Sentencia Civil 404/2026 Audiencia Provincial Civil nº 4 de Barcelona, Rec. 1195/2023 de 22 de mayo del 2026

PRIMERO.- Antecedentes del debate

I. Cibigestión Finanzas, S.L. promovió acción judicial frente a Doña Penélope, y consignaba en su demanda inicial, sucintamente expuestos, los siguientes antecedentes de hecho:

a) Demandante y demandada han sido partes en el procedimiento de desahucio por falta de pago número 165/2020, seguido ante el Juzgado número 6 de Mataró, que finalizó mediante decreto dictado por la LAJ de dicho órgano judicial en fecha 4 de marzo de 2021. En tal resolución se declaró que la demandada, doña Penélope, estaba obligada al pago de las rentas pendientes hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca a la propiedad.

b) La entrega de la posesión de la vivienda a la propietaria se materializó el 24 de febrero de 2021. En dicha fecha quedaban pendientes de pago los siguientes importes en concepto de rentas y cantidades asimiladas no satisfechas: (i) 791,85 euros, deuda reconocida en la sentencia de fecha 22 de octubre de 2020 como rentas pendientes de pago; (ii) 1.210 euros correspondientes a la renta del mes de enero 2021; y (iii) 993,93 euros, equivalente a la parte proporcional del mes de febrero 2021, bajo la premisa de que la entrega de llaves y, en consecuencia, la posesión efectiva de la finca, se materializó el 24 de dicho mes. La suma total reclamada en concepto de rentas adeudadas ascendía, por tanto, a 2.995.78 euros.

c) En el contrato de arrendamiento formalizado por las partes se estipuló que, en el momento de la finalización del arrendamiento, la inquilina habría de estar al corriente de pago de los servicios y suministros del inmueble. Sin embargo, la Sra. Penélope ha incumplido aquella previsión contractual por cuanto con posterioridad a la desocupación de la vivienda dejó pendientes diversos importes, en concreto los siguientes:

· 1.306,76 euros correspondientes a una deuda pendiente de gas.

· 227'24 euros correspondientes a suministro de agua.

· 76'85 euros correspondientes al alta de suministro de gas.

d) Por otra parte, la demandada, y de conformidad con las cláusulas 7 y 11 del anteriormente mencionado contrato de alquiler, se comprometió a entregar la vivienda en buen estado, lo cual ha sido asimismo objeto de incumplimiento, ya que la actora, para poder poner nuevamente la finca en el mercado de alquileres, se ha visto obligada a efectuar reparaciones en el inmueble por valor de 1.134,40 euros. Ello determina que la demandada adeude a la propiedad la cantidad total de 5.741,03 euros por todos los conceptos.

e) De esta cantidad debe descontarse el importe de la fianza que la Sra. Penélope entregó al firmar el contrato de arrendamiento, y que asciende a 2.400 euros. De todo lo anterior resulta que la demandada adeuda a la actora la cantidad de 3.341,03 euros, que es la que se reclama en la demanda.

Al amparo de los antecedentes expuestos se interesaba en la súplica de la demanda se dictase sentencia en la que se adoptasen los pronunciamientos que se transcriben seguidamente en sus términos literales:

"(...) dicte en su día Sentencia estimando íntegramente la demanda, declare la obligación de la demandada de hacer pago a mi mandante de la cifra reclamada de tres mil trescientos cuarenta y un euros con tres céntimos (3.341,03 euros), intereses legales desde la interpelación judicial y costas del procedimiento".

II. La representación de Doña Penélope se opuso a la acción así descrita al amparo de las siguientes alegaciones, que se transcriben también de forma resumida:

a) La 300 abandonó y entregó efectivamente las llaves de la vivienda, plaza de parkingy trastero el día 5 de febrero de 2021, de modo que no adeuda la renta de esa mensualidad.

b) La arrendataria únicamente reconoce adeudar los 791,85 euros a cuyo pago fue condenada en la sentencia dictada en el anterior juicio de desahucio, y 1.210 euros correspondientes a la renta del mes de enero de 2021. Es decir, admite como pendiente de pago la suma de 2.001,85 euros.

c) No queda acreditado que el impago de los consumos por suministros corresponda a la inquilina. La demandante no ha aportado al proceso el comprobante de alta de agua, como tampoco del suministro de gas, por lo que no queda justificada su reclamación.

d) En su momento la arrendataria aportó al juzgado que conocía del previo procedimiento de desahucio un reportaje fotográfico en el que se evidenciaba el perfecto estado de la vivienda en la fecha en que fue reintegrada su posesión a la propiedad. Con independencia de ello, fue la Sra. Penélope quien se encargó de reparar los desperfectos que se ocasionaron durante la vigencia del arrendamiento.

e) La inquilina no abonó la cuantía de 2.400 euros en concepto de fianza y garantía adicional, sino que en realidad la suma entregada a la propiedad fue de 3.600 euros.

III. Mediante auto de 30 de junio de 2022 el magistrado a quoacordó la acumulación al presente juicio verbal número 533/2021 del procedimiento de la misma clase seguido también, bajo el número 552/2021, ante el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Mataró, a instancias de doña Penélope frente a Cibigestión Finanzas, S.L. En estas segundas actuaciones la Sra. Penélope reclamaba a Cibigestión Finanzas, S.L. el pago del importe total de 2.400 euros, de los que 1.200 se correspondían con la fianza legal y los otros 1.200 con la garantía adicional, cantidades ambas satisfechas por la inquilina en el momento de la firma del contrato.

IV. La jueza de primera instancia, bajo la premisa de que debía considerarse acreditado que la Sra. Penélope entregó las llaves de la vivienda en fecha 24 de febrero de 2021, estimó íntegramente la pretensión relativa al pago de las rentas pendientes, consistente en 791,85 euros reconocidos como adeudados en la sentencia dictada en el anterior procedimiento de desahucio, 1.210 euros de la mensualidad de enero de 2021, y 993,93 euros correspondiente a la parte proporcional (24 días) de la renta de febrero de 2021, lo que totalizaba el importe de 2.995,78 euros.

Desestimó, sin embargo, la solicitud de condena de la demandada al pago de los suministros de gas y agua (1.610,85 euros en total), así como la pretensión que tenía por objeto el abono de una indemnización de 1.134,40 euros por desperfectos en la vivienda.

Por todo ello, y una vez deducidos de la deuda por rentas (2.995,78 euros) los 2.400 euros entregados por la inquilina en concepto de fianza y garantía adicional, condenó a Doña Penélope a abonar a la sociedad actora la suma de 595,78 euros.

No adoptó pronunciamiento expreso en atención a la estimación parcial de las pretensiones de ambas partes.

IV. La sentencia de primera instancia es recurrida en apelación únicamente por doña Penélope, la cual limita sus discrepancias a dos pronunciamientos, a saber, la decisión mediante la que se fija en 2.400 euros -y no en 3.600 euros, como se pretendía por la misma parte- la cuantía entregada por dicha inquilina, en el momento de la firma del contrato, en concepto de fianza y garantía adicional; y la suma que se fija en la sentencia en concepto de rentas pendientes de pago, ya que la juzgadora a quono tiene en consideración, a su criterio, que la Sra. Penélope reintegró la posesión de la vivienda el 5 de febrero de 2021, y no el 24 de febrero de 2021, tal como incorrectamente se refleja en la sentencia.

SEGUNDO.- Delimitación de los hechos objeto de debate en segunda instancia

I. La mercantil demandante, como se anticipó, formulaba frente a la demandada, en relación con un contrato de arrendamiento que ambas firmaron -la primera como propietaria y la segunda como inquilina- en fecha 7 de junio de 2019, una acción de reclamación de cantidad que se disgregaba en tres conceptos: (i) 2.995,78 euros en concepto de rentas pendientes (791,85 euros reconocidos en la sentencia dictada en el previo procedimiento de desahucio, 1.210 euros correspondientes al mes de enero 2021, y 993,93 euros por la parte proporcional de la renta del mes de febrero 2021, bajo la premisa de que la posesión efectiva de la finca se reintegró el 24 de dicho mes); (ii) 1.610,85 euros por el coste de suministro de gas y agua, a cuyo pago se comprometió la inquilina en el contrato inicial; y (iii) 1.134,40 euros desembolsados por la propiedad a fin de reparar los desperfectos ocasionados por la arrendataria durante la vigencia del contrato de arrendamiento.

La suma de aquellas partidas ascendía a 5.741,03 euros, pero se reconocía en la demanda la obligación de la propiedad de descontar de aquella cantidad los 2.400 euros que la Sra. Penélope abonó en los albores del contrato en concepto de fianza (1.200 euros) y de garantía adicional (1.200 euros), de modo que la suma por la que se pretendía la condena de doña Penélope quedaba fijada definitivamente en 3.341,03 euros.

II. La juzgadora de primera instancia desestimó dos de aquellas pretensiones, en concreto la relativa a la solicitud de condena al pago de los suministros de gas y de agua, y la que tenía por objeto el coste de las obras de reparación de los desperfectos ocasionados por la inquilina durante la vigencia del alquiler.

Y, en cuanto a la petición de condena de la Sra. Penélope al pago de las rentas pendientes hasta el desalojo de la vivienda, la jueza a quodecidió que aquella deuda debía corresponderse con las rentas devengadas hasta el 24 de febrero de 2021 -fecha en la que, a su criterio, la demandada había reintegrado la posesión del inmueble a la actora-, y que del importe resultante debía deducirse la suma de 2.400 euros abonados por la propia arrendataria en el momento de la suscripción del contrato por razón de la fianza legal y de la garantía adicional. En consecuencia, fijó en 595,78 euros la deuda a cargo de doña Penélope.

III. La representación de Cibigestión Finanzas, S.L. consiente aquellas decisiones y no las cuestiona, y es únicamente la representación de doña Penélope la que interpone recurso de apelación respecto a dos aspectos puntuales de la sentencia: primero, la decisión de computar la deuda por rentas a partir de la premisa de que la posesión de la vivienda se reintegró a la propiedad el 24 de febrero de 2021, y no el 5 de febrero anterior, tal como se postulaba en la contestación a demanda; y segundo, el pronunciamiento mediante el que se tiene por probado que en el momento de la firma del contrato de arrendamiento la Sra. Penélope abonó únicamente a la propiedad 2.400 euros en concepto de fianza legal y de garantía adicional, cuando, a su juicio, la inquilina desembolsó un total de 3.600 euros, de los que 1.200 euros se correspondían con la fianza legal, y los restantes 2.400 con la garantía adicional.

El recurso de apelación, en consecuencia, únicamente tiene por objeto el reanálisis de aquellos dos pronunciamientos, de modo que los demás ya no pueden ser objeto de reconsideración en esta alzada.

TERCERO.- Sobre la fecha de reintegro de la posesión de la vivienda arrendada a la propiedad

I. En la sentencia frente a la que se apela se consideró acreditado que la vivienda objeto de arrendamiento fue reintegrada a su propietaria en fecha 24 de febrero de 2021, de modo que las rentas pendientes de pago deberían computarse hasta aquella fecha. A partir de ello fijó la condena de Doña Penélope, por aquel concepto, en 2.995.78 euros, de los que 791,85 euros se correspondían con la deuda reconocida en la sentencia dictada en el anterior procedimiento de desahucio, 1.210 euros del mes de enero 2021, y 993,93 euros, equivalente a la parte proporcional de los 24 días del mes de febrero 2021.

La apelante está conforme con las dos primeras cantidades, pero insiste en su recurso, tal como exponía en el escrito de contestación, que reintegró la posesión de la vivienda a la propiedad el 5 de febrero de 2021, por lo que de dicha mensualidad no tendría que abonar cantidad alguna. Defiende que prueba de tal afirmación es el escrito que presentó en el previo juicio de desahucio en la misma fecha de 5 de febrero de 2021, mediante el que comunicaba al órgano judicial que a la Sra. Penélope le había resultado imposible "acordar la entrega de llaves de la finca sita en Alella, DIRECCION000, de la plaza de parking NUM000 y del trastero N2 NUM001, propiedad de Cibigestión Finanzas, S.L.", por lo que hacía constar que en esa fecha "ha abandonado la vivienda referida (...) y de esta forma ponemos a disposición de la parte actora las llaves del inmueble, que esta ha dejado libre, vacua y expedita".

II. No se puede compartir aquella observación. La circunstancia de que la inquilina comunique al juzgado que desocupó la vivienda el mismo 5 de febrero de 2021 no significa que haya de considerarse probado que efectivamente la desalojó en aquella fecha, y menos aún cuando no consta que de forma simultánea la Sra. Penélope hiciera entrega de las llaves a la propiedad, ni siquiera depositándolas en el propio órgano judicial, en alguna oficina notarial o de cualquier otra forma fehaciente, en virtud de la cual pudiera entenderse que la Sra. Penélope reintegraba efectivamente a Cibigestión Finanzas, S.L. la posesión de la vivienda y que esta sociedad pudiera libremente disponer de ella.

La inquilina no actuó en ninguno de aquellos sentidos, y por ello la representación de la propietaria presentó ante el mismo juzgado escrito de fecha 8 de febrero de 2021, a través del cual interesaba que por el órgano judicial se señalara día y hora para que la arrendataria hiciera entrega de las llaves y reintegrara la posesión del inmueble. De este modo, en fecha 24 de febrero de 2021 (documento número 2 de la demanda iniciadora del presente procedimiento) ambas partes se reunieron y la procuradora de doña Penélope, Sra. Terradas, y la de Cibigestión Finanzas, S.L., Sra. Javier González, manifestaron conjuntamente que esta última recibía en ese acto de la primera "los dos juegos de llaves que la Sra. Penélope disponía de la vivienda sita en Alella, DIRECCION000, de un único mando de la plaza de parking número NUM000 y de la única llave del trastero número NUM001, por lo que mediante este acto (...) hace entrega de la posesión de los signos de referidos, que deja libres, bajos y expedito a disposición de la propiedad".

A la luz de este último documento, no parece discutible que realmente la posesión de la vivienda se reintegró el 24 de febrero de 2021, y no el 5 de febrero anterior, como propugna la apelante. En otro caso, no se alcanzaría a comprender que ambas partes convinieran en suscribir el antedicho documento de 24 de febrero de 2021, y la mera alusión a que en esta última fecha la inquilina hacía entrega a la arrendadora de "los dos juegos de llaves de la vivienda" comporta, obviamente, que hasta entonces se encontraban en posesión de la Sra. Penélope.

Por si ello no fuera suficiente, en la propia demanda promovida por doña Penélope para obtener la devolución de la fianza -demanda que dio origen al juicio verbal número 552/2021, que se acumuló al presente-, la actora manifestó literalmente:

"Posteriormente, mi principal entregó la vivienda libre, vacua, expedita y en perfecto estado en fecha 24 de febrero de 2021. Se acompaña como documento número 3 copia del documento suscrito por sendos procuradores intervinientes en aquel procedimiento, conforme se entregan las llaves".

III. No se hace preciso, en vista de la contundencia de aquellas observaciones, aportar argumentos jurídicos adicionales. La actora goza del derecho a percibir la parte proporcional de la renta hasta el 24 de febrero de 2021.

Se desestima el recurso de apelación en este aspecto.

CUARTO.- Sobre la suma entregada por la inquilina, en el momento de la formalización del contrato, en concepto de fianza y de garantía adicional

I. Buena parte de las argumentaciones que se han expuesto en el anterior fundamento jurídico son válidas para decidir el segundo y último punto de discrepancia que la apelante expone en su recurso.

Se recuerda que la representación de Cibigestión Finanzas, S.L. muestra su disconformidad con la jueza de primera instancia cuando declara como hecho probado que en el momento de la suscripción del contrato la inquilina entregó 2.400 euros -1.200 euros en concepto de fianza y otros 1.200 euros como garantía adicional-, y propugna que en realidad no fueron 2.400 euros los percibidos por la propiedad, sino 3.600 euros.

II. Para defender aquella postura invoca el contenido literal del contrato de arrendamiento suscrito por las partes el 7 de junio de 2019, cuya cláusula 8ª es del siguiente tenor:

"8.- Fiança

L'arrendatari entrega en aquest acte la suma de Mil dos-cents euros (1.200 euros) equivalent a UNA mensualitat de renda en concepte de fiança legal, d'acord amb el que estableix l' article 36.1 de la LAU .

(...)

L'arrendatari lliura també en aquest acte la quantiat de Mil dos-cents euros (1.200euros) equivalent a UNA mensualitat de renda en concepte de garantía adicional per al compliment de totes les obligacions derivades del present contracte, lliurement pactat a tenor del art 36.5 de la Llei.

L'arrendatari ha transferit la quantitat de Mil dos-cents euros (1.200euros) en concepte de dispòsit de garantia adicional amb anterioritat a la signatura del contracte al número de compte: NUM002 (...) del que es titular TOT SERVEIS I SOLUCIONS HABITAT SL amb NIF B64491517 i que després de signatura del contracte es transferirà al compte CIBEGESTION FINANZAS SL CIF B64355423: NUM003 (...)".

Ciertamente, la redacción de la cláusula transcrita no es un dechado de nitidez, pero en ningún caso da pie para interpretar que en la fecha de suscripción del contrato de arrendamiento la inquilina abonara a la propiedad 3.600 euros. La Sra. Penélope desembolsó la suma de 1.200 euros en concepto de fianza legal de acuerdo con lo establecido en la artículo 36.1 LAU, y otros 1.200 euros como garantía adicional "para el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del presente contrato, entrega pactada a tenor del artículo 36.5 de la Ley".

Seguidamente se establece que la arrendataria ha transferido "1.200 euros en concepto de depósito de garantía adicional con anterioridad a la firma del contrato en el número de cuenta (...)".La interpretación más razonable de este último inciso induce a considerar que la suma de 1.200 euros en concepto de "garantía adicional" a la que hace referencia coincide con la mencionada en el párrafo anterior, es decir, que la garantía adicional pactada por las partes se fijó en 1.200 euros, cantidad que pese a que en el contrato se manifiesta que "se entregó en este acto", había sido ya transferida a la propietaria antes de la firma.

No solo no se aprecia razón alguna para concluir que la inquilina abonó, aparte de la fianza legal, una garantía adicional equivalente a dos mensualidades de renta, sino que la literalidad de la cláusula a la que se ha hecho referencia permite inferir que, pese a que en el contrato, probablemente por tratarse de un formulario aplicado a una pluralidad de arrendamientos, se refleja que la cuantía en concepto de garantía adicional se entregaba "en este acto", la realidad fue que la inquilina ya había transferido aquella suma con anterioridad a la firma.

III. Aquella interpretación cuenta con un irrefutable refrendo. En la contestación a la demanda que dio origen a las presentes actuaciones la representación de la Sra. Penélope defiende, ciertamente, que la cantidad que entregó en los albores del contrato ascendió a 3.600 euros (1.200 euros en concepto de fianza legal y 2.400 euros más como garantía adicional), pero se omite que la demanda que propició la incoación del juicio verbal que se acumuló al presente, registrada al número 552/2021, se promovió por la propia representación de la inquilina para interesar la condena de la contraparte al reintegro de la suma total de 2.400 euros, de los que, como inequívocamente se aseveraba en la demanda, 1.200 euros se correspondían con la fianza equivalente a una mensualidad de renta, y los 1.200 restantes con la garantía adicional.

Debe racionalmente presumirse que, en la hipótesis de que la garantía adicional hubiese consistido en 2.400 euros, como ahora se preconiza, la actora en aquel procedimiento no se hubiese limitado a reclamar tal importe de 2.400 euros, sino el de 3.600 euros.

En cualquier caso, se reitera que en la demanda a raíz de la cual se incoó el juicio verbal 552/2021 se promovía la condena de Cibigestión Finanzas, S.L. exclusivamente al pago de 2.400 euros. La modificación introducida por la dirección técnica de dicha entidad durante el acto de juicio, obviamente, no puede ser tenida en consideración, al implicar una manifiesta e improcedente alteración del petitumde la demanda inicial.

IV. Con ello debe decaer definitivamente el recurso de apelación interpuesto por la representación de doña Penélope.

QUINTO.- Costas

La desestimación del recurso determina la expresa imposición a la apelante de las costas devengadas en esta alzada ( artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

SEXTO.- Recursos

A los efectos del artículo 208 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se indica que contra la presente sentencia no cabe recurso de casación, ya que al haber recaído en un juicio verbal seguido por razón de la cuantía, no se trata de una sentencia dictada en segunda instancia por la Audiencia Provincial, en los términos exigidos por el primer inciso del artículo 477.2 LEC, sino por un magistrado de ese órgano en funciones de tribunal unipersonal, de conformidad con lo previsto en el artículo 82.2, 1º, segundo párrafo , LOPJ ( cfr. auto del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2017).

VISTOSlos preceptos citados y demás de aplicación,

PRIMERO.- Antecedentes del debate

I. Cibigestión Finanzas, S.L. promovió acción judicial frente a Doña Penélope, y consignaba en su demanda inicial, sucintamente expuestos, los siguientes antecedentes de hecho:

a) Demandante y demandada han sido partes en el procedimiento de desahucio por falta de pago número 165/2020, seguido ante el Juzgado número 6 de Mataró, que finalizó mediante decreto dictado por la LAJ de dicho órgano judicial en fecha 4 de marzo de 2021. En tal resolución se declaró que la demandada, doña Penélope, estaba obligada al pago de las rentas pendientes hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca a la propiedad.

b) La entrega de la posesión de la vivienda a la propietaria se materializó el 24 de febrero de 2021. En dicha fecha quedaban pendientes de pago los siguientes importes en concepto de rentas y cantidades asimiladas no satisfechas: (i) 791,85 euros, deuda reconocida en la sentencia de fecha 22 de octubre de 2020 como rentas pendientes de pago; (ii) 1.210 euros correspondientes a la renta del mes de enero 2021; y (iii) 993,93 euros, equivalente a la parte proporcional del mes de febrero 2021, bajo la premisa de que la entrega de llaves y, en consecuencia, la posesión efectiva de la finca, se materializó el 24 de dicho mes. La suma total reclamada en concepto de rentas adeudadas ascendía, por tanto, a 2.995.78 euros.

c) En el contrato de arrendamiento formalizado por las partes se estipuló que, en el momento de la finalización del arrendamiento, la inquilina habría de estar al corriente de pago de los servicios y suministros del inmueble. Sin embargo, la Sra. Penélope ha incumplido aquella previsión contractual por cuanto con posterioridad a la desocupación de la vivienda dejó pendientes diversos importes, en concreto los siguientes:

· 1.306,76 euros correspondientes a una deuda pendiente de gas.

· 227'24 euros correspondientes a suministro de agua.

· 76'85 euros correspondientes al alta de suministro de gas.

d) Por otra parte, la demandada, y de conformidad con las cláusulas 7 y 11 del anteriormente mencionado contrato de alquiler, se comprometió a entregar la vivienda en buen estado, lo cual ha sido asimismo objeto de incumplimiento, ya que la actora, para poder poner nuevamente la finca en el mercado de alquileres, se ha visto obligada a efectuar reparaciones en el inmueble por valor de 1.134,40 euros. Ello determina que la demandada adeude a la propiedad la cantidad total de 5.741,03 euros por todos los conceptos.

e) De esta cantidad debe descontarse el importe de la fianza que la Sra. Penélope entregó al firmar el contrato de arrendamiento, y que asciende a 2.400 euros. De todo lo anterior resulta que la demandada adeuda a la actora la cantidad de 3.341,03 euros, que es la que se reclama en la demanda.

Al amparo de los antecedentes expuestos se interesaba en la súplica de la demanda se dictase sentencia en la que se adoptasen los pronunciamientos que se transcriben seguidamente en sus términos literales:

"(...) dicte en su día Sentencia estimando íntegramente la demanda, declare la obligación de la demandada de hacer pago a mi mandante de la cifra reclamada de tres mil trescientos cuarenta y un euros con tres céntimos (3.341,03 euros), intereses legales desde la interpelación judicial y costas del procedimiento".

II. La representación de Doña Penélope se opuso a la acción así descrita al amparo de las siguientes alegaciones, que se transcriben también de forma resumida:

a) La 300 abandonó y entregó efectivamente las llaves de la vivienda, plaza de parkingy trastero el día 5 de febrero de 2021, de modo que no adeuda la renta de esa mensualidad.

b) La arrendataria únicamente reconoce adeudar los 791,85 euros a cuyo pago fue condenada en la sentencia dictada en el anterior juicio de desahucio, y 1.210 euros correspondientes a la renta del mes de enero de 2021. Es decir, admite como pendiente de pago la suma de 2.001,85 euros.

c) No queda acreditado que el impago de los consumos por suministros corresponda a la inquilina. La demandante no ha aportado al proceso el comprobante de alta de agua, como tampoco del suministro de gas, por lo que no queda justificada su reclamación.

d) En su momento la arrendataria aportó al juzgado que conocía del previo procedimiento de desahucio un reportaje fotográfico en el que se evidenciaba el perfecto estado de la vivienda en la fecha en que fue reintegrada su posesión a la propiedad. Con independencia de ello, fue la Sra. Penélope quien se encargó de reparar los desperfectos que se ocasionaron durante la vigencia del arrendamiento.

e) La inquilina no abonó la cuantía de 2.400 euros en concepto de fianza y garantía adicional, sino que en realidad la suma entregada a la propiedad fue de 3.600 euros.

III. Mediante auto de 30 de junio de 2022 el magistrado a quoacordó la acumulación al presente juicio verbal número 533/2021 del procedimiento de la misma clase seguido también, bajo el número 552/2021, ante el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Mataró, a instancias de doña Penélope frente a Cibigestión Finanzas, S.L. En estas segundas actuaciones la Sra. Penélope reclamaba a Cibigestión Finanzas, S.L. el pago del importe total de 2.400 euros, de los que 1.200 se correspondían con la fianza legal y los otros 1.200 con la garantía adicional, cantidades ambas satisfechas por la inquilina en el momento de la firma del contrato.

IV. La jueza de primera instancia, bajo la premisa de que debía considerarse acreditado que la Sra. Penélope entregó las llaves de la vivienda en fecha 24 de febrero de 2021, estimó íntegramente la pretensión relativa al pago de las rentas pendientes, consistente en 791,85 euros reconocidos como adeudados en la sentencia dictada en el anterior procedimiento de desahucio, 1.210 euros de la mensualidad de enero de 2021, y 993,93 euros correspondiente a la parte proporcional (24 días) de la renta de febrero de 2021, lo que totalizaba el importe de 2.995,78 euros.

Desestimó, sin embargo, la solicitud de condena de la demandada al pago de los suministros de gas y agua (1.610,85 euros en total), así como la pretensión que tenía por objeto el abono de una indemnización de 1.134,40 euros por desperfectos en la vivienda.

Por todo ello, y una vez deducidos de la deuda por rentas (2.995,78 euros) los 2.400 euros entregados por la inquilina en concepto de fianza y garantía adicional, condenó a Doña Penélope a abonar a la sociedad actora la suma de 595,78 euros.

No adoptó pronunciamiento expreso en atención a la estimación parcial de las pretensiones de ambas partes.

IV. La sentencia de primera instancia es recurrida en apelación únicamente por doña Penélope, la cual limita sus discrepancias a dos pronunciamientos, a saber, la decisión mediante la que se fija en 2.400 euros -y no en 3.600 euros, como se pretendía por la misma parte- la cuantía entregada por dicha inquilina, en el momento de la firma del contrato, en concepto de fianza y garantía adicional; y la suma que se fija en la sentencia en concepto de rentas pendientes de pago, ya que la juzgadora a quono tiene en consideración, a su criterio, que la Sra. Penélope reintegró la posesión de la vivienda el 5 de febrero de 2021, y no el 24 de febrero de 2021, tal como incorrectamente se refleja en la sentencia.

SEGUNDO.- Delimitación de los hechos objeto de debate en segunda instancia

I. La mercantil demandante, como se anticipó, formulaba frente a la demandada, en relación con un contrato de arrendamiento que ambas firmaron -la primera como propietaria y la segunda como inquilina- en fecha 7 de junio de 2019, una acción de reclamación de cantidad que se disgregaba en tres conceptos: (i) 2.995,78 euros en concepto de rentas pendientes (791,85 euros reconocidos en la sentencia dictada en el previo procedimiento de desahucio, 1.210 euros correspondientes al mes de enero 2021, y 993,93 euros por la parte proporcional de la renta del mes de febrero 2021, bajo la premisa de que la posesión efectiva de la finca se reintegró el 24 de dicho mes); (ii) 1.610,85 euros por el coste de suministro de gas y agua, a cuyo pago se comprometió la inquilina en el contrato inicial; y (iii) 1.134,40 euros desembolsados por la propiedad a fin de reparar los desperfectos ocasionados por la arrendataria durante la vigencia del contrato de arrendamiento.

La suma de aquellas partidas ascendía a 5.741,03 euros, pero se reconocía en la demanda la obligación de la propiedad de descontar de aquella cantidad los 2.400 euros que la Sra. Penélope abonó en los albores del contrato en concepto de fianza (1.200 euros) y de garantía adicional (1.200 euros), de modo que la suma por la que se pretendía la condena de doña Penélope quedaba fijada definitivamente en 3.341,03 euros.

II. La juzgadora de primera instancia desestimó dos de aquellas pretensiones, en concreto la relativa a la solicitud de condena al pago de los suministros de gas y de agua, y la que tenía por objeto el coste de las obras de reparación de los desperfectos ocasionados por la inquilina durante la vigencia del alquiler.

Y, en cuanto a la petición de condena de la Sra. Penélope al pago de las rentas pendientes hasta el desalojo de la vivienda, la jueza a quodecidió que aquella deuda debía corresponderse con las rentas devengadas hasta el 24 de febrero de 2021 -fecha en la que, a su criterio, la demandada había reintegrado la posesión del inmueble a la actora-, y que del importe resultante debía deducirse la suma de 2.400 euros abonados por la propia arrendataria en el momento de la suscripción del contrato por razón de la fianza legal y de la garantía adicional. En consecuencia, fijó en 595,78 euros la deuda a cargo de doña Penélope.

III. La representación de Cibigestión Finanzas, S.L. consiente aquellas decisiones y no las cuestiona, y es únicamente la representación de doña Penélope la que interpone recurso de apelación respecto a dos aspectos puntuales de la sentencia: primero, la decisión de computar la deuda por rentas a partir de la premisa de que la posesión de la vivienda se reintegró a la propiedad el 24 de febrero de 2021, y no el 5 de febrero anterior, tal como se postulaba en la contestación a demanda; y segundo, el pronunciamiento mediante el que se tiene por probado que en el momento de la firma del contrato de arrendamiento la Sra. Penélope abonó únicamente a la propiedad 2.400 euros en concepto de fianza legal y de garantía adicional, cuando, a su juicio, la inquilina desembolsó un total de 3.600 euros, de los que 1.200 euros se correspondían con la fianza legal, y los restantes 2.400 con la garantía adicional.

El recurso de apelación, en consecuencia, únicamente tiene por objeto el reanálisis de aquellos dos pronunciamientos, de modo que los demás ya no pueden ser objeto de reconsideración en esta alzada.

TERCERO.- Sobre la fecha de reintegro de la posesión de la vivienda arrendada a la propiedad

I. En la sentencia frente a la que se apela se consideró acreditado que la vivienda objeto de arrendamiento fue reintegrada a su propietaria en fecha 24 de febrero de 2021, de modo que las rentas pendientes de pago deberían computarse hasta aquella fecha. A partir de ello fijó la condena de Doña Penélope, por aquel concepto, en 2.995.78 euros, de los que 791,85 euros se correspondían con la deuda reconocida en la sentencia dictada en el anterior procedimiento de desahucio, 1.210 euros del mes de enero 2021, y 993,93 euros, equivalente a la parte proporcional de los 24 días del mes de febrero 2021.

La apelante está conforme con las dos primeras cantidades, pero insiste en su recurso, tal como exponía en el escrito de contestación, que reintegró la posesión de la vivienda a la propiedad el 5 de febrero de 2021, por lo que de dicha mensualidad no tendría que abonar cantidad alguna. Defiende que prueba de tal afirmación es el escrito que presentó en el previo juicio de desahucio en la misma fecha de 5 de febrero de 2021, mediante el que comunicaba al órgano judicial que a la Sra. Penélope le había resultado imposible "acordar la entrega de llaves de la finca sita en Alella, DIRECCION000, de la plaza de parking NUM000 y del trastero N2 NUM001, propiedad de Cibigestión Finanzas, S.L.", por lo que hacía constar que en esa fecha "ha abandonado la vivienda referida (...) y de esta forma ponemos a disposición de la parte actora las llaves del inmueble, que esta ha dejado libre, vacua y expedita".

II. No se puede compartir aquella observación. La circunstancia de que la inquilina comunique al juzgado que desocupó la vivienda el mismo 5 de febrero de 2021 no significa que haya de considerarse probado que efectivamente la desalojó en aquella fecha, y menos aún cuando no consta que de forma simultánea la Sra. Penélope hiciera entrega de las llaves a la propiedad, ni siquiera depositándolas en el propio órgano judicial, en alguna oficina notarial o de cualquier otra forma fehaciente, en virtud de la cual pudiera entenderse que la Sra. Penélope reintegraba efectivamente a Cibigestión Finanzas, S.L. la posesión de la vivienda y que esta sociedad pudiera libremente disponer de ella.

La inquilina no actuó en ninguno de aquellos sentidos, y por ello la representación de la propietaria presentó ante el mismo juzgado escrito de fecha 8 de febrero de 2021, a través del cual interesaba que por el órgano judicial se señalara día y hora para que la arrendataria hiciera entrega de las llaves y reintegrara la posesión del inmueble. De este modo, en fecha 24 de febrero de 2021 (documento número 2 de la demanda iniciadora del presente procedimiento) ambas partes se reunieron y la procuradora de doña Penélope, Sra. Terradas, y la de Cibigestión Finanzas, S.L., Sra. Javier González, manifestaron conjuntamente que esta última recibía en ese acto de la primera "los dos juegos de llaves que la Sra. Penélope disponía de la vivienda sita en Alella, DIRECCION000, de un único mando de la plaza de parking número NUM000 y de la única llave del trastero número NUM001, por lo que mediante este acto (...) hace entrega de la posesión de los signos de referidos, que deja libres, bajos y expedito a disposición de la propiedad".

A la luz de este último documento, no parece discutible que realmente la posesión de la vivienda se reintegró el 24 de febrero de 2021, y no el 5 de febrero anterior, como propugna la apelante. En otro caso, no se alcanzaría a comprender que ambas partes convinieran en suscribir el antedicho documento de 24 de febrero de 2021, y la mera alusión a que en esta última fecha la inquilina hacía entrega a la arrendadora de "los dos juegos de llaves de la vivienda" comporta, obviamente, que hasta entonces se encontraban en posesión de la Sra. Penélope.

Por si ello no fuera suficiente, en la propia demanda promovida por doña Penélope para obtener la devolución de la fianza -demanda que dio origen al juicio verbal número 552/2021, que se acumuló al presente-, la actora manifestó literalmente:

"Posteriormente, mi principal entregó la vivienda libre, vacua, expedita y en perfecto estado en fecha 24 de febrero de 2021. Se acompaña como documento número 3 copia del documento suscrito por sendos procuradores intervinientes en aquel procedimiento, conforme se entregan las llaves".

III. No se hace preciso, en vista de la contundencia de aquellas observaciones, aportar argumentos jurídicos adicionales. La actora goza del derecho a percibir la parte proporcional de la renta hasta el 24 de febrero de 2021.

Se desestima el recurso de apelación en este aspecto.

CUARTO.- Sobre la suma entregada por la inquilina, en el momento de la formalización del contrato, en concepto de fianza y de garantía adicional

I. Buena parte de las argumentaciones que se han expuesto en el anterior fundamento jurídico son válidas para decidir el segundo y último punto de discrepancia que la apelante expone en su recurso.

Se recuerda que la representación de Cibigestión Finanzas, S.L. muestra su disconformidad con la jueza de primera instancia cuando declara como hecho probado que en el momento de la suscripción del contrato la inquilina entregó 2.400 euros -1.200 euros en concepto de fianza y otros 1.200 euros como garantía adicional-, y propugna que en realidad no fueron 2.400 euros los percibidos por la propiedad, sino 3.600 euros.

II. Para defender aquella postura invoca el contenido literal del contrato de arrendamiento suscrito por las partes el 7 de junio de 2019, cuya cláusula 8ª es del siguiente tenor:

"8.- Fiança

L'arrendatari entrega en aquest acte la suma de Mil dos-cents euros (1.200 euros) equivalent a UNA mensualitat de renda en concepte de fiança legal, d'acord amb el que estableix l' article 36.1 de la LAU .

(...)

L'arrendatari lliura també en aquest acte la quantiat de Mil dos-cents euros (1.200euros) equivalent a UNA mensualitat de renda en concepte de garantía adicional per al compliment de totes les obligacions derivades del present contracte, lliurement pactat a tenor del art 36.5 de la Llei.

L'arrendatari ha transferit la quantitat de Mil dos-cents euros (1.200euros) en concepte de dispòsit de garantia adicional amb anterioritat a la signatura del contracte al número de compte: NUM002 (...) del que es titular TOT SERVEIS I SOLUCIONS HABITAT SL amb NIF B64491517 i que després de signatura del contracte es transferirà al compte CIBEGESTION FINANZAS SL CIF B64355423: NUM003 (...)".

Ciertamente, la redacción de la cláusula transcrita no es un dechado de nitidez, pero en ningún caso da pie para interpretar que en la fecha de suscripción del contrato de arrendamiento la inquilina abonara a la propiedad 3.600 euros. La Sra. Penélope desembolsó la suma de 1.200 euros en concepto de fianza legal de acuerdo con lo establecido en la artículo 36.1 LAU, y otros 1.200 euros como garantía adicional "para el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del presente contrato, entrega pactada a tenor del artículo 36.5 de la Ley".

Seguidamente se establece que la arrendataria ha transferido "1.200 euros en concepto de depósito de garantía adicional con anterioridad a la firma del contrato en el número de cuenta (...)".La interpretación más razonable de este último inciso induce a considerar que la suma de 1.200 euros en concepto de "garantía adicional" a la que hace referencia coincide con la mencionada en el párrafo anterior, es decir, que la garantía adicional pactada por las partes se fijó en 1.200 euros, cantidad que pese a que en el contrato se manifiesta que "se entregó en este acto", había sido ya transferida a la propietaria antes de la firma.

No solo no se aprecia razón alguna para concluir que la inquilina abonó, aparte de la fianza legal, una garantía adicional equivalente a dos mensualidades de renta, sino que la literalidad de la cláusula a la que se ha hecho referencia permite inferir que, pese a que en el contrato, probablemente por tratarse de un formulario aplicado a una pluralidad de arrendamientos, se refleja que la cuantía en concepto de garantía adicional se entregaba "en este acto", la realidad fue que la inquilina ya había transferido aquella suma con anterioridad a la firma.

III. Aquella interpretación cuenta con un irrefutable refrendo. En la contestación a la demanda que dio origen a las presentes actuaciones la representación de la Sra. Penélope defiende, ciertamente, que la cantidad que entregó en los albores del contrato ascendió a 3.600 euros (1.200 euros en concepto de fianza legal y 2.400 euros más como garantía adicional), pero se omite que la demanda que propició la incoación del juicio verbal que se acumuló al presente, registrada al número 552/2021, se promovió por la propia representación de la inquilina para interesar la condena de la contraparte al reintegro de la suma total de 2.400 euros, de los que, como inequívocamente se aseveraba en la demanda, 1.200 euros se correspondían con la fianza equivalente a una mensualidad de renta, y los 1.200 restantes con la garantía adicional.

Debe racionalmente presumirse que, en la hipótesis de que la garantía adicional hubiese consistido en 2.400 euros, como ahora se preconiza, la actora en aquel procedimiento no se hubiese limitado a reclamar tal importe de 2.400 euros, sino el de 3.600 euros.

En cualquier caso, se reitera que en la demanda a raíz de la cual se incoó el juicio verbal 552/2021 se promovía la condena de Cibigestión Finanzas, S.L. exclusivamente al pago de 2.400 euros. La modificación introducida por la dirección técnica de dicha entidad durante el acto de juicio, obviamente, no puede ser tenida en consideración, al implicar una manifiesta e improcedente alteración del petitumde la demanda inicial.

IV. Con ello debe decaer definitivamente el recurso de apelación interpuesto por la representación de doña Penélope.

QUINTO.- Costas

La desestimación del recurso determina la expresa imposición a la apelante de las costas devengadas en esta alzada ( artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

SEXTO.- Recursos

A los efectos del artículo 208 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se indica que contra la presente sentencia no cabe recurso de casación, ya que al haber recaído en un juicio verbal seguido por razón de la cuantía, no se trata de una sentencia dictada en segunda instancia por la Audiencia Provincial, en los términos exigidos por el primer inciso del artículo 477.2 LEC, sino por un magistrado de ese órgano en funciones de tribunal unipersonal, de conformidad con lo previsto en el artículo 82.2, 1º, segundo párrafo , LOPJ ( cfr. auto del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2017).

VISTOSlos preceptos citados y demás de aplicación,

PRIMERO.- Antecedentes del debate

I. Cibigestión Finanzas, S.L. promovió acción judicial frente a Doña Penélope, y consignaba en su demanda inicial, sucintamente expuestos, los siguientes antecedentes de hecho:

a) Demandante y demandada han sido partes en el procedimiento de desahucio por falta de pago número 165/2020, seguido ante el Juzgado número 6 de Mataró, que finalizó mediante decreto dictado por la LAJ de dicho órgano judicial en fecha 4 de marzo de 2021. En tal resolución se declaró que la demandada, doña Penélope, estaba obligada al pago de las rentas pendientes hasta la entrega de la posesión efectiva de la finca a la propiedad.

b) La entrega de la posesión de la vivienda a la propietaria se materializó el 24 de febrero de 2021. En dicha fecha quedaban pendientes de pago los siguientes importes en concepto de rentas y cantidades asimiladas no satisfechas: (i) 791,85 euros, deuda reconocida en la sentencia de fecha 22 de octubre de 2020 como rentas pendientes de pago; (ii) 1.210 euros correspondientes a la renta del mes de enero 2021; y (iii) 993,93 euros, equivalente a la parte proporcional del mes de febrero 2021, bajo la premisa de que la entrega de llaves y, en consecuencia, la posesión efectiva de la finca, se materializó el 24 de dicho mes. La suma total reclamada en concepto de rentas adeudadas ascendía, por tanto, a 2.995.78 euros.

c) En el contrato de arrendamiento formalizado por las partes se estipuló que, en el momento de la finalización del arrendamiento, la inquilina habría de estar al corriente de pago de los servicios y suministros del inmueble. Sin embargo, la Sra. Penélope ha incumplido aquella previsión contractual por cuanto con posterioridad a la desocupación de la vivienda dejó pendientes diversos importes, en concreto los siguientes:

· 1.306,76 euros correspondientes a una deuda pendiente de gas.

· 227'24 euros correspondientes a suministro de agua.

· 76'85 euros correspondientes al alta de suministro de gas.

d) Por otra parte, la demandada, y de conformidad con las cláusulas 7 y 11 del anteriormente mencionado contrato de alquiler, se comprometió a entregar la vivienda en buen estado, lo cual ha sido asimismo objeto de incumplimiento, ya que la actora, para poder poner nuevamente la finca en el mercado de alquileres, se ha visto obligada a efectuar reparaciones en el inmueble por valor de 1.134,40 euros. Ello determina que la demandada adeude a la propiedad la cantidad total de 5.741,03 euros por todos los conceptos.

e) De esta cantidad debe descontarse el importe de la fianza que la Sra. Penélope entregó al firmar el contrato de arrendamiento, y que asciende a 2.400 euros. De todo lo anterior resulta que la demandada adeuda a la actora la cantidad de 3.341,03 euros, que es la que se reclama en la demanda.

Al amparo de los antecedentes expuestos se interesaba en la súplica de la demanda se dictase sentencia en la que se adoptasen los pronunciamientos que se transcriben seguidamente en sus términos literales:

"(...) dicte en su día Sentencia estimando íntegramente la demanda, declare la obligación de la demandada de hacer pago a mi mandante de la cifra reclamada de tres mil trescientos cuarenta y un euros con tres céntimos (3.341,03 euros), intereses legales desde la interpelación judicial y costas del procedimiento".

II. La representación de Doña Penélope se opuso a la acción así descrita al amparo de las siguientes alegaciones, que se transcriben también de forma resumida:

a) La 300 abandonó y entregó efectivamente las llaves de la vivienda, plaza de parkingy trastero el día 5 de febrero de 2021, de modo que no adeuda la renta de esa mensualidad.

b) La arrendataria únicamente reconoce adeudar los 791,85 euros a cuyo pago fue condenada en la sentencia dictada en el anterior juicio de desahucio, y 1.210 euros correspondientes a la renta del mes de enero de 2021. Es decir, admite como pendiente de pago la suma de 2.001,85 euros.

c) No queda acreditado que el impago de los consumos por suministros corresponda a la inquilina. La demandante no ha aportado al proceso el comprobante de alta de agua, como tampoco del suministro de gas, por lo que no queda justificada su reclamación.

d) En su momento la arrendataria aportó al juzgado que conocía del previo procedimiento de desahucio un reportaje fotográfico en el que se evidenciaba el perfecto estado de la vivienda en la fecha en que fue reintegrada su posesión a la propiedad. Con independencia de ello, fue la Sra. Penélope quien se encargó de reparar los desperfectos que se ocasionaron durante la vigencia del arrendamiento.

e) La inquilina no abonó la cuantía de 2.400 euros en concepto de fianza y garantía adicional, sino que en realidad la suma entregada a la propiedad fue de 3.600 euros.

III. Mediante auto de 30 de junio de 2022 el magistrado a quoacordó la acumulación al presente juicio verbal número 533/2021 del procedimiento de la misma clase seguido también, bajo el número 552/2021, ante el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Mataró, a instancias de doña Penélope frente a Cibigestión Finanzas, S.L. En estas segundas actuaciones la Sra. Penélope reclamaba a Cibigestión Finanzas, S.L. el pago del importe total de 2.400 euros, de los que 1.200 se correspondían con la fianza legal y los otros 1.200 con la garantía adicional, cantidades ambas satisfechas por la inquilina en el momento de la firma del contrato.

IV. La jueza de primera instancia, bajo la premisa de que debía considerarse acreditado que la Sra. Penélope entregó las llaves de la vivienda en fecha 24 de febrero de 2021, estimó íntegramente la pretensión relativa al pago de las rentas pendientes, consistente en 791,85 euros reconocidos como adeudados en la sentencia dictada en el anterior procedimiento de desahucio, 1.210 euros de la mensualidad de enero de 2021, y 993,93 euros correspondiente a la parte proporcional (24 días) de la renta de febrero de 2021, lo que totalizaba el importe de 2.995,78 euros.

Desestimó, sin embargo, la solicitud de condena de la demandada al pago de los suministros de gas y agua (1.610,85 euros en total), así como la pretensión que tenía por objeto el abono de una indemnización de 1.134,40 euros por desperfectos en la vivienda.

Por todo ello, y una vez deducidos de la deuda por rentas (2.995,78 euros) los 2.400 euros entregados por la inquilina en concepto de fianza y garantía adicional, condenó a Doña Penélope a abonar a la sociedad actora la suma de 595,78 euros.

No adoptó pronunciamiento expreso en atención a la estimación parcial de las pretensiones de ambas partes.

IV. La sentencia de primera instancia es recurrida en apelación únicamente por doña Penélope, la cual limita sus discrepancias a dos pronunciamientos, a saber, la decisión mediante la que se fija en 2.400 euros -y no en 3.600 euros, como se pretendía por la misma parte- la cuantía entregada por dicha inquilina, en el momento de la firma del contrato, en concepto de fianza y garantía adicional; y la suma que se fija en la sentencia en concepto de rentas pendientes de pago, ya que la juzgadora a quono tiene en consideración, a su criterio, que la Sra. Penélope reintegró la posesión de la vivienda el 5 de febrero de 2021, y no el 24 de febrero de 2021, tal como incorrectamente se refleja en la sentencia.

SEGUNDO.- Delimitación de los hechos objeto de debate en segunda instancia

I. La mercantil demandante, como se anticipó, formulaba frente a la demandada, en relación con un contrato de arrendamiento que ambas firmaron -la primera como propietaria y la segunda como inquilina- en fecha 7 de junio de 2019, una acción de reclamación de cantidad que se disgregaba en tres conceptos: (i) 2.995,78 euros en concepto de rentas pendientes (791,85 euros reconocidos en la sentencia dictada en el previo procedimiento de desahucio, 1.210 euros correspondientes al mes de enero 2021, y 993,93 euros por la parte proporcional de la renta del mes de febrero 2021, bajo la premisa de que la posesión efectiva de la finca se reintegró el 24 de dicho mes); (ii) 1.610,85 euros por el coste de suministro de gas y agua, a cuyo pago se comprometió la inquilina en el contrato inicial; y (iii) 1.134,40 euros desembolsados por la propiedad a fin de reparar los desperfectos ocasionados por la arrendataria durante la vigencia del contrato de arrendamiento.

La suma de aquellas partidas ascendía a 5.741,03 euros, pero se reconocía en la demanda la obligación de la propiedad de descontar de aquella cantidad los 2.400 euros que la Sra. Penélope abonó en los albores del contrato en concepto de fianza (1.200 euros) y de garantía adicional (1.200 euros), de modo que la suma por la que se pretendía la condena de doña Penélope quedaba fijada definitivamente en 3.341,03 euros.

II. La juzgadora de primera instancia desestimó dos de aquellas pretensiones, en concreto la relativa a la solicitud de condena al pago de los suministros de gas y de agua, y la que tenía por objeto el coste de las obras de reparación de los desperfectos ocasionados por la inquilina durante la vigencia del alquiler.

Y, en cuanto a la petición de condena de la Sra. Penélope al pago de las rentas pendientes hasta el desalojo de la vivienda, la jueza a quodecidió que aquella deuda debía corresponderse con las rentas devengadas hasta el 24 de febrero de 2021 -fecha en la que, a su criterio, la demandada había reintegrado la posesión del inmueble a la actora-, y que del importe resultante debía deducirse la suma de 2.400 euros abonados por la propia arrendataria en el momento de la suscripción del contrato por razón de la fianza legal y de la garantía adicional. En consecuencia, fijó en 595,78 euros la deuda a cargo de doña Penélope.

III. La representación de Cibigestión Finanzas, S.L. consiente aquellas decisiones y no las cuestiona, y es únicamente la representación de doña Penélope la que interpone recurso de apelación respecto a dos aspectos puntuales de la sentencia: primero, la decisión de computar la deuda por rentas a partir de la premisa de que la posesión de la vivienda se reintegró a la propiedad el 24 de febrero de 2021, y no el 5 de febrero anterior, tal como se postulaba en la contestación a demanda; y segundo, el pronunciamiento mediante el que se tiene por probado que en el momento de la firma del contrato de arrendamiento la Sra. Penélope abonó únicamente a la propiedad 2.400 euros en concepto de fianza legal y de garantía adicional, cuando, a su juicio, la inquilina desembolsó un total de 3.600 euros, de los que 1.200 euros se correspondían con la fianza legal, y los restantes 2.400 con la garantía adicional.

El recurso de apelación, en consecuencia, únicamente tiene por objeto el reanálisis de aquellos dos pronunciamientos, de modo que los demás ya no pueden ser objeto de reconsideración en esta alzada.

TERCERO.- Sobre la fecha de reintegro de la posesión de la vivienda arrendada a la propiedad

I. En la sentencia frente a la que se apela se consideró acreditado que la vivienda objeto de arrendamiento fue reintegrada a su propietaria en fecha 24 de febrero de 2021, de modo que las rentas pendientes de pago deberían computarse hasta aquella fecha. A partir de ello fijó la condena de Doña Penélope, por aquel concepto, en 2.995.78 euros, de los que 791,85 euros se correspondían con la deuda reconocida en la sentencia dictada en el anterior procedimiento de desahucio, 1.210 euros del mes de enero 2021, y 993,93 euros, equivalente a la parte proporcional de los 24 días del mes de febrero 2021.

La apelante está conforme con las dos primeras cantidades, pero insiste en su recurso, tal como exponía en el escrito de contestación, que reintegró la posesión de la vivienda a la propiedad el 5 de febrero de 2021, por lo que de dicha mensualidad no tendría que abonar cantidad alguna. Defiende que prueba de tal afirmación es el escrito que presentó en el previo juicio de desahucio en la misma fecha de 5 de febrero de 2021, mediante el que comunicaba al órgano judicial que a la Sra. Penélope le había resultado imposible "acordar la entrega de llaves de la finca sita en Alella, DIRECCION000, de la plaza de parking NUM000 y del trastero N2 NUM001, propiedad de Cibigestión Finanzas, S.L.", por lo que hacía constar que en esa fecha "ha abandonado la vivienda referida (...) y de esta forma ponemos a disposición de la parte actora las llaves del inmueble, que esta ha dejado libre, vacua y expedita".

II. No se puede compartir aquella observación. La circunstancia de que la inquilina comunique al juzgado que desocupó la vivienda el mismo 5 de febrero de 2021 no significa que haya de considerarse probado que efectivamente la desalojó en aquella fecha, y menos aún cuando no consta que de forma simultánea la Sra. Penélope hiciera entrega de las llaves a la propiedad, ni siquiera depositándolas en el propio órgano judicial, en alguna oficina notarial o de cualquier otra forma fehaciente, en virtud de la cual pudiera entenderse que la Sra. Penélope reintegraba efectivamente a Cibigestión Finanzas, S.L. la posesión de la vivienda y que esta sociedad pudiera libremente disponer de ella.

La inquilina no actuó en ninguno de aquellos sentidos, y por ello la representación de la propietaria presentó ante el mismo juzgado escrito de fecha 8 de febrero de 2021, a través del cual interesaba que por el órgano judicial se señalara día y hora para que la arrendataria hiciera entrega de las llaves y reintegrara la posesión del inmueble. De este modo, en fecha 24 de febrero de 2021 (documento número 2 de la demanda iniciadora del presente procedimiento) ambas partes se reunieron y la procuradora de doña Penélope, Sra. Terradas, y la de Cibigestión Finanzas, S.L., Sra. Javier González, manifestaron conjuntamente que esta última recibía en ese acto de la primera "los dos juegos de llaves que la Sra. Penélope disponía de la vivienda sita en Alella, DIRECCION000, de un único mando de la plaza de parking número NUM000 y de la única llave del trastero número NUM001, por lo que mediante este acto (...) hace entrega de la posesión de los signos de referidos, que deja libres, bajos y expedito a disposición de la propiedad".

A la luz de este último documento, no parece discutible que realmente la posesión de la vivienda se reintegró el 24 de febrero de 2021, y no el 5 de febrero anterior, como propugna la apelante. En otro caso, no se alcanzaría a comprender que ambas partes convinieran en suscribir el antedicho documento de 24 de febrero de 2021, y la mera alusión a que en esta última fecha la inquilina hacía entrega a la arrendadora de "los dos juegos de llaves de la vivienda" comporta, obviamente, que hasta entonces se encontraban en posesión de la Sra. Penélope.

Por si ello no fuera suficiente, en la propia demanda promovida por doña Penélope para obtener la devolución de la fianza -demanda que dio origen al juicio verbal número 552/2021, que se acumuló al presente-, la actora manifestó literalmente:

"Posteriormente, mi principal entregó la vivienda libre, vacua, expedita y en perfecto estado en fecha 24 de febrero de 2021. Se acompaña como documento número 3 copia del documento suscrito por sendos procuradores intervinientes en aquel procedimiento, conforme se entregan las llaves".

III. No se hace preciso, en vista de la contundencia de aquellas observaciones, aportar argumentos jurídicos adicionales. La actora goza del derecho a percibir la parte proporcional de la renta hasta el 24 de febrero de 2021.

Se desestima el recurso de apelación en este aspecto.

CUARTO.- Sobre la suma entregada por la inquilina, en el momento de la formalización del contrato, en concepto de fianza y de garantía adicional

I. Buena parte de las argumentaciones que se han expuesto en el anterior fundamento jurídico son válidas para decidir el segundo y último punto de discrepancia que la apelante expone en su recurso.

Se recuerda que la representación de Cibigestión Finanzas, S.L. muestra su disconformidad con la jueza de primera instancia cuando declara como hecho probado que en el momento de la suscripción del contrato la inquilina entregó 2.400 euros -1.200 euros en concepto de fianza y otros 1.200 euros como garantía adicional-, y propugna que en realidad no fueron 2.400 euros los percibidos por la propiedad, sino 3.600 euros.

II. Para defender aquella postura invoca el contenido literal del contrato de arrendamiento suscrito por las partes el 7 de junio de 2019, cuya cláusula 8ª es del siguiente tenor:

"8.- Fiança

L'arrendatari entrega en aquest acte la suma de Mil dos-cents euros (1.200 euros) equivalent a UNA mensualitat de renda en concepte de fiança legal, d'acord amb el que estableix l' article 36.1 de la LAU .

(...)

L'arrendatari lliura també en aquest acte la quantiat de Mil dos-cents euros (1.200euros) equivalent a UNA mensualitat de renda en concepte de garantía adicional per al compliment de totes les obligacions derivades del present contracte, lliurement pactat a tenor del art 36.5 de la Llei.

L'arrendatari ha transferit la quantitat de Mil dos-cents euros (1.200euros) en concepte de dispòsit de garantia adicional amb anterioritat a la signatura del contracte al número de compte: NUM002 (...) del que es titular TOT SERVEIS I SOLUCIONS HABITAT SL amb NIF B64491517 i que després de signatura del contracte es transferirà al compte CIBEGESTION FINANZAS SL CIF B64355423: NUM003 (...)".

Ciertamente, la redacción de la cláusula transcrita no es un dechado de nitidez, pero en ningún caso da pie para interpretar que en la fecha de suscripción del contrato de arrendamiento la inquilina abonara a la propiedad 3.600 euros. La Sra. Penélope desembolsó la suma de 1.200 euros en concepto de fianza legal de acuerdo con lo establecido en la artículo 36.1 LAU, y otros 1.200 euros como garantía adicional "para el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del presente contrato, entrega pactada a tenor del artículo 36.5 de la Ley".

Seguidamente se establece que la arrendataria ha transferido "1.200 euros en concepto de depósito de garantía adicional con anterioridad a la firma del contrato en el número de cuenta (...)".La interpretación más razonable de este último inciso induce a considerar que la suma de 1.200 euros en concepto de "garantía adicional" a la que hace referencia coincide con la mencionada en el párrafo anterior, es decir, que la garantía adicional pactada por las partes se fijó en 1.200 euros, cantidad que pese a que en el contrato se manifiesta que "se entregó en este acto", había sido ya transferida a la propietaria antes de la firma.

No solo no se aprecia razón alguna para concluir que la inquilina abonó, aparte de la fianza legal, una garantía adicional equivalente a dos mensualidades de renta, sino que la literalidad de la cláusula a la que se ha hecho referencia permite inferir que, pese a que en el contrato, probablemente por tratarse de un formulario aplicado a una pluralidad de arrendamientos, se refleja que la cuantía en concepto de garantía adicional se entregaba "en este acto", la realidad fue que la inquilina ya había transferido aquella suma con anterioridad a la firma.

III. Aquella interpretación cuenta con un irrefutable refrendo. En la contestación a la demanda que dio origen a las presentes actuaciones la representación de la Sra. Penélope defiende, ciertamente, que la cantidad que entregó en los albores del contrato ascendió a 3.600 euros (1.200 euros en concepto de fianza legal y 2.400 euros más como garantía adicional), pero se omite que la demanda que propició la incoación del juicio verbal que se acumuló al presente, registrada al número 552/2021, se promovió por la propia representación de la inquilina para interesar la condena de la contraparte al reintegro de la suma total de 2.400 euros, de los que, como inequívocamente se aseveraba en la demanda, 1.200 euros se correspondían con la fianza equivalente a una mensualidad de renta, y los 1.200 restantes con la garantía adicional.

Debe racionalmente presumirse que, en la hipótesis de que la garantía adicional hubiese consistido en 2.400 euros, como ahora se preconiza, la actora en aquel procedimiento no se hubiese limitado a reclamar tal importe de 2.400 euros, sino el de 3.600 euros.

En cualquier caso, se reitera que en la demanda a raíz de la cual se incoó el juicio verbal 552/2021 se promovía la condena de Cibigestión Finanzas, S.L. exclusivamente al pago de 2.400 euros. La modificación introducida por la dirección técnica de dicha entidad durante el acto de juicio, obviamente, no puede ser tenida en consideración, al implicar una manifiesta e improcedente alteración del petitumde la demanda inicial.

IV. Con ello debe decaer definitivamente el recurso de apelación interpuesto por la representación de doña Penélope.

QUINTO.- Costas

La desestimación del recurso determina la expresa imposición a la apelante de las costas devengadas en esta alzada ( artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

SEXTO.- Recursos

A los efectos del artículo 208 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se indica que contra la presente sentencia no cabe recurso de casación, ya que al haber recaído en un juicio verbal seguido por razón de la cuantía, no se trata de una sentencia dictada en segunda instancia por la Audiencia Provincial, en los términos exigidos por el primer inciso del artículo 477.2 LEC, sino por un magistrado de ese órgano en funciones de tribunal unipersonal, de conformidad con lo previsto en el artículo 82.2, 1º, segundo párrafo , LOPJ ( cfr. auto del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2017).

VISTOSlos preceptos citados y demás de aplicación,