Sentencia Civil 244/2025 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 545/2024 de 01 de octubre del 2025

PRIMERO.- El presente procedimiento trae causa de la demanda presentada por SISTEMAS IBERTRÓNICA, S.L., en la que ejercita acción de reembolso de la compensación equitativa por copia privada correspondiente al cuarto trimestre de 2018, en la cuantía reflejada en la factura que emitió siguiendo las instrucciones de la entidad Ventanilla Única Digital (en adelante VUD).

La sentencia que se recurre desestima la demanda porque, a juicio de la juez de primera instancia, de la prueba practicada no resulta acreditado que se hayan abonado las compensaciones que se reclaman.

Frente a dicha resolución se interpone recurso de apelación por la parte actora en el que alega la vulneración de lo dispuesto en el art. 25.8 b) del TRLPI y en el artículo 11 del RD 1398/2918 de 23 de noviembre, que lo desarrolla, ya que ninguno de estos preceptos exige que la demandante tenga que acreditar que la Entidad de Gestión correspondiente haya recibido previamente el pago del canon. Además, el procedimiento de comprobación que llevó a cabo VUD después de que requiriera a la demandante a presentar la factura a las entidades de gestión, no comprobó la documentación correspondiente a la totalidad de las operaciones realizadas por la demandante. Termina alegando la recurrente la vulneración de la doctrina de los actos propios porque IBERTÓNICA facturó a EGEDA como venía haciendo en trimestres anteriores por orden de VUD.

Se opone al recurso la parte demandada alegando que la demandante está generando confusión sobre los procedimientos que ha tratado de actuar porque nunca ha solicitado un reembolso de la compensación en la forma reglamentada por el art. 11 del RD 1398/2018. Alega que esta solicitud solo la pueden presentar los consumidores finales profesionales como sujetos exceptuados del pago de la compensación por copia privada ( art. 25.7 b TRLPI) . Señala que la comprobación de las liquidaciones que se presentan ante la VUD (art. 6 y 7 RD) les corresponde a las entidades de gestión y si de dichas comprobaciones resulta la existencia de una obligación a favor de estas entidades, emiten la factura conforme al art. 7 RD pero si resulta la obligación de devolución del importe, deberán solicitar la emisión de la correspondiente factura al sujeto deudor o al distribuidor de conformidad con lo dispuesto en el art. 8 RD. En el caso de autos, la demandante no ha acreditado la concurrencia de los requisitos para que proceda la devolución de la compensación porque no ha acreditado que la misma se hubiera satisfecho previamente.

SEGUNDO.- El artículo 25 TRLPI regula la compensación equitativa por copia privada estableciendo que:

"1. La reproducción de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones que a estos efectos se asimilen mediante real decreto, así como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales, realizada mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos, exclusivamente para uso privado, no profesional ni empresarial, sin fines directa ni indirectamente comerciales, de conformidad con el artículo 31, apartados 2 y 3, originará una compensación equitativa y única para cada una de las tres modalidades de reproducción mencionadas dirigida a compensar adecuadamente el perjuicio causado a los sujetos acreedores como consecuencia de las reproducciones realizadas al amparo del límite legal de copia privada. Dicha compensación se determinará para cada modalidad en función de los equipos, aparatos y soportes materiales idóneos para realizar dicha reproducción, fabricados en territorio español o adquiridos fuera de este para su distribución comercial o utilización dentro de dicho territorio".

El precepto regula quiénes serán los sujetos deudores de la compensación y establece que se hará efectiva a través de las entidades de gestión por el procedimiento que se establezca a través de Real Decreto previendo la constitución de una entidad (VUD) que, en representación de las entidades de gestión, realizará las siguientes funciones (párrafo 10): a) La gestión de las exceptuaciones del pago y de los reembolsos. b) La recepción y posterior remisión a las entidades de gestión de las relaciones periódicas de equipos, aparatos y soportes de reproducción respecto de los que haya nacido la obligación de pago de la compensación, elaboradas por los sujetos deudores y, en su caso, por los responsables solidarios, en el marco del procedimiento para hacer efectiva la compensación que se determine mediante real decreto. c) La comunicación unificada de la facturación".

Este precepto se desarrolla por el Real Decreto 1398/2018 que regula un procedimiento para hacer efectiva la compensación mediante liquidaciones trimestrales de los sujetos deudores y distribuidores, con intervención de VUD, del que puede resultar un saldo a favor o en contra de los sujetos deudores o distribuidores o, en su caso, de las entidades de gestión ( arts. 6, 7 y 8 RD 1398/2018); Y, además, el procedimiento de reembolso que se inicia ante la VUD que pueden instar las personas exceptuadas (las contempladas en todos los apartados del artículo 25.7 TRLPI) que no hayan obtenido la correspondiente autorización y las personas no exceptuadas a las que se refiere el artículo 25.8 TRLPI.

El TRLPI y la normativa de desarrollo distinguen la devolución y el reembolso como dos modalidades por las que se puede reclamar la recuperación del canon o compensación equitativa abonado por sujetos que no deben soportarlo.

i) La recuperación del canon se regula en el procedimiento para hacer efectiva la liquidación en los artículos 5 a 8 del Real Decreto 1398/2018 .

Conforme al artículo 6 del Real Decreto 1398/2018, dentro de los treinta días naturales siguientes a la finalización de cada trimestre natural, los sujetos deudores y los distribuidores presentarán a VUD una relación de equipos, aparatos y soportes materiales respecto de los que haya nacido la obligación de pago de la compensación de los que deducirán las cantidades correspondientes a operaciones exceptuadas. Una vez recibidas las relaciones trimestrales con la documentación exigida, la VUD las remite a las entidades de gestión al objeto de que hagan las comprobaciones necesarias.

De acuerdo con el artículo 8 del Real Decreto 1398/2018, cuando las entidades de gestión, tras realizar las comprobaciones necesarias de las relaciones trimestrales, constaten la existencia de una obligación de pago de la compensación a su favor, emitirán una factura a nombre del deudor o del responsable solidario con el importe a pagar por éste.

Por el contrario, cuando constaten la existencia de una obligación de devolución del importe de la compensación, deberán solicitar la emisión de la correspondiente factura al sujeto deudor o al distribuidor. En este caso, el pago de la devolución se efectuará por las entidades de gestión en el plazo de un mes desde la recepción de la factura del sujeto deudor o del distribuidor, salvo que no se haya acreditado el haber satisfecho previamente la compensación o se aprecie error en la factura. En este último supuesto, el cómputo del plazo comenzará desde la recepción de la factura corregida.

i) El procedimiento de reembolso se regula en el art. 11 RD que establece:

"1. La solicitud de reembolso del pago de la compensación se remitirá a la persona jurídica. Dicha solicitud, que deberá firmarse, preferentemente, de forma electrónica, deberá acompañarse de la siguiente información:

a) Número de identificación fiscal y nombre y apellidos o razón o denominación social.

b) Indicación del objeto social o una declaración de actividad del solicitante.

c) Copia de la factura de adquisición de los equipos, aparatos o soportes materiales.

d) Declaración, bajo responsabilidad del solicitante, sobre los siguientes aspectos:

1.º Que el destino dado a los equipos, aparatos o soportes materiales adquiridos es exclusivamente profesional y manifiestamente distinto a la realización de copias privadas.

2.º Que no ha puesto dichos equipos, aparatos y soportes materiales, ni de hecho ni de derecho, a disposición de usuarios privados.

3.º Que se someterá a las facultades de control reconocidas a la persona jurídica por el artículo 25.11 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual .

e) En el caso de que el solicitante emplee trabajadores por cuenta ajena a cuya disposición haya puesto los equipos, aparatos o soportes materiales que haya adquirido, declaración de que, bajo su responsabilidad, estos trabajadores tienen conocimiento de los siguientes aspectos:

1.º Que los equipos, aparatos o soportes materiales que su empleador les facilita para el desarrollo de sus funciones profesionales deben utilizarse exclusivamente para tal finalidad.

2.º Que no está permitido el uso para fines privados de los citados equipos, aparatos o soportes materiales.

2. La persona jurídica difundirá en su portal de Internet un modelo normalizado de solicitud de reembolso que cumpla con los requisitos previstos en el apartado anterior.

3. La persona jurídica dispondrá de un plazo de un mes desde la recepción de la solicitud para realizar las comprobaciones necesarias para acreditar la existencia o inexistencia del derecho al reembolso y comunicar su decisión al solicitante.

4. Si se acredita la existencia del derecho al reembolso, que solo será procedente cuando la compensación haya sido previamente percibida de manera efectiva por la entidad de gestión correspondiente, la persona jurídica, cuando lo comunique al solicitante, le requerirá la emisión de la correspondiente factura para proceder a su pago.

5. La persona jurídica sólo podrá denegar el reembolso de la compensación en los siguientes supuestos:

a) Cuando la solicitud de reembolso no incluya toda la información exigida en el presente artículo.

b) Cuando las declaraciones responsables no reflejen lo exigido en el presente artículo.

c) Cuando el importe de la solicitud de reembolso sea inferior al previsto en el penúltimo párrafo del artículo 25.8 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual con la salvedad prevista en dicho artículo.

d) Cuando, una vez analizada la solicitud, no se acredite la existencia del derecho al reembolso.

En los supuestos previstos en las letras a) y b) anteriores, se otorgará al solicitante un plazo de siete días hábiles para que subsane su solicitud.

La denegación se comunicará al solicitante junto con una justificación adecuada de los motivos de la misma y, asimismo, le informará del derecho a plantear, en el plazo de un mes a contar desde la comunicación de la denegación, un conflicto ante el Ministerio de Cultura y Deporte en virtud del artículo 25.12 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual ".

La recurrente alega en su demanda que la asociación VUD le reconoció el derecho de reembolso en virtud de comunicación remitida por correo electrónico el 12 de abril de 2019 que aporta como documento 5 de la demanda. En este documento se dice que: "En relación a su liquidación del 4º trimestre de 2018 por las operaciones realizadas por su compañía y sujetas a compensación por copia privada, les solicitamos que nos remitan a liquidaciones@ventanillaunica.digital las correspondientes facturas a nombre de cada entidad de gestión junto con el certificado de titularidad de cuenta correspondiente",y se indica a la demandante cómo deben presentarse estas facturas.

En ningún momento se hace referencia al reembolso de la compensación abonada por la entidad demandante y no consta en autos otro documento que acredite que la demandante iniciara el procedimiento de reembolso de conformidad con lo dispuesto en el art. 11 RD, presentando una solicitud de acuerdo con el modelo normalizado ante la VUD que es la entidad encargada de gestionarlo. Al contrario, consta acreditado que, por resolución de 28 de febrero de 2021 del Subdirector General de Propiedad Intelectual, se acordó inadmitir el procedimiento de resolución de conflictos previsto en el ordinal 12 del artículo 25 TRLPI, al no constar que la actora hubiera iniciado el procedimiento de reembolso.

Cualquier conflicto en relación al reembolso deberá plantearse ante el Ministerio de Cultura y Deporte en virtud del artículo 25.12 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, y se tramitaría de conformidad con la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas con las particularidades establecidas en el artículo 14 del Real Decreto 1398/2018, resolviéndose por la Dirección General de Industrias Culturales y Cooperación, contra cuya resolución habría que acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

En consecuencia, no constando acreditado que la demandante iniciara el procedimiento de reembolso y careciendo de competencia los órganos de la jurisdicción civil para el conocimiento de cualquier reclamación que tuviera dicho objeto, debemos concluir que la comunicación que VUD remitió a la demandante se emitió en el marco del procedimiento de liquidación de la compensación y que la devolución de la compensación únicamente podría acordarse al amparo de lo dispuesto en el art. 8 del RD 1398/2018. Este precepto, en la redacción aplicable al caso de autos por razones temporales, establecía:

"2. El pago de la devolución se efectuará por las entidades de gestión en el plazo de un mes desde la recepción de la factura del sujeto deudor o del distribuidor, salvo que no se haya acreditado el haber satisfecho previamente la compensación o se aprecie error en la factura. En este último caso, el cómputo del plazo comenzará desde la recepción de la factura corregida".

TERCERO.- La devolución de la compensación en cualquiera de los dos procedimientos expuestos, requiere que se acredite que la misma se ha satisfecho previamente o que se acredite error en la factura.

Esta sección en la sentencia de 27 de enero de 2025 ( ECLI:ES:APM:2025:1382), con cita de otra sentencia de la sección 28 de esta misma Audiencia Provincial resolvió que: "La devolución de compensación equitativa presupone el previo efectivo ingreso. Esa exigencia de "percepción efectiva" apunta a que resulta esencial que el montante haya sido efectivamente cobrado por las entidades de gestión, y que la sobrecompensación, que impone correlativamente el deber de restituir el exceso, presupone la previa percepción. Ello no supone imponer a DMI una responsabilidad por hecho ajeno, como se dice en el recurso, ya que no cabe confundir ésta con la acreditación".

La citada sentencia de la sección 28, de 12 de junio de 2023 ( ECLI:ES:APM:2023:10537) citaba la doctrina del TJUE, señalando que de la jurisprudencia del TJUE se deduce que no es admisible compensar a los titulares del derecho de reproducción por daños que no hayan padecido. Por ello, el sistema debe prever mecanismos que permitan, si el cobro se produce sin obedecer a esa causa, su recuperación; o, dicho de otra manera, impone a los titulares de la compensación su restitución.

Así, la STJUE de 11.7. 2013 caso Amazon, C521-11 "A este respecto debe señalarse que un sistema de financiación de la compensación equitativa consistente en aplicar sin distinciones un canon por copia privada por la puesta en circulación a título oneroso y con fines comerciales de soportes de grabación que pueden utilizarse para la reproducción, en el que se establece al mismo tiempo un derecho a la devolución, siempre que este derecho sea efectivo y no dificulte excesivamente la devolución del canon pagado, puede resultar conforme con el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 ", cuando las dificultades prácticas mencionadas en el apartado 24 de la presente sentencia u otras dificultades similares justifiquen dicha aplicación" (Caso Amazon Int. pfo. 31).

También la STJUE de 22. 9. 2016, C-110/15, caso Microsoft Mobile. Pero incide la doctrina del TJUE en que el sistema debe garantizar la percepción efectiva de la compensación equitativa destinada a indemnizar a los titulares de los derechos. Por todas, el parágrafo 21 de la STJUE de 9.6.2016, caso EGEDA: " Por otro lado, el Tribunal de Justicia ya ha puesto de manifiesto que, a menos que se admita privar al artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 de su efecto útil, debe considerarse que esta disposición impone a los Estados miembros que aplican la excepción de copia privada una obligación de resultado, en el sentido de que están obligados a garantizar, en el marco de sus competencias, la percepción efectiva de la compensación equitativa destinada a indemnizar a los titulares de los derechos (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de junio de 2011, Stichting de Thuiskopie, C-462/09 , EU:C:2011:397 , apartado 34, y de 11 de julio de 2013, Amazon.com International Sales y otros, C-521/11 , EU:C:2013:515 , apartado 57)".

Concluía la citada resolución que: "Esa exigencia de "percepción efectiva" apunta a que resulta esencial que el montante haya sido efectivamente cobrado por las entidades de gestión, y que la sobrecompensación, que impone correlativamente el deber de restituir el exceso, presupone la previa percepción. Ello no supone imponer a DMI una responsabilidad por hecho ajeno, como se dice en el recurso, ya que no cabe confundir ésta con la acreditación de los requisitos para el ejercicio del derecho de devolución".

Esta interpretación se refuerza tras la reforma posterior de la norma llevada a cabo por Real Decreto 209/2023, de 28 de marzo que modifica, en lo que nos interesa los siguientes preceptos:

-El artículo 8.1: "Cuando tras realizar las comprobaciones necesarias de las relaciones trimestrales de unidades recibidas, las entidades de gestión constaten la existencia de una obligación de devolución del importe de la compensación previamente percibido de manera efectiva, deberán solicitar la emisión de la correspondiente factura al sujeto deudor o al distribuidor."

-El artículo 11.4: "Si se acredita la existencia del derecho al reembolso, que solo será procedente cuando la compensación haya sido previamente percibida de manera efectiva por la entidad de gestión correspondiente, la persona jurídica, cuando lo comunique al solicitante, le requerirá la emisión de la correspondiente factura para proceder a su pago".

Por tanto, la recuperación y el reembolso de la compensación sólo podrán producirse si el importe ha sido percibido previamente por la entidad de gestión.

En el caso de autos, en el procedimiento de comprobación, se requirió a la demandante para que aportara documentación oportuna y VUD remitió una comunicación (documento 12 de la contestación) en representación de sus asociadas, entre ellas la demandada, en la que señala que: "Según resulta de las actividades de comprobación desarrolladas por VUD y respecto a las citadas liquidaciones, a día de hoy se ha podido constatar que éstas no han debido atender ninguna devolución de las solicitadas por su compañía de conformidad con lo dispuesto en el art. 8 del Real Decreto 1398/2018 , al no haber acreditado el cobro de las compensaciones por parte de los proveedores de Ibertrónica o, en su caso, de los proveedores de éstos y, adicionalmente, en algún supuesto no se ha acreditado el buen fin de las operaciones de venta fuera de España".

Es decir, en el procedimiento de comprobación de las liquidaciones presentadas por la demandante, EGEDA y VUD constataron que en el cuarto trimestre de 2018 no se había sido abonado el importe correspondiente a las cantidades que se pretendía deducir la demandante y tras recibir y conocer esta comunicación, en el presente procedimiento no se ha aportado prueba alguna que permita concluir que las liquidaciones eran correctas. La presentación de estas liquidaciones le incumbe a la demandante en su condición de importadora o adquirente intracomunitario de EAS o como distribuidora mayorista, pues así lo dispone el art. 6 RD.

IBERTRÓNICA alega que no puede conocer a todos los proveedores de la cadena ni al importador y por eso no puede saber si han pagado el cánon, ni puede hacérsele responsable de los actos de un tercero y que, de no reconocerse su derecho a la devolución, se produciría un enriquecimiento injusto porque habría pagado una compensación por un perjuicio que no se ha producido y que le resulta imposible verificar. Señala, además, que deberá ser la entidad de gestión quien realce un proceso de verificación.

Como decía la sentencia de 12 de junio de 2023, no pueden admitirse los razonamientos de la recurrente, pues "no cabe ampararse en que las entidades gestoras tienen reconocidas facultades de inspección y control, pues siendo ello cierto, también lo es que el sistema se basa en un comportamiento leal de los deudores y responsables a través de declaraciones trimestrales de los mismos, que ponen en marcha el procedimiento para hacer efectiva la compensación. Los proveedores incumplidores son considerados depositarios de la compensación devengada hasta el efectivo pago de ésta ( art 7.4 del RD 1398/2018 ), de modo que no hay obstáculo legal alguno en dirigir la reclamación contra los mismos, a fin de evitar el perjuicio sufrido. Que sea más o menos complejo no justifica que se imponga a terceros ajenos (los acreedores de la compensación equitativa) la devolución de algo no percibido".

CUARTO.- Se invoca en el recurso de apelación la doctrina de los actos propios porque a juicio de la recurrente, la demandada no ha cuestionado las liquidaciones presentadas en otros trimestres.

Como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de septiembre de 2025 (ECLI:ES:TS:2025:3832): «La doctrina jurisprudencial sobre los actos propios impone un comportamiento futuro coherente a quien en un determinado momento ha observado una conducta que objetivamente debe generar en el otro una confianza en esa coherencia ( sentencias 1/2009, de 28 de enero , 301/2016, de 5 de mayo , 505/2017, de 19 septiembre , y 63/2018, de 5 de febrero ). Para que sea aplicable esa exigencia jurídica se hace necesaria la existencia de una contradicción entre la conducta anterior y la pretensión posterior, pero, también, que la primera sea objetivamente valorable como exponente de una actitud definitiva en determinada situación jurídica, puesto que la justificación de esta doctrina se encuentra en la protección de la confianza que tal conducta previa generó, fundadamente, en la otra parte de la relación, sobre la coherencia de la actuación futura ( sentencias 552/2008, de 17 de junio , 119/2013, de 12 de marzo , 649/2014, de 13 de enero de 2015 , y 301/2016, de 5 de mayo )».

En el caso de autos, no puede admitirse el argumento de la recurrente pues la reclamación se desestima como consecuencia del control de las liquidaciones correspondientes al cuarto trimestre de 2018, no estando vinculada la entidad demandada por los resultados del resto de periodos a los que se refiere la recurrente ya que habrá ocasiones en las que proceda la devolución y otras en las que no. Si en otros periodos se ha reconocido el derecho a la devolución de la compensación porque concurrían los requisitos legales, ello no implica que deba reconocerse en todo caso sin realizarse las comprobaciones oportunas.

QUINTO.- Desestimándose el recurso de apelación, las costas de esta segunda instancia se imponen a la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 398.1 LEC, en la redacción aplicable por razones temporales.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación