Sentencia Civil 352/2026 Audiencia Provincial Civil nº 4 de Barcelona, Rec. 559/2024 de 04 de mayo del 2026

PRIMERO.- Antecedentes y objeto del recurso

I.-)La Procuradora Dª. Mercedes Ramos Juhé, en representación de Dª. Estrella y D. Belarmino, presentó demanda de juicio ordinario contra Dª. Petra, D. Severino y D. Moises. Se relataba que los demandantes eran propietarios de una cuota del 66,67% de la plena propiedad de la finca sita en Barcelona, DIRECCION000. Los demandados eran propietarios del 33,33% restante. El título de propiedad de demandante y demandados era la escritura de partición y adjudicación de la herencia de Dª. Milagrosa, firmada en fecha 24 de julio de 2020. Se relataba que los demandados se habían comportado durante décadas como si fuesen los únicos dueños. La finca fue adquirida por Dª. Milagrosa, abuela de los demandantes, en fecha 29 de mayo de 1936. La Sra. Milagrosa estaba casada con D. Ruperto. Ese matrimonio tuvo tres hijos, D. Ángel Jesús, Dª. Gabriela y Dª. Marisa.

Se relata que entre 1966 y 1987 la finca fue administrada por D. Ruperto. Entre 1987 y 2014 la administración se realizó por D. Ángel Jesús, que se apoderaba en exclusiva de las rentas de la finca. En fecha 29 de septiembre de 2008 se remitió una carta a la arrendataria actualizando las rentas conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos, en la que D. Ángel Jesús se presentaba como propietario.

A partir de 2014 quien se encargó de la gestión de la finca fue Dª. Petra, esposa de D. Ángel Jesús, y sus hijos D. Severino y D. Moises.

En el año 2015 se firmó escritura de partición y aceptación de la herencia de D. Ángel Jesús, y esta finca no se incluyó en la misma. Los demandantes se enteraron de la existencia de la finca por pura casualidad. Finalmente, la finca se incluyó en la escritura de aceptación de la herencia de Dª. Milagrosa, de fecha 24 de julio de 2020. Dª. Gabriela renunció a los derechos que le pudieran corresponder, y los cedió en favor de su sobrina Dª. Estrella.

Se indica en la demanda que las rentas percibidas entre enero de 2009 y marzo de 2019 fueron de 25.932,11 euros. La parte demandante debería percibir el 66,67% de esa cantidad, es decir, 17.288,95 euros. Después de múltiples requerimientos hechos a la parte demandada, se abonó una cantidad de 6.114,47 euros, mediante acta de depósito de cheque.

Con todo ello, se solicitaba Sentencia por la que se condenase a la parte demandada a abonar a la actora 11.714,48 euros, más intereses legales desde la constitución de la deuda, y con imposición de costas.

II.-)La Procuradora Dª. Beatriz Grech Navarro, en representación de Dª. Petra, presentó escrito de contestación a la demanda. Se negó que se hubiese ocultado a los demandantes la existencia de la finca. De hecho, durante muchos años quien cobraba los alquileres era Dª. Marisa, madre de los actores. Se destacó que esta parte es usufructuaria de la herencia de D. Ángel Jesús. Los herederos universales del mismo son los otros codemandados D. Severino (51%) y D. Moises (49%). En la aceptación de herencia de D. Ángel Jesús no se incluyeron algunas fincas, debido a que por aquel entonces aún no se había aceptado la herencia de Dª. Milagrosa. Se alegó falta de legitimación pasiva. Los actores estaban planteando su pretensión como una reclamación de deudas de la herencia, y esta parte, como usufructuaria, no era responsable de las mismas. Se alegó prescripción de la acción, ya que los demandantes estaban reclamando el cobro de rentas, y por tanto sería aplicable el plazo de tres años del art. 121-21 del Código Civil de Catalunya (en adelante, CCCat). Esta parte ya hizo pago de los alquileres de los años 2015 a 2019, deducidos los gastos de administración. Respecto de las rentas devengadas en anualidades anteriores, habría transcurrido el plazo de prescripción de 3 años. Los demandantes aceptaron la herencia de su madre el 15 de junio de 2015, ése sería el dies a quoen el cómputo de plazo de prescripción. La madre de los demandantes consintió durante siete años que el cobro de las rentas lo hiciera su hermano Ángel Jesús. En consecuencia, se solicitó la desestimación de la demanda, con imposición de costas a la parte actora.

III.-)La Procuradora Dª. Beatriz Grech Navarro, esta vez en representación de D. Severino y D. Moises, presentó también escrito de contestación a la demanda. Se negó que se hubiese ocultado a los demandantes la existencia de la finca. Se desconocía cuál había sido el régimen de gestión de los alquileres de la finca hasta 1987. Desde 1987 y hasta 2014, el cobro del alquiler lo gestionaron unos primos segundos de los hermanos Ángel Jesús Gabriela Marisa. El perceptor directo de las rentas era Millán. Después, éste entregaba las cantidades a Dª. Marisa, madre de los demandantes. Se negó que D. Ángel Jesús se apropiara de las rentas. Cuando falleció Dª. Milagrosa, ninguno de sus hijos se preocupó por esta finca. En 2008, por un ictus de D. Ángel Jesús, se encomendó la gestión al despacho "Culebras Assessors", y los demandantes lo sabían. La finca no se incluyó en la herencia de D. Ángel Jesús porque por aquel entonces aún no se había aceptado la herencia de Dª. Milagrosa. No hubo engaño alguno. No hubo ocultación. Dª. Marisa no reclamó a su hermano Ángel Jesús desde 2008 hasta su muerte en 2015. A pesar de la injusticia, esta parte aceptó pagar la cuota relativa a las rentas desde enero de 2015 hasta marzo de 2019, deducidos los gastos de administración (6.114,47 euros). Se alegó prescripción de la acción, por aplicación del plazo trienal del art. 121-21 CCCat. El dies a quoen el cumplimiento de ese plazo sería la fecha de aceptación por los actores de la herencia de Dª. Marisa, en el año 2015. Se alegó pluspetición. Las rentas cobradas entre enero de 2009 y diciembre de 2014 fueron 15.009,82 euros. El 66,67% de esa cantidad seria 10.007,04 euros. Los gastos de administración acreditados relativos a esas rentas fueron de 1.106,16 euros, y el 66,67% de esa suma sería 737,47 euros. El saldo es 9.269,57 euros. Las facturas giradas por "Culebras Assessors" a D. Ángel Jesús ascendieron a 1.239,34 euros, y las giradas a Dª. Petra de 1.378,71 euros. La certificación de BBVA que se había aportado con la demanda sólo acreditaba el cobro total como renta de 24.413,83 euros. La pretensión de la parte demandante infringía los artículos 463-1 y 464-16.3 CCCat, ya que la condena tendría que ser proporcional a la cuota de cada heredero, siempre de manera individual y mancomunada. Finalmente, se alegó que la herencia de Dª. Milagrosa se había aceptado a beneficio de inventario. En consecuencia, se solicitó la desestimación de la demanda, con imposición de costas a la parte actora.

IV.-)La sentencia de instancia desestimó la demanda presentada. En cuanto a la demandada Dª. Petra, se acogió la excepción de falta de legitimación pasiva, ya que al ser usufructuaria de los bienes que conformaban la herencia de D. Ángel Jesús, la misma no habría de responder de las deudas de su herencia. En cuanto a la acción ejercitada contra D. Severino y D. Moises, la parte demandada ya había entregado las cantidades correspondientes a las rentas devengadas entre 2015 y 2019. Y, respecto de las rentas anteriores, procedería acoger la excepción de prescripción de la acción, por aplicación del plazo trienal del art. 121-21 CCCat. En conclusión, se desestimó la demanda formulada, con imposición de costas a la parte actora.

V.-)La representación de Dª. Estrella se alza contra aquella resolución. Se relata que la acción ejercitada es de cobro de lo indebido. No es acción de reclamación de rentas, ni reclamación de una deuda de la herencia. El pago efectuado por los demandados ha de entenderse como un mero pago a cuenta. Esta parte nunca aceptó la imputación de pagos que se quiere hacer a las rentas devengadas entre 2015 y 2019. No cabe entender que la deuda correspondiente a ese periodo esté ya saldada. En cuanto a la legitimación pasiva de Dª. Petra, se destaca que las cantidades que se reclaman no corresponden con rentas indebidamente percibidas por el Sr. Ángel Jesús, sino también por sus herederos. La Sra. Petra percibía directamente las rentas y abonó los gastos de administración de "Culebras Assessors". No se sabe con exactitud a quién entregaba las rentas "Culebras Assessors", pero es muy probable que durante un tiempo lo hiciese a la Sra. Petra, pues era a ella a quien el despacho facturaba sus honorarios. En cuanto a la prescripción de la acción, y puesto que no se ejercita una acción de reclamación de rentas, el plazo de prescripción sería el general del art. 121-20 CCCat. Y, si la Sra. Milagrosa falleció el 21 de febrero de 2015, y los demandantes enviaron un primer burofax reclamando estas cantidades el 23 de octubre de 2018, es claro que no hay prescripción. No hay motivo para imputar los pagos realizados a las rentas devengadas entre enero de 2015 y marzo de 2019. Los demandantes no conocieron la existencia de este derecho de crédito a su favor hasta 2018. La incomparecencia al acto del juicio de D. Belarmino no puede suponer que se acojan las pretensiones de la parte demandada mediante la ficta confessio.Se afirma que existió engaño y ocultación de la finca por parte de los demandados. No se ha probado que hubiese pactos entre los hermanos Ángel Jesús Gabriela Marisa para que el esposo y padre de los demandados pudiese hacer suyas las rentas percibidas. En cuanto a la cuantificación de la deuda, ha de acogerse la pretensión de la demanda de 11.174,48 euros (17.288,95 - 6.114,47). No cabe detraer las cantidades abonadas a "Culebras Assessors". El despacho que gestionaba este arrendamiento fue contratado por los demandados, y no por los demandantes. El importe facturado es desmesurado, si se atiende al mínimo servicio prestado. No concuerdan las cantidades señaladas. En la contestación a la demanda. Subsidiariamente, la deuda ascendería a 1.356,60 euros. No son aplicables a este caso los arts. 463-1 y 464-16.3 CCCat. El beneficio de inventario no afecta, pues fue con la herencia de la abuela. Con ello, se solicita Sentencia revocatoria de la resolución recurrida, y que en su lugar se dicte resolución por la cual: "se condene a los demandados al abono de la cantidad de once mil ciento setenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos, (11.174, 48 €), más los intereses legales desde la generación de la deuda hasta su íntegro pago (incrementado en dos puntos desde la fecha de la sentencia), con expresa condena en costas a los demandados. Subsidiariamente, y para el improbable supuesto de que se dé la razón a las tesis de la adversa, en cuanto a la imputación de pagos y prescripción de la deuda anterior a 2015, se solicita se condene a los demandados al pago de la cantidad de mil trescientos cincuenta y seis euros con sesenta céntimos (1.356,60€), en concepto de resto de rentas devengadas desde el mes de enero de 2015 (tras el fallecimiento del causante) y el mes de marzo de 2019 (novación del contrato de arrendamiento), más los intereses desde la generación de la deuda hasta su pago; sin condena en costas a ninguna de las partes."

VI.-)La representación de Dª. Petra muestra oposición al recurso presentado. En síntesis, se alega que la parte recurrente incurre en mutatio libelli,ya que está haciendo alegaciones nuevas respecto de lo que se manifestó en la demanda inicial. Ahora se dice que la deuda reclamada no es una carga o deuda hereditaría, cuando eso es lo que se decía en la demanda inicial. También es ahora cuando se dice por primera vez que la imputación hecha por esta parte al pago de 6.114,47 euros a las rentas devengadas entre 2015 y 2019 no es correcta. Se insiste en la falta de legitimación pasiva de esta parte, tal y como se señala en la sentencia recurrida. Las rentas devengadas entre enero de 2009 y diciembre de 2014 sí constituirían una deuda de la herencia. En cualquier caso, la recurrente no indica cómo habrían de imputarse los pagos realizados. Con todo ello, se solicita la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución dictada.

VII.-)La representación de D. Severino y D. Moises muestra también oposición al recurso. En síntesis, se alega que el recurso está plagado de afirmaciones relativas a hechos no probados. La acción de cobro de lo indebido que ahora se presenta como la acción realmente ejercitada no puede prosperar, ya que en todo caso la legitimación para su ejercicio correspondería a la inquilina. La acción estaría igualmente prescrita, por el art. 121-21 CCCat. Y, en cualquier caso, existiría mutatio libelli,pues en la demanda nunca se dijo que se ejercitaba esta acción. En la demanda, la parte actora señalaba que reclamaba una deuda o carga de la herencia. Esta parte, como deudora que hizo el pago, estableció su criterio respecto de qué mensualidades debían considerarse abonadas. La parte actora no aclara en su recurso qué imputación ha de hacerse de ese pago. La incomparecencia del codemandante D. Belarmino al acto del juicio, impidiendo con ello que no se pudiese practicar el interrogatorio, no constituyó el argumento de desestimación de la demanda. Nunca hubo mala fe por esta parte en la petición de la prueba de interrogatorio. La supuesta ocultación de la finca y el engaño a los demandantes son también afirmaciones no probadas. Se insiste en que el régimen de responsabilidad aplicable a esta parte habría de ser en todo caso mancomunado o por cuotas, en función de su participación en la herencia. Y se insiste en la aceptación de la herencia a beneficio de inventario. Con ello, se solicita la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución dictada.

SEGUNDO.- Acción ejercitada. Posible existencia de mutatio libelli.

Procede ante todo hacer un análisis sobre cuál es la acción ejercitada en este procedimiento, ya que ello determinará si procede acoger o no las excepciones de falta de legitimación pasiva de una codemandada y de prescripción de la acción, y que constituyeron los fundamentos que llevaron a la juez de instancia a desestimar la demanda ahora apelada.

La parte apelante, Dª. Estrella sostiene en su recurso que los argumentos contenidos en la sentencia para acoger aquellas excepciones planteadas por las partes demandadas son erróneos, en la medida en que la juzgadora habría confundido la verdadera acción ejercitada. Y, planteado ello en el escrito de interposición del recurso de apelación, las apeladas aducen que la sentencia de instancia no contiene error alguno al identificar las acciones ejercitadas, sino que es la recurrente la que, para intentar obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses, pretende alterar sobrevenidamente los términos de su pretensión, pretendiendo modificar la acción ejercitada, e incurriendo con ello en mutatio libelli.

El principio de prohibición de la mutatio libellise consagra en el art. 412.1 LEC, que proclama que "establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda, en la contestación y, en su caso, en la reconvención, las partes no podrán alterarlo posteriormente".En relación a dicho principio, la Jurisprudencia se ha pronunciado en múltiples ocasiones, pudiendo citarse al respecto la STS nº 1463/2023, de 20 de octubre de 2023: "1. El ordenado desarrollo del proceso impide la alteración de los términos en los que quedó planteado de acuerdo con los principios "lite pendente nihil innovetur" (pendiente el litigio nada puede alterarse) y "non mutatio libelli" (inmutabilidad de la demanda) que imponen el respeto a los términos en los que quedó fijado el debate en los escritos de demanda y contestación, a fin de evitar la indefensión que podría provocar un cambio en los términos del litigio (en este sentido, Sentencia 519/2010, de 29 de julio , reproducida en la 446/2012, de 12 de julio )".

A criterio de esta Sección, no cabe apreciar que en este caso se haya producido una mutatio libelli.Si se observa la demanda, es cierto que la misma adolece de falta de claridad a la hora de identificar la acción que se ejercita. Es verdad que, de acuerdo con algunos pasajes que las apeladas transcriben en sus escritos de oposición podría deducirse que se ejercita una acción de reclamación de deudas de la herencia, pero lo cierto es que no existe una afirmación concluyente en tal sentido. Pero, sobre todo, y con independencia de cuál sea la acción que se identifique como ejercitada por la actora, lo cierto es que en el escrito de demanda se establece de forma clara qué es lo que pide (petitum),cuáles son los hechos en los que se fundamenta la pretensión, y cuál es la causa de pedir (causa petendi),sin que se pueda apreciar respecto de estos aspectos que se haya producido una mutación o alteración sobrevenida de las circunstancias, ni que las partes demandadas/apeladas se hayan podido ver sumidas en indefensión ante la variación de la actora respecto de la pretensión ejercitada y los argumentos en que se fundamentaba. Teniendo en cuenta principios tradicionales de nuestro Derecho como da mihi factum, dabo tibi ius,o el más habitualmente invocado de iura novit curia,no cabe entender que las alegaciones que en esta apelación se formulan por la parte recurrente, cuestionando que la acción ejercitada sea la que se indica en la sentencia apelada, constituyan un supuesto de mutatio libellique deba conllevar la desestimación del recurso.

La parte demandante reclama una cantidad (que en demanda se cuantificaba en 11.174,48 euros), correspondiente al 66,67% de las rentas devengadas por una determinada finca (sita en Barcelona, DIRECCION000) durante el periodo comprendido entre enero de 2009 y marzo de 2019. En aquella época esa finca era titularidad, según el Registro de la Propiedad, de Dª. Milagrosa, si bien la misma había fallecido en fecha 11 de diciembre de 1998. Por tanto, más allá de su titularidad formal, el inmueble pertenecía durante el periodo temporal al que se refieren los hechos litigiosos a la comunidad hereditaria de Dª. Milagrosa. No fue hasta el año 2020 que se otorgó escritura de partición y aceptación de la herencia.

Según la demanda, desde el año 2009 las rentas que se fueron percibiendo del inmueble situado en DIRECCION000 de Barcelona se habrían cobrado por D. Ángel Jesús, uno de los hijos de Dª. Milagrosa. Y, en lugar de repartirlas entre sus hermanos, que es lo que habría correspondido como miembros de la comunidad hereditaria, se habría apropiado de ellas en su totalidad. Es por ello que, en principio, la acción ejercitada podría identificarse como la reclamación entre coherederos o comuneros de las cuotas relativas a los frutos o rentas derivados de los bienes del caudal hereditaria, o bienes comunes proindiviso. Aunque no se cita de manera expresa que ésa sea la acción ejercitada, sí se indica de manera clara que ésa es la conducta que se reprocha a D. Ángel Jesús, causante de los demandados (haberse apropiado de la totalidad de las rentas y no haberlas repartido con sus hermanos). Y, sobre todo, en la demanda se invoca de manera expresa el artículo 1063 del Código Civil estatal (en adelante , CC), que dice "los coherederos deben abonarse recíprocamente en la partición las rentas y frutos que cada uno haya percibido de los bienes hereditarios, las impensas útiles y necesarias hechas en los mismos, y los daños ocasionados por malicia o negligencia".

Es decir, el hecho de que la apelante diga ahora que lo que se reclama no es el cobro de una deuda de la herencia, sino la cuota de rentas que correspondería a los coherederos de Dª. Milagrosa, y que su hijo D. Ángel Jesús se apropió indebidamente, no es, ni mucho menos, una alegación nueva y sorpresiva que se plantee por primera vez en esta segunda instancia.

Es cierto que D. Ángel Jesús falleció en el año 2014. A partir de ese momento, y respecto de las rentas que se habían devengado desde 2009, la obligación de repartir las rentas habría pasado a sus herederos. Es decir, sí cabría decir que se trataría de una deuda de la herencia, aunque no de la herencia de Dª. Milagrosa, que continuaba yacente, sino de la de D. Ángel Jesús. Y es en este punto en donde tiene sentido la cita contenida en la demanda del art. 411-1 CCCat, según el cual el heredero sucede en todo el derecho de su causante. En ese sentido, la responsabilidad de D. Severino y D. Moises derivaría del hecho de ser herederos de D. Ángel Jesús.

En cuanto a las rentas devengadas a partir de 2015, una vez que se aceptó la herencia de D. Ángel Jesús, sería posible imputar directamente a los demandados el hecho de haberse apropiado de esas rentas y no haberlas repartido entre el resto de titulares de la comunidad hereditaria de Dª. Milagrosa. Por tanto, la responsabilidad de los tres demandados, Dª. Petra, D. Severino y D. Moises sería puramente personal, y no por ser titulares de ningún derecho hereditario.

Es cierto, en realidad, que no es adecuado hablar de una acción de cobro de lo indebido, pues ejercicio de esa acción correspondería a la persona que hubiese hecho un pago indebido y sin causa (los cuales no serían nunca los actores, ni sus causantes, sino en todo caso la inquilina del inmueble, como apuntan los apelados). Y, en puridad, la conducta indebida atribuible a los demandados no habría sido la de percibir directamente las rentas, sino la de haberse apropiado de ellas, o no haberlas repartido.

Pero, en todo caso, los hechos aparecen debidamente explicados en la demanda, y no se alteran al interponer el escrito de interposición del recurso de apelación. Las partes demandadas expusieron su oposición tanto desde un punto de vista fáctico como jurídico, y no se observa que ahora se les pretenda imputar hechos o pretensiones respecto de las cuales no hayan tenido oportunidad de defenderse.

Con todo ello, y teniendo en cuenta que en la demanda inicial no se llegó a identificar concretamente la acción ejercitada, y que ello nunca fue objeto de especial controversia durante el procedimiento, y habiéndose mantenido inalterados los planteamientos del petitumy la causa petendi,no cabe ahora hablar propiamente de una mutatio libellique irremisiblemente deba llevar a la desestimación del recurso.

TERCERO.- Alegación de prescripción de la acción.

Lo que parece claro, en cualquier caso, es que no existe prescripción de la acción. Es verdad que las cantidades que supuestamente D. Ángel Jesús se habría apropiado desde 2009, y después los demandados desde 2014, provenían de las rentas cobradas por el alquiler de una determinada finca. Pero se trataba, en definitiva, de rentas ya pagadas por la persona arrendataria. La obligación imputada a los demandados como incumplida sería la de reparto de frutos entre coherederos, o pago de las deudas debidas por D. Ángel Jesús. Por tanto, no se trata de una obligación sujeta al plazo de prescripción de tres años del art. 121-21 CCCat.

Sería aplicable, por tanto, el plazo de prescripción de 10 años del art. 121-20 CCCat.

Las propias partes apeladas señalan como dies a quo el día en que Dª. Estrella y D. Belarmino aceptaron la herencia de su madre, Dª. Marisa, y ello sucedió ya en el año 2015. Por tanto, partiendo de un plazo prescriptivo de 10 años, en ningún caso cabría apreciar prescripción de la acción.

Pero es que, en cualquier caso, incluso si se entendiese como dies a quola fecha en que se incumplió respecto de cada pago de renta la obligación de proceder al reparto entre los copropietarios, la acción tampoco estaría prescrita. Como se ha dicho, en este procedimiento se reclaman las cantidades que como copropietarios corresponderían a los demandantes, por las rentas devengadas entre enero de 2009 y marzo de 2019. La renta de enero de 2009 fue pagada por la arrendataria Dª. Angustia en fecha 16 de enero de 2009 (doc. nº 5 de los acompañados a la demanda, consistente en certificado de la entidad BBVA). Los pagos no se hacían directamente a D. Ángel Jesús, sino al despacho "Culebras Assessors", encargado de la gestión. Aunque no se ha aportado prueba precisa, se puede presumir que el importe de las rentas se transferiría por parte de "Culebras Assessors" a D. Ángel Jesús, como mínimo, a final de ese mes o principio del mes siguiente, y sólo entonces sería exigible la supuesta obligación de D. Ángel Jesús de repartir esa renta entre el resto de titulares de la comunidad hereditaria de Dª. Milagrosa.

Consta en las actuaciones un burofax de reclamación extrajudicial dirigido por la parte demandante contra "Culebras Assessors", gestora del arrendamiento, entregado el 30 de enero de 2019 (doc. nº 8 de los acompañados a la demanda).

Por tanto, aun en la hipótesis más favorable a la parte demandada, consistente en entender que el dies a quoen el cómputo del plazo prescriptivo se iniciaría desde el cobro de cada mensualidad de renta por los demandados (o su causante D. Ángel Jesús), no cabría apreciar en este caso prescripción de la acción respecto de ninguna de las cantidades que se reclaman en este pleito. En este sentido, esta Sección no puede compartir los argumentos contenidos en la sentencia recurrida.

CUARTO.- Legitimación pasiva de Dª. Petra

En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva de la codemandada Dª. Petra, y como ya se ha apuntado hasta ahora, esta Sección sólo puede compartir parcialmente los argumentos de la juez de instancia.

No se cuestiona que, respecto de las rentas devengadas en el periodo 2009-2014, las mismas fueron finalmente percibidas por D. Ángel Jesús. Era a él a quien la entidad "Culebras Assessors" hacía entrega de las rentas abonadas por la arrendataria Sra. Angustia. La obligación que pueda existir a día de hoy por los demandados de abonar a los demandantes la cuota del 66,67% de aquellas cantidades sólo podría derivar del hecho de ser herederos de D. Ángel Jesús. Y esa condición, desde luego, sólo corresponde a D. Severino y D. Moises. La codemandada Dª. Petra es viuda de D. Ángel Jesús y usufructuaria de los bienes que forman parte de su herencia, pero ello no la convierte en responsable personal de las deudas de su esposo fallecido. En ese sentido, la invocación que se hace en la resolución recurrida a la Sentencia del Tribunal Supremo nº 712/2024, de 16 de diciembre de 2024, es oportuna y procedente. La codemandada Dª. Petra carece de legitimación pasiva respecto de las deudas de su esposo D. Ángel Jesús, que pudiesen estar pendientes de pago a la fecha de su fallecimiento. La condición de usufructuaria vitalicia de los bienes de la herencia no la convertiría en deudora.

Pero, respecto de las rentas devengadas a partir de 2015, una vez fallecido D. Ángel Jesús, la responsabilidad de Dª. Petra sí sería personal y directa, en la medida en que ella habría sido destinataria real de las rentas abonadas por la arrendataria y percibidas por "Culebra Assessors". Es decir, como posible beneficiaria de aquellas cantidades, su legitimación sería clara, con independencia de la resolución de fondo que llegase a dictarse finalmente, en función de la prueba practicada.

En definitiva, la excepción de falta de legitimación pasiva de Dª. Petra debería acogerse, pero únicamente respecto de las rentas devengadas entre 2009 y 2014, pero no respecto de las rentas devengadas entre 2015 y 2019.

QUINTO.- Existencia de la deuda, cuantificación y atribución de responsabilidades

Partiendo de estas premisas, cabe afirmar el derecho de la parte recurrente de percibir la cuota correspondiente en las rentas percibidas por la finca común, y la obligación consiguiente de los demandados de abonarlas. Puede considerarse probado que, a partir de enero de 2009, D. Ángel Jesús hizo suyo el importe de dichas rentas, sin repartirlas entre los hermanos que en ese momento eran titulares de un derecho sobre las mismas, como integrantes de la comunidad hereditaria de Dª. Milagrosa.

Es indiferente si hubo ocultación o engaño a la madre de los demandantes sobre la existencia de la finca, e incluso tampoco es relevante si, antes del encargo a "Culebras Assessors, SL", era Dª. Marisa la encargada de gestionar el cobro de las rentas. El derecho de cada hermano Ángel Jesús Gabriela Marisa a percibir su correspondiente cuota en las rentas percibidas se antoja indudable.

También es cierto que no consta que las hermanas de D. Ángel Jesús (Dª. Gabriela y Dª. Marisa) hiciesen reclamación alguna de sus cuotas, durante siete años, pero eso no puede interpretarse como una renuncia a su derecho, ni como una aquiescencia a que el padre y esposo de los demandados pudiese hacer suyas esas cantidades, ni como un acuerdo o pacto tácito cuyos términos tampoco han llegado a precisarse. Lo que es claro es que existía el derecho a reclamar las cuotas de cada hermano, que ese derecho no ha prescrito, y que no se ha probado ningún hecho impeditivo o extintivo que deba hacer que esa pretensión haya ahora de desestimarse.

En cuanto a la cuantificación de esa deuda, procede partir del importe de 25.932,11 euros, como cantidad global de las rentas del inmueble, percibidas durante el periodo controvertido. Ha de acogerse la pretensión de la parte actora de tomar al respecto todas las cantidades que aparecen reflejadas en el doc. nº 5 de los acompañados a la demanda, sin excluir las que figuran en la última página del mismo. Esas cantidades que la demandada cuestiona se referirían a las rentas correspondientes al periodo de agosto de 2018 a febrero de 2019, ambas inclusive, y ha quedado probado que se trata de rentas que se devengaron, que la arrendataria pagó, y que igualmente fueron percibidas por los demandados, a través de "Culebra Assessors". El hecho de que esas mensualidades no se incluyesen en el certificado inicial de BBVA (que sólo abarcaría las rentas que aparecen en las primeras 4 páginas del doc. nº 5) no significa que esas rentas resultasen impagadas por la inquilina, o no cobradas.

Si se examina el doc. nº 5 de la demanda se concluye, salvo error u omisión, que dentro del periodo controvertido las rentas percibidas desde enero de 2009 hasta diciembre de 2014 fueron 15.009,82 euros, y desde enero de 2015 hasta el primer trimestre de 2019 de 10.922,29 euros.

Eso sí, cabe acoger la pretensión de la parte demandada de deducir el importe correspondiente a los honorarios del despacho que llevó a cabo la gestión del arrendamiento, "Culebras Assessors, S.L.". Es claro que esa entidad realizó esa función de gestión, encargándose del cobro de las rentas, para después remitirlas a D. Ángel Jesús (después, a su viuda e hijos), librando las correspondientes facturas por los honorarios devengados. El hecho de que se tratase de un despacho contratado unilateralmente por D. Ángel Jesús no excluiría la posibilidad de deducir este coste como gastos de gestión, ya que en ese sentido sí sería relevante la pasividad de las hermanas Dª. Gabriela y Dª. Marisa en asumir esa función de cobro de las rentas.

En cuanto al importe de los honorarios de "Culebras Assessors, S.L." hay que estar a lo que se refleja de las facturas aportadas, a falta de otra prueba, sin que las alegaciones genéricas de la parte actora sobre lo elevado de esos honorarios puedan bastar para aplicar un importe distinto, o dejar de aplicar una suma que corresponde a una deuda cuyo devengo resulta claro.

Conforme a las alegaciones hechas por la representación de D. Severino y D. Moises en su contestación, así como a los docs. nº 2 a 5 de los acompañados a su contestación, el conjunto de facturas de "Culebras Assessors, S.L." que se han aportado, correspondientes al periodo controvertido de enero de 2009 a primer trimestre de 2019 sería de 2.618,05 euros, de los que 1.106,16 euros corresponderían al primer periodo 2009-2014, y 1.511,89 euros al segundo periodo de enero de 2015 al primer trimestre de 2019.

Por tanto, el importe neto que se obtuvo por las rentas del inmueble sería de 23.314,06 euros (25.932,11 - 2.618,05), de los que 13.903,66 euros corresponderían al periodo 2009-2014 (15.009,82 - 1.106,16), y 9.410,40 euros al periodo 2015-primer trimestre 2019 (10.922,29 - 1.511,89).

Y a los demandantes les habría correspondido percibir las dos terceras partes de esa cantidad, es decir, 15.542,71 euros, de los que 9.269,11 corresponderían al periodo 2009-2014, y 6.273,60 euros corresponderían al periodo 2015-primer trimestre de 2019.

Los demandados ya abonaron la suma de 6.114,47 euros. Nada impide que ese pago se impute a la deuda derivada del periodo 2015-2019, tal y como pretenden los ahora apelados, ya que a falta de pacto expreso la parte que efectúa el pago puede establecer a qué deuda de la misma especie se atribuye el abono realizado, conforme al art. 1172 CC, debiendo la parte acreedora asumir dicha imputación ( art. 1172 CC) . Por tanto, estarían pendiente de pago un total de 9.428,24 euros, de los que 9.269,11 euros corresponderían al periodo 2009-2014 y 159,13 euros corresponderían al periodo 2015-primer trimestre 2019 (6.273,60 - 6.114,47).

Y, a efectos de resolver este recurso, ha de tenerse en cuenta que sólo ha presentado apelación Dª. Estrella, sin que conste el motivo por el que el otro codemandante inicial, D. Belarmino, no ha recurrido la sentencia, más allá de su propia voluntad. En el escrito de recurso no se hace alusión a esta circunstancia, ni se menciona que la apelante esté actuando en beneficio de una supuesta comunidad que haya conformado con el otro actor. Por tanto, sólo cabrá reconocer a la apelante el derecho a percibir las sumas indicadas en la medida en que es titular de la mitad de los derechos en la herencia de su madre Dª. Marisa, y de la totalidad de los derechos de su tía Dª. Gabriela, que había renunciado a sus derechos en su favor.

Por tanto, en las cuantías ya indicadas la apelante tiene un derecho a percibir una suma equivalente a las tres cuartas partes, esto es, 7.071,18 euros, desglosado en 6.951,83 euros por el periodo 2009-2014, y 119,35 euros por el periodo 2015-2019.

Ésas son las cantidades respecto de las cuales deberá estimarse el recurso de apelación. Y, respecto de la cantidad adeudada por el periodo 2009-2014, los responsables a su pago serán D. Severino y D. Moises, por su condición de herederos de D. Ángel Jesús, que es quien hizo suyas las rentas derivadas del inmueble común, y dejó de distribuirlas entre sus hermanos. Tal y como se alega en la contestación a la demanda, la responsabilidad de cada coheredero respecto de las deudas del causante no será solidaria, sino mancomunada e individualizada, en función de la cuota que a cada uno correspondía, conforme prescribe el invocado art. 463-1 CCCat: "Si concurren a la sucesión, simultáneamente, una pluralidad de herederos, estos adquieren el patrimonio hereditario en proporción a las cuotas respectivas. Sin embargo, las obligaciones y las cargas hereditarias se dividen entre los coherederos en proporción a las cuotas respectivas, sin solidaridad entre ellos".

En decir, respecto de esa deuda derivada del periodo 2009-2014, D. Severino responderá de un 51% (3.545,43 euros) y D. Moises de un 49% (3.406,40 euros), y todo ello conforme a lo que se desprende del doc. nº 1 de los acompañados a la demanda.

Respecto de la deuda que se deriva de las rentas devengadas por el periodo 2015 a 2019, no hay una prueba precisa sobre cuál de los tres demandados ha hecho suyo el importe devengado, siendo claro que la responsabilidad en lo relativo a estas cantidades es directa. Es por ello que sí cabrá apreciar la responsabilidad solidaria entre ellos.

Y siendo en todo caso irrelevante que los demandados aceptasen la herencia de Dª. Milagrosa a beneficio de inventario, ya que como se apunta por la parte apelante su responsabilidad en este pleito no derivaría de su condición de titulares de esa herencia.

Es decir, y a modo de resumen:

TOTAL 2009-2014 2015-Prim trim 2019

Rentas brutas 25.932,11€ 15.009,82€ 10.922,29€

Gastos -2.618,05€ -1.106,16€ -1.511,89€

Rentas netas 23.314,06€ 13.903,66€ 9.410,40€

Cuota actores (2/3) 15.542,71€ 9.269,11€ 6.273,60€

Pago extrajudicial -6.114,47€

Saldo actores 9.428,24€ 9.269.11€ 159,13€

Saldo apelante (3/4) 7.071,18€ 6.951,83€ 119,35€

Resp D. Ángel Jesús (51%) 3.545,43€

Resp D. Moises (49%) 3.406,40€

Resp solidaria ddos 119,35€

SEXTO.- Intereses

Conforme a los arts. 1100 y 1108 CC, a la cantidad objeto de condena se le aplicará el interés legal del dinero, desde la reclamación extrajudicial hasta la fecha de esta sentencia.

Desde la fecha de esta resolución, y hasta el completo pago, se aplicará el interés legal incrementado en dos puntos, conforme al art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( en adelante, LEC) .

SÉPTIMO.- Costas procesales

La estimación parcial del recurso ha de suponer que la demanda inicial resulte también parcialmente estimada, por lo que cada parte deberá abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad ( art. 394 LEC) .

Conforme al art. 398.2 LEC, en la redacción aplicable a este procedimiento, la estimación parcial del recurso de apelación conllevará que no se adopte pronunciamiento expreso sobre costas de la segunda instancia.

Vistos los preceptos citados y los demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.- Antecedentes y objeto del recurso

I.-)La Procuradora Dª. Mercedes Ramos Juhé, en representación de Dª. Estrella y D. Belarmino, presentó demanda de juicio ordinario contra Dª. Petra, D. Severino y D. Moises. Se relataba que los demandantes eran propietarios de una cuota del 66,67% de la plena propiedad de la finca sita en Barcelona, DIRECCION000. Los demandados eran propietarios del 33,33% restante. El título de propiedad de demandante y demandados era la escritura de partición y adjudicación de la herencia de Dª. Milagrosa, firmada en fecha 24 de julio de 2020. Se relataba que los demandados se habían comportado durante décadas como si fuesen los únicos dueños. La finca fue adquirida por Dª. Milagrosa, abuela de los demandantes, en fecha 29 de mayo de 1936. La Sra. Milagrosa estaba casada con D. Ruperto. Ese matrimonio tuvo tres hijos, D. Ángel Jesús, Dª. Gabriela y Dª. Marisa.

Se relata que entre 1966 y 1987 la finca fue administrada por D. Ruperto. Entre 1987 y 2014 la administración se realizó por D. Ángel Jesús, que se apoderaba en exclusiva de las rentas de la finca. En fecha 29 de septiembre de 2008 se remitió una carta a la arrendataria actualizando las rentas conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos, en la que D. Ángel Jesús se presentaba como propietario.

A partir de 2014 quien se encargó de la gestión de la finca fue Dª. Petra, esposa de D. Ángel Jesús, y sus hijos D. Severino y D. Moises.

En el año 2015 se firmó escritura de partición y aceptación de la herencia de D. Ángel Jesús, y esta finca no se incluyó en la misma. Los demandantes se enteraron de la existencia de la finca por pura casualidad. Finalmente, la finca se incluyó en la escritura de aceptación de la herencia de Dª. Milagrosa, de fecha 24 de julio de 2020. Dª. Gabriela renunció a los derechos que le pudieran corresponder, y los cedió en favor de su sobrina Dª. Estrella.

Se indica en la demanda que las rentas percibidas entre enero de 2009 y marzo de 2019 fueron de 25.932,11 euros. La parte demandante debería percibir el 66,67% de esa cantidad, es decir, 17.288,95 euros. Después de múltiples requerimientos hechos a la parte demandada, se abonó una cantidad de 6.114,47 euros, mediante acta de depósito de cheque.

Con todo ello, se solicitaba Sentencia por la que se condenase a la parte demandada a abonar a la actora 11.714,48 euros, más intereses legales desde la constitución de la deuda, y con imposición de costas.

II.-)La Procuradora Dª. Beatriz Grech Navarro, en representación de Dª. Petra, presentó escrito de contestación a la demanda. Se negó que se hubiese ocultado a los demandantes la existencia de la finca. De hecho, durante muchos años quien cobraba los alquileres era Dª. Marisa, madre de los actores. Se destacó que esta parte es usufructuaria de la herencia de D. Ángel Jesús. Los herederos universales del mismo son los otros codemandados D. Severino (51%) y D. Moises (49%). En la aceptación de herencia de D. Ángel Jesús no se incluyeron algunas fincas, debido a que por aquel entonces aún no se había aceptado la herencia de Dª. Milagrosa. Se alegó falta de legitimación pasiva. Los actores estaban planteando su pretensión como una reclamación de deudas de la herencia, y esta parte, como usufructuaria, no era responsable de las mismas. Se alegó prescripción de la acción, ya que los demandantes estaban reclamando el cobro de rentas, y por tanto sería aplicable el plazo de tres años del art. 121-21 del Código Civil de Catalunya (en adelante, CCCat). Esta parte ya hizo pago de los alquileres de los años 2015 a 2019, deducidos los gastos de administración. Respecto de las rentas devengadas en anualidades anteriores, habría transcurrido el plazo de prescripción de 3 años. Los demandantes aceptaron la herencia de su madre el 15 de junio de 2015, ése sería el dies a quoen el cómputo de plazo de prescripción. La madre de los demandantes consintió durante siete años que el cobro de las rentas lo hiciera su hermano Ángel Jesús. En consecuencia, se solicitó la desestimación de la demanda, con imposición de costas a la parte actora.

III.-)La Procuradora Dª. Beatriz Grech Navarro, esta vez en representación de D. Severino y D. Moises, presentó también escrito de contestación a la demanda. Se negó que se hubiese ocultado a los demandantes la existencia de la finca. Se desconocía cuál había sido el régimen de gestión de los alquileres de la finca hasta 1987. Desde 1987 y hasta 2014, el cobro del alquiler lo gestionaron unos primos segundos de los hermanos Ángel Jesús Gabriela Marisa. El perceptor directo de las rentas era Millán. Después, éste entregaba las cantidades a Dª. Marisa, madre de los demandantes. Se negó que D. Ángel Jesús se apropiara de las rentas. Cuando falleció Dª. Milagrosa, ninguno de sus hijos se preocupó por esta finca. En 2008, por un ictus de D. Ángel Jesús, se encomendó la gestión al despacho "Culebras Assessors", y los demandantes lo sabían. La finca no se incluyó en la herencia de D. Ángel Jesús porque por aquel entonces aún no se había aceptado la herencia de Dª. Milagrosa. No hubo engaño alguno. No hubo ocultación. Dª. Marisa no reclamó a su hermano Ángel Jesús desde 2008 hasta su muerte en 2015. A pesar de la injusticia, esta parte aceptó pagar la cuota relativa a las rentas desde enero de 2015 hasta marzo de 2019, deducidos los gastos de administración (6.114,47 euros). Se alegó prescripción de la acción, por aplicación del plazo trienal del art. 121-21 CCCat. El dies a quoen el cumplimiento de ese plazo sería la fecha de aceptación por los actores de la herencia de Dª. Marisa, en el año 2015. Se alegó pluspetición. Las rentas cobradas entre enero de 2009 y diciembre de 2014 fueron 15.009,82 euros. El 66,67% de esa cantidad seria 10.007,04 euros. Los gastos de administración acreditados relativos a esas rentas fueron de 1.106,16 euros, y el 66,67% de esa suma sería 737,47 euros. El saldo es 9.269,57 euros. Las facturas giradas por "Culebras Assessors" a D. Ángel Jesús ascendieron a 1.239,34 euros, y las giradas a Dª. Petra de 1.378,71 euros. La certificación de BBVA que se había aportado con la demanda sólo acreditaba el cobro total como renta de 24.413,83 euros. La pretensión de la parte demandante infringía los artículos 463-1 y 464-16.3 CCCat, ya que la condena tendría que ser proporcional a la cuota de cada heredero, siempre de manera individual y mancomunada. Finalmente, se alegó que la herencia de Dª. Milagrosa se había aceptado a beneficio de inventario. En consecuencia, se solicitó la desestimación de la demanda, con imposición de costas a la parte actora.

IV.-)La sentencia de instancia desestimó la demanda presentada. En cuanto a la demandada Dª. Petra, se acogió la excepción de falta de legitimación pasiva, ya que al ser usufructuaria de los bienes que conformaban la herencia de D. Ángel Jesús, la misma no habría de responder de las deudas de su herencia. En cuanto a la acción ejercitada contra D. Severino y D. Moises, la parte demandada ya había entregado las cantidades correspondientes a las rentas devengadas entre 2015 y 2019. Y, respecto de las rentas anteriores, procedería acoger la excepción de prescripción de la acción, por aplicación del plazo trienal del art. 121-21 CCCat. En conclusión, se desestimó la demanda formulada, con imposición de costas a la parte actora.

V.-)La representación de Dª. Estrella se alza contra aquella resolución. Se relata que la acción ejercitada es de cobro de lo indebido. No es acción de reclamación de rentas, ni reclamación de una deuda de la herencia. El pago efectuado por los demandados ha de entenderse como un mero pago a cuenta. Esta parte nunca aceptó la imputación de pagos que se quiere hacer a las rentas devengadas entre 2015 y 2019. No cabe entender que la deuda correspondiente a ese periodo esté ya saldada. En cuanto a la legitimación pasiva de Dª. Petra, se destaca que las cantidades que se reclaman no corresponden con rentas indebidamente percibidas por el Sr. Ángel Jesús, sino también por sus herederos. La Sra. Petra percibía directamente las rentas y abonó los gastos de administración de "Culebras Assessors". No se sabe con exactitud a quién entregaba las rentas "Culebras Assessors", pero es muy probable que durante un tiempo lo hiciese a la Sra. Petra, pues era a ella a quien el despacho facturaba sus honorarios. En cuanto a la prescripción de la acción, y puesto que no se ejercita una acción de reclamación de rentas, el plazo de prescripción sería el general del art. 121-20 CCCat. Y, si la Sra. Milagrosa falleció el 21 de febrero de 2015, y los demandantes enviaron un primer burofax reclamando estas cantidades el 23 de octubre de 2018, es claro que no hay prescripción. No hay motivo para imputar los pagos realizados a las rentas devengadas entre enero de 2015 y marzo de 2019. Los demandantes no conocieron la existencia de este derecho de crédito a su favor hasta 2018. La incomparecencia al acto del juicio de D. Belarmino no puede suponer que se acojan las pretensiones de la parte demandada mediante la ficta confessio.Se afirma que existió engaño y ocultación de la finca por parte de los demandados. No se ha probado que hubiese pactos entre los hermanos Ángel Jesús Gabriela Marisa para que el esposo y padre de los demandados pudiese hacer suyas las rentas percibidas. En cuanto a la cuantificación de la deuda, ha de acogerse la pretensión de la demanda de 11.174,48 euros (17.288,95 - 6.114,47). No cabe detraer las cantidades abonadas a "Culebras Assessors". El despacho que gestionaba este arrendamiento fue contratado por los demandados, y no por los demandantes. El importe facturado es desmesurado, si se atiende al mínimo servicio prestado. No concuerdan las cantidades señaladas. En la contestación a la demanda. Subsidiariamente, la deuda ascendería a 1.356,60 euros. No son aplicables a este caso los arts. 463-1 y 464-16.3 CCCat. El beneficio de inventario no afecta, pues fue con la herencia de la abuela. Con ello, se solicita Sentencia revocatoria de la resolución recurrida, y que en su lugar se dicte resolución por la cual: "se condene a los demandados al abono de la cantidad de once mil ciento setenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos, (11.174, 48 €), más los intereses legales desde la generación de la deuda hasta su íntegro pago (incrementado en dos puntos desde la fecha de la sentencia), con expresa condena en costas a los demandados. Subsidiariamente, y para el improbable supuesto de que se dé la razón a las tesis de la adversa, en cuanto a la imputación de pagos y prescripción de la deuda anterior a 2015, se solicita se condene a los demandados al pago de la cantidad de mil trescientos cincuenta y seis euros con sesenta céntimos (1.356,60€), en concepto de resto de rentas devengadas desde el mes de enero de 2015 (tras el fallecimiento del causante) y el mes de marzo de 2019 (novación del contrato de arrendamiento), más los intereses desde la generación de la deuda hasta su pago; sin condena en costas a ninguna de las partes."

VI.-)La representación de Dª. Petra muestra oposición al recurso presentado. En síntesis, se alega que la parte recurrente incurre en mutatio libelli,ya que está haciendo alegaciones nuevas respecto de lo que se manifestó en la demanda inicial. Ahora se dice que la deuda reclamada no es una carga o deuda hereditaría, cuando eso es lo que se decía en la demanda inicial. También es ahora cuando se dice por primera vez que la imputación hecha por esta parte al pago de 6.114,47 euros a las rentas devengadas entre 2015 y 2019 no es correcta. Se insiste en la falta de legitimación pasiva de esta parte, tal y como se señala en la sentencia recurrida. Las rentas devengadas entre enero de 2009 y diciembre de 2014 sí constituirían una deuda de la herencia. En cualquier caso, la recurrente no indica cómo habrían de imputarse los pagos realizados. Con todo ello, se solicita la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución dictada.

VII.-)La representación de D. Severino y D. Moises muestra también oposición al recurso. En síntesis, se alega que el recurso está plagado de afirmaciones relativas a hechos no probados. La acción de cobro de lo indebido que ahora se presenta como la acción realmente ejercitada no puede prosperar, ya que en todo caso la legitimación para su ejercicio correspondería a la inquilina. La acción estaría igualmente prescrita, por el art. 121-21 CCCat. Y, en cualquier caso, existiría mutatio libelli,pues en la demanda nunca se dijo que se ejercitaba esta acción. En la demanda, la parte actora señalaba que reclamaba una deuda o carga de la herencia. Esta parte, como deudora que hizo el pago, estableció su criterio respecto de qué mensualidades debían considerarse abonadas. La parte actora no aclara en su recurso qué imputación ha de hacerse de ese pago. La incomparecencia del codemandante D. Belarmino al acto del juicio, impidiendo con ello que no se pudiese practicar el interrogatorio, no constituyó el argumento de desestimación de la demanda. Nunca hubo mala fe por esta parte en la petición de la prueba de interrogatorio. La supuesta ocultación de la finca y el engaño a los demandantes son también afirmaciones no probadas. Se insiste en que el régimen de responsabilidad aplicable a esta parte habría de ser en todo caso mancomunado o por cuotas, en función de su participación en la herencia. Y se insiste en la aceptación de la herencia a beneficio de inventario. Con ello, se solicita la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución dictada.

SEGUNDO.- Acción ejercitada. Posible existencia de mutatio libelli.

Procede ante todo hacer un análisis sobre cuál es la acción ejercitada en este procedimiento, ya que ello determinará si procede acoger o no las excepciones de falta de legitimación pasiva de una codemandada y de prescripción de la acción, y que constituyeron los fundamentos que llevaron a la juez de instancia a desestimar la demanda ahora apelada.

La parte apelante, Dª. Estrella sostiene en su recurso que los argumentos contenidos en la sentencia para acoger aquellas excepciones planteadas por las partes demandadas son erróneos, en la medida en que la juzgadora habría confundido la verdadera acción ejercitada. Y, planteado ello en el escrito de interposición del recurso de apelación, las apeladas aducen que la sentencia de instancia no contiene error alguno al identificar las acciones ejercitadas, sino que es la recurrente la que, para intentar obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses, pretende alterar sobrevenidamente los términos de su pretensión, pretendiendo modificar la acción ejercitada, e incurriendo con ello en mutatio libelli.

El principio de prohibición de la mutatio libellise consagra en el art. 412.1 LEC, que proclama que "establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda, en la contestación y, en su caso, en la reconvención, las partes no podrán alterarlo posteriormente".En relación a dicho principio, la Jurisprudencia se ha pronunciado en múltiples ocasiones, pudiendo citarse al respecto la STS nº 1463/2023, de 20 de octubre de 2023: "1. El ordenado desarrollo del proceso impide la alteración de los términos en los que quedó planteado de acuerdo con los principios "lite pendente nihil innovetur" (pendiente el litigio nada puede alterarse) y "non mutatio libelli" (inmutabilidad de la demanda) que imponen el respeto a los términos en los que quedó fijado el debate en los escritos de demanda y contestación, a fin de evitar la indefensión que podría provocar un cambio en los términos del litigio (en este sentido, Sentencia 519/2010, de 29 de julio , reproducida en la 446/2012, de 12 de julio )".

A criterio de esta Sección, no cabe apreciar que en este caso se haya producido una mutatio libelli.Si se observa la demanda, es cierto que la misma adolece de falta de claridad a la hora de identificar la acción que se ejercita. Es verdad que, de acuerdo con algunos pasajes que las apeladas transcriben en sus escritos de oposición podría deducirse que se ejercita una acción de reclamación de deudas de la herencia, pero lo cierto es que no existe una afirmación concluyente en tal sentido. Pero, sobre todo, y con independencia de cuál sea la acción que se identifique como ejercitada por la actora, lo cierto es que en el escrito de demanda se establece de forma clara qué es lo que pide (petitum),cuáles son los hechos en los que se fundamenta la pretensión, y cuál es la causa de pedir (causa petendi),sin que se pueda apreciar respecto de estos aspectos que se haya producido una mutación o alteración sobrevenida de las circunstancias, ni que las partes demandadas/apeladas se hayan podido ver sumidas en indefensión ante la variación de la actora respecto de la pretensión ejercitada y los argumentos en que se fundamentaba. Teniendo en cuenta principios tradicionales de nuestro Derecho como da mihi factum, dabo tibi ius,o el más habitualmente invocado de iura novit curia,no cabe entender que las alegaciones que en esta apelación se formulan por la parte recurrente, cuestionando que la acción ejercitada sea la que se indica en la sentencia apelada, constituyan un supuesto de mutatio libellique deba conllevar la desestimación del recurso.

La parte demandante reclama una cantidad (que en demanda se cuantificaba en 11.174,48 euros), correspondiente al 66,67% de las rentas devengadas por una determinada finca (sita en Barcelona, DIRECCION000) durante el periodo comprendido entre enero de 2009 y marzo de 2019. En aquella época esa finca era titularidad, según el Registro de la Propiedad, de Dª. Milagrosa, si bien la misma había fallecido en fecha 11 de diciembre de 1998. Por tanto, más allá de su titularidad formal, el inmueble pertenecía durante el periodo temporal al que se refieren los hechos litigiosos a la comunidad hereditaria de Dª. Milagrosa. No fue hasta el año 2020 que se otorgó escritura de partición y aceptación de la herencia.

Según la demanda, desde el año 2009 las rentas que se fueron percibiendo del inmueble situado en DIRECCION000 de Barcelona se habrían cobrado por D. Ángel Jesús, uno de los hijos de Dª. Milagrosa. Y, en lugar de repartirlas entre sus hermanos, que es lo que habría correspondido como miembros de la comunidad hereditaria, se habría apropiado de ellas en su totalidad. Es por ello que, en principio, la acción ejercitada podría identificarse como la reclamación entre coherederos o comuneros de las cuotas relativas a los frutos o rentas derivados de los bienes del caudal hereditaria, o bienes comunes proindiviso. Aunque no se cita de manera expresa que ésa sea la acción ejercitada, sí se indica de manera clara que ésa es la conducta que se reprocha a D. Ángel Jesús, causante de los demandados (haberse apropiado de la totalidad de las rentas y no haberlas repartido con sus hermanos). Y, sobre todo, en la demanda se invoca de manera expresa el artículo 1063 del Código Civil estatal (en adelante , CC), que dice "los coherederos deben abonarse recíprocamente en la partición las rentas y frutos que cada uno haya percibido de los bienes hereditarios, las impensas útiles y necesarias hechas en los mismos, y los daños ocasionados por malicia o negligencia".

Es decir, el hecho de que la apelante diga ahora que lo que se reclama no es el cobro de una deuda de la herencia, sino la cuota de rentas que correspondería a los coherederos de Dª. Milagrosa, y que su hijo D. Ángel Jesús se apropió indebidamente, no es, ni mucho menos, una alegación nueva y sorpresiva que se plantee por primera vez en esta segunda instancia.

Es cierto que D. Ángel Jesús falleció en el año 2014. A partir de ese momento, y respecto de las rentas que se habían devengado desde 2009, la obligación de repartir las rentas habría pasado a sus herederos. Es decir, sí cabría decir que se trataría de una deuda de la herencia, aunque no de la herencia de Dª. Milagrosa, que continuaba yacente, sino de la de D. Ángel Jesús. Y es en este punto en donde tiene sentido la cita contenida en la demanda del art. 411-1 CCCat, según el cual el heredero sucede en todo el derecho de su causante. En ese sentido, la responsabilidad de D. Severino y D. Moises derivaría del hecho de ser herederos de D. Ángel Jesús.

En cuanto a las rentas devengadas a partir de 2015, una vez que se aceptó la herencia de D. Ángel Jesús, sería posible imputar directamente a los demandados el hecho de haberse apropiado de esas rentas y no haberlas repartido entre el resto de titulares de la comunidad hereditaria de Dª. Milagrosa. Por tanto, la responsabilidad de los tres demandados, Dª. Petra, D. Severino y D. Moises sería puramente personal, y no por ser titulares de ningún derecho hereditario.

Es cierto, en realidad, que no es adecuado hablar de una acción de cobro de lo indebido, pues ejercicio de esa acción correspondería a la persona que hubiese hecho un pago indebido y sin causa (los cuales no serían nunca los actores, ni sus causantes, sino en todo caso la inquilina del inmueble, como apuntan los apelados). Y, en puridad, la conducta indebida atribuible a los demandados no habría sido la de percibir directamente las rentas, sino la de haberse apropiado de ellas, o no haberlas repartido.

Pero, en todo caso, los hechos aparecen debidamente explicados en la demanda, y no se alteran al interponer el escrito de interposición del recurso de apelación. Las partes demandadas expusieron su oposición tanto desde un punto de vista fáctico como jurídico, y no se observa que ahora se les pretenda imputar hechos o pretensiones respecto de las cuales no hayan tenido oportunidad de defenderse.

Con todo ello, y teniendo en cuenta que en la demanda inicial no se llegó a identificar concretamente la acción ejercitada, y que ello nunca fue objeto de especial controversia durante el procedimiento, y habiéndose mantenido inalterados los planteamientos del petitumy la causa petendi,no cabe ahora hablar propiamente de una mutatio libellique irremisiblemente deba llevar a la desestimación del recurso.

TERCERO.- Alegación de prescripción de la acción.

Lo que parece claro, en cualquier caso, es que no existe prescripción de la acción. Es verdad que las cantidades que supuestamente D. Ángel Jesús se habría apropiado desde 2009, y después los demandados desde 2014, provenían de las rentas cobradas por el alquiler de una determinada finca. Pero se trataba, en definitiva, de rentas ya pagadas por la persona arrendataria. La obligación imputada a los demandados como incumplida sería la de reparto de frutos entre coherederos, o pago de las deudas debidas por D. Ángel Jesús. Por tanto, no se trata de una obligación sujeta al plazo de prescripción de tres años del art. 121-21 CCCat.

Sería aplicable, por tanto, el plazo de prescripción de 10 años del art. 121-20 CCCat.

Las propias partes apeladas señalan como dies a quo el día en que Dª. Estrella y D. Belarmino aceptaron la herencia de su madre, Dª. Marisa, y ello sucedió ya en el año 2015. Por tanto, partiendo de un plazo prescriptivo de 10 años, en ningún caso cabría apreciar prescripción de la acción.

Pero es que, en cualquier caso, incluso si se entendiese como dies a quola fecha en que se incumplió respecto de cada pago de renta la obligación de proceder al reparto entre los copropietarios, la acción tampoco estaría prescrita. Como se ha dicho, en este procedimiento se reclaman las cantidades que como copropietarios corresponderían a los demandantes, por las rentas devengadas entre enero de 2009 y marzo de 2019. La renta de enero de 2009 fue pagada por la arrendataria Dª. Angustia en fecha 16 de enero de 2009 (doc. nº 5 de los acompañados a la demanda, consistente en certificado de la entidad BBVA). Los pagos no se hacían directamente a D. Ángel Jesús, sino al despacho "Culebras Assessors", encargado de la gestión. Aunque no se ha aportado prueba precisa, se puede presumir que el importe de las rentas se transferiría por parte de "Culebras Assessors" a D. Ángel Jesús, como mínimo, a final de ese mes o principio del mes siguiente, y sólo entonces sería exigible la supuesta obligación de D. Ángel Jesús de repartir esa renta entre el resto de titulares de la comunidad hereditaria de Dª. Milagrosa.

Consta en las actuaciones un burofax de reclamación extrajudicial dirigido por la parte demandante contra "Culebras Assessors", gestora del arrendamiento, entregado el 30 de enero de 2019 (doc. nº 8 de los acompañados a la demanda).

Por tanto, aun en la hipótesis más favorable a la parte demandada, consistente en entender que el dies a quoen el cómputo del plazo prescriptivo se iniciaría desde el cobro de cada mensualidad de renta por los demandados (o su causante D. Ángel Jesús), no cabría apreciar en este caso prescripción de la acción respecto de ninguna de las cantidades que se reclaman en este pleito. En este sentido, esta Sección no puede compartir los argumentos contenidos en la sentencia recurrida.

CUARTO.- Legitimación pasiva de Dª. Petra

En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva de la codemandada Dª. Petra, y como ya se ha apuntado hasta ahora, esta Sección sólo puede compartir parcialmente los argumentos de la juez de instancia.

No se cuestiona que, respecto de las rentas devengadas en el periodo 2009-2014, las mismas fueron finalmente percibidas por D. Ángel Jesús. Era a él a quien la entidad "Culebras Assessors" hacía entrega de las rentas abonadas por la arrendataria Sra. Angustia. La obligación que pueda existir a día de hoy por los demandados de abonar a los demandantes la cuota del 66,67% de aquellas cantidades sólo podría derivar del hecho de ser herederos de D. Ángel Jesús. Y esa condición, desde luego, sólo corresponde a D. Severino y D. Moises. La codemandada Dª. Petra es viuda de D. Ángel Jesús y usufructuaria de los bienes que forman parte de su herencia, pero ello no la convierte en responsable personal de las deudas de su esposo fallecido. En ese sentido, la invocación que se hace en la resolución recurrida a la Sentencia del Tribunal Supremo nº 712/2024, de 16 de diciembre de 2024, es oportuna y procedente. La codemandada Dª. Petra carece de legitimación pasiva respecto de las deudas de su esposo D. Ángel Jesús, que pudiesen estar pendientes de pago a la fecha de su fallecimiento. La condición de usufructuaria vitalicia de los bienes de la herencia no la convertiría en deudora.

Pero, respecto de las rentas devengadas a partir de 2015, una vez fallecido D. Ángel Jesús, la responsabilidad de Dª. Petra sí sería personal y directa, en la medida en que ella habría sido destinataria real de las rentas abonadas por la arrendataria y percibidas por "Culebra Assessors". Es decir, como posible beneficiaria de aquellas cantidades, su legitimación sería clara, con independencia de la resolución de fondo que llegase a dictarse finalmente, en función de la prueba practicada.

En definitiva, la excepción de falta de legitimación pasiva de Dª. Petra debería acogerse, pero únicamente respecto de las rentas devengadas entre 2009 y 2014, pero no respecto de las rentas devengadas entre 2015 y 2019.

QUINTO.- Existencia de la deuda, cuantificación y atribución de responsabilidades

Partiendo de estas premisas, cabe afirmar el derecho de la parte recurrente de percibir la cuota correspondiente en las rentas percibidas por la finca común, y la obligación consiguiente de los demandados de abonarlas. Puede considerarse probado que, a partir de enero de 2009, D. Ángel Jesús hizo suyo el importe de dichas rentas, sin repartirlas entre los hermanos que en ese momento eran titulares de un derecho sobre las mismas, como integrantes de la comunidad hereditaria de Dª. Milagrosa.

Es indiferente si hubo ocultación o engaño a la madre de los demandantes sobre la existencia de la finca, e incluso tampoco es relevante si, antes del encargo a "Culebras Assessors, SL", era Dª. Marisa la encargada de gestionar el cobro de las rentas. El derecho de cada hermano Ángel Jesús Gabriela Marisa a percibir su correspondiente cuota en las rentas percibidas se antoja indudable.

También es cierto que no consta que las hermanas de D. Ángel Jesús (Dª. Gabriela y Dª. Marisa) hiciesen reclamación alguna de sus cuotas, durante siete años, pero eso no puede interpretarse como una renuncia a su derecho, ni como una aquiescencia a que el padre y esposo de los demandados pudiese hacer suyas esas cantidades, ni como un acuerdo o pacto tácito cuyos términos tampoco han llegado a precisarse. Lo que es claro es que existía el derecho a reclamar las cuotas de cada hermano, que ese derecho no ha prescrito, y que no se ha probado ningún hecho impeditivo o extintivo que deba hacer que esa pretensión haya ahora de desestimarse.

En cuanto a la cuantificación de esa deuda, procede partir del importe de 25.932,11 euros, como cantidad global de las rentas del inmueble, percibidas durante el periodo controvertido. Ha de acogerse la pretensión de la parte actora de tomar al respecto todas las cantidades que aparecen reflejadas en el doc. nº 5 de los acompañados a la demanda, sin excluir las que figuran en la última página del mismo. Esas cantidades que la demandada cuestiona se referirían a las rentas correspondientes al periodo de agosto de 2018 a febrero de 2019, ambas inclusive, y ha quedado probado que se trata de rentas que se devengaron, que la arrendataria pagó, y que igualmente fueron percibidas por los demandados, a través de "Culebra Assessors". El hecho de que esas mensualidades no se incluyesen en el certificado inicial de BBVA (que sólo abarcaría las rentas que aparecen en las primeras 4 páginas del doc. nº 5) no significa que esas rentas resultasen impagadas por la inquilina, o no cobradas.

Si se examina el doc. nº 5 de la demanda se concluye, salvo error u omisión, que dentro del periodo controvertido las rentas percibidas desde enero de 2009 hasta diciembre de 2014 fueron 15.009,82 euros, y desde enero de 2015 hasta el primer trimestre de 2019 de 10.922,29 euros.

Eso sí, cabe acoger la pretensión de la parte demandada de deducir el importe correspondiente a los honorarios del despacho que llevó a cabo la gestión del arrendamiento, "Culebras Assessors, S.L.". Es claro que esa entidad realizó esa función de gestión, encargándose del cobro de las rentas, para después remitirlas a D. Ángel Jesús (después, a su viuda e hijos), librando las correspondientes facturas por los honorarios devengados. El hecho de que se tratase de un despacho contratado unilateralmente por D. Ángel Jesús no excluiría la posibilidad de deducir este coste como gastos de gestión, ya que en ese sentido sí sería relevante la pasividad de las hermanas Dª. Gabriela y Dª. Marisa en asumir esa función de cobro de las rentas.

En cuanto al importe de los honorarios de "Culebras Assessors, S.L." hay que estar a lo que se refleja de las facturas aportadas, a falta de otra prueba, sin que las alegaciones genéricas de la parte actora sobre lo elevado de esos honorarios puedan bastar para aplicar un importe distinto, o dejar de aplicar una suma que corresponde a una deuda cuyo devengo resulta claro.

Conforme a las alegaciones hechas por la representación de D. Severino y D. Moises en su contestación, así como a los docs. nº 2 a 5 de los acompañados a su contestación, el conjunto de facturas de "Culebras Assessors, S.L." que se han aportado, correspondientes al periodo controvertido de enero de 2009 a primer trimestre de 2019 sería de 2.618,05 euros, de los que 1.106,16 euros corresponderían al primer periodo 2009-2014, y 1.511,89 euros al segundo periodo de enero de 2015 al primer trimestre de 2019.

Por tanto, el importe neto que se obtuvo por las rentas del inmueble sería de 23.314,06 euros (25.932,11 - 2.618,05), de los que 13.903,66 euros corresponderían al periodo 2009-2014 (15.009,82 - 1.106,16), y 9.410,40 euros al periodo 2015-primer trimestre 2019 (10.922,29 - 1.511,89).

Y a los demandantes les habría correspondido percibir las dos terceras partes de esa cantidad, es decir, 15.542,71 euros, de los que 9.269,11 corresponderían al periodo 2009-2014, y 6.273,60 euros corresponderían al periodo 2015-primer trimestre de 2019.

Los demandados ya abonaron la suma de 6.114,47 euros. Nada impide que ese pago se impute a la deuda derivada del periodo 2015-2019, tal y como pretenden los ahora apelados, ya que a falta de pacto expreso la parte que efectúa el pago puede establecer a qué deuda de la misma especie se atribuye el abono realizado, conforme al art. 1172 CC, debiendo la parte acreedora asumir dicha imputación ( art. 1172 CC) . Por tanto, estarían pendiente de pago un total de 9.428,24 euros, de los que 9.269,11 euros corresponderían al periodo 2009-2014 y 159,13 euros corresponderían al periodo 2015-primer trimestre 2019 (6.273,60 - 6.114,47).

Y, a efectos de resolver este recurso, ha de tenerse en cuenta que sólo ha presentado apelación Dª. Estrella, sin que conste el motivo por el que el otro codemandante inicial, D. Belarmino, no ha recurrido la sentencia, más allá de su propia voluntad. En el escrito de recurso no se hace alusión a esta circunstancia, ni se menciona que la apelante esté actuando en beneficio de una supuesta comunidad que haya conformado con el otro actor. Por tanto, sólo cabrá reconocer a la apelante el derecho a percibir las sumas indicadas en la medida en que es titular de la mitad de los derechos en la herencia de su madre Dª. Marisa, y de la totalidad de los derechos de su tía Dª. Gabriela, que había renunciado a sus derechos en su favor.

Por tanto, en las cuantías ya indicadas la apelante tiene un derecho a percibir una suma equivalente a las tres cuartas partes, esto es, 7.071,18 euros, desglosado en 6.951,83 euros por el periodo 2009-2014, y 119,35 euros por el periodo 2015-2019.

Ésas son las cantidades respecto de las cuales deberá estimarse el recurso de apelación. Y, respecto de la cantidad adeudada por el periodo 2009-2014, los responsables a su pago serán D. Severino y D. Moises, por su condición de herederos de D. Ángel Jesús, que es quien hizo suyas las rentas derivadas del inmueble común, y dejó de distribuirlas entre sus hermanos. Tal y como se alega en la contestación a la demanda, la responsabilidad de cada coheredero respecto de las deudas del causante no será solidaria, sino mancomunada e individualizada, en función de la cuota que a cada uno correspondía, conforme prescribe el invocado art. 463-1 CCCat: "Si concurren a la sucesión, simultáneamente, una pluralidad de herederos, estos adquieren el patrimonio hereditario en proporción a las cuotas respectivas. Sin embargo, las obligaciones y las cargas hereditarias se dividen entre los coherederos en proporción a las cuotas respectivas, sin solidaridad entre ellos".

En decir, respecto de esa deuda derivada del periodo 2009-2014, D. Severino responderá de un 51% (3.545,43 euros) y D. Moises de un 49% (3.406,40 euros), y todo ello conforme a lo que se desprende del doc. nº 1 de los acompañados a la demanda.

Respecto de la deuda que se deriva de las rentas devengadas por el periodo 2015 a 2019, no hay una prueba precisa sobre cuál de los tres demandados ha hecho suyo el importe devengado, siendo claro que la responsabilidad en lo relativo a estas cantidades es directa. Es por ello que sí cabrá apreciar la responsabilidad solidaria entre ellos.

Y siendo en todo caso irrelevante que los demandados aceptasen la herencia de Dª. Milagrosa a beneficio de inventario, ya que como se apunta por la parte apelante su responsabilidad en este pleito no derivaría de su condición de titulares de esa herencia.

Es decir, y a modo de resumen:

TOTAL 2009-2014 2015-Prim trim 2019

Rentas brutas 25.932,11€ 15.009,82€ 10.922,29€

Gastos -2.618,05€ -1.106,16€ -1.511,89€

Rentas netas 23.314,06€ 13.903,66€ 9.410,40€

Cuota actores (2/3) 15.542,71€ 9.269,11€ 6.273,60€

Pago extrajudicial -6.114,47€

Saldo actores 9.428,24€ 9.269.11€ 159,13€

Saldo apelante (3/4) 7.071,18€ 6.951,83€ 119,35€

Resp D. Ángel Jesús (51%) 3.545,43€

Resp D. Moises (49%) 3.406,40€

Resp solidaria ddos 119,35€

SEXTO.- Intereses

Conforme a los arts. 1100 y 1108 CC, a la cantidad objeto de condena se le aplicará el interés legal del dinero, desde la reclamación extrajudicial hasta la fecha de esta sentencia.

Desde la fecha de esta resolución, y hasta el completo pago, se aplicará el interés legal incrementado en dos puntos, conforme al art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( en adelante, LEC) .

SÉPTIMO.- Costas procesales

La estimación parcial del recurso ha de suponer que la demanda inicial resulte también parcialmente estimada, por lo que cada parte deberá abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad ( art. 394 LEC) .

Conforme al art. 398.2 LEC, en la redacción aplicable a este procedimiento, la estimación parcial del recurso de apelación conllevará que no se adopte pronunciamiento expreso sobre costas de la segunda instancia.

Vistos los preceptos citados y los demás de general y pertinente aplicación

PRIMERO.- Antecedentes y objeto del recurso

I.-)La Procuradora Dª. Mercedes Ramos Juhé, en representación de Dª. Estrella y D. Belarmino, presentó demanda de juicio ordinario contra Dª. Petra, D. Severino y D. Moises. Se relataba que los demandantes eran propietarios de una cuota del 66,67% de la plena propiedad de la finca sita en Barcelona, DIRECCION000. Los demandados eran propietarios del 33,33% restante. El título de propiedad de demandante y demandados era la escritura de partición y adjudicación de la herencia de Dª. Milagrosa, firmada en fecha 24 de julio de 2020. Se relataba que los demandados se habían comportado durante décadas como si fuesen los únicos dueños. La finca fue adquirida por Dª. Milagrosa, abuela de los demandantes, en fecha 29 de mayo de 1936. La Sra. Milagrosa estaba casada con D. Ruperto. Ese matrimonio tuvo tres hijos, D. Ángel Jesús, Dª. Gabriela y Dª. Marisa.

Se relata que entre 1966 y 1987 la finca fue administrada por D. Ruperto. Entre 1987 y 2014 la administración se realizó por D. Ángel Jesús, que se apoderaba en exclusiva de las rentas de la finca. En fecha 29 de septiembre de 2008 se remitió una carta a la arrendataria actualizando las rentas conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos, en la que D. Ángel Jesús se presentaba como propietario.

A partir de 2014 quien se encargó de la gestión de la finca fue Dª. Petra, esposa de D. Ángel Jesús, y sus hijos D. Severino y D. Moises.

En el año 2015 se firmó escritura de partición y aceptación de la herencia de D. Ángel Jesús, y esta finca no se incluyó en la misma. Los demandantes se enteraron de la existencia de la finca por pura casualidad. Finalmente, la finca se incluyó en la escritura de aceptación de la herencia de Dª. Milagrosa, de fecha 24 de julio de 2020. Dª. Gabriela renunció a los derechos que le pudieran corresponder, y los cedió en favor de su sobrina Dª. Estrella.

Se indica en la demanda que las rentas percibidas entre enero de 2009 y marzo de 2019 fueron de 25.932,11 euros. La parte demandante debería percibir el 66,67% de esa cantidad, es decir, 17.288,95 euros. Después de múltiples requerimientos hechos a la parte demandada, se abonó una cantidad de 6.114,47 euros, mediante acta de depósito de cheque.

Con todo ello, se solicitaba Sentencia por la que se condenase a la parte demandada a abonar a la actora 11.714,48 euros, más intereses legales desde la constitución de la deuda, y con imposición de costas.

II.-)La Procuradora Dª. Beatriz Grech Navarro, en representación de Dª. Petra, presentó escrito de contestación a la demanda. Se negó que se hubiese ocultado a los demandantes la existencia de la finca. De hecho, durante muchos años quien cobraba los alquileres era Dª. Marisa, madre de los actores. Se destacó que esta parte es usufructuaria de la herencia de D. Ángel Jesús. Los herederos universales del mismo son los otros codemandados D. Severino (51%) y D. Moises (49%). En la aceptación de herencia de D. Ángel Jesús no se incluyeron algunas fincas, debido a que por aquel entonces aún no se había aceptado la herencia de Dª. Milagrosa. Se alegó falta de legitimación pasiva. Los actores estaban planteando su pretensión como una reclamación de deudas de la herencia, y esta parte, como usufructuaria, no era responsable de las mismas. Se alegó prescripción de la acción, ya que los demandantes estaban reclamando el cobro de rentas, y por tanto sería aplicable el plazo de tres años del art. 121-21 del Código Civil de Catalunya (en adelante, CCCat). Esta parte ya hizo pago de los alquileres de los años 2015 a 2019, deducidos los gastos de administración. Respecto de las rentas devengadas en anualidades anteriores, habría transcurrido el plazo de prescripción de 3 años. Los demandantes aceptaron la herencia de su madre el 15 de junio de 2015, ése sería el dies a quoen el cómputo de plazo de prescripción. La madre de los demandantes consintió durante siete años que el cobro de las rentas lo hiciera su hermano Ángel Jesús. En consecuencia, se solicitó la desestimación de la demanda, con imposición de costas a la parte actora.

III.-)La Procuradora Dª. Beatriz Grech Navarro, esta vez en representación de D. Severino y D. Moises, presentó también escrito de contestación a la demanda. Se negó que se hubiese ocultado a los demandantes la existencia de la finca. Se desconocía cuál había sido el régimen de gestión de los alquileres de la finca hasta 1987. Desde 1987 y hasta 2014, el cobro del alquiler lo gestionaron unos primos segundos de los hermanos Ángel Jesús Gabriela Marisa. El perceptor directo de las rentas era Millán. Después, éste entregaba las cantidades a Dª. Marisa, madre de los demandantes. Se negó que D. Ángel Jesús se apropiara de las rentas. Cuando falleció Dª. Milagrosa, ninguno de sus hijos se preocupó por esta finca. En 2008, por un ictus de D. Ángel Jesús, se encomendó la gestión al despacho "Culebras Assessors", y los demandantes lo sabían. La finca no se incluyó en la herencia de D. Ángel Jesús porque por aquel entonces aún no se había aceptado la herencia de Dª. Milagrosa. No hubo engaño alguno. No hubo ocultación. Dª. Marisa no reclamó a su hermano Ángel Jesús desde 2008 hasta su muerte en 2015. A pesar de la injusticia, esta parte aceptó pagar la cuota relativa a las rentas desde enero de 2015 hasta marzo de 2019, deducidos los gastos de administración (6.114,47 euros). Se alegó prescripción de la acción, por aplicación del plazo trienal del art. 121-21 CCCat. El dies a quoen el cumplimiento de ese plazo sería la fecha de aceptación por los actores de la herencia de Dª. Marisa, en el año 2015. Se alegó pluspetición. Las rentas cobradas entre enero de 2009 y diciembre de 2014 fueron 15.009,82 euros. El 66,67% de esa cantidad seria 10.007,04 euros. Los gastos de administración acreditados relativos a esas rentas fueron de 1.106,16 euros, y el 66,67% de esa suma sería 737,47 euros. El saldo es 9.269,57 euros. Las facturas giradas por "Culebras Assessors" a D. Ángel Jesús ascendieron a 1.239,34 euros, y las giradas a Dª. Petra de 1.378,71 euros. La certificación de BBVA que se había aportado con la demanda sólo acreditaba el cobro total como renta de 24.413,83 euros. La pretensión de la parte demandante infringía los artículos 463-1 y 464-16.3 CCCat, ya que la condena tendría que ser proporcional a la cuota de cada heredero, siempre de manera individual y mancomunada. Finalmente, se alegó que la herencia de Dª. Milagrosa se había aceptado a beneficio de inventario. En consecuencia, se solicitó la desestimación de la demanda, con imposición de costas a la parte actora.

IV.-)La sentencia de instancia desestimó la demanda presentada. En cuanto a la demandada Dª. Petra, se acogió la excepción de falta de legitimación pasiva, ya que al ser usufructuaria de los bienes que conformaban la herencia de D. Ángel Jesús, la misma no habría de responder de las deudas de su herencia. En cuanto a la acción ejercitada contra D. Severino y D. Moises, la parte demandada ya había entregado las cantidades correspondientes a las rentas devengadas entre 2015 y 2019. Y, respecto de las rentas anteriores, procedería acoger la excepción de prescripción de la acción, por aplicación del plazo trienal del art. 121-21 CCCat. En conclusión, se desestimó la demanda formulada, con imposición de costas a la parte actora.

V.-)La representación de Dª. Estrella se alza contra aquella resolución. Se relata que la acción ejercitada es de cobro de lo indebido. No es acción de reclamación de rentas, ni reclamación de una deuda de la herencia. El pago efectuado por los demandados ha de entenderse como un mero pago a cuenta. Esta parte nunca aceptó la imputación de pagos que se quiere hacer a las rentas devengadas entre 2015 y 2019. No cabe entender que la deuda correspondiente a ese periodo esté ya saldada. En cuanto a la legitimación pasiva de Dª. Petra, se destaca que las cantidades que se reclaman no corresponden con rentas indebidamente percibidas por el Sr. Ángel Jesús, sino también por sus herederos. La Sra. Petra percibía directamente las rentas y abonó los gastos de administración de "Culebras Assessors". No se sabe con exactitud a quién entregaba las rentas "Culebras Assessors", pero es muy probable que durante un tiempo lo hiciese a la Sra. Petra, pues era a ella a quien el despacho facturaba sus honorarios. En cuanto a la prescripción de la acción, y puesto que no se ejercita una acción de reclamación de rentas, el plazo de prescripción sería el general del art. 121-20 CCCat. Y, si la Sra. Milagrosa falleció el 21 de febrero de 2015, y los demandantes enviaron un primer burofax reclamando estas cantidades el 23 de octubre de 2018, es claro que no hay prescripción. No hay motivo para imputar los pagos realizados a las rentas devengadas entre enero de 2015 y marzo de 2019. Los demandantes no conocieron la existencia de este derecho de crédito a su favor hasta 2018. La incomparecencia al acto del juicio de D. Belarmino no puede suponer que se acojan las pretensiones de la parte demandada mediante la ficta confessio.Se afirma que existió engaño y ocultación de la finca por parte de los demandados. No se ha probado que hubiese pactos entre los hermanos Ángel Jesús Gabriela Marisa para que el esposo y padre de los demandados pudiese hacer suyas las rentas percibidas. En cuanto a la cuantificación de la deuda, ha de acogerse la pretensión de la demanda de 11.174,48 euros (17.288,95 - 6.114,47). No cabe detraer las cantidades abonadas a "Culebras Assessors". El despacho que gestionaba este arrendamiento fue contratado por los demandados, y no por los demandantes. El importe facturado es desmesurado, si se atiende al mínimo servicio prestado. No concuerdan las cantidades señaladas. En la contestación a la demanda. Subsidiariamente, la deuda ascendería a 1.356,60 euros. No son aplicables a este caso los arts. 463-1 y 464-16.3 CCCat. El beneficio de inventario no afecta, pues fue con la herencia de la abuela. Con ello, se solicita Sentencia revocatoria de la resolución recurrida, y que en su lugar se dicte resolución por la cual: "se condene a los demandados al abono de la cantidad de once mil ciento setenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos, (11.174, 48 €), más los intereses legales desde la generación de la deuda hasta su íntegro pago (incrementado en dos puntos desde la fecha de la sentencia), con expresa condena en costas a los demandados. Subsidiariamente, y para el improbable supuesto de que se dé la razón a las tesis de la adversa, en cuanto a la imputación de pagos y prescripción de la deuda anterior a 2015, se solicita se condene a los demandados al pago de la cantidad de mil trescientos cincuenta y seis euros con sesenta céntimos (1.356,60€), en concepto de resto de rentas devengadas desde el mes de enero de 2015 (tras el fallecimiento del causante) y el mes de marzo de 2019 (novación del contrato de arrendamiento), más los intereses desde la generación de la deuda hasta su pago; sin condena en costas a ninguna de las partes."

VI.-)La representación de Dª. Petra muestra oposición al recurso presentado. En síntesis, se alega que la parte recurrente incurre en mutatio libelli,ya que está haciendo alegaciones nuevas respecto de lo que se manifestó en la demanda inicial. Ahora se dice que la deuda reclamada no es una carga o deuda hereditaría, cuando eso es lo que se decía en la demanda inicial. También es ahora cuando se dice por primera vez que la imputación hecha por esta parte al pago de 6.114,47 euros a las rentas devengadas entre 2015 y 2019 no es correcta. Se insiste en la falta de legitimación pasiva de esta parte, tal y como se señala en la sentencia recurrida. Las rentas devengadas entre enero de 2009 y diciembre de 2014 sí constituirían una deuda de la herencia. En cualquier caso, la recurrente no indica cómo habrían de imputarse los pagos realizados. Con todo ello, se solicita la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución dictada.

VII.-)La representación de D. Severino y D. Moises muestra también oposición al recurso. En síntesis, se alega que el recurso está plagado de afirmaciones relativas a hechos no probados. La acción de cobro de lo indebido que ahora se presenta como la acción realmente ejercitada no puede prosperar, ya que en todo caso la legitimación para su ejercicio correspondería a la inquilina. La acción estaría igualmente prescrita, por el art. 121-21 CCCat. Y, en cualquier caso, existiría mutatio libelli,pues en la demanda nunca se dijo que se ejercitaba esta acción. En la demanda, la parte actora señalaba que reclamaba una deuda o carga de la herencia. Esta parte, como deudora que hizo el pago, estableció su criterio respecto de qué mensualidades debían considerarse abonadas. La parte actora no aclara en su recurso qué imputación ha de hacerse de ese pago. La incomparecencia del codemandante D. Belarmino al acto del juicio, impidiendo con ello que no se pudiese practicar el interrogatorio, no constituyó el argumento de desestimación de la demanda. Nunca hubo mala fe por esta parte en la petición de la prueba de interrogatorio. La supuesta ocultación de la finca y el engaño a los demandantes son también afirmaciones no probadas. Se insiste en que el régimen de responsabilidad aplicable a esta parte habría de ser en todo caso mancomunado o por cuotas, en función de su participación en la herencia. Y se insiste en la aceptación de la herencia a beneficio de inventario. Con ello, se solicita la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución dictada.

SEGUNDO.- Acción ejercitada. Posible existencia de mutatio libelli.

Procede ante todo hacer un análisis sobre cuál es la acción ejercitada en este procedimiento, ya que ello determinará si procede acoger o no las excepciones de falta de legitimación pasiva de una codemandada y de prescripción de la acción, y que constituyeron los fundamentos que llevaron a la juez de instancia a desestimar la demanda ahora apelada.

La parte apelante, Dª. Estrella sostiene en su recurso que los argumentos contenidos en la sentencia para acoger aquellas excepciones planteadas por las partes demandadas son erróneos, en la medida en que la juzgadora habría confundido la verdadera acción ejercitada. Y, planteado ello en el escrito de interposición del recurso de apelación, las apeladas aducen que la sentencia de instancia no contiene error alguno al identificar las acciones ejercitadas, sino que es la recurrente la que, para intentar obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses, pretende alterar sobrevenidamente los términos de su pretensión, pretendiendo modificar la acción ejercitada, e incurriendo con ello en mutatio libelli.

El principio de prohibición de la mutatio libellise consagra en el art. 412.1 LEC, que proclama que "establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda, en la contestación y, en su caso, en la reconvención, las partes no podrán alterarlo posteriormente".En relación a dicho principio, la Jurisprudencia se ha pronunciado en múltiples ocasiones, pudiendo citarse al respecto la STS nº 1463/2023, de 20 de octubre de 2023: "1. El ordenado desarrollo del proceso impide la alteración de los términos en los que quedó planteado de acuerdo con los principios "lite pendente nihil innovetur" (pendiente el litigio nada puede alterarse) y "non mutatio libelli" (inmutabilidad de la demanda) que imponen el respeto a los términos en los que quedó fijado el debate en los escritos de demanda y contestación, a fin de evitar la indefensión que podría provocar un cambio en los términos del litigio (en este sentido, Sentencia 519/2010, de 29 de julio , reproducida en la 446/2012, de 12 de julio )".

A criterio de esta Sección, no cabe apreciar que en este caso se haya producido una mutatio libelli.Si se observa la demanda, es cierto que la misma adolece de falta de claridad a la hora de identificar la acción que se ejercita. Es verdad que, de acuerdo con algunos pasajes que las apeladas transcriben en sus escritos de oposición podría deducirse que se ejercita una acción de reclamación de deudas de la herencia, pero lo cierto es que no existe una afirmación concluyente en tal sentido. Pero, sobre todo, y con independencia de cuál sea la acción que se identifique como ejercitada por la actora, lo cierto es que en el escrito de demanda se establece de forma clara qué es lo que pide (petitum),cuáles son los hechos en los que se fundamenta la pretensión, y cuál es la causa de pedir (causa petendi),sin que se pueda apreciar respecto de estos aspectos que se haya producido una mutación o alteración sobrevenida de las circunstancias, ni que las partes demandadas/apeladas se hayan podido ver sumidas en indefensión ante la variación de la actora respecto de la pretensión ejercitada y los argumentos en que se fundamentaba. Teniendo en cuenta principios tradicionales de nuestro Derecho como da mihi factum, dabo tibi ius,o el más habitualmente invocado de iura novit curia,no cabe entender que las alegaciones que en esta apelación se formulan por la parte recurrente, cuestionando que la acción ejercitada sea la que se indica en la sentencia apelada, constituyan un supuesto de mutatio libellique deba conllevar la desestimación del recurso.

La parte demandante reclama una cantidad (que en demanda se cuantificaba en 11.174,48 euros), correspondiente al 66,67% de las rentas devengadas por una determinada finca (sita en Barcelona, DIRECCION000) durante el periodo comprendido entre enero de 2009 y marzo de 2019. En aquella época esa finca era titularidad, según el Registro de la Propiedad, de Dª. Milagrosa, si bien la misma había fallecido en fecha 11 de diciembre de 1998. Por tanto, más allá de su titularidad formal, el inmueble pertenecía durante el periodo temporal al que se refieren los hechos litigiosos a la comunidad hereditaria de Dª. Milagrosa. No fue hasta el año 2020 que se otorgó escritura de partición y aceptación de la herencia.

Según la demanda, desde el año 2009 las rentas que se fueron percibiendo del inmueble situado en DIRECCION000 de Barcelona se habrían cobrado por D. Ángel Jesús, uno de los hijos de Dª. Milagrosa. Y, en lugar de repartirlas entre sus hermanos, que es lo que habría correspondido como miembros de la comunidad hereditaria, se habría apropiado de ellas en su totalidad. Es por ello que, en principio, la acción ejercitada podría identificarse como la reclamación entre coherederos o comuneros de las cuotas relativas a los frutos o rentas derivados de los bienes del caudal hereditaria, o bienes comunes proindiviso. Aunque no se cita de manera expresa que ésa sea la acción ejercitada, sí se indica de manera clara que ésa es la conducta que se reprocha a D. Ángel Jesús, causante de los demandados (haberse apropiado de la totalidad de las rentas y no haberlas repartido con sus hermanos). Y, sobre todo, en la demanda se invoca de manera expresa el artículo 1063 del Código Civil estatal (en adelante , CC), que dice "los coherederos deben abonarse recíprocamente en la partición las rentas y frutos que cada uno haya percibido de los bienes hereditarios, las impensas útiles y necesarias hechas en los mismos, y los daños ocasionados por malicia o negligencia".

Es decir, el hecho de que la apelante diga ahora que lo que se reclama no es el cobro de una deuda de la herencia, sino la cuota de rentas que correspondería a los coherederos de Dª. Milagrosa, y que su hijo D. Ángel Jesús se apropió indebidamente, no es, ni mucho menos, una alegación nueva y sorpresiva que se plantee por primera vez en esta segunda instancia.

Es cierto que D. Ángel Jesús falleció en el año 2014. A partir de ese momento, y respecto de las rentas que se habían devengado desde 2009, la obligación de repartir las rentas habría pasado a sus herederos. Es decir, sí cabría decir que se trataría de una deuda de la herencia, aunque no de la herencia de Dª. Milagrosa, que continuaba yacente, sino de la de D. Ángel Jesús. Y es en este punto en donde tiene sentido la cita contenida en la demanda del art. 411-1 CCCat, según el cual el heredero sucede en todo el derecho de su causante. En ese sentido, la responsabilidad de D. Severino y D. Moises derivaría del hecho de ser herederos de D. Ángel Jesús.

En cuanto a las rentas devengadas a partir de 2015, una vez que se aceptó la herencia de D. Ángel Jesús, sería posible imputar directamente a los demandados el hecho de haberse apropiado de esas rentas y no haberlas repartido entre el resto de titulares de la comunidad hereditaria de Dª. Milagrosa. Por tanto, la responsabilidad de los tres demandados, Dª. Petra, D. Severino y D. Moises sería puramente personal, y no por ser titulares de ningún derecho hereditario.

Es cierto, en realidad, que no es adecuado hablar de una acción de cobro de lo indebido, pues ejercicio de esa acción correspondería a la persona que hubiese hecho un pago indebido y sin causa (los cuales no serían nunca los actores, ni sus causantes, sino en todo caso la inquilina del inmueble, como apuntan los apelados). Y, en puridad, la conducta indebida atribuible a los demandados no habría sido la de percibir directamente las rentas, sino la de haberse apropiado de ellas, o no haberlas repartido.

Pero, en todo caso, los hechos aparecen debidamente explicados en la demanda, y no se alteran al interponer el escrito de interposición del recurso de apelación. Las partes demandadas expusieron su oposición tanto desde un punto de vista fáctico como jurídico, y no se observa que ahora se les pretenda imputar hechos o pretensiones respecto de las cuales no hayan tenido oportunidad de defenderse.

Con todo ello, y teniendo en cuenta que en la demanda inicial no se llegó a identificar concretamente la acción ejercitada, y que ello nunca fue objeto de especial controversia durante el procedimiento, y habiéndose mantenido inalterados los planteamientos del petitumy la causa petendi,no cabe ahora hablar propiamente de una mutatio libellique irremisiblemente deba llevar a la desestimación del recurso.

TERCERO.- Alegación de prescripción de la acción.

Lo que parece claro, en cualquier caso, es que no existe prescripción de la acción. Es verdad que las cantidades que supuestamente D. Ángel Jesús se habría apropiado desde 2009, y después los demandados desde 2014, provenían de las rentas cobradas por el alquiler de una determinada finca. Pero se trataba, en definitiva, de rentas ya pagadas por la persona arrendataria. La obligación imputada a los demandados como incumplida sería la de reparto de frutos entre coherederos, o pago de las deudas debidas por D. Ángel Jesús. Por tanto, no se trata de una obligación sujeta al plazo de prescripción de tres años del art. 121-21 CCCat.

Sería aplicable, por tanto, el plazo de prescripción de 10 años del art. 121-20 CCCat.

Las propias partes apeladas señalan como dies a quo el día en que Dª. Estrella y D. Belarmino aceptaron la herencia de su madre, Dª. Marisa, y ello sucedió ya en el año 2015. Por tanto, partiendo de un plazo prescriptivo de 10 años, en ningún caso cabría apreciar prescripción de la acción.

Pero es que, en cualquier caso, incluso si se entendiese como dies a quola fecha en que se incumplió respecto de cada pago de renta la obligación de proceder al reparto entre los copropietarios, la acción tampoco estaría prescrita. Como se ha dicho, en este procedimiento se reclaman las cantidades que como copropietarios corresponderían a los demandantes, por las rentas devengadas entre enero de 2009 y marzo de 2019. La renta de enero de 2009 fue pagada por la arrendataria Dª. Angustia en fecha 16 de enero de 2009 (doc. nº 5 de los acompañados a la demanda, consistente en certificado de la entidad BBVA). Los pagos no se hacían directamente a D. Ángel Jesús, sino al despacho "Culebras Assessors", encargado de la gestión. Aunque no se ha aportado prueba precisa, se puede presumir que el importe de las rentas se transferiría por parte de "Culebras Assessors" a D. Ángel Jesús, como mínimo, a final de ese mes o principio del mes siguiente, y sólo entonces sería exigible la supuesta obligación de D. Ángel Jesús de repartir esa renta entre el resto de titulares de la comunidad hereditaria de Dª. Milagrosa.

Consta en las actuaciones un burofax de reclamación extrajudicial dirigido por la parte demandante contra "Culebras Assessors", gestora del arrendamiento, entregado el 30 de enero de 2019 (doc. nº 8 de los acompañados a la demanda).

Por tanto, aun en la hipótesis más favorable a la parte demandada, consistente en entender que el dies a quoen el cómputo del plazo prescriptivo se iniciaría desde el cobro de cada mensualidad de renta por los demandados (o su causante D. Ángel Jesús), no cabría apreciar en este caso prescripción de la acción respecto de ninguna de las cantidades que se reclaman en este pleito. En este sentido, esta Sección no puede compartir los argumentos contenidos en la sentencia recurrida.

CUARTO.- Legitimación pasiva de Dª. Petra

En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva de la codemandada Dª. Petra, y como ya se ha apuntado hasta ahora, esta Sección sólo puede compartir parcialmente los argumentos de la juez de instancia.

No se cuestiona que, respecto de las rentas devengadas en el periodo 2009-2014, las mismas fueron finalmente percibidas por D. Ángel Jesús. Era a él a quien la entidad "Culebras Assessors" hacía entrega de las rentas abonadas por la arrendataria Sra. Angustia. La obligación que pueda existir a día de hoy por los demandados de abonar a los demandantes la cuota del 66,67% de aquellas cantidades sólo podría derivar del hecho de ser herederos de D. Ángel Jesús. Y esa condición, desde luego, sólo corresponde a D. Severino y D. Moises. La codemandada Dª. Petra es viuda de D. Ángel Jesús y usufructuaria de los bienes que forman parte de su herencia, pero ello no la convierte en responsable personal de las deudas de su esposo fallecido. En ese sentido, la invocación que se hace en la resolución recurrida a la Sentencia del Tribunal Supremo nº 712/2024, de 16 de diciembre de 2024, es oportuna y procedente. La codemandada Dª. Petra carece de legitimación pasiva respecto de las deudas de su esposo D. Ángel Jesús, que pudiesen estar pendientes de pago a la fecha de su fallecimiento. La condición de usufructuaria vitalicia de los bienes de la herencia no la convertiría en deudora.

Pero, respecto de las rentas devengadas a partir de 2015, una vez fallecido D. Ángel Jesús, la responsabilidad de Dª. Petra sí sería personal y directa, en la medida en que ella habría sido destinataria real de las rentas abonadas por la arrendataria y percibidas por "Culebra Assessors". Es decir, como posible beneficiaria de aquellas cantidades, su legitimación sería clara, con independencia de la resolución de fondo que llegase a dictarse finalmente, en función de la prueba practicada.

En definitiva, la excepción de falta de legitimación pasiva de Dª. Petra debería acogerse, pero únicamente respecto de las rentas devengadas entre 2009 y 2014, pero no respecto de las rentas devengadas entre 2015 y 2019.

QUINTO.- Existencia de la deuda, cuantificación y atribución de responsabilidades

Partiendo de estas premisas, cabe afirmar el derecho de la parte recurrente de percibir la cuota correspondiente en las rentas percibidas por la finca común, y la obligación consiguiente de los demandados de abonarlas. Puede considerarse probado que, a partir de enero de 2009, D. Ángel Jesús hizo suyo el importe de dichas rentas, sin repartirlas entre los hermanos que en ese momento eran titulares de un derecho sobre las mismas, como integrantes de la comunidad hereditaria de Dª. Milagrosa.

Es indiferente si hubo ocultación o engaño a la madre de los demandantes sobre la existencia de la finca, e incluso tampoco es relevante si, antes del encargo a "Culebras Assessors, SL", era Dª. Marisa la encargada de gestionar el cobro de las rentas. El derecho de cada hermano Ángel Jesús Gabriela Marisa a percibir su correspondiente cuota en las rentas percibidas se antoja indudable.

También es cierto que no consta que las hermanas de D. Ángel Jesús (Dª. Gabriela y Dª. Marisa) hiciesen reclamación alguna de sus cuotas, durante siete años, pero eso no puede interpretarse como una renuncia a su derecho, ni como una aquiescencia a que el padre y esposo de los demandados pudiese hacer suyas esas cantidades, ni como un acuerdo o pacto tácito cuyos términos tampoco han llegado a precisarse. Lo que es claro es que existía el derecho a reclamar las cuotas de cada hermano, que ese derecho no ha prescrito, y que no se ha probado ningún hecho impeditivo o extintivo que deba hacer que esa pretensión haya ahora de desestimarse.

En cuanto a la cuantificación de esa deuda, procede partir del importe de 25.932,11 euros, como cantidad global de las rentas del inmueble, percibidas durante el periodo controvertido. Ha de acogerse la pretensión de la parte actora de tomar al respecto todas las cantidades que aparecen reflejadas en el doc. nº 5 de los acompañados a la demanda, sin excluir las que figuran en la última página del mismo. Esas cantidades que la demandada cuestiona se referirían a las rentas correspondientes al periodo de agosto de 2018 a febrero de 2019, ambas inclusive, y ha quedado probado que se trata de rentas que se devengaron, que la arrendataria pagó, y que igualmente fueron percibidas por los demandados, a través de "Culebra Assessors". El hecho de que esas mensualidades no se incluyesen en el certificado inicial de BBVA (que sólo abarcaría las rentas que aparecen en las primeras 4 páginas del doc. nº 5) no significa que esas rentas resultasen impagadas por la inquilina, o no cobradas.

Si se examina el doc. nº 5 de la demanda se concluye, salvo error u omisión, que dentro del periodo controvertido las rentas percibidas desde enero de 2009 hasta diciembre de 2014 fueron 15.009,82 euros, y desde enero de 2015 hasta el primer trimestre de 2019 de 10.922,29 euros.

Eso sí, cabe acoger la pretensión de la parte demandada de deducir el importe correspondiente a los honorarios del despacho que llevó a cabo la gestión del arrendamiento, "Culebras Assessors, S.L.". Es claro que esa entidad realizó esa función de gestión, encargándose del cobro de las rentas, para después remitirlas a D. Ángel Jesús (después, a su viuda e hijos), librando las correspondientes facturas por los honorarios devengados. El hecho de que se tratase de un despacho contratado unilateralmente por D. Ángel Jesús no excluiría la posibilidad de deducir este coste como gastos de gestión, ya que en ese sentido sí sería relevante la pasividad de las hermanas Dª. Gabriela y Dª. Marisa en asumir esa función de cobro de las rentas.

En cuanto al importe de los honorarios de "Culebras Assessors, S.L." hay que estar a lo que se refleja de las facturas aportadas, a falta de otra prueba, sin que las alegaciones genéricas de la parte actora sobre lo elevado de esos honorarios puedan bastar para aplicar un importe distinto, o dejar de aplicar una suma que corresponde a una deuda cuyo devengo resulta claro.

Conforme a las alegaciones hechas por la representación de D. Severino y D. Moises en su contestación, así como a los docs. nº 2 a 5 de los acompañados a su contestación, el conjunto de facturas de "Culebras Assessors, S.L." que se han aportado, correspondientes al periodo controvertido de enero de 2009 a primer trimestre de 2019 sería de 2.618,05 euros, de los que 1.106,16 euros corresponderían al primer periodo 2009-2014, y 1.511,89 euros al segundo periodo de enero de 2015 al primer trimestre de 2019.

Por tanto, el importe neto que se obtuvo por las rentas del inmueble sería de 23.314,06 euros (25.932,11 - 2.618,05), de los que 13.903,66 euros corresponderían al periodo 2009-2014 (15.009,82 - 1.106,16), y 9.410,40 euros al periodo 2015-primer trimestre 2019 (10.922,29 - 1.511,89).

Y a los demandantes les habría correspondido percibir las dos terceras partes de esa cantidad, es decir, 15.542,71 euros, de los que 9.269,11 corresponderían al periodo 2009-2014, y 6.273,60 euros corresponderían al periodo 2015-primer trimestre de 2019.

Los demandados ya abonaron la suma de 6.114,47 euros. Nada impide que ese pago se impute a la deuda derivada del periodo 2015-2019, tal y como pretenden los ahora apelados, ya que a falta de pacto expreso la parte que efectúa el pago puede establecer a qué deuda de la misma especie se atribuye el abono realizado, conforme al art. 1172 CC, debiendo la parte acreedora asumir dicha imputación ( art. 1172 CC) . Por tanto, estarían pendiente de pago un total de 9.428,24 euros, de los que 9.269,11 euros corresponderían al periodo 2009-2014 y 159,13 euros corresponderían al periodo 2015-primer trimestre 2019 (6.273,60 - 6.114,47).

Y, a efectos de resolver este recurso, ha de tenerse en cuenta que sólo ha presentado apelación Dª. Estrella, sin que conste el motivo por el que el otro codemandante inicial, D. Belarmino, no ha recurrido la sentencia, más allá de su propia voluntad. En el escrito de recurso no se hace alusión a esta circunstancia, ni se menciona que la apelante esté actuando en beneficio de una supuesta comunidad que haya conformado con el otro actor. Por tanto, sólo cabrá reconocer a la apelante el derecho a percibir las sumas indicadas en la medida en que es titular de la mitad de los derechos en la herencia de su madre Dª. Marisa, y de la totalidad de los derechos de su tía Dª. Gabriela, que había renunciado a sus derechos en su favor.

Por tanto, en las cuantías ya indicadas la apelante tiene un derecho a percibir una suma equivalente a las tres cuartas partes, esto es, 7.071,18 euros, desglosado en 6.951,83 euros por el periodo 2009-2014, y 119,35 euros por el periodo 2015-2019.

Ésas son las cantidades respecto de las cuales deberá estimarse el recurso de apelación. Y, respecto de la cantidad adeudada por el periodo 2009-2014, los responsables a su pago serán D. Severino y D. Moises, por su condición de herederos de D. Ángel Jesús, que es quien hizo suyas las rentas derivadas del inmueble común, y dejó de distribuirlas entre sus hermanos. Tal y como se alega en la contestación a la demanda, la responsabilidad de cada coheredero respecto de las deudas del causante no será solidaria, sino mancomunada e individualizada, en función de la cuota que a cada uno correspondía, conforme prescribe el invocado art. 463-1 CCCat: "Si concurren a la sucesión, simultáneamente, una pluralidad de herederos, estos adquieren el patrimonio hereditario en proporción a las cuotas respectivas. Sin embargo, las obligaciones y las cargas hereditarias se dividen entre los coherederos en proporción a las cuotas respectivas, sin solidaridad entre ellos".

En decir, respecto de esa deuda derivada del periodo 2009-2014, D. Severino responderá de un 51% (3.545,43 euros) y D. Moises de un 49% (3.406,40 euros), y todo ello conforme a lo que se desprende del doc. nº 1 de los acompañados a la demanda.

Respecto de la deuda que se deriva de las rentas devengadas por el periodo 2015 a 2019, no hay una prueba precisa sobre cuál de los tres demandados ha hecho suyo el importe devengado, siendo claro que la responsabilidad en lo relativo a estas cantidades es directa. Es por ello que sí cabrá apreciar la responsabilidad solidaria entre ellos.

Y siendo en todo caso irrelevante que los demandados aceptasen la herencia de Dª. Milagrosa a beneficio de inventario, ya que como se apunta por la parte apelante su responsabilidad en este pleito no derivaría de su condición de titulares de esa herencia.

Es decir, y a modo de resumen:

TOTAL 2009-2014 2015-Prim trim 2019

Rentas brutas 25.932,11€ 15.009,82€ 10.922,29€

Gastos -2.618,05€ -1.106,16€ -1.511,89€

Rentas netas 23.314,06€ 13.903,66€ 9.410,40€

Cuota actores (2/3) 15.542,71€ 9.269,11€ 6.273,60€

Pago extrajudicial -6.114,47€

Saldo actores 9.428,24€ 9.269.11€ 159,13€

Saldo apelante (3/4) 7.071,18€ 6.951,83€ 119,35€

Resp D. Ángel Jesús (51%) 3.545,43€

Resp D. Moises (49%) 3.406,40€

Resp solidaria ddos 119,35€

SEXTO.- Intereses

Conforme a los arts. 1100 y 1108 CC, a la cantidad objeto de condena se le aplicará el interés legal del dinero, desde la reclamación extrajudicial hasta la fecha de esta sentencia.

Desde la fecha de esta resolución, y hasta el completo pago, se aplicará el interés legal incrementado en dos puntos, conforme al art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( en adelante, LEC) .

SÉPTIMO.- Costas procesales

La estimación parcial del recurso ha de suponer que la demanda inicial resulte también parcialmente estimada, por lo que cada parte deberá abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad ( art. 394 LEC) .

Conforme al art. 398.2 LEC, en la redacción aplicable a este procedimiento, la estimación parcial del recurso de apelación conllevará que no se adopte pronunciamiento expreso sobre costas de la segunda instancia.

Vistos los preceptos citados y los demás de general y pertinente aplicación