Sentencia Civil 601/2024 Audiencia Provincial Civil de A Coruña nº 4, Rec. 268/2023 de 27 de noviembre del 2024

PRIMERO.- Planteamiento del pleito. La sentencia y el recurso.

1.- La sentencia de 27 de marzo de 2023 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña desestima la demanda interpuesta por DON Benigno contra DEPURADORA DE MARISCOS LORBE S,A. resolviendo sin expresa imposición de las costas procesales.

2.- Lo solicitado fue la nulidad e ineficacia de la Junta general de 30 de octubre de 2020, y de los acuerdos adoptados conforme al orden del día, y que se acordase la cancelación registral que hubiesen originado, recogiendo la sentencia, en concreto, la nulidad e ineficacia de cualesquiera otros acuerdos sociales posteriores que fuesen adoptados por la sociedad demandada y su órgano de administración, ordenando igualmente la cancelación de la inscripción registral de los asientos posteriores que resulten contradictorios con la sentencia que se dicte, con condena a la entidad a estar y pasar por dichas declaraciones. El fundamento fue que siendo el actor titular del 8% del capital social, se dice que en julio de 2020 recibió una oferta de compra de sus acciones, lo que puso en conocimiento de la mercantil de conformidad con el artículo 8 de las Estatutos, pero finalmente desistió de la venta, y así se lo hizo saber por burofax a la compradora doña Estefanía, qué fue la persona designada por la sociedad para la adquisición, por lo que no llegó a cobrar el precio de la venta, afirmando que desde entonces, ha dejado de recibir las convocatorias de las juntas de socios, considerando que se infringe el artículo 178 de la LSC que exige la presencia del 100% del capital social para las juntas universales, y el consentimiento unánime para su celebración.

3.- DON Benigno interpone recurso de apelación considerando que no resulta posible el análisis incidental de la titularidad de las acciones que legitiman al socio impugnante, y que se produjo una modificación del libro registro de socios en contra de su voluntad, reprochando a la demandada una conducta de mala fe y abuso de derecho.

4.- Con fecha de 30 julio de 2024 esta sala resolvió pleito similar en el RPL 704/2023, planteado igualmente por DON Benigno también contra una Junta general universal de accionistas de fecha 30 de octubre de 2020, pero en relación a la mercantil PROMOTORA INDUSTRIAL SADENSE S,A. En el pleito que ahora nos ocupa, se contiene igual petición de nulidad de la junta de 30 de octubre de 2020 pero en relación a la mercantil DEPURADORA DE MARISCOS LORBE S,A., y que se ordene la cancelación registral del acuerdo y de los acuerdos posteriores contradictorios con la sentencia que se dicte.

5.- El pleito anterior fue también resuelto en sentido desestimatorio por el Juzgado de lo Mercantil nº2 de A Coruña en su sentencia de 18 de septiembre de 2023, sin imposición de las costas procesales.

6.- Resolveremos en lo sustancial manteniendo idénticas argumentos. Observamos que en aquel procedimiento, el actor sostuvo que era propietario del 10% del capital social, y que la oferta de compra que recibió fue de la sociedad TORRITA TIBERINA S,L y por precio de 52.000€, así como que la venta se hacía igualmente bajo determinadas condiciones asumidas por la adquirente, y que referidas a la situación contable de la mercantil y en función también de una auditoría externa, el adquirente se consideraba suficientemente informado de la situación, renunciando a interponer cualquier acción frente al transmitente, con exoneración por cualquier responsabilidad vinculada a la gestión del transmitente tanto en relación a DEMARLOSA, como respecto de las sociedades y socios que conforman o conformaron el grupo PROINSA. Estas circunstancias, habrán de ser tenidas en cuenta como diferencias entre las acciones ejercitadas en su día en relación a PROINSA, y las que ahora lo son en relación con DEPURADORA DE MARISCOS DE LORBE S,L, con posibles diferencias puntuales en cuanto al contenido de las comunicaciones entre las partes y sus fechas.

SEGUNDO.- La legitimación del demandante. Análisis incidental de las circunstancias bajo las cuales el administrador de la sociedad inscribió la transmisión en el libro-registro de acciones nominativas.

7.- Como mantuvimos en nuestra SAP de A Coruña sección 4º de 30 de julio de 2024 "5. El actor esgrime la legitimación que para la impugnación de los acuerdos sociales le reconoce el artículo 206.1 del TR de la LSC en tanto que accionista de PROINSA, titular de las dos mil acciones nominativas que había adquirido por compraventa veinte años antes, equivalentes al 8% del capital social. La sociedad le niega legitimación activa porque conforme a lo establecido en el artículo 116. 2 del TRLS solo ha de reputar accionista a quien se halle inscrito en el libro registro de acciones nominativas, y en la fecha de la junta universal impugnada, 30 de octubre de 2020, ya hacía casi dos meses que había quedado inscrita en el libro registro de acciones nominativas de la compañía la transmisión de las acciones de que el Sr. Benigno había sido titular en favor de doña Estefanía, que es la persona que la administradora única de la sociedad presentó como compradora tras declinar los demás socios y la sociedad su derecho de adquisición preferente a raíz de la comunicación por el accionista de su propósito de transmitir las acciones a un tercero, conforme a lo previsto en el artículo 8 de los estatutos sociales.

6. Así las cosas, probado que el libro registro de la sociedad legitimaba a la Sra. Estefanía en la fecha de la junta como accionista adquirente de las mismas acciones que, en cambio, el actor esgrime como propias, porque afirma que no las llegó a transmitir, la impugnación de los acuerdos adoptados en la junta universal de 30 de octubre de 2020 solo sería viable en cuanto cupiera considerar ineficaz o inoponible al demandante la inscripción en el libro ordenada por la administradora única de PROINSA. Este es el punto en el que la sentencia de primera instancia se detiene porque, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial en que se sustenta -principalmente extraída de la SAP Madrid, Secc. 28ª, 490/2019, de 18 de octubre -, considera que no es una cuestión que sea posible abordar por vía incidental en el marco de un proceso de impugnación de acuerdos sociales.

7. En contra de la tesis de la sentencia apelada, la apelante sustenta su recurso en la doctrina de la sentencia del TS 697/2013, de 15 de enero, que se refiere a un caso (Atlético de Madrid ) en el que se modificó el libro registro de acciones nominativas para posibilitar la participación de determinados accionistas en una junta pese a que, en realidad, no habían desembolsado íntegramente sus aportaciones y carecían, por ello, de derecho de voto. Admite el TS que el control judicial del libro registro no tiene por qué ser previo a la junta, sino que puede ser también posterior, "con ocasión de la impugnación de los acuerdos sociales por un defecto en la constitución de la junta en que se adoptaron, siendo el defecto consecuencia de la decisión judicial que advierte un fraude en el desembolso de las acciones de los socios mayoritarios. La impugnación de los acuerdos adoptados en aquella junta, que se basa en un defecto en su constitución por el desacuerdo entre la apariencia que muestra el libro de socios, respecto del desembolso de las acciones, y la realidad, es un cauce para juzgar, a efectos incidentales, sobre la corrección de la inscripción". Advertimos que el litigio en el que se dictó esa sentencia se ventiló entre los accionistas demandantes y la sociedad, como es propio de los de impugnación de acuerdos sociales, sin que fuesen llamados ni intervinieran en el juicio los accionistas que, según el tribunal, habían participado en la simulación fraudulenta y a los que indebidamente se permitió asistir y votar.

8. Aunque con menos rotundidad, se puede inferir la misma doctrina de la STS 406/1992, de 14 de abril , a tenor de la cual la materialidad no verificada (se refiere al hecho de no aparecer inscrita en el libro registro una transmisión de acciones) no podía ser impedimento para el ejercicio del derecho de voto a dichos accionistas y de ahí la nulidad de la Junta de carácter radical y de los acuerdos adoptados en ella; o de la STS 897/97, de 30 de septiembre , también referida a un caso en el que no se permitió votar a una accionista cuya titularidad no se había trasladado al libro registro de acciones nominativas. La STS 19/2009, de 4 de febrero , contempla un supuesto en el que la impugnación se basaba en la defectuosa constitución de una junta universal, y para decidir sobre la concurrencia de ese defecto se había tenido que debatir en las dos instancias sobre si, antes de la celebración de la misma, la accionista demandante había transmitido o no todas sus acciones a la persona que, en su lugar, intervino en la junta litigiosa (f.j. primero, párrafo segundo). A nivel inferior, la ST 166/2017, de 10 de marzo, de la Secc. 4ª de la AP de Las Palmas , o la 43/2021, de 21 de enero, de la Secc. 4º de la AP de Murcia (asunto Real Murcia CF SAD ), se apoyan en la doctrina de la STS 697/2013, de 15 de enero , para posibilitar en el marco de la impugnación de acuerdos sociales el examen incidental de la negativa de los administradores a inscribir una transmisión, en el primer caso, y en el segundo el alcance de las facultades de comprobación de los administradores ante la comunicación de un negocio que deba producir la actualización/modificación del libro registro.

9. Así pues, aunque es cuestión controvertida, en nuestra consideración la doctrina jurisprudencial predominante es contraria a la tesis que mantiene la sentencia apelada, de modo que sí ha de ser posible examinar incidentalmente la regularidad de una modificación -actualización o rectificación- del libro registro, o su adecuación a la realidad extra registral, cuando la impugnación se basa precisamente en la defectuosa constitución de la junta o en la conformación de las mayorías necesarias. No se trata de trasladar al proceso de impugnación la controversia entre el socio inscrito en el libro registro y el tercero que se considera accionista, sino de analizar la corrección o regularidad de la decisión de la sociedad de actualizar o modificar el libro registro de acciones nominativas y, de esta manera, asignar a una persona los derechos políticos de los que otra se ve privado.

10. La parte apelada destaca que, en la demanda, aunque se trata extensamente sobre la puesta en marcha del procedimiento estatutario de venta de las acciones y el desistimiento posterior del Sr. Benigno, ni siquiera se aludió al libro registro de acciones nominativas ni se pretendió su rectificación judicial. Considera, por ello, que cuestionar en apelación la regularidad de la inscripción de la transmisión en el libro registro es introducir una cuestión nueva con el propósito o el efecto de contravenir elementales principios procesales (cita los de perpetuación de la jurisdicción, prohibición del cambio de demanda y de innovación en apelación). Este tribunal no puede compartir esa objeción, porque la cuestión de la legitimación societaria ( Art. 116. 2 TRLSC y, en relación con él, art. 179. 3 TRLSC ), derivada de la previa actualización del libro registro ordenada por la administradora única de PROINSA a raíz del requerimiento notarial que el 28 de agosto (recibido el día 31) le dirigió la Sra. Estefanía, sí formó parte del debate en primera instancia, precisamente porque lo introdujo en él la parte demandada al cuestionar la legitimación activa del Sr. Benigno como base principal de su oposición a la demanda. El actor afirmaba en el escrito inicial que es accionista y que, por serlo (o porque nunca dejó de serlo), debió participar en la junta litigiosa para que pudiera tener la consideración de junta universal válida ( art. 178 TRLSC ). Al contestar a la demanda, la sociedad demandada opuso un hecho impeditivo que privaría de legitimación al actor: la inscripción en el libro registro antes de la junta de una transmisión de sus acciones, a partir de la cual la sociedad solo puede reputar accionista a la adquirente Sra. Estefanía, que es la nueva titular de los derechos económicos y políticos inherentes a las acciones transmitidas por el Sr. Benigno. En tales circunstancias, no hay objeciones de orden procesal que impidan examinar la regularidad de la alteración del libro registro, de su actualización o rectificación, precisamente porque es presupuesto de la cuestionada legitimación del actor (en este sentido, STS 163/2007, de 16 de febrero )...

... 12. De lo expuesto se deriva una primera conclusión clara: la administradora única de la compañía inscribió en el libro registro la transmisión de las acciones pese a constarle la oposición expresa del accionista que había puesto en marcha el procedimiento estatutario de transmisión, y lo hizo, a tenor de las razones jurídicas que adelantó en su comunicación de 19 de agosto, considerando que el contrato de compraventa ya había quedado perfeccionado desde que la persona designada como compradora había aceptado íntegramente los términos de la oferta, incluidas las condiciones sobre conocimiento de la situación patrimonial de la compañía y renuncia al ejercicio de acciones de responsabilidad impuestas por el vendedor, quedando así las partes obligadas a su cumplimiento. Ligada a lo anterior aparece la cuestión del alcance de las funciones de calificación que la ley asigna a los administradores ( art. 116 1 TRLSC : Las acciones nominativas figurarán en un libro-registro que llevará la sociedad, en el que se inscribirán las sucesivas transferencias de las acciones..., y art. 120 1, párrafo segundo: Tratándose de acciones nominativas, los administradores, una vez que resulte acreditada la transmisión, la inscribirán de inmediato en el libro-registro de acciones nominativas).

13. Dice en ese sentido la STS 138/2000, de 22 de febrero , que, aunque los administradores "no gozan de facultades de calificación, su decisión sobre la regularidad o no de las transmisiones casi llega a alcanzar aquella categoría y producirá efectos en tanto no se impugne con éxito ante Tribunal". La STS 171/2008, de 28 de febrero (asunto Sevilla FC , SAD) recuerda que a la sociedad (a sus administradores) corresponde comprobar, bajo su responsabilidad, la regularidad aparente de la transmisión, la "normalidad de la transmisión", llevando a cabo un control que se limita "a los aspectos externos y aparentes de la titularidad afirmada por el solicitante de la inscripción". En esa misma idea abunda la ST de a AP de Madrid, Sección 28ª, de 4 de diciembre de 2020 , cuando dice que existe "un deber de control por parte de la sociedad, a través de sus administradores, cuyo objeto es comprobar si la transmisión está o no acreditada. Evidentemente, ese control no puede extenderse a la validez sustantiva de la transmisión, pues ello supondría una intromisión en materias que incumben exclusivamente a las partes del negocio transmisivo, debiéndose limitarse a los aspectos externos".

14. La cuestión estriba en determinar si al decidir la administradora única de PROINSA inscribir la transmisión de las acciones a solicitud de la Sra. Estefanía, en las circunstancias resumidas en su requerimiento notarial, se atuvo o no a los límites inherentes a sus funciones de control. Recordamos al respecto, en primer lugar, que a la administradora única de la compañía le constaba desde mediados de agosto la oposición del supuesto transmitente, y aun cuando la norma aplicable al caso es el apartado 1 del art. 116, no el apartado 4 del mismo precepto que se refiere a los casos de rectificación de inscripciones falsas o inexactas, se ha postulado razonablemente la proyección de la misma solución legal a los dos casos; así lo hace, por ejemplo, la STS 163/2007, de 16 de febrero , que pese a reconocer que la legitimación activa, cuando se trata de acciones nominativas, viene dada por la inscripción en el libro registro correspondiente, no tiene inconveniente en reconocer que, en el caso que examina, en el libro registro debería figurar el actor, porque su sustitución por otra persona no se efectuó con arreglo a la ley, al no tener en cuenta la expresa oposición del interesado. Dice la referida sentencia en su fundamento jurídico segundo:

"habida cuenta la oposición al cambio de titularidad en el libro registro de acciones nominativas formulada por Dn. Pedro Antonio, que era quien figuraba en él, la sociedad no podía hacer un cambio en dicha titularidad sin previa decisión judicial que a ella correspondía promover; y de haberlo hecho, antes de la notificación, debía haber procedido a restablecer la situación registral a como estaba con anterioridad. El precepto es muy claro, su "ratio" más, y la resolución recurrida completamente ajustada a su tenor".

15. Por otra parte, el conflicto o la incertidumbre que generó el desistimiento del Sr. Benigno le enfrentaba con la compradora, que es la titular designada del derecho de adquisición preferente. Es la Sra. Estefanía la que podría invocar la irrevocabilidad de la oferta y la inefectividad del desistimiento para forzar al vendedor a cumplir el contrato o para que judicialmente se declarase ya perfeccionado y, en su caso, producido el efecto transmisivo característico de la cesión de derechos incorporales. Para los administradores sociales, en cambio, una vez que tanto la sociedad como antes los accionistas habían declinado el ejercicio de sus respectivos derechos de adquisición preferente, es o debería ser indiferente que el antiguo accionista retenga la titularidad de sus acciones o que se las haya transmitido a la compradora presentada por la sociedad. En este caso, sin embargo, la administradora única de la compañía se adelantó incluso a la compradora y salió en su defensa, al considerar ya perfeccionado el contrato e ineficaz el desistimiento del vendedor (burofax del 19 de agosto de 2020), y accedió inmediatamente al requerimiento que días más tarde la compradora le dirigió para inscribir una supuesta transmisión de acciones carente de título formal. Lo hace, además, pese a constarle la oposición del accionista inscrito y antes incluso de que expire el plazo de diez días que la propia compradora había concedido al vendedor para el otorgamiento de la escritura pública de compraventa en el requerimiento del 28 de agosto. De todo ello se deduce que las decisiones de la administradora única están alineadas claramente con su interés personal, el que tanto ella como su hermano, con el que conforma el grupo de accionistas mayoritario, defienden en el conflicto que les enfrenta con el Sr. Benigno, en PROINSA y en las demás sociedades del grupo, y que desembocó incluso en procesos penales cruzados.

16. No cuestionamos que la comunicación de la oferta de venta de las acciones del Sr. Benigno deba tener carácter irrevocable en tanto no finalice por completo el proceso definido en el artículo 8 de los estatutos, y que dicha irrevocabilidad pueda ser válidamente esgrimida por la compradora frente al vendedor. Puesto que las acciones no habían sido todavía incorporadas a títulos materiales su transmisión se debe adecuar, como correctamente argumenta la sociedad apelada, a las normas que disciplinan la cesión de créditos y demás derechos incorporales, esto es, a los artículos 347 , 348 del Código de Comercio , 1.526 y siguientes del Código Civil , con las particularidades resultantes de que los derechos que se transmiten tienen naturaleza corporativa y de la necesidad de dar cumplimiento a determinadas exigencias legitimadoras (como las que la propia sociedad había dado por supuestas en su comunicación del mes de julio, al aludir a "la escritura que documente la transmisión de sus acciones"); puesto que la cesión de créditos es un contrato traslativo el cedente no ha de efectuar ningún acto de entrega o traspaso de la posesión del derecho cedido para dejar de ser titular del mismo y, correlativamente, para convertir en tal al cesionario ( STS 19/2009, de 4 de febrero , con cita de la de 12 de noviembre de 1993 ), si bien cabe que las partes pospongan ese efecto traslativo a un momento posterior al de la perfección del contrato. Pero la apreciación y valoración de estas cuestiones sustantivas excedía de las facultades de control o calificación de la administradora única de la compañía, a la que le constaba la oposición del accionista vendedor, y debían ser resueltas judicialmente antes de permitir la actualización del libro registro con la consiguiente privación de los derechos políticos y económicos de quien mantiene que sigue siendo accionista y que no ha procedido a transmitir sus acciones. Planteado un litigio entre compradora y vendedor sobre la premisas anteriores cabría, por ejemplo, discutir si la comunicación que la persona presentada por la sociedad dirigió al vendedor expresándole su disposición a aceptar los términos de la oferta implicaba efectivamente la perfección del contrato, que es algo que el vendedor niega en este caso, o si al demorar la compradora expresamente al momento del otorgamiento de la escritura "la plena efectividad jurídica de la transmisión", así como el pago del precio, estaba, en realidad, posponiendo hasta ese momento el efecto traslativo de la cesión (análogamente a como ocurrió en el caso a que se refiere la antes mencionada STS 19/2009, de 4 de febrero ).

17. Nuestra conclusión es, por lo tanto, que la sociedad forzó la inscripción de una transmisión en el libro registro pese a la oposición expresa del accionista supuestamente transmitente, excediéndose así su administradora única de las facultades de control de la mera corrección o regularidad formal del título transmisivo para, por el contrario, tomar partido interesado en el conflicto que enfrentaba a la Sra. Estefanía con el Sr. Benigno. Al igual que en el caso examinado por la sentencia 163/2007, de 16 de febrero , consideramos que la sustitución en la titularidad tabular o registral no se efectuó en este caso con arreglo a la ley y, de esa manera, se privó al demandante de sus derechos políticos. La junta universal de accionistas de 30 de octubre de 2020 es, por lo tanto, nula y lo son todos sus acuerdos, por infracción de lo dispuesto en el artículo 178 el TRLSC .

18. Al concluir en esos términos no ignoramos que la actuación del Sr. Benigno durante el desarrollo del proceso estatutario que él mismo puso en marcha ha sido contradictoria y, cuando menos, de dudosa compatibilidad con la buena fe que debe presidir el ejercicio de los derechos. Su estrategia inicial -anunciar la venta de sus acciones a una sociedad vinculada, que tiene su domicilio social en la misma vivienda donde reside el Sr. Benigno- estaba con claridad encaminada a forzar la adquisición de sus acciones por alguno de los demás accionistas o por la sociedad, y a lograr de esta manera, mediante la forzosa aceptación de las condiciones impuestas, la neutralización al menos parcial de las iniciativas que la mayoría había adoptado o proyectaba contra él, por su responsabilidad durante la época en que fue administrador/apoderado de la compañía. Cuando vio que la sociedad tampoco ejercitaría su derecho de adquisición preferente y presentaba a una tercera persona para adquirir las acciones comunicó su desistimiento, justificándolo en la supuesta elusión por parte de la compañía de condiciones que, de ser válidas, solo incumbían al comprador, y en las mismas razones de salud que había alegado en junio para justificar su decisión de vender. Con todo, no podemos amparar la actuación de la sociedad ni entender correcta, en las expresadas circunstancias, la inscripción de la transmisión de las acciones del Sr. Benigno en el libro registro sin que previamente haya sido vencido en juicio y se declare judicialmente la perfección del contrato de compraventa/cesión así como la producción de sus característicos efectos traslativos.

19. La estimación de la demanda, puesto que declara la nulidad de acuerdos que tienen acceso al registro -en forma de depósito, en el caso de las cuentas anuales, y de inscripción en el del nombramiento de auditor- deberá causar la correspondiente inscripción en el Registro una vez firme y la publicación de su extracto en el BORME, de conformidad con lo prevenido en el artículo 208.1 TRLSC . Y para el caso de que ya se haya verificado el depósito de las cuentas y la inscripción del acuerdo de nombramiento de auditor, la sentencia determinará además la cancelación de su inscripción, así como la de los asientos posteriores que resulten contradictorios con ella ( art. 208. 2 TRLSC ).

20. La petición adicional de alcance indeterminado que en la demanda postulaba la "nulidad e ineficacia de cualesquiera otros acuerdos sociales que posteriormente fueran adoptados por la sociedad demandada y su órgano de administración" carece de amparo legal y no puede ser atendida. Lo señalamos a pesar de que ni siquiera es claro que tal petición se haya mantenido en apelación, porque aunque el escrito de recurso pide la revocación de la sentencia y la estimación íntegra de la demanda, a renglón seguido destaca y concreta su petición en la declaración "de nulidad de la junta general universal de Promotora Industrial Sadense S.A., celebrada el 30/0/2020, y de todos los acuerdos en ella aprobados", ciñendo de esta manera la pretensión al alcance propio de una impugnación de acuerdos sociales y a los efectos legalmente determinados".

TERCERO. Costas y depósito.

8.- Resolveremos en igual sentido que en la sentencia antecedente citada y transcrita., en la que dijimos que "No haremos especial imposición de las costas de ninguna de las dos instancias en consideración a las dudas de derecho que el caso plantea ( Art. 394 y 398 LEC ), a las que ya hicimos referencia en la fundamentación jurídica de esta resolución. Nuestra decisión se sustenta, como ya hemos indicado, en una doctrina jurisprudencial que consideramos predominante en esta clase de litigios; pero nos consta que la línea de solución a que se atiene la sentencia apelada ha sido seguida en otras resoluciones de los tribunales, incluso del mismo Tribunal Supremo (v.gr., la citada STS 138/2000, de 22 de febrero )".

9.- Se dispondrá la devolución a la parte apelante del depósito constituido para recurrir ( disposición adicional decimoquinta de la LOPJ, apartado 8).