Sentencia Civil 12/2026 Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 10, Rec. 150/2025 de 12 de enero del 2026

PRIMERO.-Objeto del proceso y del recurso.

La representación procesal de Estanislao formuló demanda de divorcio contra Ascension por la que interesaba la disolución del matrimonio, y la adopción de las siguientes medidas:

"1º.- Quedarán revocados todos los consentimientos y poderes que hubiera suscritos entre los mismos, cesando la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.

2º.- La atribución del domicilio familiar situado en sito en DIRECCION000 de Valencia, así como su plaza de garaje y su trastero, será de modo temporal para la esposa, únicamente hasta que cumpla 25 años la hija Gabriela, de 21 años actualmente y que cursa un Grado universitario en Ciencias del Mar, momento en que deberá procederse a la venta la vivienda ganancial a precio de mercado o a su adjudicación a uno de ellos con el consiguiente abono al otro del importe correspondiente. Debiendo ambas partes seguir abonando el IBI, el seguro del hogar y las derramas al 50%, gastos correspondientes a la propiedad del inmueble, siendo el 100% de los suministros y de las cuotas ordinarias de la comunidad de propietario, a cargo de la esposa, que tendrá atribuido el uso temporal del domicilio y del ajuar doméstico. El esposo dispondrá de 15 días desde la notificación de la Sentencia para retirar sus ropas y enseres personales.

3º.- La atribución del uso y disfrute de los vehículos familiares. El turismo Mini Cooper NUM000 y el turismo Seat Alhambra NUM001, serán para la esposa siendo de su cuenta los gastos de uso y su mantenimiento y las motocicletas Ducati y Daelim serán para el esposo siendo de su cuenta los gastos de uso y su mantenimiento.

4º.- No cabe establecer patria potestad ni guarda y custodia de las 3 hijas comunes mayores de edad, sin embargo, respecto de la hija Gabriela, nacida el NUM002/2003, vive en el hogar familiar, cursa estudios universitarios y es aún dependiente económicamente de sus progenitores. Todos los gastos universitarios del Grado en Ciencias del Mar de la DIRECCION001 de Valencia y el resto de gastos ordinarios de la hija (prendas de vestir, gastos en higiene, gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social) y extraordinarios, serán sufragados al 50% por ambos progenitores en una cuenta corriente a nombre de la hija. 5º.- Conforme al artículo 103.4 en relación con el Artículo 1375 del Código Civil , cualquier acto de disposición o administración en relación a los Planes de Pensiones y de Previsión, Fondos de Inversión, Carteras, Depósitos, Rentas Variables, Cuentas, Seguros de ahorro e inversión y demás productos financieros gananciales, se realizará de forma conjunta hasta la oportuna liquidación de la Sociedad de Gananciales.

6º.- No cabe establecer pensión compensatoria alguna, ya que ambas partes trabajan y tienen ingresos y el divorcio no produce desequilibrio económico alguno para ninguno de los cónyuges.

7º.- Todo ello sin imposición de costas."

La demandada contestó a la demanda para oponerse a la misma e interesar que se decretara el divorcio con adopción de las siguientes medidas:

"La atribución del uso del domicilio familiar a la esposa, pero con cargo a la sociedad de gananciales en tanto no se disuelva.

La atribución únicamente del vehículo seat alhambra, excluyendo el mini cooper y estableciendo que los gastos sean de cuenta de la sociedad de gananciales.

La contribución a los gastos de las hijas comunes en una proporción de 70% el Sr. Estanislao y en un 30% la Sra. Ascension, atendiendo a su diferente capacidad económica.

La atribución de las mascotas al Sr. Estanislao en los términos expuestos en el hecho 7 (debiendo correr el Sr. Estanislao con sus gastos de mantenimiento)."

También formulaba reconvención por la que solicitaba la adopción de las siguientes medidas:

"1º) Que se condene al demandado a abonar a mi mandante una pensión por desequilibrio económico por importe de 180.000 euros en pago único, pudiendo permutarse en bienes gananciales por dicho valor en el momento de la liquidación de gananciales.

2º) En su defecto, que se condene al Sr. Estanislao al pago de una pensión mensual por importe de 700 euros mensuales de forma vitalicia, actualizándose anualmente según IPC."

La parte demandante/reconvenida contestó a la reconvención oponiéndose a la misma e interesando su desestimación.

En el acto de la vista, las partes se ratificaron en sus respectivas pretensiones, aunque el demandante modificó parcialmente su pretensión relativa al uso de la vivienda familiar, para interesar que se atribuyera a la esposa, pero con el límite temporal de un año.

En fecha 2-1-2025, se dictó sentencia decretando el divorcio y adoptando las medidas que se han trascrito en el antecedente de hecho primero de la presente resolución. La sentencia es recurrida en apelación por ambos litigantes. El demandante, alegando incongruencia extra petita, error en la valoración de la prueba e infracción de los artículos 92, 145, 146, 94 bis y 97 del CC, interesó: 1) Suprimir la ayuda por solidaridad familiar para la hija Gabriela; 2) que los gastos de estudios y los extraordinarios de esa hija se abonaran al 50% y hasta junio de 2026; 3) que los gastos de las mascotas fueran abonados por ambos cónyuges al 50%, y 4) suprimir la pensión compensatoria.

Por su parte, la demandada solicitó: 1) que la atribución del uso de la vivienda a la esposa fuera hasta la liquidación de la sociedad de gananciales; 2) que los gastos de estudios y extraordinarios de la hija Gabriela fuera del 70% el marido y 30% la esposa, hasta junio de 2028; 3) que el marido asumiera íntegramente los gastos de las mascotas, y 4) que la pensión compensatoria para la esposa fuera de 700 euros mensuales y de carácter vitalicio.

Cada parte se ha opuesto al recurso de la adversa y ha interesado su desestimación.

SEGUNDO.-Hechos probados.

Para la resolución de los recursos, procede declarar los siguientes hechos probados:

1.- Estanislao, nacido el NUM003-1967, y Ascension, nacida el NUM004-1968, contrajeron matrimonio en Baltimore (Mariland, Estados Unidos) el 18-5-1991.

2.- De dicho matrimonio nacieron 3 hijas: Claudia ( NUM005-1996), Marcelina ( NUM006-1999) y Gabriela ( NUM007-2003).

3.- La vivienda familiar sita en la DIRECCION000 de Valencia pertenece a ambos cónyuges con carácter ganancial, estando libre de cargas. Tras el cese de la convivencia, el marido ha quedado viviendo en casa de su hermana, en la que la unidad familiar había residido en los últimos tiempos antes de la separación, mientras que la esposa ha regresado a la vivienda familiar.

4.- Las dos hijas mayores ya son económicamente independientes. La pequeña, Gabriela, reside alternamente con el padre y la madre, carece de ingresos propios, y estudia desde el curso 2023/2024 un Grado universitario de Ciencias de la Mar en una universidad privada de Valencia, cuyo coste del primer curso fue de 4.417,20 euros anuales y en el segundo curso de 5.490 euros. Por lo demás, no consta que Gabriela tenga necesidades especiales más allá de las normales en jóvenes de su edad (comida, vestido, higiene personal, suministros domésticos, teléfono móvil, ocio...). En el primer curso, coincidiendo con el proceso de separación de sus progenitores, Gabriela tuvo un mal rendimiento académico, desconociéndose su evolución académica en los cursos siguientes.

5.- El marido tiene una extensa vida laboral, habiendo cotizado a la Seguridad Social a fecha 7-11-2024 un total de 38 años y un día. Trabaja con contrato indefinido en una empresa de limpieza desde el 1-4-2009, habiendo percibido en 2022 unos ingresos brutos de 28.508,15 euros, teniendo unos gastos de cotizaciones a la Seguridad Social de 1.839,01 euros y unas retenciones para el IRPF de 4.196,39 euros, lo que le dejó 22.472,71 euros netos anuales que, prorrateados entre 12 meses, suponen unos 1.872 euros netos mensuales. No se pueden computar como ingresos propios los derivados de las ayudas de protección familiar que gestiona por tener a su cargo a su hermana discapaz con la que reside.

6.- La esposa, de nacionalidad estadounidense, se trasladó a residir a España tras el matrimonio, habiendo sido ella la que se dedicó principalmente al cuidado de la familia. A fecha 7-11-2024 solamente había cotizado a la Seguridad Social 5 años, 7 meses y 20 días, casi siempre con contratos temporales y a tiempo parcial, habiendo estado largos periodos sin cotizar (entre junio de 1996 y enero de 2005 o entre junio de 2006 y mayo de 2020); desde 2020 ha cotizado como Autónoma en periodos temporales y, desde el 4-3-2024 cotiza por el convenio especial de la Seguridad Social, lo que implica cotizar sin realizar actividad laboral, para tener cobertura de contingencias de incapacidad permanente, muerte o jubilación. Da clases particulares de inglés, sin que consten los ingresos que percibe por esa actividad. Desde agosto de 2017 tiene suscrito un contrato de distribución con la empresa DIRECCION002 de España por la que ésta le suministra sus productos para que los revenda; desde 2018 a 2024, Mary Kay cosméticas vendió a la Sra. Ascension productos por un valor de 4.786 euros anuales de media, desconociéndose cuántos de esos productos revendió y el beneficio que obtuvo por ello. Es propietaria de una vivienda en Estados Unidos, que tiene arrendada a terceros, percibiendo una renta mensual de 1.550 dólares (unos 1.345 euros), haciendo frente a unos gastos derivados la propiedad de ese inmueble (tributos, seguro, suministros, gastos de comunidad) de unos 635 dólares (equivalentes a unos 550 euros) mensuales.

7.- Además de la vivienda familiar, la sociedad de gananciales es titular, entre otros bienes, de una plaza de aparcamiento, un trastero y activos financieros superiores a 500.000 euros. La familia tenía 4 animales de compañía (un perro y tres gatos), desconociéndose la titularidad de los mismos.

TERCERO.-Gastos de la hija.

La sentencia apelada ha acordado, respecto de la hija pequeña Gabriela (próxima a cumplir 23 años) que el padre abone a la madre 250 euros mensuales en concepto de "ayuda económica por solidaridad familiar" (se supone que equivalente a una pensión de alimentos), y que sus gastos extraordinarios, incluyendo los de estudios, se abonen en la proporción del 60% por el padre y 40% por la madre, todo ello con el límite temporal de junio de 2026, que considera como fecha en la que Gabriela debería finalizar sus estudios. Las dos partes impugnan, en sentidos opuestos, este pronunciamiento. Así, el padre, alegando incongruencia extra petita y error en la valoración de la prueba, ha solicitado que se deje sin efecto la ayuda por solidaridad familiar, y que los gastos educativos y extraordinarios se paguen al 50%, con el límite temporal fijado en la sentencia. Al mismo tiempo, la madre interesa que se mantenga la ayuda por solidaridad, y que los gastos de educación y extraordinarios se sufraguen en la proporción del 70% por el padre y 30% por la madre, y que dichas obligaciones se prolonguen hasta junio de 2028.

Al tratar de la congruencia de las sentencias recuerda la STS 13 de enero de 2021 ( ROJ: STS 1/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1 ): "1.- Como hemos dicho en múltiples resoluciones (por todas, sentencia 580/2016, de 30 de julio ), la congruencia exige una correlación entre los pedimentos de las partes, oportunamente deducidos, y el fallo de la sentencia, teniendo en cuenta la petición y la causa de pedir. Adquiere relevancia constitucional, con infracción no sólo de los preceptos procesales ( art. 218.1 LEC ), sino también del art. 24 CE , cuando afecta al principio de contradicción, si se modifican sustancialmente los términos del debate procesal, ya que de ello se deriva una indefensión a las partes, que al no tener conciencia del alcance de la controversia no pueden actuar adecuadamente en defensa de sus intereses. 2.- Para decidir si una sentencia es incongruente o no, ha de atenderse a si concede más de lo pedido (ultra petita), o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes (extra petita) y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes (citra petita), siempre y cuando el silencio judicial no puede razonablemente interpretarse como desestimación tácita. Se exige para ello un proceso comparativo entre el suplico integrado en el escrito de demanda y, en su caso, de contestación, y la parte resolutiva de las sentencias que deciden el pleito. 3.- Para completar la delimitación del vicio de incongruencia hemos señalado reiteradamente, por ejemplo en la sentencia núm. 176/2010 de 25 marzo , que la relación debe darse entre las pretensiones y el fallo, no necesariamente respecto de los argumentos empleados en la sentencia u otros extremos del debate, cuya preterición podría dar lugar a falta de motivación pero no a incongruencia ( sentencias de 2 de marzo de 2000 , 10 de abril de 2002 , 11 de marzo de 2003 , y 19 de junio de 2007 ), y que, como recuerda la sentencia de 30 de enero de 2007 , esta relación no tiene que ser absoluta, sino que, por el contrario, basta con que se dé la racionalidad necesaria y una adecuación sustancial."

Aunque la STC n.º 4/01, de 15 de enero, mantiene que en los procesos matrimoniales concurren elementos no dispositivos sino de ius cogens por tratarse de un instrumento al servicio de la familia, de manera que el juez o tribunal se encuentra facultado para introducir puntos ex officio sin que por ello se incurra en incongruencia, esta excepción ha de entenderse circunscrita exclusivamente a aquellas cuestiones que, bien por afectar al estado civil de las personas, bien por referirse a hijos menores de edad o con discapacidad, no están sujetas a los principios dispositivo y de rogación propios del proceso civil. En el presente supuesto, la medida relativa a la contribución de los progenitores a los alimentos de una hija mayor de edad no viene regulada por normas de derecho imperativo, por lo que los tribunales estarán vinculados por las respectivas pretensiones de las partes, sin poder ir más allá de las mismas. En la demanda, se interesaba que todos los gastos universitarios y demás gastos ordinarios y extraordinarios de la hija Gabriela se sufragaran al 50% por ambos progenitores. Y en la contestación a la demanda se solicitaba que la contribución a los gastos de las hijas comunes fuera del 70% para el padre y 30% para la madre. De este modo, el objeto de la controversia quedó ceñida a determinar el porcentaje de cada litigante a la cobertura de los gastos de la hija, sin que ninguno de ellos interesara el abono de una cantidad periódica en concepto de alimentos. Esto comporta que la sentencia apelada, al fijar la "ayuda por solidaridad familiar" que nadie había solicitado, ha incurrido en incongruencia extra petita, lo que debe llevar, con estimación en este punto del recurso del progenitor demandante, a dejar sin efecto dicha

Procede, por tanto, determinar las respectivas proporciones que cada progenitor deberá asumir en el pago de los gastos educativos y extraordinarios de la hija (siendo los límites de la controversia el 50-50% pretendido por el padre y el 70-30% interesado por la madre), así como el límite temporal de esa obligación (entre junio de 2026 como quiere el padre y junio de 2028 como solicita la madre). Para concretar los porcentajes adecuados, hay que valorar las respectivas capacidades económicas de los progenitores, descritas en el relato de hechos probados, de las que procede resaltar:

1.- La existencia de un patrimonio ganancial común integrado por, al menos, una vivienda, un trastero, una plaza de garaje y productos financieros que superan los 500.000 euros según la documentación bancaria aportada con la contestación a la demanda.

2.- Que el padre tiene unos ingresos fijos y regulares derivados de su trabajo que rondan los 1.870 euros netos mensuales, siendo inadmisible la pretensión de la parte contraria de computar como ingresos del Sr. Estanislao las ayudas que percibe por tener a su cargo a su hermana dependiente, ya que esos importes van dirigidos a cubrir las necesidades de la discapaz.

3.- Que el cálculo de los ingresos de la esposa es mucho más complejo. La Sra. Ascension carece de trabajo fijo, cotizando a la Seguridad Social por el convenio especial, por el que abona cotizaciones sin trabajar. Imparte clases particulares de inglés, sin que consten sus ingresos reales derivados de esa actividad, pero no puede suponerse que sean muy elevados. Lo mismo sucede con su actividad de distribuidora de una empresa de productos cosméticos, que compra a esa empresa para revenderla después al por menor; este tipo de actividad en la práctica no suele generar grandes ingresos, máxime cuando el volumen de productos que ha adquirido en los últimos años a la fabricante ha oscilado entre los 4.500 y los 5.000 euros anuales, con lo que, en el mejor de los casos, si los hubiera revendido todos podría haber obtenido como mucho un beneficio del mismo importe. Sin embargo, la esposa tiene un ingreso recurrente procedente del arrendamiento de una vivienda de su propiedad en los Estados Unidos, en el que se pactó una renta de 1.550 dólares (equivalente a unos 1.345 euros), aunque estos ingresos no son netos, por cuanto que ha de hacer frente a unos gastos derivados de esa vivienda (suministros, tributos, comunidad, seguro...) que, según la documental aportada con la contestación a la demanda (con las dificultades de comprensión de la misma al haber sido aportada en inglés sin la debida traducción), pueden suponer unos 635 dólares (equivalentes a unos 550 euros) mensuales, con lo que el rendimiento neto de ese arrendamiento viene a ser de unos 800 euros mensuales.

En definitiva, se considera que la capacidad económica del padre es superior a la de la madre, tanto a nivel cuantitativo de sus ingresos como por la estabilidad en su percepción, lo que justifica un porcentaje distinto de participación en el pago de los gastos de la hija, aunque no en la proporción interesada por la esposa, que se considera desproporcionada, coincidiendo este Tribunal con la solución dada en la primera instancia, del 60-40%, por lo que procede desestimar las pretensiones de las dos partes al respecto.

En lo que concierne al límite temporal de esta obligación alimenticia, ambas partes interesan su fijación, pero discrepando de la fecha. Atendiendo a que la hija comenzó sus estudios universitarios en el curso 2023/2024, de haber aprobado todo año por año, debería finalizar el Grado en junio de 2027. Mas, como quiera que el primer curso tuvo unos resultados académicos pésimos (solamente aprobó una de las 10 asignaturas de las que se matriculó), es evidente que no podrá finalizar la carrera en la fecha prevista. Sin embargo, la fecha fijada en la sentencia apelada, junio de 2026, resulta inadecuada porque, ni en el mejor de los supuestos en que Gabriela hubiera sacado el Grado a curso por año, no la habría finalizado en esa fecha. Por otra parte, tampoco podría prolongarse indefinidamente la obligación de sus progenitores de seguir sufragando sus gastos, al amparo del artículo 152.4 del CC ("Cesará también la obligación de dar alimentos: (...) 5.º Cuando el alimentista sea descendiente del obligado a dar alimentos, y la necesidad de aquél provenga de mala conducta o de falta de aplicación al trabajo, mientras subsista esta causa."),porque, si bien el ordenamiento jurídico extiende la obligación de alimentos respecto de los hijos mayores de edad cuando continúen con su formación, no se puede dar cobertura al parasitismo filial. Por ello, resulta procedente fijar el límite de la obligación alimenticia de los litigantes respecto de su hija en junio de 2028, fecha en la que, si mejora en su aprovechamiento académico tras los malos resultados del primer curso, debería finalizar sus estudios universitarios y estar en condiciones de acceder al mercado laboral. De ahí que proceda estimar el recurso de la Sra. Ascension en este punto.

CUARTO.-Uso de la vivienda familiar.

La sentencia apelada ha atribuido a la esposa el uso y disfrute de la vivienda familiar por un plazo de un año desde la fecha de esa resolución, de lo que discrepa la adjudicataria, que considera insuficiente ese plazo y quiere que se prorrogue hasta la liquidación de la sociedad de gananciales. Aunque en puridad esa vivienda (sita en la DIRECCION000 de Valencia) no constituía el domicilio familiar en el momento del cese de la convivencia, pues los últimos años la unidad familiar se había trasladado a vivir en casa de una hermana del marido en DIRECCION003 ( DIRECCION004), en la que éste ha permanecido tras la ruptura, habiendo regresado la esposa a la vivienda cuyo uso de discute, ambas partes han estado conformes en atribuir a esta vivienda en Valencia, de carácter ganancial, la condición de vivienda familiar a los efectos del artículo 96 del CC, no habiendo existido controversia en adjudicar su uso a la esposa, pero sí en cuanto a la duración temporal de ese derecho.

El artículo 96 del CC regula esta medida en sus dos primeros apartados en estos términos: "1. En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por la autoridad judicial, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario de ella corresponderá a los hijos comunes menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden, hasta que todos aquellos alcancen la mayoría de edad. (...) Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno de los cónyuges y los restantes en la del otro, la autoridad judicial resolverá lo procedente.

2. No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes corresponda al cónyuge no titular por el tiempo que prudencialmente se fije siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección."

De ahí se desprende que se contemplan dos supuestos distintos: el de hijos menores en custodia individual (primer párrafo, en el que se atribuye a los hijos menores y al progenitor custodio hasta la mayoría de edad de los hijos), y los demás supuestos (custodia distinta de los hijos menores, inexistencia de hijos menores) en los que se atiende al criterio del interés más necesitado de protección, siempre con un límite temporal cuando el adjudicatario del uso no sea el titular exclusivo del inmueble.

En el supuesto aquí enjuiciado, procede valorar: 1) que la vivienda tiene carácter ganancial; 2) que la capacidad económica de la esposa es inferior a la del marido, conforme se razonó en el fundamento jurídico anterior; 3) que las tres hijas del matrimonio son ya mayores de edad, y la única que aún es dependiente económicamente de sus progenitores, Gabriela, convive alternamente con uno y otro, y 4) que el marido cuenta con otra vivienda a su disposición en la que residir, la de su hermana con la que convive, mientras que la esposa no tiene ninguna alternativa habitacional a su disposición. A la vista de las circunstancias expuestas, el plazo temporal establecido en la sentencia (que, además, ya ha expirado), se considera algo exiguo, por lo que esta Sala considera más adecuado prolongarlo hasta que se lleve a cabo la liquidación de la sociedad de gananciales, momento en el cual se concretará sobre el inmueble la cuota abstracta de uno de los cónyuges sobre la masa ganancial y el uso pasará a su titular dominical. Este límite ha sido acordado en algunas sentencias del Tribunal Supremo, como la 183/2017, de 14 de marzo. En consecuencia, este apartado del recurso de la Sra. Ascension debe ser estimado.

QUINTO.-Gastos de las mascotas.

Ambas partes impugnan la medida relativa a los animales de compañía de la familia (un perro y tres gatos), que la sentencia ha atribuido al marido, distribuyendo entre ambos cónyuges el coste de los gastos de esos animales en la misma proporción fijada para los gastos de la hija Gabriela (60% el padre y 40% la madre). La representación de la Sra. Ascension pretende que esos gastos sean asumidos íntegramente por el marido, mientras que este propugna que se paguen por mitad.

La Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales, que entró en vigor el día 5 de enero de 2022, introdujo el artículo 94 bis en nuestro Código Civil en el que se establece que: "La autoridad judicial confiará para su cuidado a los animales de compañía a uno o ambos cónyuges, y determinará, en su caso, la forma en la que el cónyuge al que no se le hayan confiado podrá tenerlos en su compañía, así como el reparto de las cargas asociadas al cuidado del animal, todo ello atendiendo al interés de los miembros de la familia y al bienestar del animal, con independencia de la titularidad dominical de este y de a quién le haya sido confiado para su cuidado. Esta circunstancia se hará constar en el correspondiente registro de identificación de animales."

Dicha Ley modifica el Código Civil dejando de considerar a los animales como simples cosas muebles. Ello está en la línea ya marcada por otros ordenamientos jurídicos comunitarios que han modificado sus Códigos Civiles para adaptarlos a la mayor sensibilidad social hacia los animales existente en nuestros días. Asimismo, dicha reforma se acomoda a lo señalado en el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , que exige que los Estados respeten las exigencias en materia de bienestar de los animales como "seres sensibles". La adjudicación de las mascotas familiares al marido no implica atribuirle su propiedad (cuestión que deberá resolverse en el procedimiento de liquidación de la sociedad de gananciales si los animales tuvieran esa condición), sino únicamente la responsabilidad de hacerse cargo de su cuidado cotidiano y disfrutar de su compañía, no implicando automáticamente que el cónyuge que queda en su compañía deba pechar en exclusiva con la carga económica que conlleva (alimentación y cuidados veterinarios principalmente), tal y como se desprende la literalidad del precepto trascrito. Atendiendo a las circunstancias personales y económicas de las partes que ya se han puesto de manifiesto en los fundamentos jurídicos precedentes, se considera que la solución más adecuada es la de repartir las cargas económicas derivadas de los animales en la misma proporción en que se contribuye a los gastos e la hija pequeña, del 60% el marido y 40% la esposa, que es lo que ha acordado la sentencia apelada, lo que debe llevar a desestimar las pretensiones de ambas partes al respecto.

SEXTO.-Pensión compensatoria.

También es cuestionada por ambas partes en esta alzada la medida relativa a la pensión compensatoria (se ha concedido a la esposa en la cuantía de 250 euros mensuales durante dos años), pretendiendo el marido que se suprima esa pensión, mientras que la esposa solicita que sea de 700 euros y de carácter vitalicio.

Conforme al artículo 97 del CC, el cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia. El Tribunal Supremo (por ejemplo , STS de Pleno de 19 de enero de 2010, y SSTS de 3 de noviembre de 2015, y 1402/2014, de 18 de noviembre de 2014, entre otras) tiene declarado que los factores que enumera el art. 97 CC tienen la doble función de actuar como elementos determinantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de cada una de las circunstancias, y, una vez determinada la concurrencia del mismo, la de actuar como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión. Las circunstancias enumeradas en el art. 97.2 CC asumen la función de permitir decidir sobre estas tres cuestiones: a) si se ha producido el desequilibrio determinante de la pensión compensatoria; b) en el caso de haberse producido, determinar su importe; y c) precisar si la pensión debe ser definitiva o temporal.

Para fijar la pensión compensatoria conforme al art. 97 del CC deben tenerse presentes las siguientes circunstancias: 1ª) los acuerdos a los que hubieren llegado los cónyuges; 2ª) la edad y estado de salud; 3ª) la cualificación profesional y probabilidades de acceso a un empleo; 4ª) la dedicación pasada y futura a la familia; 5º) La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge; 6ª) la duración del matrimonio y de la convivencia conyugal; 7ª) la pérdida eventual de un derecho de pensión,; 8ª) El caudal y medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge; 9ª) cualquier otra circunstancia relevante.

En el presente caso, procede valorar:

1.- Que los cónyuges, nacido él el NUM003-1967 y ella el NUM004-1968, contrajeron matrimonio el 18-5-1991.

2.- Que de dicho matrimonio nacieron tres hijas, todas ellas ya mayores de edad.

3.- Que fue la esposa, según reconoció el marido en su interrogatorio, quien se dedicó al cuidado de la familia, incluyendo también a la hermana del marido, dependiente, que convivió con la familia durante varios años.

4.- Que la esposa, de nacionalidad estadounidense, que tenía estudios universitarios cursados en su país de origen, se trasladó a España al casarse, habiendo tenido una actividad laboral escasa (a fecha 1-8-2024 solamente había cotizado 5 años, 4 meses y 14 días) y desde el 4-3-2024 cotiza a la Seguridad Social por el convenio especial, sin trabajar, para poder obtener coberturas sociales. En España desarrolla actividad dando clases particulares de Inglés y distribuyendo productos de una empresa fabricante de cosméticos, sin que conste la cuantía de los ingresos que percibe por estas actividades, que no pueden presumirse de elevado importe. Tiene ingresos derivados del arrendamiento de una vivienda de su propiedad en Estados Unidos que, descontando de la renta los gastos a los que ha de hacer frente, le pueden reportar unos 800 euros al mes.

7.- El marido tiene una extensa vida laboral (a fecha 7-11-2024 tenía cotizados 38 años y 1 día) que le garantiza la percepción de una pensión contributiva cuando se jubile. Tiene un trabajo indefinido que le reporta ingresos cercanos a los 1.900 euros netos mensuales.

8.- Que se ha atribuido a la esposa el uso de la vivienda común hasta la liquidación de la sociedad de gananciales, aunque ello no ha causado un mayor gasto de habitación al marido, que sigue residiendo en casa de su hermana.

Valorando conjuntamente todo lo expuesto, se considera que el divorcio ha ocasionado un desequilibrio en perjuicio de la esposa, que la hace acreedora de una pensión compensatoria, considerándose correctas tanto la cuantía fijada de 250 euros (la solicitada por la esposa de 700 euros resulta desorbitada e infundada) como su duración (2 años) por cuanto que resulta previsible que en ese plazo se pueda liquidar la sociedad de gananciales que le reportará a la esposa un patrimonio privativo que, junto con sus actuales ingresos, le permitirán encontrar una estabilidad económica que, por otro lado, no tiene por qué ser igual que la del marido, ya que, como tiene señalado la Jurisprudencia, la función o finalidad de la compensatoria no es perpetuar, a costa de uno de sus miembros, el nivel económico que venía disfrutando la pareja hasta el momento de la ruptura ( STS 300/2018, de 24 de mayo, con cita de las SSTS 178/2014, de 16 de marzo y 149/2012, de 4 de diciembre), como tampoco ser un instrumento igualador de economías ( STS 96/2019, de 14 de febrero, y SSTS de Pleno 864/2009, de 19 de enero), o equiparador de patrimonios ( SSTS 450/2019, de 18 de julio y 123/2019, de 26 de febrero), sino la de compensar razonablemente el desequilibrio que la separación o el divorcio producen en uno de los cónyuges tras la ruptura ( STS 300/2018, de 24 de mayo, 91/2014, de 19 de febrero, 104/2014, de 20 de febrero, 178/2014, de 26 de marzo, 749/2012, de 4 de diciembre y 1/2012, de 23 de enero, entre otras).

Por lo expuesto, ambos recursos deben ser desestimados en este punto.

SÉPTIMO.-Costas y depósito.

En cuanto a las costas de la alzada, la estimación parcial de los dos recursos de apelación conlleva que no se condene a ninguna de las partes a su pago, en virtud de la remisión al artículo 394 de la LEC realizada por el artículo 398.1 del mismo texto legal, en la redacción operada por el Real Decreto-ley 6/2023, de 1 de diciembre, aplicable a la presente litis en virtud de lo previsto en la Disposición transitoria segunda de dicho Real Decreto-ley.

Por otro lado, deberá procederse a la devolución del depósito constituido para recurrir conforme lo previsto en el apartado 8 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Objeto del proceso y del recurso.

La representación procesal de Estanislao formuló demanda de divorcio contra Ascension por la que interesaba la disolución del matrimonio, y la adopción de las siguientes medidas:

"1º.- Quedarán revocados todos los consentimientos y poderes que hubiera suscritos entre los mismos, cesando la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.

2º.- La atribución del domicilio familiar situado en sito en DIRECCION000 de Valencia, así como su plaza de garaje y su trastero, será de modo temporal para la esposa, únicamente hasta que cumpla 25 años la hija Gabriela, de 21 años actualmente y que cursa un Grado universitario en Ciencias del Mar, momento en que deberá procederse a la venta la vivienda ganancial a precio de mercado o a su adjudicación a uno de ellos con el consiguiente abono al otro del importe correspondiente. Debiendo ambas partes seguir abonando el IBI, el seguro del hogar y las derramas al 50%, gastos correspondientes a la propiedad del inmueble, siendo el 100% de los suministros y de las cuotas ordinarias de la comunidad de propietario, a cargo de la esposa, que tendrá atribuido el uso temporal del domicilio y del ajuar doméstico. El esposo dispondrá de 15 días desde la notificación de la Sentencia para retirar sus ropas y enseres personales.

3º.- La atribución del uso y disfrute de los vehículos familiares. El turismo Mini Cooper NUM000 y el turismo Seat Alhambra NUM001, serán para la esposa siendo de su cuenta los gastos de uso y su mantenimiento y las motocicletas Ducati y Daelim serán para el esposo siendo de su cuenta los gastos de uso y su mantenimiento.

4º.- No cabe establecer patria potestad ni guarda y custodia de las 3 hijas comunes mayores de edad, sin embargo, respecto de la hija Gabriela, nacida el NUM002/2003, vive en el hogar familiar, cursa estudios universitarios y es aún dependiente económicamente de sus progenitores. Todos los gastos universitarios del Grado en Ciencias del Mar de la DIRECCION001 de Valencia y el resto de gastos ordinarios de la hija (prendas de vestir, gastos en higiene, gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social) y extraordinarios, serán sufragados al 50% por ambos progenitores en una cuenta corriente a nombre de la hija. 5º.- Conforme al artículo 103.4 en relación con el Artículo 1375 del Código Civil , cualquier acto de disposición o administración en relación a los Planes de Pensiones y de Previsión, Fondos de Inversión, Carteras, Depósitos, Rentas Variables, Cuentas, Seguros de ahorro e inversión y demás productos financieros gananciales, se realizará de forma conjunta hasta la oportuna liquidación de la Sociedad de Gananciales.

6º.- No cabe establecer pensión compensatoria alguna, ya que ambas partes trabajan y tienen ingresos y el divorcio no produce desequilibrio económico alguno para ninguno de los cónyuges.

7º.- Todo ello sin imposición de costas."

La demandada contestó a la demanda para oponerse a la misma e interesar que se decretara el divorcio con adopción de las siguientes medidas:

"La atribución del uso del domicilio familiar a la esposa, pero con cargo a la sociedad de gananciales en tanto no se disuelva.

La atribución únicamente del vehículo seat alhambra, excluyendo el mini cooper y estableciendo que los gastos sean de cuenta de la sociedad de gananciales.

La contribución a los gastos de las hijas comunes en una proporción de 70% el Sr. Estanislao y en un 30% la Sra. Ascension, atendiendo a su diferente capacidad económica.

La atribución de las mascotas al Sr. Estanislao en los términos expuestos en el hecho 7 (debiendo correr el Sr. Estanislao con sus gastos de mantenimiento)."

También formulaba reconvención por la que solicitaba la adopción de las siguientes medidas:

"1º) Que se condene al demandado a abonar a mi mandante una pensión por desequilibrio económico por importe de 180.000 euros en pago único, pudiendo permutarse en bienes gananciales por dicho valor en el momento de la liquidación de gananciales.

2º) En su defecto, que se condene al Sr. Estanislao al pago de una pensión mensual por importe de 700 euros mensuales de forma vitalicia, actualizándose anualmente según IPC."

La parte demandante/reconvenida contestó a la reconvención oponiéndose a la misma e interesando su desestimación.

En el acto de la vista, las partes se ratificaron en sus respectivas pretensiones, aunque el demandante modificó parcialmente su pretensión relativa al uso de la vivienda familiar, para interesar que se atribuyera a la esposa, pero con el límite temporal de un año.

En fecha 2-1-2025, se dictó sentencia decretando el divorcio y adoptando las medidas que se han trascrito en el antecedente de hecho primero de la presente resolución. La sentencia es recurrida en apelación por ambos litigantes. El demandante, alegando incongruencia extra petita, error en la valoración de la prueba e infracción de los artículos 92, 145, 146, 94 bis y 97 del CC, interesó: 1) Suprimir la ayuda por solidaridad familiar para la hija Gabriela; 2) que los gastos de estudios y los extraordinarios de esa hija se abonaran al 50% y hasta junio de 2026; 3) que los gastos de las mascotas fueran abonados por ambos cónyuges al 50%, y 4) suprimir la pensión compensatoria.

Por su parte, la demandada solicitó: 1) que la atribución del uso de la vivienda a la esposa fuera hasta la liquidación de la sociedad de gananciales; 2) que los gastos de estudios y extraordinarios de la hija Gabriela fuera del 70% el marido y 30% la esposa, hasta junio de 2028; 3) que el marido asumiera íntegramente los gastos de las mascotas, y 4) que la pensión compensatoria para la esposa fuera de 700 euros mensuales y de carácter vitalicio.

Cada parte se ha opuesto al recurso de la adversa y ha interesado su desestimación.

SEGUNDO.-Hechos probados.

Para la resolución de los recursos, procede declarar los siguientes hechos probados:

1.- Estanislao, nacido el NUM003-1967, y Ascension, nacida el NUM004-1968, contrajeron matrimonio en Baltimore (Mariland, Estados Unidos) el 18-5-1991.

2.- De dicho matrimonio nacieron 3 hijas: Claudia ( NUM005-1996), Marcelina ( NUM006-1999) y Gabriela ( NUM007-2003).

3.- La vivienda familiar sita en la DIRECCION000 de Valencia pertenece a ambos cónyuges con carácter ganancial, estando libre de cargas. Tras el cese de la convivencia, el marido ha quedado viviendo en casa de su hermana, en la que la unidad familiar había residido en los últimos tiempos antes de la separación, mientras que la esposa ha regresado a la vivienda familiar.

4.- Las dos hijas mayores ya son económicamente independientes. La pequeña, Gabriela, reside alternamente con el padre y la madre, carece de ingresos propios, y estudia desde el curso 2023/2024 un Grado universitario de Ciencias de la Mar en una universidad privada de Valencia, cuyo coste del primer curso fue de 4.417,20 euros anuales y en el segundo curso de 5.490 euros. Por lo demás, no consta que Gabriela tenga necesidades especiales más allá de las normales en jóvenes de su edad (comida, vestido, higiene personal, suministros domésticos, teléfono móvil, ocio...). En el primer curso, coincidiendo con el proceso de separación de sus progenitores, Gabriela tuvo un mal rendimiento académico, desconociéndose su evolución académica en los cursos siguientes.

5.- El marido tiene una extensa vida laboral, habiendo cotizado a la Seguridad Social a fecha 7-11-2024 un total de 38 años y un día. Trabaja con contrato indefinido en una empresa de limpieza desde el 1-4-2009, habiendo percibido en 2022 unos ingresos brutos de 28.508,15 euros, teniendo unos gastos de cotizaciones a la Seguridad Social de 1.839,01 euros y unas retenciones para el IRPF de 4.196,39 euros, lo que le dejó 22.472,71 euros netos anuales que, prorrateados entre 12 meses, suponen unos 1.872 euros netos mensuales. No se pueden computar como ingresos propios los derivados de las ayudas de protección familiar que gestiona por tener a su cargo a su hermana discapaz con la que reside.

6.- La esposa, de nacionalidad estadounidense, se trasladó a residir a España tras el matrimonio, habiendo sido ella la que se dedicó principalmente al cuidado de la familia. A fecha 7-11-2024 solamente había cotizado a la Seguridad Social 5 años, 7 meses y 20 días, casi siempre con contratos temporales y a tiempo parcial, habiendo estado largos periodos sin cotizar (entre junio de 1996 y enero de 2005 o entre junio de 2006 y mayo de 2020); desde 2020 ha cotizado como Autónoma en periodos temporales y, desde el 4-3-2024 cotiza por el convenio especial de la Seguridad Social, lo que implica cotizar sin realizar actividad laboral, para tener cobertura de contingencias de incapacidad permanente, muerte o jubilación. Da clases particulares de inglés, sin que consten los ingresos que percibe por esa actividad. Desde agosto de 2017 tiene suscrito un contrato de distribución con la empresa DIRECCION002 de España por la que ésta le suministra sus productos para que los revenda; desde 2018 a 2024, Mary Kay cosméticas vendió a la Sra. Ascension productos por un valor de 4.786 euros anuales de media, desconociéndose cuántos de esos productos revendió y el beneficio que obtuvo por ello. Es propietaria de una vivienda en Estados Unidos, que tiene arrendada a terceros, percibiendo una renta mensual de 1.550 dólares (unos 1.345 euros), haciendo frente a unos gastos derivados la propiedad de ese inmueble (tributos, seguro, suministros, gastos de comunidad) de unos 635 dólares (equivalentes a unos 550 euros) mensuales.

7.- Además de la vivienda familiar, la sociedad de gananciales es titular, entre otros bienes, de una plaza de aparcamiento, un trastero y activos financieros superiores a 500.000 euros. La familia tenía 4 animales de compañía (un perro y tres gatos), desconociéndose la titularidad de los mismos.

TERCERO.-Gastos de la hija.

La sentencia apelada ha acordado, respecto de la hija pequeña Gabriela (próxima a cumplir 23 años) que el padre abone a la madre 250 euros mensuales en concepto de "ayuda económica por solidaridad familiar" (se supone que equivalente a una pensión de alimentos), y que sus gastos extraordinarios, incluyendo los de estudios, se abonen en la proporción del 60% por el padre y 40% por la madre, todo ello con el límite temporal de junio de 2026, que considera como fecha en la que Gabriela debería finalizar sus estudios. Las dos partes impugnan, en sentidos opuestos, este pronunciamiento. Así, el padre, alegando incongruencia extra petita y error en la valoración de la prueba, ha solicitado que se deje sin efecto la ayuda por solidaridad familiar, y que los gastos educativos y extraordinarios se paguen al 50%, con el límite temporal fijado en la sentencia. Al mismo tiempo, la madre interesa que se mantenga la ayuda por solidaridad, y que los gastos de educación y extraordinarios se sufraguen en la proporción del 70% por el padre y 30% por la madre, y que dichas obligaciones se prolonguen hasta junio de 2028.

Al tratar de la congruencia de las sentencias recuerda la STS 13 de enero de 2021 ( ROJ: STS 1/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1 ): "1.- Como hemos dicho en múltiples resoluciones (por todas, sentencia 580/2016, de 30 de julio ), la congruencia exige una correlación entre los pedimentos de las partes, oportunamente deducidos, y el fallo de la sentencia, teniendo en cuenta la petición y la causa de pedir. Adquiere relevancia constitucional, con infracción no sólo de los preceptos procesales ( art. 218.1 LEC ), sino también del art. 24 CE , cuando afecta al principio de contradicción, si se modifican sustancialmente los términos del debate procesal, ya que de ello se deriva una indefensión a las partes, que al no tener conciencia del alcance de la controversia no pueden actuar adecuadamente en defensa de sus intereses. 2.- Para decidir si una sentencia es incongruente o no, ha de atenderse a si concede más de lo pedido (ultra petita), o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes (extra petita) y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes (citra petita), siempre y cuando el silencio judicial no puede razonablemente interpretarse como desestimación tácita. Se exige para ello un proceso comparativo entre el suplico integrado en el escrito de demanda y, en su caso, de contestación, y la parte resolutiva de las sentencias que deciden el pleito. 3.- Para completar la delimitación del vicio de incongruencia hemos señalado reiteradamente, por ejemplo en la sentencia núm. 176/2010 de 25 marzo , que la relación debe darse entre las pretensiones y el fallo, no necesariamente respecto de los argumentos empleados en la sentencia u otros extremos del debate, cuya preterición podría dar lugar a falta de motivación pero no a incongruencia ( sentencias de 2 de marzo de 2000 , 10 de abril de 2002 , 11 de marzo de 2003 , y 19 de junio de 2007 ), y que, como recuerda la sentencia de 30 de enero de 2007 , esta relación no tiene que ser absoluta, sino que, por el contrario, basta con que se dé la racionalidad necesaria y una adecuación sustancial."

Aunque la STC n.º 4/01, de 15 de enero, mantiene que en los procesos matrimoniales concurren elementos no dispositivos sino de ius cogens por tratarse de un instrumento al servicio de la familia, de manera que el juez o tribunal se encuentra facultado para introducir puntos ex officio sin que por ello se incurra en incongruencia, esta excepción ha de entenderse circunscrita exclusivamente a aquellas cuestiones que, bien por afectar al estado civil de las personas, bien por referirse a hijos menores de edad o con discapacidad, no están sujetas a los principios dispositivo y de rogación propios del proceso civil. En el presente supuesto, la medida relativa a la contribución de los progenitores a los alimentos de una hija mayor de edad no viene regulada por normas de derecho imperativo, por lo que los tribunales estarán vinculados por las respectivas pretensiones de las partes, sin poder ir más allá de las mismas. En la demanda, se interesaba que todos los gastos universitarios y demás gastos ordinarios y extraordinarios de la hija Gabriela se sufragaran al 50% por ambos progenitores. Y en la contestación a la demanda se solicitaba que la contribución a los gastos de las hijas comunes fuera del 70% para el padre y 30% para la madre. De este modo, el objeto de la controversia quedó ceñida a determinar el porcentaje de cada litigante a la cobertura de los gastos de la hija, sin que ninguno de ellos interesara el abono de una cantidad periódica en concepto de alimentos. Esto comporta que la sentencia apelada, al fijar la "ayuda por solidaridad familiar" que nadie había solicitado, ha incurrido en incongruencia extra petita, lo que debe llevar, con estimación en este punto del recurso del progenitor demandante, a dejar sin efecto dicha

Procede, por tanto, determinar las respectivas proporciones que cada progenitor deberá asumir en el pago de los gastos educativos y extraordinarios de la hija (siendo los límites de la controversia el 50-50% pretendido por el padre y el 70-30% interesado por la madre), así como el límite temporal de esa obligación (entre junio de 2026 como quiere el padre y junio de 2028 como solicita la madre). Para concretar los porcentajes adecuados, hay que valorar las respectivas capacidades económicas de los progenitores, descritas en el relato de hechos probados, de las que procede resaltar:

1.- La existencia de un patrimonio ganancial común integrado por, al menos, una vivienda, un trastero, una plaza de garaje y productos financieros que superan los 500.000 euros según la documentación bancaria aportada con la contestación a la demanda.

2.- Que el padre tiene unos ingresos fijos y regulares derivados de su trabajo que rondan los 1.870 euros netos mensuales, siendo inadmisible la pretensión de la parte contraria de computar como ingresos del Sr. Estanislao las ayudas que percibe por tener a su cargo a su hermana dependiente, ya que esos importes van dirigidos a cubrir las necesidades de la discapaz.

3.- Que el cálculo de los ingresos de la esposa es mucho más complejo. La Sra. Ascension carece de trabajo fijo, cotizando a la Seguridad Social por el convenio especial, por el que abona cotizaciones sin trabajar. Imparte clases particulares de inglés, sin que consten sus ingresos reales derivados de esa actividad, pero no puede suponerse que sean muy elevados. Lo mismo sucede con su actividad de distribuidora de una empresa de productos cosméticos, que compra a esa empresa para revenderla después al por menor; este tipo de actividad en la práctica no suele generar grandes ingresos, máxime cuando el volumen de productos que ha adquirido en los últimos años a la fabricante ha oscilado entre los 4.500 y los 5.000 euros anuales, con lo que, en el mejor de los casos, si los hubiera revendido todos podría haber obtenido como mucho un beneficio del mismo importe. Sin embargo, la esposa tiene un ingreso recurrente procedente del arrendamiento de una vivienda de su propiedad en los Estados Unidos, en el que se pactó una renta de 1.550 dólares (equivalente a unos 1.345 euros), aunque estos ingresos no son netos, por cuanto que ha de hacer frente a unos gastos derivados de esa vivienda (suministros, tributos, comunidad, seguro...) que, según la documental aportada con la contestación a la demanda (con las dificultades de comprensión de la misma al haber sido aportada en inglés sin la debida traducción), pueden suponer unos 635 dólares (equivalentes a unos 550 euros) mensuales, con lo que el rendimiento neto de ese arrendamiento viene a ser de unos 800 euros mensuales.

En definitiva, se considera que la capacidad económica del padre es superior a la de la madre, tanto a nivel cuantitativo de sus ingresos como por la estabilidad en su percepción, lo que justifica un porcentaje distinto de participación en el pago de los gastos de la hija, aunque no en la proporción interesada por la esposa, que se considera desproporcionada, coincidiendo este Tribunal con la solución dada en la primera instancia, del 60-40%, por lo que procede desestimar las pretensiones de las dos partes al respecto.

En lo que concierne al límite temporal de esta obligación alimenticia, ambas partes interesan su fijación, pero discrepando de la fecha. Atendiendo a que la hija comenzó sus estudios universitarios en el curso 2023/2024, de haber aprobado todo año por año, debería finalizar el Grado en junio de 2027. Mas, como quiera que el primer curso tuvo unos resultados académicos pésimos (solamente aprobó una de las 10 asignaturas de las que se matriculó), es evidente que no podrá finalizar la carrera en la fecha prevista. Sin embargo, la fecha fijada en la sentencia apelada, junio de 2026, resulta inadecuada porque, ni en el mejor de los supuestos en que Gabriela hubiera sacado el Grado a curso por año, no la habría finalizado en esa fecha. Por otra parte, tampoco podría prolongarse indefinidamente la obligación de sus progenitores de seguir sufragando sus gastos, al amparo del artículo 152.4 del CC ("Cesará también la obligación de dar alimentos: (...) 5.º Cuando el alimentista sea descendiente del obligado a dar alimentos, y la necesidad de aquél provenga de mala conducta o de falta de aplicación al trabajo, mientras subsista esta causa."),porque, si bien el ordenamiento jurídico extiende la obligación de alimentos respecto de los hijos mayores de edad cuando continúen con su formación, no se puede dar cobertura al parasitismo filial. Por ello, resulta procedente fijar el límite de la obligación alimenticia de los litigantes respecto de su hija en junio de 2028, fecha en la que, si mejora en su aprovechamiento académico tras los malos resultados del primer curso, debería finalizar sus estudios universitarios y estar en condiciones de acceder al mercado laboral. De ahí que proceda estimar el recurso de la Sra. Ascension en este punto.

CUARTO.-Uso de la vivienda familiar.

La sentencia apelada ha atribuido a la esposa el uso y disfrute de la vivienda familiar por un plazo de un año desde la fecha de esa resolución, de lo que discrepa la adjudicataria, que considera insuficiente ese plazo y quiere que se prorrogue hasta la liquidación de la sociedad de gananciales. Aunque en puridad esa vivienda (sita en la DIRECCION000 de Valencia) no constituía el domicilio familiar en el momento del cese de la convivencia, pues los últimos años la unidad familiar se había trasladado a vivir en casa de una hermana del marido en DIRECCION003 ( DIRECCION004), en la que éste ha permanecido tras la ruptura, habiendo regresado la esposa a la vivienda cuyo uso de discute, ambas partes han estado conformes en atribuir a esta vivienda en Valencia, de carácter ganancial, la condición de vivienda familiar a los efectos del artículo 96 del CC, no habiendo existido controversia en adjudicar su uso a la esposa, pero sí en cuanto a la duración temporal de ese derecho.

El artículo 96 del CC regula esta medida en sus dos primeros apartados en estos términos: "1. En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por la autoridad judicial, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario de ella corresponderá a los hijos comunes menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden, hasta que todos aquellos alcancen la mayoría de edad. (...) Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno de los cónyuges y los restantes en la del otro, la autoridad judicial resolverá lo procedente.

2. No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes corresponda al cónyuge no titular por el tiempo que prudencialmente se fije siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección."

De ahí se desprende que se contemplan dos supuestos distintos: el de hijos menores en custodia individual (primer párrafo, en el que se atribuye a los hijos menores y al progenitor custodio hasta la mayoría de edad de los hijos), y los demás supuestos (custodia distinta de los hijos menores, inexistencia de hijos menores) en los que se atiende al criterio del interés más necesitado de protección, siempre con un límite temporal cuando el adjudicatario del uso no sea el titular exclusivo del inmueble.

En el supuesto aquí enjuiciado, procede valorar: 1) que la vivienda tiene carácter ganancial; 2) que la capacidad económica de la esposa es inferior a la del marido, conforme se razonó en el fundamento jurídico anterior; 3) que las tres hijas del matrimonio son ya mayores de edad, y la única que aún es dependiente económicamente de sus progenitores, Gabriela, convive alternamente con uno y otro, y 4) que el marido cuenta con otra vivienda a su disposición en la que residir, la de su hermana con la que convive, mientras que la esposa no tiene ninguna alternativa habitacional a su disposición. A la vista de las circunstancias expuestas, el plazo temporal establecido en la sentencia (que, además, ya ha expirado), se considera algo exiguo, por lo que esta Sala considera más adecuado prolongarlo hasta que se lleve a cabo la liquidación de la sociedad de gananciales, momento en el cual se concretará sobre el inmueble la cuota abstracta de uno de los cónyuges sobre la masa ganancial y el uso pasará a su titular dominical. Este límite ha sido acordado en algunas sentencias del Tribunal Supremo, como la 183/2017, de 14 de marzo. En consecuencia, este apartado del recurso de la Sra. Ascension debe ser estimado.

QUINTO.-Gastos de las mascotas.

Ambas partes impugnan la medida relativa a los animales de compañía de la familia (un perro y tres gatos), que la sentencia ha atribuido al marido, distribuyendo entre ambos cónyuges el coste de los gastos de esos animales en la misma proporción fijada para los gastos de la hija Gabriela (60% el padre y 40% la madre). La representación de la Sra. Ascension pretende que esos gastos sean asumidos íntegramente por el marido, mientras que este propugna que se paguen por mitad.

La Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales, que entró en vigor el día 5 de enero de 2022, introdujo el artículo 94 bis en nuestro Código Civil en el que se establece que: "La autoridad judicial confiará para su cuidado a los animales de compañía a uno o ambos cónyuges, y determinará, en su caso, la forma en la que el cónyuge al que no se le hayan confiado podrá tenerlos en su compañía, así como el reparto de las cargas asociadas al cuidado del animal, todo ello atendiendo al interés de los miembros de la familia y al bienestar del animal, con independencia de la titularidad dominical de este y de a quién le haya sido confiado para su cuidado. Esta circunstancia se hará constar en el correspondiente registro de identificación de animales."

Dicha Ley modifica el Código Civil dejando de considerar a los animales como simples cosas muebles. Ello está en la línea ya marcada por otros ordenamientos jurídicos comunitarios que han modificado sus Códigos Civiles para adaptarlos a la mayor sensibilidad social hacia los animales existente en nuestros días. Asimismo, dicha reforma se acomoda a lo señalado en el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , que exige que los Estados respeten las exigencias en materia de bienestar de los animales como "seres sensibles". La adjudicación de las mascotas familiares al marido no implica atribuirle su propiedad (cuestión que deberá resolverse en el procedimiento de liquidación de la sociedad de gananciales si los animales tuvieran esa condición), sino únicamente la responsabilidad de hacerse cargo de su cuidado cotidiano y disfrutar de su compañía, no implicando automáticamente que el cónyuge que queda en su compañía deba pechar en exclusiva con la carga económica que conlleva (alimentación y cuidados veterinarios principalmente), tal y como se desprende la literalidad del precepto trascrito. Atendiendo a las circunstancias personales y económicas de las partes que ya se han puesto de manifiesto en los fundamentos jurídicos precedentes, se considera que la solución más adecuada es la de repartir las cargas económicas derivadas de los animales en la misma proporción en que se contribuye a los gastos e la hija pequeña, del 60% el marido y 40% la esposa, que es lo que ha acordado la sentencia apelada, lo que debe llevar a desestimar las pretensiones de ambas partes al respecto.

SEXTO.-Pensión compensatoria.

También es cuestionada por ambas partes en esta alzada la medida relativa a la pensión compensatoria (se ha concedido a la esposa en la cuantía de 250 euros mensuales durante dos años), pretendiendo el marido que se suprima esa pensión, mientras que la esposa solicita que sea de 700 euros y de carácter vitalicio.

Conforme al artículo 97 del CC, el cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia. El Tribunal Supremo (por ejemplo , STS de Pleno de 19 de enero de 2010, y SSTS de 3 de noviembre de 2015, y 1402/2014, de 18 de noviembre de 2014, entre otras) tiene declarado que los factores que enumera el art. 97 CC tienen la doble función de actuar como elementos determinantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de cada una de las circunstancias, y, una vez determinada la concurrencia del mismo, la de actuar como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión. Las circunstancias enumeradas en el art. 97.2 CC asumen la función de permitir decidir sobre estas tres cuestiones: a) si se ha producido el desequilibrio determinante de la pensión compensatoria; b) en el caso de haberse producido, determinar su importe; y c) precisar si la pensión debe ser definitiva o temporal.

Para fijar la pensión compensatoria conforme al art. 97 del CC deben tenerse presentes las siguientes circunstancias: 1ª) los acuerdos a los que hubieren llegado los cónyuges; 2ª) la edad y estado de salud; 3ª) la cualificación profesional y probabilidades de acceso a un empleo; 4ª) la dedicación pasada y futura a la familia; 5º) La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge; 6ª) la duración del matrimonio y de la convivencia conyugal; 7ª) la pérdida eventual de un derecho de pensión,; 8ª) El caudal y medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge; 9ª) cualquier otra circunstancia relevante.

En el presente caso, procede valorar:

1.- Que los cónyuges, nacido él el NUM003-1967 y ella el NUM004-1968, contrajeron matrimonio el 18-5-1991.

2.- Que de dicho matrimonio nacieron tres hijas, todas ellas ya mayores de edad.

3.- Que fue la esposa, según reconoció el marido en su interrogatorio, quien se dedicó al cuidado de la familia, incluyendo también a la hermana del marido, dependiente, que convivió con la familia durante varios años.

4.- Que la esposa, de nacionalidad estadounidense, que tenía estudios universitarios cursados en su país de origen, se trasladó a España al casarse, habiendo tenido una actividad laboral escasa (a fecha 1-8-2024 solamente había cotizado 5 años, 4 meses y 14 días) y desde el 4-3-2024 cotiza a la Seguridad Social por el convenio especial, sin trabajar, para poder obtener coberturas sociales. En España desarrolla actividad dando clases particulares de Inglés y distribuyendo productos de una empresa fabricante de cosméticos, sin que conste la cuantía de los ingresos que percibe por estas actividades, que no pueden presumirse de elevado importe. Tiene ingresos derivados del arrendamiento de una vivienda de su propiedad en Estados Unidos que, descontando de la renta los gastos a los que ha de hacer frente, le pueden reportar unos 800 euros al mes.

7.- El marido tiene una extensa vida laboral (a fecha 7-11-2024 tenía cotizados 38 años y 1 día) que le garantiza la percepción de una pensión contributiva cuando se jubile. Tiene un trabajo indefinido que le reporta ingresos cercanos a los 1.900 euros netos mensuales.

8.- Que se ha atribuido a la esposa el uso de la vivienda común hasta la liquidación de la sociedad de gananciales, aunque ello no ha causado un mayor gasto de habitación al marido, que sigue residiendo en casa de su hermana.

Valorando conjuntamente todo lo expuesto, se considera que el divorcio ha ocasionado un desequilibrio en perjuicio de la esposa, que la hace acreedora de una pensión compensatoria, considerándose correctas tanto la cuantía fijada de 250 euros (la solicitada por la esposa de 700 euros resulta desorbitada e infundada) como su duración (2 años) por cuanto que resulta previsible que en ese plazo se pueda liquidar la sociedad de gananciales que le reportará a la esposa un patrimonio privativo que, junto con sus actuales ingresos, le permitirán encontrar una estabilidad económica que, por otro lado, no tiene por qué ser igual que la del marido, ya que, como tiene señalado la Jurisprudencia, la función o finalidad de la compensatoria no es perpetuar, a costa de uno de sus miembros, el nivel económico que venía disfrutando la pareja hasta el momento de la ruptura ( STS 300/2018, de 24 de mayo, con cita de las SSTS 178/2014, de 16 de marzo y 149/2012, de 4 de diciembre), como tampoco ser un instrumento igualador de economías ( STS 96/2019, de 14 de febrero, y SSTS de Pleno 864/2009, de 19 de enero), o equiparador de patrimonios ( SSTS 450/2019, de 18 de julio y 123/2019, de 26 de febrero), sino la de compensar razonablemente el desequilibrio que la separación o el divorcio producen en uno de los cónyuges tras la ruptura ( STS 300/2018, de 24 de mayo, 91/2014, de 19 de febrero, 104/2014, de 20 de febrero, 178/2014, de 26 de marzo, 749/2012, de 4 de diciembre y 1/2012, de 23 de enero, entre otras).

Por lo expuesto, ambos recursos deben ser desestimados en este punto.

SÉPTIMO.-Costas y depósito.

En cuanto a las costas de la alzada, la estimación parcial de los dos recursos de apelación conlleva que no se condene a ninguna de las partes a su pago, en virtud de la remisión al artículo 394 de la LEC realizada por el artículo 398.1 del mismo texto legal, en la redacción operada por el Real Decreto-ley 6/2023, de 1 de diciembre, aplicable a la presente litis en virtud de lo previsto en la Disposición transitoria segunda de dicho Real Decreto-ley.

Por otro lado, deberá procederse a la devolución del depósito constituido para recurrir conforme lo previsto en el apartado 8 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PRIMERO.-Objeto del proceso y del recurso.

La representación procesal de Estanislao formuló demanda de divorcio contra Ascension por la que interesaba la disolución del matrimonio, y la adopción de las siguientes medidas:

"1º.- Quedarán revocados todos los consentimientos y poderes que hubiera suscritos entre los mismos, cesando la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.

2º.- La atribución del domicilio familiar situado en sito en DIRECCION000 de Valencia, así como su plaza de garaje y su trastero, será de modo temporal para la esposa, únicamente hasta que cumpla 25 años la hija Gabriela, de 21 años actualmente y que cursa un Grado universitario en Ciencias del Mar, momento en que deberá procederse a la venta la vivienda ganancial a precio de mercado o a su adjudicación a uno de ellos con el consiguiente abono al otro del importe correspondiente. Debiendo ambas partes seguir abonando el IBI, el seguro del hogar y las derramas al 50%, gastos correspondientes a la propiedad del inmueble, siendo el 100% de los suministros y de las cuotas ordinarias de la comunidad de propietario, a cargo de la esposa, que tendrá atribuido el uso temporal del domicilio y del ajuar doméstico. El esposo dispondrá de 15 días desde la notificación de la Sentencia para retirar sus ropas y enseres personales.

3º.- La atribución del uso y disfrute de los vehículos familiares. El turismo Mini Cooper NUM000 y el turismo Seat Alhambra NUM001, serán para la esposa siendo de su cuenta los gastos de uso y su mantenimiento y las motocicletas Ducati y Daelim serán para el esposo siendo de su cuenta los gastos de uso y su mantenimiento.

4º.- No cabe establecer patria potestad ni guarda y custodia de las 3 hijas comunes mayores de edad, sin embargo, respecto de la hija Gabriela, nacida el NUM002/2003, vive en el hogar familiar, cursa estudios universitarios y es aún dependiente económicamente de sus progenitores. Todos los gastos universitarios del Grado en Ciencias del Mar de la DIRECCION001 de Valencia y el resto de gastos ordinarios de la hija (prendas de vestir, gastos en higiene, gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social) y extraordinarios, serán sufragados al 50% por ambos progenitores en una cuenta corriente a nombre de la hija. 5º.- Conforme al artículo 103.4 en relación con el Artículo 1375 del Código Civil , cualquier acto de disposición o administración en relación a los Planes de Pensiones y de Previsión, Fondos de Inversión, Carteras, Depósitos, Rentas Variables, Cuentas, Seguros de ahorro e inversión y demás productos financieros gananciales, se realizará de forma conjunta hasta la oportuna liquidación de la Sociedad de Gananciales.

6º.- No cabe establecer pensión compensatoria alguna, ya que ambas partes trabajan y tienen ingresos y el divorcio no produce desequilibrio económico alguno para ninguno de los cónyuges.

7º.- Todo ello sin imposición de costas."

La demandada contestó a la demanda para oponerse a la misma e interesar que se decretara el divorcio con adopción de las siguientes medidas:

"La atribución del uso del domicilio familiar a la esposa, pero con cargo a la sociedad de gananciales en tanto no se disuelva.

La atribución únicamente del vehículo seat alhambra, excluyendo el mini cooper y estableciendo que los gastos sean de cuenta de la sociedad de gananciales.

La contribución a los gastos de las hijas comunes en una proporción de 70% el Sr. Estanislao y en un 30% la Sra. Ascension, atendiendo a su diferente capacidad económica.

La atribución de las mascotas al Sr. Estanislao en los términos expuestos en el hecho 7 (debiendo correr el Sr. Estanislao con sus gastos de mantenimiento)."

También formulaba reconvención por la que solicitaba la adopción de las siguientes medidas:

"1º) Que se condene al demandado a abonar a mi mandante una pensión por desequilibrio económico por importe de 180.000 euros en pago único, pudiendo permutarse en bienes gananciales por dicho valor en el momento de la liquidación de gananciales.

2º) En su defecto, que se condene al Sr. Estanislao al pago de una pensión mensual por importe de 700 euros mensuales de forma vitalicia, actualizándose anualmente según IPC."

La parte demandante/reconvenida contestó a la reconvención oponiéndose a la misma e interesando su desestimación.

En el acto de la vista, las partes se ratificaron en sus respectivas pretensiones, aunque el demandante modificó parcialmente su pretensión relativa al uso de la vivienda familiar, para interesar que se atribuyera a la esposa, pero con el límite temporal de un año.

En fecha 2-1-2025, se dictó sentencia decretando el divorcio y adoptando las medidas que se han trascrito en el antecedente de hecho primero de la presente resolución. La sentencia es recurrida en apelación por ambos litigantes. El demandante, alegando incongruencia extra petita, error en la valoración de la prueba e infracción de los artículos 92, 145, 146, 94 bis y 97 del CC, interesó: 1) Suprimir la ayuda por solidaridad familiar para la hija Gabriela; 2) que los gastos de estudios y los extraordinarios de esa hija se abonaran al 50% y hasta junio de 2026; 3) que los gastos de las mascotas fueran abonados por ambos cónyuges al 50%, y 4) suprimir la pensión compensatoria.

Por su parte, la demandada solicitó: 1) que la atribución del uso de la vivienda a la esposa fuera hasta la liquidación de la sociedad de gananciales; 2) que los gastos de estudios y extraordinarios de la hija Gabriela fuera del 70% el marido y 30% la esposa, hasta junio de 2028; 3) que el marido asumiera íntegramente los gastos de las mascotas, y 4) que la pensión compensatoria para la esposa fuera de 700 euros mensuales y de carácter vitalicio.

Cada parte se ha opuesto al recurso de la adversa y ha interesado su desestimación.

SEGUNDO.-Hechos probados.

Para la resolución de los recursos, procede declarar los siguientes hechos probados:

1.- Estanislao, nacido el NUM003-1967, y Ascension, nacida el NUM004-1968, contrajeron matrimonio en Baltimore (Mariland, Estados Unidos) el 18-5-1991.

2.- De dicho matrimonio nacieron 3 hijas: Claudia ( NUM005-1996), Marcelina ( NUM006-1999) y Gabriela ( NUM007-2003).

3.- La vivienda familiar sita en la DIRECCION000 de Valencia pertenece a ambos cónyuges con carácter ganancial, estando libre de cargas. Tras el cese de la convivencia, el marido ha quedado viviendo en casa de su hermana, en la que la unidad familiar había residido en los últimos tiempos antes de la separación, mientras que la esposa ha regresado a la vivienda familiar.

4.- Las dos hijas mayores ya son económicamente independientes. La pequeña, Gabriela, reside alternamente con el padre y la madre, carece de ingresos propios, y estudia desde el curso 2023/2024 un Grado universitario de Ciencias de la Mar en una universidad privada de Valencia, cuyo coste del primer curso fue de 4.417,20 euros anuales y en el segundo curso de 5.490 euros. Por lo demás, no consta que Gabriela tenga necesidades especiales más allá de las normales en jóvenes de su edad (comida, vestido, higiene personal, suministros domésticos, teléfono móvil, ocio...). En el primer curso, coincidiendo con el proceso de separación de sus progenitores, Gabriela tuvo un mal rendimiento académico, desconociéndose su evolución académica en los cursos siguientes.

5.- El marido tiene una extensa vida laboral, habiendo cotizado a la Seguridad Social a fecha 7-11-2024 un total de 38 años y un día. Trabaja con contrato indefinido en una empresa de limpieza desde el 1-4-2009, habiendo percibido en 2022 unos ingresos brutos de 28.508,15 euros, teniendo unos gastos de cotizaciones a la Seguridad Social de 1.839,01 euros y unas retenciones para el IRPF de 4.196,39 euros, lo que le dejó 22.472,71 euros netos anuales que, prorrateados entre 12 meses, suponen unos 1.872 euros netos mensuales. No se pueden computar como ingresos propios los derivados de las ayudas de protección familiar que gestiona por tener a su cargo a su hermana discapaz con la que reside.

6.- La esposa, de nacionalidad estadounidense, se trasladó a residir a España tras el matrimonio, habiendo sido ella la que se dedicó principalmente al cuidado de la familia. A fecha 7-11-2024 solamente había cotizado a la Seguridad Social 5 años, 7 meses y 20 días, casi siempre con contratos temporales y a tiempo parcial, habiendo estado largos periodos sin cotizar (entre junio de 1996 y enero de 2005 o entre junio de 2006 y mayo de 2020); desde 2020 ha cotizado como Autónoma en periodos temporales y, desde el 4-3-2024 cotiza por el convenio especial de la Seguridad Social, lo que implica cotizar sin realizar actividad laboral, para tener cobertura de contingencias de incapacidad permanente, muerte o jubilación. Da clases particulares de inglés, sin que consten los ingresos que percibe por esa actividad. Desde agosto de 2017 tiene suscrito un contrato de distribución con la empresa DIRECCION002 de España por la que ésta le suministra sus productos para que los revenda; desde 2018 a 2024, Mary Kay cosméticas vendió a la Sra. Ascension productos por un valor de 4.786 euros anuales de media, desconociéndose cuántos de esos productos revendió y el beneficio que obtuvo por ello. Es propietaria de una vivienda en Estados Unidos, que tiene arrendada a terceros, percibiendo una renta mensual de 1.550 dólares (unos 1.345 euros), haciendo frente a unos gastos derivados la propiedad de ese inmueble (tributos, seguro, suministros, gastos de comunidad) de unos 635 dólares (equivalentes a unos 550 euros) mensuales.

7.- Además de la vivienda familiar, la sociedad de gananciales es titular, entre otros bienes, de una plaza de aparcamiento, un trastero y activos financieros superiores a 500.000 euros. La familia tenía 4 animales de compañía (un perro y tres gatos), desconociéndose la titularidad de los mismos.

TERCERO.-Gastos de la hija.

La sentencia apelada ha acordado, respecto de la hija pequeña Gabriela (próxima a cumplir 23 años) que el padre abone a la madre 250 euros mensuales en concepto de "ayuda económica por solidaridad familiar" (se supone que equivalente a una pensión de alimentos), y que sus gastos extraordinarios, incluyendo los de estudios, se abonen en la proporción del 60% por el padre y 40% por la madre, todo ello con el límite temporal de junio de 2026, que considera como fecha en la que Gabriela debería finalizar sus estudios. Las dos partes impugnan, en sentidos opuestos, este pronunciamiento. Así, el padre, alegando incongruencia extra petita y error en la valoración de la prueba, ha solicitado que se deje sin efecto la ayuda por solidaridad familiar, y que los gastos educativos y extraordinarios se paguen al 50%, con el límite temporal fijado en la sentencia. Al mismo tiempo, la madre interesa que se mantenga la ayuda por solidaridad, y que los gastos de educación y extraordinarios se sufraguen en la proporción del 70% por el padre y 30% por la madre, y que dichas obligaciones se prolonguen hasta junio de 2028.

Al tratar de la congruencia de las sentencias recuerda la STS 13 de enero de 2021 ( ROJ: STS 1/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1 ): "1.- Como hemos dicho en múltiples resoluciones (por todas, sentencia 580/2016, de 30 de julio ), la congruencia exige una correlación entre los pedimentos de las partes, oportunamente deducidos, y el fallo de la sentencia, teniendo en cuenta la petición y la causa de pedir. Adquiere relevancia constitucional, con infracción no sólo de los preceptos procesales ( art. 218.1 LEC ), sino también del art. 24 CE , cuando afecta al principio de contradicción, si se modifican sustancialmente los términos del debate procesal, ya que de ello se deriva una indefensión a las partes, que al no tener conciencia del alcance de la controversia no pueden actuar adecuadamente en defensa de sus intereses. 2.- Para decidir si una sentencia es incongruente o no, ha de atenderse a si concede más de lo pedido (ultra petita), o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes (extra petita) y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes (citra petita), siempre y cuando el silencio judicial no puede razonablemente interpretarse como desestimación tácita. Se exige para ello un proceso comparativo entre el suplico integrado en el escrito de demanda y, en su caso, de contestación, y la parte resolutiva de las sentencias que deciden el pleito. 3.- Para completar la delimitación del vicio de incongruencia hemos señalado reiteradamente, por ejemplo en la sentencia núm. 176/2010 de 25 marzo , que la relación debe darse entre las pretensiones y el fallo, no necesariamente respecto de los argumentos empleados en la sentencia u otros extremos del debate, cuya preterición podría dar lugar a falta de motivación pero no a incongruencia ( sentencias de 2 de marzo de 2000 , 10 de abril de 2002 , 11 de marzo de 2003 , y 19 de junio de 2007 ), y que, como recuerda la sentencia de 30 de enero de 2007 , esta relación no tiene que ser absoluta, sino que, por el contrario, basta con que se dé la racionalidad necesaria y una adecuación sustancial."

Aunque la STC n.º 4/01, de 15 de enero, mantiene que en los procesos matrimoniales concurren elementos no dispositivos sino de ius cogens por tratarse de un instrumento al servicio de la familia, de manera que el juez o tribunal se encuentra facultado para introducir puntos ex officio sin que por ello se incurra en incongruencia, esta excepción ha de entenderse circunscrita exclusivamente a aquellas cuestiones que, bien por afectar al estado civil de las personas, bien por referirse a hijos menores de edad o con discapacidad, no están sujetas a los principios dispositivo y de rogación propios del proceso civil. En el presente supuesto, la medida relativa a la contribución de los progenitores a los alimentos de una hija mayor de edad no viene regulada por normas de derecho imperativo, por lo que los tribunales estarán vinculados por las respectivas pretensiones de las partes, sin poder ir más allá de las mismas. En la demanda, se interesaba que todos los gastos universitarios y demás gastos ordinarios y extraordinarios de la hija Gabriela se sufragaran al 50% por ambos progenitores. Y en la contestación a la demanda se solicitaba que la contribución a los gastos de las hijas comunes fuera del 70% para el padre y 30% para la madre. De este modo, el objeto de la controversia quedó ceñida a determinar el porcentaje de cada litigante a la cobertura de los gastos de la hija, sin que ninguno de ellos interesara el abono de una cantidad periódica en concepto de alimentos. Esto comporta que la sentencia apelada, al fijar la "ayuda por solidaridad familiar" que nadie había solicitado, ha incurrido en incongruencia extra petita, lo que debe llevar, con estimación en este punto del recurso del progenitor demandante, a dejar sin efecto dicha

Procede, por tanto, determinar las respectivas proporciones que cada progenitor deberá asumir en el pago de los gastos educativos y extraordinarios de la hija (siendo los límites de la controversia el 50-50% pretendido por el padre y el 70-30% interesado por la madre), así como el límite temporal de esa obligación (entre junio de 2026 como quiere el padre y junio de 2028 como solicita la madre). Para concretar los porcentajes adecuados, hay que valorar las respectivas capacidades económicas de los progenitores, descritas en el relato de hechos probados, de las que procede resaltar:

1.- La existencia de un patrimonio ganancial común integrado por, al menos, una vivienda, un trastero, una plaza de garaje y productos financieros que superan los 500.000 euros según la documentación bancaria aportada con la contestación a la demanda.

2.- Que el padre tiene unos ingresos fijos y regulares derivados de su trabajo que rondan los 1.870 euros netos mensuales, siendo inadmisible la pretensión de la parte contraria de computar como ingresos del Sr. Estanislao las ayudas que percibe por tener a su cargo a su hermana dependiente, ya que esos importes van dirigidos a cubrir las necesidades de la discapaz.

3.- Que el cálculo de los ingresos de la esposa es mucho más complejo. La Sra. Ascension carece de trabajo fijo, cotizando a la Seguridad Social por el convenio especial, por el que abona cotizaciones sin trabajar. Imparte clases particulares de inglés, sin que consten sus ingresos reales derivados de esa actividad, pero no puede suponerse que sean muy elevados. Lo mismo sucede con su actividad de distribuidora de una empresa de productos cosméticos, que compra a esa empresa para revenderla después al por menor; este tipo de actividad en la práctica no suele generar grandes ingresos, máxime cuando el volumen de productos que ha adquirido en los últimos años a la fabricante ha oscilado entre los 4.500 y los 5.000 euros anuales, con lo que, en el mejor de los casos, si los hubiera revendido todos podría haber obtenido como mucho un beneficio del mismo importe. Sin embargo, la esposa tiene un ingreso recurrente procedente del arrendamiento de una vivienda de su propiedad en los Estados Unidos, en el que se pactó una renta de 1.550 dólares (equivalente a unos 1.345 euros), aunque estos ingresos no son netos, por cuanto que ha de hacer frente a unos gastos derivados de esa vivienda (suministros, tributos, comunidad, seguro...) que, según la documental aportada con la contestación a la demanda (con las dificultades de comprensión de la misma al haber sido aportada en inglés sin la debida traducción), pueden suponer unos 635 dólares (equivalentes a unos 550 euros) mensuales, con lo que el rendimiento neto de ese arrendamiento viene a ser de unos 800 euros mensuales.

En definitiva, se considera que la capacidad económica del padre es superior a la de la madre, tanto a nivel cuantitativo de sus ingresos como por la estabilidad en su percepción, lo que justifica un porcentaje distinto de participación en el pago de los gastos de la hija, aunque no en la proporción interesada por la esposa, que se considera desproporcionada, coincidiendo este Tribunal con la solución dada en la primera instancia, del 60-40%, por lo que procede desestimar las pretensiones de las dos partes al respecto.

En lo que concierne al límite temporal de esta obligación alimenticia, ambas partes interesan su fijación, pero discrepando de la fecha. Atendiendo a que la hija comenzó sus estudios universitarios en el curso 2023/2024, de haber aprobado todo año por año, debería finalizar el Grado en junio de 2027. Mas, como quiera que el primer curso tuvo unos resultados académicos pésimos (solamente aprobó una de las 10 asignaturas de las que se matriculó), es evidente que no podrá finalizar la carrera en la fecha prevista. Sin embargo, la fecha fijada en la sentencia apelada, junio de 2026, resulta inadecuada porque, ni en el mejor de los supuestos en que Gabriela hubiera sacado el Grado a curso por año, no la habría finalizado en esa fecha. Por otra parte, tampoco podría prolongarse indefinidamente la obligación de sus progenitores de seguir sufragando sus gastos, al amparo del artículo 152.4 del CC ("Cesará también la obligación de dar alimentos: (...) 5.º Cuando el alimentista sea descendiente del obligado a dar alimentos, y la necesidad de aquél provenga de mala conducta o de falta de aplicación al trabajo, mientras subsista esta causa."),porque, si bien el ordenamiento jurídico extiende la obligación de alimentos respecto de los hijos mayores de edad cuando continúen con su formación, no se puede dar cobertura al parasitismo filial. Por ello, resulta procedente fijar el límite de la obligación alimenticia de los litigantes respecto de su hija en junio de 2028, fecha en la que, si mejora en su aprovechamiento académico tras los malos resultados del primer curso, debería finalizar sus estudios universitarios y estar en condiciones de acceder al mercado laboral. De ahí que proceda estimar el recurso de la Sra. Ascension en este punto.

CUARTO.-Uso de la vivienda familiar.

La sentencia apelada ha atribuido a la esposa el uso y disfrute de la vivienda familiar por un plazo de un año desde la fecha de esa resolución, de lo que discrepa la adjudicataria, que considera insuficiente ese plazo y quiere que se prorrogue hasta la liquidación de la sociedad de gananciales. Aunque en puridad esa vivienda (sita en la DIRECCION000 de Valencia) no constituía el domicilio familiar en el momento del cese de la convivencia, pues los últimos años la unidad familiar se había trasladado a vivir en casa de una hermana del marido en DIRECCION003 ( DIRECCION004), en la que éste ha permanecido tras la ruptura, habiendo regresado la esposa a la vivienda cuyo uso de discute, ambas partes han estado conformes en atribuir a esta vivienda en Valencia, de carácter ganancial, la condición de vivienda familiar a los efectos del artículo 96 del CC, no habiendo existido controversia en adjudicar su uso a la esposa, pero sí en cuanto a la duración temporal de ese derecho.

El artículo 96 del CC regula esta medida en sus dos primeros apartados en estos términos: "1. En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por la autoridad judicial, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario de ella corresponderá a los hijos comunes menores de edad y al cónyuge en cuya compañía queden, hasta que todos aquellos alcancen la mayoría de edad. (...) Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno de los cónyuges y los restantes en la del otro, la autoridad judicial resolverá lo procedente.

2. No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes corresponda al cónyuge no titular por el tiempo que prudencialmente se fije siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección."

De ahí se desprende que se contemplan dos supuestos distintos: el de hijos menores en custodia individual (primer párrafo, en el que se atribuye a los hijos menores y al progenitor custodio hasta la mayoría de edad de los hijos), y los demás supuestos (custodia distinta de los hijos menores, inexistencia de hijos menores) en los que se atiende al criterio del interés más necesitado de protección, siempre con un límite temporal cuando el adjudicatario del uso no sea el titular exclusivo del inmueble.

En el supuesto aquí enjuiciado, procede valorar: 1) que la vivienda tiene carácter ganancial; 2) que la capacidad económica de la esposa es inferior a la del marido, conforme se razonó en el fundamento jurídico anterior; 3) que las tres hijas del matrimonio son ya mayores de edad, y la única que aún es dependiente económicamente de sus progenitores, Gabriela, convive alternamente con uno y otro, y 4) que el marido cuenta con otra vivienda a su disposición en la que residir, la de su hermana con la que convive, mientras que la esposa no tiene ninguna alternativa habitacional a su disposición. A la vista de las circunstancias expuestas, el plazo temporal establecido en la sentencia (que, además, ya ha expirado), se considera algo exiguo, por lo que esta Sala considera más adecuado prolongarlo hasta que se lleve a cabo la liquidación de la sociedad de gananciales, momento en el cual se concretará sobre el inmueble la cuota abstracta de uno de los cónyuges sobre la masa ganancial y el uso pasará a su titular dominical. Este límite ha sido acordado en algunas sentencias del Tribunal Supremo, como la 183/2017, de 14 de marzo. En consecuencia, este apartado del recurso de la Sra. Ascension debe ser estimado.

QUINTO.-Gastos de las mascotas.

Ambas partes impugnan la medida relativa a los animales de compañía de la familia (un perro y tres gatos), que la sentencia ha atribuido al marido, distribuyendo entre ambos cónyuges el coste de los gastos de esos animales en la misma proporción fijada para los gastos de la hija Gabriela (60% el padre y 40% la madre). La representación de la Sra. Ascension pretende que esos gastos sean asumidos íntegramente por el marido, mientras que este propugna que se paguen por mitad.

La Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales, que entró en vigor el día 5 de enero de 2022, introdujo el artículo 94 bis en nuestro Código Civil en el que se establece que: "La autoridad judicial confiará para su cuidado a los animales de compañía a uno o ambos cónyuges, y determinará, en su caso, la forma en la que el cónyuge al que no se le hayan confiado podrá tenerlos en su compañía, así como el reparto de las cargas asociadas al cuidado del animal, todo ello atendiendo al interés de los miembros de la familia y al bienestar del animal, con independencia de la titularidad dominical de este y de a quién le haya sido confiado para su cuidado. Esta circunstancia se hará constar en el correspondiente registro de identificación de animales."

Dicha Ley modifica el Código Civil dejando de considerar a los animales como simples cosas muebles. Ello está en la línea ya marcada por otros ordenamientos jurídicos comunitarios que han modificado sus Códigos Civiles para adaptarlos a la mayor sensibilidad social hacia los animales existente en nuestros días. Asimismo, dicha reforma se acomoda a lo señalado en el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea , que exige que los Estados respeten las exigencias en materia de bienestar de los animales como "seres sensibles". La adjudicación de las mascotas familiares al marido no implica atribuirle su propiedad (cuestión que deberá resolverse en el procedimiento de liquidación de la sociedad de gananciales si los animales tuvieran esa condición), sino únicamente la responsabilidad de hacerse cargo de su cuidado cotidiano y disfrutar de su compañía, no implicando automáticamente que el cónyuge que queda en su compañía deba pechar en exclusiva con la carga económica que conlleva (alimentación y cuidados veterinarios principalmente), tal y como se desprende la literalidad del precepto trascrito. Atendiendo a las circunstancias personales y económicas de las partes que ya se han puesto de manifiesto en los fundamentos jurídicos precedentes, se considera que la solución más adecuada es la de repartir las cargas económicas derivadas de los animales en la misma proporción en que se contribuye a los gastos e la hija pequeña, del 60% el marido y 40% la esposa, que es lo que ha acordado la sentencia apelada, lo que debe llevar a desestimar las pretensiones de ambas partes al respecto.

SEXTO.-Pensión compensatoria.

También es cuestionada por ambas partes en esta alzada la medida relativa a la pensión compensatoria (se ha concedido a la esposa en la cuantía de 250 euros mensuales durante dos años), pretendiendo el marido que se suprima esa pensión, mientras que la esposa solicita que sea de 700 euros y de carácter vitalicio.

Conforme al artículo 97 del CC, el cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia. El Tribunal Supremo (por ejemplo , STS de Pleno de 19 de enero de 2010, y SSTS de 3 de noviembre de 2015, y 1402/2014, de 18 de noviembre de 2014, entre otras) tiene declarado que los factores que enumera el art. 97 CC tienen la doble función de actuar como elementos determinantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de cada una de las circunstancias, y, una vez determinada la concurrencia del mismo, la de actuar como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión. Las circunstancias enumeradas en el art. 97.2 CC asumen la función de permitir decidir sobre estas tres cuestiones: a) si se ha producido el desequilibrio determinante de la pensión compensatoria; b) en el caso de haberse producido, determinar su importe; y c) precisar si la pensión debe ser definitiva o temporal.

Para fijar la pensión compensatoria conforme al art. 97 del CC deben tenerse presentes las siguientes circunstancias: 1ª) los acuerdos a los que hubieren llegado los cónyuges; 2ª) la edad y estado de salud; 3ª) la cualificación profesional y probabilidades de acceso a un empleo; 4ª) la dedicación pasada y futura a la familia; 5º) La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge; 6ª) la duración del matrimonio y de la convivencia conyugal; 7ª) la pérdida eventual de un derecho de pensión,; 8ª) El caudal y medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge; 9ª) cualquier otra circunstancia relevante.

En el presente caso, procede valorar:

1.- Que los cónyuges, nacido él el NUM003-1967 y ella el NUM004-1968, contrajeron matrimonio el 18-5-1991.

2.- Que de dicho matrimonio nacieron tres hijas, todas ellas ya mayores de edad.

3.- Que fue la esposa, según reconoció el marido en su interrogatorio, quien se dedicó al cuidado de la familia, incluyendo también a la hermana del marido, dependiente, que convivió con la familia durante varios años.

4.- Que la esposa, de nacionalidad estadounidense, que tenía estudios universitarios cursados en su país de origen, se trasladó a España al casarse, habiendo tenido una actividad laboral escasa (a fecha 1-8-2024 solamente había cotizado 5 años, 4 meses y 14 días) y desde el 4-3-2024 cotiza a la Seguridad Social por el convenio especial, sin trabajar, para poder obtener coberturas sociales. En España desarrolla actividad dando clases particulares de Inglés y distribuyendo productos de una empresa fabricante de cosméticos, sin que conste la cuantía de los ingresos que percibe por estas actividades, que no pueden presumirse de elevado importe. Tiene ingresos derivados del arrendamiento de una vivienda de su propiedad en Estados Unidos que, descontando de la renta los gastos a los que ha de hacer frente, le pueden reportar unos 800 euros al mes.

7.- El marido tiene una extensa vida laboral (a fecha 7-11-2024 tenía cotizados 38 años y 1 día) que le garantiza la percepción de una pensión contributiva cuando se jubile. Tiene un trabajo indefinido que le reporta ingresos cercanos a los 1.900 euros netos mensuales.

8.- Que se ha atribuido a la esposa el uso de la vivienda común hasta la liquidación de la sociedad de gananciales, aunque ello no ha causado un mayor gasto de habitación al marido, que sigue residiendo en casa de su hermana.

Valorando conjuntamente todo lo expuesto, se considera que el divorcio ha ocasionado un desequilibrio en perjuicio de la esposa, que la hace acreedora de una pensión compensatoria, considerándose correctas tanto la cuantía fijada de 250 euros (la solicitada por la esposa de 700 euros resulta desorbitada e infundada) como su duración (2 años) por cuanto que resulta previsible que en ese plazo se pueda liquidar la sociedad de gananciales que le reportará a la esposa un patrimonio privativo que, junto con sus actuales ingresos, le permitirán encontrar una estabilidad económica que, por otro lado, no tiene por qué ser igual que la del marido, ya que, como tiene señalado la Jurisprudencia, la función o finalidad de la compensatoria no es perpetuar, a costa de uno de sus miembros, el nivel económico que venía disfrutando la pareja hasta el momento de la ruptura ( STS 300/2018, de 24 de mayo, con cita de las SSTS 178/2014, de 16 de marzo y 149/2012, de 4 de diciembre), como tampoco ser un instrumento igualador de economías ( STS 96/2019, de 14 de febrero, y SSTS de Pleno 864/2009, de 19 de enero), o equiparador de patrimonios ( SSTS 450/2019, de 18 de julio y 123/2019, de 26 de febrero), sino la de compensar razonablemente el desequilibrio que la separación o el divorcio producen en uno de los cónyuges tras la ruptura ( STS 300/2018, de 24 de mayo, 91/2014, de 19 de febrero, 104/2014, de 20 de febrero, 178/2014, de 26 de marzo, 749/2012, de 4 de diciembre y 1/2012, de 23 de enero, entre otras).

Por lo expuesto, ambos recursos deben ser desestimados en este punto.

SÉPTIMO.-Costas y depósito.

En cuanto a las costas de la alzada, la estimación parcial de los dos recursos de apelación conlleva que no se condene a ninguna de las partes a su pago, en virtud de la remisión al artículo 394 de la LEC realizada por el artículo 398.1 del mismo texto legal, en la redacción operada por el Real Decreto-ley 6/2023, de 1 de diciembre, aplicable a la presente litis en virtud de lo previsto en la Disposición transitoria segunda de dicho Real Decreto-ley.

Por otro lado, deberá procederse a la devolución del depósito constituido para recurrir conforme lo previsto en el apartado 8 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,