente establecido; siendo el deudor quien deba demostrar que no se agravó la situación de insolvencia o en todo caso, que la agravación no guarda relación causal con la demora en la solicitud.

La legislación vigente ha venido a superar la concepción meramente formal de la insolvencia que se manifestaba por la cesación de pagos, para fundamentarse en una concepción material de la misma que implica la imposibilidad de hacer frente a las deudas, lo que supone que estará en situación de insolvencia actual quien no puede atender sus obligaciones sin acudir a mecanismos extraordinarios de financiación, venta de activos, cierre de determinadas líneas de explotación o del propio negocio (el propio precepto establece que esa insolvencia se calificará de inminente y motivará la declaración del concurso cuando se prevea la imposibilidad de cumplir las obligaciones no solo regularmente, sino también puntualmente), lo cierto es que en el presente caso resulta debidamente acreditada la realidad y generalización del incumplimiento, al menos, desde el 2017.

Es evidente que con su conducta, la administradora agravó el estado de insolvencia: en octubre del 2017 estaban "vencidos e impagados" créditos por un total de 88.922,08 euros (lo que representa el 70,96% de toda la deuda concursal reconocida como ordinaria, 125.300 euros), en ese mismo 4º trimestre es sancionada por la AEAT, impagando todas las sanciones tributaria, y desde enero de 2018 las facturas de teléfono. Por lo tanto del crédito principal, 125.300 euros, en fecha 4 de octubre de 2017 estaban vencido e impagados 88.922,08 euros. Por lo tanto ya en esa fecha la concursada estaba en insolvencia, por cuanto existía un "sobreseimiento generalizado en el pago corriente de obligaciones del deudor" ( artículo 2.4.4 TRLC) , y de haber solicitado el concurso, se hubieran suspendido los intereses ( artículo 152 TRLC) , que a la postre han significado el 48,36% de toda la deuda concursal. Es evidente y claro que la conducta de la administradora, incumpliendo sus obligaciones de instar el concurso, agravó la insolvencia provocando que se devengaran intereses durante 4 años y 2 meses.

No niega el incumplimiento de su obligación, pero afirma en el recurso que "difícilmente hubiera visto revertida su situación de insolvencia mediante el concurso", lo que evidentemente ha quedado acreditado que ha provocado un agravamiento en la situación de insolvencia.

En suma, al omitirse la preceptiva solicitud de concurso, la situación económica de la empresa empeoró, en perjuicio del conjunto de los acreedores, por lo que la concurrencia de la presunción prevista en el art. 444.1º TRLC es clara.

En segundo lugar el incumplimiento del deber de colaboración con el juez del concurso y la administración concursal, prevista como presunción iuris tantum de calificación del concurso como culpable en el artículo 444.2º TRLC, ninguna alegación en contra del mismo se recoge en el recurso. De la prueba obrante en autos, se desprende que existe un claro incumplimiento de las obligaciones que impone la ley concursal en relación con la colaboración con la administración concursal y puesta a disposición de esta de la información necesaria para la elaboración de tal informe. Rigiendo esta presunción iuris tantum, ningún argumento para desvirtuarla encontramos en el recurso presentado por la representación de la demandada.

CUARTO.-Otro de los motivos que determinan la declaración de concurso culpable radican en la no formulación de cuentas, no aprobación de las mismas y no haberlas depositado en el Registro Mercantil desde el ejercicio 2017 hasta la declaración del concurso en 2023 ( artículo 444.3 TRLC) y por el incumplimiento de llevar una contabilidad, cometiendo irregularidades relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la entidad ( artículo 443.5 TRLC) , lo que no ha sido negado por la demandada en la primera instancia ni desvirtuado,

Nuevamente se limita en el recurso la demandad a afirmar, sin negar la realidad de los hechos y los incumplimientos, "los acreedores ya tenían conocimiento de la difícil situación que atravesaba la empresa en el año 2017, y teniendo en cuenta que los resultados económicos tampoco se iban a ver alterados por la adopción o no de este, no se aprecia que si la administradora hubiera llevado a cabo las obligaciones planteadas el desenlace para la mercantil hubiera sido distinto".

Es el artículo 25 del Código de Comercio el que determina la obligación de llevar a cabo la contabilidad adecuada a la actividad empresarial que se desarrolla, permitiendo llevar a cabo un seguimiento cronológico de las operaciones realizadas. En el presente caso debía llevar a cabo dicha contabilidad y concretamente consta la ausencia de: Libro de inventario, balances, libro diario, contabilidad ordenada y cuentas anuales, de los ejercicios 2020 a 2023 (ambos incluidos). Tampoco convocó Junta General.

La Sentencia del Supremo 319/2020, de 18 de junio, refiere que para que las irregularidades contables puedan justificar la calificación culpable es necesario no solo que se haya contravenido la normativa contable, sino además que tengan entidad suficiente, es decir, que sea relevante para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la entidad concursada. El Supremo señala que cuando se habla de irregularidades relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera se refiere a que el incumplimiento contable ha de ser de tal entidad que afecte a los principios contables y a que tenga importancia suficiente en relación al fin que la contabilidad desempeña en el tráfico mercantil, en el sentido en que se define en el artículo 1 del Plan General de Contabilidad: «Las cuentas anuales deben redactarse con claridad, de forma que la información suministrada sea comprensible y útil para los usuarios al tomar sus decisiones económicas, debiendo mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales. La aplicación sistemática y regular de los requisitos, principios y criterios contables incluidos en los apartados siguientes deberá conducir a que las cuentas anuales muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. A tal efecto, en la contabilización de las operaciones se atenderá a su realidad económica y no sólo a su forma jurídica»( STS nº 583/2017, de 27 de octubre). Es decir, significa que debe tener suficiente entidad, cuantitativa o cualitativa, para desvirtuar la imagen de la empresa que ofrece la contabilidad, siendo cualitativamente relevante cuando impida al tercero tener una información correcta y suficiente del estado patrimonial de la empresa y, especialmente, cuando oculte la existencia de una causa de disolución o de una situación de insolvencia, y será cuantitativamente cuando el importe económico de la incidencia, en relación con el tamaño de la empresa, altere significativamente la situación patrimonial y financiera que se proyecta al exterior. La jurisprudencia considera que la ausencia de llevanza de los libros obligatorios constituye una irregularidad relevante, que impide tener una comprensión patrimonial o financiera de la sociedad.

El motivo se desestima, reiterando los argumentos de la sentencia de instancia, su permanencia en el cargo le hace responsable de las causas por las que se ha declarado el concurso, en cuanto el administrador único de la sociedad es el responsable de la llevanza de la contabilidad de la sociedad, que dentro de los deberes de diligencia, permitan la dirección y control de la sociedad ( art. 225 LSC) , de la formulación de las cuentas anuales ( art. 253 LSC) para su aprobación por la junta, y del deber de solicitar el concurso ( art. 3.1 TRLC) , sin que los argumentos esgrimidos por el recurrente hayan desvirtuado la prueba ni la argumentación de la sentencia para la calificación del concurso.

QUINTO.-La sentencia condena al administrador de la sociedad a la cobertura del 100% del déficit concursal, en atención a la previsión del art 456 TRLC en la medida que la conducta de las personas afectadas por la calificación del concurso hubiera generado o agravado la insolvencia.

La justificación de la condena deriva en su participación en las causas declaradas del concurso, además de que no adoptó medida alguna para restablecer el equilibrio patrimonial, lo que contribuyó a la agravación de la situación.

En el recurso se alega que, "si bien existe un incumplimiento de las obligaciones planteadas, su impacto en la situación de las empresa es ínfimo".

La jurisprudencia exige una "justificación añadida" de cómo la conducta del administrador ha contribuido a generar o agravar la insolvencia, y que dicha agravación no se presume y debe ser probada. Así, l sentencia de 18 de junio de 2020 del Supremo ( STS 319/2020, reiterada en la STS 726/2021), señaló que "la condena a la cobertura del déficit pretende resarcir los perjuicios indirectos derivados de la causación o agravación de la insolvencia, y tiene sus propios requisitos. Objetivos: es necesario que se haya abierto la liquidación, que la concursada sea una persona jurídica y que la conducta que haya merecido la calificación culpable del concurso haya generado o agravado la insolvencia, pues en la medida de esta contribución se determina el alcance de la condena a la cobertura del déficit. Subjetivos: responden las personas declaradas afectadas por la calificación culpable de concurso respecto de la conducta que, habiendo merecido la calificación culpable, se aprecia que generó o agravó la insolvencia."

Así, la Sentencia de 22 de mayo de 2019, nos indica que "la justificación de la condena a la cobertura del déficit radica en la incidencia que la conducta o conductas que hubieran merecido la calificación culpable del concurso han tenido en la generación o agravación de la insolvencia. Como se ha advertido en la doctrina, esto trae consigo dos consecuencias lógicas, que afectan al enjuiciamiento: i) por una parte, no cabe condenar a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, apoderados generales o socios que se negaron sin causa justificada a la capitalización de créditos, a la cobertura total o parcial del déficit si con su conducta (la que ha merecido la calificación culpable y su declaración de persona afectada por la calificación) no han contribuido a la generación o a la agravación de la insolvencia; ii) y, por otra, el alcance o montante de esta condena estará en función de la incidencia que su conducta ha tenido en la generación de la insolvencia o en su agravación."

La misma sentencia nos dice que "esta justificación supone, cuando menos, un esfuerzo argumentativo que muestre de forma razonable cómo la conducta generó o agravó la insolvencia y en qué medida lo hizo, aunque sea de forma estimativa. Sin perjuicio de que, en algunos casos, ante la imposibilidad de acreditar las causas de la generación o agravación de la insolvencia y, sobre todo, la posible incidencia de la conducta que ha merecido la calificación culpable del concurso, debido a esta propia conducta que provoca como efecto la imposibilidad de conocer y acreditar, sea posible invertir la carga de la acreditación. Esto último puede ocurrir cuando la calificación culpable del concurso se justifica por la concurrencia de las dos primeras causas del art. 164.2 LC (hoy artículo 444 TRLC ), las que guardan relación con la ausencia o falseo de la contabilidad y con las inexactitudes graves en la documentación aportada al concurso por el deudor concursado. En ambos casos, no es que no sea necesario acreditar que la conducta generó o agravó la insolvencia y en qué medida lo hizo, para poder condenar a la cobertura total o parcial del déficit, sino que puede ocurrir que la propia conducta haya impedido conocerlo y, por eso, resulta lógico que se desplace a los responsables de la conducta las consecuencias de esa imposibilidad de conocer y se presuma esa contribución a la generación o agravación de la insolvencia. Pero, insistimos, no cabe presumir en todo caso que las irregularidades en la contabilidad relevantes para comprender la situación patrimonial del deudor generaron la insolvencia".

La justificación añadida se cumple cuando el grado de participación de la persona afectada en los hechos que determinan la calificación de culpable y la gravedad objetiva de estas conductas se desprenden del conjunto de fundamentos de la resolución, sin necesidad de que formalmente se razone por separado en el fundamento dedicado a la cobertura del déficit ( STS 3/11/2016).

Son conductas objetivamente graves. Dice el Supremo, en relación a la acreditación para obtener una condena a la cobertura del déficit, total o parcial "(...)Esto último puede ocurrir cuando la calificación culpable del concurso se justifica por la concurrencia de las dos primeras causas del art. 164.2 LC , las que guardan relación con la ausencia o falseo de la contabilidad y con las inexactitudes graves en la documentación aportada al concurso por el deudor concursado. En ambos casos, no es que no sea necesario acreditar que la conducta generó o agravó la insolvencia y en qué medida lo hizo, para poder condenar a la cobertura total o parcial del déficit, sino que puede ocurrir que la propia conducta haya impedido conocerlo y, por eso, resulta lógico que se desplace a los responsables de la conducta las consecuencias de esa imposibilidad de conocer y se presuma esa contribución a la generación o agravación de la insolvencia."

De la sentencia de instancia y de la prueba practicad se desprende que la afectada es administradora único de la sociedad, desde el año 2010, y como tal es responsable de la adecuada confección de la contabilidad y del deber de solicitar el concurso, que son dos de las dos causas por las que se declara el concurso como culpable, así como de colaborar con la AC; la irregularidad contable apreciada es de una cuantía muy relevante y la administradora no llegó a solicitar el concurso, que fue declarado a instancia de un acreedor, pese a que existían signos externos de insolvencia desde años muy anteriores.

Todo ello es justificación suficiente de que la omisión de una correcta contabilidad y de que la inacción de la administradora agravó la insolvencia de la entidad y de que procede la condena a la cobertura del déficit concursal, el incumplimiento de este deber, solicitar el concurso, permitió a la entidad seguir operando en el tráfico, y a partir de junio de 2017 se contrajeron nuevas deudas por intereses en la cantidad de 117.406,06 (el 70,96% de toda la deuda concursal reconocida como principal). No debemos obviar que la propia juez a quo analiza los motivos por los que debe declararse culpable el concurso en aplicación del punto 1º del artículo 444 del TRLC, respecto a la cual no se ha aportado prueba en contrario, es más, ha sido admitido y reconocido por la propia apelada, sin que en fase de instancia se hubiera aportado prueba al respecto.

En cuanto a la cuantía concreta de condena a cobertura del déficit, parte la juzgadora de instancia del entendimiento del déficit concursal tal como aparece explicitado en el apartado segundo del art. 456 TRLC, conforme al cual "se considera que existe déficit cuando el valor de los bienes y derechos de la masa activa según el inventario de la administración concursal sea inferior a la suma de los importes de los créditos reconocidos en la lista de acreedores".

En tal sentido, razona la sentencia recurrida que la Administración Concursal ha cuantificado expresamente el déficit concursal, que ascendería a la cantidad de 242.706,37 €. El pasivo generado a partir del octubre de 2017 (fecha en la que se estima que la concursada debía haber solicitado el concurso) asciende a 117.406,06 euros. Y en este sentido, condena a Dña. Camino al pago de los 242.706, 37 euros en los que se ha cifrado el déficit concursal, dado el grado de participación de la misma en los motivos que han determinado la calificación como culpable del concurso.

En consecuencia, procede desestimar igualmente este motivo de recurso y confirmar la sentencia recurrida.

SEXTO.-En virtud de lo establecido en el artículo 398, en relación con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas del recurso se imponen a la parte apelante.

De conformidad con la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se decreta la pérdida del depósito constituido para apelar.

Por lo expuesto la Sección Primera de la Audiencia Provincial pronuncia el siguiente