Sentencia Civil 393/2026 Audiencia Provincial Civil nº 1 de Girona, Rec. 911/2025 de 26 de marzo del 2026

PRIMERO. - Planteamiento del litigio en esta alzada. -

Este procedimiento trae causa del Juicio Ordinario nº 71/2022 tramitado por el Juzgado mercantil nº1 de Girona en dónde LOGIMAC ACCIONAMIENTOS Y CONTROL SL (en adelante LOGIMAC) reclamaba el pago de 99.969,49 euros en concepto de pagarés, gastos de devolución e intereses hasta el 17 de enero de 2022 a la mercantil MECACER WELDING SL y a su administrador Pablo Jesús en ejercicio de la acción prevista en el 367 LSC (responsabilidad objetiva por deudas) y 241 LSC (acción individual).

Fundamentaba su pretensión en los siguientes argumentos:

1) Ejercicio de actividades fuera del objeto social: entendía que la actividad de ámbito de fabricación, ensamble y montaje de maquinaria industrial nada tiene que ver con el objeto social de la demandada consistente en la "compraventa y alquiler de inmuebles. Compraventa de otros activos materiales, inmateriales o financieros y cualquier otra actividad complementaria asimilable o derivada de las actividades principales."

El proyecto que había originado el crédito con un tercero había sido un proyecto de fabricación, ensamble y montaje de una máquina industrial de malla con volteador y plegadora.

La actora era la sociedad que habían subcontratado para la elaboración y suministro de componentes y equipos industriales para la automatización de maquinaria, así como los correspondientes servicios de asistencia e instalación en los locales de la demandada.

2) Emisión de unas facturas por valor de 88.158,42 euros con sus respectivos intereses. Se emitieron seis pagarés:

3) Responsabilidad del administrador por deudas sociales porque entiende que el crédito es devengado con posterioridad a la causa de disolución.

a) Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social: en concreto, entiende que la empresa realiza actividades ajenas a su totalidad al objeto social desde tiempo inmemorial y en todo caso de forma acreditada el 6 de noviembre de 2018 momento en el que se encargó el suministro de piezas.

b) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social. No se presentan las cuentas anuales de 2019 y las del 2018.

4) Responsabilidad individual del administrador: 241 LSC en relación con el art. 236 LSC.

a. Actuaciones del administrador contrarias al objeto social: el administrador no habría adecuado tal situación ni habría dotado de medios a la empresa para ello.

b. Impago desleal de servicios subcontratados habiendo cobrado el importe debido.

c. Liquidación irregular e ilícita de los activos societarios: en un año desaparece gran parte de su activo llegando al concurso sin masa.

Pablo Jesús se opone a la demandada conforme los argumentos que de forma sucinta se proceden a exponer:

1) No procede la acción por deudas sociales porque las deudas son posteriores a la causa de disolución porque las deudas se contraen en noviembre de 2018 siendo el 17/06/2019 cuando se inicia la fase preconcursal.

Además, expone que la reducción del capital en 2019 se da porque en las cuentas anuales de 2018 la partida de activos por valor de 1.345.464,27 euros se componía principalmente por existencias (833.550,95€) y deudores comerciales (312.035,71€). En cuanto al pasivo corriente se componía principalmente por la partida de acreedores comerciales, por importe de 811.787,59€. Las pérdidas alegadas por la parte demandante durante el ejercicio 2019 responderían a la situación económica negativa de 2019, que provocó que el activo corriente (existencias, clientes a cobrar) fuera disminuyendo.

2) No procede la acción por responsabilidad individual del administrador porque:

a. La actividad encaja dentro del objeto social "la compraventa de otros activos materiales, inmateriales o financieros y cualquier otra actividad complementaria asimilable o derivada de las actividades principales".

b. No se ha procedido al pago porque la compañía entró en concurso declarado el momento en que se supo

c. No hay prueba alguna de que la compañía se ha despatrimonializado

d. El Sr. Pablo Jesús no se ha enriquecido con la operación, sino que ha sido declarado en concurso el auto 11 de mayo de 2022.

La Sentencia desestima íntegramente la demanda. La Juez a quoentiende como hechos NO controvertidos la existencia de una relación jurídica por la que se devengaron unas facturas por valor de 88.158,42 euros y que la empresa deudora fue declarada en concurso por auto de 22 de enero de 2020 por el Juzgado nº1 Mercantil de Girona.

En aplicación del art. 367 LSC, concluye que no hay incumplimiento de los deberes del administrador porque:

A) Respecto de la primera causa alegada: pérdidas que arrojen un Patrimonio Neto a la mitad entiende que no concurre la causa porque la fecha a tener en cuenta es la del momento de realización del negocio jurídico con independencia del momento del vencimiento y, en el presente caso:

Las facturas son de noviembre y diciembre de 2018

Las cuentas del 2018 se habían depositado en el Registro Mercantil

Las cuentas del 2018 arrojaban un activo de 1.345.464,27 euros y un Patrimonio Neto de 212.395,48 euros.

La insolvencia se produjo en algún momento del ejercicio 2019

El 23 de diciembre de 2019 se presenta la solicitud de concurso

B) Respecto del cese en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto social entiende que el cese de la actividad debe de fecharse con posterioridad a la deuda. En concreto, la resolución de los contratos de leasing se dan en mayo de 2019 y el despido de la totalidad de la plantilla en octubre de 2019. A su vez, también aplica la doctrina de los actos propios y entiende que MECACER sabía del ejercicio de tales actividades desde hace 4 o 5 años puesto que mantenía relaciones comerciales con la compañía.

En aplicación del art. 241 LSC, concluye que no puede prosperar la acción individual de responsabilidad por falta de acreditación del daño directo ocasionado al acreedor y falta de prueba respecto de la negligencia. En este sentido, entiende que la empresa siempre ha actuado dentro del marco de su objeto social al poderse incluir la fabricación como una actividad asimilada a la venta - y que, en todo caso, incluso perfeccionó expresamente en el momento de presentar concurso e incluyó no sólo la compraventa sino también la fabricación de maquinaria- y que no se ha acreditado que se liquidase de forma irregular el activo societario.

En apelación principalmente las partes vuelven a reiterar los argumentos esgrimidos en primera instancia debiendo destacar los siguientes argumentos.

LOGIMAC recurre negundo la mayor (en el presente recurso se impugnan todos los pronunciamientos de la Sentencia dictada por considerar que los mismos, dicho sea en términos de estricta defendsa y con los debidos respetos, son incorrectos y se ha llegado a los mismos después de una errónea valoración de la prueba practicada y de la carga probatòria). En concreto, recurre la sentencia al considerar que, existiendo una deuda cierta derivada de la relación contractual, debió apreciarse la responsabilidad del administrador por no haber promovido a tiempo la disolución o el concurso pese a la situación de insolvencia de la sociedad, imputándole además una actuación personal generadora del perjuicio por haber continuado la actividad, contraído obligaciones y dispuesto de los activos sociales sin atender el pago del crédito reclamado.

Sostiene asimismo que la sentencia debió contener un pronunciamiento condenatorio frente a la propia sociedad mercantil, al entender acreditada la deuda, solicitando la estimación íntegra de la demanda frente a ambos demandados.

Pablo Jesús interesa la confirmación de la sentencia al tratarse de una deuda anterior a cualquier causa de disolución y haber actuado el administrador conforme a la ley, iniciando negociaciones con acreedores y solicitando el concurso en plazo, sin que pueda imputársele responsabilidad por el resultado insolvencia de la sociedad. Niega que exista actuación personal antijurídica distinta del mero impago de una deuda social ni que se haya probado disposición irregular de activos o perjuicio directo imputable al administrador, sosteniendo además que no procedía condena alguna frente a la persona jurídica por no ser objeto del pronunciamiento impugnado y estar correctamente resuelta la litis en la instancia.

MECACER WELDING SL se mantiene en rebeldía.

SEGUNDO: De la responsabilidad de las personas jurídicas tras su declaración de concurso

La parte recurrente reclama que exista pronunciamiento respecto de la persona jurídica por el crédito que se reclama. Para ello, es necesario traer a colación el artículo 400 de la LSC (formalización de actos jurídicos tras la cancelación de la sociedad), el 136 TRLC ( efectos de la declaración del concurso) y el 485 TRLC ( efectos específicos del concurso para la persona jurídica) interpretados conforme la Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Los efectos propios de la declaración de concurso se mantienen plenamente vigentes hasta la conclusión del procedimiento concursal, de modo que, conforme al artículo 136 TRLC, mientras el concurso no haya concluido los órganos del orden civil no pueden conocer de acciones cuya competencia corresponda al juez del concurso. Una vez producido el cierre y conclusión del concurso de persona jurídica en los términos del artículo 485 TRLC, con el consiguiente cierre provisional y, en su caso, definitivo de la hoja registral, dicha cancelación no implica la desaparición absoluta de la capacidad jurídica a efectos procesales cuando existan pasivos sobrevenidos. Esta interpretación resulta coherente con la capacidad de actuación de los liquidadores prevista en el artículo 400 LSC, que permite la formalización de actos jurídicos posteriores a la cancelación registral para atender situaciones derivadas de actos anteriores, y con la doctrina consolidada de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en particular la STS nº 324/2017, de 24 de mayo (ROJ: STS 1991/2017),conforme a la cual la sociedad de capital disuelta y liquidada, aun con sus asientos registrales cancelados, conserva una personalidad jurídica residual y funcional que le permite ser parte demandada, representada por el liquidador, en reclamaciones basadas en pasivos sobrevenidos que debieron integrarse en las operaciones de liquidación.

Por tanto, no procede la condena en este procedimiento porque si bien es cierto que nos hallamos ante pasivos sobrevenidos a la causa de disolución (vencimiento en 2019) fueron integrados en operaciones de liquidación, en concreto, en un procedimiento concursal sin masa tramitado ante el Juzgado nº 1 de Girona y que concluyó el 22 de enero de 2020.

TERCERO.- De la responsabilidad objetiva del administrador del artículo 367 LSC

El art. 362 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ( LSC ), obliga a las sociedades a disolverse cuando concurra causa legal. A continuación, el art. 363 LSC enumera cuales son las causas legales de disolución de las sociedades. La disolución exige el acuerdo de la junta, conforme al art. 364 LSC ,la cual debe de ser convocada por los administradores sociales en el plazo de dos meses, conforme lo establecido en el art. 365.1 LSC . La junta debe de acordar la disolución de la compañía o adoptar los acuerdos necesarios para remover la causa de disolución ( art. 365. 2 LSC ). Si la junta no adopta ninguno de dichos acuerdos, el administrador social tiene la obligación de promover su disolución judicial ( art. 366.2 LSC ).

Cuando el administrador social no convoca aquella junta responde solidariamente con la sociedad de las deudas que se generen con posterioridad a la causa de disolución, conforme lo establecido en el art. 367.1 LSC . La Ley completa este sistema de responsabilidad estableciendo la siguiente presunción:

«En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior ( art. 367.2 LSC )».

Por lo tanto, el acreedor que reclama su crédito al administrador de su deudor deberá primero alegar y después probar que la sociedad estaba incursa en causa legal de disolución antes de que la deuda se generase.

Entre las causas de disolución de las sociedades de capital, el art. 363.1 a) LSC incluye el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social y el art. 363.1.e) LSC que incluye las pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente la declaración del concurso. A continuación, se analizan estas dos causas por ser las alegadas por la parte recurrente.

Del cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyen el objeto social.

La parte actora sostiene que MECACER viene realizando actividades ajenas en su totalidad al objeto social. En concreto, entiende que la referencia en su página web al diseño, ensamble y fabricación de maquinaria en el sector de la automación no es acorde al que consta en el registro mercantil. Por su parte, no discute el fondo del asunto, sino que meramente recuerda la presunción de posterioridad de las deudas a la causa de disolución.

En la escritura de constitución de la sociedad de 19 de septiembre de 2002 aparece que su objeto es la compravenda y alquiler de inmuebles, de activos materiales, inmateriales o financieros y cualquier otra actividad complementaria asimilable o derivada de estas actividades principales siendo que mediante la escritura pública de 20 de julio de 2011 se procede al cambio de denominación social (de PATRIMONIAL MECACER SL a MECACER WELDING SL).

En primer lugar, debe de destacarse tal y como señala la juez ad quo que el desarrollo de proyectos para la fabricación de maquinaria industrial y su venta debe de incluirse en el objeto social puesto que tendría cabida en la cláusula de cierre (actividad complementaria asimilable a la compravenda de activos materiales)porque, al fin y al cabo, aunque tendría mejor cabida como arrendamiento de obra, implica (de forma desnaturalizada) un adelanto en la cadena de producción, es decir, en la realización de actos preparatorios a la entrega de una cosa a cambio de un precio, es decir, de una compraventa.

Por otro lado, podría plantearse si el art. 363 LSC no incluye como causa de disolución el ejercicio de una actividad económica real distinta de la descrita en el objeto social estatutario, pues la disolución por fin del objeto exige un objeto concreto y agotable, inexistente en sociedades de actividad empresarial continuada. La eventual discordancia entre la actividad efectivamente desarrollada y el objeto estatutario puede generar, en su caso, consecuencias internas en el ámbito societario, pero no determina la extinción de la sociedad ni legitima la imputación automática de responsabilidad al administrador. En este sentido, SAP, Civil sección 15 del 27 de julio de 2015 ( ROJ: SAP B 6979/2015 - ECLI:ES:APB:2015:6979 )analiza los efectos tales como el derecho de separación cuando la modificación sea sustancial o la STS, Civil sección 1 del 09 de octubre de 2018 ( ROJ: STS 3466/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3466 )en la que se establece que lo que determina que efectivamente se haya producido el cese en el ejercicio de la actividad que constituye el objeto social de la sociedad en cuestión no es el hecho de que esta sociedad haya dejado de ejercer directamente una actividad prevista en los estatutos al enajenar el establecimiento hotelero que explotaba, sino el hecho de que actualmente no ejerza actividad alguna.

En ese sentido, con la documental obrante en autos ha quedado más que acreditado que la empresa estaba desarrollando actividad industrial (principalmente la diligencia de la inspección del trabajo en que da a conocer que la empresa incluso tenía trabajadores a su cargo); de las declaraciones vertidas en juicio por D. Pablo Jesús que manifestó que en el activo de la empresa constaban leasings consistentes en máquinas para poder desarrollar su actividad y en el activo, en la partida de mercancías, las máquinas destinadas a arrendarse o venderse a sus clientes; de las declaraciones de D. Abelardo que reflejó la empresa demandada inclusive tenía relación con empresas sitas en el extranjero y de las declaraciones de D. Jose Manuel, asesor externo de la empresa LOGIMAC, y que pudo incluso dar el nombre de la empresa alemana con la que trabajaba manteniendo relaciones económicas con ellos.

Por lo que este motivo debe de desestimarse.

Pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social.

En este caso, la parte actora sostiene que en las cuentas anuales de 2019 se arrojaba un PN de 212.395,48 euros y un Activo de 1.345.464,27 euros existiendo unas pérdidas que reducirían el PN a menos de la mitad del capital social. La parte demandada alega que durante el ejercicio 2019 se redujera el activo para afrontar el pago de los gastos ordinarios sin que el activo fuera suficiente para acometer todos los pagos por lo que la compañía tuvo que acudir al concurso y por ello se inició el 17 de junio de 2019 el procedimiento pre-concusal, presentándose el concurso en diciembre de 2019 y siendo declarado el 22 de enero de 2020. Por otro lado, afirma que la causa es posterior en la medida en que la relación comercial se inició el 2018 cuando la empresa presentaba un patrimonio neto de 212.395,48 euros y, por tanto, era solvente.

La causa de disolución por pérdidas del artículo 363.1.e LSC concurre cuando, de forma objetivamente constatable a través de la contabilidad social, el patrimonio neto queda reducido a una cifra inferior a la mitad del capital social sin que dicha situación sea corregida ni resulte procedente la solicitud de concurso; cuando, por el contrario, la sociedad se encuentra en situación de insolvencia y el órgano de administración promueve en plazo la comunicación de negociaciones y la posterior solicitud de concurso, la obligación de promover la disolución queda legalmente desplazada, sin que pueda imputarse responsabilidad al administrador conforme al artículo 367 LSC.

En el presente caso, las cuentas anuales de 2018 arrojan un resultado positivo de 9.922,40 euros siendo las de 2017 también positivas con un resultado de 23.077,34 euros y siendo que en 2019 se produce el colapso económico puesto que el resultado es negativo en 1.195.795, 62 euros. Ello se debe principalmente en que en 2018 el activo corriente asciende a 1.178.843,39 euros pero, como bien se ha deducido de la memoria económica presentada y de las declaraciones vertientes en sede judicial, ello se debe a que las existencias se vinculaban a maquinaria de alto valor y a clientes que no pagaron.

En todo caso, la eventual concurrencia de la causa de disolución por debe situarse en la fecha en que dicha situación pudo ser conocida de forma objetiva por el órgano de administración, lo que acontece el 17 de junio de 2019, momento en el que se presenta la comunicación de inicio de negociaciones con los acreedores. Desde esa fecha queda fijado el dies a quo relevante a efectos del artículo 367 LSC. Sin embargo, de la documentación obrante en autos resulta que las obligaciones reclamadas por la parte actora son anteriores a dicha fecha, habiéndose generado en el marco de la relación contractual existente durante el ejercicio 2018 y comienzos de 2019, cuando no concurría causa legal de disolución. Recordemos que el Alto Tribunal refiere a que para determinar la anterioridad o no de la deuda a la causa de disolución deberá estarse a la perfección del contrato y no al vencimiento (la STS, Civil sección 1 del 14 de julio de 2021 ( ROJ: STS 3016/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3016 )En consecuencia, al no tratarse de deudas sociales nacidas con posterioridad al acaecimiento de la causa de disolución, no concurre el presupuesto temporal exigido por el artículo 367 LSC, lo que excluye la responsabilidad del administrador por deudas sociales.

CUARTO.- De la responsabilidad individual del administrador del artículo 241 LSC

En este caso, la pretensión frente al administrador no se basa en una responsabilidad objetiva por el mero impago, sino en la apreciación de un comportamiento antijurídico previsto en el 236 y 241 LSC. En concreto, entiende que: 1) las actuaciones del administrador no están comprendidas en el objeto social, son contrarias a los estatutos sociales y a la ley; 2) existe un impago desleal de los servicios subcontratados, habiendo cobrado y teniendo en posesión la demandada, el importe indebido y 3) liquidación irregular e ilícita de los activos societarios. A continuación, se analizarán cada uno de los puntos conforme los criterios de la jurisprudencia del Tribunal Supremo ( STS 242/2014, de 23 de mayo , 396/2013, de 20 de junio , 395/2012, de 18 de junio , entre otras)exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

A) Una conducta, activa u omisiva, por parte de los administradores que sea imputable al órgano de administración en cuanto tal, siendo además antijurídica por infringir la ley, los estatutos o por no ajustarse al estándar o patrón de diligencia exigible a un ordenado empresario y a un representante leal;

B) Que la conducta antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible de producir y produzca un daño directo al tercero que contrata, sin necesidad de lesionar los intereses de la sociedad; y

C) La relación de causalidad entre la conducta antijurídica del administrador y el daño directo ocasionado al tercero.

De las actuaciones del administrador y el objeto social

La presente cuestión se resolverá en sintonía con lo expresado anteriormente. En efecto, no procede entender que el uso de un objeto social diverso del real puede constituir una conducta dolosa en los términos del 1269 CC (Hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho.)ni tampoco de culpa grave en la medida en que el objeto social era ambiguo y amplio. Además, no existe relación de causalidad entre el uso de un objeto social diverso y del daño porque de haber cobrado sería completamente indiferente qué objeto expresamente se incluía en los estatutos. Por último, podría plantearse inclusive culpa exclusiva de la actora en la medida en que declaró el Sr. Abelardo que conocía perfectamente a lo que se dedicaba la empresa y que había trabajado con ellos 4 o 5 años antes.

El motivo debe desestimarse.

Impago desleal de los servicios contratados.

La parte actora sostiene que fue subcontratada por la demandada para la ejecución de un proyecto encargado por un tercero y que, pese a haber percibido esta última el importe correspondiente, no abonó cantidad alguna a la subcontratada, pretendiendo anudar a tal circunstancia la existencia de un ilícito orgánico imputable al administrador. Sin embargo, el eventual cobro de determinadas partidas por parte de la sociedad demandada no confiere a la actora preferencia de cobro alguna frente al resto de acreedores, siendo aplicable el principio de par conditio creditorum,propio del derecho concursal, que impide atribuir pagos selectivos fuera de los cauces legalmente previstos.

Asimismo, no se ha concretado qué cobros habrían sido irregulares, ni en qué fechas, por qué importes o con qué destino, ni se ha acreditado que dichos cobros constituyeran una actuación antijurídica imputable personalmente al administrador. Al contrario, de la prueba practicada resulta que se plantearon alternativas de satisfacción del crédito, como declaró D. Pablo Jesús o D. Jose Manuel, al manifestar que se ofreció la entrega de una máquina valorada en aproximadamente 50.000 euros, extremo que la parte actora discute en cuanto a su modalidad -entrega directa o subrogación en un contrato de leasing-, pero que evidencia la inexistencia de una voluntad deliberada de dejar impagado el crédito.

El motivo debe desestimarse.

Liquidación irregular de los activos societarios.

Por último, se alega la despatrimonialización de la empresa en vista de la reducción considerable de la partida de existencias. Debe recordarse que el ordenamiento concursal prevé cauces específicos para analizar y depurar eventuales irregularidades en la liquidación del activo, tales como las acciones de reintegración o la sección de calificación del concurso, sin que conste que en el procedimiento concursal seguido contra la sociedad se haya apreciado ni siquiera indiciariamente la existencia de liquidaciones ilícitas o conductas fraudulentas. La ausencia de cualquier pronunciamiento en dicho ámbito impide trasladar, por vía indirecta, una sospecha genérica al presente proceso para fundamentar la responsabilidad individual del administrador.

El motivo debe desestimarse.

QUINTO: Costas de apelación.

Al desestimarse el recurso de apelación se imponen las costas al recurrente conforme art.398 LEC.

VISTOS los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación, EN NOMBRE DE S.M. EL REY.

PRIMERO. - Planteamiento del litigio en esta alzada. -

Este procedimiento trae causa del Juicio Ordinario nº 71/2022 tramitado por el Juzgado mercantil nº1 de Girona en dónde LOGIMAC ACCIONAMIENTOS Y CONTROL SL (en adelante LOGIMAC) reclamaba el pago de 99.969,49 euros en concepto de pagarés, gastos de devolución e intereses hasta el 17 de enero de 2022 a la mercantil MECACER WELDING SL y a su administrador Pablo Jesús en ejercicio de la acción prevista en el 367 LSC (responsabilidad objetiva por deudas) y 241 LSC (acción individual).

Fundamentaba su pretensión en los siguientes argumentos:

1) Ejercicio de actividades fuera del objeto social: entendía que la actividad de ámbito de fabricación, ensamble y montaje de maquinaria industrial nada tiene que ver con el objeto social de la demandada consistente en la "compraventa y alquiler de inmuebles. Compraventa de otros activos materiales, inmateriales o financieros y cualquier otra actividad complementaria asimilable o derivada de las actividades principales."

El proyecto que había originado el crédito con un tercero había sido un proyecto de fabricación, ensamble y montaje de una máquina industrial de malla con volteador y plegadora.

La actora era la sociedad que habían subcontratado para la elaboración y suministro de componentes y equipos industriales para la automatización de maquinaria, así como los correspondientes servicios de asistencia e instalación en los locales de la demandada.

2) Emisión de unas facturas por valor de 88.158,42 euros con sus respectivos intereses. Se emitieron seis pagarés:

3) Responsabilidad del administrador por deudas sociales porque entiende que el crédito es devengado con posterioridad a la causa de disolución.

a) Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social: en concreto, entiende que la empresa realiza actividades ajenas a su totalidad al objeto social desde tiempo inmemorial y en todo caso de forma acreditada el 6 de noviembre de 2018 momento en el que se encargó el suministro de piezas.

b) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social. No se presentan las cuentas anuales de 2019 y las del 2018.

4) Responsabilidad individual del administrador: 241 LSC en relación con el art. 236 LSC.

a. Actuaciones del administrador contrarias al objeto social: el administrador no habría adecuado tal situación ni habría dotado de medios a la empresa para ello.

b. Impago desleal de servicios subcontratados habiendo cobrado el importe debido.

c. Liquidación irregular e ilícita de los activos societarios: en un año desaparece gran parte de su activo llegando al concurso sin masa.

Pablo Jesús se opone a la demandada conforme los argumentos que de forma sucinta se proceden a exponer:

1) No procede la acción por deudas sociales porque las deudas son posteriores a la causa de disolución porque las deudas se contraen en noviembre de 2018 siendo el 17/06/2019 cuando se inicia la fase preconcursal.

Además, expone que la reducción del capital en 2019 se da porque en las cuentas anuales de 2018 la partida de activos por valor de 1.345.464,27 euros se componía principalmente por existencias (833.550,95€) y deudores comerciales (312.035,71€). En cuanto al pasivo corriente se componía principalmente por la partida de acreedores comerciales, por importe de 811.787,59€. Las pérdidas alegadas por la parte demandante durante el ejercicio 2019 responderían a la situación económica negativa de 2019, que provocó que el activo corriente (existencias, clientes a cobrar) fuera disminuyendo.

2) No procede la acción por responsabilidad individual del administrador porque:

a. La actividad encaja dentro del objeto social "la compraventa de otros activos materiales, inmateriales o financieros y cualquier otra actividad complementaria asimilable o derivada de las actividades principales".

b. No se ha procedido al pago porque la compañía entró en concurso declarado el momento en que se supo

c. No hay prueba alguna de que la compañía se ha despatrimonializado

d. El Sr. Pablo Jesús no se ha enriquecido con la operación, sino que ha sido declarado en concurso el auto 11 de mayo de 2022.

La Sentencia desestima íntegramente la demanda. La Juez a quoentiende como hechos NO controvertidos la existencia de una relación jurídica por la que se devengaron unas facturas por valor de 88.158,42 euros y que la empresa deudora fue declarada en concurso por auto de 22 de enero de 2020 por el Juzgado nº1 Mercantil de Girona.

En aplicación del art. 367 LSC, concluye que no hay incumplimiento de los deberes del administrador porque:

A) Respecto de la primera causa alegada: pérdidas que arrojen un Patrimonio Neto a la mitad entiende que no concurre la causa porque la fecha a tener en cuenta es la del momento de realización del negocio jurídico con independencia del momento del vencimiento y, en el presente caso:

Las facturas son de noviembre y diciembre de 2018

Las cuentas del 2018 se habían depositado en el Registro Mercantil

Las cuentas del 2018 arrojaban un activo de 1.345.464,27 euros y un Patrimonio Neto de 212.395,48 euros.

La insolvencia se produjo en algún momento del ejercicio 2019

El 23 de diciembre de 2019 se presenta la solicitud de concurso

B) Respecto del cese en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto social entiende que el cese de la actividad debe de fecharse con posterioridad a la deuda. En concreto, la resolución de los contratos de leasing se dan en mayo de 2019 y el despido de la totalidad de la plantilla en octubre de 2019. A su vez, también aplica la doctrina de los actos propios y entiende que MECACER sabía del ejercicio de tales actividades desde hace 4 o 5 años puesto que mantenía relaciones comerciales con la compañía.

En aplicación del art. 241 LSC, concluye que no puede prosperar la acción individual de responsabilidad por falta de acreditación del daño directo ocasionado al acreedor y falta de prueba respecto de la negligencia. En este sentido, entiende que la empresa siempre ha actuado dentro del marco de su objeto social al poderse incluir la fabricación como una actividad asimilada a la venta - y que, en todo caso, incluso perfeccionó expresamente en el momento de presentar concurso e incluyó no sólo la compraventa sino también la fabricación de maquinaria- y que no se ha acreditado que se liquidase de forma irregular el activo societario.

En apelación principalmente las partes vuelven a reiterar los argumentos esgrimidos en primera instancia debiendo destacar los siguientes argumentos.

LOGIMAC recurre negundo la mayor (en el presente recurso se impugnan todos los pronunciamientos de la Sentencia dictada por considerar que los mismos, dicho sea en términos de estricta defendsa y con los debidos respetos, son incorrectos y se ha llegado a los mismos después de una errónea valoración de la prueba practicada y de la carga probatòria). En concreto, recurre la sentencia al considerar que, existiendo una deuda cierta derivada de la relación contractual, debió apreciarse la responsabilidad del administrador por no haber promovido a tiempo la disolución o el concurso pese a la situación de insolvencia de la sociedad, imputándole además una actuación personal generadora del perjuicio por haber continuado la actividad, contraído obligaciones y dispuesto de los activos sociales sin atender el pago del crédito reclamado.

Sostiene asimismo que la sentencia debió contener un pronunciamiento condenatorio frente a la propia sociedad mercantil, al entender acreditada la deuda, solicitando la estimación íntegra de la demanda frente a ambos demandados.

Pablo Jesús interesa la confirmación de la sentencia al tratarse de una deuda anterior a cualquier causa de disolución y haber actuado el administrador conforme a la ley, iniciando negociaciones con acreedores y solicitando el concurso en plazo, sin que pueda imputársele responsabilidad por el resultado insolvencia de la sociedad. Niega que exista actuación personal antijurídica distinta del mero impago de una deuda social ni que se haya probado disposición irregular de activos o perjuicio directo imputable al administrador, sosteniendo además que no procedía condena alguna frente a la persona jurídica por no ser objeto del pronunciamiento impugnado y estar correctamente resuelta la litis en la instancia.

MECACER WELDING SL se mantiene en rebeldía.

SEGUNDO: De la responsabilidad de las personas jurídicas tras su declaración de concurso

La parte recurrente reclama que exista pronunciamiento respecto de la persona jurídica por el crédito que se reclama. Para ello, es necesario traer a colación el artículo 400 de la LSC (formalización de actos jurídicos tras la cancelación de la sociedad), el 136 TRLC ( efectos de la declaración del concurso) y el 485 TRLC ( efectos específicos del concurso para la persona jurídica) interpretados conforme la Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Los efectos propios de la declaración de concurso se mantienen plenamente vigentes hasta la conclusión del procedimiento concursal, de modo que, conforme al artículo 136 TRLC, mientras el concurso no haya concluido los órganos del orden civil no pueden conocer de acciones cuya competencia corresponda al juez del concurso. Una vez producido el cierre y conclusión del concurso de persona jurídica en los términos del artículo 485 TRLC, con el consiguiente cierre provisional y, en su caso, definitivo de la hoja registral, dicha cancelación no implica la desaparición absoluta de la capacidad jurídica a efectos procesales cuando existan pasivos sobrevenidos. Esta interpretación resulta coherente con la capacidad de actuación de los liquidadores prevista en el artículo 400 LSC, que permite la formalización de actos jurídicos posteriores a la cancelación registral para atender situaciones derivadas de actos anteriores, y con la doctrina consolidada de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en particular la STS nº 324/2017, de 24 de mayo (ROJ: STS 1991/2017),conforme a la cual la sociedad de capital disuelta y liquidada, aun con sus asientos registrales cancelados, conserva una personalidad jurídica residual y funcional que le permite ser parte demandada, representada por el liquidador, en reclamaciones basadas en pasivos sobrevenidos que debieron integrarse en las operaciones de liquidación.

Por tanto, no procede la condena en este procedimiento porque si bien es cierto que nos hallamos ante pasivos sobrevenidos a la causa de disolución (vencimiento en 2019) fueron integrados en operaciones de liquidación, en concreto, en un procedimiento concursal sin masa tramitado ante el Juzgado nº 1 de Girona y que concluyó el 22 de enero de 2020.

TERCERO.- De la responsabilidad objetiva del administrador del artículo 367 LSC

El art. 362 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ( LSC ), obliga a las sociedades a disolverse cuando concurra causa legal. A continuación, el art. 363 LSC enumera cuales son las causas legales de disolución de las sociedades. La disolución exige el acuerdo de la junta, conforme al art. 364 LSC ,la cual debe de ser convocada por los administradores sociales en el plazo de dos meses, conforme lo establecido en el art. 365.1 LSC . La junta debe de acordar la disolución de la compañía o adoptar los acuerdos necesarios para remover la causa de disolución ( art. 365. 2 LSC ). Si la junta no adopta ninguno de dichos acuerdos, el administrador social tiene la obligación de promover su disolución judicial ( art. 366.2 LSC ).

Cuando el administrador social no convoca aquella junta responde solidariamente con la sociedad de las deudas que se generen con posterioridad a la causa de disolución, conforme lo establecido en el art. 367.1 LSC . La Ley completa este sistema de responsabilidad estableciendo la siguiente presunción:

«En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior ( art. 367.2 LSC )».

Por lo tanto, el acreedor que reclama su crédito al administrador de su deudor deberá primero alegar y después probar que la sociedad estaba incursa en causa legal de disolución antes de que la deuda se generase.

Entre las causas de disolución de las sociedades de capital, el art. 363.1 a) LSC incluye el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social y el art. 363.1.e) LSC que incluye las pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente la declaración del concurso. A continuación, se analizan estas dos causas por ser las alegadas por la parte recurrente.

Del cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyen el objeto social.

La parte actora sostiene que MECACER viene realizando actividades ajenas en su totalidad al objeto social. En concreto, entiende que la referencia en su página web al diseño, ensamble y fabricación de maquinaria en el sector de la automación no es acorde al que consta en el registro mercantil. Por su parte, no discute el fondo del asunto, sino que meramente recuerda la presunción de posterioridad de las deudas a la causa de disolución.

En la escritura de constitución de la sociedad de 19 de septiembre de 2002 aparece que su objeto es la compravenda y alquiler de inmuebles, de activos materiales, inmateriales o financieros y cualquier otra actividad complementaria asimilable o derivada de estas actividades principales siendo que mediante la escritura pública de 20 de julio de 2011 se procede al cambio de denominación social (de PATRIMONIAL MECACER SL a MECACER WELDING SL).

En primer lugar, debe de destacarse tal y como señala la juez ad quo que el desarrollo de proyectos para la fabricación de maquinaria industrial y su venta debe de incluirse en el objeto social puesto que tendría cabida en la cláusula de cierre (actividad complementaria asimilable a la compravenda de activos materiales)porque, al fin y al cabo, aunque tendría mejor cabida como arrendamiento de obra, implica (de forma desnaturalizada) un adelanto en la cadena de producción, es decir, en la realización de actos preparatorios a la entrega de una cosa a cambio de un precio, es decir, de una compraventa.

Por otro lado, podría plantearse si el art. 363 LSC no incluye como causa de disolución el ejercicio de una actividad económica real distinta de la descrita en el objeto social estatutario, pues la disolución por fin del objeto exige un objeto concreto y agotable, inexistente en sociedades de actividad empresarial continuada. La eventual discordancia entre la actividad efectivamente desarrollada y el objeto estatutario puede generar, en su caso, consecuencias internas en el ámbito societario, pero no determina la extinción de la sociedad ni legitima la imputación automática de responsabilidad al administrador. En este sentido, SAP, Civil sección 15 del 27 de julio de 2015 ( ROJ: SAP B 6979/2015 - ECLI:ES:APB:2015:6979 )analiza los efectos tales como el derecho de separación cuando la modificación sea sustancial o la STS, Civil sección 1 del 09 de octubre de 2018 ( ROJ: STS 3466/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3466 )en la que se establece que lo que determina que efectivamente se haya producido el cese en el ejercicio de la actividad que constituye el objeto social de la sociedad en cuestión no es el hecho de que esta sociedad haya dejado de ejercer directamente una actividad prevista en los estatutos al enajenar el establecimiento hotelero que explotaba, sino el hecho de que actualmente no ejerza actividad alguna.

En ese sentido, con la documental obrante en autos ha quedado más que acreditado que la empresa estaba desarrollando actividad industrial (principalmente la diligencia de la inspección del trabajo en que da a conocer que la empresa incluso tenía trabajadores a su cargo); de las declaraciones vertidas en juicio por D. Pablo Jesús que manifestó que en el activo de la empresa constaban leasings consistentes en máquinas para poder desarrollar su actividad y en el activo, en la partida de mercancías, las máquinas destinadas a arrendarse o venderse a sus clientes; de las declaraciones de D. Abelardo que reflejó la empresa demandada inclusive tenía relación con empresas sitas en el extranjero y de las declaraciones de D. Jose Manuel, asesor externo de la empresa LOGIMAC, y que pudo incluso dar el nombre de la empresa alemana con la que trabajaba manteniendo relaciones económicas con ellos.

Por lo que este motivo debe de desestimarse.

Pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social.

En este caso, la parte actora sostiene que en las cuentas anuales de 2019 se arrojaba un PN de 212.395,48 euros y un Activo de 1.345.464,27 euros existiendo unas pérdidas que reducirían el PN a menos de la mitad del capital social. La parte demandada alega que durante el ejercicio 2019 se redujera el activo para afrontar el pago de los gastos ordinarios sin que el activo fuera suficiente para acometer todos los pagos por lo que la compañía tuvo que acudir al concurso y por ello se inició el 17 de junio de 2019 el procedimiento pre-concusal, presentándose el concurso en diciembre de 2019 y siendo declarado el 22 de enero de 2020. Por otro lado, afirma que la causa es posterior en la medida en que la relación comercial se inició el 2018 cuando la empresa presentaba un patrimonio neto de 212.395,48 euros y, por tanto, era solvente.

La causa de disolución por pérdidas del artículo 363.1.e LSC concurre cuando, de forma objetivamente constatable a través de la contabilidad social, el patrimonio neto queda reducido a una cifra inferior a la mitad del capital social sin que dicha situación sea corregida ni resulte procedente la solicitud de concurso; cuando, por el contrario, la sociedad se encuentra en situación de insolvencia y el órgano de administración promueve en plazo la comunicación de negociaciones y la posterior solicitud de concurso, la obligación de promover la disolución queda legalmente desplazada, sin que pueda imputarse responsabilidad al administrador conforme al artículo 367 LSC.

En el presente caso, las cuentas anuales de 2018 arrojan un resultado positivo de 9.922,40 euros siendo las de 2017 también positivas con un resultado de 23.077,34 euros y siendo que en 2019 se produce el colapso económico puesto que el resultado es negativo en 1.195.795, 62 euros. Ello se debe principalmente en que en 2018 el activo corriente asciende a 1.178.843,39 euros pero, como bien se ha deducido de la memoria económica presentada y de las declaraciones vertientes en sede judicial, ello se debe a que las existencias se vinculaban a maquinaria de alto valor y a clientes que no pagaron.

En todo caso, la eventual concurrencia de la causa de disolución por debe situarse en la fecha en que dicha situación pudo ser conocida de forma objetiva por el órgano de administración, lo que acontece el 17 de junio de 2019, momento en el que se presenta la comunicación de inicio de negociaciones con los acreedores. Desde esa fecha queda fijado el dies a quo relevante a efectos del artículo 367 LSC. Sin embargo, de la documentación obrante en autos resulta que las obligaciones reclamadas por la parte actora son anteriores a dicha fecha, habiéndose generado en el marco de la relación contractual existente durante el ejercicio 2018 y comienzos de 2019, cuando no concurría causa legal de disolución. Recordemos que el Alto Tribunal refiere a que para determinar la anterioridad o no de la deuda a la causa de disolución deberá estarse a la perfección del contrato y no al vencimiento (la STS, Civil sección 1 del 14 de julio de 2021 ( ROJ: STS 3016/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3016 )En consecuencia, al no tratarse de deudas sociales nacidas con posterioridad al acaecimiento de la causa de disolución, no concurre el presupuesto temporal exigido por el artículo 367 LSC, lo que excluye la responsabilidad del administrador por deudas sociales.

CUARTO.- De la responsabilidad individual del administrador del artículo 241 LSC

En este caso, la pretensión frente al administrador no se basa en una responsabilidad objetiva por el mero impago, sino en la apreciación de un comportamiento antijurídico previsto en el 236 y 241 LSC. En concreto, entiende que: 1) las actuaciones del administrador no están comprendidas en el objeto social, son contrarias a los estatutos sociales y a la ley; 2) existe un impago desleal de los servicios subcontratados, habiendo cobrado y teniendo en posesión la demandada, el importe indebido y 3) liquidación irregular e ilícita de los activos societarios. A continuación, se analizarán cada uno de los puntos conforme los criterios de la jurisprudencia del Tribunal Supremo ( STS 242/2014, de 23 de mayo , 396/2013, de 20 de junio , 395/2012, de 18 de junio , entre otras)exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

A) Una conducta, activa u omisiva, por parte de los administradores que sea imputable al órgano de administración en cuanto tal, siendo además antijurídica por infringir la ley, los estatutos o por no ajustarse al estándar o patrón de diligencia exigible a un ordenado empresario y a un representante leal;

B) Que la conducta antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible de producir y produzca un daño directo al tercero que contrata, sin necesidad de lesionar los intereses de la sociedad; y

C) La relación de causalidad entre la conducta antijurídica del administrador y el daño directo ocasionado al tercero.

De las actuaciones del administrador y el objeto social

La presente cuestión se resolverá en sintonía con lo expresado anteriormente. En efecto, no procede entender que el uso de un objeto social diverso del real puede constituir una conducta dolosa en los términos del 1269 CC (Hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho.)ni tampoco de culpa grave en la medida en que el objeto social era ambiguo y amplio. Además, no existe relación de causalidad entre el uso de un objeto social diverso y del daño porque de haber cobrado sería completamente indiferente qué objeto expresamente se incluía en los estatutos. Por último, podría plantearse inclusive culpa exclusiva de la actora en la medida en que declaró el Sr. Abelardo que conocía perfectamente a lo que se dedicaba la empresa y que había trabajado con ellos 4 o 5 años antes.

El motivo debe desestimarse.

Impago desleal de los servicios contratados.

La parte actora sostiene que fue subcontratada por la demandada para la ejecución de un proyecto encargado por un tercero y que, pese a haber percibido esta última el importe correspondiente, no abonó cantidad alguna a la subcontratada, pretendiendo anudar a tal circunstancia la existencia de un ilícito orgánico imputable al administrador. Sin embargo, el eventual cobro de determinadas partidas por parte de la sociedad demandada no confiere a la actora preferencia de cobro alguna frente al resto de acreedores, siendo aplicable el principio de par conditio creditorum,propio del derecho concursal, que impide atribuir pagos selectivos fuera de los cauces legalmente previstos.

Asimismo, no se ha concretado qué cobros habrían sido irregulares, ni en qué fechas, por qué importes o con qué destino, ni se ha acreditado que dichos cobros constituyeran una actuación antijurídica imputable personalmente al administrador. Al contrario, de la prueba practicada resulta que se plantearon alternativas de satisfacción del crédito, como declaró D. Pablo Jesús o D. Jose Manuel, al manifestar que se ofreció la entrega de una máquina valorada en aproximadamente 50.000 euros, extremo que la parte actora discute en cuanto a su modalidad -entrega directa o subrogación en un contrato de leasing-, pero que evidencia la inexistencia de una voluntad deliberada de dejar impagado el crédito.

El motivo debe desestimarse.

Liquidación irregular de los activos societarios.

Por último, se alega la despatrimonialización de la empresa en vista de la reducción considerable de la partida de existencias. Debe recordarse que el ordenamiento concursal prevé cauces específicos para analizar y depurar eventuales irregularidades en la liquidación del activo, tales como las acciones de reintegración o la sección de calificación del concurso, sin que conste que en el procedimiento concursal seguido contra la sociedad se haya apreciado ni siquiera indiciariamente la existencia de liquidaciones ilícitas o conductas fraudulentas. La ausencia de cualquier pronunciamiento en dicho ámbito impide trasladar, por vía indirecta, una sospecha genérica al presente proceso para fundamentar la responsabilidad individual del administrador.

El motivo debe desestimarse.

QUINTO: Costas de apelación.

Al desestimarse el recurso de apelación se imponen las costas al recurrente conforme art.398 LEC.

VISTOS los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación, EN NOMBRE DE S.M. EL REY.

PRIMERO. - Planteamiento del litigio en esta alzada. -

Este procedimiento trae causa del Juicio Ordinario nº 71/2022 tramitado por el Juzgado mercantil nº1 de Girona en dónde LOGIMAC ACCIONAMIENTOS Y CONTROL SL (en adelante LOGIMAC) reclamaba el pago de 99.969,49 euros en concepto de pagarés, gastos de devolución e intereses hasta el 17 de enero de 2022 a la mercantil MECACER WELDING SL y a su administrador Pablo Jesús en ejercicio de la acción prevista en el 367 LSC (responsabilidad objetiva por deudas) y 241 LSC (acción individual).

Fundamentaba su pretensión en los siguientes argumentos:

1) Ejercicio de actividades fuera del objeto social: entendía que la actividad de ámbito de fabricación, ensamble y montaje de maquinaria industrial nada tiene que ver con el objeto social de la demandada consistente en la "compraventa y alquiler de inmuebles. Compraventa de otros activos materiales, inmateriales o financieros y cualquier otra actividad complementaria asimilable o derivada de las actividades principales."

El proyecto que había originado el crédito con un tercero había sido un proyecto de fabricación, ensamble y montaje de una máquina industrial de malla con volteador y plegadora.

La actora era la sociedad que habían subcontratado para la elaboración y suministro de componentes y equipos industriales para la automatización de maquinaria, así como los correspondientes servicios de asistencia e instalación en los locales de la demandada.

2) Emisión de unas facturas por valor de 88.158,42 euros con sus respectivos intereses. Se emitieron seis pagarés:

3) Responsabilidad del administrador por deudas sociales porque entiende que el crédito es devengado con posterioridad a la causa de disolución.

a) Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social: en concreto, entiende que la empresa realiza actividades ajenas a su totalidad al objeto social desde tiempo inmemorial y en todo caso de forma acreditada el 6 de noviembre de 2018 momento en el que se encargó el suministro de piezas.

b) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social. No se presentan las cuentas anuales de 2019 y las del 2018.

4) Responsabilidad individual del administrador: 241 LSC en relación con el art. 236 LSC.

a. Actuaciones del administrador contrarias al objeto social: el administrador no habría adecuado tal situación ni habría dotado de medios a la empresa para ello.

b. Impago desleal de servicios subcontratados habiendo cobrado el importe debido.

c. Liquidación irregular e ilícita de los activos societarios: en un año desaparece gran parte de su activo llegando al concurso sin masa.

Pablo Jesús se opone a la demandada conforme los argumentos que de forma sucinta se proceden a exponer:

1) No procede la acción por deudas sociales porque las deudas son posteriores a la causa de disolución porque las deudas se contraen en noviembre de 2018 siendo el 17/06/2019 cuando se inicia la fase preconcursal.

Además, expone que la reducción del capital en 2019 se da porque en las cuentas anuales de 2018 la partida de activos por valor de 1.345.464,27 euros se componía principalmente por existencias (833.550,95€) y deudores comerciales (312.035,71€). En cuanto al pasivo corriente se componía principalmente por la partida de acreedores comerciales, por importe de 811.787,59€. Las pérdidas alegadas por la parte demandante durante el ejercicio 2019 responderían a la situación económica negativa de 2019, que provocó que el activo corriente (existencias, clientes a cobrar) fuera disminuyendo.

2) No procede la acción por responsabilidad individual del administrador porque:

a. La actividad encaja dentro del objeto social "la compraventa de otros activos materiales, inmateriales o financieros y cualquier otra actividad complementaria asimilable o derivada de las actividades principales".

b. No se ha procedido al pago porque la compañía entró en concurso declarado el momento en que se supo

c. No hay prueba alguna de que la compañía se ha despatrimonializado

d. El Sr. Pablo Jesús no se ha enriquecido con la operación, sino que ha sido declarado en concurso el auto 11 de mayo de 2022.

La Sentencia desestima íntegramente la demanda. La Juez a quoentiende como hechos NO controvertidos la existencia de una relación jurídica por la que se devengaron unas facturas por valor de 88.158,42 euros y que la empresa deudora fue declarada en concurso por auto de 22 de enero de 2020 por el Juzgado nº1 Mercantil de Girona.

En aplicación del art. 367 LSC, concluye que no hay incumplimiento de los deberes del administrador porque:

A) Respecto de la primera causa alegada: pérdidas que arrojen un Patrimonio Neto a la mitad entiende que no concurre la causa porque la fecha a tener en cuenta es la del momento de realización del negocio jurídico con independencia del momento del vencimiento y, en el presente caso:

Las facturas son de noviembre y diciembre de 2018

Las cuentas del 2018 se habían depositado en el Registro Mercantil

Las cuentas del 2018 arrojaban un activo de 1.345.464,27 euros y un Patrimonio Neto de 212.395,48 euros.

La insolvencia se produjo en algún momento del ejercicio 2019

El 23 de diciembre de 2019 se presenta la solicitud de concurso

B) Respecto del cese en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto social entiende que el cese de la actividad debe de fecharse con posterioridad a la deuda. En concreto, la resolución de los contratos de leasing se dan en mayo de 2019 y el despido de la totalidad de la plantilla en octubre de 2019. A su vez, también aplica la doctrina de los actos propios y entiende que MECACER sabía del ejercicio de tales actividades desde hace 4 o 5 años puesto que mantenía relaciones comerciales con la compañía.

En aplicación del art. 241 LSC, concluye que no puede prosperar la acción individual de responsabilidad por falta de acreditación del daño directo ocasionado al acreedor y falta de prueba respecto de la negligencia. En este sentido, entiende que la empresa siempre ha actuado dentro del marco de su objeto social al poderse incluir la fabricación como una actividad asimilada a la venta - y que, en todo caso, incluso perfeccionó expresamente en el momento de presentar concurso e incluyó no sólo la compraventa sino también la fabricación de maquinaria- y que no se ha acreditado que se liquidase de forma irregular el activo societario.

En apelación principalmente las partes vuelven a reiterar los argumentos esgrimidos en primera instancia debiendo destacar los siguientes argumentos.

LOGIMAC recurre negundo la mayor (en el presente recurso se impugnan todos los pronunciamientos de la Sentencia dictada por considerar que los mismos, dicho sea en términos de estricta defendsa y con los debidos respetos, son incorrectos y se ha llegado a los mismos después de una errónea valoración de la prueba practicada y de la carga probatòria). En concreto, recurre la sentencia al considerar que, existiendo una deuda cierta derivada de la relación contractual, debió apreciarse la responsabilidad del administrador por no haber promovido a tiempo la disolución o el concurso pese a la situación de insolvencia de la sociedad, imputándole además una actuación personal generadora del perjuicio por haber continuado la actividad, contraído obligaciones y dispuesto de los activos sociales sin atender el pago del crédito reclamado.

Sostiene asimismo que la sentencia debió contener un pronunciamiento condenatorio frente a la propia sociedad mercantil, al entender acreditada la deuda, solicitando la estimación íntegra de la demanda frente a ambos demandados.

Pablo Jesús interesa la confirmación de la sentencia al tratarse de una deuda anterior a cualquier causa de disolución y haber actuado el administrador conforme a la ley, iniciando negociaciones con acreedores y solicitando el concurso en plazo, sin que pueda imputársele responsabilidad por el resultado insolvencia de la sociedad. Niega que exista actuación personal antijurídica distinta del mero impago de una deuda social ni que se haya probado disposición irregular de activos o perjuicio directo imputable al administrador, sosteniendo además que no procedía condena alguna frente a la persona jurídica por no ser objeto del pronunciamiento impugnado y estar correctamente resuelta la litis en la instancia.

MECACER WELDING SL se mantiene en rebeldía.

SEGUNDO: De la responsabilidad de las personas jurídicas tras su declaración de concurso

La parte recurrente reclama que exista pronunciamiento respecto de la persona jurídica por el crédito que se reclama. Para ello, es necesario traer a colación el artículo 400 de la LSC (formalización de actos jurídicos tras la cancelación de la sociedad), el 136 TRLC ( efectos de la declaración del concurso) y el 485 TRLC ( efectos específicos del concurso para la persona jurídica) interpretados conforme la Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Los efectos propios de la declaración de concurso se mantienen plenamente vigentes hasta la conclusión del procedimiento concursal, de modo que, conforme al artículo 136 TRLC, mientras el concurso no haya concluido los órganos del orden civil no pueden conocer de acciones cuya competencia corresponda al juez del concurso. Una vez producido el cierre y conclusión del concurso de persona jurídica en los términos del artículo 485 TRLC, con el consiguiente cierre provisional y, en su caso, definitivo de la hoja registral, dicha cancelación no implica la desaparición absoluta de la capacidad jurídica a efectos procesales cuando existan pasivos sobrevenidos. Esta interpretación resulta coherente con la capacidad de actuación de los liquidadores prevista en el artículo 400 LSC, que permite la formalización de actos jurídicos posteriores a la cancelación registral para atender situaciones derivadas de actos anteriores, y con la doctrina consolidada de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en particular la STS nº 324/2017, de 24 de mayo (ROJ: STS 1991/2017),conforme a la cual la sociedad de capital disuelta y liquidada, aun con sus asientos registrales cancelados, conserva una personalidad jurídica residual y funcional que le permite ser parte demandada, representada por el liquidador, en reclamaciones basadas en pasivos sobrevenidos que debieron integrarse en las operaciones de liquidación.

Por tanto, no procede la condena en este procedimiento porque si bien es cierto que nos hallamos ante pasivos sobrevenidos a la causa de disolución (vencimiento en 2019) fueron integrados en operaciones de liquidación, en concreto, en un procedimiento concursal sin masa tramitado ante el Juzgado nº 1 de Girona y que concluyó el 22 de enero de 2020.

TERCERO.- De la responsabilidad objetiva del administrador del artículo 367 LSC

El art. 362 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ( LSC ), obliga a las sociedades a disolverse cuando concurra causa legal. A continuación, el art. 363 LSC enumera cuales son las causas legales de disolución de las sociedades. La disolución exige el acuerdo de la junta, conforme al art. 364 LSC ,la cual debe de ser convocada por los administradores sociales en el plazo de dos meses, conforme lo establecido en el art. 365.1 LSC . La junta debe de acordar la disolución de la compañía o adoptar los acuerdos necesarios para remover la causa de disolución ( art. 365. 2 LSC ). Si la junta no adopta ninguno de dichos acuerdos, el administrador social tiene la obligación de promover su disolución judicial ( art. 366.2 LSC ).

Cuando el administrador social no convoca aquella junta responde solidariamente con la sociedad de las deudas que se generen con posterioridad a la causa de disolución, conforme lo establecido en el art. 367.1 LSC . La Ley completa este sistema de responsabilidad estableciendo la siguiente presunción:

«En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior ( art. 367.2 LSC )».

Por lo tanto, el acreedor que reclama su crédito al administrador de su deudor deberá primero alegar y después probar que la sociedad estaba incursa en causa legal de disolución antes de que la deuda se generase.

Entre las causas de disolución de las sociedades de capital, el art. 363.1 a) LSC incluye el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social y el art. 363.1.e) LSC que incluye las pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente la declaración del concurso. A continuación, se analizan estas dos causas por ser las alegadas por la parte recurrente.

Del cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyen el objeto social.

La parte actora sostiene que MECACER viene realizando actividades ajenas en su totalidad al objeto social. En concreto, entiende que la referencia en su página web al diseño, ensamble y fabricación de maquinaria en el sector de la automación no es acorde al que consta en el registro mercantil. Por su parte, no discute el fondo del asunto, sino que meramente recuerda la presunción de posterioridad de las deudas a la causa de disolución.

En la escritura de constitución de la sociedad de 19 de septiembre de 2002 aparece que su objeto es la compravenda y alquiler de inmuebles, de activos materiales, inmateriales o financieros y cualquier otra actividad complementaria asimilable o derivada de estas actividades principales siendo que mediante la escritura pública de 20 de julio de 2011 se procede al cambio de denominación social (de PATRIMONIAL MECACER SL a MECACER WELDING SL).

En primer lugar, debe de destacarse tal y como señala la juez ad quo que el desarrollo de proyectos para la fabricación de maquinaria industrial y su venta debe de incluirse en el objeto social puesto que tendría cabida en la cláusula de cierre (actividad complementaria asimilable a la compravenda de activos materiales)porque, al fin y al cabo, aunque tendría mejor cabida como arrendamiento de obra, implica (de forma desnaturalizada) un adelanto en la cadena de producción, es decir, en la realización de actos preparatorios a la entrega de una cosa a cambio de un precio, es decir, de una compraventa.

Por otro lado, podría plantearse si el art. 363 LSC no incluye como causa de disolución el ejercicio de una actividad económica real distinta de la descrita en el objeto social estatutario, pues la disolución por fin del objeto exige un objeto concreto y agotable, inexistente en sociedades de actividad empresarial continuada. La eventual discordancia entre la actividad efectivamente desarrollada y el objeto estatutario puede generar, en su caso, consecuencias internas en el ámbito societario, pero no determina la extinción de la sociedad ni legitima la imputación automática de responsabilidad al administrador. En este sentido, SAP, Civil sección 15 del 27 de julio de 2015 ( ROJ: SAP B 6979/2015 - ECLI:ES:APB:2015:6979 )analiza los efectos tales como el derecho de separación cuando la modificación sea sustancial o la STS, Civil sección 1 del 09 de octubre de 2018 ( ROJ: STS 3466/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3466 )en la que se establece que lo que determina que efectivamente se haya producido el cese en el ejercicio de la actividad que constituye el objeto social de la sociedad en cuestión no es el hecho de que esta sociedad haya dejado de ejercer directamente una actividad prevista en los estatutos al enajenar el establecimiento hotelero que explotaba, sino el hecho de que actualmente no ejerza actividad alguna.

En ese sentido, con la documental obrante en autos ha quedado más que acreditado que la empresa estaba desarrollando actividad industrial (principalmente la diligencia de la inspección del trabajo en que da a conocer que la empresa incluso tenía trabajadores a su cargo); de las declaraciones vertidas en juicio por D. Pablo Jesús que manifestó que en el activo de la empresa constaban leasings consistentes en máquinas para poder desarrollar su actividad y en el activo, en la partida de mercancías, las máquinas destinadas a arrendarse o venderse a sus clientes; de las declaraciones de D. Abelardo que reflejó la empresa demandada inclusive tenía relación con empresas sitas en el extranjero y de las declaraciones de D. Jose Manuel, asesor externo de la empresa LOGIMAC, y que pudo incluso dar el nombre de la empresa alemana con la que trabajaba manteniendo relaciones económicas con ellos.

Por lo que este motivo debe de desestimarse.

Pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social.

En este caso, la parte actora sostiene que en las cuentas anuales de 2019 se arrojaba un PN de 212.395,48 euros y un Activo de 1.345.464,27 euros existiendo unas pérdidas que reducirían el PN a menos de la mitad del capital social. La parte demandada alega que durante el ejercicio 2019 se redujera el activo para afrontar el pago de los gastos ordinarios sin que el activo fuera suficiente para acometer todos los pagos por lo que la compañía tuvo que acudir al concurso y por ello se inició el 17 de junio de 2019 el procedimiento pre-concusal, presentándose el concurso en diciembre de 2019 y siendo declarado el 22 de enero de 2020. Por otro lado, afirma que la causa es posterior en la medida en que la relación comercial se inició el 2018 cuando la empresa presentaba un patrimonio neto de 212.395,48 euros y, por tanto, era solvente.

La causa de disolución por pérdidas del artículo 363.1.e LSC concurre cuando, de forma objetivamente constatable a través de la contabilidad social, el patrimonio neto queda reducido a una cifra inferior a la mitad del capital social sin que dicha situación sea corregida ni resulte procedente la solicitud de concurso; cuando, por el contrario, la sociedad se encuentra en situación de insolvencia y el órgano de administración promueve en plazo la comunicación de negociaciones y la posterior solicitud de concurso, la obligación de promover la disolución queda legalmente desplazada, sin que pueda imputarse responsabilidad al administrador conforme al artículo 367 LSC.

En el presente caso, las cuentas anuales de 2018 arrojan un resultado positivo de 9.922,40 euros siendo las de 2017 también positivas con un resultado de 23.077,34 euros y siendo que en 2019 se produce el colapso económico puesto que el resultado es negativo en 1.195.795, 62 euros. Ello se debe principalmente en que en 2018 el activo corriente asciende a 1.178.843,39 euros pero, como bien se ha deducido de la memoria económica presentada y de las declaraciones vertientes en sede judicial, ello se debe a que las existencias se vinculaban a maquinaria de alto valor y a clientes que no pagaron.

En todo caso, la eventual concurrencia de la causa de disolución por debe situarse en la fecha en que dicha situación pudo ser conocida de forma objetiva por el órgano de administración, lo que acontece el 17 de junio de 2019, momento en el que se presenta la comunicación de inicio de negociaciones con los acreedores. Desde esa fecha queda fijado el dies a quo relevante a efectos del artículo 367 LSC. Sin embargo, de la documentación obrante en autos resulta que las obligaciones reclamadas por la parte actora son anteriores a dicha fecha, habiéndose generado en el marco de la relación contractual existente durante el ejercicio 2018 y comienzos de 2019, cuando no concurría causa legal de disolución. Recordemos que el Alto Tribunal refiere a que para determinar la anterioridad o no de la deuda a la causa de disolución deberá estarse a la perfección del contrato y no al vencimiento (la STS, Civil sección 1 del 14 de julio de 2021 ( ROJ: STS 3016/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3016 )En consecuencia, al no tratarse de deudas sociales nacidas con posterioridad al acaecimiento de la causa de disolución, no concurre el presupuesto temporal exigido por el artículo 367 LSC, lo que excluye la responsabilidad del administrador por deudas sociales.

CUARTO.- De la responsabilidad individual del administrador del artículo 241 LSC

En este caso, la pretensión frente al administrador no se basa en una responsabilidad objetiva por el mero impago, sino en la apreciación de un comportamiento antijurídico previsto en el 236 y 241 LSC. En concreto, entiende que: 1) las actuaciones del administrador no están comprendidas en el objeto social, son contrarias a los estatutos sociales y a la ley; 2) existe un impago desleal de los servicios subcontratados, habiendo cobrado y teniendo en posesión la demandada, el importe indebido y 3) liquidación irregular e ilícita de los activos societarios. A continuación, se analizarán cada uno de los puntos conforme los criterios de la jurisprudencia del Tribunal Supremo ( STS 242/2014, de 23 de mayo , 396/2013, de 20 de junio , 395/2012, de 18 de junio , entre otras)exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

A) Una conducta, activa u omisiva, por parte de los administradores que sea imputable al órgano de administración en cuanto tal, siendo además antijurídica por infringir la ley, los estatutos o por no ajustarse al estándar o patrón de diligencia exigible a un ordenado empresario y a un representante leal;

B) Que la conducta antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible de producir y produzca un daño directo al tercero que contrata, sin necesidad de lesionar los intereses de la sociedad; y

C) La relación de causalidad entre la conducta antijurídica del administrador y el daño directo ocasionado al tercero.

De las actuaciones del administrador y el objeto social

La presente cuestión se resolverá en sintonía con lo expresado anteriormente. En efecto, no procede entender que el uso de un objeto social diverso del real puede constituir una conducta dolosa en los términos del 1269 CC (Hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho.)ni tampoco de culpa grave en la medida en que el objeto social era ambiguo y amplio. Además, no existe relación de causalidad entre el uso de un objeto social diverso y del daño porque de haber cobrado sería completamente indiferente qué objeto expresamente se incluía en los estatutos. Por último, podría plantearse inclusive culpa exclusiva de la actora en la medida en que declaró el Sr. Abelardo que conocía perfectamente a lo que se dedicaba la empresa y que había trabajado con ellos 4 o 5 años antes.

El motivo debe desestimarse.

Impago desleal de los servicios contratados.

La parte actora sostiene que fue subcontratada por la demandada para la ejecución de un proyecto encargado por un tercero y que, pese a haber percibido esta última el importe correspondiente, no abonó cantidad alguna a la subcontratada, pretendiendo anudar a tal circunstancia la existencia de un ilícito orgánico imputable al administrador. Sin embargo, el eventual cobro de determinadas partidas por parte de la sociedad demandada no confiere a la actora preferencia de cobro alguna frente al resto de acreedores, siendo aplicable el principio de par conditio creditorum,propio del derecho concursal, que impide atribuir pagos selectivos fuera de los cauces legalmente previstos.

Asimismo, no se ha concretado qué cobros habrían sido irregulares, ni en qué fechas, por qué importes o con qué destino, ni se ha acreditado que dichos cobros constituyeran una actuación antijurídica imputable personalmente al administrador. Al contrario, de la prueba practicada resulta que se plantearon alternativas de satisfacción del crédito, como declaró D. Pablo Jesús o D. Jose Manuel, al manifestar que se ofreció la entrega de una máquina valorada en aproximadamente 50.000 euros, extremo que la parte actora discute en cuanto a su modalidad -entrega directa o subrogación en un contrato de leasing-, pero que evidencia la inexistencia de una voluntad deliberada de dejar impagado el crédito.

El motivo debe desestimarse.

Liquidación irregular de los activos societarios.

Por último, se alega la despatrimonialización de la empresa en vista de la reducción considerable de la partida de existencias. Debe recordarse que el ordenamiento concursal prevé cauces específicos para analizar y depurar eventuales irregularidades en la liquidación del activo, tales como las acciones de reintegración o la sección de calificación del concurso, sin que conste que en el procedimiento concursal seguido contra la sociedad se haya apreciado ni siquiera indiciariamente la existencia de liquidaciones ilícitas o conductas fraudulentas. La ausencia de cualquier pronunciamiento en dicho ámbito impide trasladar, por vía indirecta, una sospecha genérica al presente proceso para fundamentar la responsabilidad individual del administrador.

El motivo debe desestimarse.

QUINTO: Costas de apelación.

Al desestimarse el recurso de apelación se imponen las costas al recurrente conforme art.398 LEC.

VISTOS los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación, EN NOMBRE DE S.M. EL REY.